lunes, 31 de agosto de 2020

Volver a la escuela en pandemia: los niños sufren las consecuencias del desborde emocional de la COVID-19 (Elena Couceiro para ELDIARIO.ES)

Reproducimos este artículo que publica ELDIARIO.ES

Cuando por fin se conoce el plan de la vuelta a las aulas, hablamos con expertos sobre el impacto que estas medidas (distancia social, mascarillas, restricción de contacto) pueden tener para una infancia ya tocada por el confinamiento y la angustia de una enfermedad amenazante


Estos seis largos meses sin clases, las familias hemos estado subidas en una montaña rusa emocional que jamás podríamos haber imaginado. La alegría de los niños el 12 de marzo por pensar que estaban de vacaciones, la rabia por no poder airearse en la calle, el agobio de los mayores por teletrabajar a tope mientras los niños reclamaban ayuda para su telecole, el miedo a contagiar a nuestros seres queridos vulnerables, la claustrofobia, la felicidad por poder salir a la calle el 26 de abril, el pánico a quedarse sin trabajo... Ahora se nos presenta un nuevo reto: la vuelta a las aulas.

A dos semanas de la fecha tradicional del inicio de curso, empieza a vislumbrarse, tras muchos rumores, cómo van nuestros hijos e hijas a volver a sus centros escolares. ¿Cómo se encuentra la infancia después de este confinamiento? Marina Criado, psicóloga especializada en el ámbito educativo y social y experta en planes de convivencia escolar, cuenta que "hemos vivido una experiencia colectiva de gran impacto emocional y los niños no son ajenos a ella. Han vivido un abanico emocional variado desde la inseguridad, el desconcierto o miedo, hasta el agrado que para muchos ha sido permanecer en sus hogares con sus familias de un modo continuado".

Rafa Guerrero, psicólogo y profesor de Magisterio, cuenta que "nos hemos encontrado con niños que se han vuelto mucho más miedosos y obsesivos, con situaciones de mucha frustración, niños que han vivido situaciones de mucha tristeza y duelo porque de repente el día que tenían montado de ir al colegio, de salir al parque y de jugar se ha venido abajo y nos hemos visto todos encerrados en casa".

Marisa Moya, directora de la Escuela Infantil Gran Vía y coautora de una Guía de acogida emocional en espacios educativos, considera que "los efectos se podrán ver a largo plazo" y lamenta que "tanto hacia las personas mayores como hacia la infancia ha habido una desconsideración que ha sido abrumadora". Los niños y las niñas "se han encontrado desasistidos, ignorados y ninguneados. Habrá progenitores que hayan podido atender adecuadamente y habrá otros muchísimos que no lo hayan podido hacer sin ninguna otra alternativa", lamenta. "Los niños necesitan de iguales y necesitan calle para poder desarrollarse de una manera adecuada", apunta Moya. Ha habido "mucha información que incluso los adultos no somos capaces de procesar y que no sabemos cómo van a integrar los niños".

La mochila de meses de preocupación y estrés
Heike Freire, pedagoga y autora de una carta abierta para reclamar una vuelta al cole cálida, cree que "lo que esos niños han vivido tendrá mucho que ver con lo que nosotros hemos vivido, porque son seres emocionalmente abiertos al otro y especialmente a las personas a las que quieren y con las que conviven". Evidentemente, las diferentes circunstancias de las familias han hecho que el confinamiento impacte más o menos en la infancia. "No es lo mismo una familia que vive en un piso de 60 metros que una familia que vive en una casa con jardín", resume Moya.

Según el estudio Infancia Confinada, de Enclave, un 36% de los niños y niñas participantes han experimentado durante el confinamiento con frecuencia preocupación, un 28% tristeza y un 16,2% miedo. Una de las participantes, de 13 años, confiesa: "Yo personalmente no sé por qué he estado un poco triste por las noches". Otra chica, de 14, cuenta: "Apenas duermo por las noches por la falta de moverme y me estreso mucho con los deberes". Otra niña de 10 años responde: "A veces me siento estresada y estoy preocupada porque mi abuelo está solo".

Los expertos coinciden en que lo vivido puede ser traumático para la infancia y es con esta mochila con la que niños y niñas llegarán al colegio en las próximas semanas, una vivencia que, resaltan, puede ser retraumatizante. ¿Qué se puede hacer para que este inicio de curso sea lo más cálido posible para la infancia? Rafa Guerrero lamenta no encontrar sustituto a la necesidad de contacto físico. "Hacer una acogida cálida ahora es imposible. Es como si en determinado planeta no hay oxígeno y nos planteamos cómo hacer para respirar oxígeno. Un niño de 3 años que llega nuevo al cole lo que necesita es que alguien con tranquilidad le abrace, que entienda su emoción y mediante el contacto físico se irá relajando. Si eso no lo podemos hacer estamos dejando al niño metafóricamente sin oxígeno", lamenta, "y no encuentro parches, aunque admiro la creatividad e implicación de maestros y maestras". Eso sí, Guerrero se muestra rotundo: "La parte académica tiene que quedar en un segundo o tercer plano, ahora es más importante el cubrir la parte emocional".
Una vuelta al cole "anti-infancia"
Marisa Moya se muestra muy crítica: "Las medidas que se están tomando para la vuelta al cole son anti infancia. Los niños se desarrollan de manera adecuada en conexión y jugando". Por eso, propone, "tenemos que buscar un equilibrio", para evitar los contagios y cuidar la salud global de los niños y niñas: "Somos seres holísticos. Si los niños sienten estrés, amenaza, tensión y temor esto va a influir en su sistema inmune". Propone, entre otras medidas, "más docentes y ratios más bajas, porque los grupos son excesivamente grandes para la situación que tenemos. Necesitamos también equipos de atención psicológica para los adultos y para los niños en los centros escolares. Todo esto es indispensable este año".

Marina Criado subraya que "en estos momentos al volver a la escuela, no debería ponerse el foco solo en la adquisición de contenidos, sino en atender a los aspectos emocionales. No se puede aprender si las necesidades emocionales no están cubiertas". Criado y Moya animan a docentes y familias a estar muy pendientes de las necesidades y emociones de niños y niñas, "porque no sabemos cómo lo vivido puede influir en los patrones o en las plantillas de vida que están conformando, en la creación de su autoconcepto y autoestima", dice Moya. Por eso, Marina Criado apuesta por "priorizar las necesidades de expresión emocional, mostrar una actitud tranquila, hacer elaboraciones colectivas sobre lo que hemos vivido, realizar asambleas, reorganizar el aula para que el grupo pueda verse las caras e interactuar, aunque sea a distancia...".

Heike Freire manifiesta que "la educación online no es educación" y que "los protocolos que se están vislumbrando se cargan los proyectos educativos y esto es nefasto para los niños y las niñas. Cuando ya se habían juntado las mesas para desarrollar el trabajo cooperativo se vuelve a las hileras, cuando se habían desarrollado todo tipo de metodologías innovadoras se vuelve a la clase magistral". Freire propone que "los epidemiólogos o personas especialistas en salud trabajen conjuntamente con los docentes y también con las familias para revisar los procesos educativos y ver qué tipo de medidas se pueden incluir para educar a la salud y cuidar la salud entendida como dice la OMS en su Constitución como bienestar físico, mental, social y espiritual".

