6-10-2017: Conferencia "¿Qué hay de verdad y de falsedad en las nuevas crianzas? (18:00 h., en la Facultad de Psicología de la UAM)

Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES)

Puedes descargar el ANTEPROYECTO DE LA LEMES, CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE, AQUÍ

La religión en mi escuela y mi alumno Mohamed (Agustín Moreno)

Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado en cuartopoder.es

• «Según la Conferencia Episcopal seis de cada diez alumnos escogen la asignatura de religión católica, especialmente en ESO y Bachillerato».

• «La LOMCE es como una conversión a la fuerza en una sociedad que debería ser aconfesional, con plena separación del Estado y de la Iglesia en materia de educación».

• «El sistema educativo actual nos hace estar más cerca de las madrasas islámicas que de las escuelas de un Estado moderno como Francia».

Con motivo de los recientes atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, la Comisión Islámica Española ha pedido iguales privilegios que la Iglesia católica. En concreto: enseñanza, financiación vía IRPF, asistencia religiosa, mejoras laborales y formación de imanes en Universidades. Aunque parezca oportunista, tiene su lógica porque es una religión más y se apunta al régimen de prebendas conseguidos por la Iglesia católica con el Concordato. Un Concordato negociado con el Vaticano antes de la Constitución de 1978 y que urge denunciar porque es una reminiscencia franquista impropia de un Estado aconfesional.

En mi opinión, la escuela debería ser un ámbito de convivencia de todo el alumnado sin diferencias de credo, color, nacionalidad y circunstancias personales y sociales. Por ello es un espacio público ideal para que niños y jóvenes se eduquen en valores de respeto, tolerancia y ciudadanía. Sería absurdo que el alumnado esté junto toda la jornada escolar y se les separe cuando cada uno va a su clase de religión particular por las creencias privadas de sus familias. Además, no preserva el interés superior del menor, como recogen la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención de 1989, que rechazan el adoctrinamiento y el proselitismo religioso.

La cuestión de fondo es qué pinta la religión con carácter doctrinal en los centros educativos. La ley Wert en vez de suponer un elemento de modernización y laicidad, buscaba todo lo contrario: reforzar privilegios de la religión católica dentro de la escuela. Este objetivo se ha logrado a través de varios mecanismos: oferta obligatoria a todos los niveles, asignatura alternativa forzosa, carácter evaluable y se contabiliza a efectos de nota media y obtención de becas. El currículo es tan reaccionario que el teólogo Juan José Tamayo lo calificó así: “los contenidos son en su totalidad catequético con tendencia al fundamentalismo. El pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica”. Todos dicen que la escuela no debe adoctrinar, pero en este país las familias deciden si sus hijos van a religión por ser menores de edad. Por si fuera poco, el último empujón del PP es la oferta obligatoria de Religión católica en 2º de bachillerato como asignatura específica opcional.

De esta forma coercitiva han conseguido multiplicar su presencia en los centros. Dice la Conferencia Episcopal que seis de cada diez alumnos escogen la asignatura de religión católica, especialmente en ESO y Bachillerato. Se da la circunstancia de que en Bachillerato se ha pasado de cursarla un 23% al 37% en dos años. ¿Qué ha obrado el milagro en plena crisis de la Iglesia católica que en una década ha perdido un millón de asistentes a las misas y 7.000 frailes y monjas, y que tiene 4.200 parroquias sin cura? La LOMCE es como una conversión a la fuerza, algo ilógico en una sociedad que debería ser abierta y aconfesional, con plena separación del Estado y de la Iglesia en materia de educación.

Pero más allá de las estadísticas, y para que nadie se haga trampas, conviene conocer las situaciones tan disparatadas que se viven en los centros educativos. Pongo un ejemplo real concreto. El alumno Mohamed (nombre figurado) se apuntó a religión católica en 1º de bachillerato y se jactaba ante el resto de sus compañeros de haber sabido elegir una “asignatura” donde  veía películas en sesión continua, tenía asegurada una buena nota y huía de los rigores de la asignatura alternativa (en ese caso, Cultura Científica) donde el nivel de exigencia y de suspensos era alto. ¿Podríamos decir de él que es un “infiel” converso? No, es un estudiante espabilado que aprovecha las ventajas absurdas que le ofrece un sistema que nos hace estar más cerca de las madrasas islámicas que de las escuelas de un Estado moderno como Francia.

