Desconfianzas ante el nuevo curso académico (Manuel Menor)

Publicamos el artículo que nos manda el compañero Manuel Menor

El camino  no va a ser fácil, pero hay que andarlo. Todas las fuerzas harán falta, y vendrá bien remar todos en la misma dirección.

Los datos demoscópicos parecen apuntar en la doble dirección; por un lado, una tendencia esperanzada de recuperación, mientras por otro son visibles bastantes miedos y reticencias. Las noticias sobre control de esta COVID-19 también tienen doble vertiente: sabemos más acerca de cómo funciona y parece que tengamos más cerca una posible vacuna, pero también es verdad que nadie es capaz de infundir calma suficiente ante los posibles brotes que resurgen en unos y otros puntos.

Consensos/disensos

En nuestro plano político más cercano, y al margen de la exuberancia expresiva de las hipérboles que cada cual esté dispuesto a oír en esta precampaña electoral del País Vasco y Galicia, tres asuntos merecen especial atención. Ante todo, el acuerdo alcanzado en el Congreso para el decreto que regule el final de la desescalada, el más amplio de los logrados por esta coalición gubernamental: al menos, ha aliviado las gesticulaciones hoscas que tanto daño hacen a la convivencia; lo acordado respecto a la Sanidad va también en esa dirección, la más adecuada para salir adelante. Sin embargo, los muertos han vuelto a volar por los aires; no son los mismos los de unos y los de otros, y por mucho que estemos en democracia parecen querer dominar la escena de la convivencia por encima de los vivos. Defendiendo su memoria a pedradas, al estilo ancestral prejuiciado de raíz, ni algunas escenas de las vividas estos días en Euskadi, ni las protagonizadas en el Congreso y alrededores, han estado a la altura de lo que exige el sentido de su memoria. En tercer lugar, en bastantes barrios es notoria la desescalada de aplausos y caceroladas, gesticulaciones ambas poco propicias  para gestionar la normalidad, si es que a esto en que estamos entrando puede llamarse normalidad.

Nuevos paisajes sonoros

En la calle, en las plazas y en las playas, se ve y oye de todo. Ansiedades, insatisfacciones, urgencias, despreocupaciones, movimientos corales impacientes y  urgentes, conviviendo con escenas calmas, pacientes y bien humoradas por más que, a veces, se casen muy mal. A la inseguridad que genera el no saber bien si ponerse o quitarse la mascarilla o tener que aprender de nuevo para moverse, lavarse y distanciarse, como si se fuera un infante, se sobrepone la ansiedad demostrativa de estar por encima del bien y del mal, la muy interesada fórmula para sacar provecho, o el ruidoso encuentro que en cinco minutos de elevar la voz para no aburrirse por no saber qué hacer, puede terminar en follón de narcisismos desarbolados.

Las aceras, las playas y los cafés son en este momento espacios de gran aprendizaje social para todos, de necesaria expansión de la personalidad de cada cual, de buen negocio para algunos  y de gran desesperación para muchos, a quienes parece que los demás hacen o no hacen lo que habría que hacer. Viejísima es, de las tablillas cuneiformes, la constatación de que los mayores miran con ojos prevenidos y malhumorados los nodos adolescentes. Las interacciones en que todos estamos empezando a movernos de nuevo darán pie –como siempre, pero en un ambiente de aparente novedad- para múltiples reacciones que hemos de aprender a controlar otra vez.

Afrontar un nuevo curso

El “abandono” de la educación pública lo describió hace unos días Guadalupe Jover: “Nuestras administraciones educativas se han lavado las manos. No sabían qué hacer y han optado por la dejación de funciones”. La sempiterna desigualdad de trato ha saltado estos días más a las claras; las deficiencias ancestrales –anteriores que existiera ninguna de las tropecientas leyes, decretos, órdenes  y resoluciones ministeriales- han sido más evidentes. El capital cultural, social y económico de las familias es radicalmente distinto, y no se arreglará por mucho ordenador que se facilite a los niños; tampoco las escuelas e institutos con infraestructuras obsoletas, organizaciones internas que son un contrasentido. De cara al próximo curso, por mucho que las explicaciones queden aparentes, existen múltiples agujeros cuya responsabilidad de arreglar va a corresponder –como casi siempre- a la muy “noble” “vocación” de los enseñantes, tan halagada en el BOE como mal soportada en un reconocimiento efectivo. En momentos de crisis, cuando no hay trayectoria de fondo, todo el mundo echa balones fuera; no parece que sea el momento para que la sociedad en general, y la Administración en particular, demuestren querer que sus maestros y profesores sobrepasen el nivel del peonaje. Si alguien entiende que tratarles con la seriedad que merece un profesional cualificado, se arregla cualquier día con una gran manifestación de aplausos, se encontrará con reclamaciones –algunas muy viejas-  como las que acaban de hacer los sanitarios, cansados de que no les den lo que en justicia merecen. No es cuestión de gremialismo medieval, sino de dignidad de una sociedad democrática.

Unos días antes, Francisco Delgado también llamaba la atención  sobre lo alejados que andaban todos –a doce semanas de que empiece el nuevo curso- para que el gran objetivo para el que nació la enseñanza pública pueda cumplirse: la compensación de las desigualdades en el conocimiento y las habilidades culturales, para que todos los ciudadanos sean iguales. Demasiados condicionantes a superar –incluidas tradiciones asentadas de desigualdad- para que pueda salir bien la intencionalidad que la ministra Celáa pregona para su ley. En este momento -tal como la COVID-19 ha dejado al aire la fragilidad y desigualdad que tiene el sistema educativo-, es puro voluntarismo cuando cada autonomía parece circular por “una autopista diferente”, y cuando los Acuerdos de 1979  con el Vaticano  sostienen una estructura educativa más de 1851 que de 2020. En ese panorama, según Delgado, los 2.000 millones que el Gobierno acaba de habilitar –“erróneamente, de forma lineal”- acabarán nutriendo en gran medida a la escuela privada religiosa, “la de los sectores más acomodados, esa que el Estado, a través de la LOE y la LOMCE, se ha empeñado, en considerar como pública”.

