Mostrando entradas con la etiqueta Empresas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Empresas. Mostrar todas las entradas

miércoles, 20 de julio de 2022

Educación emocional o la conversión de los sujetos en 'empresas de sí' (Teresa García Gómez para eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Teresa García Gómez para eldiariodelaeducacion.com

  • Las prácticas mayoritarias que se están incorporando cada vez más en las aulas: cursos de educación emocional, de inteligencia emocional, coaching, mindfulness, autoayuda, etc., contribuyen, de hecho, a una mayor psicologización de los problemas educativos y a su individualización, encubriendo las desigualdades y buscando soluciones individuales ante problemas que son contextuales y estructurales y obviando el papel que tiene en ellos la cultura escolar.
18 julio, 2022

Las políticas educativas (leyes, planes de formación del profesorado, etc.) incorporaron hace ya algunos años la “gestión emocional” como principio pedagógico. Las emociones, como si de una empresa se tratara, se dirigen, se organizan, se manejan, se administran, se orientan y con las que se realizan las diligencias oportunas para el logro de un proyecto. Este proyecto es el bienestar propio para el logro de la felicidad. Así nos lo hacen ver las propuestas y las prácticas mayoritarias que se están incorporando cada vez más en las aulas de los diferentes niveles educativos: cursos de educación emocional, de inteligencia emocional, coaching, mindfulness, autoayuda, etc. y que están siendo muy bien acogidas tanto por el alumnado como por el profesorado y por quienes se ven implicados indirectamente en ellas, como las familias y la comunidad educativa. Esta buena acogida, en gran parte, se debe: a) al empleo de un lenguaje fácilmente comprensible y de un discurso que apela al sentido común —quién no desea el bienestar de las personas o quién duda de que las técnicas de concentración y relajación ayudan a centrarse en la tarea en una sociedad acelerada y sobre-estimulada—; b) a la introducción de actividades y juegos divertidos que rompen con la rutina del trabajo escolar y relajan el clima de las aulas; y c) al ofrecimiento de una serie de técnicas que se convierten en recetas fácilmente aplicables. Son prácticas amables que parten de la idea de que el bienestar propio está en el interior de cada persona, por ello invitan a mirarse, escucharse, sentirse, indagarse y encontrarse para conocer el verdadero yo, puesto que lograr el bienestar propio es una cuestión individual, depende de uno mismo, de nuestra actitud y voluntad.

Dichas prácticas proporcionan una serie de herramientas para gestionar y controlar las emociones, clasificándolas y considerándolas en sí mismas como positivas y negativas no para atender a los hechos que las provocan y analizarlos críticamente en los contextos en los que se producen, sino para potenciar las primeras y evitar las segundas, que en el caso de no conseguirlo se diagnosticará con algún trastorno y, por tanto, tratable. Hecho que explicaría el aumento de síndromes y el número de personas diagnosticadas con alguno de ellos en estos últimos años.

Por otra parte, el conjunto de prácticas que vienen realizándose en educación emocional, inteligencia emocional, coaching y mindfulness van dirigidas al autocontrol, a la autorregulación, al autoconocimiento, al autodescubrimiento, a la autodeterminación, a la autosuficiencia, al autocultivo, a la autoconciencia y a la autorresponsabilización para el logro de los deseos y objetivos propios, convirtiendo al sujeto en empresa de sí, él es su propio proyecto, invirtiendo tiempo y esfuerzo en el desarrollo de una serie de habilidades, a través del entrenamiento constante, que formarán el capital humano para el futuro desempeño laboral. Es el entrenamiento en la institución educativa del gobierno de sí, del autogobierno, ajustando así, voluntariamente, la conducta y las expectativas a las prácticas y demandas de esta y en un futuro a las del mercado laboral sin que sea necesaria la imposición o la coacción. Es la formación de la subjetividad neoliberal, alimentando el yo, que está íntimamente ligada a la competencia del espíritu emprendedor. Es aprender a ser, un ser sujeto neoliberal o neosujeto, como lo denominan Laval y Dardot en su libro La nueva razón del mundo.

Colocan al sujeto como responsable de su estado y éxito académico, y, por ello, la mirada y la acción siempre recaen sobre él, obviando los contextos escolar, familiar, socioeconómico, político y cultural.

Prácticas que, además y como consecuencia de todo lo anterior, tal y como declaran sus defensores, tienen también como finalidad resolver problemas en el aula, previniendo o tratando estados de ansiedad, depresión y estrés, etc., y mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico. Estos objetivos evidencian la idea de la que parten: dichos estados y el éxito escolar se deben a factores psicológicos e individuales. De ahí que coloquen al sujeto como responsable de los mismos, y, por ello, la mirada y la acción siempre recaen sobre él, obviando los contextos escolar, familiar, socioeconómico, político y cultural; en definitiva, desconsiderando las condiciones materiales de existencia de los individuos. Sirva de ejemplo las declaraciones, recogidas en un vídeo, que alumnado y profesorado de educación secundaria realizan para promocionar los supuestos beneficios del mindfulness en el aula en una conferencia dirigida a futuros y futuras docentes. Una profesora manifiesta que es muy estresante trabajar con treinta estudiantes en una clase con la competitividad que existe entre ellos y la ansiedad y el estrés que les genera los exámenes. Por otro lado, una alumna expresa haber sentido tristeza, mucha presión y estrés por las calificaciones al depender de estas su futuro. Ante los síntomas que se manifiestan en el sujeto, donde claramente la causa está en los requerimientos de las políticas educativas, en las prácticas realizadas en los centros escolares, en las expectativas familiares, etc., se recurre a la enseñanza de una serie de técnicas para la gestión del mundo afectivo y emocional con el objeto de que cada uno florezca y crezca para una mayor eficacia y rendimiento. Solo es cuestión de ejercitar una serie de habilidades para el bienestar propio, que cada persona trabaje “su interior”, sin un cuestionamiento de las circunstancias y situaciones que están produciendo dichos síntomas, como es un sistema de evaluación segregador y competitivo no centrado en la valoración de los aprendizajes sino más en la clasificación, diferenciación y jerarquización del alumnado, o para el establecimiento de rankings, o un currículum sobrecargado de contenidos que se tienen que memorizar. Y si el propio bienestar no se consigue, la responsabilidad siempre será del sujeto, pues es este quien no está gestionado bien sus sentimientos y emociones o no ha ejercitado lo suficiente ni de manera continuada; entrenamiento que, por otra parte, nunca tendrá fin porque no actúa sobre el origen de los problemas, los cuales son estructurales y no personales.

Estas acciones están contribuyendo a una mayor psicologización de los problemas educativos y a una individualización de estos, encubriendo las desigualdades y promoviendo el conformismo y la adaptación de los sujetos a las circunstancias y situaciones, buscando soluciones individuales ante problemas que son contextuales y estructurales y obviando el papel que tiene en ellos la cultura escolar.

La expansión de esta psicología para la gestión emocional en los contextos educativos tiene otras consecuencias. Entre ellas, genera una falsa conciencia al dirigir la mirada al interior ante los distintos problemas, al yo, y los problemas educativos no son de carácter psicológico, sino políticos, socioeconómicos y pedagógicos, tales como el escaso presupuesto destinado a la educación pública; la condiciones laborales del profesorado; el currículum academicista; las prácticas organizativas y de enseñanza excluyentes y reproductoras de las desigualdades sociales en relación a los géneros, la clase social y la cultura; etc.

Asimismo, refuerza y mantiene la separación de lo emocional y lo intelectual, la falsa idea de que sentimos con el corazón y pensamos con la cabeza, de ahí que prioricen las emociones. Estas en sí mismas no permitirán al alumnado entender las problemáticas de nuestro tiempo y a las que se deben enfrentar y cómo les afecta según el grupo social de origen al que pertenece si no se realizan procesos de reflexión y análisis que nos conduzcan a comprender y a buscar los modos de cómo las instituciones escolares deben abordarlas en el desarrollo de un trabajo educativo y no psicológico.

Por otra parte, implica que las instituciones educativas renuncien al desarrollo de una verdadera función educativa, una educación crítica, al apostar por una educación terapéutica y abandonar el campo de la pedagogía y de la didáctica para dar más espacio a este tipo de psicología en la educación, lo que implica renunciar a un proyecto común, no solo de escuela sino como sociedad.