Conté este mismo caso, para ilustrar las contradicciones a las que nos lleva una escuela no laica, en mi comparecencia en la subcomisión para el pacto educativo en el Congreso de los Diputados. Había planteado que se deberían abordar cuestiones claves para la modernización del sistema educativo en España y una de ellas era dejar fuera de los centros la asignatura de religión. Hasta la catolicísima Irlanda nos va a dar un ejemplo al sacar la religión del horario escolar. No se trata de aumentar el disparate y meter a otras religiones para mantener los privilegios de la Iglesia católica. Hay que apostar por el laicismo entendido como el respeto al derecho universal a la libertad de conciencia y a la educación sin dogmas, para sentar las bases de una educación para la paz. Por todo lo anterior, pretender mantener esta situación anacrónica por presiones de los obispos haría imposible el pacto educativo, la mejora de la calidad y la modernización social.

Del 25 al 28-9-2017: Actividades Cultural en el Centro Clara Campoamor (Avda Ciudad de Barcelona 162)

Antonio Clemente nos envía este correo:

Estimados amigos y vecinos de los barrios del Distrito Retiro:

queremos informaros de algunas actividades que vamos a realizar del 25 al 28 de Septiembre en el Centro Sociocultural Clara Campoamor:

Lunes 25  a las 19:30:     

El TALLER de PRÁCTICAS FILOSÓFICAS 

     inicia sus sexta temporada, coordinado por Mercedes García Márquez 

                   https://tallerdepracticasfilosoficas.com/actividades/actividades-2017/taller-de-aprendices-del-pensar-en-la-junta-de-retiro-madrid-los-terceros-lunes-de-cada-mes/

                         

Martes 26, a las 18 horas:

       Reunión de  Los  Amigos del Grupo Escolar  14 de Abril 

         con portavoces de Grupos Municipales de la Junta de Retiro. 

                    

Jueves 28, a las 19 horas, en la segunda planta:

       Presentación del Grupo HISTORIAS de PACÍFICO y ADELFAS:

           con  "Mujeres singulares en los Barrios de Pacífico y Adelfas".

También os queremos informar que el  Miércoles 27 a las 19 horas tendremos la Segunda reunión abierta de La PLATAFORMA de los Colegios de la IIª República,  en los locales de la FAPA Giner de los Ríos, en la calle Pilar de Zaragoza 22 (metro Diego de León)

Firma para exigir la Construcción y funcionamiento de los 19 centros educativos pendientes de finalizar

El curso actual 2017/2018 más de 1000 alumnos de la Comunidad de Madrid se encuentran desplazados debido a la NO FINALIZACIÓN de estos 19 centros que serían los siguientes:

1. -IES Las Tablas (Madrid)
2. IES Vallecas (Madrid)
3. -IES Juan Ramón Jiménez (Villaverde)
4. - IES Arganzuela
5. -CEIP Emilia Pardo Bazán
6. -CEIP Constitución 1812 (Leganés)
7. -CEIP Miguel de Cervantes (Getafe)
8. - CEIP Averroes (Arroyomolinos)
9. -IES Humanes (Cubas de la Sagra)
10. - IES Neil Armstrong (Valdemoro)
11. -IES La Garena 
12. Antonio Mingote ( Alcalá de Henares)
13. -IES Paracuellos de Jarama  
14. CPIP Andrea Casamayor (Paracuellos de Jarama)
15. -IES José García Nieto (Las Rozas)
16. -CEIP  Villa Cobeña 
17. - CEIPSO Martina García (Fuente El Saz de Jarama)
18. -CEIP Jonathan Galea (Algete)
19. - CEIP Ramón Linancero (Alalpardo)

Esta situación ha dado lugar a la masificación de otros centros públicos y concertados en los cuales se han tenido que habilitar aulas dedicadas a otros fines para acoger a estos alumnos. Además ha generado conflictos surgidos por desavenencias entre las direcciones de los distintos colegios que comparten infraestructuras obligados por la situación.

