El PSM alerta de que el PP de Madrid quiere cerrar el CEIP Arcipreste de Hita

EL ICEBERG DE MADRID.COM: El PSM se suma a la reivindicación del Arcipreste de Hita

“Detrás de esto, hay un modelo de beneficiar fundamentalmente a los centros privados, concertados, contra la escuela pública” critica el socialista José Quintana

28/07/2014. Los socialistas madrileños han exigido hoy la reapertura del aula de Educación Infantil del colegio público Arcipreste de Hita, situado en la localidad de Fuenlabrada, al tiempo que han alertado de que detrás de toda esta polémica está el objetivo del Gobierno del PP de Ignacio González de cerrar el centro en dos o tres años.

“El Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha gastado 200.000 euros en este colegio, en rehabilitarlo, en acondicionarlo. Por lo tanto la Consejería de Educación y el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid no tendrían ningún tipo de coste desde el punto de vista de adaptar el centro público. El único coste que se les está pidiendo es que tengan un profesor. Una situación fácil de resolver… pero esta Consejería entendemos los padres, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde el Grupo Parlamentario Socialista que lo que hay detrás es todo un objetivo que a dos o tres años de cerrar el colegio. Esto centro está rodeado de cuatro centros concertados... Entendemos que este es el objetivo: cerrar este colegio a dos a tres años” ha manifestado el portavoz adjunto socialista en la Asamblea de Madrid, José Quintana.

Quintana se pronunciaba así tras una reunión que ha mantenido con representantes de las AMPAs del Arcipreste de Hita, en la que también han estado sus compañeros de filas Rosa Alcalá y Eusebio González, así como con la secretaria de Educación del PSM, Carmen Bonilla, y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Isidoro Ortega. De esta manera, los socialistas de la región han exigido a la Consejería de Educación de la región y al Gobierno del PP de Ignacio González la reapertura de este aula, ya que actualmente hay demanda de padres y madres para llevar a sus hijos a esta escuela pública.

En este sentido, el responsable socialista ha advertido de que la Consejería de Educación “está derivando” esta demanda a otros centros, por lo que ha denunciado que “detrás de esto hay un modelo de beneficiar fundamentalmente a los centros privados, concertados, contra la escuela pública”.

En la misma línea se ha pronunciado al concejal de Educación del Consistorio de Fuenlabrada, Isidoro Ortega, quien ha destacado que la posición de estos padres y madres, que llevan 35 días encerrados en el centro por su reivindicación, es “muy razonable”, frente a la posición “recalcitrante” que tiene, a su juicio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

“No parece razonable que apostemos por la escuela pública, se les diga a la familias que tienen libertad de elección de centro, pero en realidad cuando eligen la pública todo son problemas y todo son obstáculos” ha apuntado para finalizar criticando la actitud de la consejera de Educación de la región, Lucía Figar, la cual no ha contestado aún a esta demanda.

Finalmente, Jesús María González, padre de un niño que a día de hoy no tiene centro educativo y quien también ha estado presente en la reunión en representación de las AMPAs, ha recalcado que “por encima de todo” están los niños, cuyos padres tienen el derecho a la libre elección de centro.

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Aulas segregadas en nombre de la excelencia (Pablo Elorduy)

Gracias a @YoEPublica hemos conocido este artículo publicado en diagonalperiodico.net

La financiación de la Lomce saldrá de las comunidades autónomas hasta que lleguen los fondos europeos. Arrecian las críticas ante un sistema educativo de dos velocidades.

Tras el pasado otoño de huelgas, encierros, cortes de tráfico y manifestaciones, el próximo septiembre echa a andar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la primera reforma del sistema educativo que sale adelante con el apoyo de un solo partido, como recuerda Jurjo Torres Santomé, catedrático de la Faculdade de Ciencias da Educación de la Universidade da Coruña. A finales de junio, el Gobierno anunciaba que parte de la inversión para la puesta en marcha de la ley hasta 2018, más de un 60% del total de mil millones de euros, saldrá de las comunidades autónomas, que tendrán que computar como deuda el gasto hasta que lleguen los dineros prometidos por el Fondo Social Europeo.

La ley nace con otras incertidumbres y unas cuantas certezas, que vienen siendo denunciadas desde que el ministro Juan Ignacio Wert presentase, a finales de 2012, el borrador de la reforma. Como ha apuntado José Ramón Rodríguez Prada, autor del libro 'Conflicto y reforma en la educación': “El sistema educativo emana de la propia sociedad, no puede ser contradictorio con ella, ni mejor ni peor”.

