No al desmantelamiento de las aulas TEA
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domingo, 12 de noviembre de 2023
15-11-2023: Concentración "¡No al desmantelamiento de las aulas TEA!" (17:30 h., en C/ Alcalá, 32-34). Convoca: CCOO
miércoles, 31 de mayo de 2023
2-6-2023: Jornada cultural “Orgullos@s de la Pública” (de 17:00 a 21:30 h., en Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo. Avda. las Glorietas 19). Plataforma de Vallekas por la Escuela Pública
💚Seguimos adelante a pesar de la previsión de lluvia. 🌦️
Hemos tenido que hacer algunos cambios:
📌Todas las actuaciones se harán dentro del Centro Cívico. 🎸🎭
📌En el patio lateral (cubierto) habrá exposiciones y talleres para todas las edades. 🎨🏃♀️👫
🎶Se mantienen casi todas las actuaciones pero habrá pequeñas variaciones en el horario.🕗
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jueves, 10 de diciembre de 2020
Del 1 de febrero al 31 de octubre de 2021: El Síndrome de Down: cómo potenciar la inclusión desde la familia y la escuela (UNED)
Matrícula: Del 7 de septiembre de 2020 al 15 de enero de 2021
Puedes consultar el programa y toda la información del curso en formacionpermanente.uned.es
domingo, 18 de octubre de 2020
‘Quererla es crearla’, una campaña por la educación inclusiva (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)
Reproducimos este artículo y vídeo publicados en ELDIARIODELAEDUCACION.COM
- En la víspera del comienzo de la tramitación parlamentaria de la Lomloe, un colectivo anónimo ha comenzado una campaña para reivindicar la necesaria apuesta por la inclusión en la futura ley.
«Ante el próximo trámite parlamentario de la LOMLOE el jueves 15 de este mismo mes, el surgimiento de esta campaña quiere ser un recordatorio público de que, pese a la necesidad de inversión y el enorme esfuerzo que va a requerir por parte de todos los sectores implicados, la nueva ley no puede desaprovechar la oportunidad de iniciar un proceso irrevocable que garantice la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado sin segregación de ningún tipo».
Así termina el comunicado de prensa enviado esta mañana desde la campaña ‘Quererla es crearla’, organizada por un grupo anónimo que intenta influir en la concienciación de que la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo es un imperativo con el que la sociedad debe comprometerse.
Para ejemplificarlo, han realizado un vídeo en el que el grupo repasa algunas de las injusticias y luchas por la consecución de diferentes derechos de colectivos a lo largo de la historia. Desde los generados para terminar con la esclavitud y la segregación racial, los relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos laborales de la clase trabajadora o los referidos a la infancia.
En el caso de las personas con discapacidad y la lucha contra la segregación educativa y social, el colectivo asegura que «no surge de un idealismo infundado, sino que se asienta en el derecho internacional, y particularmente en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad».
Un texto que fue suscrito por España en 2008 y cuya primera década como parte del ordenamiento jurídico se celebró con la «condena» por el incumplimiento sistemático del mandato a la educación inclusiva. Algo que, hace pocas semanas, volvió a ocurrir con el caso concreto de Rubén, un joven que tras 10 años de litigio con las administraciones ha visto reconocidos sus derechos.
Más allá del vídeo, se ha puesto en marcha una web en la que el colectivo recoge información y documentación útiles para, según fuentes de la organización, «ser una herramienta útil para aquellas personas o colectivos que estén en lugares en los que se pueda disputar el derecho a la educación inclusiva».
En sus secciones puede encontrarse bibliografía en relación a la inclusión de personas con discapacidad en los entornos educativos, así como referencias a la legilación, nacional e internacional, vinculada a este asunto.
En la creación del colectivo y la campaña han participado «familias, profesionales de la educación y de la investigación educativa de toda España» que han preferido mantenerse en el anonimato para «evitar los prejuicios o conflictos más relacionados con organismos que con ideas».
sábado, 7 de marzo de 2020
Carme Fernández: «Todos los alumnos deben estar en centros ordinarios, con los recursos necesarios» (entrevista realizada por Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)
Reproducimos esta entrevista publicada en ELDIARIODELAEDUCACION.COM
¿Se practica la inclusión en España?