Moya también cree importante "crear pautas, pero no como imposiciones a los niños sino como cocreación. Los niños van aportando en lluvia de ideas aquellas propuestas de pautas, porque tienen que tener este año la sensación de que tenemos recursos, de que no estamos solos y sin nada para salir de esta situación". Es muy importante, subraya, que la escuela sea más que nunca una comunidad. "En comunidad siempre se trabaja mejor", apunta.
¿Qué pueden hacer las familias?
Y en este tiempo de incertidumbre, de escenarios diferentes y de decisiones que vamos conociendo a cuentagotas pocos días antes de volver al cole, ¿qué podemos hacer las familias? Rafa Guerrero opina que "lo principal es la comunicación. Los niños son pequeños, pero no son tontos. Hay que explicarles las cosas como son, los escenarios que se van vislumbrando y las decisiones que se comuniquen independientemente de que las circunstancias que les vayamos a explicar les generen emociones desagradables. Es muy importante que hablemos con ellos, que les animemos a que expresen cómo se sienten".

Marisa Moya considera que "para que las familias acompañen mejor, el foco tiene que estar siempre en uno mismo. Hay muchos progenitores que piensan que para mejorar la situación hay que hacerles muchas cosas a los niños, pero considero que es el adulto el que tiene que revisar cómo se ha acoplado todo lo que hemos vivido, revisar sus emociones para abordarlas e integrarlas de una manera que no nos haga daño". Además, propone poner la lupa en nuestras fortalezas: "En esa situación tan compleja lo que necesitamos no es ponernos el foco que nos merma, necesitamos ponernos el foco que nos hace crecer y superarnos, acompañando nuestro miedo, nuestra rabia y nuestra tristeza. Es muy importante tomar las riendas de la parcela personal y tomar decisiones que nos hagan responsables de nuestra vida. Y es el momento de la cooperación".

Marina Criado recomienda a las familias "transmitir a niños y niñas un mensaje de calma y seguridad, invitándoles a colaborar en esta misión que todos tenemos y haciéndoles sentir importantes en esa tarea. Nos interesa que estén bien y eso va a depender mucho de nuestro apoyo en positivo".

Heike Freire reclama que no perdamos de vista que el centro educativo "debería ser la casa de los niños y las niñas, porque necesitan un espacio aparte de la familia y compartirlo con los iguales". Por eso, concluye, "no se lo podemos robar".

Ayuso se la juega con el inicio de curso: un Gobierno partido en dos y la amenaza de la moción de censura (Fátima Caballero para ELDIARIO.ES)

Publicamos esta noticia de ELDIARIO.ES




Después de un agosto crítico en Madrid, con los contagios disparados y una gestión del Ejecutivo autonómico puesta en entredicho, el nuevo curso político será la prueba definitiva para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los epidemiólogos alertan desde hace días de que en la región hay transmisión comunitaria. Y la vuelta a las aulas, advierten, puede ser la "tormenta perfecta" para que el inicio de la segunda ola epidémica se descontrole por completo si las medidas anunciadas no llegan en la comunidad autónoma que fue la zona cero de la pandemia en primavera.


A la vuelta de vacaciones se le acumulan los frentes a la dirigente popular: la reapertura de los centros educativos coincidirá, además, con el inicio de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, que partió en dos el Gobierno regional con un enfrentamiento sin precedentes entre consejeros de PP y Ciudadanos que sigue enquistado. Hay compañeros de Gobierno que no se hablan y las zancadillas se suceden entre las dos alas de la coalición. La amenaza de una moción de censura planea sobre el Gobierno desde hace muchas semanas, aunque ningún partido de la oposición se ha atrevido a dar el paso.

Díaz Ayuso regresaba de sus vacaciones el pasado martes para presentar personalmente –diez días antes de la reapertura de los colegios– el plan que ha diseñado su Gobierno para la vuelta al cole. Dos días antes de la reunión de coordinación fijada por el Gobierno con todas las autonomías, la presidenta madrileña prometía la contratación de 11.000 profesores –7.400 para la educación pública y el resto para la concertada– con el objetivo de garantizar ratios de 20 alumnos por aula.

Pero el plan arranca con fisuras: el Gobierno regional esperó hasta el pasado miércoles para aprobar una partida presupuestaria de 18,9 millones de euros destinada a la adecuación de los colegios (nuevos espacios, ventilación…). Las obras, según anunció el vicepresidente regional Ignacio Aguado, se alargarán hasta finales de año. La oposición y los sindicatos consideran que es un muestra más de la "improvisación" en la elaboración de las medidas teniendo en cuenta que los colegios cerraron en marzo. La huelga que anunciaron antes de conocerse el plan regional, por tanto, se mantiene. Es el primer territorio donde se convocó.

Díaz Ayuso es la única presidenta autonómica que se enfrenta a las movilizaciones de la comunidad educativa. Los principales sindicatos mantienen el paro a la espera de que los planes anunciados se materialicen. Aunque la música les suena bien, porque el plan del Gobierno regional recoge muchas de sus reivindicaciones –más profesorado, ratios más bajas y pruebas serológicas masivas para los docentes–, en CCOO, UGT, CGT y Stem no se acaban de fiar de que se vayan a poner en marcha a tiempo. "No es la primera vez que prometen una cosa y luego no cumplen, ya no nos fiamos", decía esta semana la portavoz de Comisiones Obreras Isabel Galvín a elDiario.es. Además siguen reclamando presencialidad de todos los niveles que garantice la igualdad de oportunidades de docentes y alumnos.

La presidenta madrileña afronta el reto de gestionar la educación –pero también la sanidad y las residencias– sin el paraguas del estado de alarma, que Ayuso utilizó para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez y para culparle de la situación económica y sanitaria de la autonomía durante las peores semanas de la pandemia, a pesar de que todas las competencias sanitarias seguían siendo regionales. La dirigente del PP hacía un llamamiento estos días a que el Gobierno central vuelva a asumir las riendas de la pandemia: "No se puede pasar del estado de alarma a la nada", decía la jefa del Ejecutivo madrileño. Ayuso, sin embargo, rechazaba el ofrecimiento de Sánchez de que las comunidades autónomas soliciten estados de alarma individualizados.

La experiencia de gestión de Ayuso este verano desde que decayera el estado de emergencia el 21 de junio ha terminado con la región desbordada por los contagios. En los distritos y municipios del sur, el condicionante socioeconómico –menos recursos, trabajos precarios, viviendas pequeñas, pisos patera...– ha disparado los casos hasta el punto de que la incidencia por cada 100.000 habitantes dobla la de otros lugares de la región. Y está bajo sospecha el plan que presentó al Ministerio de Sanidad antes del verano para pasar de fase, cuando la presidenta y todo su partido acusaba al Gobierno central de boicotear a Madrid, "la locomotora de España", por intereses partidistas. Ahora se sabe que el Ejecutivo regional no contrató a los rastreadores que había comprometido. Algunos centros de salud siguen cerrados. Y los médicos de Atención Primaria, la gran damnificada de la sanidad madrileña, se asoman al colapso. Madrid también fue la última autonomía en imponer como obligatoria la mascarilla.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, volvía a recomendar esta semana "evitar viajes innecesarios" y permanecer en casa en los municipios más afectados. Zapatero lleva diez días avisando de que la región estudia nuevas restricciones a la movilidad y a "actividades sociales" como la restauración y los encuentros familiares. El mensaje del que fuera el director del hospital de Ifema choca con la petición de Ayuso de "no alarmar", ya que eso podría perjudicar a la economía de Madrid, argumentó la presidenta regional sobre la preocupación manifestada por el Ministerio de Sanidad por la situación descontrolada en la autonomía. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Martínez-Almeida cierra parques y piscinas.

Los datos no acompañan a la presidenta madrileña: la región concentra ya más de un tercio de todo lo que se está diagnosticando a nivel nacional. Sanidad notificó este viernes 9.799 casos, de los que 3.441 pertenecen a la Comunidad de Madrid. Las hospitalizaciones semanales tampoco han dejado de multiplicarse desde principios de agosto, y aunque la región está lejos de la situación asistencial que tenía en los peores meses de la pandemia cuando la sanidad colapsó, los profesionales sanitarios miran de reojo las cifras preocupados por lo que pueda pasar.

