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miércoles, 7 de septiembre de 2022

Un curso definitorio (Manuel Menor)

El regreso de vacaciones aventura un año de debates en torno a cuestiones que afectan de lleno a las vidas de todos.

A punto de iniciarse el otoño, además de la melancolía por el tiempo abierto del verano, preocupaciones perentorias condicionan  la recuperación de las rutinas ordinarias e insoslayables. 

Asuntos de difícil remedio 

Este año, después de tanto percance con los calores extremos, el fuego en 250.000 Has. quemadas, sequía persistente, escasez de agua potable en poblaciones, y mil quebrantos traídos por algunas DANAs de inédita violencia sobre tejados y cosechas, parece que, al fin, la idea del cambio climático  proporciona argumentos contundentes para asentarse en la conciencia colectiva. Quienes en los años setenta empezaron a mostrar que estaba en marcha siguen oyendo, después de más de cinco lustros predicando en el desierto, sermones negacionistas. Y tampoco todo este monte es orégano: los concienciados dicen haber vivido el verano más fresco de cuantos les queden por vivir,  avispados rentabilizan como  cosa de otros esta condición actual de la vida en la Tierra. 

Según avance el otoño, más complicado será todavía lo que espera a cuantos se desconcierten con la coyuntura económica. A dos horas de avión, una guerra de otra época devasta los bolsillos de todos cual mano misteriosa con los flujos y reflujos en el mercado de materias primas fundamentales en nuestra vida aburguesada, sobre todo en la energía indispensable para moverlo todo. Todo es más caro y acabará poniendo en cuestión muchos de los logros del bienestar diferencial que decimos tener respecto a otros ciudadanos del mundo; cuando la calefacción sea más necesaria, mucha gente se enfriará y es muy posible que un “otoño caliente” reviente este año costuras desacostumbradas. El arreglo no vendrá de que la ciudadanía se apriete el cinturón, es decir, tratando de desaprender lo que tanto le enseñaron, pero el esfuerzo que tuvo que poner volverá a ser, con el principio de realidad, el gran maestro de este difícil aprendizaje a que está sometida actualmente. 

Premoniciones de curso agitado 

En el estricto plano educativo de la educación formal, el próximo sábado profesores y familias afectadas por decretos comunitarios que parecen diseñados para que todos se sientan preparados para carecer de lo fundamental y se apañen como puedan, iniciarán en la Plaza de Neptuno de Madrid, a las doce de la mañana del próximo día diez, sábado, una de las primeras protestas de este curso, justo cuando está empezando. Niños y adolescentes, docentes de diversos niveles escolares, padres y madres, pondrán en solfa, una vez más, inequidades y descuidos que vienen de cuando la “pertinaz sequía” -antes de que se empezara a hablar del cambio climático- acentuaba el frío de las escuelas cuando las había. 

Salvo en leves aspectos, la pertinaz desatención prosigue. En Madrid, por ejemplo, donde según las estadísticas oficiales hay la renta per cápita más alta de España, todavía un tercio del alumnado tiene serios problemas, algunos de gran riesgo de exclusión, como detectan informes como los de FOESSA o SAVE THE CHILDREN desde hace años. Sin embrago, es donde menos se invierte en atención a la escuela de todos los ciudadanos. Ese tercio debe estar de más, cuando el Gobierno regional disminuye sistemáticamente las plazas públicas y dota, al mismo tiempo, a los colegios privados y concertados de privilegios como la ampliación de becas becas y plazas de este año. En la concurrencia de intereses de un mercado crecientemente desregulado, se añaden a retrasos y deslealtades del pasado con la red escolar pública, que han sido denunciados desde al menos los tiempos en que el cambio climático empezó a ser nombrado en los medios de comunicación. Estas actitudes hacen crecer el peligroso escepticismo político de muchos ciudadanos. La autosatisfacción de quienes no tienen problema alguno con estas historias no las compensa; la capacidad diferenciadora del lujo que la posición en las rentas más altas  les confiere respecto al común de los mortales, acrecienta con la brecha social. No debe extrañar que el resto desconfíe de un sistema con recovecos incontrolables, inalcanzables por la mayoría. 

Elecciones a la vista 

El debate entre los líderes del PSOE y PP en el Senado escenifica que se acercan tiempos de voto hacia el mes de mayo, y que este gran conjunto de problemas, con milagreras soluciones y componendas –muy aptas para el rifirrafe mediático del ya lo dije yo primero-, ya nutren el masajeo propagandístico con mensajes cruzados en que la libertad volverá a ser zarandeada con  combinaciones de la individualidad subjetiva opuestas a otras de mayor incidencia en la solidaridad comunitaria. Todos se dirigen a las “clases medias trabajadoras”, cuya ambigua posición social, según los gurús de campaña, decide el voto en el escenario político actual, sobre todo si les rebajan impuestos. Los excluidos, ninguneados con más distinción por la compañía de un creciente grupo de descreídos de este sistema, pintarán poco o nada, pero el riesgo de un mayor deterioro democrático no será halagüeño para nadie, como enseña la Historia del siglo XX. Lo dejó escrito en 1941 Erich Fromm, en El miedo a la libertad. 

Los males que arrastra, por ejemplo, una educación descuidada son narrados en Un tal Cangrejo (Madrid: Sexto piso), novela que visibiliza el “horror” que dejó entre los miles de “fracasados” de los noventa; en la escuela por donde pasaron, su crecimiento personal se perdió entre formalidades que los marginaron hasta hacerlos  creer que lo sabían todo sin haber logrado nada.  El autor denuncia cómo su estética, lenguaje y maneras, causaron estragos y violencias que amargaron muchas vidas.  No obstante, aquella contracultura, fascinadora de los más jóvenes desde los años setenta, parece el modelo que, con fanfarronería insultante, desmantela desde Consejerías como Educación y Sanidad, los restos de un Estado de Bienestar. En los ambientes frágiles, este rupturismo de mucho vocerío castizo acelera el conflicto; la acción social del Estado nunca alcanzó en España el peso que, desde el final de la IIGM, tuvo en Francia o Alemania. Siempre han tenido crédito quienes no ven rentable superar la caridad o beneficencia decimonónicas; quienes crean que la Sanidad, Educación, Agua o Energía son derechos principales de todos, pronto se los arrebatarán si no pelean por defenderlos. 

MMC (Madrid, 06.09.2022)

jueves, 24 de septiembre de 2020

Clamores (Manuel Menor)

 La COVID-19 también muestra de qué nos han privado

No solo evidencia carencias evidentes; peor problema es que quieran hacernos ver que solo son responsabilidad nuestra. 

No sabemos si un ciego guiando a otro ciego hará que los dos caigan en el hoyo; es muy probable que alguien diga que es perverso fijarse en esas cosas cuando luce el sol y se puede ver el cielo azulado. Lo peor es que nos parezca indiferente y que siempre tengan excusas para no hacer a tiempo lo que debían haber hecho, ahora que se les acumulan todas las carencias, mientras los problemas les estallan en las manos o están en grave riesgo de provocar algo peor. 

El SHOCK 

Los últimos acontecimientos de Madrid –como los de muchos otros territorios-siempre muestran la misma improvisación y, al final, prisas por aparentar que se está con una preocupación inmensa por arreglar lo que ya no tiene solución o es excesivamente complicado que la tenga. Larra ya se quejaba en los años 30 del siglo XIX, de que siempre estuviéramos “en los principios”, haciendo como que hacíamos y dejando las cosas un poco oscuras, “para poderlas aclarar mañana. ¡Ay de aquel día –decía- en que no haya nada que hacer, en que no haya nada que aclarar!” 

Que los hospitales madrileños estén al borde del colapso, ya era sabido cuando tanto aplauso rondaba los balcones y los sanitarios clamaban por una atención primaria bien atendida y una mejor dotación de profesionales. A poco que se mire cualquier hemeroteca digna, se podrá contrastar esa reclamación con alabanzas gloriosas a la “mejor sanidad del mundo” mientras se desnutría su red pública y se engordaban un suculento negocio de intereses privados que, para colmo, daría beneficios patrióticos a capital extranjero. 

