Puedes ver el acta en .pdf en este enlace.
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martes, 7 de julio de 2026
Acta de la reunión de organizaciones y colectivos del 22-6-2026 (Huelga indefinida)
Acta de la reunión de organizaciones y colectivos del 11-6-2026 (Huelga indefinida)
Puedes consultar el acta en .pdf en este enlace.
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domingo, 16 de noviembre de 2025
Huelga General Universitaria 26 y 27N ¡Convocatorias!: Piquetes, pasacalles, Uni en la Calle, Comida-> 26N: 15:30 h. CONCENTRACIÓN (Consejería Educación). 27N -> 18 h., MANIFESTACIÓN (Atocha-Sol)
Entradas relacionadas:
- Enlaces a la información sobre la Manifestación 27-9-2025 “Defendamos la Educación Pública. Por una Escuela democrática e inclusiva” (18:00 h., Neptuno-Cibeles-Consejería de Educación -C/ Alcalá 32). Convoca: Asamblea Marea Verde
- DECRETO 64/2025 por el que se regula y limita el uso de dispositivos digitales en los centros educativos (BOCM 24-7-2025)
- Inicio de curso 2025-26
- Acuerdo Sectorial
- Enlaces a todas las convocatorias
viernes, 14 de noviembre de 2025
26 y 27-11-2025: Huelga General Universitaria. Impulsa: Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas
Desde las 6 Plataformas por la Pública (UAH, UAM, UC3M, UCM, UPM, URJC) agradecemos a los sindicatos que apoyan y dan cobertura a nuestra #Huelga2627N, y seguimos llamando a todos los agentes a empujar desde los consensos y asambleas de nuestras plataformas unitarias 👇🏾
▶️ 💚 🔥 Las organizaciones sindicales CCOO, CGT, CNT y UGT hemos emitido un comunicado conjunto en el que respaldamos y damos cobertura legal a la Huelga General Universitaria convocada para los días 26 y 27 de noviembre, impulsada por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas.
Esta huelga es fruto del trabajo y la unidad entre trabajadoras y estudiantes para defender una universidad pública, gratuita, crítica y al servicio de la sociedad, frente a la LESUC y a las políticas de asfixia presupuestaria que amenazan nuestras condiciones laborales y el futuro de las universidades públicas madrileñas.
Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian.
Entradas relacionadas:
- Enlaces a la información sobre la Manifestación 27-9-2025 “Defendamos la Educación Pública. Por una Escuela democrática e inclusiva” (18:00 h., Neptuno-Cibeles-Consejería de Educación -C/ Alcalá 32). Convoca: Asamblea Marea Verde
- DECRETO 64/2025 por el que se regula y limita el uso de dispositivos digitales en los centros educativos (BOCM 24-7-2025)
- Inicio de curso 2025-26
- Acuerdo Sectorial
- Enlaces a todas las convocatorias
miércoles, 2 de noviembre de 2022
2 y 3-11-2022 Encierro en la Complutense y Concentración contra la crisis climática (2N: 18:30 h., en CC de la información / 3N: 18:30 h., en CC políticas y sociología de la UCM). Convoca Friday for Madrid
ENCIERRO EN LA COMPLUTENSE
Tomamos las universidades para que vuelvan a liderar la lucha contra la crisis climática 
➜ Miércoles 2/11 - 18:30
CC de la información - UCM
➜ Jueves 3/11 - 18:30
CC políticas y sociología - UCM
Abrimos hilo! ⬇
#EndFossilOccupy
Nos vemos
- El miércoles 2
En CC de la Información
- El jueves 3
En Ciencias Políticas y Sociologia
jueves, 31 de marzo de 2022
El bachillerato de artes plásticas del IES Santamarca seguirá en pie (Firma en Change.org)
Difundimos esta petición:
Somos estudiantes del IES Santamarca y necesitamos que se nos escuche. Hace escasas horas se nos ha informado de que para el curso 2022/2023 se va a eliminar la rama de bachillerato de artes plásticas en los institutos de Madrid que contienen las dos ramas de artes plásticas y escénicas menos en el IES Isabel La Católica y el IES López de Vega. Necesitamos que nos ayudéis y que podáis movilizar esta situación por cualquier medio informativo posible.Actualmente estamos recogiendo firmas en físico en nuestro centro para la solicitud de que no se retire la rama de los institutos afectados. Cualquier centro que haya sido afectado por esta medida, que se haga eco y se suscriba a la petición que presentamos.