Tras casi 20 años de Logse, la Lomce se presenta como la ley educativa de las próximas generaciones y se adecúa a un sistema en el que las clases medias −a las que privilegió la reforma de 1990− pierden fuelle respecto a la élite −favorecida por el sistema de conciertos a centros privados, que ya ocupa el 40% de la oferta− y en el que las clases populares compiten por ser tocadas con la varita mágica de la movilidad social en el segundo Estado con mayores desigualdades de la UE.

El veterano profesor Antonio Aramayona, quien desde hace un año mantiene una protesta diaria frente al domicilio de la consejera de Educación de Aragón, insiste en que la Lomce crea dos vías, la de la “excelencia”, para quien puede acceder a ella, y otra que busca que “personas con o sin formación vayan a estar contentas con un empleo precario”.

Funcionamiento piramidal

Según el plan del ministerio, en la cúspide de la pirámide se situarán a partir de ahora las direcciones de los centros. Como explica Carmen Rodríguez, exdirectora general de Ordenación y Evaluación Educativa en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, sobre éstos pasan a depender las decisiones del centro. A partir del próximo curso se desvanecen los Consejos Escolares, que pasan a ocupar un papel meramente consultivo; la dirección decidirá la programación del curso y sobre la admisión del alumnado.

El profesorado asumirá una nueva rebaja de sus condiciones laborales: hasta el 50% de las contrataciones dependerá de las decisiones de la dirección del centro. Y serán menos: según datos del propio ministerio, en el curso 2012-2013 se perdieron 18.000 plazas de maestro en los centros públicos, mientras en la privada-concertada y la privada se producía un aumento de mil profesores.

Pese a que el Gobierno ha presentado cifras que sitúan a España por encima de la media europea en cuanto al número medio de profesores por alumno, desde la plataforma Soy Pública denuncian el aumento “sin precedentes” del número de alumnos por aula y la pérdida de poder adquisitivo del profesorado, al tiempo que subrayan la heterogeneidad del alumnado en España, un motivo, a decir de los expertos, para reducir las cifras de alumnos por aula.

Como explica Jurjo Torres, el contexto es fundamental para entender la necesidad o no de ratios más bajos: “La ratio no importa cuando tienes 40 estudiantes de clase media acomodada y del Opus Dei: son igualitos; ahora, si tienes 15 y uno no sabe hablar castellano, el otro tiene una familia desestructurada, en ese caso es donde se necesitan apoyos, recursos y cosas por el estilo”.

“Aunque la ley no habla expresamente de los profesores, lo que se está vendiendo es laprecarización”, explica Carmen Rodríguez. Una devaluación del trabajo del profesorado cuyo golpe más duro fue la aplicación del Real Decreto 14/2012, que aumentó las horas lectivas que tienen que dar los docentes y que ha supuesto el despido de miles de personas en situación de interinidad.

Mejor que los demás

En la retórica oficial del texto, “todos los alumnos y las alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento”. Pero la realidad es que la ley se centra en distinguir los “talentos” de aquellos alumnos “cuyo nivel formativo esté muy por debajo de los estándares de calidad internacionales”.

Para Lola Saldaña, del Movimiento Social por la Escuela Pública Asturias, el propósito de la normativa es eliminar la cooperación e instaurar la competencia total: “Wert explicaba que los lentos dificultan el avance de los rápidos, y que es necesario separarlos pronto para alcanzar, con algunos, la excelencia”.

El artículo 121 de la Lomce introduce el concepto de “especialización curricular”, lo que supone que los centros guiarán a niños y niñas desde los 12 años, en itinerarios orientados “a las enseñanzas académicas” y otros que impartan el itinerario “orientado a las enseñanzas aplicadas”, al gusto del mercado laboral.

Para Jurjo Torres se deben seguir planteando las resistencias a la ley, entre otras cosas porque la ofensiva por parte del ministerio no ha cesado. “Están construyendo una imagen de que el sistema educativo es desastroso para hacer trabajo de demolición y construir no se sabe bien qué”. Con ese propósito funciona como una herramienta de valor extraordinario el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido como informe Pisa, una evaluación de tres capacidades: habilidad lectora, matemáticas y ciencias, que se realiza a los 15 años y que puede marcar el futuro del alumnado que baje la media.

