.jpg)
.jpg)
.jpg)
Páginas 3 de 6. Puedes leer el comunicado completo en este enlace.
Entradas relacionadas:
- Razones para la movilización
- Enlace a todas las convocatorias
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
Mostrando entradas con la etiqueta Audición y Lenguaje. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Audición y Lenguaje. Mostrar todas las entradas
miércoles, 1 de febrero de 2023
Comunicado de AMMAL y PADME Pública acerca de la situación de la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid (enero de 2023)
viernes, 31 de julio de 2020
CCOO denuncia que Educación manipula las cifras para ocultar los recortes de profesorado
El sindicato denuncia que, lejos de aumentarse los recursos destinados a profesorado, se están produciendo recortes. Los cupos enviados a los centros y las asignaciones de profesorado para el curso próximo así lo muestran. Además, los exiguos 600 nuevos cupos anunciados por la Consejería de Educación son inexistentes. De hecho, el Gobierno de Díaz Ayuso está incumpliendo el Acuerdo Sectorial firmado por Cifuentes.
En cualquier caso, sólo para cumplir el Acuerdo Sectorial, previo a la pandemia de COVID19, se deberían añadir al sistema como mínimo 1400 docentes más. Puesto que, según el propio Boletín Estadístico de Personal de la Comunidad de Madrid, el número de funcionarios y funcionarias docentes, incluyendo al personal interino, de la Educación Pública no universitaria es de 46.796 no de 53.000 como dice la Consejería.
Los cupos de plantilla que han llegado a los centros y las asignaciones de profesorado que se están realizando estos días muestran los recortes que se están produciendo, pues no se observa ningún incremento sino todo lo contrario. Por el momento, sólo en primaria se han asignado cerca de 1000 efectivos menos que el curso pasado en estas mismas fechas y se constata, además, un mayor porcentaje de profesorado a tiempo parcial. Estas supresiones de plantilla se están centrando especialmente en la atención al alumnado más vulnerable. De hecho, se están suprimiendo perfiles de profesorado de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, compensatoria y PTSC.
CCOO que presentó hace semanas un plan de vuelta segura en septiembre, está exigiendo insistentemente que se incrementen las plantillas de los centros educativos, no sólo para cumplir el Acuerdo Sectorial, sino añadiendo los cupos necesarios para garantizar un inicio de curso seguro para que sea posible reducir ratios, desdoblar grupos y atender adecuadamente a todo el alumnado.
El sindicato cifra la dotación adicional de profesorado imprescindible en un mínimo de 11.000 docentes más en la Educación Pública, pudiendo ser necesario un extra de hasta 29.000. Es una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria que a Madrid le ha sorprendido en una situación muy deficitaria por eso el esfuerzo ha de ser mayor. La inversión extraordinaria necesaria, en este y otros conceptos, para asegurar los recursos e infraestructuras para un inicio de curso con garantías educativas y de seguridad sería de entre 424 y 981 millones de euros. Cantidades que son perfectamente asumibles si se destinan los fondos que ha transferido el gobierno de España y los fondos europeos que llegarán a los fines a los que están destinados que no son otros que palear los efectos de la pandemia en la educación y garantizar el derecho a la educación sin exclusiones salvaguardando la salud al evitar riesgos de contagio mediante la aplicación de las medidas organizativas necesarias.
La situación en el sistema educativo madrileño es absolutamente inaceptable. CCOO exige al Gobierno de Díaz Ayuso que abandone el camino del radicalismo ideológico y rectifique. De no ser así, CCOO llevará a cabo, junto con el resto de la Comunidad Educativa, todo tipo de acciones y movilizaciones para oponerse a la gravísima situación a la que pretende abocarnos el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Educación.
30/07/2020
En cualquier caso, sólo para cumplir el Acuerdo Sectorial, previo a la pandemia de COVID19, se deberían añadir al sistema como mínimo 1400 docentes más. Puesto que, según el propio Boletín Estadístico de Personal de la Comunidad de Madrid, el número de funcionarios y funcionarias docentes, incluyendo al personal interino, de la Educación Pública no universitaria es de 46.796 no de 53.000 como dice la Consejería.
Los cupos de plantilla que han llegado a los centros y las asignaciones de profesorado que se están realizando estos días muestran los recortes que se están produciendo, pues no se observa ningún incremento sino todo lo contrario. Por el momento, sólo en primaria se han asignado cerca de 1000 efectivos menos que el curso pasado en estas mismas fechas y se constata, además, un mayor porcentaje de profesorado a tiempo parcial. Estas supresiones de plantilla se están centrando especialmente en la atención al alumnado más vulnerable. De hecho, se están suprimiendo perfiles de profesorado de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, compensatoria y PTSC.
CCOO que presentó hace semanas un plan de vuelta segura en septiembre, está exigiendo insistentemente que se incrementen las plantillas de los centros educativos, no sólo para cumplir el Acuerdo Sectorial, sino añadiendo los cupos necesarios para garantizar un inicio de curso seguro para que sea posible reducir ratios, desdoblar grupos y atender adecuadamente a todo el alumnado.
El sindicato cifra la dotación adicional de profesorado imprescindible en un mínimo de 11.000 docentes más en la Educación Pública, pudiendo ser necesario un extra de hasta 29.000. Es una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria que a Madrid le ha sorprendido en una situación muy deficitaria por eso el esfuerzo ha de ser mayor. La inversión extraordinaria necesaria, en este y otros conceptos, para asegurar los recursos e infraestructuras para un inicio de curso con garantías educativas y de seguridad sería de entre 424 y 981 millones de euros. Cantidades que son perfectamente asumibles si se destinan los fondos que ha transferido el gobierno de España y los fondos europeos que llegarán a los fines a los que están destinados que no son otros que palear los efectos de la pandemia en la educación y garantizar el derecho a la educación sin exclusiones salvaguardando la salud al evitar riesgos de contagio mediante la aplicación de las medidas organizativas necesarias.