Firma en CHANGE.ORG
Entradas relacionadas:
- Ayuso y su gobierno empiezan a cerrar aulas en centros públicos antes del proceso de escolarización:
- Enlace a las Jornadas de puertas abiertas en centros educativos públicos.
domingo, 6 de febrero de 2022
Asambleas hacia la huelga general estudiantil (Estudiantes en Movimiento)
Estudiantes en Movimiento nos envía esta convocatoria:
Durante las próximas semanas, el movimiento estudiantil sindical impulsará asambleas en todos los centros educativos que estén a su alcance para protestar contra la reforma educativa liberal y antipopular desarrollada por el Gobierno.
Con la llegada de la pandemia y el estallido de la crisis, las instituciones han operado para salvaguardar los intereses capitalistas, mientras que aplastaban a unas clases populares que pagarían la recuperación de los primeros.
Esto lo hemos vivido también en la educación, pues la segregación clasista que vivimos en las aulas no ha hecho más que aumentar al calor de la pauperización de nuestras familias y del desamparo institucional. Esta segregación, desde luego, es completamente funcional al perfil de mano de obra que demandan las empresas. Muestra de esto último es la batería de iniciativas legislativas que el actual Gobierno ha dispuesto para actualizar la forma en la que el sistema educativo reproduce los intereses del capital. Se nos apiña en los institutos, se nos expulsa de la Universidad y servimos para agrandar sus ganancias mediante las prácticas no remuneradas de la FP.
Ante esto, en un clima de “Estado de excepción”, se ha normalizado la represión a cualquier respuesta popular. En la Universidad, encontramos el correlato de esto en una Ley de Convivencia Universitaria que lleva a que cualquier acción de protesta pueda ser constitutiva de expulsión del Sistema Universitario.
Sin embargo, las estudiantes organizadas no nos amilanamos ante ello y nos lanzamos a combatir su reforma educativa abriendo espacios de discusión y organización amplios. En cada centro de estudio, las estudiantes, autoorganizadas en asambleas, decidiremos cómo confrontar con ella y debatiremos el modelo de escuela al que aspiramos.
Si quieres participar en estas asambleas, pero no sabes cómo o si en tu centro se van a celebrar, contáctanos por redes sociales o al correo estudiantesem@gmail.com.
Fuente: estudiantesem.org
viernes, 12 de noviembre de 2021
domingo, 22 de agosto de 2021
UNIDAS PODEMOS DENUNCIA QUE 17.976 ALUMNOS SE QUEDAN SIN PLAZA EN LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL (Nota de prensa de Unidas Podemos)
Difundimos esta nota de prensa que os envían desde UNIDAS PODEMOS Comunidad de Madrid
El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del consejero de
Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la
Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa
para la FP.
Los últimos datos de alumnado no admitido en el proceso de matriculación de ciclos de Grado Superior de Formación Profesional (FP) son demoledores. Según la información recogida por CCOO en el 88,9% de los centros, 17.976 alumnos y alumnas se quedan sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior y están obligados a buscarse la vida en centros privados y concertados o a quedarse en su casa. Tan solo han sido admitidos 14.976 alumnos, es decir, el 46%. Estos datos hay que acompañarlos de tres comentarios. Por un lado, si se compara con la cifra de otros años, demuestran el carácter estructural del déficit de plazas públicas en FP, que se sitúa de nuevo en el orden de las 20.000 solicitudes rechazadas. Por otro, la dificultad para obtener esta información, dada la poca transparencia de la Consejería, que obliga a obtener centro a centro y grado a grado la demanda concreta que se queda sin atender. Por último, llama la atención que las familias sanitarias son las que tienen más déficit de plazas, entre un 70% y 90% de rechazo, lo que demuestra una falta de previsión absoluta de la demanda real.
A estas cifras escandalosas, hay que sumar las 6.938 personas que se han quedado sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio, lo que totaliza 24.914 solicitudes rechazadas para cursar ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Estamos ante un grave problema educativo, como demuestra el déficit estructural de plazas, la falta de planificación y la crisis en el proceso de admisión que hace que sean rechazadas el 54% de las solicitudes de Grado Superior, y el 25% de las de Grado Medio. Es una crisis social, ya que afecta a la equidad y a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo.