Es necesario salir de uno mismo para comprender el malestar docente y el malestar del alumnado y actuar sobre las causas que los originan. Solo así se podrá contribuir a los cambios que se necesitan emprender en lo propios contextos escolares para que sus prácticas favorezcan a la democracia y a la justicia, haciendo efectivo el derecho real a la educación, no solo como acceso a las instituciones formativas sino en los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje que en ellas se desarrollan, garantizando la equidad educativa.

jueves, 22 de julio de 2021

Corsarios neoliberales: capitalismo EdTech en la educación pública (Enrique Díez para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIODELAEDUCACION.ORG 





“¡Solo queda un mes y ya somos más de 15.000 asistentes! Batiendo récords de inscripciones”. Así me llegó por correo electrónico el anuncio de la convocatoria para el encuentro “Virtual Educa Connect” denominado “Reset Educativo: Ecosistemas Digitales para el Desarrollo Humano”. Encuentro virtual con sesiones sobre Edtech centradas en “innovación en educación”, “nuevos contextos y demandas educativas”, “iniciativas de impacto”, etc. y destinado a los “educadores del siglo XXI” tras el coronavirus, con el fin de “revolucionar” la educación.

Los títulos de las conferencias eran significativos: “El modelo Flipped Learning como base para el sistema educativo mixto pospandemia”, del ministro de Educación de la Provincia de Misiones, Argentina; “Be TalentSTEAM” del director General de la Fundación Altran para la Innovación; “Soft Skills, habilidades y competencias para afrontar la Cuarta Revolución Industrial (4RI)”, de la vicerrectora Académica Nacional de Areandina; “O-City.org: Impulsando la Economía Naranja a través de la Educación”, del director de la Cátedra de la Innovación de la UPV o “El papel de las aceleradoras en la innovación digital de ámbito educativo: como apoyar e impulsar las startups”, del director de SEK Lab Edtech Accelerator.

En este encuentro, explican, se aborda cómo aplicar al ámbito educativo la Inteligencia artificial (AI) y Big Data, el Internet de las Cosas (IoT), las Cadena de bloques (Block Chain) o la computación en la Nube (Cloud Computing). Está auspiciado por Microsoft, Pearson, Intel, IE Business School, el Banco Mundial, la OCDE y muchos de los grandes del partenariado corporativo en el ámbito educativo.

Este puede ser uno de los múltiples ejemplos que florecen como los campos en primavera, en estos tiempos de pandemia y confinamiento. La educación digital se vende como la “nueva salvación” por los gurús de la EdTech a raíz de la COVID-19. El Big Data, la Inteligencia Artificial, las plataformas digitales y la nube nos traerán la modernización de una educación anclada en el siglo pasado, proclaman en este reeditado “relato salvador” del solucionismo tecnológico como panacea para la educación. Los grandes patrocinadores de la EdTech¹ están impulsando así su asalto definitivo a la educación, impulsando una gobernanza híbrida que proclama la imperiosa necesidad de la colaboración público-privada para gestionar la educación del futuro.

Vemos así cómo los datos digitales, el código y los algoritmos del software se mezclan con determinadas agendas políticas relacionadas con la gobernanza educativa, intereses comerciales de grandes conglomerados, ambiciones empresariales de fondos de capital riesgo y objetivos de negocios con marketing filantrópico, que destinan ingentes cantidades de inversión económica para crear nuevas formas de entender e imaginar la educación e intervenir en ella, como si fuera un nuevo nicho de mercado y de expansión del capitalismo (Fleming, 2016; Haddad & Reckhow, 2018). Si en sus manos están ya los medios informales de construcción del pensamiento colectivo (Netflix, Walt Disney, Fox, MTV, etc.) se trata de controlar también los medios formales de socialización de las futuras generaciones y explotar un gran negocio que mueve muchos miles de millones de dólares anuales².

El nuevo eslogan neoliberal en la gestión educativa reza así: “La nueva política sigue la innovación privada en la gestión de lo público”. Privatización vestida de innovación. Es la reedición del clásico partenariado o gestión conjunta pública-privada, donde el sector público se acaba convirtiendo en nicho de extracción y obtención de beneficio del sector privado. Pero que ahora, en este relato postmoderno reeditado, se le remoza y se le da una capa de barniz, planteando que de lo que se trata es de tomar las decisiones “conjuntamente”, orientar las políticas y decisiones de lo público desde los “principios innovadores de lo privado”, con la participación directa de los adalides “cualificados” de la sociedad civil, los nuevos filántropos del capitalismo (mecenas, bancos, fundaciones, fondos de capital riesgo…) que ya probaron su valía triunfando en la gestión del capitalismo y ahora quieren y exigen aplicar sus recetas en lo público y orientar su gestión adecuadamente.

Lo hemos comprobado incluso en la nueva ley educativa, la Lomloe. El artículo 122 promulga que los centros públicos podrán “obtener recursos complementarios”. Este punto supone la posibilidad de captación de fondos privados “complementarios” para la educación pública, dando por supuesto la infrafinanciación pública de los centros educativos. Abre así la puerta a los patrocinios, el partenariado, los sponsors, la “colaboración público-privada”, para convertir la educación en un espacio de negocio de una nueva gestión híbrida público-privada bajo el control de una supuesta “innovadora” tecnología digital educativa controlada por la Big Tech.

De hecho, la Ley Celaá consigna lo que ya ocurre de facto, mediante acuerdos de colaboración, con La Caixa, la Fundación Bofill o, recientemente, Amazon. Es más, no contempla en ningún momento mecanismos para frenar a la Big Tech o GAFAM, los gigantes tecnológicos norteamericanos, como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft que han invadido con sus plataformas todo el espacio público educativo. Se está dejando en manos de estas plataformas hegemónicas la información del alumnado, la extracción masiva de sus datos (el oro blanco del siglo XXI). Dejando morir las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las comunidades educativas como Guadalinex o la de Extremadura.


Para “asaltar los cielos” habría que empezar por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas

El capitalismo digital quiere el control y el dominio de las últimas fronteras de lo público que le quedan por conquistar: nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos, un bien común y esencial. Datos que extraen y venden las Big Tech, terratenientes neofeudales de la nueva economía digital que siguen con la centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI (nuestra información) y que se están haciendo con el control de nuestra soberanía digital.

El negocio somos nosotros: extraer información del alumnado, con el fin de convertir los colegios en una fábrica de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar. La era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana traduciendo los comportamientos a datos para, a partir de ellos, realizar predicciones que se compran y se venden.

Por eso, para “asaltar los cielos” habría que empezar por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, poner en manos del común los nuevos medios de producción digital, que diría el viejo Marx, para avanzar hacia la “socialización de los datos” como bien público y hacia la democracia digital. Si Internet es esencial para muchas cosas en nuestras vidas, como lo es claramente, ¿no debería tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro? Es decir, debemos avanzar hacia el postcapitalismo o socialismo digital que proponen Mason o Morozov. Y la educación tiene un papel crucial en ello.

Este es un extracto del artículo recientemente publicado en la Revista Foro de Educación al que se puede acceder libremente en este enlace: Gobernanza híbrida digital y Capitalismo EdTech: la crisis del COVID-19 como amenaza (2021).
Notas

¹ EdTech UK fue impulsado por Boris Johnson, entonces alcalde de Londres y actual primer ministro Británico, con la ayuda del Ministerio de Economía y una coalición privada de empresas del sector tecnológico, para “contribuir a acelerar el crecimiento del sector de la tecnología educativa del Reino Unido” asegura extraordinarios beneficios en un “mercado amplio y rentable”. Fue constituido por la Education Foundation, think thank que colabora con el Departamento de Educación y la Secretaría de Estado de Educación, y desarrolla una red de asociaciones corporativas con Facebook, IBM, Pearson, HP, Randstad Education, Cambridge University Press, McKinsey, Skype, Sony, Google y Samsung.