Que en 1977 los Pactos de la Moncloa constataran un fracaso enorme en lo que había sido la atención proporcionada a la educación, parece haberse satisfecho con que hayamos escolarizado, veinte años más tarde, a todos los chicos y chicas menores de 16 años veinte años. Nos hemos cansado y le arregla poco al 25% de esa población, que –como decía en julio el presidente del Consejo Escolar del Estado- no logra titular a tiempo en la ESO. Save the Children, es más radical, pues habla de un 28,3% de población infantil que, en riesgo de exclusión, pone en cuestión la supuesta equidad educativa que pregona la CE78. ¿Es bastante educarles en el semianalfabetismo que denotamos leyendo en el móvil, pero sin discriminar una engañosa información? 

Con la Covid-19,  la doctrina del Shock, que desmenuzó Naomí Klein en 2007, está mostrando, por una vez a los ojos de todos, que no funciona la mano “invisible del mercado”. Bien  ha podido ver todo el mundo cómo se colapsa a la mínima y, en situaciones como la actual, clama para que el patrimonio de los presupuestos de todos la ayuden en sectores estratégicos. No es un placer constatar que las escasas protecciones que después de la segunda Guerra Mundial nos hemos ido dando, muy mediatizadas en España, han tenido gran preocupación, especialmente en estos 20 años últimos, en erosionarlas con bloqueos diversos de la justicia distributiva, obstáculos a controles administrativos serios y mucha decisión privatizadora. 

La presencia de este virus rampante –de momento en 30 millones de personas-, y con una segunda ola llegando bien crecida hasta donde no hay mar, colapsa la vida que se ha vendido como la mejor del planeta justo ahora, después de que se ha erosionado tanto el bienestar  común. Tan flaco lo han dejado que parece que ya solo fuera posible para quienes antes, y antes de antes, vivían bien. Invocando la segregación, la diferencia absoluta, las multas controladoras y los confinamientos sociales -tan del siglo XIX, de las novelas de Dickens-, provocan un individualismo feroz y apático como entonces y, como solución única, una beneficencia caritativa, absolutamente corta.  Con la vuelta al quietos, parados y mucha responsabilidad personal, pretenden conjurar toda  revisión crítica y que no nos fijemos en cómo han preferido desocuparse de lo que los ciudadanos necesitan para remediar sus carencias. 

¿JUNTOS: A DÓNDE? 

Al guionista de esta serie se le ha ido la mano en el clímax. Es lamentable que, desde marzo –si no desde antes-, quieran dar ahora la imagen de que iremos mejor si vamos juntos y entre mucha bandera. Su lentitud y lo que ayer no dijeron a la ciudadanía no los hace creíbles cuando más crecido está este lío. Quisieron dar la impresión de que todo iba a ir mejor sin remover cuanto ha facilitado llegar a la peligrosa incertidumbre de este momento. Esperemos que, en los capítulos que sigan, dejen de marear la perdiz y muestren gestos más convincentes. Una de las guindas que –en medio del espectáculo- soltó la señora que dice mandar en Madrid, fue que necesitaba 2.500 policías más; parece tener prisa por llegar pronto a los tiempos del siglo XIX en que el Estado era de cuatro, defensores como mucho del voto censitario: ya poco queda por vender en esta Comunidad.

De momento, en otro de los sectores fundamentales de una sociedad democrática, la Educación, los sindicatos que tenían convocada huelga de docentes para el día 22 y 23 de este mes para denunciar carencias que la pandemia ha hecho acuciantes en cuanto a profesorado, instalaciones y obligaciones que ven difíciles de cumplir, no la han desconvocado, pese a que va a ser muy dura. Puede que la Administración crea que lo arregla con la obligación que les han impuesto de prácticamente el 100% de servicios mínimos y una renovada apelación a la “vocación” eterna del profesorado y los maestros; sería un laudable ejemplo cívico de responsabilidad. ¡Suerte para sortear las apariencias en medio de tanto simulacro! ¡Suerte, también, para que las catástrofes que venimos trabajando durante años den tregua al desánimo colectivo! 

Manuel Menor Currás

Madrid,  22.09.2020.

 

Covid-19.- Confinamiento.- Doctrina del Schck.-Responsabilidad individual.- Gestión colectiva. 

domingo, 14 de junio de 2020

¿ACUERDOS? (Manuel Menor)

¿Hacia dónde vamos?

Sesiones del Congreso de Diputados como la del miércoles 10, dan una idea de la situación en que nos encontramos, con la Covid-19 como pretexto.


De cara al futuro inmediato, sería una lástima que todo quedara en puro fuego de artificio cuando queda por delante la difícil tarea de reconstruir lo estropeado y, sobre todo, recomponer una productividad de mejor eficiencia que la que había.

Tensión

Los grupos políticos, mucho más que la calle, muestran impaciencia por mostrarse conocedores de la situación; tan mejores que los demás que se emplean a fondo en acusar al adversario. Verdad es que no son iguales en esta escalada de la confrontación y, en el teatro del despiste, quienes observamos la comedia, el drama o el vodevil –depende de la sesión-, haremos mal en concluir que son todos iguales, o en quedarnos en el falso equilibrio de dar a todos la razón. Esa sí que es farsa, dejarse convencer de que nos da igual una cosa y la contraria en vez de reflexionar por cuenta propia.

Hay personas en el Congreso –como en otras partes- diseñadas para entorpecer y, si pueden, dañar: que no salgan adelante determinadas propuestas porque ellos tienen otra mejor: dejar que todo se pudra. Si ellos y la gente que representan están bien, qué les importan los demás; subvierten las razones de la existencia del Estado, porque no lo necesitan. Todo ciudadano que se sienta tal, rodeado de otros ciudadanos en la tarea de convivir, sabe que no los hemos elegido para la pelea o para mostrar quién es más exhibicionista de títulos y subtítulos curriculares falsos. Los hemos elegido para que se aclaren con los problemas, no para que se tiren los muertos o los viejos a la cabeza y para darnos la murga con sus egos ingeniosos; ya está bien de palabra corta e idea floja. En días así, el Congreso no llega ni a patio de colegio aburrido, en que el juego consiste en ver quién se rompe la crisma antes. Los gallitos de pelea debieran dejar el patio y dejarse invitar a un café… tila o lo que sea; puede ser un remedio para los más gritones.

¿Acuerdos?

Capaces son, si quieren, de dar alguna alegría al vecindario, no dar la tabarra tocando la cacerola y ponerse de acuerdo en asuntos que importan. Puede que pronto saquen adelante la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, un segmento social contra el que, solo en 2017, se cometieron más de 38.000 delitos y siguen creciendo. Ayer, también, estuvieron casi acordes en cuanto al Ingreso Mínimo Vital, un paliativo que, si no le ponen demagogia -en este maniqueísmo del blanco y negro permanente-, atiende a una parte de quienes más lo necesitan y cumple con la obligación –constitucional- de que todos tenemos derecho a la vida.

No quiere decir que ya esté toda la “cuestión social” arreglada, aunque a algunos les entre la tentación de contarlo así. No. La pobreza y el mal reparto de la renta que se produce en España o en cualquier parte del mundo, sigue siendo un gran problema, definitorio de la calidad política que cualquier país es capaz de demostrar sin palabrería. El tabú conservador -de quienes siempre han controlado el Estado y fuera del Estado- es sentirse dueños de todo y que no se les toque su propiedad. Antes fue el Feudalismo, donde cuatro aristócratas se repartían el pastel, mientras los siervos de la gleba hacían rentables sus feudos; después de 1789, todos pasamos a ser “iguales ante la ley”; algo era algo, pero el problema siguió siendo quién ponía la ley y los jueces; y los pobres –ahora ya no tan motivo de piedad como otrora- estorbaron más porque empezaron a pedir mejores salarios y condiciones de vida, en igualdad.

Así empezó “la cuestión social” y ahí sigue reclamando atención: un mundo sin distinciones para tener lo básico para vivir, sobrevivir y tener todos esperanza, no solo unos pocos. La situación del confinamiento ha sido ocasión para ver cuánto está pendiente por hacer; lo que acaba de ser aprobado en el Congreso se parece, un poco, a lo que en 1848, para solucionar la pobreza sin que nadie se sintiese deudor de nadie, se pedía en Francia, la tierra de la política democrática: trabajo para todos.