Por último, refuerza la debilidad del mercado de trabajo, al negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes que, sin ella, se ven abocados al paro, la precariedad y los bajos salarios.
Esta situación tiene que ver con la bajísima inversión educativa y con el proceso de privatización galopante que vienen realizando los gobiernos del PP. La inversión educativa es la más baja del país (un 2,2% del PIB regional, frente al 4,2% de media en España), a pesar de ser la comunidad autónoma más rica. En cuanto a la privatización, se observa en la evolución de la formación profesional en Madrid en los siguientes datos: en la década que va del curso 2010-11 al curso 2019-20, la formación profesional de Grado Superior ha pasado de suponer un 72,8% al 56,5%; es decir, se ha reducido en un 16,3% en beneficio de los ciclos de Grado Superior privados. En número concretos, el alumnado de la pública ha pasado de 24.889 a 30.549; mientras que el alumnado de la privada ha pasado de 3.716 a 21.885. En los ciclos de Grado Medio, la evolución ha sido similar: en esa misma década el sector público ha pasado de suponer el 72,8% al 55,9%, es decir, se ha reducido en un 16,9%. Para activar esta brutal privatización, se combina el déficit estructural de plazas públicas con la política de becas para estudiar en los centros privados. Así, en la orden 1485/2021, de 22 de mayo de la Consejería de Educación, se destinan 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las
secretarias de los centros privados.
En este contexto, solo cabe hablar de duro golpe a la educación madrileña por los Gobiernos del PP. Por ello, impresiona que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hable de desastre en la educación madrileña (y en la Atención Primaria), cuando ella es la principal responsable de la educación al tener trasferida toda la capacidad de actuación, y cuando su partido lleva gobernando 26 años consecutivos. El déficit estructural de plazas pone de manifiesto que, más allá de la propaganda (la FP dual solo supone el 5%), al gobierno de Madrid le importa muy poco la Formación Profesional, ya que no se planifica algo que es fundamental: la oferta educativa en base al grado de inserción laboral de los ciclos. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la Comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros.
El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del Consejero de Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. El Gobierno central ha transferido 23 millones de euros a Madrid para FP y hay que asegurar su carácter finalista y que no sean desviados a la privatización y a otros capítulos.
Unidas Podemos pide, también, que se negocie un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente y se atienda en septiembre la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar una política de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado y no del negocio de los centros de FP privados, que aumente la dotación de medios humanos y técnicos, que refuerce de los departamentos de orientación profesional, que implante nuevos títulos profesionales y que garantice la gratuidad de las matrículas.
El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del consejero de
Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la
Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa
para la FP.
Los últimos datos de alumnado no admitido en el proceso de matriculación de ciclos de Grado Superior de Formación Profesional (FP) son demoledores. Según la información recogida por CCOO en el 88,9% de los centros, 17.976 alumnos y alumnas se quedan sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior y están obligados a buscarse la vida en centros privados y concertados o a quedarse en su casa. Tan solo han sido admitidos 14.976 alumnos, es decir, el 46%. Estos datos hay que acompañarlos de tres comentarios. Por un lado, si se compara con la cifra de otros años, demuestran el carácter estructural del déficit de plazas públicas en FP, que se sitúa de nuevo en el orden de las 20.000 solicitudes rechazadas. Por otro, la dificultad para obtener esta información, dada la poca transparencia de la Consejería, que obliga a obtener centro a centro y grado a grado la demanda concreta que se queda sin atender. Por último, llama la atención que las familias sanitarias son las que tienen más déficit de plazas, entre un 70% y 90% de rechazo, lo que demuestra una falta de previsión absoluta de la demanda real.
A estas cifras escandalosas, hay que sumar las 6.938 personas que se han quedado sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio, lo que totaliza 24.914 solicitudes rechazadas para cursar ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Estamos ante un grave problema educativo, como demuestra el déficit estructural de plazas, la falta de planificación y la crisis en el proceso de admisión que hace que sean rechazadas el 54% de las solicitudes de Grado Superior, y el 25% de las de Grado Medio. Es una crisis social, ya que afecta a la equidad y a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo.
Por último, refuerza la debilidad del mercado de trabajo, al negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes que, sin ella, se ven abocados al paro, la precariedad y los bajos salarios.
