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domingo, 2 de octubre de 2022

La mentira como arma política (Agustín Moreno)

 Agustín Moreno nos envía este artículo:

Tenemos un grave problema cuando se miente desde responsabilidades institucionales con el mayor desparpajo dando apariencia de veracidad. Ya se sabe aquello de que una estadística torturada convenientemente acaba confesando lo que el poder quiere.

La mentira es una línea que cuando se traspasa no tiene marcha atrás, porque si se miente una vez, se miente mil veces. En política es especialmente grave, por la responsabilidad que deberían tener los representantes políticos. Mentir, manipular datos, intoxicar a la ciudadanía debería estar penado, al menos con la sanción moral y electoral. Pero, para ello, es fundamental que haya una ciudadanía crítica y bien informada, y unos medios de comunicación independientes que aseguren el derecho a la información y no sean cómplices en la difusión de bulos y falacias.

Los hechos hablan más alto que las palabras. Veamos un ejemplo concreto. Isabel Díaz Ayuso dice que Madrid es la comunidad con la tasa de abandono escolar más baja. El hecho es que es la quinta comunidad y empeorando: en 2021, la tasa de abandono escolar disminuyó en todas las comunidades autónomas con respecto al año anterior excepto en Asturias y en Madrid. No parece un error sin mala intención. El problema aumenta cuando se repite una y otra vez, cuando se descubren infinitos aspectos de la mentira. En el Debate sobre el estado de la región, Ayuso utilizó la propaganda en todos los campos. Solo en educación, hemos denunciado una decena de tergiversaciones y falsedades.

Es especialmente grave lo que sigue. Es tan escandaloso defender que una pareja con dos hijos que ingrese 143.652 euros al año necesite una "beca", que Díaz Ayuso se ha tenido que sacar de la manga unos datos para calmar la alarma social generada. Hasta el propio Feijóo dijo en julio que consideraba "discutible" dedicar dinero público a becas para familias de rentas altas. Pues bien, el 13 de septiembre, Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid, durante el debate citado, que el 93% de las becas van a familias con rentas inferiores a 20.000 euros. Aunque así fuera, obvia dos cosas: 20.000 euros per cápita son 80.000 euros de ingresos en una familia de cuatro miembros, algo muy alejado de la renta media por hogar en la Comunidad de Madrid que es de 37.687 euros en 2021. El solo hecho de dar cheques regalo a 12.000 familias de rentas muy altas, como reconoce y cuantifica el consejero Ossorio, es una obscenidad. Es profundamente injusto, desde el punto de vista social, que familias con rentas altas puedan cobrar esos cheques regalo para sus gastos en la educación privada, mientras se abandona a la educación pública.

Yo mismo, como diputado, realicé trece Peticiones de Información donde solicitaba el "Listado en formato digital, a ser posible en fichero Excel o CSV, que incluya cada uno de los beneficiarios de las becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondientes al curso 2021-2022 incluyendo el dato de renta de cada perceptor, con nombre y apellidos anonimizados". La misma información se exigía para cada tipo de becas de educación infantil en centros privados, Formación Profesional de Grado Medio y FP de Grado Superior. Las peticiones de información se referían también a los cuatro cursos que van desde 2019 a 2023.

Pues bien, el 27 de septiembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante el conjunto de las peticiones de Información requeridas, responde a este diputado lo siguiente: "La información solicitada por su señoría se encuentra en curso de elaboración para su posterior publicación en la página web de la Asamblea de Madrid". No se nos facilita ninguna información e intentan tomarnos el pelo. Ahora bien, si están elaborando la información y no disponen de ella, ¿cómo pudo realizar las afirmaciones anteriores la presidenta de la Comunidad de Madrid el 13 de septiembre en la Asamblea ¿O Ayuso mintió, inventándose los datos, o nos los está ocultando descaradamente? Quizás ambas cosas.

Hay que recordar de qué estamos hablando, porque no es un tema menor. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este año una fuerte derivación de dinero de todos los madrileños que deberían ir a la educación pública, para destinarlo a cheques regalo para los centros privados. Son un total de 226 millones de euros destinados a pagar cheques en la educación no obligatoria (escuelas infantiles de 0 a 3 años, bachillerato y grados de Formación Profesional de grado medio y de grado superior...). Además de la elevada cantidad de dinero público mal utilizado, esos cheques han sido piedra de escándalo por los requisitos establecidos para poder beneficiarse de ellos con una renta per cápita de 35.913 euros. La consecuencia de esta medida no es solo que se financia a familias ricas con cheques, sino que aumenta la segregación escolar y social (NOTA 7) y refuerza algo que denuncia el último informe de EsadeEcPol (NOTA 8): la escuela no corrige las desigualdades, sino que las aumenta.

Estamos ante una clara voluntad de ocultación de una información necesaria para facilitar la labor parlamentaria de la oposición. Esto no es nuevo y llueve sobre mojado: se ocultan informaciones, las respuestas muchas veces son insultantes, y como la Mesa de la Asamblea es el reino de la arbitrariedad, deniega las peticiones de amparo a los diputados. Otro ejemplo. El PP ha convertido la educación en un mercado y están aterrizando en Madrid grupos de inversión al calor de la oportunidad de negocio. Es lo que se conoce como "nueva concertada". Cuando pedimos acceso a documentación sobre estas entradas de capital no se nos facilita de forma global. Cuando pedimos consultar a colegios concertados concretos, los obstáculos que se ponen son de tal calibre que hacen difícil acceder a la información: "El diputado podrá tomar notas, más no podrá obtener copia o reproducción ni actuar acompañado de personas que le asistan". Esta limitación sólo puede ser establecida en protección de derechos fundamentales y libertades públicas, según la Sección Primera del Título Primero de la Constitución. Pero estamos hablando de información puramente mercantil sobre la gestión del dinero público que debería estar disponible por afectar a conciertos que se pagan con dinero de todos.

En definitiva, si Ayuso dispone de los datos concretos sobre quién se beneficia de los cheques escolares y no proporciona la información a la oposición, está obstruyendo la labor parlamentaria de control a su Gobierno. Si se los inventó para salir del paso y negar las críticas recibidas, está mintiendo en el ámbito parlamentario. Los dos supuestos son graves. El problema es la impunidad. Ello impide que funcione aquella frase de Abraham Lincoln de "puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo". Con Ayuso, el hecho que denunciamos es, desgraciadamente, uno de tantos y demuestra el uso habitual de la mentira como arma política.