En opinión de Jurjo Torres y Carmen Rodríguez, Pisa funciona como pretexto para deslegitimar el sistema público y especialmente a quienes lo sostienen, alumnos y docentes. “Estas evaluaciones están dirigiendo las propias reformas”, explica Rodríguez, para quien otro efecto de Pisa es crear un modelo de aprendizaje más memorístico y uniformizado, con asignaturas “fuertes” que desplazan a las enseñanzas humanistas y artísticas. “Los alumnos se aburren con estos sistemas que tratan de ser competitivos y reducir la creatividad”, sentencia esta catedrática de la Universidad de Málaga.

Según Jurjo Torres, la construcción social que se hace en torno al éxito y el fracaso escolar, llamado desde hace años abandono escolar, convierte éste por arte de birlibirloque en una disposición del ánimo o incluso genética: “Da sensación de que se trata de un juego de lotería, que todos tenemos la misma posibilidad de que nos toque el gordo, pero eso no es así”, explica Torres, “el 30% de abandono escolar siempre le toca a los mismos”.

Por su parte, Carmen Rodríguez indica que “la Lomce, más que evitar el abandono escolar, va a acrecentarlo”. La competición entre centros por conseguir “a los mejores alumnos y los mejores profesores” se traducirá en más financiación para los que presenten mejores resultados, mientras los perdedores del ranking se convertirán en centros-gueto.

Disparidad de los resultados, mismo criterio

La propaganda de los resultados del informe Pisa, que sitúa al Estado español por debajo de la media de la OCDE, ejerce como una palanca para la reforma educativa planteada por el Gobierno. Pero, como señala el profesor Jurjo Torres, en lugar de intervenir en las zonas con peores resultados, la reforma se extiende a comunidades con resultados superiores a la media, como País Vasco o Navarra.

De la Logse del PSOE a la Lomce del PP

Cuando en 1990 nacía la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse), ésta pretendía incidir sobre el de­sempleo juvenil --que batió un record en 1994 que no iba a ser superado hasta 2012-- y el llamado fracaso escolar: España era segunda de la UE en número de jóvenes expulsados por el sistema educativo. Las octavillas distribuidas en las manifes­ta­cio­nes contra la Logse ya denunciaban el clasismo y la segregación como el problemas endémico del sistema educativo.

La campaña "12 meses, 12 luchas por la Educación Pública" planifica un año de acciones contra las políticas de Wert

EL BOLETÍN.COM: La Marea Verde ultima una campaña para pasar todo un año protestando contra Wert

José Ignacio Wert va a pasarse todo un año aguantando las protestas de la Marea Verde. El colectivo en defensa de la Educación pública se ha organizado y ultima una campaña que llevará a profesores, padres y estudiantes a movilizarse durante 12 meses contra la aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así como contra otras medidas implantadas por el ministro, entre ellas el recorte a las becas o el 'tasazo'.

Bajo el lema '12 meses, 12 luchas por la Educación Pública', la campaña contempla la organización de charlas, manifestaciones, concentraciones, encierros en los centros educativos, volver a las aulas con la camiseta verde e incluso la convocatoria de huelgas durante todo un año para dejar claro a Wert que la Marea Verde va a seguir luchando en defensa de la enseñanza pública de calidad, gratuita y universal.

El calendario con la propuesta de movilizaciones se empezó a perfilar a mediados de mes en la reunión de las Mareas por la Educación Pública que tuvo lugar en Panxón, Nigrán (Pontevedra) del 16 al 18 de julio, y está ya muy avanzado. Sin embargo, el colectivo advierte que todavía no está cerrado ni aprobado oficialmente, ya que es necesario consultar a centros, plataformas y organizaciones de toda España para que den su visto bueno.

Pese a ello, un simple vistazo al mismo deja ver que la Marea Verde promete un curso 2014-2015 muy 'movido' para José Ignacio Wert. La campaña arrancó este mismo mes de julio con la celebración de la mencionada reunión en Pontevedra bajo el título 'La Educación que queremos' para iniciar los trabajos que permitan poner en marcha la nueva batería de protestas, y acabará en junio del año que viene.

Aunque puede haber variaciones, para agosto está previsto una protesta desde el lugar en el que pasen sus vacaciones profesores, padres y estudiantes mediante el “envío y difusión de fotos con la chapa o la camiseta de la Marea Verde”, mientras que para septiembre se quiere centrar la campaña en la etapa de Educación Infantil, incidiendo especialmente en la defensa de las becas y en denunciar el 'tasazo'. El objetivo es empezar el curso con una fuerte presencia de la camiseta verde en las aulas de la pública.