Poco hay que añadir salvo que, o la nueva normalidad trae una nueva exigencia de ética colectiva en el trato a la escuela pública o, en el curso próximo, el sistema educativo se colapsará más por donde menos falta hace. El ejemplo de lo acontecido con las residencias geriátricas y con los propios hospitales públicos en estos tres meses pasados, debiera servirnos de preaviso. ¡Atentos!

Manuel Menor Currás

Madrid, 28.06.2020

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"La España recortada" (Manuel Menor)

Reproducimos este nuevo artículo de Manuel Menor:

La España vaciada  crece recortada y expulsa gente: no es “una gran nación”

Este sintagma apenas se acomoda a la perspectiva del 20% de españoles. Muchos, privilegiados en los Presupuestos, lo son más si se recortan derechos y libertades al resto.

“España es una gran nación”, suele decir Rajoy cuando le preguntan sobre cuestiones que le afectan, sobre las que no tiene la menor intención de aclarar su postura. En un mitin sevillano en mayo de 2015 añadió: “y los españoles muy españoles y mucho españoles”. Ha vuelto a repetir este mantra en la sesión de control sobre asuntos de corrupción el pasado día 22.

Un tópico ideologizado

Desde Geografía, los analistas de la “España vacía” tendrían mucho que matizar sobre tan genérica tesis. Desde la Historia, es difícil de asumir sin añadir largos considerandos a una afirmación que rezuma connotaciones de cuando lo de “Una, Grande y Libre”. El Libro de España de obligada lectura en nuestra infancia escolar trató de inculcárnosla siguiendo la dinámica de José María Pemán en su Historia de España contada con sencillez (1939). Dio de comer a acreditados cómplices de aquellos victoriosos años, como Demetrio Ramos, con su Historia del Imperio. Adaptada al cuestionario para sexto curso de bachillerato (Burgos, Aldecoa, 1942). Y nutrió los exámenes de muchísimos estudiantes hasta no hace mucho, pues docentes ha habido que, pese a investigadores como J. H. Elliot (La España Imperial (1469-1716), 1970), han seguido exigiendo lo que había contado la Enciclopedia Álvarez en sus diversos grados. De 1952 a 1966,  más de 20 millones de ejemplares de este libro, sin contar las ediciones facsímiles de finales de los noventa, contribuyeron a que aquella “España eterna” –nacionalcatólica y antidemocrática- se asentara bien después de la inmediata postguerra. Tanto, que no es infrecuente encontrarla frente a toda evidencia que la ponga en entredicho.

En el debate político, lo de España como “gran nación” no alcanza la categoría de tópico, aunque a Rajoy le sirva para salirse por la tangente y minimizar daños. Pertenece a esa estrategia del “arte de tener siempre razón” y, a veces, es rentable. Expresa esa “cultura de la satisfacción”, de que hablaba Galbraith,  pero no imposibilita que le devuelvan la pelota: si fuera grande lo sería “pese al PP”. Y sí es seguro que, a base de echar balones fuera, se desvirtúa el juego parlamentario, el sistema se hace insostenible y crece la desafección y el descontento.  Es posible, de todos modos, que sea eso lo que se busca, porque hay una España silenciada, fruto del vaciado de sentido que pudiera atesorar el sintagma “gran nación”. Es la España que expulsa jóvenes al exterior, la que acrecienta como litigio su diversidad autonómica y la que, a diario, muestra heridas relevantes en que la plenitud democrática está siendo desinflada.

Al ritmo que va esta desertización interna, pronto la pérdida de atractivo hará que resulte una España irreconocible. Es un proceso de larga genealogía, perfectamente cartografiable, en que los desistimientos actuales se suman a tradiciones de rasgos estructurales. Es sintomática en este sentido la situación de las mujeres, más dura si cabe en muchas zonas rurales de la “España vacía” como ha estudiado Mª Ángeles Martínez. Esa inclemencia fue recordada el pasado día 23 al presentarse un libro colectivo coordinado por Julia Varela, Memorias para hacer camino (Morata, 2016). Los relatos de vida de once mujeres representativas de la generación del 68 mostraban sus extraordinarios esfuerzos para sacar adelante sus vidas y las de sus hijos e hijas. Y aquellas dificultades siguen lastrando lo diferentes que siguen siendo las vidas de las españolas de hoy respecto a las de los varones en cuanto a salarios, expectativas laborales y profesionales, naturalización de roles femeninos y, sobre todo, en cuanto a violencia de género, una lacra que, en lo que va de año ha causado 14 muertes.

El de la  igualdad es el portillo principal por donde se sigue vaciando España por dentro. El próximo día ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, vuelve a recordarse que más de la mitad de la ciudadanía es objeto específico de discriminación y violencia. Pero el incumplimiento de los derechos y libertades de las mujeres también ejemplifica se violenta la equidad de todos en otros ámbitos. Respecto a corrupción, por ejemplo, nuestra posición, en el puesto nº 19 de países de la UE, es sonrojante para merecer el calificativo de “gran nación”. Y en cuanto a igualdad y exclusión, Bruselas acaba de alertarnos del alza de serios incumplimientos: el 13.1% de nuestros trabajadores están en riesgo de pobreza y los niños (de 0 a 17 años) en riesgo de exclusión andan en el 34,4%; la pobreza severa afecta al 6% de la población total (el riesgo de pobreza afecta ya al 28,6%) y el coeficiente GINI es del 52,9%. Es decir, que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre, es uno de los más altos de la UE. Se advierte de manera significativa en el acceso a la Sanidad o a la Educación, entre otros muchos servicios, o en que nuestra tasa de temporalidad en el empleo es casi la más alta de Europa: sólo es peor en Grecia. Todo lo cual no parece propio de “una gran nación” respetuosa con los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.