La situación en el sistema educativo madrileño es absolutamente inaceptable. CCOO exige al Gobierno de Díaz Ayuso que abandone el camino del radicalismo ideológico y rectifique. De no ser así, CCOO llevará a cabo, junto con el resto de la Comunidad Educativa, todo tipo de acciones y movilizaciones para oponerse a la gravísima situación a la que pretende abocarnos el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Educación.
Fuente: feccoo-madrid.org
Entradas relacionadas:
viernes, 3 de julio de 2020
El Congreso aprueba un incremento de la inversión en la educación pública en la Comisión de Reconstrucción (
Reproducimos esta información de ELDIARIODELAEDUCACION.COM
El Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados presentó esta mañana el borrador de conclusiones en el que se dedica un punto a la educación que propone un aumento de la inversión en el sistema público, dejando fuera a la concertada
El punto 18 del borrador se dedica exprofeso a la cuestión educativa de cara a la reconstrucción tras el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 de estos meses. Buena parte de este punto pone la mira en la situación del alumnado y de las familias en peor situación socioeconómica, pero no solo.
El documento habla de un aumento de la inversión educativa que acerque la cifra actual a la media de la Unión Europea (de poco más del 4% hasta el 6%). La polémica ha saltado esta mañana por el hecho de que el documento especifica que este aumento repercuta en el sistema público, dejando fuera a la red concertada.
También pide el aumento de los puestos escolares en la educación pública así como la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector. O el refuerzo de los centros en los que se dé una alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o de minorías o el aumento de profesionales como PT (pedagogía terapéutica), AL (audición y lenguaje), PTSC (profesor técnico de servicios a la comunidad) o trabajadores sociales en centros con alumnado con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje.
En este sentido apela al apoyo a las comunidades autónomas para la redacción de planes de recursos para los centros de alta complejidad que pudieran contemplar el incremento de la dotación de personal docente y no docente para poder dar apoyo social y emocional intensivo a chicas y chicos. Y buscar el consenso en la Conferencia Sectorial para crear un plan de choque de inicio de curso para la detección de desigualdades generadas por la situación de pandemia y para revertirlas.
En dicho plan podría contemplarse un aumento de la formación docente en la dirección de mejorar sus competencias digitales; el equipamiento de las familias y la mejora de la competencia digital de estas y del alumnado; el impulso para cubrir los costes indirectos de la escolarización obligatoria como libros y material escolar, comedores o transporte; el fomento de las actividades extraescolares, y, por último, la lucha contra el acoso y el ciberacoso.
Otro de los puntos de este artículo 18 pide la universalización del 0-3 con carácter público y gratuito. Hoy por hoy la mayor parte de plazas en esta etapa con privadas o concertadas por todo el país y no es capaz de absorver una eventual universalización. Están matriculados en escuelas infantiles de 0-3 algo menos de la mitad de las criaturas.
El Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados presentó esta mañana el borrador de conclusiones en el que se dedica un punto a la educación que propone un aumento de la inversión en el sistema público, dejando fuera a la concertada
El punto 18 del borrador se dedica exprofeso a la cuestión educativa de cara a la reconstrucción tras el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 de estos meses. Buena parte de este punto pone la mira en la situación del alumnado y de las familias en peor situación socioeconómica, pero no solo.
El documento habla de un aumento de la inversión educativa que acerque la cifra actual a la media de la Unión Europea (de poco más del 4% hasta el 6%). La polémica ha saltado esta mañana por el hecho de que el documento especifica que este aumento repercuta en el sistema público, dejando fuera a la red concertada.
También pide el aumento de los puestos escolares en la educación pública así como la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector. O el refuerzo de los centros en los que se dé una alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o de minorías o el aumento de profesionales como PT (pedagogía terapéutica), AL (audición y lenguaje), PTSC (profesor técnico de servicios a la comunidad) o trabajadores sociales en centros con alumnado con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje.
En este sentido apela al apoyo a las comunidades autónomas para la redacción de planes de recursos para los centros de alta complejidad que pudieran contemplar el incremento de la dotación de personal docente y no docente para poder dar apoyo social y emocional intensivo a chicas y chicos. Y buscar el consenso en la Conferencia Sectorial para crear un plan de choque de inicio de curso para la detección de desigualdades generadas por la situación de pandemia y para revertirlas.
En dicho plan podría contemplarse un aumento de la formación docente en la dirección de mejorar sus competencias digitales; el equipamiento de las familias y la mejora de la competencia digital de estas y del alumnado; el impulso para cubrir los costes indirectos de la escolarización obligatoria como libros y material escolar, comedores o transporte; el fomento de las actividades extraescolares, y, por último, la lucha contra el acoso y el ciberacoso.
Otro de los puntos de este artículo 18 pide la universalización del 0-3 con carácter público y gratuito. Hoy por hoy la mayor parte de plazas en esta etapa con privadas o concertadas por todo el país y no es capaz de absorver una eventual universalización. Están matriculados en escuelas infantiles de 0-3 algo menos de la mitad de las criaturas.
martes, 7 de abril de 2020
lunes, 9 de marzo de 2020
La educación de las personas con sordera: casi la mitad carece de apoyos personales en el aula y solo un 10% tiene intérprete (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
- Los alumnos con problemas auditivos acceden a la universidad menos que la media, y un informe destaca la falta de recursos y formación para atenderles en la escuela
6-3-2020
Más del 40% de los alumnos con sordera no cuenta con recursos personales de apoyo en su centro educativo. En concreto, solo el 58% de los estudiantes con problemas más o menos severos de audición declara que sí tiene o tuvo algún recurso –como un profesor de audición y lenguaje o un intérprete de lengua de signos– durante todo su periplo educativo. El resto se las tuvo que apañar sin ello, según datos del estudio sociológico Situación socioeducativa de las personas con sordera en España, realizado por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) en colaboración con el Ministerio de Educación.