No. Muy poco. El informe del comité de la ONU, fruto de una investigación realizada en España, que ha concluido que se vulnera el derecho a la educación inclusiva y que exhorta a España a eliminar los enfoques que segregan: los centros específicos y las aulas en centros ordinarios. Es lo que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo, pero esto nos refuerza. La respuesta que ha dado España fue vergonzante, aunque la dio el Gobierno anterior, no el actual, está por ver cómo reacciona este. En esa respuesta se vino a decir que España lo hace todo muy bien y que no se vulnera el derecho a la educación inclusiva. Nos gustaría que el nuevo Gobierno rectificara esa respuesta como primer paso. El segundo paso sería que pusiera de una vez un plan de acción encima de la mesa. Esa solicitud que hace el Comité de actuar sin demora significa que hay que empezar ya. Evidentemente no puede hacerse de hoy para mañana, hay mucho que hacer, pero si no empezamos no lo haremos nunca. Mientras tanto, se siguen abriendo aulas específicas y las familias tienen que acudir a la justicia. Tiene que haber una hoja de ruta clara, con plazos, y que en equis años (tres-cuatro) se deje de matricular a niños en aulas especiales, que se empiece a trasladar los niños a centros ordinarios, dotar de recursos, etc. para trasformar este sistema que tenemos en uno unitario con una sola escuela.
Usted entonces es partidaria de la desaparición de los centros y aulas en todos los casos.
Lo digo yo, lo dice el comité de la ONU… Hablamos de un derecho humano fundamental y hay que defenderlo para todos, no hay casos excepcionales en los que no se tenga que cumplir este derecho. Todos los alumnos deben estar en centros ordinarios, con los recursos necesarios, pero todos juntos. Tienen que desaparecer estos centros, España se comprometió a ello al ratificar la convención.
Se siguen construyendo centros de educación especial. No parece que estemos en ese camino.
Se está caminando en la dirección contraria. Es cierto que no se abren tantos centros especiales como hace años, pero las aulas específicas sí van in crescendo. Es preocupante. Estamos esperando a ver qué postura toma el nuevo gobierno y qué medidas toma. Si no hace nada, actuaremos. Mientras, seguimos en la vía judicial, que creemos que puede abrir otras vías. A raíz de la visita del comité, se han creado plataformas formadas por familias y centros especiales que están desarrollando una resistencia en contra de que desaparezcan estos centros de segregación. Es preocupante que están entrando en estas plataformas asociaciones importantes de España, incluso sindicatos. Su lema es “educación inclusiva sí, especial también”. Esta resistencia lo que dice es que se respete la elección de centro de los padres y que quien quiera vaya a ordinaria y quien quiera a especial. Pero no es una cuestión de elección de centro. Este derecho decae cuando está en juego un derecho fundamental como es la educación inclusiva. El derecho es a elegir entre centros ordinarios, no entre centro ordinario o específico. Están lanzando una campaña desprestigiando al comité, me parece preocupante y peligroso.
¿Por qué las aulas específicas son segregadoras?
Porque separan a los alumnos por su diversidad. Es igual que un centro de educación especial, pero en un centro ordinario, funcionan exactamente igual.
En los últimos años se están dando bastantes sentencias contra las administraciones por discriminar a niños. ¿Está cambiando la mentalidad o es una cuestión particular de algunos jueces?
Está cambiando. Los jueces cuando dictan las sentencias miran otras, y de alguna forma están adquiriendo unos conocimientos y una visión que no tenían. Cuantas más sentencias haya, mejor, porque unas empujan a las otras. Ahora estamos pendientes de unas cuantas por salir, tenemos mucha esperanza de que salgan bien.