Poder de clase

Concuerdan con ese panorama las reacciones que los múltiples asuntos bajo competencia judicial o fiscal han suscitado en los últimos días. Banal y muy poco pedagógico ha sido para la gran mayoría que, ante las sentencias del caso Nóos, se dijera que “el Estado funciona”. No faltó tiempo para que muchos se preguntaran “cómo funciona” y que cundiera la idea de que no todo el mundo es igual ante la ley por la disyuntiva aplicación del mismo Código Penal a poderosos o a pobres, humildes y miserables. En este ámbito –que no excluye muchos otros-, el mal sabor que han dejado el caso de las tarjetas black, el caso del 3% o los oportunistas cambios de fiscales no difiere mucho.  

Indignación social acumula esta “cultura feliz” del bonus sobre bonus. Porque si la delincuencia sale barata según quién se sea, o si el nacimiento y razones de distinción tergiversan su tratamiento fiscal y judicial, se ejemplifica que no somos iguales ante la ley aunque esta lo aparente. Más que “gran nación” esto parece un cortijo de unos pocos con privilegios y trato muy inferior a los demás. Una parábola para enseñarnos cuánto hayamos avanzado desde el Antiguo Régimen estamental en que, al menos, los dos estamentos privilegiados no hacían ostentación hipócrita: todos sabían que tenían sus leyes y tribunales particulares. Cuando Rajoy empezó su trayectoria política hablaba de “la envidia igualitaria” para zafarse villanamente de estos distingos. Ahora está con lo de “gran nación”, un constructo donde dudosamente caben los pobres, pues “los pobres sacan peores notas”.  Después de tanto tiempo en coche oficial no entenderá que el capital cultural heredado es lo que mejor discrimina los resultados de “literacia” en PISA: por eso se ha empeñado en legislar la discriminatoria LOMCE. Menos admitirá que son los recursos económicos los que determinan –más que el esfuerzo y el saber individual- el acceso a las universidades prestigiosas: por eso está en que el acceso a las públicas sea cada vez más difícil para todos. Hace más de 40 años, los teóricos de la “reproducción social”, Bowles y Gintis, entre otros (1976), lo explicaron bien. Pese a ello, ahí está la LOMCE de Rajoy y su cohorte de decretos recortadores de una educación digna para todos  como si nada.

Un reciente artículo de Vicenç Navarro muestra lo determinante que es este “poder de clase” -como el que ejerce Rajoy- en el subdesarrollo social de España. Según el catedrático de la Pompeu Fabra, “el gasto público social –tanto en su totalidad, como por cada capítulo- está por detrás del promedio de otros países, y muy por detrás de lo que debería ser por el nivel de riqueza que tiene España”. La razón principal de ello estaría en que la mayoría de la población no es de clase media: menos de un 1% controla las grandes empresas; les sigue una pequeña burguesía:  propietarios y gestores de empresas de tamaño menor y una clase media de rentas altas, compuesta por profesionales de educación superior y sectores mediáticos. Ambos se encargan de la reproducción del sistema de poder y de publicitar su escala de valores. En total,  este conjunto de las rentas superiores representa, según el cálculo de Navarro, en torno a un 20% de la población.  Por debajo, estarían las clases medias de renta media y baja, con unas condiciones de trabajo en proceso de deterioro y “proletarización”; y más abajo, la clase trabajadora propiamente tal en su variada diversidad, incluida la de los falsos autónomos. En total, rondan el 80% de la población.

No todos reman en el mismo barco de “la gran nación”: los intereses son contrapuestos y poco tiene que ver lo que interesa al grupo dominante con lo que conviene al 80% restante. No obstante, aquellos tratan de convencer a estos de que si les va bien a ellos le irá bien a todos, cuestión que se dilucida mejor si se examinan los presupuestos del Estado. La disparidad originaria marcaría la disminución del Estado de Bienestar en asuntos tan significativos como Sanidad o Educación. Los posicionamientos encontrados entre sanidad pública y sanidad privada o entre educación pública y educación privada siguen creciendo pese a que esta división sea “enormemente ineficiente e ineficaz”. Mejor sería un sistema público que ofreciera una buena asistencia personalizada, pero se requeriría un gasto público mayor, lo que no conviene a los intereses privatizadores ni al poder que confiere el pertenecer o creer que se pertenece a la clase superior. En Educación, ese “poder de clase” sigue polarizando el sistema educativo por clase social: “descohesiona el país y crea ciudadanos de 1ª y de 2ª desde la infancia”. Según Navarro, al final resulta que “las personas educadas en la privada están sobrerrepresentadas –en porcentajes superiores al 20%- en los círculos de poder”. Aunque los resultados sean negativos incluso desde la perspectiva de la más estricta eficiencia, a nadie parece importarle; el grupo dominante tiene poder para llevar la atención hacia otra parte. Y así, mientras los datos de la CEOE apuntan a que la privatización sanitaria sigue creciendo, se cae un techo de La Paz encima de los pacientes. Un  contexto en que inscribir, con Víctor de la Serna, que los dos partidos alternantes desde la Transición han mutado ”en organizaciones de funcionarios dedicadas a su autopreservación y mantenimiento, y no al servicio público”.