Esta situación tiene que ver con la bajísima inversión educativa y con el proceso de privatización galopante que vienen realizando los gobiernos del PP. La inversión educativa es la más baja del país (un 2,2% del PIB regional, frente al 4,2% de media en España), a pesar de ser la comunidad autónoma más rica. En cuanto a la privatización, se observa en la evolución de la formación profesional en Madrid en los siguientes datos: en la década que va del curso 2010-11 al curso 2019-20, la formación profesional de Grado Superior ha pasado de suponer un 72,8% al 56,5%; es decir, se ha reducido en un 16,3% en beneficio de los ciclos de Grado Superior privados. En número concretos, el alumnado de la pública ha pasado de 24.889 a 30.549; mientras que el alumnado de la privada ha pasado de 3.716 a 21.885. En los ciclos de Grado Medio, la evolución ha sido similar: en esa misma década el sector público ha pasado de suponer el 72,8% al 55,9%, es decir, se ha reducido en un 16,9%. Para activar esta brutal privatización, se combina el déficit estructural de plazas públicas con la política de becas para estudiar en los centros privados. Así, en la orden 1485/2021, de 22 de mayo de la Consejería de Educación, se destinan 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las
secretarias de los centros privados.
En este contexto, solo cabe hablar de duro golpe a la educación madrileña por los Gobiernos del PP. Por ello, impresiona que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hable de desastre en la educación madrileña (y en la Atención Primaria), cuando ella es la principal responsable de la educación al tener trasferida toda la capacidad de actuación, y cuando su partido lleva gobernando 26 años consecutivos. El déficit estructural de plazas pone de manifiesto que, más allá de la propaganda (la FP dual solo supone el 5%), al gobierno de Madrid le importa muy poco la Formación Profesional, ya que no se planifica algo que es fundamental: la oferta educativa en base al grado de inserción laboral de los ciclos. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la Comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros.
El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del Consejero de Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. El Gobierno central ha transferido 23 millones de euros a Madrid para FP y hay que asegurar su carácter finalista y que no sean desviados a la privatización y a otros capítulos.
Unidas Podemos pide, también, que se negocie un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente y se atienda en septiembre la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar una política de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado y no del negocio de los centros de FP privados, que aumente la dotación de medios humanos y técnicos, que refuerce de los departamentos de orientación profesional, que implante nuevos títulos profesionales y que garantice la gratuidad de las matrículas.
Madrid, 6 de agosto de 2021
jueves, 15 de abril de 2021
La reforma de las becas dobla en un año el número de estudiantes que han conseguido las ayudas máximas (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica esta noticia
Además, el Gobierno planea avanzar por la senda de la rebaja de los requisitos académicos que comenzó a transitar el pasado año: tras rebajar de 6,5 a 5 la nota media exigida para mantener la beca durante el periplo universitario, el curso siguiente será el turno de los másteres, según el borrador de Real Decreto que negocia estos días el ministerio. Para los habilitantes, obligatorios en algunos grados para poder ejercer la profesión, se rebaja desde el 6,5 a un 5 la nota exigida. Los no habilitantes, mayoritarios, se quedan como están, con un 7 de nota mínima.
En el debe, los estudiantes exigieron el martes al Ministerio de Universidades que retire la disposición por la que si no se supera un determinado número de créditos durante un curso hay que devolver las ayudas, una medida que también han criticado los rectores. También pide la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) que se actualicen los umbrales de renta que determinan quién tiene derecho a beca y qué beca recibe. "Siguen estando por debajo del umbral de pobreza", justifica la Creup, lo cual significa que alguien puede ser considerado pobre oficialmente pero no tener derecho a la beca mejor dotada por exceso de ingresos.
También piden los estudiantes que aumenten las cuantías fijas ligadas a la residencia porque "en muchos casos no llegan a cubrir ni un tercio del coste de alquilar una habitación durante el curso (son 1.600 euros al año); que se deje de "revictimizar" a las víctimas de la violencia de género al exigirles "una justificación burocrática excesiva"; y que se rebaje el grado de discapacidad que otorga un derecho a beca del 65% actual al 35% que defienden organismos como el Cermi.