² El sector «edTech» alcanzará los 10 billones de euros en 2030. En 2018, ya marcó un récord: 8.200 millones, en comparación con los 1.400 millones invertidos en 2014, según un informe de Barclays sobre la EdTech (García, 2019).

viernes, 18 de junio de 2021

Tutor de empresa, flexibilidad y másteres: las claves de la nueva regulación de la FP (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica este artículo

Más prácticas, más empresa, más flexible, más amplia y más sencilla. El Gobierno ya ha definido cómo quiere que sea la Formación Profesional del siglo XXI, una de las grandes apuestas del Ministerio de Educación para mejorar la formación –inicial y continua– de jóvenes y adultos y adaptar el parque de trabajadores del país a lo que se considera que serán las necesidades de futuro de la economía española: más técnicos medios y superiores. La reforma de la FP llega con 5.000 millones de euros debajo del brazo (unos 2.000 procedentes de los fondos COVID europeos) y entre sus puntos fuertes (o a eso aspira el ministerio al menos) está la acreditación de competencias de tres millones de trabajadores.

El 25% de la población adulta española tiene actualmente una cualificación intermedia y otro 35% una de nivel bajo. Son cifras que no concuerdan con lo que exige el mercado laboral. Las previsiones dicen que, en cuatro años, España necesitará tener un 49% de sus puestos de trabajo cubiertos por empleados con una cualificación intermedia y solo un 16% con baja cualificación.

El departamento que dirige Isabel Celaá presentará este martes en el Consejo de Ministro el Anteproyecto de Ley de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, adelantado por El País y que de esta manera arranca su trámite. A partir de ahí, el texto pasará a los sectores interesados y se abre a recibir aportaciones. Entre las principales novedades de la nueva ley está un mayor protagonismo de las empresas en la definición de la formación del alumnado, con la creación de un tutor en la empresa que evaluará parcialmente la adquisición de conocimientos por parte del alumno, la integración de todas las modalidades de la FP bajo un mismo paraguas para darle coherencia, la posibilidad de realizar cursos más breves que los actuales o la introducción de algo parecido a unos másteres de especialización.

La oferta formativa: módulos, ciclos y másteres

La nueva FP apuesta por la flexibilidad en su oferta formativa, que se organizará por niveles que van desde la A hasta la E, según recoge el documento. Esta es una de las novedades de la reforma: se permitirá realizar cursos breves, de mayor o menor duración, destinados a obtener una competencia específica para mejorar la empleabilidad. La idea de Educación, explican fuentes del Ministerio, es ofrecer alternativas a quien no puede realizar un ciclo de 2.000 horas, pero sí tiene 50 para algo específico.

Los cursos de nivel A son los más básicos, corresponden a "la oferta base" y conducen a "la obtención de una acreditación parcial de competencia". Los B se corresponden con la realización de un módulo entero, y podrán obtenerse bien superando esa formación, bien acumulando cursos del nivel A, y tendrán la duración estipulada para superar el módulo en cuestión. El nivel C corresponde a "varios módulos profesionales" que conducen a la obtención de un Certificado Profesional y podrán exigir prácticas en empresas.

El grado D se corresponde con los actuales Ciclos Formativos en cualquiera de sus versiones: la FP Básica (para alumnado a partir de 15 años), la de Grado Medio (equivalente al Bachillerato) y la Superior (Universidad). En los dos primeros casos se mantienen los dos años de duración (2.000 horas), mientras en la Superior pueden llegar hasta tres cursos. En los tres casos la nueva ley apuesta por el paso a la FP Dual, que exige un mínimo de prácticas en la empresa del 25% del tiempo total del ciclo.

En cuanto al currículo, los ciclos formativos incluirán la realización de un proyecto intermodular que aspira a tener "un carácter integrador de los conocimientos" y que en la FPB se hará una vez en todo el ciclo y en los de grado medio y superior uno al año con una duración de 25 horas. La oferta de estudios también deberá incluir, además de los módulos profesionales del catálogo, una parte optativa "integrada por módulos que doten de mayor flexibilidad a la configuración y capacidad de adaptación de la oferta, para atender la diversidad de la realidad productiva del territorio correspondiente y los intereses y motivaciones personales" del alumnado, un poco en línea con la configuración de los grados universitarios.

Por último, y esta es otra de las grandes apuestas del Gobierno, el nivel E corresponde a cursos de especialización que otorgarán un título de Máster Profesional, que podrán ofrecerse tanto en la educación secundaria de segundo grado (ciclos formativos de grado medio) o la superior (ciclos superiores). Estos másteres tendrán carácter modular y una duración de entre 300 y 800 horas (los universitarios tienen entre 600 y 1.200 horas). La forma de acceso a estos másteres queda pendiente de un posterior desarrollo normativo.

Una de las novedades es que la formación profesional de los grados C, D y E podrá ofertarse por módulos (como mínimo uno entero) "para su adaptación a las necesidades y circunstancias personales y laborales, así como al ritmo de aprendizaje". Esta formación a la carta está reservada para mayores de 18 años y, con carácter excepcional, a "personas adultas con experiencia laboral que no tengan las condiciones establecidas para el acceso a la formación".

El Anteproyecto de ley dedica también un apartado a lo que denomina la "relación entre las enseñanzas de FP y enseñanzas universitarias". Pretende Educación, según se lee en este epígrafe, tender puentes entre ambas etapas para "facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos", esto es, que estudiantes de ambas vías se pasen a la otra para complementar su formación.

Más presencia (y decisión) de las empresas

Las empresas ganarán presencia en la nueva FP y capacidad de decisión respecto a los planes formativos. Toda la oferta a partir del nivel C tendrá carácter dual, explica el Ministerio, lo que implica aumentar la carga de horas de prácticas profesionales en las empresas y en paralelo el rol de estas en el diseño de la formación y la evaluación del alumnado. "Las ofertas de formación profesional se diseñarán de manera que la formación teórico-práctica se reciba en el centro educativo y en el centro de trabajo, siendo ambos centros corresponsables, aunque actuando sobre la base de un reparto entre ellos del contenido curricular", reza el anteproyecto.

De esta manera, se escuchará la opinión de empresas para tratar de ajustar la formación a lo que demandan. Así, las compañías tendrán voz a la hora de adaptar los programas "a las características propias de cada centro y de las empresas correspondientes" y "la organización de la fase práctica dual atenderá las especificidades de los sectores productivos o empresas que demanden un diseño diferenciado por (...) la tipología de actividades a realizar". También participarán a la hora de definir, junto a los centros, "el reparto de contenidos curriculares".

En este sentido, el texto del anteproyecto regula la figura del tutor dual de empresa, una figura que será obligatoria en cada empresa que acoja estudiantes (o uno para varias, si son pequeñas) y que actuará de enlace entre la compañía y el centro formativo. Este tutor o tutora coordinará junto al docente encargado del centro el plan formativo del alumno, participará en la selección de los estudiantes aprendices y también tendrá que "evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje". Fuentes de Educación aclaran que esto no quiere decir que los tutores de empresa vayan a poner la nota al alumno; harán un informe sobre las prácticas. "La evaluación final será responsabilidad del centro educativo, teniendo en cuenta la evaluación de lo aprendido en el centro de trabajo efectuada por el tutor o tutora dual de la empresa u organismo equiparado", que podrá estar presente en la sesión de evaluación, dice el anteproyecto. Esta figura del tutor de empresa existe actualmente en muchas compañías, pero no en todas, aclara Educación, que lo que hace en la nueva ley es regular su existencia y funciones.

Para el equipo docente de cada centro sigue quedando "realizar la concreción del currículo", "validar los planes de formación" y "asistir al estudiante durante la preparación y el desarrollo de la fase en empresa", entre otras cuestiones.

Movimientos en el profesorado

Otra de las novedades que plantea el anteproyecto de ley atañe a los docentes. La principal novedad en este apartado quizá sea que se contempla la posibilidad de recurrir a algo parecido a los profesores asociados de la Universidad, profesionales que acuden a centros formativos a ofrecer una formación muy concreta vinculada a su área de trabajo. "Con carácter excepcional y cuando así se requiera para cubrir las necesidades docentes, las Administraciones competentes en la materia podrán autorizar a profesionales del sector productivo asociado para impartir ofertas de formación profesional en cualquiera de los centros del sistema de formación profesional", se lee en el texto respecto a lo que llama "especialistas", cuyo acceso y condiciones tendrán que ser reguladas más adelante.