El informe, realizado a partir de 793 encuestas a alumnos con sordera, señala que estos estudiantes se reparten por la red educativa en parámetros similares al resto de la población (71% en centros públicos, 22% en la escuela concertada) y que la mayoría, un 77%, está escolarizado en la modalidad de inclusión (en centros ordinarios).
Entre los indicadores de rendimiento escolar, su tasa de repetición es similar a la de la población general (un 30% ha repetido un curso, exactamente como el resto), como ocurre con la de graduación. Sin embargo, las personas con sordera no transitan hacia la universidad en la misma medida que los que no la tienen: el 23% de los jóvenes con entre 18 y 26 años acude a un campus a estudiar. Este dato es nueve puntos inferior al del conjunto de la población (32%).
Colegios sin apoyos
En el aspecto negativo, la mitad de los alumnos con sordera tiene una mala opinión sobre la adecuación de su centro para la atención a personas con discapacidad auditiva. Entre los estudiantes más mayores, de 18 a 26 años, el descontento es más grande aún: solo uno de cada tres está satisfecho con la adaptación de su centro.
Consideran los estudiantes con sordera que prácticamente la mitad de los profesores (de nuevo, el dato sube hasta el 58% entre los mayores cuando se discrimina la opinión por edad) no está cualificado para atenderles. La falta de formación en la mayoría de las ocasiones, pero también de interés, de recursos o de tiempo son los motivos principales de este descontento.
"Es una de nuestras demandas fundamentales, pedir la formación especializada del profesorado", confirma Carmen Jáudenes, presidenta de Fiapas y responsable del informe.
En los colegios que sí tienen recursos, los más habituales son los profesor de audición y lenguaje (65%) y los de pedagogía terapéutica (44%). Un tomador de apuntes o recursos tecnológicos son otras de las herramientas habituales.
"Que el alumno que necesita un ILSE debe tenerlo todas las horas lectivas y en todas las actividades en las que participe es una necesidad más obvia, también es necesario que el niño que se comunica por vía oral y necesita para ello ciertas tecnologías las tenga, y a veces pasan hasta dos cursos, que los niños se pasan en blanco. Hay que facilitar ambos recursos, porque además el tecnológico es una inversión inicial, pero se haría al principio de la escolarización y ya sirve para toda la vida educativa", explica Jáudenes.
Porque para los alumnos con sordera, que no haya un equipo DFM (tecnologías para que los alumnos con problemas auditivos puedan escuchar al profesor) puede suponer perder el curso. "Además de la presencia del equipo en sí, demandamos que se agilicen las reparaciones cuando son necesarias", cuenta Jáudenes. "Si el equipo falla, los niños empiezan a suspender, fracasan en el curso o caen las notas por la dificultad en el seguimiento de las clases", lamenta.
El sempiterno problema con los intérpretes
Además, el informe de Fiapas también señala que apenas el 17% de los alumnos con problemas auditivos que estaban en ese 58% de los centros que sí tenían apoyos educativos contaron con un intérprete de lengua de signos (ILSE) para seguir las clases. Dicho de otro modo, del total de alumnos con sordera, solo uno de cada diez tenía un ILSE a su disposición.
La cuestión de los intérpretes de lengua de signos en las aulas es una de las reivindicaciones habituales del colectivo. Cada comienzo de curso hay protestas de algunas familias y de los propios ILSE por la falta de profesionales en el sistema –pese a ser un derecho reconocido por la Convención de la ONU, a la que está adherida España desde 2008– y por las condiciones laborales que tienen los que sí están.
Aquí, como sucede a menudo en el ámbito educativo, la cosa va por barrios. "Como la gestión de los recursos es competencia autonómica, cada comunidad tiene una realidad", explica Jáudenes. "Los centros que por su configuración tienen una opción educativa a través de la Lengua de Signos Española sí tienen intérpretes o figuras docentes que son capaces de comunicarse en LSE. Pero luego hay muchos otros colegios, la mayoría, que son centros de integración donde si hay niños que se comuniquen en LSE hay que hacer la solicitud", añade. Es en estos donde a veces hay ILSE, a veces no.
sábado, 1 de febrero de 2020
Madrid, epicentro de la educación excluyente (Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com)
Artículo de Sara Plaza Casares publicado en elsaltodiario.com
Profesorado especializado saturado, sobrerratio de alumnado atendido: la administración madrileña mantiene la atención a la diversidad bajo mínimos. Familias y profesionales se organizan para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños con necesidades especiales.
El hijo de Irene Ramos ha estrenado tercero de Primaria con una mochila de libros llenos de colores, esquemas y elementos visuales. En su clase los profes han hecho piña para adaptar todos los contenidos. El pequeño sacrifica sus tardes de juegos para ir a un logopeda privado y, gracias a todos los esfuerzos, no pierde ritmo por el momento. Este año, por primera vez desde que entró en el CEIP Pi i Margall de Madrid, no cuenta con la profesora de Audición y Lenguaje (AL) a su lado.
Al menor le diagnosticaron Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) con tres años. “Mi hijo tiene muchas dificultades para seguir una explicación en clase, todo lo que sea emisión y recepción de un mensaje le cuesta mucho. La figura del profesor de AL es fundamental para él porque le ayuda a comunicarse”, explica esta mamá a El Salto. Cuenta Irene que, mientras en el curso pasado contaba con nueve sesiones semanales con el maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) y tres con el de AL, este año tiene tres sesiones con el primero y, con el segundo, cero. Los maestros y maestras de PT se encargan de revisar las necesidades especiales del alumnado, asesorar en materiales curriculares adaptados, apoyar a los y las profesoras, y proporcionar atención personalizada. Mientras, los profesionales de AL se centran en el ámbito comunicativo y lingüístico.