Vuelta al cole

Hoy lo hablarán en plan de cogobernanza. Si aprenden a hacerla bien será beneficioso para todos y, de modo especial, para las nuevas generaciones. Los que ya vamos de retirada tenemos mala experiencia de cómo nos han cuidado; hemos acumulado suficientes frustraciones, apariencias, prisas y componendas, para poder decir que nada de lo que hoy se reclama como necesario debería estar en la agenda de lo que falta por hacer; ahora, cuanto no se ha hecho debidamente se acumula a las urgencias sobrevenidas y ver si tapamos el desnudo en que nos ha puesto esta pandemia. Hemos visto el roto de la Sanidad y el de las residencias geriátricas, y a nadie consuelan grandilocuentes bobadas como “tenemos la mejor sanidad del mundo”. ¡Ojalá no hagan lo mismo en el renqueante sistema educativo!

De aquí a septiembre –el mismo tiempo que llevamos confinados- será urgente solucionar lo más perentorio del qué hacer con los niños y niñas. De poco servirá si no sabemos cómo disponer la intendencia, la logística, los profesionales y las infraestructuras adecuadas. La presencialidad, la limpieza, la sanidad, la digitalidad andan por medio, pero todo será despiste falso si no sabemos qué educación queremos y para qué la queremos: si con la misma dignidad para todos o para unos pocos; con mucha tableta electrónica o buen profesorado; con mucha participación de las comunidades educativas o solo con unos pocos que saben más que nadie.

Es muy probable que se reproduzca aquí –una vez más en nombre del bien- el guirigay que menudea en el Congreso; a la luz de lo oído estos días, es probable. Pero ojalá que, al menos, los consejeros y la ministra sean capaces de llegar, también en Educación, a algo parecido al Ingreso Mínimo Vital. Sería un gran logro histórico. Los datos reales del sistema socioeducativo indican, para empezar, que uno de cada tres de nuestros niños españoles está en riesgo de exclusión, situación muy difícil para que esperen algo de la escuela, cuando es el único modo que tienen para salir adelante; desde antes de haber nacido, parecen condenados a la desesperanza.

¡Suerte en este periplo!

Manuel Menor Currás,
Madrid, 11.06.2020

martes, 11 de febrero de 2020

Educación 0-3, refuerzo escolar, segregación escolar y becas, apuestas de Save the Children frente a la pobreza infantil (Pablo Gutiérrez del Álamo para eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Pablo Gutiérrez del Álamo para eldiariodelaeducacion.com

La ONG publica un informe sobre las familias con hijos al cargo y su situación en relación a la pobreza. Las familias monomarentales o aquellas en las que vive alguno de los abuelos son las que tienen más riesgo de exclusión social.
5/2/2020

Tener hijos es, hoy día, una posibilidad importante de engrosar las listas de población que se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza. Cuando esa familia es monomarental (ellas son mayoría) estas probabilidades se multiplican. Aunque esta realidad no es nueva. Ya la EAPN la hacía notar en su informe sobre el estado de la pobreza publicado en 2017.

Ahora Save the Children amplía los resultados recogidos en su momento en el informe Familias en riesgo, presentado esta misma mañana.

Soluciones
De las diferentes peticiones que la organización de infancia hace para mejorar la vida de las familias con menores al cargo, cuatro las dedica a la educación, bajo el paraguas de garantizar la igualdad de oportunidades, la calidad y la equidad, además de la lucha contra el abandono escolar temprano.

La universalización, progresiva, de la oferta de educación infantil de 0-3 es ya un clásico cuando se habla de la mejora de la equidad y de la igualdad de oportunidades de las poblaciones que se encuentran en peor situación social y económica. Es, de hecho, uno de los puntos del acuerdo del gobierno de coalición del Gobierno de coalición que ocupa Moncloa desde hace algunas semanas.

A esta petición, se suma el aumento de los programas de refuerzo escolar, mediante tutorías personalizadas, para menores en riesgo de abandono escolar. Todavía España ostenta uno de los récords de abandono escolar prematuro de Europa que, aunque ha bajado, se encuentra en el 17%. Aunque estamos cerca del objetivo europeo para España del 15% (el resto de la Unión debe alcanzar el 10%) para este mismo año, no parece posible que se consiga disminuir este porcentaje en dos puntos a lo largo de 2020.

El combate de la segregación escolar forma parte del tercer punto que Save the Children pone sobre la mesa. En los últimos meses sobre todo, España se ha visto señalada por ser uno de los países en los que mayores grados de segregación escolar hay. Madrid, tristemente, es la región de toda la Unión Europea que más segrega a niños pobres de niños con mejor situación económica. De hecho, según los datos de PISA, habría que «mover» al 30% del alumnado de la región para poder equilibrar esta situación de división.

Además de la lucha contra la segregación (que hace que se perpetúe las situaciones de desigualdad una vez terminada la escolarización), la ONG apuesta por la mejora de las actividades para los estudiantes de entornos desfavorecidos.

Finalmente, Save the Cildren apuesta por un diseño más equitativo del sistema de becas y ayudas. Hay que recordar que este sistema está basado en los resultados académicos de los estudiantes, lo que ha supuesto que en los últimos años, aunque ha aumentado el presupuesto, han disminuido las cuantías a las que estos tienen acceso.

Tipos de familias
Save the Children ha utilizado la información recogida por el INE en su Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 y 2018 para analizar los tipos de familias existentes en España, así como para saber cuáles son sus características y en qué situación se encuentra cada una.

Seis son las categorías: familias trabajadoras pobres en grandes ciudades (21.600), familias monomarentales (56.000), trabajadoras migrantes (85.300), de clase media alta (300.000), familias en las que conviven los abuelos, madre y padre y sus hijos (688.000) y, finalmente, las familias de clase media (casi 4 millones).

Salvo las familias de clase media-alta y las de clase media, el resto se encuentran en mayor o menor grado en situaciones de precariedad económica. Unas más que otras. Las monomarentales y aquellas en las que viven los abuelos son las que tienen mayor precariedad, seguidas de las familias trabajadorras de origen migrante y las trabajadoras pobres de grandes ciudades.

En común tienen el hecho de que sus salarios son demasiado bajos y que no tienen niveles de estudios superiores. De hecho, en muchos casos el porcentaje de adultos que han terminado la secundaria obligatoria es bastante bajo.

Propuestas
Además de las propuestas relacionadas con la educación, Save the Children ha lanzado una batería de medidas para paliar las situaciones tan complicadas que se viven en algunos hogares. Incrementar la prestación por hijo al cargo hasta los 100 euros, aumentar la cobertura hasta el total de menores en situación de pobreza severa, revisar el cálculo de renta para el acceso a las prestaciones restando del actual los gastos en vivienda (de hipoteca y alquiler) cuando superen el 35% de los ingresos mensuales serían algunas de ellas.

Dada la situación de las familias monomarentales (la inmensa mayoría tienen una mujer al frente), la ONG les dedica algunas medidas específicas como el aumento de maternidad a un año con retribución del 100% durante este periodo; el aumento de los periodos de cotización por excedencias para el cuidado de los hijos (a 15 meses en general y 18 para las monomarentales) o la ampliación del tiempo de reserva de plaza por cuidado de hijos (a 15 meses en general y 18 para las monomarentales).

Otras medidas propuestas por la ONG pasarían por un incremento de la inversión pública en políticas de apoyo a la famlia y la infancia hasta acercarnos a la media de inversión europea del 2,4% del PIB, la mejora del diseño de los permisoos de maternidad y paternidad o nuevas medidas en relación a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Con todas las medidas propuestas, Save the Childdren pretende mejorar la situación de niñas y niños que nacen en hogares en situación de pobreza y exclusión social (el caso de dos millones de menores en Esapaña) de cara a que esta situación no se perpetúe de generación en generación.

sábado, 1 de febrero de 2020

Madrid, epicentro de la educación excluyente (Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com)

Artículo de Sara Plaza Casares publicado en elsaltodiario.com

Profesorado especializado saturado, sobrerratio de alumnado atendido: la administración madrileña mantiene la atención a la diversidad bajo mínimos. Familias y profesionales se organizan para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños con necesidades especiales.