El sistema social ha sido dañado, y una parte sensible de España fácilmente vaciada de los derechos y lealtad mutuos que deben regir en toda “gran nación”. El mal ejemplo ha cundido dentro del propio sistema educativo y tiende a crecer. Valgan dos casos últimos. Al abrir la web de la URJC, lo primero que salta a la vista es que está “en el listado de las 10 mejores universidades españolas”; pero se compadece mal con una gestión y trayectoria clientelar que, según han destacado los medios en este mes de febrero,  socava la moral de quienes allí asisten y también el sistema científico que propugna.  ¿Qué decir, por otra parte, del enjuiciamiento a los cinco profesores del IES Buero Vallejo de Guadalajara porque habían protestado ante unos desmedidos recortes? Parece que hubiera gente a la que la dignidad de la Escuela pública le ofenda, pero los cinco del Buero se merecen otro respeto por parte de las autoridades que dicen querer “mejorar” el sistema educativo. ¿El obediente silencio de  estos profesionales del Buero, habría mejorado el ranking de España como “gran nación”?

Gran nación y Pacto educativo

El modelo de la España que mejor cumple al ser de “gran nación” que propugnan Rajoy y los suyos quedó reflejado con motivo de la comparecencia de Agustín Moreno en la Subcomisión del Congreso de Diputados para el Pacto Social y Político de la Educación el pasado día 21. La exposición cuidada, precisa y optimista de este profesor, que representaba a Mareaverde, evidenció  los planos del deterioro último a que ha sido sometida la educación escolar, especialmente la pública, y cuáles, por tanto, debían ser los elementos primeros a restituir para que todos los ciudadanos se puedan se sientan parte de una sociedad bien trabada. En buena lógica, por tanto, todos los ingredientes y dispositivos utilizados para construir un sistema segregador deberían ser eliminados y, en su lugar, potenciar cuantos faculten la equidad y cohesión social. Ese objetivo debería guiar a los representantes parlamentarios que quieran “hacer historia”, acompañados –recomendó-  por los colectivos sociales que pugnan por sacar partido a la escolarización en el día a día. Seis puntos concretos señaló Agustín como imprescindibles en el empeño: Financiación adecuada (7% PIB); Profesorado comprometido y reconocido (no peones de la administración, sino buenos profesionales); Currículo sin idearios particulares (laico y sin dogmas, pluricultural e integral, sin los Acuerdos con el Vaticano); Educación inclusiva; Universalizar el derecho a la educación de 0 a 6 años; y partir de la Educación como derecho del niño, con una red única de centros de titularidad y gestión públicas.

Las primeras reacciones a esta propuesta pudieron verse entre los parlamentarios presentes. Solamente uno la aceptó bien y otro casi; cuatro hubo que navegaron entre tópicos y doctrina prefijada.  La disparidadades quedaron claras: lo que a un interviniente le pareció una aportación “valiente” suscitó, entre formalidades de buena educación, que otro advirtiera algún aspecto “sectario” y, por tanto, que lo que correspondía a este “diálogo” era oír sin obligarse a casi nada más. Quien repase despacio cuanto allí se dijo o se sugirió, podrá calibrar el juego de fuerzas existente en esta Subcomisión. No se llega al empate que posibilitaría una construcción de una “gran nación” educativa para todos: los parlamentarios allí reunidos no reinterpretarán a la luz del presente lo escrito en el art. 27 hace 39 años.

En apoyo de esta perspectiva de sostenella y no enmendalla, merece atención otra reacción importante. Aparentó no serlo, porque no estaba en el Congreso, la del portavoz de la Conferencia Episcopal. Todavía no han comparecido ni la Concapa, ni “Colegios Católicos” ni algún representante explícito de la Comisión Episcopal de Enseñanza, pero la CEE ya ha cerrando el oído a dos de las propuestas principales de Mareaverde: la clase de Religión y los conciertos educativos (dentro de la financiación de la Iglesia). Es más, esos asuntos principales seguramente quedarán fuera de este pacto tan proclamado como deseable. Para los obispos, estas cuestiones pertenecen al “bien de la educación en nuestro país”. Funcionarios hermeneutas de las esencias, quieren diálogo y dicen ir a él con espíritu constructivo, pero sin apearse de que la “educación integral en la libertad lleva consigo el aporte del hecho religioso”, concretamente desde el ángulo católico. Entienden que hay cosas que “mejorar” –su listado de peticiones y recursos es muy largo, dada su eterna accidentalidad de paso por este mundo-, pero el pacto educativo en que piensan ha de responder “a una tradición cultural gloriosa de nuestro pueblo”.

Después de tantos siglos controlando conciencias, el balance cualitativo de su contribución a esa “gloriosa tradición cultural” no debiera fiarse a tanta autocomplacencia. Para cuantos tienen memoria o se han documentado, esa “tradición” muestra abundantes flancos de indubitable colaboración entusiasta a la desconfiada incomprensión de toda emancipación liberadora en este “valle de lágrimas”, sin que haya constancia de su eficiencia salvífica. Pero si se tira de ese “glorioso” hilo cultural mentado por el monseñor, se entenderá mejor –sin recurrir a otros factores sociológicos, políticos y económicos de signo crítico- a qué se refiere Rajoy cuando enfatiza que “España es una gran nación”. También ayuda a descifrar qué sugiere este estribillo a quienes le hayan votado y esperen un Pacto educativo en que las virtudes de la LOMCE permanezcan intactas. Si excluyera que el 80% del personal tuviera que asentir a cómo ve los derechos y libertades cívicos en Educación el 20% del nivel de rentas más alto, habrían de olvidar su fraterna colaboración en esta peculiar “mejora educativa”. Claro que todo es provisional, pues la Historia continúa y el paranoico Trump está ahí para que, junto a sus palurdos fanáticos, no nos hagamos ilusiones con nuestra real dimensión.