En tres-cuatro años se debería dejar de matricular a niños en aulas especiales y empezar a trasladarlos a centros ordinarios
¿Van en la misma línea que las otras?
Hay algunas que pueden ser importantes porque son sobre aulas específicas en centros ordinarios, no sobre centros especiales. Es más complicado, porque las aulas se venden como inclusivas. Es más complejo de defender, si sale una sentencia favorable va a ser muy importante porque abrir aulas de este tipo es la tendencia actual.
“Está cambiando la mentalidad”, pero parece que no tanto
No choca porque hay una parte de la población que va a ser resistente al cambio. La resistencia, que la llamo yo, es muy diversa. Hay familias, escuelas, profesionales y entidades. Creo que las familias son las víctimas de este tema porque están desinformadas sobre la cuestión en su mayoría. Incluso desconocen la convención. La Administración ha hecho bien su trabajo, no ha difundido la convención, cuando está obligada a hacerlo. Creo que las familias son víctimas, se les ha infundido miedo a que sus hijos no tengan recursos en el centro ordinario y se ha creado un relato sobre los centros especiales como única y mejor opción. Mi opinión es que están utilizando a las familias como escudos en estas manifestaciones. Hay muchos intereses detrás de esto. Las escuelas especiales en su mayoría son privadas o concertadas, hay mucho interés en mantener el sistema segregador. También hay muchas aulas específicas concertadas
¿Dentro de centros públicos?
Sí, porque las ponen en marcha las asociaciones. En un centro específico o un aula, hay un porcentaje de alumnos cuyas familias están conformes con esa modalidad por el motivo que sea. Pero hay otras tantas que están ahí obligadas por informes de escolarización o negación de recursos en los centros públicos. Vamos a suponer que ese tanto por ciento de alumnos que están obligados se pasaran a centros ordinarios. Es inviable, porque en el momento en el que los sacas de los especiales, estos dejan de ser viables económicamente. Esto quiere decir que el centro de educación especial sobrevive gracias a que se obliga a muchas familias a llevar a sus hijos ahí. El centro de educación especial necesita los dictámenes de escolarización que obligan a las familias. Ahí está la clave para mí. Mientras existan los centros especiales va a ser imposible que los alumnos acudan a centros ordinarios. Solo cabe una solución: el trasvase de alumnos de la especial, junto con todos los recursos, a las escuelas ordinarias. Evidentemente que con un plan de acción y una hoja de ruta bien planificada.
¿No suena a un poco utópica esta petición?
Es igual de realista que cuando las escuelas para negros, las black schools, desaparecieron. Parecía una utopía, pero muchos activistas pelearon para que esto sucediera. En EEUU llegaron al punto de que sí, los negros tenían los mismos derechos, pero tenían que estar separados. Al final, la Corte Suprema de los EEUU decidió que la educación pública segregada no era igual y que esa segregación en las escuelas públicas era ilegal. Si eso se consiguió con las escuelas de negros tenemos que conseguirlo igual con las de diversidad funcional. Hablamos de un derecho humano fundamental y eso es lo que la gente se tiene que meter en la cabeza. A nadie se le ocurriría separar a negros y blancos hoy en día, pero sí se defiende que se separe a los alumnos con diversidad funcional.
Parece que el problema es de concienciación, entonces.
No hay conciencia en gran parte de la población y va a haber que hacer un camino en el que hay aportar mucha información. Seguir en la vía judicial creo que es importante e intentar presionar a los gobiernos y que esto se vaya modificando. Tenemos la fuerza de la Convención y de la resolución del Comité. Esto no es opinable, es un derecho fundamental. Que las escuelas especiales sean legales (aunque deberían haberse adaptado a la Convención) no significa que vayan de la mano del respeto de los derechos humanos. Quizá haya que llegar por la vía judicial hasta ahí.
¿Está el profesorado preparado para atender a la diversidad en las clases?
