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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de Convivencia Universitaria, una nueva norma para dotar, únicamente a las universidades públicas, de un marco común para la resolución de conflictos y el procedimiento disciplinario ante diversas faltas, desde las más graves como el acoso sexual, las novatadas o el plagio de los trabajos finales o tesis, a las leves como copiar en un examen o colarse en una instalación universitaria sin autorización.
El Defensor del Pueblo ya había abordado en los años 1990, 2008 y 2012, la necesidad de abordar la derogación de una norma promulgada durante la dictadura franquista que permanece vigente desde 1954: el Reglamento de Disciplina Académica. Aquella ley ponía el foco en la sanción de las faltas, mientras que esta lo hace en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales de todas las personas que integran la comunidad universitaria; aunque en lo que concierne al régimen sancionador, solo es de aplicación al estudiantado, ya que para el personal docente ya se había regulado.
Como novedad, la principal herramienta que introduce es la de la mediación. Se puede activar el mecanismo de mediación de manera previa al régimen disciplinario y siempre de manera voluntaria. Con él se pretende que entre las partes afectadas puedan llegar a un acuerdo y una solución del conflicto. El órgano que canalice y promueva la mediación será una nueva entidad específica denominada Comisión de Convivencia. Cada universidad deberá establecer una, formada de manera paritaria por estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración. También forma parte de esta herramienta el procedimiento de mediación, como opción a la que pueden acogerse las personas involucradas en un procedimiento disciplinario, y la Comisión de Convivencia decidirá si el expediente relativo a la falta que se haya producido pasará de tratarse como un procedimiento sancionador a uno de mediación.
La mediación es una alternativa al régimen sancionador de diálogo y encuentro para todo tipo de faltas salvo para tres casos: cuando las partes no quieran, cuando se trate de faltas relacionadas con la violencia de género o para expedientes que afecten al patrimonio de las universidades.
Una nueva tipificación para las faltas y sanciones
Todas las faltas que no se resuelva con mediación, se encaminarán por el régimen disciplinario, cuya potestad la ostenta la persona titular del Rectorado o, en el caso de las faltas leves, el vicerrector o vicerrectora. La ley clasifica las faltas en muy graves, graves y leves. Dentro del capítulo de muy graves se consideran las novatadas, el acoso o la violencia, el acoso sexual, la discriminación de todo tipo, los daños al patrimonio universitario, el plagio o fraude de un TFG, TFM o Tesis Doctoral, incumplir las normas de salud pública, impedir el desarrollo de los procesos electorales universitarios y haber sido condenado por la comisión de un delito que afecte a un bien jurídico distinto pero relativo a la misma universidad. Solo se podrán expedientar las novatadas que se produzcan en los centros de enseñanza pero no en otras instalaciones como los colegios mayores. Fuentes del Ministerio de Universidades explican que, para cubrir esos huecos, esta ley sirva de "inspiración" para que otros centros, así como las universidades privadas, desarrollen sus propias leyes de convivencia con esta como ejemplo.
Por otro lado, impedir que se celebre una clase o cualquier otra actividad universitaria será considerada una falta grave. Al respecto de si la actuación de piquetes informativos en huelgas, protestas universitarias que impidan una conferencia y actividades similares, fuentes ministeriales alegan que "tendrá que verse caso por caso". No se ha tipificado ese tipo de falta en concreto por lo que según los hechos que hayan sucedido: si hay violencia, si se impide una actividad de docencia, investigación o transferencia de conocimiento, etc.
Las sanciones para las faltas graves y muy graves puede ser una expulsión (de dos meses a tres años) o una pérdida de derechos de matrícula parcial durante el curso académico. Las sanciones se restringen a la propia universidad en la que se haya cometido la falta. Para las faltas leves, la sanción será una amonestación privada. Para las faltas leves y graves se podrá proponer una medida sustitutiva de carácter educativo o recuperador.
Las universidades tendrán un año de plazo
La ley sienta las bases para el desarrollo autonómico y de las propias universidades. Estas tienen un año como máximo, a partir de la aprobación de la ley en las cortes, para desarrollar sus propias leyes de convivencia. Las universidades están obligadas a que sus normativas incluyan enfoque de género, el respeto y la protección de las personas afectadas en los procedimientos, la confidencialidad del contenido de las denuncias, ser diligentes y rápidos, garantizar la imparcialidad y prevenir cualquier clase de represalias contra las personas que efectúen las denuncias sobre violencia y/o acoso sexual, de género o cualquier otra circunstancia.