Más de un millón de becarios
Cuando los Ministerios de Educación y Universidades presentaron hace un año su reforma del sistema de becas, heredado del PP, calcularon que aumentaría la masa de personas con derecho a beca y, particularmente, que se duplicarían los beneficiarios en la universidad de la ayuda completa, que incluye el pago de la matrícula, una cuantía fija y otra variable. La reforma que aprobaron ya apuntaba a eso: se redujeron los requisitos académicos para pedir y mantener una beca y se elevaron los umbrales de renta máximos para solicitarlas.
Así, este curso hay 94.000 beneficiarios más de las becas, según los datos que ha ofrecido el ministerio en el Observatorio de Becas. De ellos, 40.000 son universitarios y 54.000 no universitarios. A falta del balance definitivo y que los datos sean oficiales, esa incremento significaría que el número de personas que ha obtenido algún tipo de ayuda para estudiar en cualquier etapa educativa este año supera el millón (1.038.000 estudiantes).
También se han duplicado los becarios que reciben la ayuda completa al elevar un 33% el umbral de renta 1 (el más bajo y la categoría que conlleva la ayuda completa). El año pasado este grupo de personas era de 89.376 beneficiarios. Educación ha informado este miércoles de que este curso, con la subida del umbral, 89.500 personas han pasado del umbral 2 al 1, lo que supone la diferencia entre recibir una ayuda directa de 1.700 euros anuales o no recibirla.
Para acceder a esta ayuda hay que estar por debajo del umbral 1 de renta máxima fijado por el Gobierno, que en este momento está en 21.054 euros para una familia de cuatro personas (aquí las tablas completas). Quien entre en esta categoría no paga la matrícula y además recibe una ayuda fija de 1.700 euros (ha subido 100 respecto al pasado curso), una parte variable que se calcula según un complicado algoritmo en función de la renta y la nota media y otros 1.600 euros si el estudiante necesita cambiar de residencia durante el curso, además de entre 50 y 125 euros por obtener notas excelentes (a partir de un 8 de media). En total es un mínimo de 1.700 euros y un máximo de 3.425 euros más la parte variable.
Las unidades familiares que superen el umbral 1 aún pueden recibir una beca si están por debajo del 2 (36.421 euros anuales máximos de ingresos anuales para una familia de cuatro miembros) o del 3 (38.831 euros para la misma familia de cuatro). La diferencia del umbral 2 con el 1 es que desaparece la ayuda fija de 1.700 euros y la del 3 respecto al 2 es que tampoco se puede optar a la ayuda al cambio de residencia. Ambas cubren la matrícula.
El aumento de las cuantías fijas en 100 euros ha beneficiado a casi medio millón de becarios (no solo universitarios en este caso) y ha tenido otro efecto: al destinarse más dinero a las cuantías fijas, se ha reducido el peso relativo de las variables, que ha pasado del 32% al 23%, según se ha expuesto este miércoles en el Observatorio de Becas.
En total, la partida de becas ha subido este curso en 345 millones de euros hasta llegar a los 1.900 millones, y la intención de Educación y Universidades es incrementar el montante para el año que viene hasta los 2.028 millones.
viernes, 29 de enero de 2021
Manuel Castells: «Las universidades deben escuchar a su alumnado» (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)
Reproducimos esta información publicada por ELDIARIODELAEDUCACION.COM
- El ministro de Universidades, Manuel Castells, durante una rueda de prensa ha querido lanzar un mensaje claro a las universidades ante las imágenes aparecidas en los últimos días con aglomeraciones de alumnos y alumnas durante la celebración de los exámenes cuatrimestrales: deben escuchar a su estudiantado e investigar si se han producido situaciones contrarias a la seguridad sanitaria.
Durante los últimos días ha sido relativamente fácil encontrarse en redes sociales y medios de comunicación imágenes de decena de chicas y chicos en lo que sin duda parecen situaciones que contravienen las medidas de seguridad y distancia social impuestas por la pandemia de Covid-19. Situaciones que no han tenido nada que ver con imprudencias por parte de estos jóvenes, sino ante la imposición de algunas facultades de realizar exámenes de manera presencial.
Las críticas por parte de las asociaciones y sindicatos de estudiantes no se hicieron esperar y, sin más, se levantó una nube de polvo en la que ha habido palabras cruzadas por parte de la CRUE, el Ministerio de Universidades y algunas consejerías autonómicas.