Ni están formados ni tienen los recursos. Esto es algo que se consigue formándolos y poniendo los recursos, no son imposibles. La supuesta especialización que existe en los centros especiales no es tal tampoco. Un PT (pedagogo terapeuta) es exactamente el mismo en un centro especial que ordinario. Todos tienen la misma formación y la misma titulación. En los centros ordinarios también hay PT y AL (audición y lenguaje), pero les faltan recursos.
Dice un estudio que la mitad de los profesores se muestra “indiferente” respecto a la atención a la diversidad y que uno de cada seis (un 16%) está en desacuerdo. Con esto mimbres parece complicado practicar la inclusión…
Es complicado, pero esto hay que cambiarlo también. Hay que reflexionar por qué es así. Y es así porque durante muchos años se ha consentido. Detrás de esto hay una clara actuación por parte de los gobiernos. No ha interesado formar a los profesionales de las escuelas o a la comunidad educativa. Todo lo contrario, se les han puesto muchos obstáculos para que acaben mostrando esa indiferencia o desacuerdo. Obstáculos en forma de falta de recursos, de no formar, de ofrecer la posibilidad de llevar a los chicos al centro especial. Mientras exista esa realidad paralela y falta de recursos, tenemos ese colectivo que va a dar guerra llegado el momento. Habrá que actuar sobre ello también cuando toque. La diana es muy grande y en este plan de actuación que comento hay que actuar en varios contextos o sistemas: profesionales, familias… No es sencillo, pero que no lo sea no quiere decir que no haya que empezar ya. El objetivo ha de ser la inclusión plena y no puede estar a años vista en el sentido de lustros.
Mientras existan los centros especiales va a ser imposible que los alumnos acudan a centros ordinarios
Aparte de las aulas específicas en centros ordinarios, ¿qué tipo de prácticas nos venden como inclusión pero no lo son?
Dentro de una misma aula ordinaria también se pueden dar prácticas que segreguen al alumnado. Si este tiene un apoyo en su aula ordinaria, pero es ponerle en una esquina a trabajar solo, con un currículum que no comparte en absoluto con sus compañeros, no tiene un plan educativo para relacionarse con sus compañeros, etc. es una práctica segregadora. Los currículos paralelos son segregadores. Tienen que hacer el mismo. Que tenga una distancia equis con sus compañeros no quiere decir que no pueda compartir contenidos, tendrán que estar adaptados a sus necesidades, pero han de ser los mismos. Solo en esa conexión se establecen relaciones, se promueve la ayuda mutua, a cooperar entre ellos… Pero si no comparten lo que están haciendo es muy difícil que eso pase en el aula.
¿Es la inclusión plena el final del camino o aspiramos a algo más?
Sería un final y un comienzo a la vez. Hay mucho que hacer. En la inclusión hay unos parámetros básicos necesarios: uno es la presencia del alumno en el entorno educativo, luego está la participación y el éxito. Estos dos últimos dicen que la presencia ha de ser activa, no solo presencia. Nunca vamos a llegar a una inclusión plena porque esos parámetros siempre son mejorables. Es como decir que la educación es mejorable. Siempre lo va a ser, pero hay que partir de unos mínimos y ahora mismo no estamos en ellos, estamos bajo mínimos. Muchos alumnos no tienen garantizada su presencia en el entorno ordinario. Lo primero es garantizarla. Es un camino sin final, evidentemente.
¿Está la sociedad preparada para la inclusión?
Si yo hiciera una fotografía a día de hoy me inclino más a decir que no está preparada, pero creo que puede prepararse. La veo capaz de prepararse. Es como cuando hablamos de los alumnos y decimos: tiene equis capacidad o esto no lo puede hacer. A mí me da igual la foto de hoy, me importa la capacidad. Y creo que somos una sociedad que nos podemos preparar para ello.
¿Alguna comunidad está trabajando bien el tema?
Hay actuaciones concretas en algunas comunidades, pero actuaciones globales, lamento decir que no hay ninguna. Hay cosas que pueden ser el inicio de algo (en Cataluña hay un decreto, por ejemplo, pero no se acaba de cumplir).