El Ministerio espera que la ley llegue a las cortes para finales de verano.
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
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martes, 1 de junio de 2021
martes, 19 de mayo de 2020
El Gobierno calcula que duplicará el número de becas universitarias al rebajar los requisitos académicos y económicos (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
El Gobierno pretende duplicar el número de estudiantes con beca completa en la universidad con la reforma estructural del sistema de ayudas que ha presentado este martes. Las principales novedades que plantean los Ministerios de Educación y Universidades pasan por eliminar los requisitos académicos para acceder a las becas y la subida de los umbrales mínimos de renta familiar que había establecido Wert, según la nota que han distribuido ambos ministerios.
Estas medidas, junto a otras de menor impacto, pretenden elevar el número de personas que reciben la beca completa, que según el Ejecutivo pasará de los 89.376 beneficiarios actuales a 175.945. Esta ayuda consiste en el pago de la matrícula más una cuantía fija de 1.600 euros anuales (y otros 1.500 euros para los estudiantes que estudien fuera de su lugar de residencia). La idea del Gobierno es que el cambio entre en vigor ya el próximo año. Fuentes del Ministerio de Universidades explican que la reforma está ya negociada presupuestariamente.
Ocho años después de la reforma que realizó el exministro de Educación José Ignacio Wert, el Gobierno va a deshacer los cambios básicos que introdujo el popular. La reforma introdujo elementos a la hora de distribuir becas que bien dejaron a miles de estudiantes fuera, bien les quitaron la beca aún cuando la habían conseguido.
Así, el cambio de sistema que ahora presentan los ministerios eleva el umbral de renta para acceder a una ayuda completa. El sistema contempla tres umbrales bajo el que deben estar las familias, que dan acceso a distintas ayudas. Solo el umbral 1, el más bajo, da acceso a una beca completa, que incluye el pago de matrícula, una cuantía fija y otra variable.
Hasta ahora, los umbrales estaban predeterminados en cuantías fijas, que varían según el número de miembros de la familia. En este cuadro están todos, pero a modo de ejemplo: una familia de cuatro miembros tenía que ingresar menos de 13.909 euros al año en total para estar dentro del umbral 1 y tener derecho a la beca completa. Llevaban sin actualizarse, además, desde que se establecieron hace 10 años.
Cuando se aprueben estos cambios el umbral 1 se equipara al umbral de la pobreza, dato que determina el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que corresponde al 60% de la mediana de los ingresos. Esa cifra, en 2018, era de 18.628,9 euros para la misma familia de cuatro miembros. La subida es del 34% y, según el Ministerio de Universidades, permitirá a 71.155 personas más acceder a las becas.
La segunda medida de más impacto en la reforma pasa por eliminar parte de los requisitos académicos que actualmente tiene el sistema para acceder primero a una beca y para mantenerla durante el tránsito universitario. Con el modelo actual, un estudiante necesitaba tener un 6,5 de nota media para acceder a una beca completa en 1º de un grado. En los cursos sucesivos, era imprescindible aprobar entre el 85% y el 100% de los créditos matriculados para mantener la beca íntegra.
Los propios rectores de las universidades españolas calcularon que 55.000 estudiantes se quedaron fuera de las becas por ese 6,5 exigido y los estudiantes llevan años denunciando que miles de ellos tienen que devolver la ayuda a posteriori por no alcanzar los requisitos exigidos independientemente de su situación personal (que además tuvieran que trabajar, por ejemplo).
La propuesta de los ministerios elimina el 6,5 de acceso, lo que conlleva que la admisión inicial de la beca solo dependerá de la renta. Para mantenerla en cursos sucesivos sí será necesario ir aprobando asignaturas, pero se rebaja la exigencia a un 65% de los créditos. Calcula el Ejecutivo que 54.853 becarios se beneficiarán de estos cambios.
Por último, la reforma también contempla elevar la cuantía que se reparte con las becas en 100 euros, pasando de 1.600 a 1.700 euros anuales (aparte del pago de la matrícula) la ayuda directa que recibe el estudiante con derecho a una ayuda dentro del umbral 1.