Ya en octubre el objetivo será luchar, centrándose en la etapa de Primaria, por la “democracia en los centros” para que se deje de elegir directores “a dedo”. Este mes habrá debates y asambleas, así como recogidas de firmas. Y también se plantea la convocatoria de una huelga estatal de toda la comunidad educativa de al menos 24 horas.

En noviembre, mes elegido para dar protagonismo a la Universidad, se exigirá una verdadera “educación multidisciplinar” mediante “clases en la calle” que permitan sumar a la campaña a los vecinos. Y en diciembre, mes centrado en Bachillerato, se pondrá el acento en el hecho de que “en la pública trabajamos los valores de la convivencia y de los derechos humanos”. También se celebrará una nueva reunión de las Mareas por la Educación Pública para valorar el desarrollo de las primeras protestas de la campaña '12 meses, 12 luchas por la Educación Pública'.

Tras ello, la Marea Verde empezará 2015 centrándose en la etapa de FP y pidiendo una “Educación 100x100 pública y laica”, criticando el “trasvase” de fondos públicos a manos privadas a través de conciertos, cheques guardería, becas a la FP privada, etc. En febrero, mes centrado en la ESO y la Educación Especial, se buscará el “compromiso político” con el proyecto enviando una carta a las organizaciones políticas y sociales.

Ya en marzo la lucha se centrará en promover la igualdad entre hombres y mujeres, denunciando la segregación en los centros de enseñanza, y en rechazar las pruebas de evaluación externa que suelen hacer los alumnos en estas fechas. Este mes se centrará en la defensa de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

Abril y mayo, centrados en la Educación de Adultos y en las Escuelas Rurales, han sido los meses elegidos para promover encierros en los centros, una huelga general educativa de 2-3 días y la campaña de matriculación en la pública. Asimismo, se plantea la convocatoria de una manifestación estatal en defensa de la enseñanza pública y contra la LOMCE.

Y para el último mes de esta particular campaña, el de junio, centrado en las Enseñanzas Artísticas y en los Conservatorios, la Marea Verde pretende dejar claro que “otra educación es posible y necesaria” con todo tipo de acciones que aún están por perfilar, pero en las que se dará una gran importancia a la camiseta verde.

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12 meses, 12 luchas por la Educación Pública (propuesta de calendario de movilizaciones de MxEP)

Propuestas de Mareas por la Educación Pública en las I Jornadas de "La Educación que queremos" (16-18J en Panxón)

A qué equivalen los 11.600 millones de euros perdidos en Catalunya Caixa (Ignacio Escolar)

Algunos números para aquellos que se lían con las cifras grandes

Aún no está claro cuál será la cifra definitiva pero sí sabemos ya dos cosas: que oscilará entre los 11.500 y los 12.000 millones de euros y que ese dinero, pagado por todos los españoles, se da ya por perdido y nunca se recuperará. Para aquellos que se pierden con los grandes números, 11.600 millones de euros equivalen a:

Una cuarta parte de todo lo invertido durante tres décadas en España en el tren de alta velocidad (46.000 millones de euros).

Poco menos que la suma de todos los recortes en sanidad y educación hasta el año 2013(13.800 millones de euros).

Solo un 10% menos que el presupuesto anual de la NASA (12.600 millones de euros).

Casi la misma cantidad que ha ofrecido la Unión Europea a Ucrania para evitar su quiebra financiera (11.000 millones de euros)

Un 30% más que el coste de la línea de AVE entre Madrid y Barcelona (8.966 millones de euros).

Más del doble de lo que ahorró la administración con la supresión de las pagas de Navidad de los funcionarios entre 2012 y 2013 (5.210 millones de euros).

Casi siete años de la recaudación del copago farmacéutico (1.700 millones de euros).

7,5 veces más de lo que ahorró el Estado con la congelación de las pensiones que aprobó Zapatero en 2010 (1.530 millones de euros).

El triple que la ampliación del Canal de Panamá (4.000 millones de euros)

Más del triple que la mayor infraestructura en construcción en España, el túnel de Pajares(3.500 millones de euros).

Seis años del presupuesto para todos los gastos, sueldos e inversiones del Ayuntamiento de Barcelona (1.899 millones de euros anuales).