- Carme Fernández, directora de la Fundació Gerard es una ferviente defensora de la inclusión. Asegura que «Mientras existan los centros especiales va a ser imposible que los alumnos acudan a centros ordinarios».
- «La educación especial no vulnera los derechos humanos de ningún chaval»
¿Se practica la inclusión en España?
No. Muy poco. El informe del comité de la ONU, fruto de una investigación realizada en España, que ha concluido que se vulnera el derecho a la educación inclusiva y que exhorta a España a eliminar los enfoques que segregan: los centros específicos y las aulas en centros ordinarios. Es lo que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo, pero esto nos refuerza. La respuesta que ha dado España fue vergonzante, aunque la dio el Gobierno anterior, no el actual, está por ver cómo reacciona este. En esa respuesta se vino a decir que España lo hace todo muy bien y que no se vulnera el derecho a la educación inclusiva. Nos gustaría que el nuevo Gobierno rectificara esa respuesta como primer paso. El segundo paso sería que pusiera de una vez un plan de acción encima de la mesa. Esa solicitud que hace el Comité de actuar sin demora significa que hay que empezar ya. Evidentemente no puede hacerse de hoy para mañana, hay mucho que hacer, pero si no empezamos no lo haremos nunca. Mientras tanto, se siguen abriendo aulas específicas y las familias tienen que acudir a la justicia. Tiene que haber una hoja de ruta clara, con plazos, y que en equis años (tres-cuatro) se deje de matricular a niños en aulas especiales, que se empiece a trasladar los niños a centros ordinarios, dotar de recursos, etc. para trasformar este sistema que tenemos en uno unitario con una sola escuela.
Usted entonces es partidaria de la desaparición de los centros y aulas en todos los casos.
Lo digo yo, lo dice el comité de la ONU… Hablamos de un derecho humano fundamental y hay que defenderlo para todos, no hay casos excepcionales en los que no se tenga que cumplir este derecho. Todos los alumnos deben estar en centros ordinarios, con los recursos necesarios, pero todos juntos. Tienen que desaparecer estos centros, España se comprometió a ello al ratificar la convención.
Se siguen construyendo centros de educación especial. No parece que estemos en ese camino.
Se está caminando en la dirección contraria. Es cierto que no se abren tantos centros especiales como hace años, pero las aulas específicas sí van in crescendo. Es preocupante. Estamos esperando a ver qué postura toma el nuevo gobierno y qué medidas toma. Si no hace nada, actuaremos. Mientras, seguimos en la vía judicial, que creemos que puede abrir otras vías. A raíz de la visita del comité, se han creado plataformas formadas por familias y centros especiales que están desarrollando una resistencia en contra de que desaparezcan estos centros de segregación. Es preocupante que están entrando en estas plataformas asociaciones importantes de España, incluso sindicatos. Su lema es “educación inclusiva sí, especial también”. Esta resistencia lo que dice es que se respete la elección de centro de los padres y que quien quiera vaya a ordinaria y quien quiera a especial. Pero no es una cuestión de elección de centro. Este derecho decae cuando está en juego un derecho fundamental como es la educación inclusiva. El derecho es a elegir entre centros ordinarios, no entre centro ordinario o específico. Están lanzando una campaña desprestigiando al comité, me parece preocupante y peligroso.
¿Por qué las aulas específicas son segregadoras?
Porque separan a los alumnos por su diversidad. Es igual que un centro de educación especial, pero en un centro ordinario, funcionan exactamente igual.
En los últimos años se están dando bastantes sentencias contra las administraciones por discriminar a niños. ¿Está cambiando la mentalidad o es una cuestión particular de algunos jueces?
Está cambiando. Los jueces cuando dictan las sentencias miran otras, y de alguna forma están adquiriendo unos conocimientos y una visión que no tenían. Cuantas más sentencias haya, mejor, porque unas empujan a las otras. Ahora estamos pendientes de unas cuantas por salir, tenemos mucha esperanza de que salgan bien.