 
Este artículo se ha publicado en blogs.publico.es/otrasmiradas el día 2 de octubre de 2022

martes, 26 de julio de 2022

Ayuso elimina más de 1.000 plazas de profesorado en Secundaria (Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com)

 Artículo de Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ahorrará 40 millones de euros en plazas de profesorado, según las estimaciones de CC OO, mientras gasta 43,5 millones de euros en las ayudas para estudiar Bachillerato en centros privados.
26 JUL 2022

Los alumnos y alumnas que cursarán Secundaria en el curso 2022/2023 en la Comunidad de Madrid pasarán de 294.703, a unos 299.418, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el número de profesores descenderá en 1.000 plazas. Esta cifra, sumada al descenso en especialidades menores, puede llegar a las 1.200 plazas menos. Los datos, recopilados centro a centro por CC OO, y extraídos de las asignaciones de cupos de profesorado publicados el jueves 21 de julio, dibujan nuevos recortes en enseñanza Secundaria.

Según las cifras recopiladas por este sindicato, los mayores recortes se darán en la asignatura de Matemáticas, que perderá 262 plazas de profesorado, seguida de Lengua (260 menos), Física y Química (163 menos) y Filosofía (115 menos). Por zonas, el área más castigada será la Dirección de Área Territorial (DAT) Sur, por delante de la de Centro y la de Este. Sólo dos DAT permanecerán con las mismas cifras que el curso pasado: la Norte y la Oeste.

La supresión de plazas de profesorado supone un ahorro de 40 millones de euros, mientras que las becas para estudiar en centros privados de Bachillerato cuestan 43 millones a las arcas públicas

Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, calcula un ahorro de 40 millones de euro para la Consejería de Educación con este movimiento, mientras que las polémicas becas concedidas para estudiar Bachillerato en centros privados suman un total de 43,5 millones de euros. “¿Casualidad o programa? ¿Estamos financiando acaso los cheques regalos para los centros elitistas, donde estudia el 5% de la población madrileña, con los recortes de la enseñanza pública?”, se pregunta Galvín.

Para Galvín esta medida va en contra de la reducción en las ratios prometida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y supondrá un aumento en la masificación de las aulas. “Esta reducción hará imposible que todo el alumnado tenga toda la atención educativa que necesita porque cada profesor tendrá que atender a mayor número de alumnos”, explica mientras añade que estos recortes suponen despidos de profesorado. Unos despidos que se unen a la eliminación de los 5.000 refuerzos contratados durante la pandemia que ya se perdieron en el curso 2021/2022; año lectivo que arrancaba con ratios prepandémicas.

Las becas de la polémica

De fondo, el aumento de un 100% en las becas otorgadas para estudiar Bachillerato, FP y Educación Infantil en centros privados. Según los cálculos realizados por El Salto, las ayudas para cursar en aulas privadas pasarán de los 64,6 millones a 127 millones durante el curso que viene. Un aumento que responde al incremento de las cuantías, que pasan de los 3.000 a los 3.700 euros en Bachillerato, de 1.770 a 2.212 en FP y de 1.146 a 1.524 en Infantil. Pero, sobre todo, a la polémica flexibilización en las condiciones para acceder a ellas.

Para el próximo curso escolar, el gobierno regional decidía aumentar el margen en los ingresos de las familias que pueden acceder a una ayuda para estudiar en centros privados: de 10.000 euros de renta per cápita al año a 35.913 en el caso de Bachillerato, de 25.000 a 35.913 en el caso de Infantil y de 20.000 a 35.913 en el caso de FP. Así, el curso que viene, familias compuestas por dos progenitores y un hijo que ganen hasta 107.739 euros podrán acceder a este pack de ayudas.

Más información

Un transvase de dinero público hacia la privada que levantaba ampollas y que empujaba a la Comunidad de Madrid a salir en su defensa. Según publicaban el pasado 20 de julio, el 94,2% de sus becas de Bachillerato habrían ido a parar a familias con rentas inferiores a los 20.000 euros y “apenas 100.000 euros han recaído en las ganancias más altas”.

Unos cheques que no suponen el pago total de la matrícula. “Estamos hablando de centros de Bachillerato de excelencia que cuentan con matrículas que pueden alcanzar más de 6.000 euros al año y de ayudas que no cubren ni la mitad de la matrícula”, explicaba Galvín a El Salto.

Mientras tanto, los centros públicos capearán contra un nuevo recorte. Desde CC OO calculan que para cubrir el aumento del 1,6% del alumnado en Secundaria serían necesarios 5.000 plazas nuevas de profesorado. Sin embargo, y según las cifras que han recopilado, la Comunidad de Madrid navega hacia el sentido contrario.


viernes, 30 de abril de 2021

Madrid invierte hoy en Educación un 18% menos que en 2009 pese a que su PIB ha subido un 16% (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • La comunidad dedica al sector educativo un 2,26% del PIB frente al 4,21% de media a nivel nacional; mientras el Gobierno regional es el que menos dinero público dedica a la Educación en términos relativos en toda España, las familias madrileñas son las que más gastan
29 de abril de 2021

Aunque para según qué siempre hay dinero, Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en Educación de toda España. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso dedica al sector un 2,26% de su PIB, según el informe 10 años de degradación de la enseñanza pública en Madrid (2009-2018), presentado este jueves por CCOO, la cifra más baja no solo de este país, sino de toda la OCDE. La media nacional es del 4,21%. Está comúnmente aceptado que el 7% es la cifra ideal –que prácticamente ningún país alcanza–.

Además, en los últimos diez años este indicador –utilizado habitualmente para comparar la inversión en Educación entre diferentes territorios– ha caído un 18,1%. Este comportamiento descendente se asemeja al del resto de España, aunque la caída es algo mayor, de un 18,1% frente al 16,5% de media. Y contrasta con otro dato: el PIB total madrileño ha subido en el mismo periodo un 16,3%. La riqueza global sube en Madrid, el dinero que proporcionalmente se dedica a Educación baja.

Hay más datos que dibujan un panorama “desolador” en la comunidad, en palabras de Jaime Cedrún, secretario general de CCOO Madrid. En 2009, la comunidad dedicaba el 28% de su gasto total a la Educación. Diez años después esta cifra es del 22,5%.

Pero no todas las partidas han sufrido una evolución similar en esta última década. Pese a que la inversión total es inferior hoy que hace diez años, el gasto en conciertos sí ha subido, pasando de 869 millones en 2009 a 1.018 millones de euros en 2018, un aumento del 17,1% que casi duplica al nacional. En el conjunto de España la evolución del gasto en conciertos ha seguido la misma línea, también ascendente, aunque en magnitudes inferiores (de 5.850 millones a 6.276 millones, un 7,1%).

