¡Hola!
Ya hace tiempo que empezamos este curso. Es, para El Diario de la Educación, el tercero. Como cada semana os traemos algunas de las noticias, reportajes y entrevistas más interesantes de los últimos días...
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Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
domingo, 16 de diciembre de 2018
sábado, 15 de diciembre de 2018
Vídeo del Acto "Soluciones oficiales a los problemas actuales de las Universidades Públicas" (26-11-2018)
Publicado por Educacion Publica el 1 de diciembre de 2018
Soluciones oficiales (Propuestas por el ministerio, las Comunidades Autónomas y la CRUE) a los problemas actuales de las Universidades Públicas
17-1-2019: Proyección de la película "Sanfelices" (20:00 h, en el Palacio de la Prensa Sala 1. Plaza Callao, 4)
- Título original: Sanfelices
- Dirección: Roberto Lázaro
- Intérpretes: Flora López, Óscar Abad, Julio Arnau, Clara Alvarado, Alicia Mohino
- Producción: Tania Jiménez
Información, sinopsis y compra de entradas AQUÍ.
Más información en sanfeliceslapelicula.com
Nota de la Comisión de información y acciones
¡Orgullos@s de nuestra compa Tania!
¡Enhorabuena, Tania, Roberto y alumn@s del
CIFP José Luis Garci y del IES Pradolongo!
EntradaS relacionadaS:
18-12-2018: Reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda (17:30 h, en el IES Saramago)
La Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda nos envía esta convocatoria:
Amigas/os,
Con el fin de rematar este trimestre, la Plataforma os convoca a una reunión en el IES Saramago el martes 18 a las 17,30h con el siguiente orden del día:
La Plataforma comparte con todos vosotros el deseo de una Educación Pública de Calidad en el nuevo año. Felicidades a todos y todas.
Saludos
Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda
Amigas/os,
Con el fin de rematar este trimestre, la Plataforma os convoca a una reunión en el IES Saramago el martes 18 a las 17,30h con el siguiente orden del día:
- Valoración de la última actividad : Semana de la ciencia.
- Valoración de la forma de participar en la confluencia.
- Estado del estudio sobre la situación de los centros escolares públicos y escuelas infantiles, acordado en reuniones anteriores.
- Organización del taller propuesto para el segundo trimestre.
- Otras propuestas de interés.
La Plataforma comparte con todos vosotros el deseo de una Educación Pública de Calidad en el nuevo año. Felicidades a todos y todas.
Saludos
Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda
viernes, 14 de diciembre de 2018
¡No nos moverán! (Manuel Menor)
El
Artículo 27CE y las políticas nocivas para la escuela pública
¡No nos callarán!, de José Luis Pazos,
es un minucioso dietario de las decisiones adoptadas por la Comunidad de Madrid
en estos 15 últimos años.
El 40º aniversario de la Constitución (CE78) ha solemnizado todo
tipo de opiniones, lógicas en un proceso cuyo inicio no fue bonancible y en
que, después, no ha brillado una idílica sintonía. Lo acontecido con la
Educación en este transcurso de casi dos generaciones es un buen espejo para
observar lo realmente acontecido. Indiscutible es que los desacuerdos se
produjeron desde antes de la primera redacción del actual artículo 27, como han
contado los propios redactores del texto y expresaron sus votaciones. También,
que quedaron abiertas las dos posibilidades de desarrollo que venían
compitiendo desde antes del Concordato de 1851, de modo que la alternancia de
leyes orgánicas hasta el presente ha sido una constante. Ahí sigue, en fin, la
LOMCE como última interpretación del art. 27CE, con el equipo de Celáa viendo
qué deba derogar más y sin que su anteproyecto reformista –en un Gobierno
provisional- suscite entusiasmos generalizados.