Madrid vuelve a estar a la cabeza de casos en el país y la explicación que dan los expertos tiene que ver con la polémica gestión en la contratación de los rastreadores. El Gobierno regional ha ido aumentando a trompicones la plantilla de controladores recurriendo, meses después de prometer al Ministerio los suficientes para pasar de fase en la desescalada, a voluntarios, a la privatización y a personal de ayuntamientos. La plantilla es actualmente de 560 rastreadores –uno para cada 12.000 habitantes–. La administración regional espera sumar otros 150 de los militares que el Ministerio de Defensa puso a disposición de las comunidades autónomas.

A la falta de controladores se suma otro problema al sistema de rastreo madrileño. La última semana, uno de los principales hospitales de la capital, el Clínico San Carlos, ha dejado de notificar las pruebas diagnósticas por falta de reactivos para la realización de las PCR. La avalancha de tests también ha puesto en evidencia la falta de técnicos de laboratorio, como denunciaba este viernes Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), en una entrevista en La Sexta.

Desde el Ejecutivo regional algunas voces reconocen que Ayuso lo fió todo al hospital de emergencias en Valdebebas que no estará operativo hasta octubre o noviembre, y en el que ha invertido más de 50 millones de euros. En el Gobierno autonómico estas mismas personas admiten que ha sido una estrategia "fallida" porque se "subestimó" lo que podía ocurrir en verano. Otros creen que cuando se ponga en marcha servirá para frenar la ola: "Cuando el hospital de pandemias abra esto será otra cosa", dice un portavoz del equipo de la presidenta madrileña.

Para los expertos, el tiempo que Madrid dejó de rastrear el virus –todo el mes de julio– ha sido un tiempo perdido que hipoteca lo que pueda ocurrir en los próximos meses. "Se ha perdido mucho tiempo y esto ha tenido una explosión en el número de casos por los asintomáticos que no se detectaron a tiempo", concluye Pilar Serrano, secretaria general de la Asociación de Salud Pública de Madrid. Serrano es positiva y cree que la curva todavía se puede frenar, pero la gestión que haga el Gobierno regional las próximas semanas será "determinante", concluye la epidemióloga.

El Gobierno regional se escuda en que la situación no es tan grave porque la carga asistencial en los hospitales no es la que vivió la región en primavera. Los ingresos rondan los 1.500 cuando en las peores semanas de marzo y abril alcanzaron los 15.000. ¿La explicación? los contagios este verano se han concentrado en la población de entre 15 y 49 años, en la que el virus es menos letal. También porque la carga viral es menor que hace unos meses, algo que los expertos creen que podría cambiar en otoño por un mayor uso de los espacios cerrados. No obstante, la situación no es igual en todos los hospitales. El 12 de Octubre, situado en la zona de más contagios, empieza a ver desbordada su capacidad y ha comenzado a suspender cirugías. Otros, como el Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, o el de Getafe, ya no permiten las visitas a los pacientes hospitalizados, según confirmó la Consejería de Sanidad a elDiario.es esta semana.

Con este escenario, el nerviosismo y las discrepancias internas en la gestión de la epidemia vuelven a vislumbrarse en el Gobierno regional incluso entre consejeros del mismo signo. La cancelación de la feria taurina prevista para este fin de semana en Alcalá de Henares puso de manifiesto cómo los intereses económicos y los sanitarios no siempre van de la mano en las decisiones del Gobierno regional, como ocurrió en mayo cuando la entonces directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, acabó dimitiendo tras negarse a firmar un informe que pedía el cambio de fase en la región. En este caso, la Consejería de Interior autorizó la corrida de toros y horas después Salud Pública emitió un informe dirigido al Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el que lo "desaconsejaba" por la incidencia que el virus podía tener en un evento que iba a congregar a más de 5.000 personas. Interior acabó suspendiendo el evento taurino solo un día después de autorizarlo por la alarma de la Consejería de Sanidad.
Comisión de investigación de residencias y ¿moción de censura?

Las deficiencias en la gestión del Gobierno madrileño durante el verano ponen la gestión de la presidenta madrileña en el ojo del huracán. En el PP algunas voces ya cuestionan la estrategia "estridente" de Ayuso contra el Ejecutivo central y critican algunas de sus decisiones. Para frenar el ruido interno, el presidente popular, Pablo Casado, se trasladaba el pasado jueves a la Puerta del Sol para respaldar públicamente a la presidenta madrileña, su gran apuesta en las elecciones autonómicas de 2019.

Este apoyo llega después de que Casado ascendiera al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como portavoz nacional, en un giro que algunos en el partido interpretaron como una apuesta por la moderación contrario al que ha representado hasta ahora Ayuso. El presidente del PP terminó su visita para conocer el plan madrileño para la vuelta al cole reafirmando su compromiso con la líder madrileña, cuya Presidencia es clave para el dirigente popular en los difíciles equilibrios internos con los que tiene que lidiar en el partido. Casado necesita a Ayuso. Pero a una Ayuso fuerte.

La realidad es que todo puede pasar en este nuevo curso político. La vuelta al cole no es el único reto al que se enfrenta Ayuso y cualquier traspié podría impulsar la moción de censura que reclaman algunos desde la oposición. Desde el PSOE, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, la descartaba por ahora. "No es el momento", dijo Franco, que daba una pista sobre por dónde pueden ir los tiros de esa espera: los socialistas preparan la salida de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo –para ello necesitan al PP– antes de ponerse a pensar en sacar a Ayuso del Gobierno. En el PSOE no quieren una moción para perderla y para ello necesitan que Ciudadanos la apoye. Si se despistan mucho, Más Madrid y Unidas Podemos-IU, que llevan semanas reclamándola, se pueden adelantar.

"Se inicia un curso político marcado por la improvisación, que por otra parte ha sido la tónica general de este Gobierno desde hace un año", dice el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. "Nosotros tenemos la representación que nos han otorgado los ciudadanos y estamos dispuestos a hablar con cualquier grupo para que haya una alternativa cuanto antes", añade Perpinyà. Para la portavoz de Unidas Podemos-IU, "echar a Ayuso es un imperativo moral".

El calendario político podría dar la mejor excusa. En septiembre arranca en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias –donde fallecieron más de 6.000 ancianos en pocas semanas sin acceder a la atención sanitaria–, que amenaza con poner sobre la mesa las deficiencias de una gestión cuanto menos controvertida. Las órdenes internas de no trasladar a los residentes a los hospitales ya partieron en dos al Ejecutivo madrileño con el duro enfrentamiento público entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Y el desfile por la Cámara madrileña de técnicos, trabajadores, familiares y sanitarios asusta a ambos partidos.

De momento, el letargo estival ha servido para disimular las rencillas internas en el Gobierno regional, pero las delicadas relaciones entre los socios de coalición pueden volver a estallar por los aires en septiembre si la gestión de la pandemia se descontrola de nuevo. La estrategia de Ayuso para sacar cabeza del bache veraniego pasa por aprobar en otoño las cuentas de 2021. La presidenta madrileña necesita a Vox y para ello prometió una crisis de gobierno que redujera varias carteras para cumplir con una de las exigencias de la extrema derecha. La remodelación está en marcha y desde Ciudadanos y PP creen que podría anunciarse a mediados de septiembre coincidiendo con un debate del Estado de la región. Sobre la mesa también está el cese de los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, aunque algunas voces creen que la gestión del verano podría frenarlas: "Si destituye a Escudero sería como reconocer que la gestión que ha hecho durante el verano ha sido nefasta. Se estaría enmendando. Eso salvaría a Alberto Reyero porque Ciudadanos no va a permitir que sea la cabeza de turco y menos con la comisión empezada", argumenta un diputado de Ciudadanos.