CCOO denuncia los caminos contrarios que llevan una y otra partida. Según el sindicato, y pese a que en conjunto el gasto para enseñanzas no universitarias ha subido en 67,3 millones de euros en diez años –a diferencia de la media española, además–, cuando se desglosa se observa el comportamiento diferente de los presupuestos: el sistema público ha ganado 90.000 alumnos en una década pero perdido 81,7 millones; la escuela concertada ha ganado 64.000 alumnos y ganado 149 millones de euros.

Todos estos datos contrastan, sostiene Isabel Galvín, secretaria general de la sección educativa de CCOO en Madrid, con el hecho de que mientras las partidas de gasto público caen y dejan a la región a la cola de las diferentes tablas, la comunidad sí lidera la clasificación de gasto privado familiar. En el periodo analizado, este ha subido un 31,7% mientras que a nivel nacional, donde también asciende, lo ha hecho un 10,2% (incluyendo el dato madrileño, que tira de la media hacia arriba).

“Este conjunto de datos describe una situación que tiene, como única explicación objetiva, la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que limita de forma consciente los recursos financieros existentes, y su desprecio total por los servicios públicos de calidad”, lamenta el sindicato.

martes, 21 de enero de 2020

La Comunidad de Madrid se gasta más de 8 millones en un parche para sustituir el 'software' que Indra nunca entregó

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • Tras fracasar el proyecto, el Gobierno autonómico abonó 2,2 millones por adaptar la herramienta desarrollada en Andalucía y ahora destina otros seis para actualizarla
  • El Ejecutivo de Esperanza Aguirre pagó mediante su agencia ICM 5,5 millones a Indra, pero Madrid no sancionó a la empresa cuando adujo que no podría cumplir el compromiso
  • El programa de gestión educativa que finalmente se ha utilizado se implantó sin estar totalmente operativo y ha dado muchos problemas de funcionamiento
13/01/2020

La Comunidad de Madrid ha tenido que gastarse más de ocho millones de euros en un programa informático que parcheara el software de gestión de su sistema educativo encargado a la empresa Indra en 2010, pero que la tecnológica nunca llegó a entregar a pesar de haber recibido 5,5 millones de dinero público.

Tras cinco años y el fracaso para crear la plataforma Nexus, el Gobierno autonómico del PP tuvo que echar mano de un programa de software libre y gratuito llamado Raíces, creado por la Junta de Andalucía y cuya adaptación costó 2,2 millones euros en 2016. Este programa no fue el final del camino: el Ejecutivo ya ha licitado Raíces 2.0 por otros seis millones. El periplo entero ha supuesto abonar o comprometer al menos 13,7 millones de euros en el software que gestione su sistema educativo en una década.

Protagonistas de Púnica
El proyecto para tener una herramienta integrada de gestión del sistema educativo madrileño ha encadenado una adjudicación de contrato con los principales actores de la trama Púnica como protagonistas con el gasto para solventar el abandono del plan por parte de la adjudicataria.

La secuencia es la siguiente: en 2010, el Gobierno regional, que lideraba entonces Esperanza Aguirre, decidió que necesitaba cambiar el software informático que gestionaba todo el sistema educativo madrileño.

ICM, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por José Martínez Nicolás (imputado en Púnica), adjudicó el desarrollo del programa que se llamaría Nexus a Indra (una de las empresas implicadas en la misma Púnica), con un presupuesto inicial de 15,8 millones de euros. Acabó pagando 5,5 millones de euros porque Indra se topó con problemas técnicos, según adujo la empresa, y la Comunidad resolvió el contrato sin obtener demasiado a cambio.

Nexus fracasó y se comió sus 5,5 millones, pero la Comunidad seguía necesitando un programa para la gestión educativa. Así, en 2016 el entonces consejero de Educación, Rafael Van Grieken, convocó otro concurso, que se adjudica en 2017, por 2,2 millones de euros a la empresa Ayesa Advanced Technologies para la implantación de Raíces. Antes de consejero, Van Grieken había sido vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos y era la persona encargada de vigilar el instituto en el que la expresidenta Cristina Cifuentes cursó el máster que le costaría el cargo.

El presupuesto para la partida destinada a Raíces se destina no a adquirir el software, que es libre y gratuito, sino a adaptarlo a las necesidades de la Consejería de Educación de Madrid.

Pero esta primera versión de Raíces ya está en retirada: el pasado junio, el Gobierno regional abrió una licitación para que sea sustituido por Raíces 2.0. Con los seis millones de euros que se gastarán en esta actualización el montante total invertido por el Ejecutivo regional en software educativo en esta década asciende a 13,7 millones de euros.

Primero fue el fallido Nexus, en el que se gastaron 5,5 millones entre 2010 y 2015 a cambio de prácticamente nada: nunca llegó a implementarse. El fracaso de Nexus llevó a Raíces, que costó otros 2,2 millones más en 2016. Pero la cifra total ya se acerca a los 15,8 millones de euros que estaban presupuestados en origen para Nexus.

El fracaso se convierte en decisión
El asunto se llegó a tratar en la Asamblea de Madrid hace dos años, en febrero de 2018, a raíz de una pregunta del diputado socialista Juan José Moreno Navarro. La respuesta del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, en el mejor de los casos fue errónea: "Para ello [modernizar el sistema de gestión] teníamos dos alternativas: realizar y desarrollar un modelo ad hoc o adaptar una plataforma educativa de otra comunidad autónoma a nuestras necesidades", afirmó el consejero. Pero luego añadió que "en este sentido, tomamos la decisión, al igual que otras seis comunidades autónomas, de adaptar el modelo Séneca, de Andalucía, a nuestro sistema educativo, y así nació Raíces".

La realidad: no fue una decisión sino, más bien, el resultado del fiasco con Indra y Nexus. Raíces fue la consecuencia de la incapacidad de Indra para desarrollar un programa ad hoc y se adoptó cuando no había más remedio que buscar un plan B.

Las declaraciones en sede parlamentaria de Van Grieken remiten al oscurantismo con el que el Ejecutivo regional ha tratado el proyecto Nexus. La Consejería acumula resoluciones del Consejo de Transparencia instándole a ofrecer información relacionada con este contrato solicitada por un docente. Pese a tener las resoluciones que dan la razón al profesor, el Gobierno regional las ha impugnado y se niega a ofrecer la información.