Manuel Menor Currás

Madrid, 25.02.2017

2 de Marzo enterramos la LOMCE frente a la Asamblea de Madrid

El día 2 de marzo ven con nosotr@s frente a la Asamblea de Madrid, vamos a enterrar todo lo que no nos gusta en la educación: ratios, conciertos educativos, tasazos, precariedad y la LOMCE.

Descarga el cartel aquí.

El Congreso inicia el proceso parlamentario para tumbar la Lomce con el voto en contra del PP (EL DIARIO.ES). #SíSePuede

Reproducimos esta noticia de EL DIARIO.ES

Todos los grupos, salvo el PP, UPN y Foro Asturias, apoyan la proposición de ley del PSOE para suspender lo que falta por implantar de la ley: el efecto académico de las reválidas

El proceso se solapará con la aprobación por parte del Gobierno de un decreto con el mismo fin, ya anunciado por Rajoy, y la creación de una subcomisión que dará a luz un pacto educativo

Ciudadanos acusa al PSOE de "propaganda política" ahora que el PP se compromete a negociar en un grupo de trabajo, cuya creación está prevista para diciembre apoyada por todos los partidos

El Congreso ha iniciado este martes el trámite parlamentario para tumbar la Lomce con la toma en consideración de la proposición del ley del PSOE para "suspender el calendario de implantación" de lo que queda de la ley, es decir, los efectos académicos de las reválidas. El texto se ha aprobado en el pleno con 208 votos a favor, 133 en contra –PP, UPN y Foro Asturias– y dos abstenciones, está calcado del que salió adelante en abril pero decayó por la disolución de las Cortes antes de la convocatoria de elecciones.


Ahora, siete meses después, aunque la redacción es la misma el escenario es distinto porque en los niveles pendientes de la implantación este curso ya ha entrado en vigor, así que la "suspensión del calendario" implica de momento solo paralizar que las pruebas de ESO y Bachillerato sirvan para titular, algo que Mariano Rajoy ya anunció que el Gobierno haría hasta que se llegue a un pacto educativo. Las pruebas se van a realizar este curso según lo previsto por la ley: como diagnósticas en Secundaria y solo para el acceso a la universidad en Bachillerato, al modo de la antigua PAU.
Para el PSOE, el texto de su proposición de ley el "punto de partida" para reunir un consenso inicial y después introducir medidas más duras en el contexto de negociación de la Comisión de Educación, el órgano al que va a parar la proposición de ley de los socialistas con las modificaciones que se acuerden para derogar en última instancia la ley y sustituirla por una nueva fruto del consenso entre los grupos y la comunidad educativa. Los socialistas justifican que se ha optado por introducir las medidas de más alcance, como la derogación del decreto de reválidas, más tarde en lugar de crear un texto nuevo de proposición de ley para no retrasar el inicio del proceso parlamentario.

El ministro de Educación ha escuchado, rodeado de pocos de sus compañeros de bancada, el debate desde su escaño. El PP ha asistido por primera vez, pese a que intentó vetar sin éxito la tramitación de esta proposición de ley, al cuestionamiento por parte de una mayoría absoluta de la Cámara de una norma impuesta por el rodillo parlamentario de la anterior legislatura.

Al final de todas las intervenciones, Méndez de Vigo ha pedido la palabra para reiterar su disposición al diálogo en una subcomisión de próxima creación y confirmar que el Gobierno empleará la vía decreto ley para paralizar los efectos académicos de las reválidas hasta que haya un pacto educativo –el primero de los puntos que incluye la proposición de ley del PSOE– cuyo contenido negociará el próximo día 28 con los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial. Fuentes cercanas al ministro no concretan en qué puntos va a ceder el Gobierno en la negociación de un pacto educativo, pero apunta que "no hay líneas rojas".
PP y C's cuestionan la "utilidad" de la propuesta

El PP se ha defendido, a través de su portavoz Sandra Moneo, del "aquelarre que el PSOE se ha pretendido hacer con la Lomce" apelando a la escasa "utilidad" de la proposición de ley en un momento en el que todos los grupos aceptan abrir las vías de negociación. Y con este argumento ha justificado su postura en contra: "s i carece de sentido, entonces para qué votarla a favor".

"El consenso hay que hacerlo. Les esperamos en la subcomisión de Educación", ha concluido Moneo, que ha reconocido en el Congreso que "lo que sirvió –en materia educativa con el PP con mayoría absoluta– ya no sirve" en el contexto de hoy. "Lo hemos entendido", ha zanjado.

Ciudadanos ha lanzado los mismos ataques al grupo socialista, a quien ha acusado de "propaganda política" ahora que el PP se ha comprometido a negociar en una subcomisión, cuya creación se prevé para el 1 de diciembre, según confirman fuentes parlamentarias, cuando se debatan en la Comisión de Educación las solicitudes de constitución del grupo de trabajo presentadas por PSOE y Ciudadanos y apoyadas por todos los partidos.

Del mismo modo, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, se ha dirigido al PP para interpelar el porqué de su voto en contra si se quiere llegar a la misma "solución técnica" –lograr un pacto educativo– empezando por suspender el efecto académico de las reválidas.
Promesas de enmiendas más duras

Este es el "mínimo" inicial del PSOE al que sumará en enmiendas próximas concretadas por el portavoz Manuel Cruz desde la tribuna. Son el "restablecimiento de las pruebas de PAU", la "eliminación de la posibilidad de segregación de niños y niñas del sistema público", la vuelta "al carácter no evaluable de religión" o la "recuperación de la diverficación curricular", entre otras.