Tras la discutida gestión de la sanidad en la primera ola, y el fiasco de las residencias, el Gobierno de Ayuso se enfrenta ahora al inicio de curso más complicado, con un gabinete partido en dos y la imagen de la presidenta por los suelos.

Reino de España: vuelta a las aulas de la austeridad (Carlos Gibau para CUARTOPODER.ES)

Reproducimos este artículo de Carlos Girbau (concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso) en CUARTOPODER.ES





  • Que el Consejo fuera conveniente a quienes administran nuestra salud y educación en el reino, no quiere decir que haya sido realmente útil para la mayoría de la ciudadanía
  • El problema no radica en que haya 17 CC.AA. con sus maneras diferentes de ponerse la mascarilla como señala la prensa. Lo que hay son dos modelos políticos que pugnan

Hubo que esperar hasta el 27 de agosto, a escasos días de la vuelta a los centros de estudio, para que una conferencia multisectorial de tres ministros (I. Celaá, Educación y Formación Profesional; S. Illa, Sanidad y C. ; Darias, Política Territorial y Función Pública) y los consejeros de Sanidad y de Educación de las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.) acordara, con la abstención de la delegación de la C.A. vasca, el protocolo que establece los términos en los que los centros educativos pueden ser abiertos. El largo y formal título del documento: “Acuerdo del consejo interterritorial del sistema nacional de salud, adoptado en coordinación con la conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al covid-19 para centros educativos durante el curso 2020-21” podría hacernos creer que nos encontramos ante la norma que resuelve las dudas e inquietudes que asaltan a la inmensa mayoría de una sociedad concernida por una reapertura de los centros de estudio en pleno crecimiento de los contagios de COVID-19 a razón de casi 10.000 diarios.Transcurridos 6 meses del obligado cierre de la educación presencial debido al confinamiento y todo lo ese hecho puso en evidencia, era ya chocante la inacción, la falta de previsión y planificación de las administraciones (todas) ante el inminente regreso a las clases.


La reunión del día 27 de agosto le iba bien a todo el mundo político institucional. Por un lado, a un PP sin alternativa como quedó de manifiesto en el encuentro de todo su poder autonómico celebrado el 26 de agosto, un día antes del consejo interterritorial, de cuyas decisiones y propuestas de un “plan alternativo al del gobierno” aún hoy nada se sabe. Por otro, a los gobiernos autonómicos que, a toda prisa, fueron estableciendo precarios protocolos de reincorporación a las aulas. También a la presidencia del Gobierno le vino bien para huir de su imagen de pasividad reprochada en agosto; incluso a Unidas Podemos que, poco antes de la reunión del consejo interterritorial, había señalado la falta de iniciativa de la ministra Celaá por no condicionar a la mayor contratación de profesores y de personal en los centros educativos los dos mil millones que en mayo el Estado puso al servicio de las autonomías para educación. UP tocó con ello un problema básico en toda esta situación pero, lamentablemente, calló sobre universidades, la rama educativa que les compete directamente en el Gobierno de Coalición Progresista.

Ahora bien, que el Consejo fuera conveniente a quienes administran nuestra salud y educación en el reino, no quiere decir que haya sido realmente útil para la mayoría de la ciudadanía. Una lectura rápida del acuerdo llevara a perder toda esperanza de encontrar en él algo más de lo que, tras meses de sufrir pandemia, podemos definir como “lo de siempre”: mascarillas, higiene de manos, establecimiento de grupos de convivencia estables o distancia de 1,5 metros. Nada novedoso con respecto al documento del Ministerio de Educación del 22 de junio de 2020.

La gran mayoría de la prensa, fiel exponente de las empresas que la controlan y partidaria de manera creciente, como una porción cada vez mayor de la oligarquía española, de una involución recentralizadora del Estado autonómico, no pierde ocasión para ridiculizar en sus titulares las diferencias en el uso de la mascarilla, la ventilación de las aulas y la toma de temperaturas que existen en las distintas CCAA. Intentan con ello ganar el discurso hacia un aspecto concreto de la cuestión, que no del problema.

La pandemia y el cierre de las escuelas de marzo, como ahora el número de contagios y sus zonas (los barrios populares), pone de manifiesto, una vez más, los graves problemas de fondo de la sociedad. Problemas profundos que son previos a la pandemia, como bien nos recordó el anterior relator de la ONU, Philip Alston en su informe sobre la pobreza en España de 2018. En aquel documento ya entonces se señalaba que un 26,1% de la población y el 29,5% de los niños se hallaban en riesgo de pobreza o exclusión y que más del 55% de los habitantes experimentaban algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. A día de hoy, las personas que han presentado la solicitud de Ingreso Mínimo Vital son más de 800.000; las que están en el desempleo rondan el 20%, 7 puntos más que en 2018; y quienes se hallan en ERTE superan el millón. Como bien señaló el relator, el empobrecimiento general de la población fue resultado de una decisión política que protegió a los más adinerados. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante se incrementaron menos del 2%.

La crisis de 2008 se enjugó por parte del gran capital sobre la base de recortes y más recortes en los servicios (derechos básicos) e incremento de la precariedad para la ciudadanía, y de rebajas fiscales para los más opulentos. Dicho de otra manera, se degradó la propia condición de ciudadano/a y de persona, encogiendo la democracia y reduciendo de manera cada vez más evidente el conjunto del entramado legal a un simple instrumento para el pago de la deuda a sus tenedores (cambio artículo 135 de la constitución) y para la profundización de la represión como respuesta (leyes mordaza).


Tras una década, tales recortes y sus efectos continúan sin revertirse. Se trata de la lluvia fina que cala y que se encuentra, por ejemplo, detrás de la brutal brecha digital que separa al alumnado y que se puso de manifiesto en el cierre de los centros bajo el confinamiento. Una expresión del empobrecimiento de la sociedad, de la falta de inversión y la escasez de garantía y compromiso democrático por parte de los gobiernos de turno (autonómicos y estatales) con un derecho democrático fundamental como la educación. En estos años de pre-pandemia y austeridad se aumentaron las ratios por clase, se tomaron laboratorios y bibliotecas para dar cabida a más alumnos, se recortaron espacios comunes y se redujeron profesores y otros técnicos. Se degradó la enseñanza pública de manera muy especial. Se fragilizó el empleo hasta el extremo de que 53.000 interinos deben ser recontratados año a año; se redujo la parte del PIB que se destina a educación a un 3,75% (previamente a la anterior crisis, se situaba en un ya escaso 4 %). En definitiva: se perdieron nada menos que 9.000 millones por causa de los recortes.

Y es precisamente ahora cuando se habla de reducir ratios para garantizar mejor la seguridad y de desdoblar aulas, de contratar profesores y personal de apoyo, de incrementar los medios tecnológicos. Pero tales afirmaciones no representan mucho más que discurso. De hecho, el documento del Consejo del 27 agosto apenas trata el tema; además, no es de obligado cumplimento. O sea, da vueltas sobre un problema provocado por la austeridad neoliberal, pero se niega siquiera a señalarlo, como si por el hecho de no nombrarlo se pudiera escapar de él y sus terribles consecuencias.

Por puro sentido común, la comunidad educativa reclama una apertura del curso presencial y segura. La reclama en defensa de la igualdad social y de la propia enseñanza; exige más personal, lo que supone mucho más que la obligada recontratación anual de los 53.000 interinos; se solicita revertir lo recortado para poder empezar a hablar en serio y se exige que se destine una parte directa de los fondos que vendrán de la UE a educación.