En tres-cuatro años se debería dejar de matricular a niños en aulas especiales y empezar a trasladarlos a centros ordinarios
¿Van en la misma línea que las otras?
Hay algunas que pueden ser importantes porque son sobre aulas específicas en centros ordinarios, no sobre centros especiales. Es más complicado, porque las aulas se venden como inclusivas. Es más complejo de defender, si sale una sentencia favorable va a ser muy importante porque abrir aulas de este tipo es la tendencia actual.
“Está cambiando la mentalidad”, pero parece que no tanto
No choca porque hay una parte de la población que va a ser resistente al cambio. La resistencia, que la llamo yo, es muy diversa. Hay familias, escuelas, profesionales y entidades. Creo que las familias son las víctimas de este tema porque están desinformadas sobre la cuestión en su mayoría. Incluso desconocen la convención. La Administración ha hecho bien su trabajo, no ha difundido la convención, cuando está obligada a hacerlo. Creo que las familias son víctimas, se les ha infundido miedo a que sus hijos no tengan recursos en el centro ordinario y se ha creado un relato sobre los centros especiales como única y mejor opción. Mi opinión es que están utilizando a las familias como escudos en estas manifestaciones. Hay muchos intereses detrás de esto. Las escuelas especiales en su mayoría son privadas o concertadas, hay mucho interés en mantener el sistema segregador. También hay muchas aulas específicas concertadas
¿Dentro de centros públicos?
Sí, porque las ponen en marcha las asociaciones. En un centro específico o un aula, hay un porcentaje de alumnos cuyas familias están conformes con esa modalidad por el motivo que sea. Pero hay otras tantas que están ahí obligadas por informes de escolarización o negación de recursos en los centros públicos. Vamos a suponer que ese tanto por ciento de alumnos que están obligados se pasaran a centros ordinarios. Es inviable, porque en el momento en el que los sacas de los especiales, estos dejan de ser viables económicamente. Esto quiere decir que el centro de educación especial sobrevive gracias a que se obliga a muchas familias a llevar a sus hijos ahí. El centro de educación especial necesita los dictámenes de escolarización que obligan a las familias. Ahí está la clave para mí. Mientras existan los centros especiales va a ser imposible que los alumnos acudan a centros ordinarios. Solo cabe una solución: el trasvase de alumnos de la especial, junto con todos los recursos, a las escuelas ordinarias. Evidentemente que con un plan de acción y una hoja de ruta bien planificada.
¿No suena a un poco utópica esta petición?
Es igual de realista que cuando las escuelas para negros, las black schools, desaparecieron. Parecía una utopía, pero muchos activistas pelearon para que esto sucediera. En EEUU llegaron al punto de que sí, los negros tenían los mismos derechos, pero tenían que estar separados. Al final, la Corte Suprema de los EEUU decidió que la educación pública segregada no era igual y que esa segregación en las escuelas públicas era ilegal. Si eso se consiguió con las escuelas de negros tenemos que conseguirlo igual con las de diversidad funcional. Hablamos de un derecho humano fundamental y eso es lo que la gente se tiene que meter en la cabeza. A nadie se le ocurriría separar a negros y blancos hoy en día, pero sí se defiende que se separe a los alumnos con diversidad funcional.
Parece que el problema es de concienciación, entonces.
No hay conciencia en gran parte de la población y va a haber que hacer un camino en el que hay aportar mucha información. Seguir en la vía judicial creo que es importante e intentar presionar a los gobiernos y que esto se vaya modificando. Tenemos la fuerza de la Convención y de la resolución del Comité. Esto no es opinable, es un derecho fundamental. Que las escuelas especiales sean legales (aunque deberían haberse adaptado a la Convención) no significa que vayan de la mano del respeto de los derechos humanos. Quizá haya que llegar por la vía judicial hasta ahí.
¿Está el profesorado preparado para atender a la diversidad en las clases?