El hijo de Irene Ramos ha estrenado tercero de Primaria con una mochila de libros llenos de colores, esquemas y elementos visuales. En su clase los profes han hecho piña para adaptar todos los contenidos. El pequeño sacrifica sus tardes de juegos para ir a un logopeda privado y, gracias a todos los esfuerzos, no pierde ritmo por el momento. Este año, por primera vez desde que entró en el CEIP Pi i Margall de Madrid, no cuenta con la profesora de Audición y Lenguaje (AL) a su lado.

Al menor le diagnosticaron Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) con tres años. “Mi hijo tiene muchas dificultades para seguir una explicación en clase, todo lo que sea emisión y recepción de un mensaje le cuesta mucho. La figura del profesor de AL es fundamental para él porque le ayuda a comunicarse”, explica esta mamá a El Salto. Cuenta Irene que, mientras en el curso pasado contaba con nueve sesiones semanales con el maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) y tres con el de AL, este año tiene tres sesiones con el primero y, con el segundo, cero. Los maestros y maestras de PT se encargan de revisar las necesidades especiales del alumnado, asesorar en materiales curriculares adaptados, apoyar a los y las profesoras, y proporcionar atención personalizada. Mientras, los profesionales de AL se centran en el ámbito comunicativo y lingüístico.

Ramos asegura que su hijo necesita los dos perfiles profesionales para conseguir una educación 100% inclusiva y no ha dudado en liderar una recogida de firmas exigiendo los derechos recortados. También participó activamente en una manifestación organizada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. El pasado 5 de noviembre la comunidad educativa madrileña se echaba a la calle “por una escuela inclusiva, en contra de los recortes”.

En el Pi i Margall, otros 15 niños y niñas se ven afectados por la ausencia de esta figura profesional. Y saben que no son los únicos, pues, tal y como aseguran familiares, profesionales y sindicatos, la atención a la diversidad permanece congelada en las escuelas madrileñas. “En septiembre, la Dirección del Área Territorial Centro [DAT Centro] comunicó al jefe de Estudios que este año nos quedábamos sin AL, pues hay menos de 25 niños con necesidades especiales. Hay alumnos con autismo o con parálisis cerebral que están sin este derecho. Nosotros decimos que con que solo haya un niño que necesite clases de Audición y Lenguaje, ya son necesarias”, se queja Ramos.

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CONGELADADesde la FAPA Giner de los Ríos denuncian que los equipos de Atención a la Diversidad llevan con el mismo número de profesionales desde hace tres años, mientras que los niños y niñas con necesidades educativas especiales aumentan cada año. Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de esta organización, recurre a los datos oficiales para fundamentar esta aseveración. Según las ratios marcadas en la legislación —que data de 1990—, un PT debería tener hasta 12 alumnos con necesidades especiales y un AL, 25 alumnos. Pero las cifras no dan y las sobrerratios son una constante.

“La atención a la diversidad es un derecho de todo el alumnado y corresponde a las administraciones educativas asegurarlo. Esta atención puede ser necesaria por dificultades específicas del aprendizaje, por trastornos en el déficit de atención, por altas capacidades… pero también puede ser necesaria si el alumno se ha incorporado tarde al sistema educativo o por circunstancias personales transitorias. Todo el alumnado necesita estos recursos para poder alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales porque todos pueden requerir estos apoyos en un momento determinado y no hay para cubrir la demanda”, cuenta Morillas.

Un estudio realizado por CC OO refrenda esta situación. Con una muestra de más del 84% de centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la región, el análisis concluye que el 72% del alumnado con necesidades educativas especiales está afectado por una ratio excesiva ya que, basándose en lo que exige la legislación, faltan 626 profesionales: 385 PT y 241 AL.

En la actualidad, el número de alumnos con necesidades educativas especiales asciende a 19.378 y casi 14.000 son atendidos en condiciones de superpoblación y sin el trato individualizado que requiere cada caso. “Las cifras ponen de manifiesto la situación de alarma en la que se encuentra la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid, que sufrió en 2011 un recorte presupuestario de
un 30% que aún no se ha revertido”, aseguran desde CC OO.
COMIENZO DE CURSO
El curso 2019—2020, el primero con Isabel Díaz Ayuso a los mandos de la Comunidad, comenzaba con un sobresalto entre el profesorado. Un audio circulaba por WhatsApp en el que una maestra relataba la experiencia de una compañera de AL que había recibido órdenes de atender solo a alumnado con TEL, restringiendo así este derecho al resto de menores que lo necesitan. Las órdenes, que supuestamente venían de la DAT Centro, habían sido transmitidas de manera oral y se temía que fueran nuevas directrices que acabaran fijándose de manera general. La Comunidad de Madrid, reunida con CC OO que pedía cuentas a este respecto, hablaba de “bulo”, mientras profesorado,  madres y padres comenzaban a ponerse en alerta.
En la actualidad, el número de alumnos con necesidades educativas especiales asciende a 19.378 y casi 14.000 son atendidos en condiciones de superpoblación y sin el trato individualizado que requiere cada caso

“Ha podido ser un globo sonda para ver por dónde irían las reacciones. Esas cosas no se escriben nunca, quedan como órdenes internas. En el centro en el que atiendo a 17 alumnos tengo solo dos con ese diagnóstico ¿con cuántos centros me tendrían que compartir?”. Sandra S., profesora de AL, como la mayoría de las profesionales, comparte su labor en dos centros; en uno atiende a 25 menores y en otro a 17. A uno va tres días, a otro dos. Un total de 42 alumnos —recordemos que la ratio es de 25 por profesional— a los que no puede dar una atención personalizada.

“En el cole al que voy tres días hacemos agrupamientos de tres y cuatro alumnos por curso, edad y necesidades educativas. Doy dos sesiones de 45 minutos a la semana y luego hay un grupo de cuatro que recibe una tercera sesión donde trabajamos habilidades sociales. Y en el otro centro, como solo voy dos días, solo tienen una sesión”, describe quien añade que su función es trabajar toda la parte comunicativa y lingüística, trabajar la atención, la memoria, ampliar el vocabulario o trabajar las oraciones. “Atendemos también problemas de interacción con los compañeros. Partimos de la base para poder alcanzar lo curricular. Por ejemplo, niños y niñas que te hablan solo en presente no pueden trabajar los tiempos verbales. Nuestro objetivo es afianzar estos requisitos para avanzar curricular, social y emocionalmente”.

Cristina, también profesora de AL, comparte su labor en dos colegios que pertenecen a dos distritos diferentes. Se queja de que antes su plaza era compartida entre dos colegios que estaban próximos y ya lo ha denunciado ante la inspección educativa. “Nos están apretando las tuercas. El objetivo es eliminar nuestro puesto de aquí a unos años. Esto es parte de la ideología del gobierno y se llegará a externalizar y privatizar la logopedia. En algunos colegios tienen servicios de logopedia que atienden por las tardes y están subvencionados por la Comunidad de Madrid”, cuenta esta maestra, que tiene 39 alumnos y alumnas, totalmente fuera de ratio.
NECESIDADES SIN DETECTAR
Los encargados de detectar las necesidades especiales entre el alumnado son los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Entre sus funciones está adoptar las medidas de adaptación a la diversidad en cada centro y determinar la modalidad educativa y la propuesta de escolarización que consideren más adecuada en función de las características del alumnado y de los recursos del actual sistema educativo. “Por ejemplo, si no hay recursos para atender a los alumnos con autismo, que es lo que está pasando ahora, les mandan a la especial. Si hubiera los recursos, en los centros ordinarios podrían estar perfectamente”, explica Mari Carmen Morillas, de la FAPA Giner de los Ríos.

Morillas asegura que estos equipos tampoco han crecido en estos últimos tres años. “En la zona sur de Madrid tenemos orientadores que tienen asignados más de mil alumnos y alumnas, profesionales que están de manera itinerante por los colegios. La UNESCO recomienda un orientador por cada 250. ¿Qué atención puede recibir este alumnado? Hay alumnos y alumnas que están en lista de espera para ser valorados y terminan Primaria sin valoración”, destapa mientras añade que, debido a esta situación, probablemente haya muchísimos más menores con necesidades educativas especiales que los diagnosticados.

A los problemas con los que ha comenzado el curso 2019/2020 para el alumnado con necesidades educativas especiales, en diciembre se ha sumado otro conflicto laboral. Los asesores y asesoras sordos especialistas en lengua de signos de la empresa CILSEM, contratada por la Comunidad de Madrid para atender a las y los alumnos sordos, decidían ir a la huelga el día 11, sumándose al paro que comenzaron en octubre los intérpretes de lengua de signos.