El Consejo del 27 de agosto ha mostrado también que las autonomías han dejado para última hora el regreso a las aulas. Una vuelta dominada por esa austeridad no revertida y una cicatería de medios que continúa siendo el elemento determinante en su diseño junto a la voluntad evidente de sacudirse toda responsabilidad política. Con algo de esta lógica, rompe positivamente el acuerdo alcanzado en la Comunitat Valenciana. Allí el conjunto de la comunidad educativa y el gobierno autonómico surgido del Pacto del Botànic firmaron un acuerdo por el que dicho gobierno destinará 200 millones de euros a adecuar espacios para impartir enseñanza y a la contratación de 4.600 profesionales. Veremos en qué queda, pero, en todo caso, se trata de una línea diametralmente opuesta a la de la Comunidad de Madrid donde se espera una huelga en la enseñanza que seguirá a la organizada por las escuelas de idiomas a principios del verano. Los paros están convocados por todas las centrales sindicales en todos lo tramos educativos, menos el universitario. Las jornadas elegidas inicialmente fueron el 4, 8, 9 y 10 de septiembre. Pero posteriormente han sido aplazadas al 22 y 23 de septiembre.

Un gobierno, el de la Comunidad de Madrid dirigido por PP y C’s, que ha continuado, en plena pandemia, cerrando unidades docentes (públicas) y desviando dinero a la enseñanza privada y concertada. Frente a la amenaza de huelga y la sensación de inseguridad que transmite a la población intenta ahora sacar pecho y anunciar, a 10 días del inicio de curso, la contratación de 10.000 docentes. Vale recordar que ha sido incapaz de concretar la contratación de 1.200 rastreadores y que despide a miles de profesores interinos cada año sin que le tiemble el pulso. Pero a pesar de ello y de mantener los centros de atención primaria cerrados en varias localidades, asegura que reducirá las ratios de alumnado; eso sí, sin proveer de fondos ni de espacios a los centros de enseñanza. Algo similar ocurre en Andalucía y Galicia, comunidades todas ellas gobernadas por la derecha.

El problema no radica en que haya 17 comunidades autónomas con sus maneras diferentes de ponerse la mascarilla como señala la prensa. Lo que hay son dos modelos políticos que pugnan. Uno, que va ganando con mucha ventaja y que tiene en la llamada “colaboración publico-privada” el caldo de cultivo de la privatización que domina la descentralización administrativa autonómica del régimen del 78 bajo el neoliberalismo; y otro, el que entiende que lo público representa, como en la pandemia, la única garantía de derechos, de igualdad y verdadera protección de la mayoría de la población ante los efectos de esta triple crisis sanitaria, social y económica que padecemos. El primer camino se empantana sometido al desgobierno del interés de los más poderosos. El segundo necesita, cada vez de manera más imperiosa, un nuevo marco legal que vaya más allá del 78 y que lo sustituya por otro basado en la libre decisión de los pueblos y la igualitaria relación fraternal que marcan las repúblicas. Mientras se despeja el panorama, huelgas como la de Madrid marcan camino.

CNT-AIT convoca huelga por una vuelta segura a las aulas

Reproducimos la información que publica el sindicato CNT-AIT


Recogiendo las reivindicaciones y preocupaciones de las asambleas de docentes, en particular, y de la comunidad educativa, en general, CNT-AIT convoca huelga en la enseñanza pública madrileña no universitaria hasta que se las administraciones pongan en marcha unas garantías sanitarias que posibiliten una vuelta segura a los centros educativos.

¿Por qué se lleva a cabo esta huelga?
Porque en cuatro meses no se ha planificado adecuadamente el inicio de curso y se nos pide a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y al alumnado vulnerable de la Comunidad de Madrid que vayamos a los centros jugándonos la salud.
¿Qué piden los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza madrileña?

Cualquier trabajador o trabajadora quiere las máximas garantías para desempeñar su trabajo sin arriesgar su vida y somos quienes desempeñamos dicha labor quienes mejor sabemos qué medidas son adecuadas y cuáles son insuficientes o inaplicables/inútiles (como muchas de las acordadas estos días por el Ministerio y las Consejerías de las comunidades autónomas). Las medidas que proponemos no son un documento elaborado por CNT-AIT sino que es el trabajo llevado a cabo telemáticamente por asambleas de docentes. Suyo es el trabajo, por lo que tienen todo nuestro reconocimiento.

Descargar tabla reivindicativa

¿Cuándo comienza la huelga?
El día 10 de septiembre, pero por cuestiones burocráticas: no hemos realizado el preaviso de huelga antes porque otros sindicatos se habían comprometido a realizar dicha convocatoria, por lo que los plazos legales no nos permiten otra opción, pese a que queríamos convocar a quienes son obligadas a iniciar su labor profesional sin medidas adecuadas.

Recordamos que esta movilización está impulsada y es de los y las trabajadoras de la enseñanza y sus asambleas claramente se posicionan por no comenzar el curso hasta que no se tomen las medidas oportunas que garanticen una vuelta segura a las aulas. Nuestra postura es simplemente dar voz a las asambleas.

¿Cuándo termina la huelga?
Hemos convocado hasta el 30 de septiembre. Las asambleas han pedido huelga indefinida y si el 30 de septiembre la situación no ha mejorado es nuestra intención seguir con la huelga.

¿Es una huelga de CNT-AIT?
No, es una huelga de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza no universitaria que en asambleas se han visto obligados a convocar huelga para proteger su salud y la de su alumnado y familias ante la incapacidad de las autoridades políticas para tomar las riendas de la situación. Como organización sindical hemos dado los pasos a nuestro alcance para dar forma a la voluntad de las asambleas.

Durante el mes de agosto diversas organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CGT y STEM) han impulsado asambleas y mostrado su predisposición a convocar paros por la situación explicada. Sus posturas han variado y suponemos que el sentido común les llevará a confluir en la huelga indefinida dadas las escasas medidas prometidas y las ridículas llevadas a cabo hasta ahora por la Consejería de Educación y Juventud. De hecho, es nuestro deseo que ya que anunciaron su presentación de preaviso de huelga, lo hagan efectivo para que las trabajadoras que tienen que estar en las aulas el día 4 de septiembre no se vean obligadas a ir a trabajar en condiciones que pudieran poner en riesgo su salud.

¿Quién puede hacer huelga?
Nuestra convocatoria va dirigida al personal docente y no docente de centros educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid. No entra dentro de nuestras posibilidades legales convocar al personal de otros centros educativos como las escuelas infantiles de gestión indirecta.

Aviso importante:
Hace casi diez años la comunidad educativa se movilizó contra los fuertes recortes en la educación pública protagonizados por el gobierno de Esperanza Aguirre. Cuando las riendas de las movilizaciones contra dichos recortes quedaron en manos de las asambleas de trabajadores de centros educativos con el único respaldo de organizaciones como el Sindicato de Enseñanza e Int. Social de CNT-AIT y el Sindicato de Enseñanza de CGT, otras organizaciones sociales y sindicales se lanzaron a un descarado boicot lanzando todo tipo de mentiras a través de sus medios: que nadie había convocado huelga, que sólo determinados sindicatos pueden convocar huelga, etc.

Esperamos que la situación no se repita y podamos ejercer nuestro derecho a la huelga e informar de ello sin trabas a todas las trabajadoras con el objetivo de defender nuestra salud. Esa es la voluntad de las asambleas.

La vuelta a los centros educativos promete ser un despropósito de dimensiones históricas. Trabajador, trabajadora: convoca asambleas (con las medidas de seguridad sanitaria adecuadas) en tu centro para defender una vuelta segura a las aulas.

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Vicent Marzà: "La Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes; nosotros, sí" (Adolf Beltrán para ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta entrevista al Conseller de Educación del Gobierno valenciano publicada en ELDIARIO.ES




El confinamiento que mantuvo a los alumnos en casa por la pandemia de la COVID-19 a partir del mes de marzo llevó a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana a activar un conjunto de plataformas on line organizadas según niveles educativos y a repartir 14.000 tabletas con conexión a internet para estudiantes sin recursos.