El otro movimiento de más impacto, aunque ya se conocía desde que se aprobó la Lomloe, es que el cuerpo de profesores técnicos, un vestigio de cuando la FP estaba más compartimentada en cuanto a formación académica o práctica y que está encuadrado en el grupo A2 de la administración (los de Secundaria y FP son A1, pese a que realizan la misma función), está condenado a desaparecer como tal.

Entre los, aproximadamente, 28.000 profesores técnicos hay dos perfiles: los que tienen carrera universitaria y los que no. Los primeros, una mayoría, promocionarán mediante un método de acceso aún por determinar. Ganarán algo de salario y, sobre todo, posible desarrollo profesional. Para el grupo sin licenciaturas universitarias, de cuyo tamaño no hay datos oficiales pero los propios afectados calculan en unas 12.000 personas, en muchas ocasiones sin título porque la disciplina que imparten no tiene ese equivalente, Educación ha decidido crear una categoría propia con diez especialidades (cocina y pastelería; estética; fabricación e instalación de carpintería y mueble; mantenimiento de vehículos; mecanizado y mantenimiento de máquinas; patronaje y confección; peluquería; producción de artes gráficas; servicios de restauración; y soldadura).

El anteproyecto también contempla un tercer grupo, el de los profesores técnicos sin grado universitario pero que no pertenecen a ninguna de estas diez especialidades exentas de título y que se consideran un cuerpo a extinguir. También se abre la posibilidad de un cuarto colectivo, que Educación define como "los que, para la docencia en determinadas especialidades, se determinen reglamentariamente previa consulta a las comunidades autónomas", sin especificar más.

Acreditación de competencias y orientación

Otro de los aspectos que el Gobierno quiere impulsar mucho. La acreditación de lo que los trabajadores saben hacer a base de aprenderlo en sus empresas, aunque nadie se lo haya reconocido oficialmente, no es un elemento nuevo en la Formación Profesional. Sin embargo, nunca llegó a despegar: desde que se puso en marcha en 2009 apenas lo han utilizado 300.000 trabajadores sobre un grupo potencial de 11 millones.

La acreditación vendrá además acompañada de "una propuesta de itinerario formativo que complete la formación conducente a la obtención de un certificado o un título de formación profesional", según se lee en el anteproyecto. Esto es, una vez acreditadas las competencias que correspondan, el trabajador podrá continuar formándose en algunos de los niveles de la FP.

A este respecto, el Título VII del texto define la creación de un sistema de orientación profesional "flexible y gratuita" abierto a personas, empresas, organismos e instituciones durante toda la vida y orientado a "la información y el asesoramiento individualizados sobre las ofertas de formación profesional que, ajustadas al perfil correspondiente y a las oportunidades de empleo, permitan la cualificación y recualificación desde la motivación y la identificación clara de los propios objetivos".

sábado, 15 de mayo de 2021

Retrato de la nueva concertada: sociedades mercantiles, beneficios, dividendos y altos salarios tras las subvenciones públicas (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

  Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

Una revisión de las cuentas de 32 centros, la mayoría de la denominada "nueva concertada", la que aparece tras el año 2000, muestra un sector económicamente asentado, en el que la mayoría de los ingresos provienen de los fondos públicos y que reparte beneficios

                                      

La nueva concertada madrileña es rentable.

Entramados de empresas, grandes grupos, sociedades mercantiles, reparto de dividendos, altos salarios, inversiones en fondos o carteras... La conocida como nueva escuela concertada madrileña, que vive principalmente de las subvenciones públicas y las cuotas voluntarias que cobra a las familias (las primeras están consignadas en sus cuentas públicas, las segundas no), presenta unos balances saneados y en general beneficios, según un análisis de las cuentas de una muestra de 32 centros con un único requisito a cumplir (aparte de tener un concierto educativo): tener las cuentas depositadas en el registro.

Uno de los ejemplos más claros de esta nueva concertada es el grupo Educare Inversión en Centros Educativos, S.L. Educare es propietaria de seis centros privados con concierto construidos sobre parcelas públicas cedidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (Colegio Peñalvento, Colegios Peñalar, Colegio Valdefuentes, Colegio Torrevilano, Colegio Montesclaros y Colegio Atanes School) y tiene el 78,34% del Colegio Antamira, también sobre suelo público. Este gigante, creado como Educare Torrevilano, S.L., en 2008, manejaba en 2019 un saldo contable de 30,2 millones de euros para el largo plazo y otros 8,8 para "inversiones en empresas del grupo", clasificadas como corto plazo, además de otros 4,9 millones de euros para "inversiones financieras a corto plazo". Este grupo declaró en 2018 un resultado del ejercicio de 11,5 millones de euros tras impuestos.

La Fundación Arenales también tiene registradas algunas inversiones inmobiliarias. En este caso es por parcelas adquiridas cuando se fundió con la Fundación Cristo de la Paz y presentan un valor contable de 2,3 millones de euros.

Beneficios y sueldos

De los 32 analizados, solo cuatro presentaron pérdidas en el año analizado (los colegios Mengual, Agora y Minerva, de menos de 10.000 euros; el Humanitas Bilingual School de Torrejón perdió más de 100.000). Otros, como el Greenwich School, tuvieron un resultado del ejercicio de 4,5 millones de euros positivos tras haber ingresado 4,1 en concepto de subvenciones y otros ingresos de explotación.

Otro elemento que se detecta analizando las cuentas son las retribuciones de las direcciones de algunos centros. El Colegio Punta Galea, que percibe 1,7 millones de euros en subvenciones en el ejercicio analizado, pagó a los miembros del Consejo de Administración 200.000 euros de sueldo. Un poco más percibió el Consejo Rector del Colegio El Catón: 235.000 euros anuales tras una subvención de 2,1 millones de euros. En el Estudiantes Las Tablas, la alta dirección ganó 147.000 euros y los miembros del órgano de administración, 171.000. La palma en este apartado se la llevan los miembros de la alta dirección de la Cooperativa Gredos San Diego, que percibieron 338.000 euros de salario en 2017, mientras los del Consejo Rector alcanzaron los 649.000 euros en un año.

Este es el modelo que el PP ha impulsado en los últimos 20 años, los que han pasado desde que Madrid adquiriera las competencias en Educación. El sector que se manifestó contra la Lomloe en torno a la plataforma Más Plurales porque se ponía en riesgo casi su propia existencia y la "libertad de elección" de las familias. El modelo que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quiere blindar con una ley educativa ad hoc, la Ley Maestra, que va directamente contra los postulados en la materia de la Lomloe y que será de las primeras, si no la primera, que apruebe el nuevo Gobierno.

Los centros analizados pertenecen en su práctica totalidad a la conocida como nueva escuela concertada madrileña, la que ha crecido al calor de las políticas educativas del PP desde que la Comunidad de Madrid recibiera las competencias en Educación en 1999. Centros que han recibido el concierto en estas últimas dos décadas, existieran antes como privados o no, muchos de ellos construidos sobre suelo público cedido en condiciones ventajosas (hay pagos por parcelas de menos de 700 euros mensuales) y con el concierto garantizado desde antes de su construcción, una práctica que estuvo prohibida hasta que se aprobó en la Lomce en 2013. Todos los datos que aparecen en este artículo provienen de las propias memorias de los centros de algún año entre 2015 y 2019.

Y esto es una de las primeras cuestiones que saltan a la vista: la alta presencia de sociedades mercantiles en el sector educativo concertado. De los 32 centros estudiados, 14 son sociedades de responsabilidad limitada, dos tienen la forma de sociedad limitada laboral, cuatro son sociedades anónimas, tres son fundaciones y dos son sociedades cooperativas. En total suman 25 porque entre los 32 centros hay algunos que pertenecen al mismo grupo, con lo cual tienen la misma forma societaria.

miércoles, 12 de mayo de 2021

Movilización popular contra la instalación de unas cocinas fantasma junto al colegio Miguel de Unamuno (Pablo 'Pampa' Sainz para elsaltodiario.com)

 Artículo de Pablo 'Pampa' Sainz para elsaltodiario.com

Familias del alumnado, vecinos y entidades del barrio denuncian abandono por parte del Ayuntamiento de Madrid y temen, a la luz de lo que ya está sucediendo con instalaciones comerciales similares en otros barrios de la capital, “un impacto inmenso y muy nocivo para la salud y el bienestar”.
9-5-2021

Decenas de familias y el alumnado del CEIP Miguel de Unamuno, junto a vecinas y vecinos que viven en el entorno del colegio, han salido a la calle para reivindicar el cierre de las cocinas fantasma o dark kitchen, cuya instalación en la calle Alejandro Ferrant (Arganzuela) ha autorizado el Ayuntamiento de Madrid en un local pared de por medio con el patio de juegos y actividades físicas de la institución educativa.