Los trabajadores y trabajadoras denuncian que la empresa adjudicataria debe cinco meses de sueldo y una subida salarial por convenio a este colectivo. Prometieron subrogar a la plantilla en una empresa capaz de hacerse cargo de las deudas contraídas, pero eso aún no ha sucedido, tal y como denuncia el comité de empresa. La Comunidad de Madrid niega cualquier responsabilidad al respecto, mientras las niñas y niños que necesitan este recurso van a clase sin traducción disponible.

Para la comunidad educativa, detrás de esta precariedad en la educación inclusiva están, por un lado, los recortes y la apuesta por la privatización de servicios, y por el otro el fomento de “una educación segregadora”. “Quieren derivar a todos los niños y niñas a educación especial, quieren segregación. No les entra en la cabeza que las clases son diversas, que tienen que ser una mezcla de todo. Ya basta de mundos paralelos”, denuncia Irene Ramos. Ella no va a parar hasta que su hijo recupere a su profesora de AL. “Estamos a diciembre y mi hijo sigue sin ella. Un día ya es mucho, pues imagínate meses. Tengo la sensación de que esto va a ir a más, pero mi hijo es igual que todos, aunque le cueste más y aunque a ellos les interese separarle”.

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lunes, 27 de enero de 2020

Libertad de elección de centro y segregación escolar (Julio Rogero en eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Julio Rogero en eldiariodelaeducacion.com

Cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión.
21/1/2020

Estamos en plena cruzada de la derecha, la iglesia, la clase media y el empresariado con intereses en el negocio educativo, de defensa de la enseñanza concertada con la bandera del derecho a la libertad de elección de centro y de la demanda social. Este tema es de vital importancia en las políticas educativas que se pueden estar diseñando para el futuro en nuestro país y por las consecuencias que tiene en la construcción de una sociedad democrática más justa y equitativa. Los dos polos que quiero analizar brevemente son “la libre elección de centro” y “la segregación” que produce.

Para poder realizar este análisis creo que es necesario tener en cuenta el contexto en que se desarrollan, para poder explicarnos y comprender mejor lo que está pasando. Considero que “la libertad de elección” es uno de los mecanismos básicos que sustentan este modelo dominante de segregación y exclusión en nuestras sociedades. Estos son algunos aspectos que podemos tener en cuenta para saber en qué mundo estamos: el dominio del modelo de sociedad y de educación neoliberal; el poder del mercado de producción y consumo; el ataque a los derechos humanos, íntimamente ligados al desprestigio de lo común, lo colectivo y lo público; el aumento de la desigualdad; la valoración de que la educación es un nicho de negocio nada despreciable; por eso el bien de la educación, que no el derecho, se vende en el mercado y lo compra quien lo puede pagar. Se trata de convertir los centros educativos en empresas que obtengan el máximo rendimiento en el mercado de la educación. Toda esta dinámica se desarrolla mediante determinados mecanismos: la demostración de que es necesario el desarrollo de un mercado de la educación eficaz, eficiente y competitivo, porque la educación pública no es nada de esto; la nueva gestión empresarial (NGE) concretada en el espacio público a través de la nueva gestión Pública (NGP); la alianza público-privado que haga posible la penetración de lo privado en lo público por diversos mecanismos: privatización de determinados aspecto de la vida escolar, la presencia programada por la propia administración de diferentes empresas de servicios, tecnológicas, de IA…; presencia y apoyo a la innovación educativa promocionada en el espacio público por la filantropía empresarial a través de sus fundaciones (BBVA, Telefónica, COTEC, Apple…). Todo lo anterior está en el trasfondo de los argumentos de quienes defienden la falacia de la libertad de enseñanza identificada con libertad de elección de centro.

Los defensores de la libertad de enseñanza, identificada con la libre elección de centro, alegan diferentes justificaciones de su posición: es un derecho constitucional; corresponde a las familias la educación de sus hijos; es necesario que estas pueden elegir el centro que quieran sin ninguna cortapisa, por eso defienden la zona única de escolarización; entienden que en la escuela pública se adoctrina a sus hijos y en la concertada no; exigen, en nombre de esa libertad de elección, que se financien y se sigan financiando sus escuelas con dinero público. Dicen que los resultados son mejores que en la escuela de titularidad pública.

Podemos partir de la idea y la realidad de que “la libertad de elección de centro” no es un derecho y no está contemplado en la constitución en el art 27 (Lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de junio). Sí lo son la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros. Pero no hemos de olvidar que esto no implica que se deba financiar con fondos públicos dicha libertad, como desde hace mucho tiempo nos quieren hacer creer los que defienden los intereses de las empresas de la enseñanza privada.

La libertad de elección de centro la justifican y defienden quienes tienen intereses económicos, sobre todo, e ideológicos. Además es una libertad que solo la pueden practicar unos pocos: los que la pueden pagar, los que se pueden desplazar, los que quieren que sus hijos se mezclen con los de su clase y no con todos, los que quieren preservar un capital cultural que les sitúe en condiciones favorables para competir en el mercado de trabajo y de consumo, los que quieren que sus hijos se relacionen con quien les pueda garantizar éxito en el futuro, los que quieren situar a sus hijos en un estatus superior de dominio social.

Las familias creen que son ellas las que eligen los centros para sus hijos. En la realidad son los centros los que seleccionan a su alumnado de diversas maneras: ubicando sus centros en los barrios y zonas de clase media, media-alta y clase alta; seleccionando por capacidad intelectual que garantice al centro el éxito en la competitividad por los resultados; expulsando a los que ponen en riesgo el éxito del centro por su bajo rendimiento; aceptando a los que tienen recursos que les garanticen el negocio y la estabilidad económica; acogiéndose a proyectos que convierten en oportunidades para segregar y seleccionar a sus clientes (bilingüismo, innovaciones que cuestan dinero, servicios especiales…).

El diccionario de la RAE nos dice que segregar es: “Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”. Así pues “segregación” es separación y afecta a todos como segregadores-marginadores (incluye a todos los que son-somos conniventes con la realidad de la segregación) o segregados-marginados. Así se crean centros de enseñanza para ricos (privados, concertados, y algún centro de titularidad pública que se mimetiza con la escuela privada) y uno de sus efectos más perniciosos es que éstos no sabrán convivir con los demás y no aprenderán los valores humanos más elementales (solidaridad, respeto, compasión, empatía…), porque nunca se relacionarán con los otros; los hijos de los estratos sociales bajos serán segregados en centros para ellos en sus propios barrios-gueto (el llamado “efecto barrio” en las actuales ciudades globales) y serán ignorados en las políticas socioeducativas, con frecuencia será en centros gueto de titularidad pública; son las escuelas para pobres. No olvidemos que la segregación se puede dar por diferentes motivos, pero el factor más importante es el económico, que se suele ocultar, siendo clave como mecanismo de segregación encubierta, como nos muestra el informe de Save the Children sobre este tema “Mézclate conmigo” de abril de 2019.

La segregación escolar es una realidad constatable en los datos y en la cotidianeidad de la vida de los centros educativos (ver Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido). Estos procesos de exclusión responden a un modelo educativo que estructuralmente se concreta en un sistema educativo que es segregador por la propia naturaleza del sistema socioeconómico en que se desarrolla.

Está demostrado que hay una relación directa entre libertad de elección de centro y segregación escolar. La libertad de elección de centro es una realidad para los que la pueden pagar y eligen la red privada no concertada, cueste lo que cueste. La red privada concertada es la que, financiada con dinero de todos, suele jugar sucio seleccionando a su alumnado, ataca de todas las formas posibles cualquier política educativa que quiera poner límites a su próspero negocio. Ahí tenemos dos hechos que últimamente han mostrado con mayor evidencia esta realidad: la declaración de la ministra de Educación en el último congreso de las escuelas católicas de noviembre de 2019. Éstas pusieron el grito en el cielo cuando la ministra diferenció “libertad de enseñanza” de “libertad de elección de centro”, porque entendían que esta diferenciación implicaba un cuestionamiento de los conciertos educativos. Otro hecho fue la propuesta del Ministerio de Educación de escolarizar en centros ordinarios al alumnado de centros de educación especial susceptibles de ser atendidos adecuadamente en los centros ordinarios. Entonces los centros privados concertados de educación especial denunciaron y se organizaron para defender la segregación de ese alumnado y mantenerlos en sus centros para seguir manteniendo su negocio sin tener en cuenta la realidad de ese alumnado. Todos ellos anuncian movilizaciones, contra las posibles decisiones en política educativa del nuevo Gobierno, para defender tanto la libertad de elección como la concertación de los centros de educación especial tal y como están hoy. No voy a entrar en cómo se está dando ahora un paso más, con la disculpa de la libertad de elección y la propiedad de los hijos en la destrucción y el control de la escuela pública, la eliminación del pluralismo y la aniquilación de los derechos de la infancia. Este análisis lo hace Jaume Carbonell en otro artículo en este mismo número del Diario de la Educación.