- El umbral 1 de renta, que da acceso a la becas completas, sube un 33% y dará cabida a 71.000 estudiantes más, según cuentas del Ejecutivo, que elevará la partida presupuestaria para grados y másteres un 22%; un 5 bastará para obtener una ayuda
El Gobierno pretende duplicar el número de estudiantes con beca completa en la universidad con la reforma estructural del sistema de ayudas que ha presentado este martes. Las principales novedades que plantean los Ministerios de Educación y Universidades pasan por eliminar los requisitos académicos para acceder a las becas y la subida de los umbrales mínimos de renta familiar que había establecido Wert, según la nota que han distribuido ambos ministerios.
Estas medidas, junto a otras de menor impacto, pretenden elevar el número de personas que reciben la beca completa, que según el Ejecutivo pasará de los 89.376 beneficiarios actuales a 175.945. Esta ayuda consiste en el pago de la matrícula más una cuantía fija de 1.600 euros anuales (y otros 1.500 euros para los estudiantes que estudien fuera de su lugar de residencia). La idea del Gobierno es que el cambio entre en vigor ya el próximo año. Fuentes del Ministerio de Universidades explican que la reforma está ya negociada presupuestariamente.
Ocho años después de la reforma que realizó el exministro de Educación José Ignacio Wert, el Gobierno va a deshacer los cambios básicos que introdujo el popular. La reforma introdujo elementos a la hora de distribuir becas que bien dejaron a miles de estudiantes fuera, bien les quitaron la beca aún cuando la habían conseguido.
Umbrales de renta y cuantía de las becas
| Miembros de la unidad familiar | Umbral 1 | Umbral 2 | Umbral 3 |
|---|---|---|---|
Así, el cambio de sistema que ahora presentan los ministerios eleva el umbral de renta para acceder a una ayuda completa. El sistema contempla tres umbrales bajo el que deben estar las familias, que dan acceso a distintas ayudas. Solo el umbral 1, el más bajo, da acceso a una beca completa, que incluye el pago de matrícula, una cuantía fija y otra variable.
Hasta ahora, los umbrales estaban predeterminados en cuantías fijas, que varían según el número de miembros de la familia. En este cuadro están todos, pero a modo de ejemplo: una familia de cuatro miembros tenía que ingresar menos de 13.909 euros al año en total para estar dentro del umbral 1 y tener derecho a la beca completa. Llevaban sin actualizarse, además, desde que se establecieron hace 10 años.
Cuando se aprueben estos cambios el umbral 1 se equipara al umbral de la pobreza, dato que determina el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que corresponde al 60% de la mediana de los ingresos. Esa cifra, en 2018, era de 18.628,9 euros para la misma familia de cuatro miembros. La subida es del 34% y, según el Ministerio de Universidades, permitirá a 71.155 personas más acceder a las becas.
La segunda medida de más impacto en la reforma pasa por eliminar parte de los requisitos académicos que actualmente tiene el sistema para acceder primero a una beca y para mantenerla durante el tránsito universitario. Con el modelo actual, un estudiante necesitaba tener un 6,5 de nota media para acceder a una beca completa en 1º de un grado. En los cursos sucesivos, era imprescindible aprobar entre el 85% y el 100% de los créditos matriculados para mantener la beca íntegra.
Los propios rectores de las universidades españolas calcularon que 55.000 estudiantes se quedaron fuera de las becas por ese 6,5 exigido y los estudiantes llevan años denunciando que miles de ellos tienen que devolver la ayuda a posteriori por no alcanzar los requisitos exigidos independientemente de su situación personal (que además tuvieran que trabajar, por ejemplo).
La propuesta de los ministerios elimina el 6,5 de acceso, lo que conlleva que la admisión inicial de la beca solo dependerá de la renta. Para mantenerla en cursos sucesivos sí será necesario ir aprobando asignaturas, pero se rebaja la exigencia a un 65% de los créditos. Calcula el Ejecutivo que 54.853 becarios se beneficiarán de estos cambios.
Por último, la reforma también contempla elevar la cuantía que se reparte con las becas en 100 euros, pasando de 1.600 a 1.700 euros anuales (aparte del pago de la matrícula) la ayuda directa que recibe el estudiante con derecho a una ayuda dentro del umbral 1.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Aportaciones al anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación (Asamblea Marea Verde, La Ilustración x la Educación Pública, Centros Públicos, FRAVM,...)