Aunque Castells no ha querido entrar en polémicas, según sus palabras, en la rueda de prensa de presentación de ayudas para la movilidad y la cualificación del profesorado universitario, ha querido salir al paso de esta situación.
Recogiendo el sentir de estudiantado y familias ha pedido que sean las universidades las que escuchen a sus estudiantes y realicen investigaciones, si lo consideran pertinente, para aclarar las situaciones vividas en los últimos días en varias universidades públicas.
Frente a las imágenes que han ido apareciendo, en la tarde de ayer la Conferencia de Rectores (CRUE) lanzó un comunicado en el que aseguraba que las universidades son espacios seguros. «Los datos disponibles y objetivos muestran una incidencia significativamente por debajo del resto de la población. Y eso debe estar por encima de cualquier opinión interesada o imagen puntual».
Al mismo tiempo, la CRUE asegura que la «presencialidad es el sello de identidad de la gran mayoría de nuestro sistema universitario, no una cuestión anecdótica o un capricho de los rectores y rectoras». Ante la reclamación por parte de diferentes colectivos de la posibilidad de elaborar exámenes online, la Conferencia de Rectores afirma «debe ser el último recurso» y que «conlleva la implementación de unas medidas extraordinarias y con complejas derivadas legales y técnicas en el ámbito de la protección de datos y la identificación de quienes se examinan. Pero aprovechándose de estas dificultades y de las lagunas normativas que existen, se han producido intentos de fraude».
En este sentido el ministro ha recordado que en el mes de junio, con unos datos de pandemia no tan altos como los de ahora, pudieron hacerse los exámenes online. «Se pueden hacer con condiciones de seguridad como en junio pasado», aunque ha admitido que quedan cuestiones que resolver en cuanto a la seguridad y la privacidad de los datos personales del alumnado cuanto se realizan estas tareas de manera telemática.
Frente a estas cuestiones, Castells ha sido tajante: «No se puede ser indiferentes a un clamor ante la agravación de la pandemia. No se puede mantener lo que estaba previsto en la situación de extrema gravedad en la que estamos ahora».
La decisión sobre cómo se realizan los exámenes, así como las clases habituales, queda dentro de la autonomía universitaria, recogida, ha recordado el ministro, en la Constitución Española, aunque la última responsabilidad es de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas que pueden decidir imponer la no presencialidad en estas instituciones.
En cualquier caso, Castells ha asegura que «he hecho llamamiento de responsabilidad a los decanos y a los rectores de las univrsdidades a que escuche a los estudiantes» ya que no cree que «se inventen las imágenes que están enviando».
En la otra punta del espectro están la agrupaciones de estudiantes que esta misma mañana lanzaban un comunicado para expresar su malestar. CREUNE y CREUP agrupan a la mayor parte del estudiantado. En su documento aseguran defender la mayor presencialidad posible, «pero no a cualquier precio». Aseguran que después de pasar meses y meses en sistemas híbridos o no presenciales «se ha podido prever esta situación y trabajar para minimizar sus efectos en el plano académico».
Además de esto lanzan acusaciones más o menos veladas contra la CRUE por anclarse en modelos de enseñanza que ahora mismo no están siendo eficaces, y aseguran que las acusaciones de fraude o copia hacia el alumnado esconden «el debate real sobre la falta de renovación de los métodos de evaluación; mientras se divide a los estudiantes en honestos o deshonestos«.
Una situación trampa en la que, después de casi un año de pandemia y con la experiencia de los exámenes del mes de junio, además del aumento de la inversión en los últimos meses, podría haberse intentado solventar de otra manera.
Según el ministro Castells, la nueva ministra de Sanidad tendrá una reunión en la Intersectorial en la que planteará este asunto a las comunidades autónomas, mientras que él ha enviado la convocatoria para la reunión de la Conferencia de Política Universitaria para también tratarlo.
Sendas reuniones que, tal vez, podrían haberse celebrado hace semanas para intentar evitar las situaciones que se han vivido en las dos últimas semanas.
domingo, 24 de enero de 2021
Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2020-2021 (BOE 13-1-2021)
Puedes consultar la orden aquí
jueves, 14 de enero de 2021
Estudiantes de toda España se revuelven contra los exámenes presenciales en la Universidad en plena tercera ola (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica esta información
Revuelta estudiantil en la Universidad. Alumnos de toda España se rebelan contra la imposición por parte de la mayoría de las universidades de exámenes presenciales tras haber pasado el primer cuatrimestre en una modalidad de estudio semipresencial en el mejor de los casos y justo cuando el país sufre la tercera oleada de COVID y otra de frío. En alguna universidad, como la de Granada (UGR), se da la circunstancia de que los estudiantes no han pisado las aulas desde octubre, pero ahora tendrán que ir a examinarse. "Es incongruente e irresponsable: clases online, pero exámenes presenciales", resume Hada Martínez, portavoz de la Unión Sindical Estudiantil (USE) y alumna de la UGR.