Se apela a la demanda social de educación privada concertada. Es verdad que hay una demanda social creciente a medida que las propias políticas públicas de las administraciones, ocupadas para poner lo público al servicio de los intereses privados, se están encargando de deteriorar la calidad de la escuela de titularidad pública. Así la desprestigian haciendo creer que la escuela privada es de superior calidad. Algo que no es real. El propio Informe PISA de 2018 (publicado el 3 de diciembre de 2019) nos dice que la escuela pública obtiene resultados similares (un poco mejores) que los centros privados cuando se dan condiciones semejantes. Con los conciertos educativos las clases populares financian la educación de las clases medias y altas y se reproduce con dinero público la segregación escolar y la desigualdad social.

Es necesario tratar temas que se suelen eludir al defender el derecho absoluto de las familias a la libre de elección de centro. Son cuestiones centrales que están siempre en el trasfondo de este tema. Entre otros están: la relación derecho a la educación mercado de la educación, sociedad de clases y escuela segregadora, la relación de la escuela pública con la privada, la subsidiaridad entre ellas, relación inclusión-exclusión, relación equidad escolar y desigualdad económica y social, libertad de educación y adoctrinamiento, modelo de escuela pública-modelo de escuela selectiva y segregadora, educación crítica para la emancipación y educación adoctrinadora para la sumisión…

Algunos optamos claramente por defender una escuela pública que haga innecesaria la falacia de la libertad de elección de centros porque entendemos que cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión. Sencillamente porque creemos que ese modelo de escuela pública es el de una sociedad justa basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad humanas. Es una escuela que respeta y practica la libertad de enseñanza para todos, la justicia social y escolar, la equidad y el respeto a lo que cada uno quiere ser, la pluralidad, la diversidad, el cuidado mutuo y el derecho a la fraternidad. Esto solo es posible en la escuela de titularidad pública si logramos que responda al referente utópico de la escuela pública que desde el movimiento de transformación de la educación defendemos desde hace mucho tiempo.

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domingo, 26 de enero de 2020

27-1-2020: IX Asamblea Vecinal contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán (17,30 en el Centro Sociocultural Josefa Amar. C/ Matilde Landa, 30)

Lunes 27 de Enero a las 17,30 en el Centro Sociocultural Josefa Amar ( c/ Matilde Landa, 30 - <M> Ventilla) será la IX Asamblea Vecinal contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán


Desde la Mesa de Educación nos hemos permitido hacer un extracto de las referencias que el documento de diagnóstico hace relativas a Educación. Adjuntamos este breve extracto:

EDUCACIÓN EN EL INFORME DE CONVIVENCIA TETUÁN
(extractos del documento completo)

5 de Enero de 2020 
Relaciones familiares
  • Casi la mitad de la población adulta de Madrid (45%) tiene dificultades para conciliar su vida laboral, familiar y personal según una amplia encuestadel Área de Equidad del Ayuntamiento, aplicada en 2016-17. En especial, los hogares con hijos o hijas a cargo tienen mayores dificultades para su cuidado fuera de los horarios escolares.
  • Según el Padrón municipal de 2017, son 1.240 en el distrito, de los cuales el 82% tiene como cabeza de familia una mujer. Estos hogares presentan mayores tasas de pobreza y dificultades de conciliación, dando lugar a problemas de estrés en las madres y descontrol en los menores que con frecuencia se encuentran solos o callejeando hasta tarde.
Para estas situaciones existen algunos programas municipales de educación de calle y atención a adolescentes, como el centro ASPA en el barrio de Bellas Vistas, la Fundación Balia en el barrio de Valdeacederas o un Centro de día en el barrio de Almenara que recoge a niños y niñas a la salida del colegio y les proporciona merienda y apoyo escolar. También se cuenta con iniciativas similares  promovidas por algunas parroquias e institutos religiosos (como la Asociación Valponasca) o por el Centro social autogestionado de la Enredadera. 

Relaciones de vecindad
  • Centros educativos: según un reciente estudio de la Mesa por la Educación Pública del Foro Local de Tetuán, las plazas disponibles de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) sólo cubrían en 2017 al 48% de los niños y niñas del distrito en ese tramo de edad; las plazas de Enseñanza Obligatoria (6-16 años) al 59,7%; y las de Bachiller y Formación Profesional (16-18 años) al 63,3%. En definitiva, más de un tercio del alumnado no universitario de Tetuán tiene que acudir a centros educativos de otros distritos o pueblos de Madrid.
Los centros escolares deben formar parte de la comunidad vecinal de forma que las niñas y niños se relacionen en el aula con los compañeros de su barrio, las madres y padres dentro y fuera de las AMPAS compartan problemas comunes y el profesorado tenga el mismo entorno de trabajo que el de residencia del alumnado. Tetuán necesita principalmente más Escuelas Infantiles, Centros de Secundaria y de Formación Profesional.
Por otra parte, un estudio publicado en Febrero de 2018 por investigadores de la Universidad Autónoma[i] concluye que la Comunidad de Madrid tiene un modelo educativo que la convierte en la región con mayor segregación económica y cultural de España y la segunda a nivel europeo. Una de las causas es la apuesta decidida de la Comunidad de Madrid por fomentar la educación privada, lo que en Tetuán supone que más de dos tercios de la Enseñanza Obligatoria corresponden a centros de titularidad privada concertada, que en principio deberían ser gratuitos para las familias, salvo los costes de comedor y transporte, pero que en la práctica cobran cuotas a las que no se puede renunciar.[ii] El resultado final de esta política segregacionista es que los centros públicos reciben más del doble de alumnado inmigrante que los privados concertados, tanto en Primaria como en Secundaria, además de acoger a muchos más escolares con necesidades educativas especiales.[iii] Destaca especialmente el problema que supone la segregación étnica desde la infancia como consecuencia de la existencia de colegios “casi” sólo para inmigrantes y colegios para alumnado autóctono. La coeducación favorece la integración, la cooperación y la convivencia intercultural; en cambio, educar por separado favorece la estigmatización y el conflicto.
La principal conclusión es que la escolarización obligatoria en el distrito de Tetuán presenta notables desequilibrios, con un efecto “extremadamente peligroso” para algunos centros públicos que se están convirtiendo en “guetos”, y exige la aplicación de una nueva política educativa en la Comunidad de Madrid.
[i] F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido. “Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea”. Revista de Sociología de la Educación, pp. 37-58, Volumen 11.
[ii] No existen datos comprobados a nivel del distrito pero, según una encuesta aplicada por la OCU, el gasto medio por alumno para el curso 2017-18  sería de 841€ en los centros públicos y 1.856€ en los privados concertados.
NOTA: He propuesta cambiar esta referencia por el actual informe de la FAPA
[iii] Según el estudio de la Mesa por la Educación de Tetuán, que cita fuentes oficiales, el alumnado extranjero en el curso 2016-17 en el nivel de Primaria era del 38% en los centros públicos y del 15,3% en los privados concertados; y en el nivel de Secundaria Obligatoria, del 42,9% en los públicos y 18,4% en los privados. A su vez, los centros de titularidad pública acogían en Primaria un 8,1% de alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, por un 3,9% en los privados; y un 5,1% en Secundaria, por un 4,6% en los privados.

