Artículo de Fátima Caballero para eldiario.es
- La Comunidad de Madrid es la segunda que menos invierte en Sanidad, está a la cola de profesores por alumno pero basa su campaña en prometer nuevas rebajas de impuestos. Este viernes anunció nuevos recortes al de donaciones y sucesiones para beneficiar a 11.000 de los 6,8 millones de madrileños
La rebaja fiscal que Isabel Díaz Ayuso ha prometido este viernes para el 0,16% de la sociedad madrileña más privilegiada tendrá un coste de 30 millones de euros al año para las arcas de la Comunidad de Madrid, un dinero que la administración regional dejará de recaudar. Puede parecer una partida insignificante entre los 20.000 millones de euros anuales que maneja el Gobierno regional. Pero la cuantía que la candidata del PP pretende rebajar en el ya muy mermado impuesto a las herencias en Madrid daría para acometer mejoras largamente demandadas en los servicios públicos, como demandan los colectivos sanitarios o el personal de Educación, dos de las áreas que más sufrieron en la región con los recortes sociales en la anterior crisis económica.
Ayuso aseguraba este viernes que ampliará las bonificaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos en el impuesto de donaciones y sucesiones. Ese impuesto, que el Estado cedió a las comunidades autónomas, ya es prácticamente 0 entre padres e hijos y entre cónyuges en la Comunidad de Madrid, donde los sucesivos gobiernos del PP han aprobado bonificaciones del 99%. La propuesta de Ayuso consiste ahora en que la bonificación entre hermanos pase del actual 15% al 25%. Y entre tíos y sobrinos, del 10% al 20%. El "impacto" para las arcas públicas, admite el Partido Popular, es que la administración dejará de recaudar 30 millones de euros al año. Esa dinero irá a parar según cálculos del propio PP a 11.000 madrileños, el 0,16% de la población, si se tiene en cuenta que la región tiene 6.779.888 personas. Son datos oficiales del pasado 1 de enero del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras los organismos internacionales reclaman mayor compromiso fiscal para hacer frente a un gasto público disparado derivado de las ayudas contra la pandemia, Ayuso sigue en su carrera para acabar con los impuestos. La candidata popular puso varios ejemplos: "Una persona deja en herencia a su hermano un piso valorado en 200.000 euros. El heredero pagará casi 5.000 euros menos de impuesto (35.600 en vez de 40.300 euros). También por la herencia a su un sobrino: "una casa en el pueblo valorado en 100.000 euros. El sobrino heredero pagará 1.700 euros menos de impuesto" (14.100 en vez de 15.800 euros). "No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo", aseguró este lunes en una entrevista en Telemadrid.
Esa partida que irá a parar a 11.000 herederos que reciban bienes de sus padres o hermanos darían para paliar algunas de las carencias en política social de la Comunidad de Madrid. Lo que sigue es un cálculo aproximado de lo que podría implicar esos 30 millones de euros en las carteras de Educación y Sanidad.
- Médicos: Según los cálculos recabados por los sindicatos, la Comunidad de Madrid podría contratar a 500 médicos recién licenciados con esos 30 millones de euros. El salario bruto de un sanitario recién salido del MIR es de unos 42.000 euros, que ascendería a 60.000 si se computan los costes para el empleador, en este caso la administración pública. Si se tiene en cuenta el salario medio de un médico –contando trienios por antigüedad y especialidades– este ascendría a unos 80.000 euros anuales. En ese caso, con el dinero que Ayuso pretende dejar de recaudar, podrían contratarse 375 médicos.
Ayuso prometió en septiembre, una mejora en la condiciones laborales de los médicos de la Atención Primaria así como la contratación de 300 médicos en tres años. La presidenta regional anunció para este plan que se alargaría hasta 2023, una inversión de 80 millones de euros. Debía igualar los salarios de estos sanitarios al de los hospitales y contratar antes de fin de año a 75. Ninguna de esas promesas las ha cumplido. 30 millones de euros es algo más que lo que Ayuso dijo que gastaría anualmente para mejorar la Atención Primaria. A día de hoy, no ha gastado ni un euro.
- Enfermeros: la cantidad de enfermeros aumentaría respecto a la de médicos. Según calcula el sindicato AME, sobre un salario medio de 40.000 euros brutos anuales, a los que habría que sumar el gasto en Seguridad Social, esa cantidad podrían contratarse podrían contratarse 600 enfermeros, el mismo número hay en la plantilla del hospital de Getafe o en el Príncipe de Asturias, según las memorias del Sistema regional madrileño de salud (SERMAS). Si es un enfermero recién graduado, la cifra ascendería a 750.
Según los datos del último informe del Ministerio de Sanidad sobre gasto sanitario público, la Comunidad de Madrid se sitúa como la región de España que menos porcentaje de su PIB dedica a la sanidad: un 3,6%. El territorio gobernado por el PP desde hace más de 25 años gasta un 1,1% menos que Cataluña, la siguiente que menos invierte con un 4,7%.
En 2019, Madrid contaba con un personal sanitario de 54.351 personas. Son mil menos de los que había hace diez años, según los datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud. El número de facultativos –médicos y en menor medida farmacéuticos– también se ha recortado en estos diez años: de 16.656 a 16.492, pese al aumento de población.