Aquella apuesta de primavera para paliar el cierre escolar con medios telemáticos que permitieran el acceso a la docencia se mantuvo hasta final de curso, pero no fue obstáculo para que a finales de julio el departamento que dirige Vicent Marzà tuviera ya cerrado, con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, los representantes del profesorado, los directores de centros, las asociaciones de padres y madres y los representantes de los colegios concertados, un plan de inicio del curso 2020-2021 que apuesta por la vuelta a las aulas y la máxima presencialidad.

Tras unas semanas de ruido mediático y político sobre la organización de este curso tan atípico, el Gobierno de España y las comunidades autónomas han acordado esta semana unas reglas de la vuelta al colegio que van en ese mismo sentido. Marzà, un joven político de Compromís (tiene 37 años) que procede del mundo de la enseñanza, está convencido de que la polémica sobre la vuelta a clase se ha alimentado porque, a diferencia de la Generalitat Valenciana, algunos gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid no habían hecho los deberes.

Da la impresión de que la mayoría de las medidas acordadas por el Ministerio y las autonomías ya estaban previstas y pactadas hace un mes en la Comunidad Valenciana…

Sí. Presentamos el protocolo a finales de julio y lo acordamos con los sindicatos de la mesa de la educación pública y todos los sindicatos y las patronales de la enseñanza concertada. Trabajamos en una organización de los centros educativos que pudiera dar respuesta a todos los escenarios posibles de la pandemia, una organización que ya preveía lo que esta semana hemos podido concretar con el Ministerio y el resto de comunidades.

Partimos de una reducción de ratios, es decir, de organizar los cursos con menos alumnos por aula, lo que implica contratar a más profesores. Y no en un futuro. Están ya contratados. La primera semana de agosto contratamos a todo el profesorado extraordinario, que son casi 5.000 maestros y profesores más, para atender a esa diversidad de grupos. Hemos ejecutado una movilización de 207 millones de euros más que, aparte de la contratación del profesorado, financian la contratación de 3.000 monitores de comedor, porque los comedores han de ser espacios seguros, así como una apuesta por la digitalización. En caso de que haya que aislar algunas aulas porque se detecte un contagio, y eso es algo que pasará, los alumnos tienen que poder hacer telemáticamente los horarios que harían en clase.

Podemos hablar de tres niveles en los planes para organizar el inicio de curso: las medidas sanitarias, los refuerzos en recursos y profesorado y la forma de trasladar los dos aspectos anteriores a los centros. ¿Cómo lo han previsto ustedes?

Lo primero es que las aulas sean espacios seguros y saludables. Por tanto, seguimos todos los criterios que han marcado los expertos de salud pública para que los centros educativos sean más seguros que otros espacios de socialización de los niños y niñas en los que han estado a lo largo del verano.

La segunda cuestión es la organización pedagógica para que, en base a esos criterios, la educación siga siendo un motor de equidad y de cohesión, que no volvamos a tener una situación como la del confinamiento, en la que los niños y niñas con más dificultades en casa se quedaron atrás. Han de tener acceso a una educación que les ayude a tener las mismas oportunidades, una educación de calidad. Entre esas medidas pedagógicas encajan la contratación de más profesorado, la atención más individualizada o iniciativas concretas, como hemos previsto en la Secundaria, de estudio por ámbitos, con menos asignaturas, para que puedan estudiar de una forma más adaptada a la realidad. Es decir, que el profesor sea referente y pueda estar más tiempo con el alumnado para acompañarlo. Hemos previsto también formas de acompañar psicológica y emocionalmente a los alumnos, algo importantísimo.

Y la tercera parte es que cada centro tiene que adaptar las indicaciones generales a su situación. Hemos creado unos marcos generales y hemos ido centro por centro escuchando cuáles eran sus necesidades. Esa ha sido la gran tarea que hemos estado haciendo. Cada centro nos ha explicado sus necesidades en función de su realidad. Los hay más grandes, más pequeños, con población escolar de unas tipologías o de otras. Cada centro nos ha planteado sus necesidades y hemos respondido de acuerdo con su especificidad. Por eso, hemos estado reuniéndonos con directores de centros y escuchando a la comunidad educativa.


Sobre las especificidades de los centros, le oí el otro día en una conferencia de prensa poner el ejemplo de que hay colegios que tienen una puerta y otros que tienen dos o tres accesos. ¿Eso tiene importancia a la hora de planificar horarios de entrada y salida?

Implica que la incorporación a las aulas sea escalonada. A partir del día 7 de septiembre, durante la primera semana cada centro determinará de forma progresiva cómo hace la llamada a sus alumnos para que vayan aprendiendo las nuevas medidas de higiene y protección. Por tanto, será un retorno progresivo que servirá para hacer pedagogía con los alumnos y que puedan practicar las medidas en su día a día. Cada centro ha determinado en su plan de contingencia, que hemos acompañado con los recursos necesarios, cómo serán las entradas y las salidas, los movimientos en las instalaciones, las bajadas al patio… Es diferente en cada centro porque depende de la tipología de los edificios y la cantidad de alumnos.

¿Qué elementos son los más destacables de todo ese protocolo? ¿La reducción de ratios a 20 alumnos por aula?

En infantil y primaria habrá un máximo de 20 alumnos por aula. Son ratios inferiores a las que teníamos hasta ahora. Eso ha servido para crear más de 3.000 grupos nuevos más allá de los que teníamos. Se han desdoblado muchos grupos y por eso hemos contratado a esos cerca de 5.000 nuevos maestros. En las etapas más altas de Primaria, quinto y sexto, y en toda la ESO y el Bachillerato la distancia entre mesa y mesa, entre niño y niña, es de un metro y medio. Eso obliga a utilizar nuevos espacios en los centros y parte de la idea de que mantengan la distancia de seguridad los que ya pueden hacerlo. En el caso de los más pequeños de infantil y primaria, como no puede ser, hemos creado grupos estables de convivencia para que exista toda la trazabilidad y la seguridad con la finalidad de que, en el caso de un positivo, los servicios de salud pública puedan hacer una detección inmediata y acotar el brote sin que se impida que el resto de grupos puedan continuar con su funcionamiento.

Se ha generado una gran preocupación, incluso una cierta histeria, sobre la vuelta al cole. ¿A qué lo atribuye?

Hay un doble factor. Uno es natural, la incertidumbre. Vivimos una situación en la que no hay certidumbres absolutas y tenemos que adaptarnos al cambio. Es una sensación que ha venido para quedarse y hemos de aprender a gestionar la necesidad de la población de ir generando certidumbres en el día a día y que, aunque los escenarios puedan ser cambiantes, estén previstos. Es lo que hemos hecho desde la conselleria. Pero, sobre todo, hay un segundo factor. En el ámbito informativo lo que marca es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes. Nosotros sí. Es evidente que no tiene al profesorado contratado, no ha reducido las ratios de forma efectiva, hasta ahora no había utilizado recursos para invertir en la educación pública… Hay un modelo detrás de destrucción de lo público. Ha marcado mucho la agenda el hecho de que no se ha hecho el trabajo en comunidades con gobiernos de derechas que, como el de Madrid, marcan mediáticamente el pensamiento colectivo. Nosotros hemos hecho los deberes. Lo tenemos todo preparado. Eso no quiere decir que no encontremos dificultades, que no surjan dudas o incertidumbres. Las habrá. Pero hemos invertido para que la educación sea una parte de la solución y una forma de estar más seguros y tener más equidad como sociedad.

En el confinamiento, se envió a los niños a casa y se aplicaron medios telemáticos, pero son muchas las instancias desde las que se plantea que volver a las aulas es prioritario. ¿Cuál es el argumento de fondo para defender la presencialidad?