Renovar a los tres años
¿Por qué hay que renovar Raíces apenas tres cursos después de gastarse más de 2,5 millones de euros en él? Fuentes de la Comunidad de Madrid explican: "Con Raíces únicamente se abordó la implantación de la plataforma de software libre para la gestión de los centros educativos (...). La funcionalidad implantada constituía una base funcional básica que no solo debe mantenerse operativa con el mantenimiento correctivo que, como en toda aplicación, puede ir surgiendo, sino que ha de irse enriqueciendo a lo largo de los años".

Y añaden que con Raíces 2.0 "se pretende dar respuesta al mantenimiento correctivo del sistema previamente implantado para más de 75.000 usuarios, así como las necesidades de evolución requeridas por la Consejería de Educación".

¿Y estas operaciones merecen un presupuesto que triplica al primer gasto en Raíces? "El primer contrato tenía el objeto de implantar en la Comunidad la plataforma de software libre ya desarrollada", explican desde el Gobierno regional, que añaden que se implantarán más funcionalidades de las que incluía Raíces, entre ellas "la generación de un modelo de participación activa y de relación entre todos los actores que intervienen en el proceso educativo".

Una versión sin sus hitos
La primera versión de Raíces entró en funcionamiento para la gestión del curso 2017-2018. Y lo hizo, pese a todo, sin testar, según cuenta uno de sus usuarios, el profesor Enrique García. Por ejemplo, el hito HP3.I ("Proceso de Escolarización de las Enseñanzas: Infantil segundo ciclo, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato") tenía como fecha de finalización el 30 de junio de 2018. "Pero esas fechas no se corresponden con el calendario real, que implicaba ese año tener publicados los listados de escolarización a 8 de mayo. Unos listados que no estuvieron en plazo por fallos en Raíces", recuerda García. Lo mismo sucede con otros hitos de Raíces, que se finalizaron después de la entrega del programa.

La implantación del sistema no fue especialmente satisfactoria para los centros educativos ni los docentes ni directores. Formalmente, se perdían funcionalidades (por ejemplo, dejaron de poder consultarse datos de ratios que el anterior sistema, SICE, sí tenía) e información (los datos no se migraron con carácter general). Además, no se implantó en la Formación Profesional, con lo que los centros que tienen estos estudios además de Secundaria obligatoria y posobligatoria se ven obligados a utilizar ambos sistemas a la vez.

La implantación fue un caos. Lo confirman varios docentes consultados por este diario y lo corroboró al poco de ponerse en marcha la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (Adimad). "Adimad quiere expresar (...) su alarma por las enormes dificultades que está originando en la organización de este curso el nuevo sistema de gestión educativa de la Comunidad de Madrid", escribieron en un comunicado público.

"El mal funcionamiento (...) ya ocasionó graves problemas desde su implantación el curso pasado (...) y motivó numerosas reuniones con los responsables, que evidentemente no han producido los efectos deseados", añaden. Y refieren problemas como que el sistema se pasa "horas" caído, que hacer tareas "elementales (...) como imprimir listados o comunicar faltas de asistencia de los estudiantes (...) resulte prácticamente imposible".

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domingo, 19 de enero de 2020

La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre pagó 5,5 millones a Indra por un 'software' que nunca entregó (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta información

  • Adjudicó en 2010 el desarrollo de un programa de gestión educativa por 15,8 millones y, tras abonar un tercio, resolvió el contrato después de que la empresa adujera problemas técnicos irresolubles
  • La operación tiene como protagonistas a algunos de los principales implicados en Púnica: el alto cargo José Martínez Nicolás, que dependía de Ignacio González, quien era mano derecha de Aguirre (imputados los tres) e Indra, investigada en la trama

La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre pagó 5,5 millones de euros a Indra, una de las principales empresas implicadas en la trama Púnica, por un software que la empresa acabó no entregando por cuestiones técnicas, según justificó el Ejecutivo. Sin embargo, ese programa informático era necesario, por lo que el Gobierno regional recurrió a la Junta de Andalucía para utilizar una herramienta similar, que es la que se está usando finalmente, sumando así nuevos costes.
Este contrato fallido se adjudicó en mayo de 2010 y tiene como protagonistas a algunos de los principales actores implicados en la trama Púnica de presunta financiación irregular del Partido de Popular en la Comunidad de Madrid. El organismo público que asignó el trabajo por 15,8 millones de euros fue ICM, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por José Martínez Nicolás y que dependía, a su vez, de la Vicepresidencia de Ignacio González. González ejercía entonces de mano derecha de la presidenta regional, Esperanza 
Aguirre.

González, Aguirre y Martínez Nicolás están imputados en la Audiencia Nacional por, presuntamente, desarrollar un esquema de financiación irregular del PP madrileño por el que Martínez Nicolás tenía el encargo de sus superiores de buscar empresas dispuestas a realizar pagos al partido una vez obtuvieran contratos públicos.
Entre las sociedades investigadas judicialmente está Indra ("parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido", según ha descrito el juez Manuel García Castellón). Esta empresa recibió en mayo de 2010 el contrato de 15,8 millones para desarrollar el software de gestión educativa Nexus que jamás culminó a pesar de cobrar un tercio del presupuesto. Cinco años después se cancelaría ese encargo.
Fuentes de la Comunidad de Madrid explican a este diario que Indra no entregó el programa entero por cuestiones técnicas que hacían inviable el desarrollo del software, que la empresa entregó parte del material y que no fue penalizada por incumplir el contrato porque los problemas técnicos no eran su responsabilidad. También explican esas fuentes que el programa que finalmente se implementó en la educación madrileña por 2,2 millones de euros, basado en el que usa la Junta de Andalucía presidida entonces por el PSOE, es mucho menos potente que el que se intentó desarrollar, lo cual explicaría la diferencia de gasto entre uno y otro, que es de más de 13 millones de euros.