- Profesores: 30 millones de euros al año equivalen a unos 788 docentes, asegura Isabel Galvín, portavoz de enseñanza de CCOO Madrid. El dato coincide con las propias cifras de la Comunidad de Madrid, que anunció para el curso 2019/2020 una inversión de 32,6 millones de euros para contratar 800 nuevos docentes. Galvín lamenta el anuncio de Ayuso a la vez que se quieren acometer "recortes" para el curso que viene pese a que la pandemia aún golpea la región. En total, se suprimirán para el próximo curso 4.919 aulas COVID y se despedirá a una buena parte de los profesores que se contrataron para bajar las ratios de alumnos.
La Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional en número de alumno por profesorado, pese a los más de 10.000 docentes que contrató para la pandemia. Mientras la media del Estado está en 92 profesionales por cada 1.000 alumnos, la media de la comunidad que su gobierno presenta como la más pujante del país, baja a 86.
Una medida que no es nueva
La medida anunciada no es nueva. La presidenta regional ya hizo la misma promesa en la campaña de hace dos años, en 2019. Quedó en un cajón como gran parte de su programa electoral. También la rebaja "histórica" de impuestos del IRPF en todos los tramos, que incluía a las rentas más altas. Ayuso no ha logrado sacar adelante ni un solo presupuesto desde que es presidenta y sigue gobernando con la prórroga de los que sacó adelante su antecesor, Ángel Garrido en 2019, una situación que se agrava en el contexto actual de pandemia. Con las nuevos comicios, todo apunta a que 2021 terminará sin nuevas cuentas.
La gestión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio es una cesión el Estado a las comunidades autónomas que nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente). El Gobierno central planea legislar para implementar una armonización fiscal debido a que estos impuestos varían notablemente según comunidades y las quejas de algunos presidentes de distinto color político que acusan a Madrid de ejercer un dumping fiscal.
Los sucesivos gobiernos del PP de Madrid han sido pioneros a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el Patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%. Por este último impuesto, el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en el que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.
En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99%, en 2018, en Madrid se recaudaron apenas 411 millones de euros. Stop Impuesto de Sucesiones, una plataforma que lucha por la supresión de este tributo, elaboró el ejemplo de una persona de 30 años, soltera, que hereda de sus padres bienes por 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a su vivienda.
En Andalucía, este heredero no debería pagar ni un euro a Hacienda por la sucesión, y en Canarias apenas 134 euros. Si viviera en Madrid abonaría 1.586 euros. Por el contrario, este importe se elevaría a 155.393 euros o 103.135 euros, respectivamente, en Aragón y Asturias, las dos comunidades autónomas donde este contribuyente debería más dinero a las arcas públicas. Les siguen Castilla y León (81.018 euros), la Comunidad Valenciana (63.193 euros), Castilla-La Mancha (31.759 euros), Galicia (15.040 euros), Cantabria (14.765 euros), Cataluña (9.796 euros), Baleares (5.950 euros), La Rioja (3.175 euros), Murcia (1.640 euros) y Extremadura (1.587 euros).
Esos beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, afecta a la calidad de los servicios públicos.
La medida anunciada no es nueva. La presidenta regional ya hizo la misma promesa en la campaña de hace dos años, en 2019. Quedó en un cajón como gran parte de su programa electoral. También la rebaja "histórica" de impuestos del IRPF en todos los tramos, que incluía a las rentas más altas. Ayuso no ha logrado sacar adelante ni un solo presupuesto desde que es presidenta y sigue gobernando con la prórroga de los que sacó adelante su antecesor, Ángel Garrido en 2019, una situación que se agrava en el contexto actual de pandemia. Con las nuevos comicios, todo apunta a que 2021 terminará sin nuevas cuentas.
La gestión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio es una cesión el Estado a las comunidades autónomas que nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente). El Gobierno central planea legislar para implementar una armonización fiscal debido a que estos impuestos varían notablemente según comunidades y las quejas de algunos presidentes de distinto color político que acusan a Madrid de ejercer un dumping fiscal.
Los sucesivos gobiernos del PP de Madrid han sido pioneros a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el Patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%. Por este último impuesto, el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en el que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.
En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99%, en 2018, en Madrid se recaudaron apenas 411 millones de euros. Stop Impuesto de Sucesiones, una plataforma que lucha por la supresión de este tributo, elaboró el ejemplo de una persona de 30 años, soltera, que hereda de sus padres bienes por 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a su vivienda.
En Andalucía, este heredero no debería pagar ni un euro a Hacienda por la sucesión, y en Canarias apenas 134 euros. Si viviera en Madrid abonaría 1.586 euros. Por el contrario, este importe se elevaría a 155.393 euros o 103.135 euros, respectivamente, en Aragón y Asturias, las dos comunidades autónomas donde este contribuyente debería más dinero a las arcas públicas. Les siguen Castilla y León (81.018 euros), la Comunidad Valenciana (63.193 euros), Castilla-La Mancha (31.759 euros), Galicia (15.040 euros), Cantabria (14.765 euros), Cataluña (9.796 euros), Baleares (5.950 euros), La Rioja (3.175 euros), Murcia (1.640 euros) y Extremadura (1.587 euros).
Esos beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, afecta a la calidad de los servicios públicos.
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