En un comunicado, las entidades denuncian que el nuevo emprendimiento comercial tendrá “un impacto inmediato y directo en el entorno del colegio, que será inmenso y muy nocivo para la salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas, y para todos los vecinos y vecinas del barrio”. Como prueba, otros ejemplos de público conocimiento en Madrid, como la situación que se está viviendo en el entorno de la calle José Calvo, en el barrio de Tetuán.

Las familias denuncian la “negativa del Ayuntamiento de Madrid a ayudar a las niñas y niños del colegio”

“Reclamamos entornos escolares saludables, seguros y pacificados y pedimos al Ayuntamiento que se paralice el otorgamiento de la licencia hasta que haya una regulación en profundidad de la materia y se apruebe una regulación en que, entre otras muchas cosas, este tipo de actividad industrial no pueda instalarse en un barrio residencial, ni al lado de un colegio”, exigen las familias, que denuncian además una “negativa del Ayuntamiento de Madrid a ayudar a las niñas y niños del Colegio”.

El negocio, que se prevé comience a funcionar próximamente, contará con 12 cocinas industriales, cada una de ellas equipada con una cocina a gas de cuatro fuegos, parrilla a gas, horno a gas, varias freidoras, mantenedor de fritos, cocedor de pasta, baño maría industrial, mesa fría y electrodomésticos como el frigorífico, el congelador, el lavaplatos y el termo eléctrico. Estarán funcionando desde las 10h hasta las 23.30h, ininterrumpidamente, describen las familias, que han consultado la documentación existente referentes a los permisos tramitados.

“Es un nivel de producción industrial no es apto para que linde con el patio de juegos del colegio ni con el gimnasio del mismo, ni que se ubique en una manzana residencial. Nos preocupa enormemente el peligro que una actividad industrial de dicha envergadura, por sí sola, pueda conllevar”, aseguran.

Ayuntamiento y empresarios, de la mano

El pasado 21 de abril la concejal presidente del Distrito de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Mariano Fuentes, citaron a dos portavocías de la plataforma de vecinos y familiar del colegio para hablar de la situación. Para su sorpresa, los representantes municipales les esperaban acompañados por los propios impulsores de las cocinas fantasma.

“El delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, ha dicho que no van a ofrecer una solución como la paralización de las licencias de las cocinas fantasma, como sí han hecho en otras ciudades”

“El delegado de Urbanismo ha dicho que no van a ofrecer una solución como la paralización de las licencias de las cocinas fantasma, como sí han hecho en otras ciudades. Mariano Fuentes reconoció durante la reunión que no hay un estudio de impacto medioambiental específico de la actividad de estas cocinas porque aún no están en funcionamiento, y que avanzarse responsablemente a evitar posibles daños a vecinos y menores no está en su competencia”, acusan.

La petición que le han trasladado desde la Plataforma es que “paralicen el otorgamiento de la licencia hasta que haya una regulación en profundidad de la materia y que se aprueba una regulación en que, entre otras muchas cosas, este tipo de actividad industrial no pueda instalarse al lado de un colegio ni en una zona residencial”.

Petición de la FRAVM

la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) presentó a los responsables municipales días atrás una petición en el mismo sentido. En este caso, con un listado que incluye, además de la calle Alejandro Ferrant 8, instalaciones de cocinas fantasma en la calle Canillas 18 y Mantuano 4 (Chamartín), calle Suero de Quiñones 11 (Prosperidad), San Bernardino 20 (Distrito centro), calle Felipe Fraile (Puente de Vallecas) y Araucaria 19 y José Calvo 10 (Tetuán).

Además de irregularidades en las licencias y en las solicitudes de las mismas, desde la Federación apuntan a otras consecuencias, como el elevado número de viajes diarios, tanto para el suministro como para la distribución, y la emisión de óxidos de nitrógeno, carbono y azufre, y otro tipo de gases y partículas tóxicas. También la contaminación acústica que genera la puesta en marcha de las cocinas.

En el caso del Colegio Unamuno, desde la Plataforma advierten que, según la propia licencia de instalación aprobada por el Ayuntamiento, “se prevé un incremento de 468 vehículos diarios que representarán un gran aumento del tráfico en las calles que rodean el colegio (en la misma calle Alejandro Ferrant supondrá un aumento del 70% de la “Intensidad Media Diaria” de vehículos) y que, debido a la direccionalidad de las calles, los vehículos deberán circular cercando todo el centro escolar, flanqueando los tres accesos por donde ingresan y salen los menores, originando así, una inseguridad vial atemorizadora”.

El reclamo de las familias del Colegio Miguel de Unamuno continuará tanto en futuras protestas como en las salidas quincenales enmarcadas dentro de la iniciativa Revuelta Escolar que llevan adelante cada quince días las Ampas y Afas de establecimientos educativos de todo el Estado, pidiendo entornos saludables para sus centros.

En esta ocasión, la manifestación ha sido respaldada por la propia FRAVM, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos y una decena de asociaciones vecinales, Ampas y Afas de diferentes colegios, y por la Plataforma de Educación Pública de Arganzuela-Lavapiés.

Entrada relacionada:

martes, 3 de noviembre de 2020

Filantrocapitalismo, digitalización y COVID-19 en educación (Geo Saura para El Diario de la Educación)

 Artículo de Geo Saura para El Diario de la Educación

  • Apuntes para la ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España a raíz de la Alianza Público-Privada HAZ.
02/11/2020

Las medidas de confinamiento y aislamiento social a raíz de la pandemia COVID-19 están obligando a digitalizar la educación de modo disruptivo y global. Las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley y las fundaciones filantrópicas de empresas multimillonarias están leyendo la pandemia global como la gran oportunidad para transformar los sistemas educativos a través de la digitalización y poder expandir sus intereses de mercado. Estas corporaciones y fundaciones son los principales actores políticos beneficiarios de la transformación digital de la educación en la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 por dos aspectos. Por un lado, porque poseen las herramientas, el hardware, el software, las plataformas, las redes de datos y todos los medios necesarios para producir y desarrollar procesos de enseña-aprendizaje no presenciales. Por otro lado, porque poseen grandes cantidades de capital que pueden invertir con mayor celeridad que los gobiernos y desarrollar agendas políticas más ambiciosas, más amplias y menos burocratizadas.

Bajo estas lógicas de cambio global debido a la pandemia COVID-19, el 29 de octubre de 2020 nace la Alianza por la Educación “HAZ”. La alianza HAZ es una red política de corporaciones tecnológicas y fundaciones filantrópicas para transformar la educación del Estado español. Una red política conformada por Fundación La Caixa, Fundación Endesa, Google, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) y Fundación Vodafone España. HAZ se presenta en el Teatro Real de Madrid, presidida por la responsable del Ministerio de Educación, Isabel Celaá, como una Alianza Público-Privada de fundaciones y empresas para transformar el sistema educativo español. Es una alianza que prosigue ese fin de transformación bajo tres ejes de actuación: la transformación digital de la educación, el fortalecimiento del rol del docente y el fomento de la educación para el cambio constante en un entorno global. Defienden que se trata de “un desafío que se torna urgente tras la crisis de la COVID-19” y las corporaciones y fundaciones de HAZ son las que están preparadas por contar con una larga trayectoria en la política educativa por haber “capacitado a 101.086 docentes, impactando en 8.932 centros educativos y llegando a cerca de 2,7 millones de estudiantes, presencial y digitalmente”.