Ante la oportunidad que desde el
Ministerio de Educación se ofrece con esta consulta pública para modificar la
LOMCE, entendiendo con cierta decepción que no se pretende derogar dicha Ley,
tal y como se reclama desde numerosos colectivos que defendemos la Educación
Pública y conforme al propio dictamen del Congreso de los Diputados que en 2016
aprobó suspender dicha normativa, los colectivos de la Comunidad de Madrid aquí
firmantes hemos acordado enviar este documento en el que ponemos el acento en
diversas cuestiones que, al amparo de dicha Ley,
determinadas Comunidades Autónomas, especialmente la de Madrid, han
desarrollado de manera particular con el objetivo
de desmantelar la Educación Pública de tod@s y para tod@s, convirtiendo el
Derecho a la Educación en una mercancía sujeta al funcionamiento del mercado.
Denunciamos así actuaciones que en el marco de la LOMCE han supuesto una tara
para el buen funcionamiento de la Educación Pública a todos los niveles, debido
a una verdadera intencionalidad política, amparada en los recortes y en
beneficio de otro modelo de escuela en la que prima la lógica del beneficio y
el funcionamiento empresarial por encima de valores como la calidad y la
equidad.
Queremos insistir en que consideramos la
LOMCE un verdadero problema que va en la dirección contraria a lo que el resto
de países de nuestro entorno
desarrollan respecto a sus modelos educativos. La Educación Privada-Concertada
es una singularidad que no se da de manera mayoritaria en ningún lugar del
mundo salvo en España. Por ello, entendemos e insistimos en su derogación.
Pero, mientras tanto, aprovecharemos esta consulta como paso intermedio hacia
una nueva Ley de Educación.
Por ello solicitamos que:
● Se garantice la oferta de plazas públicas, de titularidad y gestión
pública, suficientes para cubrir la demanda demográfica de un entorno, teniendo
en cuenta que las ratios son un máximo, no una condición de calidad. Para ello
es necesario eliminar el concepto de la "demanda social" recogido en
la LOMCE que favorece a la privada-concertada y
da cobertura a una planificación de centros donde prima la lógica de
optimización del gasto por encima del Derecho a la Educación, garantizado para
todas y todos por diversos convenios internacionales firmados por el Reino de
España y como lo ampara el artículo 27 de la Constitución.
● En función de dicha demanda demográfica, se prohíba expresamente a todas las administraciones públicas
educativas el modelo de construcción por fases, que tanto lastra a la Educación
Pública en este momento. La construcción de Centros Educativos Públicos debe
realizarse en una única intervención. Que, asimismo, se fomente el aumento de líneas allí donde sea posible y, una vez
cubierta la capacidad del centro, se construyan
otros nuevos, con criterios de calidad
educativa respecto a las ratios, de eficiencia energética y respeto al medio ambiente. Para
implementar esta medida, proponemos la reapertura de los centros educativos
públicos que se han cerrado.
● Una
Educación inclusiva que elimine la segregación que existe en los centros y que hace que,
por ejemplo, alumnos y alumnas de etnia gitana sean separados en aulas donde no
se aplica el currículo general que sí se aplica al resto de estudiantes. Asimismo
terminar con programas que ahondan en la desigualdad y segregación como el
Programa Bilingüe (tal y como está diseñado en la Comunidad de Madrid), el
PMAR, pruebas LOMCE (que clasifican alumnos y alumnas en virtud de una prueba
que no tiene ningún valor evaluativo), entre otros.
● En aras de la tan manida libertad de elección, se
destinen todos los beneficios que recibe la
privada-concertada a los centros públicos como primer paso hacia una real
oferta al mismo nivel y, en una segunda fase, dejar de sufragar a la
privada-concertada con fondos públicos. El dinero de nuestros impuestos no
puede ir a salvar negocios ni bancos, sino que debe garantizar la equidad de todos y todas.
● Una mayor democratización en la gestión de los centros devolviendo a los
Consejos Escolares su auténtico
poder para decidir sobre cualquier cuestión que afecte al funcionamiento del
centro, incentivando así la participación de las familias y aumentando el
número de sus representantes. Esto incluiría su
participación activa en la elección de la dirección del centro, en la revisión y
renovación de los proyectos educativos de cada centro, así como el
fomento de espacios orgánicos que favorezcan el
intercambio de ideas inter-centros
educativos. Asimismo, proponemos la introducción
en los Consejos Escolares de un miembro de la Comunidad Educativa que sea
representante del contexto vecinal en el que se sitúan los centros, terminando
así con la concepción de "centros educativos de paredes para dentro"
● Se
legisle para que la etapa 0-6 sea una etapa educativa y que se imparta en centros
de titularidad y gestión pública.