Ni están formados ni tienen los recursos. Esto es algo que se consigue formándolos y poniendo los recursos, no son imposibles. La supuesta especialización que existe en los centros especiales no es tal tampoco. Un PT (pedagogo terapeuta) es exactamente el mismo en un centro especial que ordinario. Todos tienen la misma formación y la misma titulación. En los centros ordinarios también hay PT y AL (audición y lenguaje), pero les faltan recursos.
Dice un estudio que la mitad de los profesores se muestra “indiferente” respecto a la atención a la diversidad y que uno de cada seis (un 16%) está en desacuerdo. Con esto mimbres parece complicado practicar la inclusión…
Es complicado, pero esto hay que cambiarlo también. Hay que reflexionar por qué es así. Y es así porque durante muchos años se ha consentido. Detrás de esto hay una clara actuación por parte de los gobiernos. No ha interesado formar a los profesionales de las escuelas o a la comunidad educativa. Todo lo contrario, se les han puesto muchos obstáculos para que acaben mostrando esa indiferencia o desacuerdo. Obstáculos en forma de falta de recursos, de no formar, de ofrecer la posibilidad de llevar a los chicos al centro especial. Mientras exista esa realidad paralela y falta de recursos, tenemos ese colectivo que va a dar guerra llegado el momento. Habrá que actuar sobre ello también cuando toque. La diana es muy grande y en este plan de actuación que comento hay que actuar en varios contextos o sistemas: profesionales, familias… No es sencillo, pero que no lo sea no quiere decir que no haya que empezar ya. El objetivo ha de ser la inclusión plena y no puede estar a años vista en el sentido de lustros.
Mientras existan los centros especiales va a ser imposible que los alumnos acudan a centros ordinarios
Aparte de las aulas específicas en centros ordinarios, ¿qué tipo de prácticas nos venden como inclusión pero no lo son?
Dentro de una misma aula ordinaria también se pueden dar prácticas que segreguen al alumnado. Si este tiene un apoyo en su aula ordinaria, pero es ponerle en una esquina a trabajar solo, con un currículum que no comparte en absoluto con sus compañeros, no tiene un plan educativo para relacionarse con sus compañeros, etc. es una práctica segregadora. Los currículos paralelos son segregadores. Tienen que hacer el mismo. Que tenga una distancia equis con sus compañeros no quiere decir que no pueda compartir contenidos, tendrán que estar adaptados a sus necesidades, pero han de ser los mismos. Solo en esa conexión se establecen relaciones, se promueve la ayuda mutua, a cooperar entre ellos… Pero si no comparten lo que están haciendo es muy difícil que eso pase en el aula.
¿Es la inclusión plena el final del camino o aspiramos a algo más?
Sería un final y un comienzo a la vez. Hay mucho que hacer. En la inclusión hay unos parámetros básicos necesarios: uno es la presencia del alumno en el entorno educativo, luego está la participación y el éxito. Estos dos últimos dicen que la presencia ha de ser activa, no solo presencia. Nunca vamos a llegar a una inclusión plena porque esos parámetros siempre son mejorables. Es como decir que la educación es mejorable. Siempre lo va a ser, pero hay que partir de unos mínimos y ahora mismo no estamos en ellos, estamos bajo mínimos. Muchos alumnos no tienen garantizada su presencia en el entorno ordinario. Lo primero es garantizarla. Es un camino sin final, evidentemente.
¿Está la sociedad preparada para la inclusión?
Si yo hiciera una fotografía a día de hoy me inclino más a decir que no está preparada, pero creo que puede prepararse. La veo capaz de prepararse. Es como cuando hablamos de los alumnos y decimos: tiene equis capacidad o esto no lo puede hacer. A mí me da igual la foto de hoy, me importa la capacidad. Y creo que somos una sociedad que nos podemos preparar para ello.
¿Alguna comunidad está trabajando bien el tema?