Ramos asegura que su hijo necesita los dos perfiles profesionales para conseguir una educación 100% inclusiva y no ha dudado en liderar una recogida de firmas exigiendo los derechos recortados. También participó activamente en una manifestación organizada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. El pasado 5 de noviembre la comunidad educativa madrileña se echaba a la calle “por una escuela inclusiva, en contra de los recortes”.
En el Pi i Margall, otros 15 niños y niñas se ven afectados por la ausencia de esta figura profesional. Y saben que no son los únicos, pues, tal y como aseguran familiares, profesionales y sindicatos, la atención a la diversidad permanece congelada en las escuelas madrileñas. “En septiembre, la Dirección del Área Territorial Centro [DAT Centro] comunicó al jefe de Estudios que este año nos quedábamos sin AL, pues hay menos de 25 niños con necesidades especiales. Hay alumnos con autismo o con parálisis cerebral que están sin este derecho. Nosotros decimos que con que solo haya un niño que necesite clases de Audición y Lenguaje, ya son necesarias”, se queja Ramos.
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CONGELADADesde la FAPA Giner de los Ríos denuncian que los equipos de Atención a la Diversidad llevan con el mismo número de profesionales desde hace tres años, mientras que los niños y niñas con necesidades educativas especiales aumentan cada año. Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de esta organización, recurre a los datos oficiales para fundamentar esta aseveración. Según las ratios marcadas en la legislación —que data de 1990—, un PT debería tener hasta 12 alumnos con necesidades especiales y un AL, 25 alumnos. Pero las cifras no dan y las sobrerratios son una constante.
“La atención a la diversidad es un derecho de todo el alumnado y corresponde a las administraciones educativas asegurarlo. Esta atención puede ser necesaria por dificultades específicas del aprendizaje, por trastornos en el déficit de atención, por altas capacidades… pero también puede ser necesaria si el alumno se ha incorporado tarde al sistema educativo o por circunstancias personales transitorias. Todo el alumnado necesita estos recursos para poder alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales porque todos pueden requerir estos apoyos en un momento determinado y no hay para cubrir la demanda”, cuenta Morillas.
Un estudio realizado por CC OO refrenda esta situación. Con una muestra de más del 84% de centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la región, el análisis concluye que el 72% del alumnado con necesidades educativas especiales está afectado por una ratio excesiva ya que, basándose en lo que exige la legislación, faltan 626 profesionales: 385 PT y 241 AL.
En la actualidad, el número de alumnos con necesidades educativas especiales asciende a 19.378 y casi 14.000 son atendidos en condiciones de superpoblación y sin el trato individualizado que requiere cada caso. “Las cifras ponen de manifiesto la situación de alarma en la que se encuentra la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid, que sufrió en 2011 un recorte presupuestario de
un 30% que aún no se ha revertido”, aseguran desde CC OO.
Al menor le diagnosticaron Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) con tres años. “Mi hijo tiene muchas dificultades para seguir una explicación en clase, todo lo que sea emisión y recepción de un mensaje le cuesta mucho. La figura del profesor de AL es fundamental para él porque le ayuda a comunicarse”, explica esta mamá a El Salto. Cuenta Irene que, mientras en el curso pasado contaba con nueve sesiones semanales con el maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) y tres con el de AL, este año tiene tres sesiones con el primero y, con el segundo, cero. Los maestros y maestras de PT se encargan de revisar las necesidades especiales del alumnado, asesorar en materiales curriculares adaptados, apoyar a los y las profesoras, y proporcionar atención personalizada. Mientras, los profesionales de AL se centran en el ámbito comunicativo y lingüístico.
Ramos asegura que su hijo necesita los dos perfiles profesionales para conseguir una educación 100% inclusiva y no ha dudado en liderar una recogida de firmas exigiendo los derechos recortados. También participó activamente en una manifestación organizada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. El pasado 5 de noviembre la comunidad educativa madrileña se echaba a la calle “por una escuela inclusiva, en contra de los recortes”.
En el Pi i Margall, otros 15 niños y niñas se ven afectados por la ausencia de esta figura profesional. Y saben que no son los únicos, pues, tal y como aseguran familiares, profesionales y sindicatos, la atención a la diversidad permanece congelada en las escuelas madrileñas. “En septiembre, la Dirección del Área Territorial Centro [DAT Centro] comunicó al jefe de Estudios que este año nos quedábamos sin AL, pues hay menos de 25 niños con necesidades especiales. Hay alumnos con autismo o con parálisis cerebral que están sin este derecho. Nosotros decimos que con que solo haya un niño que necesite clases de Audición y Lenguaje, ya son necesarias”, se queja Ramos.
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CONGELADADesde la FAPA Giner de los Ríos denuncian que los equipos de Atención a la Diversidad llevan con el mismo número de profesionales desde hace tres años, mientras que los niños y niñas con necesidades educativas especiales aumentan cada año. Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de esta organización, recurre a los datos oficiales para fundamentar esta aseveración. Según las ratios marcadas en la legislación —que data de 1990—, un PT debería tener hasta 12 alumnos con necesidades especiales y un AL, 25 alumnos. Pero las cifras no dan y las sobrerratios son una constante.
“La atención a la diversidad es un derecho de todo el alumnado y corresponde a las administraciones educativas asegurarlo. Esta atención puede ser necesaria por dificultades específicas del aprendizaje, por trastornos en el déficit de atención, por altas capacidades… pero también puede ser necesaria si el alumno se ha incorporado tarde al sistema educativo o por circunstancias personales transitorias. Todo el alumnado necesita estos recursos para poder alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales porque todos pueden requerir estos apoyos en un momento determinado y no hay para cubrir la demanda”, cuenta Morillas.
Un estudio realizado por CC OO refrenda esta situación. Con una muestra de más del 84% de centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la región, el análisis concluye que el 72% del alumnado con necesidades educativas especiales está afectado por una ratio excesiva ya que, basándose en lo que exige la legislación, faltan 626 profesionales: 385 PT y 241 AL.
En la actualidad, el número de alumnos con necesidades educativas especiales asciende a 19.378 y casi 14.000 son atendidos en condiciones de superpoblación y sin el trato individualizado que requiere cada caso. “Las cifras ponen de manifiesto la situación de alarma en la que se encuentra la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid, que sufrió en 2011 un recorte presupuestario de
un 30% que aún no se ha revertido”, aseguran desde CC OO.
COMIENZO DE CURSO
El curso 2019—2020, el primero con Isabel Díaz Ayuso a los mandos de la Comunidad, comenzaba con un sobresalto entre el profesorado. Un audio circulaba por WhatsApp en el que una maestra relataba la experiencia de una compañera de AL que había recibido órdenes de atender solo a alumnado con TEL, restringiendo así este derecho al resto de menores que lo necesitan. Las órdenes, que supuestamente venían de la DAT Centro, habían sido transmitidas de manera oral y se temía que fueran nuevas directrices que acabaran fijándose de manera general. La Comunidad de Madrid, reunida con CC OO que pedía cuentas a este respecto, hablaba de “bulo”, mientras profesorado, madres y padres comenzaban a ponerse en alerta.
El curso 2019—2020, el primero con Isabel Díaz Ayuso a los mandos de la Comunidad, comenzaba con un sobresalto entre el profesorado. Un audio circulaba por WhatsApp en el que una maestra relataba la experiencia de una compañera de AL que había recibido órdenes de atender solo a alumnado con TEL, restringiendo así este derecho al resto de menores que lo necesitan. Las órdenes, que supuestamente venían de la DAT Centro, habían sido transmitidas de manera oral y se temía que fueran nuevas directrices que acabaran fijándose de manera general. La Comunidad de Madrid, reunida con CC OO que pedía cuentas a este respecto, hablaba de “bulo”, mientras profesorado, madres y padres comenzaban a ponerse en alerta.
En la actualidad, el número de alumnos con necesidades educativas especiales asciende a 19.378 y casi 14.000 son atendidos en condiciones de superpoblación y sin el trato individualizado que requiere cada caso
“Ha podido ser un globo sonda para ver por dónde irían las reacciones. Esas cosas no se escriben nunca, quedan como órdenes internas. En el centro en el que atiendo a 17 alumnos tengo solo dos con ese diagnóstico ¿con cuántos centros me tendrían que compartir?”. Sandra S., profesora de AL, como la mayoría de las profesionales, comparte su labor en dos centros; en uno atiende a 25 menores y en otro a 17. A uno va tres días, a otro dos. Un total de 42 alumnos —recordemos que la ratio es de 25 por profesional— a los que no puede dar una atención personalizada.
“En el cole al que voy tres días hacemos agrupamientos de tres y cuatro alumnos por curso, edad y necesidades educativas. Doy dos sesiones de 45 minutos a la semana y luego hay un grupo de cuatro que recibe una tercera sesión donde trabajamos habilidades sociales. Y en el otro centro, como solo voy dos días, solo tienen una sesión”, describe quien añade que su función es trabajar toda la parte comunicativa y lingüística, trabajar la atención, la memoria, ampliar el vocabulario o trabajar las oraciones. “Atendemos también problemas de interacción con los compañeros. Partimos de la base para poder alcanzar lo curricular. Por ejemplo, niños y niñas que te hablan solo en presente no pueden trabajar los tiempos verbales. Nuestro objetivo es afianzar estos requisitos para avanzar curricular, social y emocionalmente”.
Cristina, también profesora de AL, comparte su labor en dos colegios que pertenecen a dos distritos diferentes. Se queja de que antes su plaza era compartida entre dos colegios que estaban próximos y ya lo ha denunciado ante la inspección educativa. “Nos están apretando las tuercas. El objetivo es eliminar nuestro puesto de aquí a unos años. Esto es parte de la ideología del gobierno y se llegará a externalizar y privatizar la logopedia. En algunos colegios tienen servicios de logopedia que atienden por las tardes y están subvencionados por la Comunidad de Madrid”, cuenta esta maestra, que tiene 39 alumnos y alumnas, totalmente fuera de ratio.
“Ha podido ser un globo sonda para ver por dónde irían las reacciones. Esas cosas no se escriben nunca, quedan como órdenes internas. En el centro en el que atiendo a 17 alumnos tengo solo dos con ese diagnóstico ¿con cuántos centros me tendrían que compartir?”. Sandra S., profesora de AL, como la mayoría de las profesionales, comparte su labor en dos centros; en uno atiende a 25 menores y en otro a 17. A uno va tres días, a otro dos. Un total de 42 alumnos —recordemos que la ratio es de 25 por profesional— a los que no puede dar una atención personalizada.
“En el cole al que voy tres días hacemos agrupamientos de tres y cuatro alumnos por curso, edad y necesidades educativas. Doy dos sesiones de 45 minutos a la semana y luego hay un grupo de cuatro que recibe una tercera sesión donde trabajamos habilidades sociales. Y en el otro centro, como solo voy dos días, solo tienen una sesión”, describe quien añade que su función es trabajar toda la parte comunicativa y lingüística, trabajar la atención, la memoria, ampliar el vocabulario o trabajar las oraciones. “Atendemos también problemas de interacción con los compañeros. Partimos de la base para poder alcanzar lo curricular. Por ejemplo, niños y niñas que te hablan solo en presente no pueden trabajar los tiempos verbales. Nuestro objetivo es afianzar estos requisitos para avanzar curricular, social y emocionalmente”.
Cristina, también profesora de AL, comparte su labor en dos colegios que pertenecen a dos distritos diferentes. Se queja de que antes su plaza era compartida entre dos colegios que estaban próximos y ya lo ha denunciado ante la inspección educativa. “Nos están apretando las tuercas. El objetivo es eliminar nuestro puesto de aquí a unos años. Esto es parte de la ideología del gobierno y se llegará a externalizar y privatizar la logopedia. En algunos colegios tienen servicios de logopedia que atienden por las tardes y están subvencionados por la Comunidad de Madrid”, cuenta esta maestra, que tiene 39 alumnos y alumnas, totalmente fuera de ratio.