Puedes leer el informe completo en este enlace.

martes, 31 de julio de 2018

Combatir el fracaso escolar (Julio Rogero y Miguel Lancho en CUARTOPODER.ES)

Artículo de Julio Rogero y Miguel Lancho, de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, publicado en cuartopoder.es
  • Hay que ampliar el concepto de fracaso escolar y sustituirlo por el de “fracaso del sistema escolar”, mucho más amplio y más ajustado a la realidad compleja
  • El fracaso escolar forma parte del éxito del sistema socioeconómico en que vivimos y del sistema educativo en el que se sustenta
El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación en el Congreso de los Diputados de su programa de gobierno el día 17 de julio, al hablar de la educación, se hizo una pregunta clave hoy: “¿Cómo puede fracasar alguien que tiene 12 años?“. Señaló que “la desigualdad arranca a una edad intolerable para un país con valores” como los de España. Manifestó que hay menores que no tienen los medios, suficientes y necesarios, en su entorno; que su situación de pobreza y dificultades económicas tiene consecuencias en las aulas; y que esa “inaceptable” situación de pobreza infantil hará que el gobierno se plantee programas específicos para luchar contra ella. También afirmó que “el fracaso en la infancia no es de ese niño o esa niña”, sino que “quien fracasa es el conjunto de la sociedad”. Para ello propuso alguna medidas: reactivar los programas de apoyo, reducir el número de niños por aula, revertir los recortes, aumentar la inversión en educación…Nos parece significativo que el nuevo Gobierno haya tomado conciencia de la necesidad de combatir el fracaso escolar mediante las políticas educativas adecuadas. Esperemos que tan loables intenciones se lleven a cabo sin demasiada dilación.

Es frecuente en estos tiempos oír hablar de fracaso escolar entre las familias de alumnos, preocupadas por el éxito escolar de sus hijos e hijas; entre el profesorado, que lo vive y lo revive muy de cerca; los políticos, que frecuentemente recurren a cifras y datos para apoyar sus propuestas políticas y utilizarlas en beneficio propio. Con frecuencia hablar de fracaso escolar, cuando no se acaba la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o se abandona la escuela sin finalizar la Secundaria, supone la descalificación e incluso la estigmatización del alumnado, su culpabilización en exclusiva por no haberse esforzado lo suficiente, con la consiguiente exoneración del resto de la institución escolar y de las políticas educativas.
El fracaso escolar está relacionado con múltiples causas e intervienen numerosos actores (administración, alumnado, docentes, familia…), por lo que la comprensión de las causas de este fracaso requiere modelos explicativos holísticos, que tengan en cuenta las variables psicológicas, socioeconómicas, culturales, institucionales… Todo ello nos hace replantear el concepto de fracaso escolar y sustituirlo por el de “fracaso del sistema escolar”, mucho más amplio y más ajustado a la realidad compleja.
En la sociedad capitalista imperante predomina el darwinismo social, la supervivencia de los más fuertes y el desprecio del perdedor. La tan cacareada “igualdad de oportunidades”, no existe ni puede existir mientras se mantenga la situación de precariedad y exclusión de amplios sectores de la población, es imposible en una sociedad radicalmente injusta como la nuestra.
La acumulación de riqueza se alimenta de la pobreza y de los bajos salarios. El aumento de pobres, parados y excluidos se interpreta como el coste de la evolución del cambio y del crecimiento económico. Para el buen funcionamiento del sistema es necesario que los mejor dotados (los excelentes) prosperen y los débiles desaparezcan, los nuevos pobres son el coste necesario para que los “elegidos” estén cada día en mejores condiciones para competir y aumentar su riqueza. Una directora general de la Familia y el Menor de una comunidad autónoma negaba la subvención económica a una organización que se dedicaba a trabajar con chicos de la calle porque “dedicar recursos a los que no aprenden ni quieren aprender es inútil y es tirar el dinero. A los que quieren aprender y son inteligentes hay que dedicar los recursos”.
El fracaso escolar es el éxito del sistema, que cumple a la perfección su papel de seleccionar a “los mejores”, “los excelentes”, y suspender y excluir a “los otros, los vagos, los que no se esfuerzan lo suficiente, a los diferentes”. El fracaso escolar forma parte del éxito del sistema socioeconómico en que vivimos y del sistema educativo en el que se sustenta, porque a él se le asigna una clara función (entre otras) de selección y reproducción de la sociedad actual. Incluyendo el mantenimiento del fracaso escolar entre las clases sociales más bajas y las personas más débiles de la sociedad. Sin embargo, la psicología cognitiva y nuestra propia experiencia nos muestran que nuestros niños y jóvenes tienen la capacidad suficiente, a no ser que tengan determinadas carencias o limitaciones especiales, para aprender los conocimientos que se proponen en la escuela. Cuando no sucede así es porque se les está robando el derecho a la educación y al éxito escolar.
Este concepto selectivo y elitista de la educación se ha visto reforzado con la reforma educativa que impuso el Partido Popular con su mayoría absoluta en la penúltima legislatura. La LOMCE no ha contribuido a reducir el fracaso escolar sino que ha profundizado más las diferencias, generando un sistema educativo más clasista y segregador.
Los MRP somos conscientes de la necesidad de abrir procesos de transición a un modelo educativo emancipador que haga efectivo el derecho de todos los seres humanos a la educación y al éxito educativo. Por eso, todas las decisiones de política educativa que vayan en esa dirección hemos de apoyarlas, sabiendo que sólo serán eficaces poniendo en el centro la escuela pública que queremos, una escuela que no margine a nadie y elimine de raíz el fracaso escolar. El actual sistema educativo es claramente injusto, inequitativo, segregador y darwinista. Es el que corresponde a una sociedad injusta, desigual y clasista como la nuestra.
El espacio que se genera en la escuela pública, entendida como el modelo de escuela hacia el que queremos tender, es el espacio propicio para hacer realidad una educación basada en la afectividad como reconocimiento del otro. Es el espacio para formar un “nosotros” inclusivo, donde todos tienen su propio significado y sentido, donde cada uno es quien es y es respetado y querido en su propia singularidad. No podemos entender una escuela que prive a muchos de estar en ella, por medio de diferentes formas de selección y exclusión. Es necesario hacer eficaz y real el derecho a una educación inclusiva. Y mientras cualquier escuela, sea de la titularidad que sea, seleccione, margine, excluya, suspenda, expulse, clasifique, etiquete a uno solo de los alumnos o alumnas, y no garantice el éxito de todas las personas, será una escuela que nunca podrá ser la “escuela de todos y para todos”.
Estas reflexiones se tienen que materializar en actuaciones concretas como:
  • Ampliación del horario de apertura de la escuela (mañana y tarde). Avanzar en la concepción de educación a tiempo completo: actividades extraescolares formativas diversas y gratuitas para todos los miembros de la comunidad. Puesta en marcha de bibliotecas tutorizadas, estudio asistido, apoyos.
  • Empleo racional y formativo de las nuevas tecnologías.
  • Garantizar el desarrollo de la acción tutorial con el alumnado, sus familias y su entorno.
  • Entrada de más adultos en el aula para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado (grupos interactivos, dobles tutorías, profesor de apoyo o refuerzo, otros educadores).
  • Garantizar el aprendizaje de las lenguas propias y de uso mayoritario, tanto en su expresión oral como escrita.
  • Implantar programas de intervención contra el absentismo escolar.
  • Garantizar el aprendizaje de destrezas de comunicación y habilidades de relación social.
  • Medidas políticas efectivas para erradicar la pobreza y la marginación social.
  • Pacto político educativo en el que participen los sectores educativos implicados, en el que los partidos políticos renuncien a intereses particulares y de grupos de presión poderosos en pro de una educación pública de calidad.

martes, 17 de julio de 2018

El ruido y las nueces (Manuel Menor)

Urge una cosecha de buenas nueces, sin temor al ruido


Este Gobierno habrá debido concretar, en menos de tres meses, si la “demanda social” se ha de atener a la LOMCE o a las necesidades de los ciudadanos.