El estudiantado denuncia que los campus, con carácter general, se niegan los exámenes a distancia porque desconfían de las posibles trampas que pueda hacer el alumnado y también porque no saben cómo hacerlo, y lamentan la "incapacidad de la universidad de adaptarse" y la improvisación en algunos casos ante una situación que era previsible. "Los posibles rebrotes y las condiciones extremas durante los exámenes de enero son temas recurrentes sobre los que se ha estado debatiendo desde el principio del curso académico. No obstante, ni las universidades ni las instituciones se han adaptado en tiempo y forma a las repercusiones de estas, incumpliendo las medidas sanitarias en las universidades durante la convocatoria ordinaria, desechando la posibilidad de la evaluación telemática y poniendo en riesgo la seguridad del estudiantado", lamentan CREUP y CEUNE, los dos principales órganos de representación de los universitarios.
Las noticias se suceden estos días, de norte a sur y de este a oeste. En Castilla y León, más de 5.700 estudiantes han pedido que los exámenes se realicen a través de internet. En Sevilla, parecido. El alumnado de Oviedo anda a la gresca con la Universidad, que les ha obligado a realizar exámenes en condiciones de "muchísimo frío". Las problemáticas se extienden y multiplican. En algunos centros de Madrid, como la Carlos III, las pruebas tenían que haber empezado el pasado lunes, pero fueron pospuestas por la borrasca Filomena y se han reubicado contra el criterio estudiantil, al final del proceso de exámenes cuando son los que mejor preparados tienen los estudiantes. Además, lamentan, se quedan sin días de descanso entre trimestres. En la Rey Juan Carlos, como en Granada, tienen que acudir a hacer exámenes después de pasarse el curso aprendiendo desde casa.
El Ministerio de Universidades se reunió con los estudiantes hace unos días, cita de la que salió el compromiso de la cartera que dirige Manuel Castells de trasladar el asunto al Ministerio de Sanidad y el recordatorio de "que es necesario el escrupuloso cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades competentes para el desarrollo de cualquier actividad académica presencial y, como ya se recogía en los planes elaborados, en caso de imposibilidad de cumplimiento ha de implementarse un modelo de docencia híbrida o, en caso necesario, totalmente virtual". El problema que tiene el ministerio es que tiene poca (o nula) capacidad de influenciar en las universidades, que son autónomas.
La CRUE, que reúne a 76 universidades españolas públicas y privadas, sí podría tener más ascendente. Pero, lamentan los estudiantes, no se ha puesto de su lado. En un comunicado emitido el pasado martes, la conferencia de rectores explica que "las universidades españolas ya planificaron un curso 20-21 en el que se apostaba por la máxima presencialidad y el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por el Gobierno Central y los Gobiernos autonómicos", lo cual, "junto con los protocolos para la realización de exámenes presenciales, y el cumplimiento estricto de las normas sanitarias por cada miembro de la comunidad universitaria, nos permitirá el desarrollo de nuestra actividad, incluidos los exámenes, cuya presencialidad ha sido autorizada por las diferentes autoridades sanitarias".
"Absolutamente irresponsable"
Los estudiantes están desconcertados. Observan cómo sube la incidencia de la COVID en España, aumentan las restricciones en las comunidades autónomas, pero se mantienen los exámenes en el aula. "Sabemos que se han generado protocolos específicos para la realización de los exámenes", concede Laura Alcaide, de la comisión permanente del CEUNE, "pero ya hemos visto universidades en las que no se ha respetado estos protocolos". Las organizaciones de estudiantes exigen a la administración que determine "unos criterios comunes" acerca de la realización de exámenes para que los alumnos sepan a qué atenerse.