● Los servicios de orientación e inspección sean independientes
del poder político de turno y por supuesto, un cuerpo público. En este
sentido, nos sumamos al comunicado de Asamblea Marea Verde de Madrid que hacía hincapié
en la importancia de los Servicios de Orientación Públicos ante la propuesta de
financiar una red en los centros privados-concertados en la Comunidad de
Madrid (https://mareaverdemadrid.blogspot.com/2017/12/comunicado-asamblea-marea-verde-sobre.html).
● La
Religión quede fuera del currículum y del horario escolar. Entendemos que la
religión es un sistema de creencias que pertenece al ámbito personal y que es
incompatible su impartición en un Estado
aconfesional. Por ello solicitamos que se
deroguen los
acuerdos con El Vaticano (Concordato) en el sentido de sacar definitivamente
la religión de la Educación Pública. Quien quiera seguir un credo que lo haga
en un templo y no en una escuela.
Estas solo son unas pinceladas de lo que
queremos que sea la Educación Pública de tod@s y para tod@s.
Asimismo, suscribimos:
La Carta por la Educación Pública (http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2015/09/carta-por-la-educacion-publica-mareas.html ) y las propuestas de Redes por una Nueva Política Educativa
(https://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2017/10/documento-de-bases-para-una-nueva-ley.html).
Esperamos que nuestras aportaciones sean
tenidas en cuenta.
Reciban un cordial saludo.
Firman
● Asamblea Marea Verde Madrid
● La Ilustración x La Educación Pública (Peñagrande-Madrid)
● Plataforma por la Educación
Pública de Montecarmelo (Montecarmelo-Madrid)
● Plataforma de Centros Públicos de Calidad de Madrid
● Plataforma Instituto en Rejas ¡YA! (Rejas-Madrid)
● Plataforma Parla Lucha Por La Educación Pública (Parla)
● AFA del CEIP Bravo Murillo (Peñagrande-Madrid)
● AMPA del CEIP Miguel de Cervantes (Getafe)
● AMPA del CEIP Héroes del 2 de Mayo (Colmenar Viejo)
● AMPA del IES Príncipe Felipe (La Paz-Madrid)
● AMPA del CEIP Infanta Leonor (Montecarmelo-Madrid)
● AMPA del CEIP Antonio Fontán (Montecarmelo-Madrid)
● AMPA del IES Mirasierra (Mirasierra-Madrid)
● Asociación Vecinal Montecarmelo (Montecarmelo-Madrid)
● Intertutos (Fuencarral-El Pardo-Madrid)
● Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)
●
Agrupación Socialista de
Fuencarral-El Pardo
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Medidas urgentes para el anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la LOMCE (Propuestas de Redes por una Nueva Política Educativa)
MEDIDAS URGENTES PARA EL PRÓXIMO CURSO PARA EL
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN
DE LA ACTUAL LEY DE EDUCACIÓN,
SIN RENUNCIAR A SU FUTURA DEROGACIÓN
Ante la Consulta pública abierta por el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre el anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación, LOMCE, “Redes por una Nueva Política Educativa” propone un acuerdo que evite el aumento del fracaso escolar y restituya la democracia y la equidad en el sistema educativo desde sus inicios. Se trata de una serie de medidas urgentes que ya enviamos el día nueve de julio y que volvemos a remitir agregando alguna más, para el próximo curso.
Esto es una contribución inicial que hace Redes, sin menoscabo de futuras sugerencias y aportaciones que hagamos durante los periodos de preparación de la misma por parte del ejecutivo o, en su caso del periodo legislativo.
Además, queremos resaltar la necesidad de recuperar y mejorar en un futuro próximo, pero sin tardanza, los niveles de inversión económica en la educación pública, necesarios para revertir los efectos de los recortes. Asimismo, insistimos en la necesidad de construir una nueva Ley de Educación consensuada por las fuerzas políticas, sociales y con la comunidad educativa, que parta del “Documento de Bases para una nueva ley de educación” y que asegure la calidad educativa en la educación pública en un marco de estabilidad normativa e incremento presupuestario, y que potencie desde el nacimiento una escuela para la vida, laica, inclusiva, coeducativa, democrática y respetuosa con las lenguas propias territoriales.
