Artículo de Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com
Las ayudas están enmarcadas en el programa PROA+, pensado para garantizar el éxito escolar del alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entre los 46 centros seleccionados, 23 pertenecen a entidades religiosas.
26 de enero de 2023
La apuesta de la administración de Isabel Díaz Ayuso por la escuela concertada suma enteros. Si, según las cifras del Ministerio de Educación, Madrid destina 1.040 millones al año a este tipo de centros, y ya es la segunda Comunidad en porcentaje de gasto— un 20%— solo superada por Euskadi, un nuevo movimiento, fondos Next Generation mediante, viene a aportar más pruebas de esta apuesta.
Según las convocatorias que se reflejan en la
web del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de España, base de datos que recoge el destino que le están dando las diferentes administraciones a los fondos Next Generation de la UE, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha asignado ya un total de 1.937.021,69 euros para 46 centros concertados entre el 30 de diciembre de 2022 y el 18 de enero de 2023, en ayudas enmarcadas en el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA+), pensado para garantizar el éxito escolar del alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Ni rastro de las ayudas suministradas a centros públicos para estos menesteres.
El plan
PROA es un programa de cooperación territorial, renovado gracias al apoyo económico procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Un histórico programa que en esta comunidad cuenta con tres
convocatorias diferenciadas: una para colegios públicos, otra para centros de Secundaria y una última para centros concertados. Las convocatorias para 2021-2023 acabaron su plazo en octubre de 2021.
“Lo que este año hemos observado es que el dinero no ha llegado a los centros públicos y hay una falta de transparencia en cómo se han asignado”
Desde CC OO confirman a El Salto que han recibido quejas por parte de la directiva de algunos colegios públicos por no haber recibido estos fondos aún. Unos fondos con los que antaño se sufragaba un programa de acompañamiento escolar, que se desplegaba a través de monitores y monitoras o profesores y profesoras del propio centro que daban apoyo en pequeños grupos y en horas extraescolares a alumnos y alumnas que presentaban dificultades y problemas en el aprendizaje, así como un programa de apoyo y refuerzo.
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“Lo que este año hemos observado es que el dinero no ha llegado a los centros públicos y hay una falta de transparencia en cómo se han asignado”, expresa a El Salto Isabel Galvín, Secretaria General de Enseñanza de CC OO Madrid, para quien esta decisión responde a la línea que lleva el Gobierno de Ayuso en Educación de “dar más al que más tiene”.
“En términos globales, en la red pública se escolariza el alumnado más vulnerable y las familias con más nivel adquisitivo son las que escolarizan a sus hijos en los concertados”, expresa Galvín, para quien no tiene sentido que las ayudas del Plan PROA, pensado para compensar desigualdades, se prioricen en este tipo de centros.
Galvín hace alusión al reciente
estudio de ESADE, Educación en la Sombra, que muestra la desigualdad existente en el acceso a las clases particulares y de refuerzo entre las familias de clase baja y las de clase alta, y mecanismos como el PROA venían a reequilibrar esta balanza. Según se refleja en el estudio de ESADE, solo un 30% de los hogares con menos recursos albergan a estudiantes que reciben clases particulares, mientras más del 60% de hogares ricos lo hacen.
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Para Galvín, la ausencia de estos fondos en los centros públicos va a tener efectos “devastadores”. “Vas a los centros públicos y te dicen que ya no tienen las clases de refuerzo que tenían antes. Esto es gravísimo”, zanja.
Colegios religiosos
Las ayudas recogidas en estas concesiones directas para colegios concertados son en su mayoría de aproximadamente 40.000 euros por colegio y, según indica la Comunidad de Madrid en sus bases, estos deben contar con, al menos, un 30% de alumnado educativamente vulnerable.
El Arzobispado de Madrid recibe 85.830 euros de los fondos Next Generation por dos centros: Nuestra Señora de Moratalaz y Nuestra Señora de Delicias
Entre las entidades receptoras de estas ayudas hay colegios laicos, algunos en zonas de alta renta per cápita como el colegio Kolbe de Villanueva de la Cañada y otros en zonas con menos renta como el Colegio Central en Usera. Además de centros laicos, 23 son centros católicos pertenecientes a entidades religiosas como la congregación del Amor de Dios (colegio Amor de Dios), las Hermanas Trinitarias, (Colegio Virgen del Remedio, Trinitarias de Alcorcón), las Hermanas Carmelitas Teresianas de San José, (Colegio Carmelo Teresiano) o el Arzobispado de Madrid, que recibe 85.830 euros por dos centros: Nuestra Señora de Moratalaz y Nuestra Señora de Delicias.
Independientemente del tipo de centro, Galvín remarca que estamos ante un tipo de educación excluyente. Así lo demuestra un
estudio realizado por la consultora Garlic B2B, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, FAPA Giner de los Ríos, y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE presentado en noviembre de 2022. En él se recoge que el 100% de los centros concertados de la Comunidad de Madrid analizados—115 centros que suponen un 20% del total— cobra cuotas a las familias (119,5 € de media mensual), en el 82% de los casos son obligatorias y la tasa de exclusión ante la imposibilidad de pago es la más alta de España (31%).
“Al Gobierno de España le pedimos fondos finalistas y con control, y no lo hay. Esto es una estafa, nos están robando el dinero de todos para dárselo a unos pocos, a unas empresas, y es dinero que viene de Europa”
Mientras, desde CC OO insisten en la necesaria y ausente actuación de fiscalización de los fondos Next Generation por parte del Gobierno central. “Ante esto, ¿dónde está el Ministerio de Educación?”, se pregunta Galvín. “Al Gobierno de España le pedimos fondos finalistas y con control, y no lo hay. Esto es una estafa, nos están robando el dinero de todos para dárselo a unos pocos, a unas empresas, y es dinero que viene de Europa”, sentencia.
La Consejería de Educación continúa sin aceptar las reivindicaciones en defensa de la Educación Pública.
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