Lo que SAP te da, SAP te quita

En 2010, la Comunidad de Madrid quería actualizar el sistema informático de gestión de los centros educativos. Según fuentes del Gobierno regional, tras un "exhaustivo análisis realizado por [la consultora] Deloitte" se decidió que para desarrollar el software se utilizaría la plataforma informática SAP, una herramienta muy extendida entre las empresas por las amplias posibilidades que ofrece para integrar sistemas operativos, bases de datos, herramientas de gestión, etc.
La elección de SAP y su inclusión como requisito en los pliegos, explican fuentes conocedoras de estos procesos, ya limitó los posibles candidatos a desarrollar Nexus (como se llamaba el software). Así, el 31 de mayo de ese año, el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó a Indra el desarrollo del software por valor de 13,4 millones de euros (más IVA, 15,8 millones en total). La licitación fue abierta, explican desde el Gobierno y la oferta económica otorgaba hasta el 60% de los puntos.
En septiembre de 2012, tras dos años de trabajo y "en una fase muy avanzada de ejecución del contrato", según la Comunidad, saltaron las alarmas. El producto no funcionaba como debía. Se colapsó tras implantarlo de manera experimental en 17 centros. Se suponía que iba a dar servicio a más de 3.000 en toda la región. Tras "varios meses de análisis", Indra informó de que no tendría listo el encargo en los plazos acordados. Además, terminar el producto supondría más que duplicar el presupuesto inicial.
Tras otro "exhaustivo estudio" –como el que había sugerido utilizar SAP, pero sin que la Comunidad de Madrid especifique el autor esta vez–, "ni el fabricante del producto, ni el implantador, ni consultores externos podían garantizar la viabilidad de la solución con los requisitos específicos de la Consejería de Educación", explican fuentes del Gobierno. Apuntaban ahora a que la plataforma SAP estaba dando problemas.
Finalmente, ante la evidencia de que Nexus no funcionaba, "el proyecto (...) se resuelve en 2015 por las dificultades para cerrar la definición funcional y desacoplar de esta los desarrollos", explica de manera técnica la Comunidad de Madrid. Dicho de otra manera: como era inviable terminar el programa en plazo y forma, el Gobierno regional suspendió el contrato con Indra y abandonó ese proyecto. En esos cinco años se habían pagado 5,5 millones de euros a Indra que nunca se devolvieron.

Sin sanción a Indra

¿Qué entregó a cambio la empresa? El Gobierno regional ofrece un detallado cuadro del nivel de ejecución de los diferentes hitos del proyecto. De 24 apartados, hay cinco terminados al 100%, uno al 90%, uno al 70%, tres al 50%, dos alrededor del 30%, cinco por debajo del 10% y siete que ni se empezaron. ¿Se puede entregar algo al 50%? ¿Se utilizó algo del trabajo de Indra a posteriori?
Según el Ejecutivo: "Se ha aprovechado parte de la metodología, diseño funcional, trabajo de implantación, buenas prácticas en la formación y el estudio del cuadro de mando". Según un docente madrileño que ha seguido todo el proceso muy de cerca y que por su condición es usuario del sistema, "no se salvó más trabajo que el realizado a modo de posible documentación. Lo que se completó fueron desarrollos y pruebas de que la elección inicial de SAP fue incorrecta".
El Gobierno regional no sancionó a Indra por incumplir el contrato. Según las fuentes del Ejecutivo, "los motivos por los que primero se suspendió y posteriormente se resolvió el contrato no fueron responsabilidad del adjudicatario, por lo que no procedía aplicar penalizaciones". SAP falló y eso no es culpa de Indra, afirma el Ejecutivo. Pero el pliego de condiciones del contrato que firmó Indra cuando le adjudicaron Nexus ya incluía la obligatoriedad de desarrollarlo sobre SAP. La empresa aceptó las condiciones, pero o no previó o no supo resolver los problemas que surgieron. Indra no ha querido comentar acerca de la adjudicación y abandono del proceso Nexus.
Además, según el Gobierno regional, hubo otra circunstancia "inesperada", añaden las fuentes: "La aprobación y posterior desarrollo normativo de la LOMCE", que obligaba a cumplir unos plazos que Indra no alcanzaba. Así que la Comunidad decidió resolver el contrato y dar la relación con Indra por finiquitada.
Aquí, intentando usar el “programa de gestión” (😂😂) Raíces, todo amigable pero que me ha bloqueado tras negarme acceso repetidas veces.
Y poniendo notas a mano en actillas, como hace años.
En eso sí aciertan los gestores (😂😂) de la CAM: volvemos a las raíces.
¿Vosotros, bien?
Pero la Consejería de Educación seguía necesitando un programa de gestión, por lo que abrió otro concurso. Esta vez fue sobre seguro: se pagaron 2,1 millones de euros para implementar el sistema Séneca, desarrollado por la Junta de Andalucía y ya probado allí. En Madrid pasó a llamarse Raices (sin tilde) que es el gestor aplicado actualmente. A muchos profesores no les gusta nada Raices porque no acaba de funcionar bien.

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martes, 10 de septiembre de 2019

Púnica (Manuel Menor)

El sumario de “Púnica” ya enseña mucho

El pasado y el presente se entrelazan más profundamente de lo que nos han contado. Lo veremos si queremos enterarnos.

Algo se ha debido aprender estos años en el debate por una educación más democrática.  Los preludios y las secuelas de las decisiones legislativas son un contínuum dramático con intermedios zarzueleros, que siempre han mantenido algunas constantes de trágica división de clase, esa palabra que a nadie gusta pronunciar, pues para algo –dicen-  solo existen las clases medias.

Centrismos
Los grupos que –por unas u otras razones- tienen especial interés en este ámbito rehuyen la radical divergencia de situaciones y, por tanto, de perspectivas y posibilidades. Como si todo estuviera en concordia y no hubiera contradicciones, temen perder clientela votante si indican lo contrario o que, por descuido, se produzca publicidad negativa que pudiera hacerse viral; reniegan de que las Redes –en que lo que mejor funciona es el narcisismo- se les vuelvan en contra. De este modo, incluso quienes tienen alguna posibilidad de mover la realidad hacia el lado mas progresista favorecen más a los gobernantes que a los gobernados.

Todo parece destinado en este momento a mantener el statu quo, peleando más por la simbología de cada posición que por cambios significativos para lo público sin que nada se altere más allá de lo esperado, aunque lo más conservador no cese en avanzar. ¿El nuevo organigrama de la Consejería de la Comunidad de Madrid es absurdo? ¿El volumen de presupuesto que conlleva la nueva Dirección de la Enseñanza Concertada, por encima de los mil millones y creciendo, lo exige?¿Existiría otra posibilidad de seguir camuflando la demostrada burocracia ineficiente hacia la escuela pública, mientras se les van los dineros hacia las maneras más devotas de perseguir la calidad de los selectos, y cuando en el MEC los Acuerdos con el Vaticano les atan las manos? ¿No estamos ante la redefinición más utilitaria de entender la multilateral manera de tratar la igualdad en un asunto de derechos sociales?