Por ello solicitamos que se incluya en primer lugar en el anteproyecto de Ley Orgánica, que es una norma transitoria y provisional que subsana los quebrantos de la LOMCE y soluciona de manera urgente los perjuicios que está causando en el sistema educativo, pero el objetivo final es la elaboración de una ley educativa consensuada con la comunidad escolar.
Destacamos en color aquellas propuestas que coinciden con las realizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en su memoria justificativa.
1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros.
- Invertir en la universalización del primer ciclo de la Educación Infantil para que pueda ser, además, público y gratuito en todo el Estado.
- Evitar la doble vía en el cuarto curso de la ESO, que impide para muchos estudiantes la posibilidad de cursar bachillerato.
- Recuperar la diversificación curricular (prolongación del PMAR) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación.
- Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional básica.
- Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional, aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema educativo.
- Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings, especialmente la nueva prueba de evaluación de Bachillerato que se está utilizando para el acceso a la Universidad.
- Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de 2012 y modificación de la política de becas con el aumento de las mismas.
- Paralización del 3+2 en las universidades.
- Aumentar con carácter inmediato los recursos humanos y materiales de los equipos de atención temprana, orientación y específicos así como los departamentos de orientación de los Institutos para hacer real la Educación Inclusiva.
- Frenar los currículos estandarizados y volver temporalmente a los de la LOE.
- Supresión del derecho a la elección de centro por parte de las familias, que tiene que regularse mediante criterios que no supongan, en ningún caso, la segregación. por nivel académico, género, etnia o religioso. Eliminar la reserva de un 20% de la puntuación de admisión al criterio de rendimiento académico.
- Eliminación de la especialización curricular de los institutos de enseñanza secundaria en función del proyecto educativo (art. 121) y que los recursos que reciban estos centros dependan de éstos proyectos y de la Rendición de cuentas (art. 122).
- Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE y las atribuciones de los equipos directivos que imponen materiales escolares a los claustros.
- Restituir las competencias de los consejos escolares.
- Apuesta por la Educación de titularidad y gestión pública. La privada-concertada ha de ser subsidiaria de la pública, mientras se consolida la supresión progresiva de los conciertos, que debe concretarse en una norma legal antes de acabar la presenta legislatura.
- Prohibir que haya una red de centros infantiles considerada asistencial de segunda y otra educativa de primera, exigiendo que todos los que acogen regularmente a niños y niñas de cero a seis años cumplan unos requisitos mínimos de centros y de currículo fijados en un Real Decreto para todo el Estado.
- Volver a establecer la obligatoriedad existente en la LOGSE de impartir el 1º ciclo completo de Educación Infantil para obtener la autorización administrativa.
- No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han hecho.
- No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.
- No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han hecho.
- Detener la privatización y revertir la gestión indirecta de centros de educación infantil que son de titularidad pública.
- Paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.
- Retirada inmediata de los sistemas de conciertos y convenios de escuelas infantiles y casas de niños a los centros que incumplan las exigencias establecidas.
- Apoyo a la universalización de la educación infantil pública y gratuita y a la educación compensatoria.
- Restituir los servicios complementarios de comedores, transportes, etc.
- Religión fuera del currículum y del horario escolar y como medida urgente y transitoria que sea considerada no evaluable y sin valor académico. Pedimos que se cumpla el mandato aprobado por mayoría parlamentaria el pasado 21 de febrero de proceder a la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con el Vaticano que avalan la inclusión obligada de la Religión confesional en todos los currículos.
- Pedimos la restitución de los contenidos en los currículos de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que incluyan la equidad y la igualdad de los sexos y que en ningún caso puede impartirse por profesorado de religión o incluir contenidos religiosos.
- Refuerzo de la coeducación y, para ello, promoción de la enseñanza mixta, evitando los centros y las aulas que segregan al alumnado por razón de sexo. Retirada de conciertos a aquellos centros que practiquen una enseñanza diferenciada a partir de la derogación de la LOMCE.
- Derogación del RD ley 14/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y la restitución de las condiciones laborales del profesorado, con efectos desde la nueva normativa para dar cobertura legal a las administraciones educativas que ya han empezado a revertir parcialmente estos recortes.
- Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación infantil, de adultos y de educación a distancia y del personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos, educativos, ILSEs, etc.): reconocimiento de su experiencia como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral con una consolidación real de sus puestos de trabajo, y tengan en todo momento las mismas condiciones que sus compañeros/as.