Remedios Orrantia –presidenta de HAZ y de la Fundación Vodafone– presenta la alianza como una iniciativa “público-privada” compuesta por “actores de una sociedad civil involucrados y activos” que actúan de forma “complementaria a la administración” para “proponer soluciones para los retos que afronta la educación en España”. Además, la presidenta de HAZ, afirma que la iniciativa está “alejada de ideologías” y está basada en “un espíritu abierto y totalmente colaborativo centrado en la educación en abstracto al margen de cuestiones políticas”.

Isabel Celaá, presentando la alianza y en la misma línea que la presidenta de HAZ, manifiesta que:

“Las alianzas y los partenariados en el ámbito social, educativo y filantrópico, suelen, en general, estar más desarrolladas en otros países que en España. Por eso, el nacimiento, hoy aquí, de HAZ, Alianza por la Educación, es una excelente noticia para la sociedad española y un buen ejemplo de sociedad civil y empresarial comprometida con la proyección y el fortalecimiento de nuestro sistema educativo. Porque la unión entre diferentes para trabajar en una misión común es una clara señal de madurez democrática (…). Defendemos una escuela moderna, más abierta a la comunidad, colaboradora con partners externos capaces de formar alianza y redes de intercambio”.

Pues bien, esas declaraciones de la ministra de Educación y de la presidenta de HAZ son justamente lo que desmonto a continuación. Es decir, el propósito aquí es demostrar brevemente que esos argumentos de que en esta red política “no hay ideologías”, que es una iniciativa de “despolitización de la educación” y que se presencian, con ello, nuevos “avances democráticos”, responden justamente a lo contrario. O mejor aún –por llamar a las cosas por su nombre–, lo que hago a continuación es demostrar que la alianza HAZ es un nuevo avance de “privatización”, “neoliberalización”, “filantrocapitalismo” y “capitalismo digital” en la política educativa española.

Bajo esos fines, lo que sigue está dividido en dos apartados. En primer lugar describo las corporaciones y fundaciones que conforman HAZ y algunas de las lógicas de actuación de sus proyectos educativos. En segundo lugar exploro la red política HAZ como la gran alianza para producir nuevos espacios de privatización y neoliberalización, y poder expandir las lógicas filantrocapitalistas y del capitalismo digital en la política educativa española.

¿Qué actores políticos y proyectos de transformación de la educación hay en la alianza HAZ?

La Fundación La Caixa es el apartado de la donación filantrópica y de responsabilidad social corporativa que CaixaBank ofrece a la alianza HAZ. CaixaBank, que tiene una larga tradición en la filantropía española, en educación actúa desde la Fundación EduCaixa. Las inversiones filantrópicas de CaixaBank hacen que la entidad bancaria se esté consolidando como uno de los principales actores políticos privados encargados de transformar la digitalización educativa en la política educativa española. Principalmente, se está expandiendo en esta lógica a través de la incorporación del programa de “Big Data: la inteligencia de los datos”. Este programa en educación tiene como fin liderar las políticas de Big Data en la política española y el desarrollo de la competencia digital docente. Con esta iniciativa, CaixaBank, se convierte en el principal actor político que está transformando la educación a través de análisis predictivos y nuevos procesos de control datificados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La Fundación Endesa es la iniciativa de actuación filantrópica de esta corporación energética y eléctrica del IBEX35. Las inversiones filantrópicas de Endesa están destinadas esencialmente a intervenir en las políticas sociales a través de fomentar el espíritu empresarial mediante programas de emprendimiento y a través de la transformación educativa con proyectos de digitalización. La Fundación Endesa actúa, además, en educación superior a través de la Cátedra Endesa de la Universidad Pública de Sevilla y mediante enseñanzas de máster y doctorado, becas y premios a estudiantes destacados. Recientemente ha creado el Programa de doctorado interuniversitario “Sistemas de energía eléctrica” entre cuatro universidades públicas: Universidad de Sevilla, Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad de Málaga. No obstante, en la alianza HAZ, la filantropía y los intereses de mercado de Endesa se orientan hacia la digitalización de la educación obligatoria. Llevan desarrollando programas educativos previos como el “RetoTech”; donde se centra en la incorporación de Eventos y Premios para digitalizar la educación. Concretamente, RetoTech son programas de innovación educativa basados en el desarrollo de iniciativas tecnológicas a través de la robótica, la programación y la creación de apps. Este reto educativo de Endesa está ahora centrado en expandir la domótica en los hogares. La domotización que incorporan en su reto tecnológico se basa en introducir en el sistema educativo programas de inteligencia artificial, kits de robótica, aplicaciones de redes neuronales artificiales, sistemas de aprendizaje automático (machine learning), lógicas de aprendizaje profundo (deep learning) y programas de Big Data.

Google –la gran corporación tecnológica de Silicon Valley– es el actor político más importante a nivel mundial en la transformación digital de la educación a raíz de los efectos de la emergencia sanitaria derivados de la COVID-19. Ha donado, desde el inicio de la pandemia, más de 100 millones de dólares a la política educativa global para digitalizar la educación mundial. La inversión que establece en la alianza HAZ es una acción más, que lleva desarrollando desde marzo 2020, cuando comenzó a liderar la “Alianza Mundial para la Educación” de la UNESCO con el fin de proporcionar herramientas y discursos formativos en sustitución de la presencialidad de las aulas. Se consolida como la empresa más importante en política educativa global a través de la normalización y expansión de sus softwares y programas de formación docente focalizados en la digitalización educativa. Destaca la expansión global, y en todos los niveles educativos, que se está haciendo del uso normalizado de Google GSuite for Education y de su programa Google Meet. Esta filantropía de Google en las aulas comenzó en el inicio de la pandemia a través de la iniciativa “Teach from Home” y posteriormente con “Teach from anywhere”. Estas iniciativas de Google se basan en plataformas y recursos educativos donde ofrecen información, consejos, capacitación y herramientas para poder desarrollar procesos educativos no presenciales. Los objetivos de Google son muy ambiciosos para liderar la agenda educativa global durante la pandemia y lo serán en tiempos post-pandémicos.

ISDI es una corporación y escuela de negocios digital dedicada a la formación en educación superior. La formación la centran en la disrupción digital de la educación, programas de emprendimiento y desarrollo de networking. La meta, como sostienen desde ISDI, es contribuir a acelerar la digitalización de la sociedad y acelerar el cambio hacia un nuevo modelo económico más competitivo y eficiente, que maximice el potencial de personas, empresas y mercados. Esta lógica de cambio de paradigma la desarrollan a través de másteres y seminarios. Los másteres de 450 horas (9 meses) ofrecidos tienen un costo entre los 18.500 euros (el más barato) y 36.850 euros (el más caro). Por su parte, los seminarios de 40 horas (una semana) tienen un costo de 7.950 euros. Aunque la enseñanza en ISDI es principalmente digital, la empresa tiene campus educativos en cinco sedes importantes: Madrid, Barcelona, Ciudad de México, París y Silicon Valley. La formación de ISDI está a cargo de relevantes corporaciones tecnológicas, consultoras y entidades bancarias, que proporcionan altas cuotas y oportunidades de negocio en redes de capital social (o networking, como lo llaman en la entidad de la alianza HAZ), tales como: Google, Facebook, Microsoft, Airbnb, BBVA, McKinsey & Company, Grupo Prisa, Telefónica, Vodafone, Twitter o KPMG.

La Fundación Vodafone España es la parte filantrópica del operador de telefonía móvil que lidera la presidencia de la alianza HAZ. La Fundación Vodafone, que actúa bajo el protectorado del Ministerio de Educación, es un actor político privado de gran importancia en la política educativa española. Destaca en educación el programa de digitalización de las aulas denominado “DigiCraft”. Este programa se basa en expandir la competencia digital del alumnado a través de propuestas didácticas que tienen como ejes centrales la gamificación y la experimentación en las aulas. Además de ostentar la presidencia de HAZ, la Fundación Vodafone es la verdadera propulsora de la alianza. En enero de 2020, previamente a la expansión de la pandemia, presentó lo que denominaron como “Alianza por la Educación”, junto a las corporaciones de Telefónica, Endesa, Google, BBVA y CaixaBank. Como se sostuvo en enero de 2020, por parte la presidenta de la Alianza HAZ, la iniciativa fue propulsada por Isabel Celaá bajo su plan estratégico de modernización del sistema educativo español “sin entrar en ideologías”.