116 veces la previsión de lo que el Estado recaudará al obligar a los nuevos parados a pagar impuestos por las indemnizaciones por despido (100 millones de euros).

165 veces lo que costó el rescate del Centro Superior de Investigaciones Científicas (70 millones de euros).

Dos siglos y 28 años de subvenciones al cine español (50,8 millones de euros anuales)

246 veces el recorte en el presupuesto estatal para las becas Erasmus ( 47 millones de euros).

682 veces lo invertido en el plan del Gobierno contra la pobreza infantil (17 millones de euros).

Cien siglos del salario que cobraba Narcís Serra durante el tiempo en el que fue presidente de Catalunya Caixa (1,2 millones de euros anuales 11 entre el sueldo y los consejo asociados).

Lo que ganan en un año 1.284.038 trabajadores españoles con el salario mínimo interprofesional ( 9.034 euros anuales).

Articulo publicado en eldiario.es

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elpais.com: Los colectivos sociales consideran un “despropósito e inasumibles” más recortes

• El Ministerio de Sanidad rechaza cualquier tipo de nuevo copago planteado por la autonomías
• DESCARGABLE Medidas de ahorro para el Consejo de Política Fiscal y Financiera
• Montoro anuncia que suavizará los créditos a las autonomías

Los agentes y colectivos sociales —e, incluso, el propio Ministerio de Sanidad dice que también— han recibido con sorpresa las propuestas de más recortes planteadas por las comunidades para cuadrar sus cuentas y alcanzar el objetivo de déficit. Los profesores, médicos, funcionarios y trabajadores sociales han calificado esta serie de iniciativas, recogidas por el Ministerio de Hacienda para su traslado al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 31 de julio, como "inaceptables e inasumibles", como un "despropósito" y como un "ataque a los derechos de la ciudadanía". "Estas medidas reflejan una clara falta de sensibilidad de aquellas autonomías que las han planteado", ha recalcado Nicolás Fernández, presidente de ANPE.

Educación: "Conducen a la masificación de las aulas"

Las propuestas de nuevos recortes en Educación continuarían una línea marcada por el Gobierno cuando anunció la posibilidad de aumentar el ratio de alumnos por aula. Entonces, muchas autonomías aprovecharon la oportunidad: redujeron el número de profesores y despidieron a miles de interinos. Ahora, según el texto de Hacienda, esta opción vuelve a plantearse. "El mensaje está claro: más alumnos y menos profesores. Esto lleva a una masificación de las aulas", destaca Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). En esa línea, continúa Francisco García, secretario general de Enseñanza de CC OO y coordinador del Área Pública: "De concretarse estas medidas serían un auténtico despropósito. Suponen un auténtico deterioro de los servicios públicos".

Porque, además, las propuestas planteadas por las autonomías también incluyen una nueva reducción de las becas de comedor. "Y eso que estas se encuentran ya en mínimos", advierte Nicolás Fernández. Un punto donde, según Salido, resulta "inmoral que se hable de ajustes". "Está claro que estas medidas responden a un modelo de Gobierno: una orientación de la Educación hacia la selección del alumnado, hacia la denostación de lo público", prosigue el representante de Ceapa.

Todos estos colectivos coinciden en que, de materializarse las iniciativas, se avecina un otoño "caliente y duro". "La educación no aguanta más recortes. Si se llevaran a cabo, la respuesta funcionarial sería rotunda", explica el presidente de ANPE, antes de sentenciar que el profesorado "no soporta nada más". "Se está haciendo que la ciudadanía haga unos esfuerzos que no hacen las grandes rentas", remacha Fernández, que concluye, aunque sin hablar de movilizaciones: "Nosotros vamos a contestar y protestar".

Sanidad: "Es un plan de demolición de lo Público"

La sanidad se perfila como otra de las áreas más perjudicadas por estos planteamientos, que ahora las autonomías no quieren reivindicar. El documento de Hacienda recoge nuevas fórmulas de copagos y el establecimiento de tasas hosteleras en los hospitales, entre otras medidas. "Es un desastre absoluto. Implica el deterioro del sistema sanitario y conllevaría resultados gravísimos en la atención de los ciudadanos", sentencia Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que critica que haya autonomías que barajen la posibilidad de cobrar por no asistir a consultas programadas. "Si, para una ecografía que te han hecho hoy, te citan dentro de siete meses", remarca.