En la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 1.600 estudiantes han firmado un documento en el que se recuerda que "las actividades se llevarán a cabo en su mayoría en remoto", sin embargo "el criterio que prima a la hora de realizar los exámenes (...) de enero es la realización en la modalidad presencial", decisión que tachan de "absolutamente irresponsable" y exigen "el establecimiento de un criterio común para la realización de los exámenes, así como que se realicen a través de la modalidad online".
"Los estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual no vamos ni un solo día a clase", explica Mario. "Estamos haciendo las prácticas desde casa. En la asignatura Cámaras y Sonido tuvimos una sobre uso del flash y la iluminación y la tuve que hacer con el móvil. Pero el examen es presencial. ¿Qué clase de lógica es esa?", se pregunta, y explica que por mucho que la URJC garantice la seguridad en las aulas para realizar el examen, está el factor desplazamientos en transporte público, pasillos de la facultad, etc. "Somos unos 60 en clase, ¿cómo vas a gestionar esas distancia de seguridad? Las entradas se abarrotan, no puede haber distancia de seguridad". Ni siquiera les han dividido en dos grupos para hacer los exámenes, lamenta.
Mario, como Martínez, de la UGR, menciona la situación de los estudiantes cuya residencia no está en el mismo sitio que la universidad donde estudian. "En la UGR hay unos 27.000 estudiantes que vienen de fuera (aproximadamente la mitad)", explica la portavoz de USE. Muchos de ellos se fueron cuando la universidad decidió, a mitad de octubre, que las clases serían a distancia, pero ahora tienen que volver y "buscarse la vida para vivir" en la ciudad durante un mes.
Evaluación continua y 'proctoring'
De fondo sobrevuelan dos problemas, lamentan los estudiantes: la importancia que todavía tienen los exámenes como método de evaluación en la universidad española y la desconfianza de las universidades en que los universitarios copien durante las pruebas (o su incapacidad de plantear exámenes orientados a la reflexión y el desarrollo, explican los alumnos, más que al volcado de conocimientos y por tanto en los que copiar no sea una opción).
"Reclamamos, tanto al inicio del cuatrimestre pasado como este, que se implante la evaluación continuada para evitar estas situaciones", explica Alcaide, de CEUNE, respecto de la primera cuestión. "Hay grados y asignaturas en los que los exámenes llegan a tener un 70% del peso de la evaluación", añade.
El espacio europeo de educación superior, conocido como el plan Bolonia, incluía en teoría una apuesta por esta evaluación continua, basada en la realización de trabajos durante el cuatrimestre y la participación en clase, para rebajar el peso de los exámenes. Pero no ha acabado de suceder. "Si de verdad pensamos que debe ser el método, habrá que regularla para que el examen no valga tanto. No tiene sentido que la evaluación continua suponga solo tres puntos [sobre diez]", opina Martínez, de USE.
El segundo elemento es la vigilancia que las universidades podrían realizar de sus estudiantes mientras hacen un examen a distancia, concepto conocido como proctoring. El último trimestre del curso anterior, que se cerró con exámenes a distancia, muchos profesores optaron por técnicas que los estudiantes no recibieron demasiado bien. "Muchos emplearon técnicas como que los alumnos pongan cámaras mientras realizan el examen, invadiendo su privacidad o el derecho a la intimidad, o realizaran exámenes contrarreloj tipo test o de preguntas cortas con tiempo muy reducido que no dejaba margen para contestarlas", explica Martínez. En ocasiones incluso les pedían que conectaran la cámara del móvil para asegurar que no había nadie más en la habitación o los micrófonos para evitar chivatazos orales.
Pero no todas las universidades han optado por lo presencial como forma de vida. Existen alternativas a los exámenes imposibles de completar a tiempo. En la Cardenal Herrera Oria CEU, en la Comunidad Valenciana, todas las pruebas serán online. Fuentes de la universidad explican que la vigilancia se llevará a cabo a través de una plataforma llamada Balckboard Collaborate Ultra que incorpora un navegador de internet propio incompatible con otros navegadores (para evitar consultas en internet) y que también les da acceso a la cámara web del estudiante "para monitorizar su situación". También hay públicas, como la Universidad de La Laguna. Otras todavía negocian con los estudiantes, una de las peticiones que realizó el Ministerio de Universidades: "Es importante que todas esas medidas adicionales que se tomen sean tomadas en el marco del consenso y la escucha de todos los actores de la comunidad universitaria".
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