- Derogar el RD 4015/2015 de 29 de mayo por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007 del 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Redes por una Nueva Política Educativa
• Colectivos Sociales
• Colectivos Sociales
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la
Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Asociación INCLUYE, Asociación Pro
Derechos Humanos de España (aphe), Plataforma por la Justicia Fiscal, Ciudadan@s en
defensa de la Escuela Pública, Colectivo Infancia, Europa Laica, Foro de Sevilla (Por otra Política Educativa), Junta de Portavoces de educación infantil, Mareas por la Educación Pública, Movimiento
Cooperativo Escuela Popular (MCEP), Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació Catalunya, Proyecto Roma, Yo Estudié en la Pública, Red IRES
(Investigación y Renovación Escolar), Coordinadora de
Universidades Públicas de Madrid (CUPUMA)
y Stop Ley Wert/La educación que nos une, que
incluye: %Attac. España (Asociación por la Tasación de las
Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro y Rosa Sensat.
• Sindicatos de Estudiantes
Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino, Estudiantes en Movimiento.
Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino, Estudiantes en Movimiento.
• Organizaciones Sindicales
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical y Federación de Enseñanza de CGT.
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical y Federación de Enseñanza de CGT.
• Partidos Políticos
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana.
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana.
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domingo, 11 de noviembre de 2018
El Gobierno ultima la reforma de la Lomce: pierde peso la Religión y desincentiva la segregación por sexo (Laura Galaup en eldiario.es)
Artículo de Laura Galaup en eldiario.es
Con estas propuestas, el Ejecutivo socialista pretende recuperar una materia centrada en "una Educación en valores cívicos y éticos" en un curso de Primaria y en otro de Secundaria. Estas sugerencia figuran desglosadas por el departamento de Isabel Celaá en un documento titulado "propuestas para la modificación de la ley orgánica de educación".
Esta estrategia recoge una medida novedosa con la que el equipo de la Celaá pretende combatir el abandono escolar, que consiste en diseñar "un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esa medida".
Educación también apuesta por que los centros que segregan por sexos dejen de recibir dinero público. "Se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de la coeducación", exponen en el documento, adelantado por El País. Con esta propuesta pretenden fortalecer "el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad".
La normativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert blindó la financiación pública de los centros que segregan por sexos. Esta ley recogía que este modelo de enseñanza "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos" y que no se le podrá aplicar "un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas".
Educación diferenciada, discriminación por género
El Tribunal Constitucional avaló en abril este artículo de la normativa, después de que los socialistas presentasen un recurso contra ese punto de la ley. Aún así, desde el equipo de Celaá proponen "eliminar la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género" en la normativa.
El PSOE también denunció el peso que fue ganando la asignatura de religión en el currículum educativa gracias a la Lomce. En Bachillerato esta asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas tradicionalmente más duras, como Dibujo Técnico o Francés. Una de las consecuencias que se han percibido tras la implantación de la Ley Wert es que el número de alumnos de institutos públicos que escogen esta materia ha aumentado, ya que en esta etapa postobligatoria esta asignatura influye en la calificación final que condiciona el acceso a la universidad. Pasando así del 23% de estudiantes de Bachillerato que cursaban esta materia antes de la entrada en vigor de esta normativa al 37%, según datos del pasado mes de marzo.
Una vez que el PSOE ha llegado al poder quiere revertir el peso que tiene esta asignatura en el currículum educativo. Por ello, abogan por "organizar la enseñanza de la religión confesional de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza".
- El Ministerio ha enviado a la comunidad educativa un documento con sus propuestas para modificar la ley Wert
- El departamento de Isabel Celaá apuesta por "un plan de repetición individualizado" para combatir el fracaso escolar
- Abogan por evitar que los colegios que segregan por sexos reciban dinero público y fortalecer así "el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos"
Con estas propuestas, el Ejecutivo socialista pretende recuperar una materia centrada en "una Educación en valores cívicos y éticos" en un curso de Primaria y en otro de Secundaria. Estas sugerencia figuran desglosadas por el departamento de Isabel Celaá en un documento titulado "propuestas para la modificación de la ley orgánica de educación".
Esta estrategia recoge una medida novedosa con la que el equipo de la Celaá pretende combatir el abandono escolar, que consiste en diseñar "un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esa medida".