Es una cuestión global. Nosotros lo dijimos en aquel momento. La presencialidad es imposible de sustituir pedagógicamente por la telemática. Las interacciones que se producen en los centros educativos entre el propio alumnado, la socialización entre alumnos y profesores de forma mucho más directa, son mucho más significativas desde el punto de vista pedagógico y también desde el punto de vista social. Los niños y las niñas de todo tipo y condición necesitan esa interacción entre personas que impide de forma total la vía telemática. La no presencialidad lo que hace es reproducir las desigualdades, reproducir las condiciones de privilegio y de desigualdad entre alumnos que en su casa no tienen un contexto socioeconómico para poder salir adelante y aquellos que sí lo tienen. Por tanto, destruye la función de ascensor social, de cohesión, que ha de desarrollar un sistema público como el educativo. La presencialidad es clave.

Además, hay cuestiones que hemos detectado. Hemos notado que hay alumnos que tenían dificultad para el desarrollo, en el habla, problemas emocionales que se han disparado con el confinamiento, niños y niñas que tienen miedos que no tenían y les cuesta expresarse, que presentan dificultades para interactuar. Desgraciadamente, se han dado muchos pasos atrás con el confinamiento y necesitamos que los niños y niñas vayan al centro educativo para hacer efectivo su derecho a la educación. La telemática puede suplir un tiempo, puede ser una solución para complementar los aprendizajes, pero no es una solución para el motor clave de igualdad y cohesión que ha de ser la educación.El conseller Vicent Marzà durante la entrevista. JESÚS CÍSCAR

En otros países ya ha empezado el curso. ¿Han analizado esas experiencias?

Sí, estamos en contacto con diferentes responsables de educación por todo el mundo. Lo que nos gusta es ver que la apuesta por la presencialidad ha funcionado. La inmensa mayoría de estudios que nos han hecho llegar desde Salud Pública indica que el índice de prevalencia de contagios en los centros educativos es muy menor respecto a otros espacios de socialización. Los niños y niñas no experimentan grandes índices de contagio siempre y cuando mantengan las medidas de protección. Eso es importantísimo. Medidas de protección siempre. Así es como podremos mantener la presencialidad. Y hacer mucha pedagogía con las familias. En ese sentido estamos trabajando con Salud Pública para que ese contacto estrecho que hemos coordinado entre las direcciones de los centros y las direcciones de Salud Pública se traslade también a una formación del profesorado y de las familias para la detección de la sintomatología y que se actúe para hacer frente a la pandemia.

Ya nos hemos acostumbrado a la crítica permanente, pero desde ciertos ámbitos se ha acusado al Gobierno de España de no haber actuado bien, de haberse relajado o desentendido de la vuelta al colegio. ¿Qué le parece?

Mi opinión es que los competentes en la organización de la educación y del inicio de curso somos las diferentes comunidades y los diferentes gobiernos autónomos. Algunos hemos hecho el trabajo y hemos demostrado que es posible hacer frente a esta situación. Hemos aprovechado los recursos que ha movilizado el Ministerio, que son 2.000 millones de euros para afrontrar esta situación extraordinaria. Lo hemos hecho. Hemos cumplido con nuestra tarea. Además, con el Ministerio de Educación hemos tenido una buena coordinación para aprender entre todos de lo que estamos haciendo. No son las mismas las necesidades de una escuela y otra, ni de unos territorios y otros. Creo que los que hemos ejercido la competencia, apostando claramente por la educación pública que ayude al conjunto de la ciudadanía, hemos cumplido con nuestro deber. Hay otros que no han querido hacerlo para utilizarlo políticamente con la intención de desgastar al Gobierno.

¿Respecto a su plan inicial, la única novedad que se ha incorporado es la obligatoriedad de la mascarilla para alumnos a partir de seis años?

Respecto a lo que teníamos planteado ya en julio, la novedad es el uso de la mascarilla a partir de seis años debido a la actual situación epidemiológica, que no es la misma que entonces. Han aumentado los contagios como consecuencia de la mayor movilidad e interacción social. Por eso desde el Ministerio de Sanidad se ha planteado el uso de la mascarilla por los niños y niñas a partir de seis años. Se reafirma lo que habíamos previsto de la necesidad de ventilación en las aulas o de intensificar las medidas de higiene personal. Hemos comprado 85.000 litros de gel hidroalcohólico que ya están en los centros educativos y tres millones de mascarillas, que también están ya en los centros, por si a algún alumno o profesor se le rompe o no la trae de casa. Tendrán mascarillas en los centros educativos. Además, hemos adquirido 30.000 tabletas para repartir cuando sea necesario aislar aulas o centros. Así, que los alumnos que no tienen en casa capacidad para tenerlo, dispongan de ese material y no se queden atrás.

¿Cómo ve el asunto de la conciliación, la reivindicación de un permiso retribuido para que padres y madres atiendan a los niños que tengan que quedarse en casa?

Es necesario que se arbitren medidas de conciliación que en la situación actual son más necesarias. Nos encontramos ante esa situación y no puede producirse la disyuntiva de los padres y madres entre continuar trabajando o atender a sus hijos o hijas cuando resulta obligado. Las escuelas harán una función social importantísima, que es abrir. Necesitamos que el mundo laboral y las empresas den respuesta a una necesidad de los trabajadores y trabajadoras. Hace falta una normativa específica.

En resumen, ¿cómo vaticina que será este curso?

Será el inicio de curso más complicado de las últimas décadas. Habrá momentos de tensión, de incertidumbre y de dudas. Pero aquí, en el País Valenciano, habremos puesto todos los medios para que las aulas sean espacios seguros, más seguros que otros en los que los niños y niñas socializan fuera de las aulas. Coincido plenamente en la voluntad de la máxima presencialidad posible para que nuestros niños y niñas sigan avanzando. Será lo mejor que podamos ofrecer al conjunto de la comunidad educativa, como servicio público, para superar la pandemia y que ningún alumno pierda oportunidades. Tendremos que hacerlo mediante el diálogo con la comunidad educativa, como no puede ser de otra manera, y colectivamente, agradeciendo el esfuerzo ingente de todo el profesorado. Ha sido espectacular el trabajo, en pleno mes de agosto, de los equipos directivos, que se han dejado la piel, del conjunto del profesorado, de las familias, de las organizaciones sindicales. Tenemos que trabajar juntos para salir adelante.

Conclusiones de la asamblea de Marea Verde del 27-8-2020

CONCLUSIONES ASAMBLEA 27-8-2020
MAREA VERDE MADRID
Celebrada asamblea telemática con la siguiente propuesta de orden del día:
 1. Situación de la vuelta a las aulas.                                                     
2. Valoración de las medidas de la Consejería.                                                
3. Organización de la manifestación 5-S.                                                   
4. Huelga.                                                                                                            
5. Varios
Se propone moderación, toma de palabras y gestión de la plataforma que acoge la asamblea y se acepta sin que nadie más se proponga.
Se decide retrasar el inicio de la asamblea unos minutos dada la coincidencia con otras convocatorias.
Se propone un cambio en la propuesta de orden del día que es aceptado, quedando finalmente de la siguiente manera:
1.   Situación de la vuelta a las aulas y valoración de las medidas de la Consejería.                                                
2.    Organización de la manifestación 5-S.  
                                         