Poco pueden corregir los proyectistas del MEC, pues quien administra los recursos principales de la educación española son las Autonomías. La medida adoptada en la de Madrid permitirá ahora observar sin tanto trampantojo el interés de nuestros representantes públicos por la escuela de todos. Tal ocupación siempre implicaba un esfuerzo añadido al tener que aguantar que vinieran a decir a los descontentos con lo que veían, que inventaban chismes y cuentos “ideológicos”. No. Ahora se podrá acompasar mejor el análisis con lo que, con todo tipo de pretextos y razonamientos ficcionales, vienen haciendo desde hace muchos años. Sobre todo, desde el “Tamayazo” de 2003.

El testigo
Lo que José Luis Pazos hizo en No nos callarán, su libro testimonial, al recoger casi día a día día a día lo que había sido la gestión de Esperanza Aguirre y sucesores en contra de las demandas de la CEAPA, y de cuantos como MAREA VERDE han peleado estos años por la educación pública, podrá ser ahora más inequívoco. Es mérito de Díaz-Ayuso haber recogido el testigo de los afanes privatizadores de sus antecesores y que, tomando la parte por el todo, haya innovado tanto esta parte de la gestión educativa madrileña que, sin más, ya se adivina cómo crecerá indefectiblemente la “calidad educativa” en esta nueva etapa legislativa. Como por arte de magia, se ha quitado de encima las dificultades que existen para educar sin discriminar con la escolarización. El apaño las arregla en falso, con mecanismos similares a los que han hecho crecer la Sanidad privada exponencialmente. Muy pronto no habrá nadie que no anhele que sus hijos transiten por el circuito prolijo pero selecto, aconfesional pero católico, simpáticamente demostrativo de la diferencia y de la demanda social de los nuevos ricos a que convoca la propaganda. Ya no habrá candidatos voluntarios a la pública, igual que no hay enfermos en las listas de espera, porque habrán convencido a sus votantes de que es más barato este sistema, aunque cueste cada año más a todos. Motivarán más con imaginarias bajadas de impuestos… y pocos dudarán de si deben votarles, agradecidos por lo que miman su economía egocéntrica.

Para los nuevos delegados de los negocios educativos privados es duro pelear por una organización escolar mejor, por un profesorado más preparado, por unos espacios y tiempos educativos en que reine la posibilidad de convivencia más democrática y donde el conocimiento sea patrimonio de todos. Comprando kits completos de servicios, se han acostumbrado a dejarse llevar al siglo XIX, a cuando no existía prácticamente derecho alguno o, como mucho, solo lo tenía una gran minoría censitaria. Les sería penoso ahora, después de haberse acostumbrado, no dejarse seducir por la unilateralidad dominante de los más fuertes. Como si nada hubiera pasado entre 1880 y la actualidad, toman decisiones que les sitúan en aquel pasado aristocratizante. Animados porque tienen quienes jaleen su añoranza y, con mucho troleo en redes y medios, logran que les voten. Quienes asesoran a Ayuso –experta en asesorar a “Pecas”- harán que la inversión en escuela pública se identifique con los chiringuitos inútiles: para complacer a sus socios, esta presidenta acaba de estrenarse creando 22 nuevos altos cargos…

La estructura
Algo tendrán que hacer profesores y maestros para que haya otro estilo, si no quieren verse arrollados por este tsunami neoliberal que, con tantos seguidores en EEUU y Europa, recobra insospechados bríos en Madrid pese a tantos años de estropicio y desmán en la Consejería de educación. No importan tanto los asuntos distractores como los grandes retos que están en juego; lo que se enseña y transmite con la organización de la Consejería -y lo que los centros expresen con su estructura y modelos para hacer comprensible el mundo-, es vital. Si es o no políticamente relevante que una Consejería autonómica haga o no visible lo que en realidad venía haciendo desde hace muchos años, se verá pronto. Lo contradictorio sería que a los docentes que lo soportan les resultara indiferente. No solo porque sus puestos de trabajo estén a expensas de la flexibilidad de este nuevo organigrama, sino porque altera y deforma el motivo principal por el que, en la Francia de 1789 –y en el Cádiz de la primera Constitución española-, se empezó a plantear como derecho universal la educación gratuita. La decisión de la Consejería madrileña explicita la voluntad discriminatoria para una población excedentaria a la que un Estado “mínimo” no quiere atender en igualdad.

Encadenados
Como muchas veces ha comentado el gran maestro Emilio Lledó, sería inconcebible que los institutos o las universidades alemanas del máximo prestigio solo estuvieran al alcance de quienes tuvieran  recursos. Y como acaba de comentar el profesor suizo Jacques Dubochet, Nóbel de Química en 1917,  “el conocimiento debe ser un bien público y no una cuestión de dinero y de poder”.

Si deja de ser preocupación fundamental de un Estado que se precie de democrático, no nos será difícil alcanzar el nivel americano: en EEUU, la deuda de los estudiantes supera ya el billón y medio de dólares. Lo que en España parece aspirarse es a tener encadenados a los más jóvenes por siempre a unas obligaciones contractuales que no tienen nada que ver con cuanto, como Estado Social y de Derecho, les reconoce la CE78. “Púnica” mostrará que han estado  empeñados/as en que -como en el gobierno de Fernando VII- repitamos contentos: “¡Vivan las cadenas!”. Y en ello siguen estos regeneradores.

Manuel Menor Currás
Madrid, 03.09.2019 

viernes, 7 de diciembre de 2018

La Iglesia pelea para no perder influencia en la educación, un negocio de 4.866 millones al año (Daniel Sánchez Caballero y Jesús Bastante en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero y Jesús Bastante en eldiario.es
  • Escuelas Católicas, la organización que controla los centros de la Iglesia, atiende a 1,5 millones de alumnos y emplea a 102.000 personas
  • La Iglesia contrata, controla y despide a los profesores de Religión, pero es el Estado quien los paga; cuánto dinero público total se emplea en esta partida se desconoce
  • La ministra de Educación se ha reunido con el secretario general de los obispos para tratar sobre los centros religiosos y la asignatura, que para la Iglesia es esencial mantener
La Iglesia atiende a 1,5 millones de alumnos y emplea (aunque no necesariamente paga) a 102.476 profesionales en los 2.591 centros educativos que controla, la inmensa mayoría a través de la organización Escuelas Católicas. Dicho de otro modo, casi uno de cada cinco jóvenes escolarizados en España en etapas no universitarias (más del 18%, en concreto) acude a un colegio católico concertado.

Este porcentaje del alumnado que manejan los centros católicos, junto a los pagos a sus empleados, muchos de los cuales realiza el Estado, se traduce en que la Iglesia Católica recibe cada año 4.866 millones de euros por su labor educativa, según sus propios datos. Un bocado considerable al que no está dispuesta a renunciar.