Todas estas medidas se refieren a algunos de los puntos calientes de la norma ideada por el exministro José Ignacio Wert, al que el PSOE se ha referido en su intervención para recordar a Íñigo Méndez de Vigo la "herencia recibida gravosa" que le dejó su antecesor. "Le ofrecemos nuestro apoyo para trabajar juntos y ayudarle a salir de tan engorrosa situación, pero no de cualquier manera", ha apuntillado Cruz, cuyo partido quiere liderar la oposición a la Lomce.

Tras enumerar una por una las partidas de educación afectadas por los recortes del Gobierno, el diputado socialista ha llamado al "compromiso de todos los grupos de la cámara". "Podemos hacer realidad un acuerdo histórico para dar la estabilidad que nuestro sistema educativo necesita".

Varios grupos, como parte del Mixto y Unidos Podemos, han puesto de relieve la necesidad de contar con la comunidad educativa para el futuro pacto. También ha habido espacio para la crítica de la Lomce como una ley que "niega las realidades plurales", una queja recurrente en todos estos años de autonomías como Euskadi y Cataluña.
Dos procesos solapados

Después de que el Congreso dé luz verde a la proposición de ley del PSOE, el siguiente paso es abrir el periodo de enmiendas a los grupos para que después el texto se lleve a la Comisión de Educación, de donde saldrá el proyecto de ley definitivo. Se da la circunstancia de que este proceso, como han indicado varios grupos en el debate en el Congreso, coincidirá con la creación de una subcomisión ad hoc dentro de la misma comisión.

Esta maquinaria parlamentaria para la tramitación de una futura ley de consenso se pone en marcha, según lo previsto, el próximo 1 de diciembre. Un día antes comparecerá el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo en la Comisión de Educación, según confirman fuentes parlamentarias.

La comisión estaba prevista inicialmente para el 24 de noviembre, pero se ha acordado posponer en la reunión de portavoces del martes previa al pleno. Para esa misma jornada el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga educativa.

Cuatro días después, el 28, se celebrará la Conferencia Sectorial de Educación que reúne Méndez de Vigo con los consejeros autonómicos, donde presentará y debatirá la orden ministerial que desarrolla con detalle la estructura, contenidos y fecha de celebración de las pruebas de ESO y Bachillerato. El día 30 es la fecha límite para aprobar este documento.

Intervención de Asamblea Marea Verde en el Congreso con los Partidos Políticos (28-04-2016)

El 28 de abril Asamblea Marea Verde presentó el Documento para una Nueva Ley de Educación a los partidos del Congreso de los Diputados. Tras la intervención de l@s ponentes se estableció un debate donde más colectivos y personas a título individual mostraron las principales preocupaciones y exigencias para la educación pública. Se pidió que estos encuentros tuvieran una continuidad, antes y después de las elecciones así como el compromiso nuevamente de derogar la ley y que este documento que cuenta con amplios consensos pueda ser punto de partida para la elaboración de la nueva Ley Educativa.

Intervención en el Congreso con los Partidos Políticos

Pertenezco a la Asamblea Marea Verde, un espacio de coordinación y movilización, donde preocupadas por las consecuencias de los recortes para la educación pública, y la situación a la que se ven abocadas nuestras niñas/niños y jóvenes, planteamos hace tiempo la educación que queremos en un espacio de coordinación estatal en las MareasxLaEducaciónPública y colaboramos, en este documento que hoy os presentamos.

Nuestra premisa no puede ser otra que el Derecho a la Educación es un Derecho Universal y debe ser garantizado y preservado por los Poderes Públicos, y la sociedad en su conjunto. Por ello la política educativa es cosa de tod@s es “una política pública, y debe ser “discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía”.  Por ello ahora el reto más importante a la hora de redactar un Proyecto de Ley, es desbordar una concepción restringida y rígida, y construir entre tod@s y para tod@s una nueva Ley Educativa, de manera que derive en una actividad colectiva,  abierta a la participación desde su concepción, que aborde su elaboración desde el cuestionamiento crítico del estado actual de la Educación.

Desde La Marea Verde entendemos que la estabilidad de la ley será posible si se habilitan vías para la participación de la sociedad y la comunidad educativa, para adaptarla de una manera realista, flexible y democrática a las micro-realidades sociales, culturales, ambientales, territoriales y se dota a la ley de mecanismos para ello.

Asimismo, deberá estar centrado en el alumno/a y su educación integral, desde una óptica radicalmente democrática. Una ley que no favorezca idearios particulares, intereses especulativos, o la financiación, con presupuesto público de modelos segregadores, bien al contrario sus principios deben ser guiados por los ideales inspiradores de nuestra Carta Constitucional, y recogidos en la Legislación Internacional, Declaración de derechos humanos y de la Infancia: igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación.

Pero sólo puede avanzarse en unas condiciones dignas, y por ello es preciso la derogación normativa de las leyes y normas que respaldan las políticas de recortes y las que segregan al alumnado, para lo cual proponemos y pedimos vuestro compromiso y el compromiso de todos y todas por mejorarlo.

El derecho a la Educación de los niños, niñas y jóvenes, como derecho universal y servicio público debe ser garantizado por una financiación presupuestaria mínima y sin techo. Además ejercido en igualdad, por lo que la educación debe ser gratuita, con sistema educativo garantizado por una red de centros públicos, así como la eliminación progresiva de los conciertos[i] educativos.

Entendemos que el sistema educativo debe compensar las desigualdades y que la finalidad de la Educación ha de ser el desarrollo integral de la persona a través de todas las inteligencias y capacidades individuales y colectivas frente al actual modelo mercantilista. Con desarrollos normativos y dotación presupuestaria  que permitan la gratuidad también de los materiales en todas las etapas educativas, becas, transporte y comedor, teniendo especial relevancia en el contexto rural.