Educación también apuesta por que los centros que segregan por sexos dejen de recibir dinero público. "Se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de la coeducación", exponen en el documento, adelantado por El País. Con esta propuesta pretenden fortalecer "el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad".
La normativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert blindó la financiación pública de los centros que segregan por sexos. Esta ley recogía que este modelo de enseñanza "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos" y que no se le podrá aplicar "un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas".
Educación diferenciada, discriminación por género
El Tribunal Constitucional avaló en abril este artículo de la normativa, después de que los socialistas presentasen un recurso contra ese punto de la ley. Aún así, desde el equipo de Celaá proponen "eliminar la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género" en la normativa.
El PSOE también denunció el peso que fue ganando la asignatura de religión en el currículum educativa gracias a la Lomce. En Bachillerato esta asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas tradicionalmente más duras, como Dibujo Técnico o Francés. Una de las consecuencias que se han percibido tras la implantación de la Ley Wert es que el número de alumnos de institutos públicos que escogen esta materia ha aumentado, ya que en esta etapa postobligatoria esta asignatura influye en la calificación final que condiciona el acceso a la universidad. Pasando así del 23% de estudiantes de Bachillerato que cursaban esta materia antes de la entrada en vigor de esta normativa al 37%, según datos del pasado mes de marzo.
Una vez que el PSOE ha llegado al poder quiere revertir el peso que tiene esta asignatura en el currículum educativo. Por ello, abogan por "organizar la enseñanza de la religión confesional de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza".
Beneficios para familias monoparentales
Por otro lado, Educación quiere que estas modificaciones contribuyan a "eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros". Para ello apuesta por modificar "los criterios de baremación, reconociendo la situación de las familias monoparentales, de las víctimas de violencia de género y de terrorismo".
Por su parte, en el apartado destinado a las medidas centradas en la inclusión educativa proponen la eliminación de los itinerarios, la reformulación del programa de refuerzo para los alumnos y de la Formación Profesional Básica para que estos alumnos puedan conseguir el título de Secundaria.
Desde el Ministerio apuntan a la Lomce como una de las desencadenantes del "alto número de repetidores". En nuestro país l a tasa española de abandono escolar temprano duplica la de la UE y el porcentaje de alumnos repetidores triplica la media de la OCDE.
Combatir la repetición
Para incentivar que estos alumnos no abandonen las clases, optan por "establecer un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esta medida". Además, otorgan la potestad a las juntas de evaluación de los colegios de adoptar "medidas educativas ordinarias previas a la repetición".
Aunque, también buscan legislar para aquellos que dejan el sistema sin título de ESO. Para este colectivo proponen un "plan de orientación individualizado con la finalidad de continuar su proceso formativo".
Otro de los bloques está centrado en el sistema educativo y el modelo territorial. En él se decantan por "suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas en las que hay lengua cooficial".
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Combatir la repetición
Para incentivar que estos alumnos no abandonen las clases, optan por "establecer un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esta medida". Además, otorgan la potestad a las juntas de evaluación de los colegios de adoptar "medidas educativas ordinarias previas a la repetición".
Aunque, también buscan legislar para aquellos que dejan el sistema sin título de ESO. Para este colectivo proponen un "plan de orientación individualizado con la finalidad de continuar su proceso formativo".
Otro de los bloques está centrado en el sistema educativo y el modelo territorial. En él se decantan por "suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas en las que hay lengua cooficial".
Reválidas muestrales
Si estas medidas finalmente se aprueban, con ellas se pondrá fina a las polémicas reválidas implantadas por Wert al final de Primaria, ESO y Bachillerato. La oposición política y de la comunidad educativa obligaron al Gobierno del PP a descafeinar estas pruebas, concebidas en sus inicios como una criba que era necesario superar para obtener el título. Finalmente derivó en un examen que no afectaba a la media y era muestral.
En este documento Educación aboga por mantener el carácter muestral de estos ejercicios, con una periodicidad plurianual, para evaluar el estado del sistema educativo, "rendir cuentas por parte de los centros y orientar las medidas de gestión de los centros y las políticas de las administraciones. Asimismo, reflejan que se prohíba la utilización de los resultados "para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificación de los centros".
Desde el Ejecutivo socialista buscan que la democracia interna de los centros aumente, así como que se haga "real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los mismos". Para ello, abogan por que este colectivo gane peso a la hora de elegir al director del colegio o del instituto.
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