Es un problema que arrastra el mucho ruido: pocas nueces. Pocas  sanas, claro, que son las que menos ruido hacen. Insano es a estas alturas, por ejemplo, el sistema de oposiciones que, una vez más, fue puesto en marcha este verano para empezar a cubrir el déficit de profesorado. Los resultados no se corresponden con las expectativas ni, sobre todo, con el proceso seguido. “Escabechina” y frustración son los términos con que se ha reflejado en la prensa. La opacidad de criterios de evaluación y la indefinición de perfiles docentes que se deseaban parece que buscaran la indiferencia de los sometidos a esa criba penitenciaria. Pronto volverá a invocarse el sacrosanto MIR educativo a modo de talismán mágico y que así, sin debate de lo que deba ser la formación sólida del profesorado y su correspondiente carrera profesional bajo pautas normalizadas en un Estatuto de la Función Docente, desaparezcan los problemas. Pero las culpabilidades de la dejación, sus vergüenzas y destrozos, seguirán alcanzando al trabajo en las aulas.

La prueba de que no interesan las nueces y sí el ruido la pone el matraqueo que vuelve, tan antiguo como el sistema de enseñanza, a recordar su inamovilidad previa a 1857. Es la herencia que pretende cronificar la LOMCE como expresión “mejor” del artículo 27CE aunando presencia excesiva de la Religión en el currículum, segregación de alumnos y alumnas en colegios que reciben recursos públicos, erección de centros educativos en nombre de una particular “demanda social” exclusiva, mientras –en paralelo- la red pública se ha hecho más subsidiaria de la privada y concertada. Esa tradición de antes de la Ley Moyano, que sitúa al 68% del alumnado en una categoría alejada de lo que exige el derecho universal de la educación  -y como nicho propicio para ampliar su rentable privatización-, vuelve explícita al debate político para seguir condicionando el sistema educativo y sus baremos de cualificación intrínseca. Esa historia, tan conocida como obviada, es la analizada en El artículo 27 de la Constitución: Cuaderno de quejas (Madrid: Morata, 2018).

Demanda social
Ha bastado con que Isabel Celáa anunciara que planea modificar el artículo 109.2 de la LOMCE para retomar uno de esos ingredientes –el de la supuesta “demanda social” en que apoya su crecimiento la enseñanza concertada, con sus criterios e idearios privados-, para que se suscitara la “sorpresa,preocupación e indignación” de la patronal de las Escuelas Católicas. Lo sostenido en el boletín de esta organización durante años nunca lo hiciera sospechar. Tampoco, las palabras del entorno ministerial, donde aseguran defender a la concertada. Y regresan los tópicos que, en el siglo XIX, llenaron las Actas del Congreso de los Diputados –más después de la encíclica Divini illius  Magistri-, que tan bien estudió Yvonne Turin. La prensa adicta reanuda aquellas manidas cantilenas de la “libertad de elección de centro” por parte de las familias y “la calidad educativa”, indiferente a la gran diversidad de medios que existe -incluso de unos a otros centros en la misma red- para atender a que los niños y niñas nunca empiezan de cero -en estricta igualdad entre unos y otros- sin hándicaps ni grietas socioeconómicas diferenciales, ajenos al capital cultural concomitante. El tercio de niños en riesgo de exclusión –que de vez en cuando suscita atención, porque  Cáritas o Save the Children los mencionan- ¿a quién corresponden escolarmente?

El balance de éxito de las expectativas que el nuevo Gobierno ha abierto exige más que gestos verbales antes del nuevo curso. No residirá en que todo cambie para que –como planteaba el “pacto educativo” de Méndez de Vigo- todo continúe igual. Para que el sistema público esté bien dotado y resulte atractivo, el equipo de Celáa tendrá que definir, antes de que se cumplan los 100 días de su toma de posesión, si reparte las cargas en igualdad y corta privilegios y desidias. De no hacerlo, este cambio, espantado por el fuerte ruido, ni llegará a mantra.

Manuel Menor Currás
Madrid, 15.07.2018

martes, 13 de marzo de 2018

'Gentes de la cultura, las artes y las ciencias' muestran su apoyo a la Marcha (María F. Sánchez en cuartopoder.es)

Artículo de MARÍA F. SÁNCHEZ en cuartopoder.es



PROTESTA / Alba Rico, Fernández Liria y Olga Rodríguez, entre otros, apoyan a la columna por la renta básica 

'Gentes de la cultura, las artes y las ciencias' muestran su apoyo a la Marcha
  • Unas 60 personas salieron ayer, sábado, de León y tiene previsto llegar a Madrid el próximo día 24 para exigir una renta básica universal y medidas eficaces cotra el paro
  • “Lo más grave de la crisis es que están jugando con lo más elemental hasta convertirnos en un país donde reine la pobreza y la desigualdad”, explica el profesor Javier Mestre
  • La Marcha por lo Básico también exige la derogación de las dos reformas laborales y clama por las pensiones, la vivienda y los servicios públicos

Un grupo de unos 60 caminantes partió ayer, sábado, de León con destino a Madrid para exigir que se instaure la renta básica y otras medidas que sirvan para proteger nuestros derechos más básicos. Varios intelectuales y profesores, “gentes de las artes, las letras y las ciencias”, han decidido impulsar un manifiesto para respaldar las demandas de esta Marcha por lo Básico, conformada por más de cien colectivos y organizaciones. “Esta marcha ha dado en la llaga porque lo más grave de la crisis es que están jugando con lo más elemental, eso que puede hacer que no seamos un país moderno ni avanzado, sino que nos convirtamos en un país en el que reina la pobreza y la desigualdad”, explica uno de los impulsores del texto, el profesor de secundaria y escritor Javier Mestre.

Unas cuarenta personas, entre las que se encuentran los filósofos Carlos Fernández Liria, Santiago Alba Rico y Luis Alegre o la periodista Olga Rodríguez, han firmado el documento de apoyo a la Marcha Básica. Esta columna humana tiene previsto llegar a Madrid el próximo día 24 de marzo para reivindicar que se cumpla la Carta Social Europea y se implante la renta básica, “un ingreso a todas las personas suficiente para eludir la pobreza”, pero también para exigir la defensa del sistema público de pensiones, la derogación de las dos reformas laborales, el cumplimiento del derecho a la vivienda y la defensa de los servicios públicos, en especial de la salud y de la educación. De hecho, la Marcha Básica está respaldada por la Coordinadora Estatal de Pensiones Públicas o las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, entre otros muchos colectivos.

La idea del manifiesto de “gentes de la cultura” en apoyo a la Marcha por lo Básico es “tender un puente” entre los colectivos impulsores que lidian con la exclusión y las esferas más intelectuales, que “también sufren la precariedad”, explica Mestre. La gestión política de la crisis ha hecho flaquear algunos de los consensos sociales de los derechos más básicos y esto es “una amenaza a la democracia” porque “es muy difícil hablar de la ciudadanía cuando la gente está pensando en sus necesidades”, explica. “Hay que garantizar los mecanismos para que la gente pueda ser independiente de los poderes económicos y pueda tomar en libertad sus propias decisiones económicas, políticas y culturales”, añade.

Algunos datos: las 62 personas más ricas del planeta acumulan la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres, pero España, en concreto, ocupa el número 10 en el ranking mundial de países por número de millonarios. Además, “casi un 29 por ciento de los habitantes está en riesgo de pobreza y exclusión social”, recuerda el manifiesto. “La tendencia sigue: los quinientos españoles más ricos han duplicado su patrimonio respecto al año de comienzo de la crisis. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así?”, se plantea en el texto.

La Marcha Básica reivindica la renta básica como palanca del cambio laboral y social. Exige que se cumpla de inmediato la Carta Social Europea, que establece que ninguna prestación ni pensión puede estar por debajo del umbral de la pobreza, que a día de hoy está establecida en 674 euros mensuales. Reivindican una renta básica incondicional, individual y universal. De esta manera se atendería la pobreza inminente de quienes no reciben las prestaciones y se evitaría “el chantaje” de aceptar empleos precarios a cualquier precio, explican sus organizadores.

El manifiesto de “las gentes de la cultura” llama así a secundar una marcha “de gente valiente y luchadora” que atravesará Castilla a pie. Algunos de los puntos de paso son Mayorga, Valladolid, Medina del Campo o Collado Villalba. “La dignidad de cada uno de nosotros y nosotras solo se consigue defendiendo la dignidad de todos y todas”, reza el manifiesto, que invita a apoyar a los caminantes sumándose a ellos, brindándoles apoyo moral o recursos económicos. También se llama a participar en la gran manifestación que recorrerá el centro de Madrid, entre la Plaza de España y la Plaza de las Cortes el próximo sábado 24 de marzo a las cinco de la tarde.

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