Desde la Marea Verde afirmamos que la educación es la herramienta de futuro para una mejor convivencia, por ello hoy queremos recordar a las mujeres asesinadas, a las víctimas del maltrato y la violencia, y que además de los medios para acabar de forma imperativa con esta lacra os recordamos, que un verdadero cambio comienza por eliminar la concepción patriarcal del currículum y de las prácticas educativas. Una nueva ley educativa debe ser inclusiva y favorecer el empoderamiento de las personas, independientemente de su género y que fomente el respeto de las múltiples identidades sexuales.

Por ello entendemos que la educación debe ser inclusiva, lejos del adoctrinamiento. Un sistema educativo que construya valores como el respeto a la diferencia y a la no discriminación, el espíritu crítico, la paz activa, la justicia social, la defensa del medio ambiente, la promoción de la salud y el valor de la interculturalidad. Inclusividad que sirva para organizar el currículum, el centro, con el fin del éxito escolar de todo el alumnado, que atienda a la diversidad y  que tenga en cuenta el carácter plurinacional y pluricultural del Estado.

Con un currículo sin idearios particulares y centros que deben tener un carácter laico[ii] donde se respete la libertad de conciencia y se eduque sin dogmas. Queremos una educación racional e integral que elimine el adoctrinamiento a través del currículo escolar. Por una educación, científica, humanística, artística y creativa.

MEDIDAS URGENTES:

1. Paralización de las pruebas de evaluación externa en todas las etapas, eliminarlas para la condición de titulación en ESO y Bachillerato.  Titulación única para la educación obligatoria.
2. Incremento del PIB dedicado a educación e invertir de forma preferente en la educación pública hasta subsanar los déficits derivados de recortes en la educación pública. (Financiación garantizada constitucionalmente del 7% del PIB como suelo de la inversión educativa para una gratuidad real de la enseñanza.)
3. Cubrir todas las necesidades escolares de 0 a 6, Inclusión de la etapa infantil, íntegra (o-6)  como parte del sistema educativo.; Infantil, primaria y secundaria: rebajar ratio por aula y centro; ampliar personal, apoyos,  refuerzo desdobles y atención a la diversidad.
4. Recuperar los recursos y plantillas en los centros públicos anteriores a la política de recortes.
5. Recuperar la democracia en los centros: devolver el poder de decisión a los Consejos Escolares y Claustros. (La nueva Ley debe profundizar en la democratización, la participación y la transparencia.).
6. Aumento de la cuantía de las becas, No a pago de tasas, cheques guardería o rebaja de impuestos, sino que abogamos por la gratuidad, y en caso de gastos, la cantidad sea equitativa, según capacidad adquisitiva de las familias.
7. Recuperación de la formación presencial del profesorado, adecuándola a las necesidades reales.
8. Dejar sin aplicación el valor académico que la LOMCE da a la asignatura de religión.
9. Recuperar las horas de enseñanzas artísticas, en el currículo y ampliar la oferta pública de unidades de Escuelas de Artes  y Conservatorios.
10. Iniciar, con plazos concretos, el proceso de debate de una nueva ley educativa, inclusiva, participativa y democrática.

(Nos preocupan los plazos, estos son cortos en la vida de un estudiante, de los niños y niñas, sus ciclos vitales y escolares  no coinciden con los ciclos políticos)

Desde la Marea por la Educación Pública, desde la Marea Verde, ponemos en valor años de movilizaciones, de acciones, de resistencia activa…, estamos expectantes, esperamos vuestras respuesta como representantes políticos, queremos un cambio legislativo y apelamos a vuestra capacidad para llevarlo a cabo.

Solo deciros que estamos en las calles, en las plazas, estamos mirando cada uno de vuestros gestos, y queremos que deroguéis esta nefasta ley, la LOMCE, y queremos que escribamos juntos otro futuro para nuestro país invirtiendo en el mayor tesoro que tenemos en nuestras aulas, en nuestras manos: estudiantes que serán los futuros ciudadanos y ciudadanas .

Por ello queremos otra ley educativa, de futuro y de progreso. Porque es posible, Porque creemos firmemente en las razones que nos han lanzado a las calles y ahora es vuestra responsabilidad, pero también sigue siendo la nuestra.

Múltiples campañas están en marcha contra las pruebas externas y ya hay convocados paros parciales en Andalucía, está reciente la huelga de estudiantes, y diversos Movimientos apoyamos las campañas de escolarización para la matriculación en la escuela pública.

Es especialmente vergonzante cómo la trama púnica tiene su deriva en una trama púnica educativa, teniendo como consecuencia directa situaciones delirantes, como por ejemplo, que un instituto público en Madrid no pueda seguir construyéndose y sus alumnos no tienen aulas ni infraestructuras cuando se ha derrochado y se ha regalado dinero público para centros privados de una forma presuntamente corrupta. Queremos que se tomen medidas y se solucionen los problemas.

Muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis, esperamos que no sea la última y que junt@s construyamos la ley educativa que merece nuestra ciudadanía.

Texto con la intervención (versión para imprimir) AQUÍ.

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Desde Mareas por la Pública queremos resaltar los valores que que están en este documento y que consideramos prioritarios.

http://porotrapoliticaeducativa.org/

Mareas por la Educación Pública: Carta por la educación pública:
http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2015/09/carta-por-la-educacion-publica-mareas.html

https://drive.google.com/file/d/0B5KJBZiP4HZbUkg4NW5vWkYtVjA/view

La educación es un derecho desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, basada en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo, coeducación.