La gerencia del Artículo
27CE
Justo ahora aparece el libro de José Luis Pazos: ¡No nos callarán!, que analiza el desarrollo del art.27CE partiendo
de que la limitada concreción de la igualdad del derecho de todos los ciudadanos
a una buena educación ha dependido de las decisiones adoptadas en cada
Comunidad. Desde la FAPA Giner de los Ríos, el autor estuvo en las instituciones
en que se informaron las políticas educativas antes de ser normativas en la de
Madrid. Lo que ha escrito obedece a lo vivido en contacto inmediato con lo
acontecido, sobre todo en los centros escolares públicos, como testigo durante
los últimos 15 años. El resultado es un minucioso dietario de la poca
aceptación que han tenido las propuestas de las familias durante ese tiempo,
atentas a las necesidades educativas de sus hijos e hijas. Refleja cómo cuanto
en esa dura etapa se proyectó y ejecutó desde
la Consejería de Educación madrileña cómo –pese a la vigencia de la LOE hasta 2013- sirvió,
más bien, de ensayo experimental para las directrices de la LOMCE vigentes hoy
en todo el Estado. En una secuencia implacable, el lector verá cuanto aconteció
y, sobre todo, lo que, en interés de las
familias mayoritarias, nunca debió haber
acontecido: que las decisiones más relevantes privilegiaran al tercio
más escogido de la población.
Este modo de actuar, promovido sucesivamente bajo Gallardón,
Aguirre, González, Cifuentes y, ahora mismo, Garrido, configuró una traducción del artículo 27CE muy
favorable a las redes privada y concertada y muy contraria a la red pública de
centros. En el libro de Pazos aparece esa complicidad con la educación como oportunidad
de negocio, revestida de los formalismos administrativos oportunos y una
abrumadora cobertura propagandística. Entre los diversos instrumentos con que
la sistematizaron, los conciertos y exenciones aventajadas –gestionadas al lado
de ayudas y becas-, se complementan con un amplio catálogo de actuaciones. El
libro presta especial atención a cómo, en perjuicio de la escuela pública, se
repitieron, año tras año, recortes de presupuestos, disminución
de profesorado, elección a dedo de sus directores, el incremento de las ratios
de alumnado por aula o la desatención al más necesitado de tutoría, además de desatención
prolongada a los propios edificios. De paso, en perjuicio de un ambiente
escolar propicio, reducción de las becas de libros de texto y comedor, eliminación de rutas escolares,
cierre de bachilleratos nocturnos y múltiples especialidades de FP, y supresión
del ciclo 0-6 en escuelas infantiles públicas, al tiempo que introdujeron en
esa red escolar un programa de bilingüismo disgregador y algún circuito de
“excelencia” que, en contradicción con las ratios y dotaciones del resto de
institutos, discrimina más a unos pocos “selectos” del otro alumnado: todo un
símbolo de segregación educativa, incapaz de ocultar múltiples déficits
programados con apoyo de exprofesores de la red pública.
Un miniimperio privado
En el relato del expresidente
de la FAPA también se puede ver cómo, para que el objetivo central de estas
políticas se cumpliera, la Consejería madrileña frenó la demanda de plazas en
institutos, regaló más de 100 grandes solares municipales a empresas privadas o
utilizó el mecanismo de los “cheques escolares” para potenciar las redes privadas.
Y cómo, para disimular que el favor a las élites se hacía a cuenta de los otros
ciudadanos, se sincronizó una constante hostilidad polifacética
hacia las personas, asociaciones y
sindicatos discrepantes de sus políticas educativas. Es decir, que en el libro
de Pazos aparecen las claves de cómo estos
gestores de la Comunidad de Madrid utilizaron “la crisis” para desmantelar
mejor un meditizado estado de bienestar en lo educativo y crear un miniimperio independiente,
colonizador de clientelas cautivas a cuenta del erario público. En síntesis narrativa, los algoritmos que
Naomí Klein explicó en La doctrina del
shock.
La guinda de esa frenética obsesión
fue que, con dinero de todos, pagaron para que se favoreciera su narcisista
imagen en los medios, otra muestra de una sistémica prepotencia interpretativa del
artículo 27CE, de que todavía nos quedan rubores a sufrir según se resuelvan
investigaciones judiciales en curso. Más duradero será el daño que ha causado a
las familias cuyos niños y niñas no han podido tener la educación que debieron haber
tenido. Sin contar las carencias de
diverso orden que deparará a la sociedad una gestión neoliberal tan
desvergonzada.