Solo en el municipio de Paracuellos de Jarama la población desde 2012 a 2016 crecido en más de 3000 habitantes, así que me temo que lo peor esta aún por llegar. El próximo año con la llegada de nuevos alumnos, la situación será insostenible.

A esta situación hay que sumar la  construcción de centros públicos por fases.
Un Ejemplo es  CEIP Navas de Tolosa  (Paracuellos de Jarama) donde se están retrasando los plazos y como consecuencia no hay aulas suficientes para dar servicio a todos los niños del centro. Se han tenido que habilitar otras aulas como la de música, entre otras, para dar cabida a los niños que van pasando de cursos.

Por favor necesitamos una solución urgente.

SOMOS MUCHOS LOS AFECTADOS Y ESTOS NIÑOS SON NUESTRO FUTURO.

Esta petición será entregada a:

Cristina Cifuentes

Ignacio Aguado

Consejero de la Comunidad de Madrid

D. Rafael van Grieken

2 responsables de la toma de decisiones más

Firma AQUÍ

Nuevo curso, más caos (Comunicado de Inicio de Curso del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid)

29-9-2017: Repensando nuestra Educación Pública (18:00 h., en IES Julio Caro Baroja. Fuenlabrada). Fuenlabrada por la Educación Pública

Comunicado comienzo de curso 2017-18 (CGT)

Una vez más comenzamos el curso escolar con las ya de por sí exiguas plantillas de los centros educativos incompletas. Gran parte del alumnado de Primaria no conocerá a sus tutoras en los primeros días de clase, muchos centros tendrán que hacer equilibrios para suplir la falta de profesorado de determinadas materias. Eso sí, los primeros actos públicos para asignar vacantes corresponderán a la asignatura de Religión católica. En fin.

 ¿Qué es lo que ocurre? ¿No se conocen las necesidades reales de los centros? A finales del curso pasado se enviaron las previsiones de necesidades de plantilla, que ya tenían en cuenta las muy restrictivas instrucciones en cuanto a la posibilidad de agrupaciones flexibles, optativas con “poco” alumnado, reducción de ratios (siempre se debe tratar de ahorrar en grupos, aún a costa de sobrepasar los límites legales) ¿Acaso no hay suficientes docentes dispuestos a trabajar? Claro que sí: funcionarios interinos y de carrera de determinadas especialidades esperan a ser llamados para poder desempeñar su labor en unas condiciones muchas veces lamentables, sin seguridad jurídica de ningún tipo, sin posibilidad de desarrollar proyectos a medio plazo. La Administración apura hasta el último momento (y más allá de lo tolerable) para colocar las piezas en los huecos disponibles, siempre con el ahorro en mente. Ahorro que pagan tanto nuestros menores, por la escasez de medios que se ponen a su disposición, como las docentes que ven, año tras año, que su función es mucho menos importante que el balance final de unos presupuestos que chorrean millones en otros apartados menos virtuosos que la Educación.

 No son novedosos tampoco los problemas con las infraestructuras educativas. Extensas zonas de nuestra Comunidad no cuentan con Institutos de Secundaria (Loeches, Montecarmelo, Rejas o La Garena). Centros de Arroyomolinos, Paracuellos, Las Tablas o Ensanche de Vallecas no podrán abrir a comienzos de curso: en algunos casos, se reubica al alumnado en centros concertados. Obras de ampliación que ya duran varios cursos, sin que se cumplan las promesas de finalización en Getafe, Leganés, Montecarmelo, Coslada y Villaverde, obligando en algunos casos (Valdemoro y Las Rozas) a utilizar barracones de obra. O centros como el CRA El Jarama, “creado” el 31 de agosto y con una dirección impuesta contra la totalidad del claustro, que no cuenta con personal ni con recursos suficientes. 