Ministra, ¿sin ideologías? Apuntes sobre privatización y neoliberalización

Que el Gobierno ofrezca la capacidad de transformar la educación de un país a cinco empresas privadas con amplios intereses de mercado no es, ministra, una “señal de madurez democrática”. Y por supuesto, como usted bien sabe, ministra, tampoco es una despolitización de la educación. Lo que produce la unificación del Gobierno, las corporaciones tecnológicas y las fundaciones filantrópicas en HAZ es consolidar la primera gran Alianza Público-Privada de una red política educativa en el estado español. Y todo ello, es una privatización ideológica de la educación en España. Es algo que lleva dos décadas estudiándose bien en la política educativa española y, ahora, en literatura académica, lo denominamos “privatización exógena”, “privatización externa” o “exo-privatización” de la educación.

Además, ministra, esta iniciativa de privatización no es una señal de “madurez democrática” arropada bajo la falacia discursiva de “despolitizar la educación” y “alejarse de las ideologías”. La educación es y será política; está y estará defendida por formas de pensamiento productivas y discursivas que pretenden constituir nuevos órdenes (o ideologías). Ministra, convencido, al igual que otros colegas, de la necesidad de politizar las problemáticas educativas, a continuación le planteo, en forma de interrogante, una señal de madurez democrática, politizada e ideológica distinta a la privatización de la red política educativa HAZ:

¿Y si la toma de decisiones para trasformar el sistema educativo español recayera en debates públicos, de una comunidad educativa activa y democrática con principios ideológicos heterogéneos, que tuvieran como eje central la defensa de la educación pública?

Pero hay más, ministra. Estas formas ideológicas de privatización se denominan en la literatura académica bajo el término “neoliberalización”. Esto quiere decir que la teoría ideológica, política y económica del neoliberalismo, así como sus prácticas, se basan en la actualidad en una resituación constante que se readapta a los contextos y a los tiempos. Los procesos de neoliberalización se desarrollan a través de dos variables.

En primer lugar, la alianza HAZ produce una neoliberalización estructural. Esto significa que lo que hace esta red política es una expansión de prácticas político-económicas fundadas en la libertad empresarial, la libertad de mercado y la libertad de comercio. Se desarrolla a través de un proyecto de clase extensible del capitalismo a nivel global para generar políticas y modos de actuación social en una acumulación constante de orden capitalista.

En segundo lugar, la alianza HAZ produce una neoliberalización basada en la gubernamentalidad como racionalidad de gobierno. Esto significa que es el Estado quien crea y potencia las lógicas de mercado a través de la competencia. Se desarrolla bajo la racionalidad y la capacidad que tiene el Gobierno para involucrar a actores políticos privados y avalar sus lógicas de “conducción de las conductas” que son materializadas a través de prácticas de subjetivación, emprendimiento, individualidad y competitividad.
Ministra, ¿sin ideologías? Apuntes sobre filantrocapitalismo y capitalismo digital

La alianza HAZ es el último gran avance de gobernanza filantrocapitalista en la política educativa española. El filantrocapitalismo es la hibridación de las lógicas de producción del sistema capitalista con las nuevas formas de actuación de las fundaciones filantrópicas de corporaciones multimillonarias. Estas acciones filantrocapitalistas se basan en expandir los principios del capitalismo a través de grandes donaciones que se materializan en agendas políticas y discursos para erradicar las desigualdades sociales. Lo que hacen las fundaciones filantrocapitalistas, es crear las políticas con la pretensión de paliar las desigualdades sociales mediante enormes donaciones, al mismo tiempo que pueden recibir beneficios económicos y sociales de las inversiones realizadas. Las fundaciones filantrocapitalistas, como la que conforman la alianza HAZ, están encontrando, con la pandemia global COVID-19, nuevas y ventajosas “ventanas de oportunidades” para entrar en la arena política y poder ampliar los escenarios de mercado. El filantrocapitalismo actúa en alianzas de redes políticas heterogéneas (actores públicos y privados) mediante donaciones multimillonarias que se realizan de modo acelerado y experimental para transformar las políticas públicas. Y todos estos cambios, como bien sabe la comunidad educativa, ministra, son ideológicos, producen una politización muy activa de la educación y no son para nada democráticos.

Además, esta red política de gobernanza filantrocapitalista es la primera expansión del capitalismo digital en la educación que viene producida por el Gobierno de España. El capitalismo digital es un sistema económico y social en el que los medios de producción se basan en tecnologías digitales y son de propiedad privada y, además, las lógicas de mercado son las que asignan los recursos, y el capital es la fuente que actúa como generador de riqueza. O dicho de otro modo, se expanden las tecnologías digitales bajo nuevos procesos de producción y acumulación capitalista a través de la economización digital de todas las esferas sociales. El capitalismo digital de la alianza HAZ se fundamenta en el solucionismo tecnológico de Silicon Valley y las lógicas del capitalismo de vigilancia. Las donaciones que realizan las corporaciones de la alianza HAZ para paliar los efectos de la pandemia del SARS-CoV-2, hacen que los filantrocapitalistas tomen especial protagonismo en la configuración y puesta en marcha de las políticas educativas públicas, a la vez que transforman la educación expandiendo el capitalismo digital. Y por todo lo anterior, ministra, estas corporaciones tienen muchos intereses ideológicos, políticos y de mercado para expandir el capitalismo digital en educación.

En definitiva, ministra, en esta gobernanza filantrocapitalista para paliar los efectos de la pandemia COVID-19 y transformar la educación en España, “sí hay ideologías”, y no es una “señal de madurez democrática”. Lo que hace la alianza HAZ, es consolidar en el sistema educativo del Estado español los últimos avances de la privatización y la neoliberalización a través del filantrocapitalismo y el capitalismo digital. O lo que es lo mismo, se consolida en la política educativa española el “filantrocapitalismo digital en educación”.

Continuará…

Geo Saura es profesor de Política Educativa en la Universidad de Granada.
geosaura@ugr.es

Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Granada (2018-2023). Ha sido Investigador Postdoctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona (2015-2018). Fue Investigador Predoctoral (2012-2015) entre Universidad de Granada y University of Roehampton desarrollando su PhD internacional sobre políticas y neoliberalismo, que recibió el Premio Extraordinario a la mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales. Es en la actualidad Investigador Principal de Proyecto Precompetitivo para jóvenes investigadores sobre Redes Políticas de Gobernanza Filantrópica.

martes, 7 de abril de 2020

De concertada a pública o a privada en un proceso ¿Es posible? (Por otra política educativa para eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero para eldiariodelaeducacion.com/porotrapoliticaeducativa
  • El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social

    6-4-2020

Las escuelas de iniciativa privada sostenidas con presupuesto público se establecieron en 1985, asimilándose “teóricamente” a las escuelas públicas, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) con el argumento de falta de recursos para escolarizar a toda la población.

Desde entonces ha habido un debate abierto sobre la continuidad de estos conciertos. Debate que ha sido aprovechado constantemente por el empresariado de la enseñanza privada para seguir arañando conciertos, mayores subvenciones y aumentando su negocio. Entre otros mensajes, se argumenta, por ejemplo, que los fondos públicos no son suficientes ya que el coste por alumno es menor que en el sector público y, por tanto, “voluntariamente” las familias han de aportar cuotas “voluntarias”, que es el térmico que se utiliza para escapar de la prohibición. Hoy siguen defendiendo y pidiendo que se aumenten los conciertos, dicen, con el fin de que se haga efectivo el “derecho” de las familias a elegir centro para sus hijos e hijas.

Algunos países (Bélgica, Francia, Malta y Holanda) que también tienen instaurada esta práctica no llegan a las cifras del nuestro, con la salvedad de que se permiten los conciertos en zonas más degradadas y con problemas sociales.

En España, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y alumnas y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros con un presupuesto de dinero público destinado en 2017 de 6.179 millones de euros, distribuidos de manera desigual en los distintos territorios. La mayoría de los centros están situados en comunidades de renta alta o tradición “ideológica” de escuela privada. 

En cifras globales, estos centros acogen a uno de cada cuatro estudiantes en la enseñanza obligatoria (el 30% del alumnado), cifras superadas únicamente por Bélgica en el número de alumnos matriculados.