¿Una guía social?
Este alegato de Pazos deconstruye los caminos que ha impuesto ese
mantra de “la
calidad” con que la LOMCE rige el sistema educativo español –el escolar
y el universitario-, obediente a ficciones para “mejorarlo”. Quienes
quieran caminar hacia una escuela de todos y para todos tienen en No nos callarán –recién publicado por
Ediciones ACC, de Madrid- un atractivo
instrumento de valor múltiple. Documenta el alcance actual del art. 27CE:
restrictivo para una mayoría social y privilegiado para unos pocos. Testimonia la
resistencia de los ciudadanos, en este caso desde las asociaciones de padres y
madres de alumnos, en defensa de los derechos de los menores en un campo tan principal
como el de su educación. Y muestra,
además, el contraste entre responsabilidad e irresponsabilidad cívica: cuando
algunos políticos y gerentes desaparecen de la escena, los administrados se
sienten muy aliviados, mientras los resistentes de este libro hacen verdad que
los derechos de todos solo se sostienen con el esfuerzo de todos.
Adicionalmente, después de esta lectura, se puede concluir con más fundamento
si el artículo 27CE –e indirectamente la Constitución- debe ser revisado,
cambiado del todo o continuar como está cuando cumple 40 años.
Manuel Menor Currás,
Madrid, 07.12.2018
El Congreso aprueba el proyecto de ley que revertirá los recortes educativos (lamoncloa.gob.es 13-12-2018)
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que revertirá los recortes educativos introducidos por el Gobierno del PP mediante el Real Decreto Ley 14/2012.
Se ha aprobado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y se ha aprobado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La nueva norma, desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 en Secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
El proyecto de la ley -denominado 'de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria'- fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre. Se trata de una ley ordinaria con artículo único. El 15 de noviembre el Congreso aprobó por mayoría su tramitación directa y en lectura única.
"El Gobierno pretende devolver al sistema, de forma gradual, la normalidad y los recursos recortados durante la crisis económica. Por eso, presento ahora este proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria", ha explicado la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en el Pleno del Congreso.
El proyecto de ley expone que, puesto que las medidas del Real Decreto Ley se tomaron por la coyuntura económica del momento, la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión.
El texto aprobado por el Congreso establece que las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en centros públicos, recomendándose, con carácter ordinario, un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE.
En cuanto al mantenimiento de las ratios que estipulaba el Real Decreto Ley 14/2012, la norma revierte esa medida, puesto que tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula, según recoge el proyecto de ley.
Respecto a la tercera medida que contempla revertir la norma, la referida al periodo de sustitución transitoria de los docentes, pasará de 10 días a ser una sustitución inmediata desde el momento de la baja del titular.
La derogación de este plazo de 10 días entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Las otras dos medidas entrarán en vigor para el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar.
Tramitación en los órganos consultivos
El siguiente paso de su tramitación parlamentaria será su votación en el Senado. El borrador del anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio y recibió su apoyo, exceptuando a los del PP.
El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza, el 26 de julio, y recibió el informe preceptivo del Consejo Escolar del Estado.
La ministra y portavoz del Gobierno ha explicado que el proyecto de ley va acompañado de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo, que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis jurídico, el de impactos competenciales, económico y presupuestario, de género, en la infancia y familia, entre otros.
Fuente: lamoncloa.gob.es
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Se ha aprobado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y se ha aprobado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La nueva norma, desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 en Secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
El proyecto de la ley -denominado 'de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria'- fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre. Se trata de una ley ordinaria con artículo único. El 15 de noviembre el Congreso aprobó por mayoría su tramitación directa y en lectura única.
"El Gobierno pretende devolver al sistema, de forma gradual, la normalidad y los recursos recortados durante la crisis económica. Por eso, presento ahora este proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria", ha explicado la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en el Pleno del Congreso.
El proyecto de ley expone que, puesto que las medidas del Real Decreto Ley se tomaron por la coyuntura económica del momento, la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión.
El texto aprobado por el Congreso establece que las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en centros públicos, recomendándose, con carácter ordinario, un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE.
En cuanto al mantenimiento de las ratios que estipulaba el Real Decreto Ley 14/2012, la norma revierte esa medida, puesto que tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula, según recoge el proyecto de ley.
Respecto a la tercera medida que contempla revertir la norma, la referida al periodo de sustitución transitoria de los docentes, pasará de 10 días a ser una sustitución inmediata desde el momento de la baja del titular.
La derogación de este plazo de 10 días entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Las otras dos medidas entrarán en vigor para el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar.
Tramitación en los órganos consultivos
El siguiente paso de su tramitación parlamentaria será su votación en el Senado. El borrador del anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio y recibió su apoyo, exceptuando a los del PP.
El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza, el 26 de julio, y recibió el informe preceptivo del Consejo Escolar del Estado.
La ministra y portavoz del Gobierno ha explicado que el proyecto de ley va acompañado de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo, que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis jurídico, el de impactos competenciales, económico y presupuestario, de género, en la infancia y familia, entre otros.
Fuente: lamoncloa.gob.es
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Ideología (Manuel Menor)
Pretextar
“la ideología” del otro para sostener el inmovilismo
La nostalgia de “poder fáctico” en democracia
se aviene mal con la ejemplaridad que los obispos han de desarrollar para ser
coherentes.
Poco se sabe de lo que hayan dialogado y
concluido la ministra Pilar Celáa y el obispo Argüello a propósito del
confesionalismo católico en diversos aspectos del sistema educativo. Al término
del encuentro, ha habido buenas palabras acerca de lo fluido y fructífero que pueda haber
sido, pero no faltó tiempo para que, desde La
Razón, un profesor de Teología Moral
esgrimiera el
pretexto de “la ideología” de los demás como impedimento de un “pacto educativo” por parte de la CEE.
Antimodernismo
Por la edad, es probable que haya obispos que se sientan obligados
por el Juramento antimodernista que,
para ser sacerdotes, debieron hacer antes de 1967, en que fue suprimido. Esa
generación tal vez no vea como “ideológicas” sus posturas sobre relaciones de
la Iglesia con su entorno, y es fácil que coincidan con ellos muchos de los
elevados al episcopado después de 1978. En general, desde Juan Pablo II la
selección y cooptación de candidatos siguió
baremos en los que el curriculum vitae
acreditaba seguridades apropiadas a lo que se quería promocionar; nada que ver
con las que habían prevalecido con Juan XXIII o Pablo VI. Esto facilita
entender que, incluso desde 2013 y del Papa Francisco, observadores atentos
puedan apreciar diversidad de juicios de valor que, cuando son doctrinales, han
de ser considerados al menos como corriente ideológica.
En todo sistema de conocimiento
son normales las variaciones interpretativas. El catolicismo también está
sometido a esa condición. No obstante, fue en tiempos de cristiandad dominante cuando el cuerpo
doctrinal que debía ser entendido por los fieles fue denominado “Doctrina
cristiana”. Reducida a breve sinopsis como “Catecismo” podía parecer más
unitaria, y su “vigilancia” fue constante durante casi toda la historia del
sistema educativo español, siempre más como obligado recitado memorístico que
como entendimiento. El propio Catecismo
de la Doctrina cristiana, del que el del P. Gaspar Astete (1537-1601) fue todavía preceptivo para muchos, imponía un
criterio cognitivo tan corto en torno a qué creer, que no se aventuraba más
allá de que se supiera mecánicamente el Credo. Acerca de “otras cosas”, debía
responderse: “Eso no me lo preguntéis a mi que soy ignorante. Doctores tiene la
santa madre Iglesia que lo sabrán responder”, y concluía: “Bien decís que a los
Doctores conviene, y no a vosotros, dar cuenta por extenso de las cosas de la
Fe; a vosotros bástaos darla de los Artículos como se contiene en el Credo” (Madrid:
Imprenta Real, 1832, pág. 18).