Este derecho a la Educación de los niños, niñas y jóvenes, como derecho universal y un servicio público debe ser garantizado por una financiación presupuestaria mínima y sin techo. Además ejercido en igualdad, por lo que la educación debe ser gratuita, y garantizada por una red de centros de titularidad y gestión pública.

COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES sociales, sindicales y políticas que han contribuido a la elaboración del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación” y debatido en el “Encuentro social de debate por una nueva Ley Educativa”.

Colectivos Sociales Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Proyecto Romay Stop Ley Wert/La educación que nos une, incluye: %Attac. España (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Plataforma Crida de las Illes Balears (formada por madres, padres, estudiantes y profesorado).

Sindicatos de Estudiantes

Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.

Asociaciones de Madres y Padres

Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.

Organizaciones Sindicales

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical y CGT Madrid

Partidos Políticos

Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Podemos

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[i] CONCIERTOS

En España la desigualdad socio-económica se expresa, entre otras de sus manifestaciones, en el carácter dual del sistema existente, que está formado por los subsistemas público y privado. El problema, esencialmente, no reside en que exista un subsistema privado, sino en el hecho de que representa una tercera parte del sistema no universitario (un 31,7% del alumnado), tres veces más que la media de la UE, y porque un 80.1% del mismo es concertado, es decir, financiado con recursos públicos, con ventajas fiscales y reforzado en algunas Comunidades Autónomas a través de cheques escolares. Hay una representación muy desigual de centros concertados por Comunidades

Autónomas, que oscila desde el 4% hasta el 40%. El tratamiento de los problemas que se plantean en este sector se complica porque la mayor parte del mismo pertenece a la Iglesia Católica, lo que, debido a los pactos entre el Estado y la Iglesia, el incumplimiento de las cláusulas de los conciertos (falta de gratuidad, selección del alumnado, separación por sexos...) y el hecho de que se refuerce un ideario confesional, se convierten en un problema institucional de primer orden. Se incumple el principio de igualdad porque genera dos subsistemas desiguales en función de la procedencia social del alumnado que asiste a uno u otro. Por otro lado, se atenta contra la libertad de conciencia cuando se requiere la aceptación de un ideario como condición para la entrada en alguno de esos centros privados que están subvencionados con fondos públicos, teniendo en cuenta que el ideario deesos centros difunde contenidos en contra de la propia Constitución Española y los derechos universales, ya que la Conferencia Episcopal declara públicamente sus dudas sobre el papel de la mujer en la sociedad y su equiparación de derechos respecto al hombre, o la descalificación pública de las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual.

La libertad de elección de las familias, argumento esgrimido para su defensa, es una opción que genera desigualdad y hurta el derecho de alumnos y alumnas al ejercicio de su libertad.

Concreciones y propuestas.

- El Estado no puede desempeñar un papel subsidiario con respecto a la iniciativa privada en la escolarización.

- Establecer controles para impedir las desviaciones que se han producido en el régimen de conciertos: por la falta de gratuidad, haciendo negocio en centros financiados con recursos públicos, o los centros que adoptan prácticas de segregación del alumnado por sexos y de selección por nivel académico, etnia y religión.

- Auditoría de la escuela privada y pública, establecer mayores controles sociales y democráticos en los conciertos y en los procesos de escolarización y exigir más transparencia en el funcionamiento de los centros.

- Denunciar y evitar los procesos de privatización: uso de suelo público para centros privados, licitación y gestión privada de las escuelas infantiles, externalización de servicios públicos...

- No puede existir ideario alguno en los centros educativos que atente contra los Derechos Humanos, centros que deben tener un carácter laico donde se respete la libertad de conciencia y se eduque sin dogmas. Queremos una educación racional e integral que elimine el adoctrinamiento a través del currículo escolar.

- Hay que denunciar el concordato firmado entre el Gobierno Español y el Vaticano como paso previo a la eliminación de estos idearios religiosos, de la asignatura de Religión en la escuela y de los actos y la simbología religiosa de los centros escolares, una reminiscencia franquista impropia de un Estado aconfesional.

- Reapertura de aulas e infraestructuras cerradas, planificación de nuevas construcciones y plan de recuperación y restauración de las infraestructuras existentes.

- Creación de una red única de centros (a partir de los 0 años) de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Entretanto, y de forma inmediata, se obligará a los centros privados concertados a que se cumpla la gratuidad total.

Asimismo, hay que suprimir los conciertos en aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación.

- Impedir que haya ampliación económica para el capítulo de conciertos, de tal forma que no se aumenten los conciertos, ni las plazas en la privada concertada, ni el precio de los módulos.

[ii] SISTEMA EDUCATIVO LAICO

Un sistema educativo laico sin idearios particulares El carácter laico debe respetarse en el conjunto del sistema educativo. A las Administraciones educativas corresponde preservar el marco escolar común frente a cualquier tipo de discriminación o de segregación en su seno e impedir la injerencia de intereses particulares, tanto materiales como ideológicos, como es el adoctrinamiento y el proselitismo confesional, en tanto que son contrarios al respeto del derecho universal, a la libertad de conciencia, de pensamiento y expresión. Los centros escolares no deben ser, en ningún momento, un lugar de exclusión y discriminación. Niños y niñas no deben ser separados en función de las creencias o convicciones de las familias. En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar. Una exigencia que debe extenderse al conjunto de la enseñanza regulada oficialmente, pero con mayor motivo a la de titularidad pública o financiada con fondos públicos.

Ha de prevalecer, por encima de todo, “el interés superior del niño”, frente a la invocación de cualquier otro interés privado, incluso el de las propias familias. Porque así se recoge en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en la posterior Convención de 1989 que sostiene que “los Estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, obviamente conculcado cuando, sin tener desarrollada su autonomía, se ve sometido a un adoctrinamiento religioso o de cualquier otra naturaleza.