"Estos recortes se enmarcan dentro de un plan de demolición de los servicios públicos y del derecho de acceso a la sanidad", incide Francisco García, de CC OO. "Sigue la línea de recortes del PP y representan la otra cara de su reforma fiscal: menos impuestos conllevan inevitablemente un empeoramiento, en cantidad y calidad de los servicios públicos", continúa Sánchez Bayle, que subraya que este año trabajan en el sector 53.000 empleados menos que en 2009.

Frente a las propuestas de las comunidades, Sanidad se desvincula. El ministerio descarta cualquier nueva fórmula de copago. "Los ajustes se acabaron con el plan de ahorro previsto en la reforma sanitaria", han comentado fuentes de la cartera dirigida por Ana Mato, que añaden que estas iniciativas "no están ni en un cajón de la mesa".

Este departamento asegura que tampoco tocará la Dependencia. Un punto que se encuentra ya muy debilitado, según insiste José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales Públicos: "El Gobierno ha pasado de aportar el 50% a esta partida, como marca la Ley, a apenas dar el 20%". Un desplome que responde, remacha el representante del colectivo, a las intenciones del Ejecutivo de "desmantelar el sistema de Dependencia y servicios sociales". "Tienen un afán privatizador, quieren fomentar el aseguramiento privado. De forma que, al que no tenga dinero para contratar uno, solo le quedará la beneficencia", concluye.

Funcionariado: "Las plantillas están bajo mínimos"

Los trabajadores públicos hacen hincapié en la "increíble sorpresa" que ha supuesto conocer esta batería de propuestas. "Resulta asombroso que el Gobierno del PP y sus comunidades hablen siempre de recuperación y ahora, en cambio, planteen castigar más a los trabajadores del sector público", sentencia Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. De hecho, el presidente de CSI-F, Miguel Borra, insiste en que las plantillas de funcionarios "están bajo mínimos": "Ninguna nueva medida de recorte es asumible".

CC OO "intuye" que estas medidas llegan desde las autonomías gobernadas por los populares. "Me parece muy cínico que se escondan detrás del Gobierno", afirma Francisco García, que incide en cómo se han perdido "más de 400.000 funcionarios y de ahí viene el deterioro de los servicios públicos". "El tiempo de los recortes a los empleados públicos ya ha terminado. De hecho, reclamamos la recuperación de las pagas extra", apunta Borra, que sentencia: "Lo que se va en salvar a la banca, se traduce en recortes públicos"

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• El Santander y Caixabank también se han presentado a la subasta que ha ganado la entidad presidida por Francisco González por 1.130 millones
• El Gobierno se vio obligado a aportar recientemente otros 572 millones, elevando la cantidad total hasta los 12.600 millones

El colegio católico privado-concertado de Parla pide a las familias ¡1000 €! como reserva de plaza y ¡200€! al mes para “actividades extraescolares obligatorias”

Fernando nos envía este correo:

En todas partes cuecen habas y las cobran bien caras

sermadridsur.com: El previsto colegio concertado católico de Parla pide una reserva de 1.000 euros a las familias, según el alcalde

José María Fraile asegura que ya ha recibido varias quejas de familias a las que les han pedido esa cantidad en concepto de reserva de plaza. Además tendrán que abonar 200 euros al mes en concepto de “actividades extraescolares obligatorias”, según el alcalde.

Según Fraile, ya ha recibido “varias quejas” de padres y madres por estos hechos, que ha calificado de “inaceptables” ya que en una educación que se supone pública, concertada en este caso, una empres pide 1.000 euros por reservar plaza, a los que se suman que los alumnos tendrán que abonar “200 euros al mes por unas clases extraescolares obligatorias, además de otro tanto por los costes del uniforme escolar”.

Además el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Dirección de Área Territorial de Educación Madrid-Sur la denuncia de una madre que detalla cómo su hijo ha resultado escolarizado en el futuro colegio religioso a pesar de haberlo solicitado como quinta opción.

Al respecto el alcalde se ha preguntado si no hay plazas disponibles en ninguno de los cuatro centros públicos que figuraban como primera opción, ya que “si esto es así, se demostraría que en Parla necesitamos colegios públicos, que es lo que venimos reclamando de forma continuada a la Comunidad de Madrid”.

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¡No al cierre de centros! ¡No a la supresión de oferta educativa! ¡Exigimos la construcción de centros públicos! (enlace a información y a campañas de recogida de firmas)