Doctrinarismo apologético
A los clérigos, por su parte,
la Filosofía y Teología que se les enseñaba siempre estuvo estructurada a la
defensiva, contra los adversarii. Era
el reflejo de una historia apologética con multitud de prácticas no menos ideologizadas.
Por ejemplo, el trato con “los paganos” desde Teodosio a finales del s.IV d.C.,
en que pronto se empezó a juzgar civilmente –y eliminar- a herejes y heterodoxos o a destruir su
patrimonio artístico y cultiral. Tampoco tienen desperdicio las largas guerras
de religión, y cómo desde finales del XVIII la Iglesia, a medida que perdió
poder temporal, se especializó en alianzas con que retenerlo en alguna medida.
Hitos de gran interés para ver cómo se decantó después la posición política de
la Iglesia son la reacción restauradora desde 1815 en Viena, la pérdida de los
Estados Pontificios en 1870, o que se erigiera desde 1891 en mediadora “caritativa”
de “la cuestión social” cuando los obreros urbanos ya llevaban décadas
exigiendo justicia. Más cerca, cuando el 09.12.1905 se independizaron el Estado
francés y el Vaticano, el ideologizado abanico de argumentos vaticanistas fue
bien explícito frente a los de quienes pugnaron en pro de los intereses de la
República francesa.
Con esta historia detrás –y sin
mentar las posturas inspiradas desde el Vaticano en la etapa de entreguerras-,
el pretexto de “la ideología” no es inocente. Entre las argucias reunidas en el Arte de tener siempre razón, de
Schopenhauer, figuran las que, para salir exitosos de cualquier debate tratan
de anular al otro con argumentos ad hominem. Al personalizar al adversario con “la
ideología”, fabrica un espantajo contra el que dirigir todos los ataques
mostrándole como “insultante, maligno, ofensivo y grosero. Es –dice el filósofo
alemán- una apelación de las facultades del intelecto a las del cuerpo, o a la
animalidad”.
¿Neutralidad desideologizada?
Debiera dar qué pensar que, sin
que nadie lo legislara, este país se ha secularizado, en un proceso que
prosigue a contrapelo de quienes atribuyen a “ideología” que se reclame una revisión
del art. 27CE y, también, de los Acuerdos. Pretender denigrar esto como
“ideología” –peligrosa y deleznable-, cuando el nacionalcatolicismo ha educado
de modo tan exclusivo como parcial a varias generaciones, es pereza burocrática.
La referencia del artículo 27CE a la libertad educadora de las familias, por
encima de los derechos del menor, solo es explicable desde la herencia de los
40 años anteriores. Y Marcelino Oreja podría explicar, mejor que nadie, si sus Acuerdos son fruto de neutralidad. El artificioso ardid de “lo ideológico” no
logra ocultar la aspiración eclesiástica de
retener la exclusividad doctrinal, lo que en democracia es retardataria
“ideología” contradictoria. Olvida, además, que, sin “diálogo” serio, añade razones para que les corten lo
productiva que esté siendo económicamente una supuesta asepsia ideológica que,
por diversos capítulos, percibe del Estado una cantidad anual que ronda los 11.000 millones de euros, que, además,
pretenden seguir administrando independientemente.
El unitarismo doctrinario
facilita la vida a las gerontocracias, a las que resulta tentador dejarse
encandilar por la gama más conservadora del espectro ideológico, y estigmatizar a las demás, pero acentúa
su desconexión social. Además, este itinerario, añorante de los tiempos de “poder fáctico” en cuestiones
tan temporales como la estructura que el Estado deba dar al sistema educativo
de sus ciudadanos, nunca ha sido el del Evangelio. A comienzos del siglo XII,
Pedro Abelardo, ya escribió que “el apego de cada uno a su propia secta hace a
los hombres presuntuosos y tan arrogantes que cualquiera de quien piensen que
se aleja de su fe les parecerá, por lo tanto, ajeno a la misericordia divina.
Mientras aplican a los demás la condena eterna, se prometen solo para sí mismos
la beatitud” (Diálogo entre un Filósofo, un Judío y un Cristiano).
Manuel Menor Currás
Madrid, 09.12.2018
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