 No se puede entender esta situación como dejadez o incompetencia: hay que inscribirla en el proceso de privatización de los servicios públicos en el que, en esto sí, nuestra Comunidad sigue siendo lideresa. Mientras que la inversión en infraestructura pública ha  pasado de 210 millones en 2009 a 70 en 2017, la Comunidad de Madrid cuida con primor a la concertada: aumento de 210 aulas (a sumar a las 762 creadas en los dos últimos años)  y 15 millones de euros más en su presupuesto (llegando casi a 1000 millones).

 Todos estos problemas vienen repitiéndose cada año: las respuestas de la administración, más o menos desdeñosas, suelen limitarse a quitar importancia a los problemas o culpar a otros. Esclaro que no piensan hacer nada por evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, pues no constituyen ningún problema para ellos.

 Por ello, el Sindicato de Enseñanza de Madrid de la CGT pide la dimisión del Consejero Rafael van Grieken. Los cambios necesarios sólo se producirán si somos capaces de movilizarnos y organizarnos más y mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. A eso os animamos. 

26-09-2017: Asamblea Inclusión Educativa convocada por La Casa de la Educación de Leganés (17:30 h, Casa de Niñ@s Aventuras, C/ Italia 12, Leganés)

"El pacto de Estado educativo será creíble cuando se apueste por la financiación"

Fuente: Eldiario.es


ENTREVISTA | Lucas Gortázar, investigador educativo
Por Laura Gallaup

Tras comparecer en el Congreso, el investigador cree que la inversión prevista por el Gobierno es "bajísima, un presupuesto para 2020 en niveles del 3,7% del PIB" 

"Es necesaria una inversión suficiente para promover una mayor equidad y para que los recursos extra vayan a los centros que más lo necesitan"

"La oposición también debe de valorar que si no se llega a ningún tipo de pacto vamos a seguir con la LOMCE"

Con el comienzo del curso político, la subcomisión abierta en el Congreso en la que se debate un pacto de Estado por la educación ha vuelto a recibir comparecientes. Tras el parón veraniego, el investigador  Lucas Gortázar ha sido el primero en aportar su visión del sistema de enseñanza. Este académico especializado en educación de la Universidad del País Vasco y miembro del Proyecto Atlántida, centrado en temas de enseñanza, ha defendido la necesidad de que los partidos políticos lleguen a un acuerdo que aporte una financiación necesaria para que alcanzar un sistema educativo equitativo y de calidad. 

Planteó esta reivindicación después de que este mes la OCDE confirmase que España continúa teniendo un gasto educativo inferior a la media de esta organización, que no bajó del 11% durante los peores años de la crisis. Sin embargo, en nuestro país en  2008 suponía un 9,4% y seis años después, el último del que hay cifras, un  8,2%.

En qué puntos cree que se podría llegar a un acuerdo político?

En muchos. Pero creo además que hay un acuerdo central que es la financiación. El Gobierno ha remitido a Bruselas un plan de estabilidad y un presupuesto educativo que sitúa la inversión en educación en 2020 en niveles bajísimos, el 3,7% del PIB. Lo que he propuesto, y también plantean partidos de la oposición, es que se haga una apuesta por la financiación. No sé si es una condición necesaria para un pacto, esto hay que preguntárselo a la oposición. Pero creo que es una cuestión fundamental que hay que abordar en un pacto. Teniendo en cuenta las fluctuaciones que ha tenido la financiación en educación en los últimos años, dejarlo de lado sería un error.

¿Sin financiación no hay pacto?

Sin financiación el pacto es más difícil. Reino Unido llevó a cabo una agenda reformista brutal en educación desde el 98 hasta el 2008, para desarrollarla el Gobierno metió una inyección económica también brutal. El gasto en educación aumentó más que la economía. Al final hubo un incremento del 1,3% del PIB entre el 99 y 2009. Se tomaron en serio la educación. Mi pregunta al Ejecutivo actual es ¿están dispuestos a corregir la senda presupuestaria? ¿se toman en serio el pacto educativo? De lo contrario es muy difícil que la comunidad educativa se crea que el pacto va en serio.

¿Qué inversión permitiría un pacto para una educación de calidad?

De aquí a 2020 situaría la financiación entre 4,8% o 5% del PIB, lo que supone más del 1% de lo previsto por el gobierno. Son casi 15.000 millones de euros más con respecto a lo que se ha presupuestado en el plan de estabilidad presupuestaria de la Comisión Europea. Si proponen 48.000 millones de euros, estoy hablando de algo más de 60.000 millones. No sé si esta es la financiación suficiente para un pacto. Lo que defiendo es que es la necesaria para poner en marcha un sistema de calidad. A partir de ahí tiene que haber una negociación política.

¿Cómo pueden conseguir en el Congreso que los docentes se sientan involucrados en el pacto?

Considero que el pacto será creíble cuando haya una apuesta por una financiación razonable. Aunque también se puede tener en cuenta que hay proyectos que no requieren una gran financiación. Si hacemos un MIR de docentes es mejor que quedarnos como estamos. Un MIR docente podría costar 1.500 o 2.000 millones de euros. Por otro lado, la oposición debe valorar que si no se llega a ningún tipo de pacto vamos a seguir con la LOMCE.

En la subcomisión los diputados de la oposición también le preguntaron por las consecuencias de ratificar un mal pacto, ¿qué podría acarrear suscribir un acuerdo que no recoja las reivindicaciones principales del colectivo educativo?

Un pacto sin financiación y otros temas clave quizás no sea un pacto, no se le podría llamar así. Estamos en niveles bajos de inversión. Creo que el sistema necesita un empujón de credibilidad, los profesionales de la educación necesitan creerse que el Gobierno va en serio. Sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido la reducción del gasto en la educación y cómo se ha hecho. Creo que una forma de demostrar ese compromiso es una mejora, no te digo que suficiente, pero sí necesaria, en la financiación. 

¿De qué no se está hablando en la elaboración del pacto?

A nivel mediático se está defendiendo muy poco la idea de que se debe cambiar el modelo educativo. ¿Qué modelo de profesión docente queremos? ¿qué currículum queremos? ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿qué modelo de centro? Esto es lo que define a los sistemas educativos en el siglo XXI. De esto se está hablando en la subcomisión y no en los medios.

En nuestro país la estadística de Abandono Escolar Prematuro se sitúa en un 20%, frente al 11% de la media de la Unión Europea. ¿Una mejora de la inversión ayudaría a atajar esta situación?

No hay una relación clarísima entre un aumento de la financiación y una mejora de resultados a todos los niveles y para todos los alumnos del sistema. Sin embargo, es necesaria una inversión suficiente sobre todo para promover una mayor equidad y para que los recursos extra vayan a aquellos centros que más lo necesitan. En ese entorno, que obviamente son centros públicos, sí sabemos que un euro extra, un profesor extra o un orientador extra marca la diferencia.

¿Cómo se marca esa diferencia?

Para este alumnado la escuela lo es todo. Son estudiantes que tienen unas características determinadas: entornos socioeconómicos bajos, origen inmigrante, con necesidades educativas especiales... para los que los recursos son fundamentales. Esa financiación extra que sí que hubo antes de la crisis, ya no la hay. Se ha recortado en muchos casos a todos por igual. A lo mejor deberían haber protegido a ciertos centros, a ciertos colectivos concentrados en la escuela pública, o en zonas rurales, o territorios con menos ingresos.

¿Qué medidas se podrían tomar contra el fracaso escolar?

Hay un consenso implícito muy grande, tanto en las comunidades autónomas como en el colectivo educativo de que el título de la ESO es un problema porque es binario, si te lo sacas sigues, si no te los sacas te quedas fuera. Hay un 10% de cada generación que no se lo saca y alrededor de otro 10% que lo termina y no sigue sus estudios. Muchos planteamos que hay que eliminar ese título y sustituirlo por una certificación de competencias básicas. Si acreditas un nivel suficiente de competencias puedes acceder al Bachillerato, si acreditas otro tipo de competencias puedes acceder a la FP media, pero si no acreditas ese nivel mínimo se te tiene que dar siempre una salida.

Otro de los temas que abordó en su intervención en la subcomisión es el liderazgo que debe asumir el Ministerio en la política educativa, ¿qué rol debería jugar?