3.    Huelga.              
                                                                                             
4.    Varios
Dado el éxito de la convocatoria, con la sala llena debido a su capacidad de 100 personas y con muchísima gente que no puede entrar, a lo que se suman los problemas de conexión de la plataforma Jitsi. A pesar de haber adquirido una licencia Zoom (que mejora la calidad del desarrollo virtual de la asamblea pero que tiene el mismo problema de capacidad), se decide no migrar a Zoom en ese momento. C.M. se compromete a comprar una licencia Zoom con mayor capacidad de personas para próximas asambleas, cosa que ya se ha realizado.
Se acuerda también enviar correo de disculpa y publicarlo en el blog de Marea Verde Madrid, con el siguiente texto:
 Nota de la Comisión única Marea Verde:
Pedimos disculpas a tod@s l@s que no pudisteis conectaros a la Asamblea de Marea Verde del 27 de agosto.
Ya hemos encontrado una solución en otra plataforma para que nadie quede fuera por problemas de aforo.
Se inicia la asamblea con el primer punto del orden del día que se desarrolla con una serie de intervenciones diagnosticando la ineficacia de las medidas desarrolladas tanto por el Ministerio de Educación como por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Se hacen patentes las carencias como la falta de soluciones a nuestra apuesta de una educación presencial. Y que es necesaria la movilización de todos los sectores de la comunidad educativa.
Tras el debate, se proponen las siguientes acciones:
Propuesta de realizar una asamblea posterior a la manifestación del 5 de septiembre y al inicio del curso en las diferentes etapas que corresponden. Al final de la asamblea se acuerda, tras votación, que esta se celebre de manera virtual el 10 de septiembre a las 18 horas.        
Propuestas de realizar un comunicado, y su correspondiente nota de prensa, con la valoración de la asamblea celebrada y en el que se pongan en evidencia las actuaciones del Ministerio y de la Consejería.
Se propone y acepta que el comunicado incluya una mención especial a las etapas de Educación Infantil con el siguiente texto:
“En las medidas adoptadas por el Gobierno Regional no se han especificado medidas concretas para la etapa de Educación Infantil, para los diferentes tipos de atención a la diversidad (apoyos fuera de aula, intervención de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Centros de Educación Especial y Aulas de Educación Especial, Aulas TEA...), así como de otros especialistas y colectivos vulnerables (tanto alumnado, como trabajadoras y trabajadores de la enseñanza). Por tanto, es inviable poder realizar una vuelta a las aulas que garantice la seguridad VITAL y educativa de alumnado, profesorado; y por ende, de las familias y de la sociedad en su conjunto.”
Asimismo, el profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, los Equipos de Orientación y otros profesionales habitualmente comparten 2 o más centros, con lo que los grupos burbuja dejan de ser tales y el riesgo de contagio, muy elevado.
También se propone seguir el ejemplo de los docentes de Murcia y demandar a la Consejería por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Este punto no queda consensuado y se decide retomarlo en la siguiente asamblea.
Al finalizar este punto se invita a las personas de Marea Verde Madrid a intervenir en la Asamblea de Docentes convocada para el 31 de agosto a las17 h.
Se pasa al siguiente punto del orden del día. Dado que en el anterior punto había habido intervenciones que se solapaban con los puntos posteriores, se recogen dichas intervenciones por asignación temática.
Respecto de la organización de la Manifestación del 5S, y teniendo en cuenta que hubo intervenciones que manifestaban sus reticencias a que se mantuviera la convocatoria de la manifestación, se acuerda seguir adelante, teniendo en cuenta que si la situación sanitaria empeora, Delegación de Gobierno no la autorizará.
Desde la comisión que está organizando la manifestación se informa de los pasos ya dados. Se hace hincapié en la elaboración de un protocolo de manifestación con el objetivo de garantizar una movilización con las máximas garantías sanitarias.
También se propone abrir un canal de voluntarios de servicio de orden y garantizar la participación en ese servicio de numerosas personas. Se acuerda enviar correo a todas las personas y organizaciones que participan en Marea Verde Madrid para que se sumen a este servicio.
El Sindicato de Estudiantes propone realizar una acción el día 10 de septiembre en la Puerta del Sol. Se hacen propuestas alternativas de descentralización en las DAT o en Ayuntamientos. Al no llegar a un consenso, finalmente los proponentes retiran la propuesta.
El siguiente punto que se refiere a la huelga había sido tratado en el punto 1.
Se acuerda
1. Apoyar las siguientes convocatorias:
  • La huelga convocada por la Intersindical, con las siguientes aportaciones que se recogerán en el Comunicado: parece insuficiente, debería planificarse en conjunción con todos los sectores de la comunidad educativa en aras de la unidad de acción que tod@s deseamos y que no se debe perder el horizonte de una huelga indefinida.
2. La elaboración de un manifiesto, no demasiado extenso, para el final de la manifestación del 5 de septiembre. Se acuerda que sea leído por tres representantes de docentes, alumnado y familias.
Se acuerda también que las pancartas de Marea Verde acompañen a la pancarta de cabecera y que en esa cabecera estén representantes de toda la comunidad educativa.
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    domingo, 30 de agosto de 2020

    Entrevista a Miguel Guerrero de Marea Verde Madrid ante la vuelta a las clases (cuatrocerocuatro.org)

    Reproducimos la entrevista a nuestro compañero de Marea Verde Madrid Miguel Guerrero, publicada en cuatrocerocuatro.org el 30 de agosto de 2020.
    Esta semana comienza la vuelta al colegio en varias Comunidades Autónomas, un inicio del curso escolar lleno de incertidumbres ante la situación derivada por la crisis sanitaria del Covid19. Los gobiernos regionales y estatal han acordado el pasado jueves medidas para hacer frente a esta situación.
    En el caso de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una vuelta escalonada a las aulas, de carácter presencial en Infantil, Primaria, 1º y 2º de la ESO y Educación Especial, y semipresencial en el resto de las etapas educativas, así como la contratación de 11.000 profesionales, entre otras medidas.
    Unos días antes de anunciarse los protocolos, colectivos, sindicatos y organizaciones educativas, estudiantiles y familiares madrileñas anunciaron diferentes acciones para exigir al Gobierno de Ayuso un vuelta segura a las clases, entre ellas varias huelgas de docentes que culminarán en una conjunta el 10 de septiembre.
    Hemos hablado con Miguel Guerrero, de Marea Verde Madrid, que nos ha contado la valoración del colectivo ante los protocolos propuestos por los diferentes gobiernos, y en concreto el de la Comunidad de Madrid, haciendo hincapié no sólo en la situación que afrontan docentes, trabajadorxs de centros educativos y alumnado, sino también en la perspectiva de las familias.
    Además, nos ha explicado líneas rojas y propuestas que consideran claves para una vuelta a las aulas segura, entre ellas la presencialidad 100% con garantías de seguridad para trabajadorxs, alumnxs y familias, reducción de ratios profesor-alumnos, aumento de la plantilla de personal docente y del número de técnicos educativos, mayor contratación de personal de administración y de limpieza, y contratación de diplomadxs universitarixs de enfermería. Las medidas deben ir acompañadas por un Plan de Rescate de la Educación Pública a nivel estatal, como han anunciado en el comunicado hecho público el pasado 24 de agosto.
    Respecto a la convocatoria de manifestación que ha impulsado Marea Verde de Madrid para el próximo 5 de septiembre, Miguel Guerrero hace un llamamiento “a la unidad” y a que las reivindicaciones de cada sector de la comunidad educativa con respecto a la educación pública “las tenemos que hacer colectivas”.
    “No solamente es una huelga de profesores, de alumnos y alumnas, sino que es una huelga de toda la Comunidad educativa, y hay que animar a las familias a que participen activamente en ese proceso de concatenación de huelgas”, añade Guerrero.
    Más información en el Blog de Marea Verde Madrid.

    #404 Comunicación Popular

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    Resolución por la que se modifican las Instrucciones de 9-7-2020 en el curso 2020-2021 (28-8-2020)

    Esta es la Resolución que modifica las Instrucciones de 9 de julio de 2020 de inicio de curso enviada a las direcciones de los centros educativos el 28 de agosto de 2020 para el inicio de curso 2020-21:

    Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se modifican las Instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre Medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 (28-8-2020)