Es de destacar que el 64% de las escuelas concertadas son directamente propiedad de la Iglesia o instituciones ligadas a ella y que algunas de ellas segregan por sexo, argumentando, además, que su labor es de verdadera ayuda al Estado.

El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica, como sus defensores afirman sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social, ya que:
  • El que estos centros educativos estén financiados por fondos públicos no indica que sea educación pública. Sus características pedagógicas y de gestión son de escuela privada y no aplican toda la normativa estatal del funcionamiento de las escuelas públicas. No se niega que hagan un servicio subsidiario a la población, pero la educación que imparten no responde, en termino generales, a los principios de igualdad y solidaridad, participación y democracia que son exigibles a la educación pública.
  • Con fondos públicos de nuestros impuestos que, pagamos todos y todas, se financia una tipología de escuelas que seleccionan a su alumnado, con el argumento de la libertad de elección de las familias para escoger el centro educativo, cuando lo que realmente sucede es que se están seleccionando a las familias más interesantes desde cada centro.
  • La principal consecuencia es que se segrega a una parte importante del alumnado. Los informes nos indican que la escuela pública matricula al 80% del alumnado inmigrante pese a escolarizar el 71% de la población total. La concertada tiene un 14% de inmigrantes con un 30% del alumnado general.
  • Se generan dos redes educativas sostenidas con presupuestos públicos, que atienden a poblaciones sociales diferentes y aunque no pueden hacer una selección según la normativa, se hace. Las cuotas “voluntarias” son, de hecho, una forma de seleccionar a las familias que pueden pagarlas. Hay otras formas de selección como el “efecto barrio” donde se ubica la enseñanza privada concertada.
  • Las escuelas concertadas defienden que su gasto, en comparación con la educación pública, es menor según algunas estadísticas. Otras, que incorporan más variables, dicen lo contrario. Además, no argumentan que ellos tienen en sus aulas estratos sociales más altos debido a la selección del alumnado y que se tiene en cuenta el gasto de las familias. Aun así, ocultan que la escuela pública tiene muchas más necesidades de apoyo, soporte y refuerzo que ellos no utilizan porque no los necesitan. Tampoco contemplan el coste financiero de las escuelas rurales, que son públicas en su totalidad, la formación del profesorado… etc.
La escuela pública es la columna vertebral de la construcción de la ciudadanía democrática. El
sistema socioeconómico que tenemos nos ha legado un sistema educativo dual y un Estado democrático no puede permitirse desdeñar la escuela pública y apoyar a la enseñanza privada-concertada y confesional. El deber de las administraciones públicas es articular un sistema público de educación igualitario basado en la justicia social y democrático y efectivo, con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el sector educativo privado, que deberá ser siempre subsidiario al público.

Por todo ello, el ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’, defiende que la responsabilidad de la escolarización ha de regularse y planificarse con la afirmación de la centralidad de la escuela pública. Así, entendemos que es necesario que el Estado camine en la dirección de dar respuesta a la necesidad de escolarización de toda la población en la red de escuelas públicas, de forma que los conciertos con la escuela privada vayan desapareciendo progresivamente en un tiempo que se determine. Las escuelas concertadas podrán pasar a públicas con las condiciones de la educación pública o escoger quedarse únicamente como escuelas privadas con su financiación propia.

Las condiciones de la escolarización en una sociedad democrática han de estar regidas por la búsqueda de la equidad, la inclusión, la transparencia y la calidad máxima de la educación en todas y cada una de las escuelas de la red pública. A eso hemos de tender en la mayoría de las escuelas del sistema educativo.

Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero son miembros del ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’.

Entrada relacionada:

miércoles, 18 de marzo de 2020

Qué hay detrás del plan de Díaz-Ayuso que da a Telepizza la gestión de los menús escolares (Martín Cúneo para El Salto - Madrid)

Artículo de Martín Cúneo para elsaltodiario.com


Después de desautorizarlo, el Ministerio de Sanidad da vía libre al plan del Díaz-Ayuso para que Telepizza elabore y reparta miles de menús infantiles en sus locales. 
Esta empresa, junto con Coca-Cola, Campofrío, Pepsico y Nestlé, forma parte de la Fundación Española de la Nutrición, un lobby agroalimentario que asesora y evalúa lo que se come en los colegios de la Comunidad de Madrid

17-3-2020


“La Consejería ha organizado un dispositivo para que a partir de mañana los 11.500 alumnos que tenían precio reducido de comedor por recibir la RMI [Renta Mínima de Inserción] puedan recoger su comida en los locales de Telepizza”, soltó la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Isabel Díaz-Ayuso, el 16 de marzo.

El Ministerio de Sanidad no tardó en rechazar la propuesta y la actualidad se encargó de enterrar la medida entre una avalancha de titulares. Un día después, Sanidad rectificaba y autorizaba el plan del PP madrileño, al que luego se sumó la empresa de sandwiches Rodilla. Pero, ¿de dónde sale esta ocurrencia? ¿Qué hay detrás?

El anuncio se realiza apenas unos días después de que la Consejería de Educación haya rescindido los contratos con las empresas que gestionan los servicios de comedor escolar en los centros

Para Abel Esteban, coordinador de un proyecto para fomentar la alimentación saludable y sostenible en centros educativos de la Comunidad, es una demostración más de los vínculos del Gobierno autonómico del PP con las grandes empresas y “con el lobby agroalimentario”. Para este especialista, resulta llamativo que el anuncio se realice apenas unos días después de que la Consejería de Educación haya rescindido los contratos con las empresas que gestionan los servicios de comedor escolar en las escuelas y colegios —al igual que hizo con la empresas que gestionan muchos de los centros— y que podrían haberse hecho cargo del trabajo.

Menos llamativo le resulta a este integrante de la cooperativa Garúa que se junte en un mismo párrafo alimentación infantil y Telepizza. La Consejería de Educación, cuenta a El Salto, tiene como asesor y evaluador “externo” a la Fundación Española de la Nutrición (FEN), “que es quien aporta los criterios nutricionales que deben regir el servicio que prestan los colegios y cada tanto realiza una evaluación del servicio”. La FEN es una “empresa privada promovida por la industria agroalimentaria”, donde se mezclan catedráticos y especialistas en alimentación supuestamente independientes con otros profesionales “que están en nómina” de estas empresas. “Uno de esos chiringuitos de la industria que utiliza para blanquear nutricionalmente su oferta alimentaria”, resume Esteban.

1/4# NoEraFake, REAL y muy preocupante que la Consejería recurriera a Telepizza para garantizar una comida equilibrada a niñxs en situación vulnerable, que empeorará con esta crisis, y que según los estudios, son el sector de la población con peor alimentación. Abrimos hilo👇



En el patronato de la FEN se encuentra Nestle, McDónalds, Coca-Cola, Quirón Salud —el gigante de la sanidad privada—, Campofrío, Pespsico y, por supuesto, Telepizza. Como vocal del patronato de la FEN, destaca Fernando Frauca Amorena, alto cargo de Telepizza.

Desde Alimentar el Cambio, un programa de la cooperativa Garúa, llevan tiempo demandando que la Consejería de Educación siga el ejemplo aragonés, donde el año pasado se establecieron protocolos independientes a cargo de la Universidad de Zaragoza para el análisis nutricional de los menús escolares.

Existe un “múltiple conflicto de intereses”: quien aconseja y evalúa la calidad e idoneidad de lo que se come en los colegios de la CAM son algunos de los principales productores de alimentación basura

En otras comunidades autónomas, como Canarias, la estrategia seguida para garantizar la alimentación de las familias en dificultades económicas es muy diferente: en coordinación con Asuntos Sociales ofrecen una compra de alimentos “teniendo como referencia los menús mensuales de los comedores escolares”.

En Madrid, sigue existiendo lo que Esteban califica de un “múltiple conflicto de intereses”: quien aconseja y evalúa la calidad e idoneidad de lo que se come en los colegios de la CAM son algunos de los principales productores de alimentación basura. Ahora también se ocuparán de elaborar y distribuir los menús infantiles a los niños y niñas de las familias con menos recursos, precisamente quienes más necesitan que se garantice una alimentación adecuada a sus necesidades nutricionales, sostiene Esteban.

Entradas relacionadas: