ORDEN 712/2022, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden 568/2021, por la que se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones en materia de concesión de becas para el estudio de Bachillerato (BOCM 18-4-2022)

ORDEN 712/2022, de 31 de marzo, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se modifica la Orden 568/2021, de 8 de marzo, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones en materia de concesión de becas para el estudio de Bachillerato (BOCM 18-4-2022)

Fuente: www.comunidad.madrid

Retrato de la nueva concertada: sociedades mercantiles, beneficios, dividendos y altos salarios tras las subvenciones públicas (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

  Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

Una revisión de las cuentas de 32 centros, la mayoría de la denominada "nueva concertada", la que aparece tras el año 2000, muestra un sector económicamente asentado, en el que la mayoría de los ingresos provienen de los fondos públicos y que reparte beneficios

• — Favorecer a la escuela concertada incluso fuera de la ley: la estrategia apuntalada por el PP durante dos décadas en Madrid
• 9-5-2021

                                      

La nueva concertada madrileña es rentable.

Entramados de empresas, grandes grupos, sociedades mercantiles, reparto de dividendos, altos salarios, inversiones en fondos o carteras... La conocida como nueva escuela concertada madrileña, que vive principalmente de las subvenciones públicas y las cuotas voluntarias que cobra a las familias (las primeras están consignadas en sus cuentas públicas, las segundas no), presenta unos balances saneados y en general beneficios, según un análisis de las cuentas de una muestra de 32 centros con un único requisito a cumplir (aparte de tener un concierto educativo): tener las cuentas depositadas en el registro.

Uno de los ejemplos más claros de esta nueva concertada es el grupo Educare Inversión en Centros Educativos, S.L. Educare es propietaria de seis centros privados con concierto construidos sobre parcelas públicas cedidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (Colegio Peñalvento, Colegios Peñalar, Colegio Valdefuentes, Colegio Torrevilano, Colegio Montesclaros y Colegio Atanes School) y tiene el 78,34% del Colegio Antamira, también sobre suelo público. Este gigante, creado como Educare Torrevilano, S.L., en 2008, manejaba en 2019 un saldo contable de 30,2 millones de euros para el largo plazo y otros 8,8 para "inversiones en empresas del grupo", clasificadas como corto plazo, además de otros 4,9 millones de euros para "inversiones financieras a corto plazo". Este grupo declaró en 2018 un resultado del ejercicio de 11,5 millones de euros tras impuestos.

Entramados societarios

La segunda derivada de este análisis es que los colegios concertados no son un adalid de la transparencia. A pesar de tener la obligación legal de hacerlo por su forma empresarial, muchos centros no presentan sus cuentas o la última vez que lo hicieron fue antes de 2015. Aún así, casi la mitad de las empresas analizadas (44%) presentan estructuras societarias complejas con las que explotan varios centros educativos, pero también invierten en distintas sociedades, carteras de valores o inmobiliarias.

Un ejemplo de estas prácticas es la empresa Escuela para el Futuro, S.A., que gestiona el colegio Greenwich School, de Alcobendas. Esta empresa posee además el 50% de otras dos, Centros Docentes Asturianos S.A. y LMJ, S.A., además de participaciones en Sociedades Anónimas de Inversión o Sicavs. El accionista mayoritario de esta empresa es un habitual del sector. Jesús Núñez Velázquez vendió hace unos meses la Universidad Privada Alfonso X el Sabio por varios cientos de millones de euros y posee colegios privados en Asturias y Madrid. Escuela para el Futuro consigna que recibió 4,1 millones de euros en 2019 en concepto de subvenciones y su centro está levantado sobre una parcela pública cedida a 75 años.Otro ejemplo es San Jaime, S.L., que explota un colegio del mismo nombre. Esta empresa pertenece en un 99,99% a otra mercantil, Centro Cultural Liceo Sorolla, S.A. y tiene a su vez participaciones mayoritarias en dos inmobiliarias, una compañía de urbanización y otra cinegética.

De inversiones y dividendos

La Fundación Arenales también tiene registradas algunas inversiones inmobiliarias. En este caso es por parcelas adquiridas cuando se fundió con la Fundación Cristo de la Paz y presentan un valor contable de 2,3 millones de euros.

Beneficios y sueldos

De los 32 analizados, solo cuatro presentaron pérdidas en el año analizado (los colegios Mengual, Agora y Minerva, de menos de 10.000 euros; el Humanitas Bilingual School de Torrejón perdió más de 100.000). Otros, como el Greenwich School, tuvieron un resultado del ejercicio de 4,5 millones de euros positivos tras haber ingresado 4,1 en concepto de subvenciones y otros ingresos de explotación.

Otro elemento que se detecta analizando las cuentas son las retribuciones de las direcciones de algunos centros. El Colegio Punta Galea, que percibe 1,7 millones de euros en subvenciones en el ejercicio analizado, pagó a los miembros del Consejo de Administración 200.000 euros de sueldo. Un poco más percibió el Consejo Rector del Colegio El Catón: 235.000 euros anuales tras una subvención de 2,1 millones de euros. En el Estudiantes Las Tablas, la alta dirección ganó 147.000 euros y los miembros del órgano de administración, 171.000. La palma en este apartado se la llevan los miembros de la alta dirección de la Cooperativa Gredos San Diego, que percibieron 338.000 euros de salario en 2017, mientras los del Consejo Rector alcanzaron los 649.000 euros en un año.

Este es el modelo que el PP ha impulsado en los últimos 20 años, los que han pasado desde que Madrid adquiriera las competencias en Educación. El sector que se manifestó contra la Lomloe en torno a la plataforma Más Plurales porque se ponía en riesgo casi su propia existencia y la "libertad de elección" de las familias. El modelo que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quiere blindar con una ley educativa ad hoc, la Ley Maestra, que va directamente contra los postulados en la materia de la Lomloe y que será de las primeras, si no la primera, que apruebe el nuevo Gobierno.

Los centros analizados pertenecen en su práctica totalidad a la conocida como nueva escuela concertada madrileña, la que ha crecido al calor de las políticas educativas del PP desde que la Comunidad de Madrid recibiera las competencias en Educación en 1999. Centros que han recibido el concierto en estas últimas dos décadas, existieran antes como privados o no, muchos de ellos construidos sobre suelo público cedido en condiciones ventajosas (hay pagos por parcelas de menos de 700 euros mensuales) y con el concierto garantizado desde antes de su construcción, una práctica que estuvo prohibida hasta que se aprobó en la Lomce en 2013. Todos los datos que aparecen en este artículo provienen de las propias memorias de los centros de algún año entre 2015 y 2019.

Y esto es una de las primeras cuestiones que saltan a la vista: la alta presencia de sociedades mercantiles en el sector educativo concertado. De los 32 centros estudiados, 14 son sociedades de responsabilidad limitada, dos tienen la forma de sociedad limitada laboral, cuatro son sociedades anónimas, tres son fundaciones y dos son sociedades cooperativas. En total suman 25 porque entre los 32 centros hay algunos que pertenecen al mismo grupo, con lo cual tienen la misma forma societaria.

El Ayuntamiento de Madrid recorta 468 plazas que subvencionaba en escuelas infantiles privadas en un curso crucial (Sofía Pérez Mendoza para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta información

Madrid afronta el curso que viene, un momento crucial que obligará a reorganizar los espacios y reducir las ratios para mantener la distancia de seguridad, con 468 plazas públicas menos en las guarderías de la ciudad. El pasado miércoles empezaba el periodo de admisión y las familias que pelean por una de las escasas vacantes contarán este año con menos posibilidades porque el Consistorio, dirigido por PP y Ciudadanos, ha dado por finalizados unos acuerdos con guarderías privadas que permitían concertar un cupo de plazas (30%) que funcionaban, a efectos, como públicas. Estos convenios, que aumentaban un 10% la oferta, llevaban tiempo tambaleándose y ya se habían reducido en el mandato anterior. Hay 33 centros afectados y algunos ya han anunciado su cierre al perder las subvenciones en este momento incierto, lo que reduce aún más las plazas disponibles en la ciudad. 

"El argumento es que el convenio que firmamos roza la ilegalidad pero pedimos una alternativa. Tenemos el 70% de las plazas privadas. Lo que reivindicamos es que no desaparezcan estas, para la gente con menor poder adquisitivo", explica Victoria Otero, directora de una de estas escuelas, Las Nubes 2. El Ayuntamiento solo se ha comprometido a sostener las plazas, 288 en total, a los niños y niñas que ya están dentro del centro hasta que acaben la etapa educativa. Así que algunas guarderías mantendrán este próximo curso un porcentaje mínimo de bebés con subvención para no dejarlos tirados en mitad del ciclo. 

Fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social confirman que los convenios "están venciendo ahora" y "no se pueden renovar por una cuestión legal". "El régimen jurídico se estableció cuando las escuelas infantiles estaban integradas en la Comunidad de Madrid", explican estas fuentes, que aseguran que la voluntad del Consistorio es "retomar" los acuerdos en el curso 2021-2022. "Lo antes posible", remachan, conscientes de que el recorte afecta mucho a una ciudad donde es muy complicado conseguir una plaza pública en una guardería.

Este año se han ofertado 7.965. A ellas hay que sumar 288 subvencionadas en centros privados, correspondientes a los niños que ya estaban en las escuelas, que sí continuarán. En el curso presente, este cupo extra ascendía a 752 plazas. El área de Familias insiste en su "compromiso con la educación infantil" y recuerda que este curso por primera vez se ponen en marcha las becas del Ayuntamiento, de entre 100 y 200 euros al mes, para las familias que no pueden acceder a una plaza pública. Hay 2.100 solicitudes pendientes de resolver, según datos municipales. También está planificada la apertura de dos nuevas guarderías de la red municipal con 103 y 66 vacantes, respectivamente. Una suma de plazas que no cubre, de momento, las concertadas eliminadas. 

La reducción de plazas se consuma en un curso exigido por las nuevas distancias de seguridad, dos metros como mínimo entre niños. Las instrucciones de la Consejería de Educación para la vuelta a las aulas, publicadas este miércoles, establecen una reducción al 50% de las ratios para las clases de 0 a 3. Esta etapa es la primera que va a reactivarse en la desescalada: Educación prevé que los bebés con familias obligadas a trabajar fuera de casa puedan regresar en la fase III. 

El fin de los conciertos pone especialmente en jaque a las guarderías privadas más pequeñas con pocos empleados y facturación limitada. "La pérdida del convenio nos ha puesto a 33 escuelas infantiles en una situación de vulnerabilidad muy grande porque perdemos el 30% de nuestras plazas en un momento de excepcionalidad y con un futuro muy incierto", dice una carta enviada por un centro a las familias. La escuela infantil cierra el próximo curso con la sensación de "abandono institucional" y "desprotección" del sector. 

Convenios antiguos

Los convenios se originaron hace 18 años ante la apremiante necesidad de puestos escolares. El Ayuntamiento entonces se comprometió a pagar el 30% del coste de la obra para construir la escuela a cambio de que el 30% de las plazas de esas guarderías estuvieran concertadas durante una década. Funcionan exactamente con la misma normativa: las familias solo paga el comedor y el horario ampliado. La tasa de escolarización es gratuita. Un precio total que está muy lejos de las cantidades que las familias tienen que abonar en plazas privadas. Hasta 500 euros al mes, más la matrícula y el material. 

Cumplida la vigencia inicial de los convenios, se fueron prorrogando de forma más o menos regular año a año, siempre con incertidumbre sobre el futuro próximo. Hace tres años, la corporación de Manuela Carmena ya intentó rescindirlos pero finalmente solo eliminó las plazas de bebés (0-1), cuenta Otero, cuya escuela pasó de tener 19 plazas concertadas a 16. El curso que viene solo serán cuatro. La decisión de que se extinguían los convenios se comunicó junto a la orden de cerrar los centros por el estallido de la COVID-19 a mediados de marzo. 

Las primeras en caer... y en volver

Las escuelas infantiles han sido el eslabón más débil durante la crisis. La mayor parte de la red pública está gestionada indirectamente por empresas o cooperativas. Con el cese de la actividad lectiva, la Comunidad de Madrid ordenó suspender estos contratos y la mayoría de educadoras entraron en Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE). El argumento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso era que las guarderías no pueden continuar teletrabajando si no están físicamente con los niños y niñas. Ahora, la Consejería de Educación ha rectificado e indemnizará a las empresas, que fueron las primeras en caer y, con la desescalada, también son las primeras exigidas para volver. La Comunidad de Madrid pretende reiniciar la actividad en las guarderías 0-3 en la fase III. 

En el Ayuntamiento, las decisiones no fueron tan contundentes pero sí muy desiguales. Al menos 15 de las 68 escuelas de la red municipal, una de cada cinco, no pudieron continuar con la actividad desde casa, pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida,  prometió que el Gobierno iba a "arbitrar todos los medios para que los empleados de las empresas concesionarias no vean mermados sus derechos laborales ni retributivos". El destino de cada guardería quedó en manos de los distritos, que arbitraron decisiones diferentes y que, en algunos casos, abocaron a las escuelas a suspender los contratos bajo la amenaza de que el interventor no aceptaría sus facturas.

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• Enlaces a la información sobre el coronavirus: Consejería de Educación, comunicados,...

#YoApoyolasEscuelasInfantilesylasCasadeNiños (vídeo)

El alumno aplicado (Pau Rodríguez para eldiario.es). El sistema educativo portugués

Artículo de Pau Rodríguez publicado en eldiario.es el 6 de enero de 2020:

• El sistema educativo portugués progresa como pocos en Europa y presenta medidas modélicas como las extraescolares gratuitas o la mayor libertad de los centros para decidir el currículum

• En 2004, Portugal presentaba una tasa de abandono temprano del 39%. La ha reducido hasta el 11,8%. En el mismo periodo, España ha pasado del 32% al 18%

• El Gobierno ha retirado la subvención a 49 centros privados sin grandes polémicas. Solo se financian escuelas privadas donde no hay oferta pública

• Este artículo pertenece a la revista Portugal: la magia de lo improbable, de eldiario.es. Lee aquí la versión en portugués. Hazte socia ya y recibe nuestras revistas trimestrales en casa

Si la OCDE fuera el aula de una escuela, Finlandia y Singapur serían los alumnos que siempre sacan sobresalientes. Pero el orgullo de los maestros sería otro, el pupilo que más ha progresado desde que comenzaron las clases. El que llegó con serias dificultades y ahora va camino de ser un referente para sus compañeros. Ese es Portugal, un país inmerso en una revolución escolar tan silenciosa y constante como imperfecta y cuestionada. Como lo es siempre la educación.

Desde que se publicase el primer informe PISA el año 2000, los estudiantes portugueses no han parado de superarse en matemáticas, ciencia y lengua hasta 2018, cuando por primera vez los resultados han menguado -sin que la OCDE lo vea motivo de preocupación, más bien una estabilización-. Esta mejora no ha situado a Portugal a la cabeza de los países punteros en educación, pero sí les ha valido el calificativo de estrella emergente. Y no es solo por estos indicadores, que son al fin y al cabo un diagnóstico. Portugal ha reducido como pocos su tasa de abandono escolar y ha iniciado una serie de medidas que han atraído el foco de expertos y académicos. Entre ellas, dar mayor libertad a los colegios para decidir el currículum y eliminar la subvención a buena parte de los colegios concertados.

Para entender lo que ha ocurrido en las escuelas de este país, como en otros sectores, hay que retroceder a 1974. La Revolución puso fin a la dictadura y se abrió un período fundacional también para la educación, reflejado en la Constitución aprobada dos años después, "con un énfasis en la ciudadanía y la participación democrática que no se puede obviar de cara al desarrollo del sistema educativo", sostiene Diana Sousa, profesora del UCL Institute of Education de Londres.

La llegada de la democracia supuso no sólo dejar de menospreciar la educación, sino sentar las bases para atacar la analfabetización o la pobreza infantil en un país que partía de elevados niveles de exclusión. A día de hoy, el nivel educativo de las madres, a menudo un mejor predictor de los resultados de los hijos que su propio desempeño en clase, está todavía lejos de países como España. De los alumnos que se sometieron al test de PISA de 2015, hasta el 50% tenían madres sin estudios secundarios, mientras que en España eran la mitad, alrededor del 25%, y en el grueso de países europeos está por debajo de 10%.

João Costa, actual secretario de Estado de Educación, señala las que para él son algunas de las medidas que explican el progreso de los escolares a lo largo de estos años. La creación de una red pública de preescolar, su valorado Plan Nacional de Lectura –con la creación de bibliotecas escolares y programas familiares– o la inversión en la formación del profesorado están entre las que más destaca. "La mayoría de docentes tienen un máster o posgrado", explica, y detalla que durante los primeros años de ejercicio tienen un tutor que les supervisa. Portugal dedica además el 4,8% del PIB a educación, un porcentaje cerca de la media europea y superior al 4,3% español.

El sistema educativo portugués ofrece a sus alumnos oportunidades por ahora impensables en España. Una de las más llamativas, y desde hace años, son actividades extraescolares gratuitas para todos los escolares. "Para muchos es la primera vez que tienen la oportunidad de aprender a tocar un instrumento o practicar disciplinas artísticas que solo estarían al alcance de los más privilegiados", sostiene Costa. "Esto no es ningún detalle", añade para argumentar que esto puede ofrecer a los alumnos más rezagados o rebotados una nueva forma de relacionarse con el aprendizaje que, a la postre, prevenga el abandono.

El éxito de reducir el abandono
Nadie como el país luso ha reducido la tasa de abandono escolar temprano en los últimos 15 años. En 2004, el 39% de los jóvenes había dejado los estudios con o sin el equivalente a la ESO española, un porcentaje que ha caído hasta el 11,8%, según datos del Eurostat. Esto le deja cerca del 10,6% de media de la Unión Europea, a diferencia de España, que en el mismo periodo ha pasado del 32% al 18%.

El abandono educativo temprano, según convienen los expertos, cae con las crisis económicas porque no hay empleo fácil que llame la atención de los jóvenes, pero no es esta la única explicación. Una que diferencia a España de Portugal es que en este país se ha extendido la escolarización obligatoria hasta los 18 años. Uno puede escoger a los 15 años si opta por seguir una vía más académica o una más técnica, algo parecido a la Formación Profesional española pero sin la opción de dejar los estudios hasta la mayoría de edad.

La polémica de las reválidas
A estas alturas, tanto el gobierno portugués como los académicos consultados quitan hierro al peso de los resultados PISA, puesto que mide solo tres ramas del conocimiento y empuja a los ránkings entre países. Pero lo cierto es que los malos resultados obtenidos por Portugal en el primer examen, el año 2000, encendieron todas sus alarmas, más aún en un contexto de integración europea en el que el país aparecía instalado el furgón de cola. La reacción del ejecutivo fue aumentar las horas de matemáticas y lengua –con clases de refuerzo para los más rezagados– e introducir una de las medidas que más controversia ha generado desde su instalación: las reválidas.

Su discutida implantación demuestra que Portugal, como España, no es ajena al debate pedagógico asociado a las inclinaciones políticas de los partidos. Así como existe una seria discusión sobre el currículum, los gobiernos de derechas han defendido los exámenes externos para pasar de curso y los de izquierdas, como el actual, los han reducido. Llegó a haber cuatro cursos en los que los alumnos tenían que superar una prueba estatal para aprobar el año. Ahora sólo queda una al final de la ESO. "Si preguntas a alguien de derechas te dirá que ayudan a centrarse en los resultados y a que los profesores se responsabilicen más de ello, mientras que para un socialista son el mal y la esencia de la desigualdad, una presión innecesaria. Mi opinión es que no están conectados con el aprendizaje, y que por otro lado, si un alumno aprende bien no hay que tenerles miedo", razona Isabel Flores, secretaria general del Instituto Para as Políticas Públicas e Sociais.

Otro gran terreno de batalla es el del currículum, hasta el punto que el gobierno portugués, en manos del socialista António Costa, ha puesto en marcha ahora una asignatura que sonará a los profesores españoles: Educación para la Ciudadanía. Pero la gran innovación de su administración en este ámbito tiene que ver con la mayor autonomía y flexibilidad que han dado a los colegios para que puedan decidir ellos una parte de los contenidos, concretamente el 25%. Los centros pueden usar este porcentaje de las clases para hacer proyectos, fusionar asignaturas, trabajar aspectos relacionados con su entorno más cercano… Para Costa, esta ha sido también una forma de poner fin a la "sobrecarga de contenidos", a los currículums tradicionalmente inabarcables que ahora quedan reducidos a unas bases.

Aun así, Flores le ve todavía inconvenientes. Al ser voluntario para los colegios, "los que aprovechan la autonomía son los que ya usaban estrategias pedagógicas alternativas, mientras que los que se agarran a la tradición son los que siempre han opuesto resistencia". João Maroco, profesor asociado de ISPA Insituto Universitario, advierte también que todavía es pronto para evaluar esta política y que habría que supervisarla bien. "Esto puede llevar a los profesores a la tentación de abandonar las partes del currículum más difíciles", avisa.

Mucho menos llamativa, aunque en España ocasionaría un auténtico terremoto, es la retirada de las subvenciones a los colegios concertados. El predominio de los centros públicos, que escolarizan a cerca del 90% del alumnado –en España es el 68%–, hace que la decisión del Gobierno de no renovar conciertos a los colegios privados haya salido adelante sin demasiado rechazo. Son de entrada 49 colegios los que dejarán de recibir dinero público. "El principio es muy simple: la financiación de escuelas privadas sólo está permitida en áreas donde no hay oferta pública", explica el secretario de Estado.

Sin triunfalismos
Tras casi 20 años de mejora ininterrumpida de los resultados educativos –al menos según PISA– lo curioso es que no hay ningún experto consultado que enarbole un discurso triunfalista, algo por otra parte común en el terreno educativo. El primero en ser prudente es el propio Gobierno. "Seguimos muy lejos de los mejores países y tenemos graves problemas de asimetrías cuando se tiene en cuenta el contexto social y económico del alumnado", reconoce Costa.

Portugal sigue siendo a día de hoy un país en el que las desigualdades pasan factura al alumnado. De nuevo en PISA, el porcentaje de variación del resultado de los estudiantes en 2015 era, en ciencias, de 15 puntos en función de su procedencia social, cuando la media de la OCDE es de 12,9 puntos. Y la repetición de curso, cuestionada por su poca utilidad, sigue siendo una lacra tanto en Portugal como en España: el 31% que acaba la ESO habiendo repetido algún curso, un volumen sin comparación en toda Europa (a excepción de Bélgica).

Pero si hay una cuestión que ha puesto patas arriba el sistema escolar en los años recientes es el salario de profesorado, que no olvida la dura crisis por la que pasó el país y los recortes sufridos en condiciones laborales. La reivindicación del plus de antigüedad que les retiraron durante el período de austeridad costaría 635 millones de euros al Estado, un montante que el Gobierno no cree que pueda asumir ahora y que ha desatado una oleada de protestas de los docentes.

Nota de prensa sobre la retirada de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid a la FAPA Francisco Giner de los Ríos

Estimadas/os amigas/os:

Difundimos nota de prensa sobre la retirada de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid a la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”.

La Federación de Asociaciones Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos” lamenta la situación que ha creado el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid al tomar una decisión absolutamente política y sin sentido, con gran desconocimiento de lo que son las asociaciones de madres, padres y tutores y a quienes representan.

Enlace a la nota e prensa:
www.fapaginerdelosrios.org/documentos?EntryId=2161&Command=Core_Download

Recibid un cordial saludo

FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
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Madrid cierra sin multas los expedientes a 167 colegios concertados por cobros irregulares a las familias (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es

• La Comunidad de Madrid informa de que se han "subsanado" las irregularidades detectadas en uno de cada tres centros sobre la información y el pago de las actividades extraescolares

• La "supervisión" de dichas actividades se da por zanjada y no se incluirá en el Plan General de Actuación de la Inspección de este curso, según CCOO 

• En paralelo, Gobierno está inmerso en una campaña de defensa de la "libertad de elección": ha abierto 190 aulas nuevas y quiere subvencionar el Bachillerato

El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha dado carpetazo a los 167 expedientes abiertos a centros concertados de la región tras detectar irregularidades en el cobro a las familias. En todos los casos las indagaciones de la inspección tenían que ver con la gestión de las actividades extraescolares y, en todos los casos, se han cerrado porque los centros "han acreditado que han subsanado estos problemas", aseguran fuentes de la Consejería de Educación a eldiario.es.

La intervención de la inspección se produjo tras comprobarse que los centros no informaban a las familias de que las actividades eran voluntarias y no lucrativas, no reflejaban adecuadamente en la información que se remitía a la Administración la existencia de estas actividades, las ofrecían en bloque, sin desglosar precios y sin posibilidad de elección o incluían conceptos erróneos como servicios complementarios.

Estas actuaciones fueron confirmadas por la exviceconsejera de Organización Escolar María José-Patrón, destituida por el presidente Ángel Garrido cuando tomó posesión de su cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Y, según fuentes de la Consejería de Educación, ya no se producen tras el toque de atención de la administración. Los colegios se enfrentaban a multas económicas que oscilan entre el total y el doble de una parte del dinero público reservado a ese concierto que habrían dejado de percibir. Concretamente el reservado en las partidas a "otros gastos": entre 6.900 y 9.200 euros por aula al año, según el nivel educativo. 

La oposición considera que el Gobierno ha cerrado el asunto sin entrar en el fondo de la cuestión: "Las cuotas voluntarias generales que son, en realidad, obligatorias".  "Eso no se ha arreglado y es vox populi", sentencia la portavoz de Educación de Podemos, Beatriz Galiana.  La patronal de la escuela concertada ha reconocido en varias ocasiones, también a eldiario.es , la existencia de estas cuotas con la justificación de que el dinero público que reciben las entidades por cada plaza –los módulos fijados por el Ministerio de Educación– es insuficiente para prestar el servicio.

Todas estas irregularidades, también las detectadas por la inspección, contravienen el articulado de la Lomce, que marca que "en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". Una resolución de la Comunidad de Madrid de 2016 establece las sanciones en caso de incumplimiento. 

Una medida "cosmética" para los sindicatos

El Ejecutivo ha dado por zanjado el asunto y no incluirá esta supervisión de las actividades extraescolares en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de este curso. Al menos así consta en el borrador, según informa Comisiones Obreras a eldiario.es. El plan correspondiente al curso pasado incluía una referencia explícita a estas actuaciones de "supervisión de actividades complementarias y extraescolares y de servicios complementarios en centros privados sostenidos con fondos públicos", para continuarlas y completarlas, un punto que según el sindicato la Consejería ya ha informado que va a eliminar. 

"Es evidente que esta medida de supervisión ha sido meramente cosmética, habida cuenta, además, que el Plan General de Actuación de la Inspección del curso actual, según el conocimiento que tenemos de su borrador, ha suprimido tal actuación", explica la secretaria general de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín. 

190 aulas concertadas nuevas este curso

El Gobierno de Ángel Garrido ha iniciado una campaña para reforzar la "libertad de elección" de las familias como respuesta a lo que, asegura el PP, es un ataque del Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez a este modelo educativo. Si Madrid era 2014 era la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares–  que dedicaba más presupuesto público a este modelo educativo (943 millones de euros, uno de cada cinco euros del gasto total), la cifra ha escalado en cuatro años hasta los  1.028 millones (9% más) con la apertura de 190 aulas para este curso, según datos ofrecidos por la Consejería de Educación. Todas, justifican fuentes de este departamento, se ubican en centros que ya tienen concierto educativo y son "para dar respuesta al crecimiento vegetativo".  

Durante el verano, Garrido se reunió con los representantes de la escuela concertada en un encuentro que se saldó con dos compromisos: un nuevo decreto de regulación específico para estos centros y la financiación a cargo de las arcas públicas de equipos de orientación educativa para Primaria. Además, ha prometido, si continúa como presidente de la Comunidad de Madrid (y para eso primero tiene que ser candidato, algo que no está decidido en el PP), subvencionar a cargo de las arcas públicas los estudios de Bachillerato en centros privados que no tengan concierto a 3.000 alumnos y alumnas. Ocho de millones de euros para este proyecto piloto, muy mal recibido por PSOE y Podemos y los defensores de la escuela pública. 

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• Uno de cada tres colegios concertados de Madrid puede ser sancionado por cobrar irregularmente a las familias (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)

El Gobierno de Cifuentes promociona un taller taurino para niños de 8 a 14 años (Laura Galaup en eldiario.es)

Reproducimos esta noticia publicada en DIARIO.ES 

La escuela de tauromaquia de la Comunidad de Madrid ha organizado el primer campus estival taurino para menores en un plaza de toros de la región
La finalidad era "dar a conocer a los jóvenes aficionados las diversas facetas del mundo del toro" a razón de 150 euros de matrícula por seis días de clases
El centro se creó en la plaza de Las Ventas después de que el Ayuntamiento de Madrid retirase la ayuda a otro centro que financiaban ambas administraciones

Cristina Cifuentes aumenta un 40% el presupuesto destinado a los toros
La tradición taurina en Baleares se limita a dos corridas y otros cinco festejos en 2016
Escuelas de tauromaquia: la cuna del maltrato animal legalizado

Este verano se ha celebrado el primer campus estival taurino para niños de entre 8 y 14 años organizado por la escuela de tauromaquia José Cubero ‘Yiyo’, gestionada por la Comunidad de Madrid.

La página web del Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes especificaba que "la finalidad de este campus es dar a conocer a los jóvenes aficionados las diversas facetas del mundo del toro". En la organización también ha colaborado el Centro de Asuntos Taurinos, un organismo público regional presidido por Ángel Garrido, número dos de la presidenta.

La promoción incluía una invitación a "todos los niños aficionados a los toros" a "vivir una experiencia diferente durante sus vacaciones estivales".  La idea del taller era fomentar "desde el aprendizaje de las suertes más elementales del toreo de salón, así como cultura general relacionada con la historia de la tauromaquia a través de acciones formativas impartidas por prestigiosos profesionales del mundo del toro (matadores de toros, ganaderos, veterinarios, periodistas taurinos...)", según el portal online de la Comunidad de Madrid.

Las clases de este campus taurino, destinado a menores de 14 años, se celebraron el pasado mes de julio en el municipio madrileño de Alalpardo. Según este Consistorio,  la actividad contó con 42 alumnos procedentes de toda la Comunidad, ya que diariamente les trasladaban en un autobús desde la plaza de toros de Las Ventas al emplazamiento de las clases.

Los asistentes pagaron una matrícula de 150 euros. "El Centro de Asuntos Taurinos aprobó este evento dentro del programa de actividades de la escuela", apuntan desde la Consejería de Presidencia.

En las actividades celebradas entre el 3 y el 8 de julio  participaron matadores de toros como Rafael de Julia, Miguel Rodríguez o Conchi Ríos; picadores y mozos de espadas. Además, tal y como explican desde la web del Gobierno regional, los alumnos analizaron los encierros de San Fermín y "como colofón" participaron en un tentadero público.

El curso estuvo patrocinado por Plaza 1, la empresa adjudicataria de la gestión de Las Ventas y formada por una UTE de Simon Casas Productions, SAS y Nautalia Viajes, SL. Desde el Ayuntamiento municipal  aseguran en su página web que esta empresa "ha corrido con todos los gastos correspondientes a la realización del mismo" y que el Consistorio ha cedido las instalaciones "a cambio de la entrega de seis novillos para las próximas fiestas patronales".

La escuela de tauromaquia José Cubero Yiyo depende de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Cristina Cifuentes creó este recurso en febrero del 2016, después de que desapareciese el consorcio que formaba junto al Ayuntamiento de Madrid para gestionar la escuela Marcial Lalanda, a la que el Ejecutivo de Manuela Carmena retiró la subvención de 60.000 euros.

El nuevo centro formativo taurino José Cubero Yiyo se instaló en la plaza de toros de Las Ventas y se adscribió al Centro de Asuntos Taurinos. Según anunciaron desde el Gobierno de Cifuentes, esta escuela se creó para facilitar "el nacimiento de nuevos valores que contribuyan a su pervivencia [de las fiestas de toros] y engrandecimiento", así como para ayudar "a los aspirantes a formarse como toreros en sus diversas formas".

Una escuela sin página web ni redes sociales

Esta información solo se puede recabar en la web de la Comunidad de Madrid ya que a pesar de que con esta escuela tratan de promocionar la tauromaquia, este recurso creado por el Gobierno de Cifuentes no cuenta con página web ni redes sociales en las que publicite sus actividades. Desde la Consejería de Presidencia aseguran que sus herramientas de comunicación "están en proceso de confección".

En julio del 2016 el Ejecutivo aprobó un decreto en el Boletín de la Comunidad de Madrid que oficializó la dependencia de esta escuela regional del Centro de Asuntos Taurinos y la modificación de crédito para dotar de presupuesto al centro formativo. Desde la Consejería de Presidencia aseguran que esta escuela "no recibe financiación de la Comunidad de Madrid" y que el evento organizado en julio tampoco obtuvo dinero público.

Financiación de la escuela

Sin embargo, aunque en el informe presentado por el consejero de Presidencia para justificar la creación de esta escuela ante el Consejo de Gobierno regional explicó que la financiación de este centro se realizaba mediante esta compañía, también reseñó que esta concesionaria podía acceder a la subvención para "actividades de formación [como el campus celebrado en julio] en materia taurina destinada a las diversas escuelas taurinas" regionales.


Durante esta legislatura, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a los toros. En su primer año de Gobierno, debido a la presión de la oposición tuvieron que reducir la partida de los toros a 960.437 euros. Sin embargo de cara a las cuentas de 2017, gracias al apoyo de Ciudadanos, han conseguido aumentar el presupuesto a 1,3 millones de euros. De hecho, una de las medidas destacadas en el  balance que realizaron de los dos años de Gobierno es la puesta en marcha de la escuela José Cubero Yiyo.

Fuente: http://m.eldiario.es/sociedad/toros-tauromaquia-Cristina_Cifuentes-Comunidad_Madrid_0_671233592.html

"¿Qué se esconde detrás de la libertad de elección de centro educativo?" (José Luis Ruiz Ramas para ELDIARIO.ES)

Reproducimos este artículo de José Luis Ruiz Ramas, publicado en ELDIARIO.ES

• No es ético, y no debería ser legal, subvencionar el colegio privado a familias que pueden pagar 250€ al mes por niño

En España coexisten tres redes educativas, que se diferencian, entre otras muchas cosas, en el gasto económico que suponen para las familias que “eligen” escolarizar en ellas a sus hijos e hijas. Según la OCU, el gasto medio anual de un niño o niña escolarizado en un centro privado concertado es el doble que en un centro público. En el caso de los centros privados no concertados el gasto cuadriplica al de un colegio público.

Generalizando lo necesario para poder analizar un tema tan complejo como es la escolarización, podemos ver como estas grandes diferencias entre el gasto que supone para una familia la escolarización en una u otra red conllevan una selección o segregación del alumnado ya desde la cuna en función del nivel socioeconómico de cada familia. Dicho de otra forma, la existencia de las tres redes favorece la perpetuación de la actual estructura social clasista, ya que hay una relación evidente entre el tipo de titularidad del centro escolar y el grupo socioeconómico de su alumnado. 

Para quienes pensamos que la escuela debe ser precisamente lo contrario -el lugar donde se empiece a cambiar la sociedad, garantizando la igualdad de oportunidades  independientemente de nuestro origen socioeconómico-, la existencia de estas tres redes educativas es uno de los mayores, sino el principal, problema educativo en nuestro país.

Y es que cada sistema educativo lleva consigo un modelo de sociedad. Y un sistema de tres redes, cada una destinada a grupos socioeconómicos diferentes, lo que hace es consolidar una sociedad jerarquizada, desigual y basada en privilegios, dejando la igualdad de oportunidades para bonitos discursos cada vez más lejos de la realidad.

Los datos del último proceso de escolarización demuestran que una inmensa mayoría del alumnado de muchos centros concertados, no cumple con el criterio de cercanía al centro. Vivir lejos del centro educativo implica depender del transporte y del servicio del comedor, servicios cuyo coste no pueden asumir muchísimas familias. Esto se traduce en que a estos centros alejados de sus domicilios sólo acude el alumnado cuya familia puede costear dichos gastos.

Se produce así un filtro socioeconómico que ciertamente es demandado por muchas familias ya que les permite poder elegir la clase económica a la que pertenecerán los compañeros y compañeras de pupitre de sus hijos e hijas. La administración no puede, en ningún caso, favorecer que esto suceda, ni mucho menos subvencionarlo con dinero de todos.

Como sociedad debemos reflexionar sobre si es coherente que se esté subvencionando con dinero público el que familias que pueden pagar 250 € al mes por niño, puedan escolarizar a sus hijos en centros alejados de su domicilio; mientras que a las escuelas públicas de su barrio, donde acuden las familias que no pueden o no quieren pagar ese dinero, se les lleva años racaneando los recursos.

El debate no es si la calidad de la enseñanza es mejor en una u otra red,-cuestión donde la escuela pública no tiene nada que envidiar-, sino si como sociedad queremos o no seguir usando dinero público para favorecer que desde la infancia las personas sean educadas de forma segregada en función de su clase social.

Para quienes queremos que la igualdad de oportunidades empiece a ser una realidad, urge que la Administración pública invierta todos los recursos disponibles en la escuela pública, sin que ni un solo euro vaya a parar a centros privados que por su localización, coste e ideología, favorecen una educación diferenciada, una escuela clasista y segregadora.

Los colegios segregados recibirán subvenciones hasta que resuelva el Constitucional (20minutos.es)

• El Supremo ha fallado a favor de los colegios que separan por sexos. 

• La Junta de Andalucía cree que rompe el derecho de igualdad y retiró a estos centros la subvención. 

• Al menos 30.000 alumnos madrileños acuden a centros segregados. 

• Estos son algunos de los colegios que separan por sexos. 

Los colegios que realizan segregación de sus alumnos por sexos recibirán subvenciones como centros concertados al margen de que el asunto haya sido recurrido ante el Tribunal Constitucional y esté pendiente de su resolución al respecto, según una sentencia del Supremo notificada el pasado miércoles. 

La sentencia del Supremo sigue el criterio que establece una reforma legislativa de 2013, la operada con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce, de 2013), que cambió lo que preveía la Ley Orgánica de Educación (LOE) en lo relativo a la separación de niños y niñas. 

Esta reforma fue recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. En coherencia con su criterio de que esa ley no respeta el derecho fundamental a la igualdad, el ejecutivo andaluz no subvencionó a los centros que segregan por sexos. 

El fallo divulgado ayer responde al recurso de un centro afectado por esa decisión del ejecutivo andaluz, pero tiene un alcance mayor, ya que implica que la subvenciones deban pagarse en tanto en cuanto el Constitucional no resuelve sobre si la norma educativa de 2013 es o no acorde con la ley fundamental. 

Así, la decisión del Supremo actúa en dos sentidos: uno, el centro que acudió a los tribunales contra la negativa de integrarlo en el régimen de conciertos adoptada por la Junta de Andalucía tiene derecho a entrar en dicho régimen y recibir las subvenciones consiguientes correspondientes a 2015 y sucesivos. Y otros como él también lo tienen. 

Y dos: el asunto no debe quedar en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca del recurso de inconstitucionalidad que la Junta presentó contra la norma que se está aplicando al caso, la ya citada Lomce. Las subvenciones deben pagarse, por ahora. 

En este sentido, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado conservador José Luis Requero, llega a decir que no hay dudas de constitucionalidad de la norma recurrida, a la vista de la sólida línea jurisprudencial en que se apoya. 

Dos magistrados, Pilar Teso Gamella y Pablo Lucas, se han opuesto en sendos votos particulares al fallo mayoritario, porque sostienen que la votación y el fallo de este recurso de casación deberían quedar suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de la Junta de Andalucía.

Artículo publicado en 20minutos.es

Baraturas subvencionadas (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

Hay baraturas educativas que tienen que ver con crisis democráticas

Casi nada es lo que parece, y menos en educación. Hay transparencias  oscuras, tan pretenciosas y cansinas en sus exigencias como lo fueron en  el siglo XIX.

Lo inédito de no disponer del rodillo parlamentario es que se producen situaciones como echarle un pulso al Parlamento y pretextar que éste quiere desgastar al Gobierno: éste le da plantón y le dice, de inmediato, que es culpable por pedir explicaciones. Con las mayorías absolutas no pasaba. Sucedió, eso sí, que en más de cien ocasiones de la pasada Legislatura, las peticiones de explicación no llegaban al orden del día: la mesa del Congreso frenaba la demanda. Costumbre que ha llevado a muchos a pensar que la democracia puede no diferenciarse mucho de lo que no lo es. Explicarse exige esfuerzo, pero es signo de educación y respeto. Es verdad que este Parlamento no eligió a este Ejecutivo, pero también es anómalo que éste vaya por un lado y en la Carrera de San Jerónimo cunda la impresión de que les burlan, contraviniendo el sentido constitucional del art. 26.2 de la Ley del Gobierno: “Todos los actos y omisiones del  Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales” (Ley 50/1997. BOE, 28/11/1997).

Oscuras transparencias

Caben múltiples explicaciones a este indisimulado afán de cautelosa preservación, y más ante la urgencia de formar nuevo Gobierno. Los demás no pueden ser culpables de un aislamiento ganado a pulso durante cuatro años, después de larga praxis en no pactar o consensuar poco con otros grupos parlamentarios.

Nada es eterno, de todos modos, en el juego político, que, además, se compadece mal con la historia. Perspectivas a las que, por su parte, la jerarquía eclesiástica ha sido siempre proclive desde  el constantiniano año 313 d.C. Estos días de Semana Santa, cuando muchos piensan la Declaración del IRPF, suele hacer circular leves informaciones respecto al uso de los dineros que, por efecto de los acuerdos con el Vaticano en 1979 y por las actualizaciones de Zapatero en 2006, explicita la Ley de Presupuestos. Este año fiscal asciende a 250 millones de euros, que destina sustantivamente a salarios y seguridad social del clero, aunque también sirva, al parecer, para financiar asuntos que son muy discutibles como actividad pastoral en un país democrático. Sirva, a modo de ejemplo, que lo que percibe Cáritas –el lado más social de la Iglesia- de estos recursos son tan sólo 6 millones, una mínima parte de su presupuesto anual nutrido principalmente de otras partidas.

Este capítulo de 250 millones, el que suele publicitar la CEE como si todo lo demás cayera del cielo, es tan sólo una pequeña parte de lo que la Iglesia católica recibe del Estado. Si no se quieren opacos ni misteriosos los recursos económicos –y lo son si se mezcla lo que es de Dios con lo que es del César-, han de sumársele las subvenciones que las actividades eclesiásticas reciben de los distintos ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos; las exenciones y bonificaciones tributarias que tienen sus propiedades; y los programas de mantenimiento y restauración de su patrimonio documental, artístico y monumental. También han de incluirse partidas menos solemnes como, por ejemplo, subvenciones para misas y rezos en el Valle de los Caídos, El Escorial y Yuste por un importe global de 900.000 euros (en 2013) –por “levantar las cargas espirituales” de sus fundadores, amén de otras atenciones-, que ahora pone en cuestión el Tribunal de Cuentas. Pero el cómputo de este segundo capítulo, en que se suma lo que viene percibiendo anualmente del Estado por tan variados conceptos se estima -según los onformes periódicos de Europa laica-, en más de 11.000 millones de euros. Una cifra global equivalente a decir que cada ciudadano -católico o no- da a la Iglesia católica en torno a los 240 euros anuales. Retengan la cifra, pues todavía queda otro capítulo.

Existe, en efecto, un tercer capítulo de recursos económicos, normalmente inexplicado cuando de recursos eclesiásticos se trata. Es el más antiguo y está estrechamente vinculado a las relaciones del clero con sus fieles. Curiosamente,a quienes menos les gusta recordarlo es a muchos clérigos que, fieles a lo que propugnó el Concilio Vaticano II  a comienzos de los años sesenta –y a veces con gran escándalo de sus propios compañeros- renunciaron a cobrar por actos estrictamente litúrgicos lo que les facultaba el derecho canónico, las sinodales diocesanas y los arraigados hábitos sociales de pueblos y ciudades. Las parroquias, por ejemplo, estaban clasificadas -en las guías publicadas por la Iglesia y algunas diócesis-, no sólo por el número de “almas”, sino por el cálculo de ingresos que podían producir a quienes las regentaran. E igual sucedía con la tipología de oficios religiosos, cuyo coste dependía del ornato, solemnidad, oficiantes y horarios en que fuera dispuesto. Los ritos funerarios, por ejemplo, eran sensiblemente distintos no sólo por estos motivos, sino especialmente por la cantidad y calidad de responsos cantados que los deudos del difunto quisieran y pudieran sufragar.Clérigos y religiosos suman, pues, a lo que les pueda corresponder por los dos capítulos anteriores, los estipendios regulados que perciben de cuanto puedan allegar por actos religiosos demandados, tales como misas, bodas, defunciones y bautizos, amén de devociones y procesiones varias.Es un capítulo este muy cambiante, entre otras razones a causa de la sensible mudanza de las prácticas religiosas. Pero en este tercer capítulo pueden contabilizarse igualmente, además de rentas de viviendas y diestrales exentos de tributación, las cantidades que habitualmente suelen pagarse, por ejemplo, al visitar museos catedralicios. También, las limosnas o donativos que, de paso, quieran hacer creyentes y devotos en los múltiples petos o alcancías que suelen abundar en los lugares de culto especialmente ante imágenes tenidas popularmente como “milagrosas”, “abogadas” frente a algún mal. Este aspecto no es nada desdeñable según qué sitios: la Catedral de Santiago o la de Toledo –más de millón y medio de visitantes anuales- distan mucho de lo que pueden recaudar otros templos. Los “petos de ánimas” –de mano o de piedra, en el interior de los templos y en los cruces de caminos- siguen gozado de especial predicamento en algunas áreas geográficas después del Concilio de Trento; y los “santuarios” prosiguen, a su vez, una tradición milenaria, anterior a la cristianización. Y especial mención merecen, en fin, un asunto más poderoso que las “inmatriculaciones”, los  legados testamentarios y donaciones fundacionales de carácter caritativo o memorial, instrumentos jurídicos de incremento principal -desde época romana- de las propiedades eclesiásticas antes y después de la desamortización.

Las subvenciones educativas

Los colegios de influjo católico también tienen un historial muy variado que, la mayoría de veces, con el pretexto de la proyección social de la Iglesia, se nutrió de alguno o varios de estos capítulos de ingresos. Ahora, ya no hay colegios “subvencionados”. Desde la LODE, “Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación” (BOE, del 04/07/2016), en sus arts. 47 a 63, se conocen como “colegios concertados”, incluso “asimilados a fundaciones benéfico-docentes” a efectos de la aplicación de beneficios, fiscales o no fiscales, reconocidos a este tipo de entidades. También fue esta norma la que estableció que, para ser concertados, se obligaban a impartir gratuitamente las enseñanzas regladas objeto de los “conciertos con el Estado”. Igualmente les comprometía a que las actividades escolares complementarias, las extraescolares y los servicios escolares no podrían tener “carácter lucrativo”.

Con independencia de lo que haya sucedido en la práctica en muchos casos, y de cómo hayan sido desvirtuados los compromisos de la LODE, para entender la cuestión de la supuesta baratura de estos centros concertados, es importante volver al mencionado capítulo de los 11.000 millones. De ellos, 600 se emplean en salarios del personal encargado de la catequesis curricular –no exactamente Religión- en los centros públicos. Y han de sumárseles, sobre todo, los 4.300 que implican “los conciertos” de los colegios de la órbita católica. Es verdad que no están incluidos en esta cantidad todos los centros concertados, pero sí una parte sustantiva que afecta todavía al  65%. Aparte de los católicos,confluyen en este sector otros actores empresariales que concurren con creciente interés por la enseñanza. Lo ven como un sector de mercado que desean lo más libre y desregulado posible y al que están induciendo planteamientos estratégicos no necesariamente coincidentes con los de la jerarquía católica. Abundandatos, de todos modos–constatables en los registros del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, del Banco Hipotecario, de los Planes de Desarrollo o de las variada “obra social” de muchas Cajas de Ahorro- para ver que no todo fue evangélico ni social bajo el manto  eclesiástico en estos asuntos. Basta leer Caballo de Troya, folleto de la patronal E.G. (Educación y Gestión) –ligada entonces a la FERE (fundada por los religiosos de la enseñanza en 1957)- en que fustigaba como “afán estatalizador”, en 1994, las obligaciones impuestas porla LODE, contrarias a los hábitosdirigistas que habían regido en  muchos  colegios respecto al justo salariode los profesores externos que contrataban. La rápida contestación de FETE.UGT fue otro folleto de fácil consulta que se tituló: En defensa del pago delegado, en pro de sus afiliados, y que todavía aporta luz a este debate.

Aquella parábola, alusiva a la estratagema divulgada por Homero y  Virgilio, está hoy en trance de poder significar el papel de muchos centros educativos católicos en el conjunto de los concertados. En este sector mutante, crecientemente sindicado como lobby para defender intereses concretos de falsa competencia mercantil y creciente afán monopolístico, los centros del ámbito católico son todavía más de 2600. Los otros, propiedad de fundaciones y empresas incluso multinacionales, adquieren más peso si se contemplan en la globalidad y se suman a los centros estrictamente privados -que también tienen deducciones en las declaraciones de IRPF-. Todos juntos atienden a más del 30% de niños españoles en edad escolar. Estas estadísticas globales permiten, por demás, obviar la distinta intensidad presencial del sector privado-concertado según niveles educativos. Dejan además en la oscuridad una muy variable distribución según Comunidades autónomas y, dentro de ellas, una no menos diferente  implantación territorial. Lo cual, por otra parte, facilita la opacidad de muchas razones benéfico-sociales invocadas para justificar los conciertos existentes, y no referirse a situaciones heredadas, sobre todo de un muy duro siglo XX –nada igual de duro para todos-.

Se miente, de entrada, cuando se considera plano el territorio distributivo de la educación. Lo prueba la mera ubicación física de su triple fórmula para una supuesta “libre elección” de los demandantes de plaza escolar. En caso de mapearse la península con todos los datos disponibles –cuestión principal para hablar con fundamento de improbables baraturas-, mostrará que en muchos lugares de España estos centros nunca han optado por estar ni se les espera. En otros, en cambio, el afán de presencia ha sido tan intenso que permiten ver cómo ansiadas localizaciones, buscadas por algunos,han variado ligeramente dentro del mismo hinterland, siguiendo las remodelaciones urbanísticas y atendiendo a la movilidad de una clientela muy específica. Nadie puede extrañarse, por tanto, de que la historia de nuestras ciudades –con sus espacios socialmente prósperos, sus islas oghettos particulares, y sus procesos de gentrificación- haya sido pródiga en diferenciar  los posicionamientos de muy distintos centros docentes. En los años cincuenta y sesenta las baraturas afloraron patrones que acompañaron la expansión del ladrillo, hasta este presente en que los “recortes” presupuestarios volvieron a mostrar que las asimetrías continuaban inalteradas y en aumento.

Aquellas pautas de entonces  -especialmente fuertes en los sesenta y primeros setenta- siguen siendo válidas, entre otras cosas, para distinguir -dentro de los “colegios concertados” que se presentan como “más baratos”-,  los que de verdad se ocuparon de un tipo de educación atenta a la transformación de la vida de los barrios y a las necesidades culturales de los vecinos, igual que trataron de hacer, pese a dificultades de presupuesto, múltiples centros públicos. En la historia de los centros educativos –a pie de calle-, lo más evidente es que no todos han sido ni son iguales: no vale mezclarlo todo de nuevo, como si nada.  Ytambién es obvio que no se trata de diferencias “naturales”. La educación española y sus modalidades de diversificación legalizada tienen una larga historia de emboscamientos a superar. Siempre escasa de medios, en el siglo XIX fue muy belicosa. Desde los años 30 del siglo XX propició que los intereses de “la subvencionada” fueran especialmente prioritarios. Y a este criterio se han atenido fervorosamente responsables políticos como los que, en 2013, han sacado adelante la LOMCE. 

Y seguimos…

Ni nosotros ni la naturaleza procedemos por saltos. Las dificultades para concertar un Gobierno estable, que, se ocupe de los problemas de todos, son parejas a cuanto acontece en  educación. A este ámbito, de gran valor simbólico,le quedan por delante largo recorrido. Persisten muchas ansias deque siga siendo un espacio y tiempo propicios para que los jóvenes sostengan la competencia entre crecientes diferencias sociales; al margen de que una educación temprana en el selecto individualismo reproduzca situaciones imposibles para crecer como personas y ciudadanos libres en una sociedad plural. ¿Han visto el odioso machismo de los hinchas  holandeses en la Plaza Mayor madrileña? ¿Y los acuerdos de la UE sobrelos refugiados sirios?...  ¿Qué mundo estamos dejando? En un tiempo similarmente ciego y sordo, Curros Enríquez, poeta de Celanova, hizo decir al Creador: "Si iste é o mundo que eufixen, que o demo me leve". (Continuará).

TEMAS: Presupuestos Generales del Estado. Recursos eclesiásticos. Competencia sectores educativos. Privada-Concertada. Colegios católicos. FERE. Subvenciones y libertad comercial. Curros Enríquez.

Manuel Menor Currás

Madrid, 20/03/2016

#SíHayDinero: Wert mantiene la subvención al doctrinario Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia e incumple con ello por cuarto año la resolución del Congreso

CUARTO PODER.ES: Wert inyecta otros 84.000 euros al Diccionario que vitupera a Azaña y ensalza a Franco, Aguirre y Díaz Ferrán

El Gobierno del PP y, más concrétamente, su ministro de Educación Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha decidido incumplir por cuarto año consecutivo la resolución del Congreso de los Diputados que obliga a retirar la subvención alDiccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH) en tanto no rectifiquen las biografías mendaces e inexactas de algunas figuras de la reciente historia de España y de la actualidad comoEsperanza Aguirre y Gerardo Díaz Ferrán. En 2015 la RAH va a recibir 84.000 euros de los impuestos de todos los españoles a cuenta de una obra tan monumental como carente de rigor y credibilidad, en la que se han gastado más de 7 millones de euros del público erario.

A punto de cumplirse 39 años años de muerte del general Francisco Franco, el militar que encabezó la sublevación contra las instituciones democráticas de la II República y sumió a España en una guerra civil seguida de cuarenta años de régimen dictatorial, la RAH sigue manteniendo que Franco no fue un dictador. No ha rectificado la biografía que encargó en su día al presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y patrono de la Fundación Francisco Franco, Luis Suárez Fernández, según la cual el general –nombrado generalísimo en Salamanca por sus secuaces sublevados– “montó un régimen autoritario pero no totalitario”. El dictador fue, según el Diccionario, el segundo presidente de la República, Manuel Azaña, quien, según la entrada del historiador Carlos Seco Serrano, presidió un régimen “prácticamente dictatorial” con el socialista Juan Negrín de jefe del Gobierno.

Las falsedades y la falta de rigor de la entrada del monárquico Seco Serrano sobre Azaña han sido puestas de relieve por el biógrafo Santos Juliá y tampoco se han rectificado. La exigencia de revisión y rectificación del monumental diccionario (50.000 biografías en 50 tomos) afectaba a treinta y un personajes incluidos en los 25 primeros tomos. Los errores y la carga ideológica reaccionaria de una obra que había comenzado a elaborarse en 1999, bajo el auspicio del entonces ‘azañista’ José María Aznar como jefe del Gobierno, provocaron una década después un auténtico escándalo entre los historiadores e intelectuales independientes. Pero la dirección de esa Academia Real –la presentación de los primeros tomos del Diccionario fue protagonizada por Juan Carlos I- se negó a rectificar. Su presidente, Gonzalo Anes, apeló a los principios de “libertad intelectual” y de “responsabilidad de los autores”, sin olvidar, claro está, “el pluralismo” y las “distintas sensibilidades historiográficas”. Anes falleció en marzo pasado sin que la edición impresa del Diccionario haya sido rectificada.

Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. / rah.es

El Congreso de los Diutados ordenó entonces al ministro de Educación, el socialista Ángel Gabilondo, la congelación de la subvención al diccionario. Gabilondo cumplió el mandado escrupulosamente. Pero la llegada del PP al gobierno significó la abolición de facto de la decisión parlamentaria. En 2012, la RAH recibió 190.000 euros a cuenta del diccionario. En 2013 el ministro Wert aseguró que tenía el compromiso de que se rectificarían 30 biografías y se suprimiría una. Este año el dinero público ha seguido fluyendo con mayor intensidad, a cuenta también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que la RAH recoja datos de los “reinos hispánicos”. Y en 2015 recibirá 84.000 euros más para el Diccionario, a pesar de que se ha dado por concluído. La RAH ha hecho saber que no rectificará ninguna entrada, aunque aportará una adenda al final de la obra complementando diez biografías y matizando 36.

El socialista Mario Bedera ha vuelto a pedir a Wert la supresión de la partida presupuestaria mientras se siga incumpliendo el mandato parlamentario de corregir las entradas que se han apartado del rigor y la objetividad. Aunque, como Catón el Viejo, de antemano sabía que delenda est Carthago y sus enmiendas iban a ser rechazadas por el PP. Wert le hizo saber en conversación privada que con el fallecimiento de Anes algo se podía mover en la RAH.

Pero, como comenta Bedera a este diario, eso no quiere decir que un militar leal a la República como Vicente Rojo deba ser tachado de desleal, chaquetero, cobarde, negligente y mal estratega –la entrada la hizo el cura Ángel David Martín Rubio, profesor de Historia de la Iglesia Católica-, ni que Gerardo Díaz Ferrán deba aparecer como un gran empresario ni queEsperanza Aguirre tenga que ser retratada en una obra científica como una dirigente política poco menos que providencial. No parecen entradas ni ciertas ni ajustadas a la realidad cuando el expresidente de la CEOE lleva dos años en la cárcel por graves delitos relacionados con la desaparición de 400 millones de euros de las empresas de las que era titular y la presidenta del PP madrileño gobernó la Comunidad Autónoma rodeada de corruptos. Luego ya, aunque el Diccionario Bibliográfico sea un fracaso comercial, no importa, pues como tantas obras mostrencas, el Gobierno ha decidido que lo paguemos entre todos.