NECESIDADES SIN DETECTAR
Los encargados de detectar las necesidades especiales entre el alumnado son los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Entre sus funciones está adoptar las medidas de adaptación a la diversidad en cada centro y determinar la modalidad educativa y la propuesta de escolarización que consideren más adecuada en función de las características del alumnado y de los recursos del actual sistema educativo. “Por ejemplo, si no hay recursos para atender a los alumnos con autismo, que es lo que está pasando ahora, les mandan a la especial. Si hubiera los recursos, en los centros ordinarios podrían estar perfectamente”, explica Mari Carmen Morillas, de la FAPA Giner de los Ríos.
Morillas asegura que estos equipos tampoco han crecido en estos últimos tres años. “En la zona sur de Madrid tenemos orientadores que tienen asignados más de mil alumnos y alumnas, profesionales que están de manera itinerante por los colegios. La UNESCO recomienda un orientador por cada 250. ¿Qué atención puede recibir este alumnado? Hay alumnos y alumnas que están en lista de espera para ser valorados y terminan Primaria sin valoración”, destapa mientras añade que, debido a esta situación, probablemente haya muchísimos más menores con necesidades educativas especiales que los diagnosticados.
A los problemas con los que ha comenzado el curso 2019/2020 para el alumnado con necesidades educativas especiales, en diciembre se ha sumado otro conflicto laboral. Los asesores y asesoras sordos especialistas en lengua de signos de la empresa CILSEM, contratada por la Comunidad de Madrid para atender a las y los alumnos sordos, decidían ir a la huelga el día 11, sumándose al paro que comenzaron en octubre los intérpretes de lengua de signos.
Los trabajadores y trabajadoras denuncian que la empresa adjudicataria debe cinco meses de sueldo y una subida salarial por convenio a este colectivo. Prometieron subrogar a la plantilla en una empresa capaz de hacerse cargo de las deudas contraídas, pero eso aún no ha sucedido, tal y como denuncia el comité de empresa. La Comunidad de Madrid niega cualquier responsabilidad al respecto, mientras las niñas y niños que necesitan este recurso van a clase sin traducción disponible.
Para la comunidad educativa, detrás de esta precariedad en la educación inclusiva están, por un lado, los recortes y la apuesta por la privatización de servicios, y por el otro el fomento de “una educación segregadora”. “Quieren derivar a todos los niños y niñas a educación especial, quieren segregación. No les entra en la cabeza que las clases son diversas, que tienen que ser una mezcla de todo. Ya basta de mundos paralelos”, denuncia Irene Ramos. Ella no va a parar hasta que su hijo recupere a su profesora de AL. “Estamos a diciembre y mi hijo sigue sin ella. Un día ya es mucho, pues imagínate meses. Tengo la sensación de que esto va a ir a más, pero mi hijo es igual que todos, aunque le cueste más y aunque a ellos les interese separarle”.
Entrada relacionada:
Los encargados de detectar las necesidades especiales entre el alumnado son los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Entre sus funciones está adoptar las medidas de adaptación a la diversidad en cada centro y determinar la modalidad educativa y la propuesta de escolarización que consideren más adecuada en función de las características del alumnado y de los recursos del actual sistema educativo. “Por ejemplo, si no hay recursos para atender a los alumnos con autismo, que es lo que está pasando ahora, les mandan a la especial. Si hubiera los recursos, en los centros ordinarios podrían estar perfectamente”, explica Mari Carmen Morillas, de la FAPA Giner de los Ríos.
Morillas asegura que estos equipos tampoco han crecido en estos últimos tres años. “En la zona sur de Madrid tenemos orientadores que tienen asignados más de mil alumnos y alumnas, profesionales que están de manera itinerante por los colegios. La UNESCO recomienda un orientador por cada 250. ¿Qué atención puede recibir este alumnado? Hay alumnos y alumnas que están en lista de espera para ser valorados y terminan Primaria sin valoración”, destapa mientras añade que, debido a esta situación, probablemente haya muchísimos más menores con necesidades educativas especiales que los diagnosticados.
A los problemas con los que ha comenzado el curso 2019/2020 para el alumnado con necesidades educativas especiales, en diciembre se ha sumado otro conflicto laboral. Los asesores y asesoras sordos especialistas en lengua de signos de la empresa CILSEM, contratada por la Comunidad de Madrid para atender a las y los alumnos sordos, decidían ir a la huelga el día 11, sumándose al paro que comenzaron en octubre los intérpretes de lengua de signos.
Los trabajadores y trabajadoras denuncian que la empresa adjudicataria debe cinco meses de sueldo y una subida salarial por convenio a este colectivo. Prometieron subrogar a la plantilla en una empresa capaz de hacerse cargo de las deudas contraídas, pero eso aún no ha sucedido, tal y como denuncia el comité de empresa. La Comunidad de Madrid niega cualquier responsabilidad al respecto, mientras las niñas y niños que necesitan este recurso van a clase sin traducción disponible.
Para la comunidad educativa, detrás de esta precariedad en la educación inclusiva están, por un lado, los recortes y la apuesta por la privatización de servicios, y por el otro el fomento de “una educación segregadora”. “Quieren derivar a todos los niños y niñas a educación especial, quieren segregación. No les entra en la cabeza que las clases son diversas, que tienen que ser una mezcla de todo. Ya basta de mundos paralelos”, denuncia Irene Ramos. Ella no va a parar hasta que su hijo recupere a su profesora de AL. “Estamos a diciembre y mi hijo sigue sin ella. Un día ya es mucho, pues imagínate meses. Tengo la sensación de que esto va a ir a más, pero mi hijo es igual que todos, aunque le cueste más y aunque a ellos les interese separarle”.
Entrada relacionada:
sábado, 16 de noviembre de 2019
miércoles, 6 de noviembre de 2019
Docentes y familias piden más recursos para garantizar la educación de niños con discapacidad, como exige la ONU (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero publicado en eldiario.es
- La plataforma por la escuela pública protesta en Madrid por los recortes y en favor de una escuela inclusiva, con atención a la diversidad
- CCOO calcula que en la Comunidad faltan 626 especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y que el 72% de los alumnos con necesidades especiales no está atendido correctamente
- España ha sido sancionada por Naciones Unidas por no cumplir la Convención de derechos de personas con discapacidad, por discriminar y segregar a alumnos
España suspende en inclusión educativa. Lo dice la ONU, que ha sancionado al país por incumplir la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidades en educación: no se están poniendo los medios que deberían para que los alumnos con necesidades especiales estén incluidos en el sistema.
El problema se visibiliza en su aspecto más general en la Comunidad de Madrid, punta de lanza de la ofensiva de los recortes en educación que se han llevado por delante a profesores de apoyo y especialistas, y de manera puntual en casi todas las autonomías, que acumulan sentencias de los tribunales de justicia por enviar a niños a centros de educación sin necesidad.
Por estas razones, cada uno con sus necesidades más específicas en mente, la plataforma por la escuela pública en la región —que incluye a los principales sindicatos y AMPAS— ha reunido en la tarde de este martes en Madrid a unos centenares de personas, que han reivindicado una escuela inclusiva y han exigido que se recupere el terreno perdido con los recortes.
Especialmente, en el terreno de los profesionales: faltan, aseguran, especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), los encargados de ofrecer atención especializada a los niños con necesidades educativas especiales (los que tienen síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, etc.) en los colegios.
"La situación de atención a la diversidad es de emergencia", asegura Isabel Galvín, responsable del sector educativo de de CCOO Madrid. "Cuando empezó la crisis se produjeron unos recortes del 30% de media y ni han sido revertidos ni está en la agenda del Gobierno hacerlo".
Y este curso se ha dado una vuelta de tuerca más. "Mi hijo ha pasado de tener nueve sesiones a la semana de PT y cuatro de AL [el año pasado] a tener tres de PT. Piden que haya al menos 25 niños diagnosticados con necesidades educativas especiales, pero el colegio es pequeño y hay 19, así que este curso nos han quitado la AL", cuenta Irene Ramos, madre de un niño con TEL (un trastorno del lenguaje) que "lucha por no perder el curso".
Bajo una lluvia irregular que ha estropeado la marcha, Lucía Martínez, de la plataforma TEA Incluye, cuenta una historia similar. "Están retirando las ALs. Siempre nos recortan a los mismos, a los más necesitados. Y mientras, la Consejería pone orientadores en los colegios concertados. Cuando estos chicos a los que no estamos educando bien se hagan adultos, ¿quién se va a hacer cargo de ellos?", reflexiona.
Las ratios, asegura Galvín, no se cumplen ni de cerca: "Tenemos situaciones que duplican los alumnos de los PTs y ALs, con hasta 40 niños en algunos casos. Las sesiones individuales no existen y en muchos casos hay como mucho una a la semana. Cuando las familias ven esta situación, quien puede acude a la vía privada. Pero cuesta entre 300 y 600 euros al mes".
El problema se visibiliza en su aspecto más general en la Comunidad de Madrid, punta de lanza de la ofensiva de los recortes en educación que se han llevado por delante a profesores de apoyo y especialistas, y de manera puntual en casi todas las autonomías, que acumulan sentencias de los tribunales de justicia por enviar a niños a centros de educación sin necesidad.
Por estas razones, cada uno con sus necesidades más específicas en mente, la plataforma por la escuela pública en la región —que incluye a los principales sindicatos y AMPAS— ha reunido en la tarde de este martes en Madrid a unos centenares de personas, que han reivindicado una escuela inclusiva y han exigido que se recupere el terreno perdido con los recortes.
Especialmente, en el terreno de los profesionales: faltan, aseguran, especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), los encargados de ofrecer atención especializada a los niños con necesidades educativas especiales (los que tienen síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, etc.) en los colegios.
"La situación de atención a la diversidad es de emergencia", asegura Isabel Galvín, responsable del sector educativo de de CCOO Madrid. "Cuando empezó la crisis se produjeron unos recortes del 30% de media y ni han sido revertidos ni está en la agenda del Gobierno hacerlo".
Y este curso se ha dado una vuelta de tuerca más. "Mi hijo ha pasado de tener nueve sesiones a la semana de PT y cuatro de AL [el año pasado] a tener tres de PT. Piden que haya al menos 25 niños diagnosticados con necesidades educativas especiales, pero el colegio es pequeño y hay 19, así que este curso nos han quitado la AL", cuenta Irene Ramos, madre de un niño con TEL (un trastorno del lenguaje) que "lucha por no perder el curso".
Bajo una lluvia irregular que ha estropeado la marcha, Lucía Martínez, de la plataforma TEA Incluye, cuenta una historia similar. "Están retirando las ALs. Siempre nos recortan a los mismos, a los más necesitados. Y mientras, la Consejería pone orientadores en los colegios concertados. Cuando estos chicos a los que no estamos educando bien se hagan adultos, ¿quién se va a hacer cargo de ellos?", reflexiona.
Las ratios, asegura Galvín, no se cumplen ni de cerca: "Tenemos situaciones que duplican los alumnos de los PTs y ALs, con hasta 40 niños en algunos casos. Las sesiones individuales no existen y en muchos casos hay como mucho una a la semana. Cuando las familias ven esta situación, quien puede acude a la vía privada. Pero cuesta entre 300 y 600 euros al mes".