No está claro qué modelo de Ministerio queremos. Actualmente controla el 5% del gasto en educación, destinado básicamente a becas, a escuelas en el extranjero o en Ceuta y Melilla. Y luego legisla. A partir de ahí no tiene más que hacer.

Básicamente, hay tres opciones. Devolver competencias al Ministerio, nadie lo defiende. La segunda, un Ministerio que fomente la cooperación entre regiones. De hecho, hay una dirección general de cooperación territorial, la estructura del Ministerio ya está pensada para eso. Esto serviría para fomentar esa cooperación a través de un presupuesto razonable con programas de apoyo, innovación y buenas prácticas. La tercera opción es que se decida tener una agenda legislativa fortísima mediante decretos, un liderazgo legislativo y burocrático. Se parece al modelo de la LOMCE. Como no pueden controlar lo que sucede en los centros, tratan de imponerlo de forma detallada.

Abogué porque el Ministerio tenga un presupuesto suficiente para programas de cooperación, de unos 1.000 millones de euros. Esto ya se hizo en la LOE con un presupuesto de 700 millones de euros. Consistía en convenios que firmaba con cada CCAA para proyectos que el Ministerio consideraba estratégicos desde el punto de vista educativo.

¿Qué proyectos funcionaron?

La iniciativa PROA, una serie de proyectos que apoyaban al alumnado que necesitaba refuerzo escolar. Fue el proyecto estrella, la evaluación que se hizo después ha sido muy rigurosa y potente y ha dado resultados muy positivos. También se desarrolló Escuela 2.0, con resultados no tan buenos sobre implantación tecnológica. Y otro de escuelas infantiles. En 2012, el nuevo Gobierno decidió eliminar todos los programas, se vació de poder. Y optaron por otro formato para ejercer su liderazgo, una ley fuerte.

¿Qué papel está jugando el ministro?

Ninguno, está esperando a que llegue el pacto político, si finalmente se consigue en el Congreso. Ha dicho que se limitará a respetar lo que venga. Pero está asumiendo una posición pasiva en lo relativo a darle un impulso y tomar la iniciativa.Tampoco creo que lo esté torpedeando.

Otro de los pilares por los que aboga es por un equilibrio de financiación entre escuela pública y concertada, ¿en qué consiste? 

El problema del mal equilibrio deriva de que hay poca financiación en las dos, sobre todo en la pública, pero también en la concertada. Cada euro extra está en disputa y cada administración decide. Como hay poca financiación siempre es origen de bronca. Creo que una mejor financiación ayudaría a solucionar la guerra.

La paz pública-concertada ya se firmó en los 80, se comprometieron a respetar la proporción de escuela concertada con unos mínimos y con unos máximos. Sin dinero es muy difícil que haya ese compromiso político, con infrafinanciación de los dos modelos cada administración elige por cuál apuesta.

Explicó que actualmente hay 2.000 millones de déficit de la concertada, ¿cómo llega a esa cifra? ¿En qué situación está la pública?

La pública tiene un déficit muy grande de financiación. Ha habido recortes importantes y esto ha tenido consecuencias en la equidad. Creo que puede estar entre los 6.000 y 7.000 millones de euros. Luego, la escuela concertada tiene un problema estructural, desde su concepción, porque no llega a ser del todo un servicio público. El Estado cede un concierto a distintas organizaciones para que preste un servicio y a cambio les paga por ello.

Sin embargo, no es un servicio público todavía cuando de facto para poder acceder los alumnos tienen que pagar cuotas voluntarias. Son ilegales, pero se acaba haciendo aunque no tienen por qué. Esto limita la igualdad de oportunidades, fragmenta el sistema. Si consideramos que no hay que eliminar la concertada, que debe ser un servicio público se debe corregir esta serie de elementos.

Esos pagos lo que hacen es tapar el déficit de financiación, que he cifrado en 2.000 millones cogiendo datos de la encuesta de presupuestos familiares del INE y con ingresos de los centros del  informe Consejo Escolar del Estado. Es un ahorro presupuestario que acaban pagando las familias.