Por esta razón, y para defender también la importancia de la asignatura de Religión en el sistema educativo, a su parecer, se han reunido este lunes el secretario general de los obispos, Luis Argüello, con la ministra del ramo, Isabel Celaá, que ya ha anunciado que esa materia dejará de ser obligatoria y por tanto dejará de contar para nota. Como ya adelantó eldiario.es, l a Conferencia Episcopal está dispuesta a negociar sobre inmatriculaciones e impuestos como el IBI, pero no quiere ceder poder en su labor educativa. En esos términos se ha desarrollado la reunión, donde la Iglesia le ha mostrado al Gobierno sus "preocupaciones".

La asignatura ganó presencia y peso cuando el PP aprobó la Lomce, ganancias que se tradujeron en un aumento del alumnado que la cursaba. Pasó a ser de obligado ofrecimiento por los centros (más profesores) y a contar para la nota media de la Secundaria, que luego sirve para la media total y que determinará a qué grados puede acceder un alumno, o a la hora de conceder o no una beca. Una porción de poder e influencia que ahora, con la propuesta de reforma de la Lomce que ha hecho el PSOE, podría verse amenazada al rebajar la importancia de la materia. Aún así, según datos de la Iglesia, el 63% de los alumnos está matriculado en Religión.


De suelo, segregación por sexo y docentes

No es que la posición de las escuelas católicas concertadas esté directamente amenazada, si se atiende a las declaraciones que Isabel Celaá ha realizado en las últimas semanas. La titular de Educación ha manifestado más de una vez que no tiene nada en contra de la escuela concertada "que cumple su función social", espacio en el que se insertarían las escuelas religiosas tradicionales agrupadas en torno a Escuelas Católicas, sino que su batalla es contra la "nueva concertada" que se dedica al "mercadeo con centros educativos".

Se refiere con esto la ministra a grupos, como grandes constructoras o empresas de servicios, que están entrando en el sector educativo con más interés en el negocio que hay en la escuela concertada (el Estado te paga por tener un colegio) que por el proyecto educativo.

Sin embargo, hay una cuestión que sí debería preocupar a algunos (los menos, según Escuelas Católicas) centros concertados religiosos. La modificación de la Lomce que presentará el Gobierno quiere impedir por ley que existan centros que segregan a sus alumnos por sexo. El exministro popular José Ignacio Wert la blindó por ley por no considerarla discriminatoria, y por la misma vía se prohibirá.

"Nuestra idea consiste en no permitir que un modelo que choca con el modelo de coeducación pueda ser generalizado y extendido, financiado con fondos públicos. La idea es conseguir que no se generalice porque creemos que atenta contra la coeducación", explicaron en su momento fuentes socialistas.

Algunos de estos centros han devuelto la financiación pública con escándalos por cuestiones educativas . Fue el caso del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid), donde como actividad complementaria el año pasado los niños acudieron al estadio Santiago Bernabéu y las niñas hicieron un taller de ganchillo. En el mismo municipio, el colegio Fuenllana, del Opus, concertado y que segrega a sus alumnos por sexo, ofrecía talleres de moda y cocina para ellas y de sistemas microinformáticos e instalaciones de telecomunicaciones para ellos, según denunció Ganar Alcorcón.

Donde Celaá sí ha puesto el foco en alguna ocasión ha sido en la cesión (gratuita, si no no sería una cesión) de suelo público para la construcción de escuelas concertadas.

Esta práctica se ha detectado recientemente en algunas comunidades autónomas como Madrid. Según UGT, entre los años 2000 y 2013 se cedieron 82 parcelas para construir este tipo de colegios. En los barrios de nuevo desarrollo, por ejemplo, es habitual que se abran más centros concertados que públicos.

No necesariamente a Escuelas Católicas, pero grupos católicos o ultracatólicos se han visto beneficiados por estas prácticas. En general, toda la escuela concertada ha sacado provecho de la implantación de la LOMCE, que garantizó la presencia de los colegios privados sostenidos con fondos públicos por todo el Estado y eliminó la característica "públicas" de la obligación de ofrecer plazas escolares para todos los niños.

Luego está el polémico asunto de los profesores de Religión. Con estos docentes se da una circunstancia cuanto menos sorprendente. La Iglesia los contrata, manda sobre ellos hasta el punto de poder despedirlos a voluntad, pero no los paga. Las nóminas de los profesores de Religión corren a cargo del Estado, según denuncia la organización Europa Laica, pero bailando al compás de la música religiosa.

Según algunos datos conocidos, la administración central se gasta al menos 100 millones de euros cada año solo en los profesores de Religión de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, los territorios sobre los que tiene control. En el resto son los Gobiernos regionales quienes tienen que afrontar esta inversión. Pero no hay datos globales.

"Los hemos pedido repetidas veces, incluso en el Parlamento a través de diputados", explica Antonio Gómez, presidente de Europa Laica. Pero nada. Vía Portal de Transparencia se ha conseguido ese dato, pero total no existe, denuncia Gómez. Según los cálculos de Europa Laica el gasto podría ascender a unos 500 millones de euros.

Este oscurantismo, unido al cambio de ley que realizó el PP y por el que la asignatura de Religión era de obligado ofrecimiento por parte de los centros, se han dado situaciones como que en Andalucía haya profesores cobrando sin dar clase en 250 centros, según admite la propia Junta.

Los módulos

En cualquier caso, la gran batalla perenne entre la escuela concertada y el Estado, o al menos la que los centros quieren dar, es el precio de los módulos, lo que la administración paga a los colegios por cada aula concertada (los conciertos no se otorgan a centros completos si no a "unidades", que viene a ser clases).

Esto se traduce en que, según la Plataforma Concertados, mientras un alumno le cuesta al Estado casi siete mil euros al año en un centro público, los centros privados sostenidos con fondos públicos reciben apenas tres mil por lo mismo: un ahorro de más del 50%.

En la cuenta global, dicen desde la Iglesia, las escuelas católicas le ahorran al Estado 19.735 millones de euros cada año, que es la cantidad que según sus cuentas le devuelven los centros religiosos cada año en forma de retorno de la inversión. Esto es: por cada euro invertido por la sociedad en un colegio católico, vuelven cuatro. De dónde sale esa cifra no está claro.