"Es un problema muy de Madrid"
"Este es un problema muy de Madrid. Los tiempos no son de bonanza económica en ninguna comunidad, pero este ataque a los recursos de la escuela pública no ocurre en todos los sitios por igual". Lo dice Ana Cobos, presidenta de Copoe (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España), cuando se le pregunta si la protesta que está teniendo lugar en la capital es extensible al resto de España.
Cobos argumenta que en su organización están en contacto con personal de toda España, que hablan entre ellos y el mensaje se repite: esto solo pasa de manera tan evidente en Madrid.
"Este es un problema muy de Madrid. Los tiempos no son de bonanza económica en ninguna comunidad, pero este ataque a los recursos de la escuela pública no ocurre en todos los sitios por igual". Lo dice Ana Cobos, presidenta de Copoe (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España), cuando se le pregunta si la protesta que está teniendo lugar en la capital es extensible al resto de España.
Cobos argumenta que en su organización están en contacto con personal de toda España, que hablan entre ellos y el mensaje se repite: esto solo pasa de manera tan evidente en Madrid.
domingo, 27 de octubre de 2019
Carabanchel reclama un docente de Audición y Lenguaje para el Colegio República Dominicana
En #Carabanchel el Colegio República Dominicana se ha quedado sin profesor de Audición y Lenguaje. Exigimos el mantenimiento de la plaza. La atención temprana y continua es fundamental para el aprendizaje. ¡¡No a los recortes encubiertos en la enseñanza pública!!
Puedes ver un vídeo de denuncia aquí
domingo, 20 de octubre de 2019
sábado, 21 de septiembre de 2019
Nota de prensa. Convocatoria de paros indefinidos desde el 23S en el CEIP Montelindo de Bustarviejo
El CEIP Montelindo de Bustarviejo continúa convocando paros indefinidos de una hora desde el lunes 23 de septiembre.
El claustro del CEIP Montelindo,
localizado en Bustarviejo, ha decidido por unanimidad, y así se le ha
comunicado a la Consejería de Educación, convocar paros de 9:00 a 10:00h de
manera indefinida, a partir del día 23 de septiembre de 2019, respaldados por
los sindicatos CGT Y CCOO, por los siguientes motivos:
1.- El centro cuenta con cuatro clases por encima de 25
alumnos/as (una de ellas en Educación Infantil 4 años).
2.- Contamos con dos desdobles menos que el año anterior,
incluso habiendo aumentado en un alumno más en una de estas aulas.
3.- El tiempo de atención de la profesora de Audición y
Lenguaje se ha reducido a dos días semanales. En los últimos cinco años hemos
pasado de contar con una profesional de esta especialidad a tiempo completo a
la situación actual.
4.- Reducción del tiempo de dedicación de la orientadora del
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP): Una atención de un
día y medio a la semana, totalmente insuficiente para diagnosticar y orientar a
familias y profesorado en un tiempo adecuado.
La falta de evaluaciones diagnósticas influye directamente en el número
de profesionales de PT Y AL que se adjudican al centro, pues ello depende del
número de alumn@s que hayan sido diagnosticados como ACNEE.
5.- El tiempo de la profesional de servicios a la comunidad
(PTSC) es absolutamente insuficiente ya que atiende a todos los centros de la
Sierra Norte y sólo en nuestro colegio hay ya varias familias que necesitan de
esta atención.
6.- Somos el único colegio de la localidad, por lo tanto,
tenemos matrícula abierta todo el año, lo que crea inestabilidad en los grupos
más numerosos y sí desdoblan más adelante, repercute en la organización y
horarios de todo el centro. En septiembre de este curso escolar se han
matriculado 13 alumnos/as.
7.- La plantilla actual es demasiado ajustada lo que supone
que dadas las numerosas horas de sustituciones que inevitablemente se deben
cubrir a lo largo del curso, esto repercuta en que, en muchas ocasiones, no se
pueden hacer refuerzos ni apoyos educativos, así como en la puesta en práctica
de los planes del centro.
8.- Llevamos años solicitando una ampliación del colegio para
contar con, al menos, tres aulas más de tamaño similar a las diez actuales que
tienen espacios dignos para atender al alumnado y una sala de profesorado en la
cual se pueda reunir todo el claustro.
9.- Al estar el centro en el medio rural (aunque no sea un
CRA), los recursos pedagógicos externos al colegio son más caros, escasos y en
ocasiones inexistentes: el AMPA y el Ayuntamiento de Bustarviejo subvencionan
profesionales para atender fuera del horario lectivo, las necesidades de apoyo
educativo y de audición y lenguaje, que el colegio no atiende, dadas las
circunstancias que estamos denunciando, y las familias no pueden asumir.
10.- Consideramos que la escuela pública en el medio rural
debe ser especialmente cuidada y protegida por las instituciones públicas,
dando flexibilidad a las normas actuales y atendiendo a las especificidades y
necesidades de compensación del medio rural y las pequeñas localidades que lo
forman.
Por los motivos anteriores SOLICITAMOS:
1.- Que se desdoblen las cuatro clases que tienen más de 25
alumnos/as.
2.- Contar con una especialista en de Audición y Lenguaje por
un tiempo no inferior a 4 días a la semana.
3.- Garantizar un mínimo de 3 días a la semana de atención al
centro por parte de la orientadora.
4.- La profesional de PTSC debe acudir al colegio un día a la
semana.
5.- Ampliación del centro para que al menos cuente con tres
espacios que reúnan las condiciones y el espacio preciso para que puedan ser
utilizadas como un aula educativa, así como una sala de profesorado.
6.- Que el apoyo educativo, fuera del horario lectivo, para
ayudar con las tareas escolares al alumnado con situaciones socioeconómicas
desfavorecidas, lo asuma la Dirección de Área, ya que es el AMPA y el
ayuntamiento los que están subvencionando casi al cien por cien este servicio
tan necesario.
Claustro de profesoras del CEIP Montelindo
Entradas relacionadas:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)