Por esta razón, la patronal de estos centros —y de toda la concertada en general— tiene como primera reivindicación la actualización de los módulos. Es el mismo argumento que utilizan para defender las cuotas ("voluntarias" siempre, según Escuelas Católicas, forzosas según han denunciado reiteradamente sindicatos y muchas familias) que piden los colegios concertados a las familias, para compensar la falta de financiación del ministerio, justifican.


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miércoles, 18 de octubre de 2017

El gasto público para educación concertada se acerca ya a los 6.000 millones (EL DIARIO.ES)

Reproducimo esta noticia de ELDIARIO.ES

El gasto público en educación en relación al PIB se situó en 2015 en el 4,3 %, el mismo porcentaje que el año anterior y que se tenía en 2006, pero el dinero dedicado a la educación concertada ha ido creciendo hasta situarse casi en los seis mil millones de euros, la cifra más alta de su serie histórica.
Son datos definitivos sobre 2015 de la reciente "Estadística del gasto público en educación" del Ministerio de Educación, donde se señala que el gasto público para conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada ascendió a 5.915,9 millones de euros, un 2,6 % más que en 2014.
Hasta ahora, la mayor cifra dedicada a la educación concertada se había registrado en 2009, cuando se invirtió para dicho fin 5.891,02 millones de euros.
Se da la circunstancia de que 2009 es también el año en que más dinero público se invirtió en educación, llegándose al 4,9 % del PIB.
En 2015, el gasto público total en educación llegó a los 46.624,3 millones de euros y creció tanto en la educación no universitaria (5,1 %) como en la educación universitaria (2,8 %).
Si se excluyen los capítulos financieros (como se considera en la metodología internacional), el gasto público asciende a 46.285,3 millones de euros, también un 4,3 % más que en 2014; este aumento aparece asimismo tanto en el gasto en educación no universitaria (4,8 %) como en la universitaria (3,6 %).
Solo tres comunidades han bajado su aportación a los conciertos y subvenciones entre 2015 y 2014: Andalucía, Cantabria y Castilla y León.
La Educación Infantil y Primaria, incluida la Educación Especial, supone el 34,6 % del total de gasto público en educación en España, y Secundaria y Formación Profesional el 29 %. Después vendría la Educación Universitaria, con el 20,7 %, mientras que las becas y ayudas al estudio alcanzan el 4,2 %.
Respecto al reparto del gasto público en educación, el capítulo de personal representa el 59,9 % del total.
El siguiente cuadro recoge, por CCAA, el gasto público en conciertos y subvenciones (miles de euros) en 2015 y 2014:
CCAA 2015 2014
===================================================
M. de Educación 16.068 18.046
Admon. de CC.AA. 5.899.855 5.750.498
Andalucía 746.910 748.088
Aragón 152.907 149.820
Asturias 90.467 86.680
Baleares 174.370 159.122
Canarias 127.982 125.875
Cantabria 82.046 83.814
Castilla y León 284.118 298.916
Castilla-La Mancha 147.834 142.790
Cataluña 1.121.766 1.029.721
C. Valenciana 673.062 661.529
Extremadura 83.071 82.703
Galicia 237.034 232.131
Madrid 956.155 943.022
Murcia 210.158 200.468
Navarra 126.991 126.345
País Vasco 637.668 634.719
La Rioja 47.318 44.755
TOTAL 5.915.923 5.768.544.

domingo, 2 de julio de 2017

Quienes gobiernan la educación, merecen un insuficiente (maestrosdepurados)

Javier nos envía el enlace a la nueva publicación en el blog de maestrosdepurados 

Desde la Consejería al Ministerio de Educación. Porque al amparo de la LOMCE, comenzaron en septiembre sacando por sorpresa una Orden que degradaba Cultura Clásica, Francés, Música, Plástica, TPR, a asignaturas de segunda categoría, pues no cuentan ya para promocionar de curso o o solamente una de entre ellas, en caso de coincidencia, en 1º y 3º ESO. Además, la LOMCE no tenía en consideración al alumnado repetidor de 2º de Bachillerato, porque no había previsto una norma transitoria que les permitiera, durante al menos un año, repetir con la ley que habían venido cursando anteriormente.
Después, en medio del curso, cuando el profesorado preparaba a su alumnado para la EvAU de 2º de Bachillerato, quitaron de esta prueba a Ciencias de la Tierra y Medioambiente, Francés, Psicología, Tecnología Industrial II, etc. después de años consiguiendo buenos resultados para el alumnado que las escogían por interés para la calificación media o por vocación.
En Octubre, tras la huelga general de toda la comunidad educativa y de los estudiantes en Noviembre, contra la LOMCE, las reválidas y los recortes, el Ministro anuncia que las evaluaciones finales no contarían este curso para la titulación, pero ojo, hasta que se alcanzara un acuerdo con el Pacto Educativo.
Pacto educativo en el que se deja a hablar a expertos, y colectivos de la educación, pero ¿escuchan los gobernantes a la comunidad educativa que lleva años reclamando la necesidad de detener la LOMCE y sustituirla por una ley nueva donde de verdad podamos intervenir sus protagonistas, consiguiendo algo diferente a otro producto legislativo de obsolescencia programada?
Parece que no, porque a pesar del talante negociador que quiere dar la Comunidad de Madrid en ocasiones, la Consejería castiga con un expediente disciplinario a la profesora interina de EOI de Francés que discrepó a preparar los exámenes de septiembre cuando la despedían a final de junio.
Y porque las reválidas de 4º no se habían suprimido este curso tampoco, sino que se dejaba a cada comunidad autónoma decidir cómo hacerlas. En marzo volvimos a la huelga y a la calle para dejar claro el NO total a las reválidas y las políticas austericidas en educación. Pero la Comunidad de Madrid, siempre defensora de la LOMCE, de las evaluaciones externas y de la privatización de la enseñanza, hizo censales y por tanto obligatorias la prueba de cuarto, externalizando su gestión a una empresa privada por un valor de 650.000 euros, interrumpiendo el funcionamiento normal de los centros y creando confusión sobre sus efectos académicos, a pesar de que la legislación dejaba claro que no podía tenerlos.
Hay dinero para pruebas externas, para extender el bilingüismo, la enseñanza privada concertada y financiar a la Iglesia Católica con fondos públicos; pero no para mantener abierto el IES Pérez Galdós, ni para mantener las aulas de integración motórica en el CEIP Virgen del Cerro, los Ciclos Formativos o las líneas suprimidas en tantos colegios e institutos, ni para reducir las ratios elevadas de los centros públicos, evitando su masificación y degradación.
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Lee el artículo completo en maestrosdepurados.wordpress.com