Hay actuaciones concretas en algunas comunidades, pero actuaciones globales, lamento decir que no hay ninguna. Hay cosas que pueden ser el inicio de algo (en Cataluña hay un decreto, por ejemplo, pero no se acaba de cumplir).
miércoles, 12 de febrero de 2020
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Vídeo de La Educación Pública
Vídeo de la Educación Pública
En esta ocasión, nos sumergimos en el DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) de la mano de Silvana Mabel Corso.
domingo, 3 de noviembre de 2019
"La escuela pública también segrega" (Guadalupe Jover para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)
ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este artículo
La segregación escolar va por barrios y por titularidad de los centros, confirman recientes estudios. Pero no solo. Las políticas educativas están llevando la lógica del mercado también a los centros públicos, alentando en ellos la competitividad y la segregación.
“Mamá, ¿esto es un colegio?”. Un buen termómetro para calibrar la magnitud de la desigualdad educativa en España son las instalaciones deportivas de sus centros. La pregunta reproduce el asombro de uno de mis hijos – 6 o 7 años entonces- al llegar con su equipo de fútbol a un colegio concertado de la ciudad de Alicante. Campos y campos de fútbol, canchas de baloncesto, una piscina cubierta… El colegio era, sí, religioso, y a mi cabeza vinieron unas palabras del Evangelio: “Ay del que escandalizare a uno de estos pequeños…”. Porque había escándalo en las palabras del niño: una perplejidad a la que no supe dar respuesta.
Imaginaba, además, el asombro inverso: el de los niños y niñas crecidos en ese entorno, el del colegio aquel, en sus visitas a centros públicos como el de mis hijos, con unas instalaciones más bien modestas. ¿Cómo evitar la cristalización del clasismo, de una mirada que naturaliza las diferencias sociales y de derechos? En la escuela, lo ha dicho muchas veces Pedro Uruñuela, no solo aprendemos contenidos de esta o aquella materia, sino también y, sobre, todo modelos de convivencia.
En las últimas semanas diversos artículos han venido a poner el foco en lo que es, sin duda, el principal problema de la educación en España: una segregación creciente que no hace sino aumentar las cotas de desigualdad presentes y futuras. España es ya el 5º país más segregador de Europa por nivel socioeconómico y, entre las comunidades autónomas, es Madrid la que se lleva la palma.
En cuanto a las causas, de nuevo los informes ponen cifras a nuestro conocimiento empírico: la residencial, la doble red privada-pública, y las políticas educativas de cuasi-mercado que apuestan por la mal llamada “libertad de elección” y la competitividad entre centros. Las tres variables, inevitablemente, se entrelazan. Son muchos los barrios de Madrid con unas diferencias insoportables en la composición del alumnado en centros que apenas distan un puñado de metros.
Mucho se ha escrito -y habrá que seguir haciéndolo- sobre las múltiples formas, consentidas por la Administración, de que se valen infinidad de centros concertados para incumplir los criterios de admisión del alumnado y establecer filtros insalvables a quienes no se ajustan al prototipo de estudiante que buscan.
¿Y los centros públicos? ¿Seleccionan también a su alumnado? ¿Compiten entre ellos? ¿Segregan, incluso, de puertas adentro? Resuenan en mi cabeza las palabras de mi amiga Mila. Andaban ella y su pareja conociendo los coles del barrio para escolarizar a la mayor de sus hijas, cuando la directora de uno de ellos esgrimió como argumento de calidad que en su colegio no había niños inmigrantes. Clasismo y racismo, sí, también en el corazón de la escuela pública.
“Hay que votar a favor del bilingüismo, porque, si no, nos vamos a quedar con el peor alumnado”. Aquel fue el pistoletazo de salida. La Comunidad de Madrid impulsaba el mal llamado programa bilingüe, que lejos de alentar una educación plurilingüe que partiera del reconocimiento del bilingüismo real de gran parte de su alumnado (cerca de una cuarta parte de mis estudiantes de este curso domina, además del castellano, otra lengua: árabe, rumano, búlgaro, etc.), se limitaba a utilizar el inglés como filtro de selección de las especies escolares. Aquellos que supieran más inglés recibirían algunas asignaturas en esta lengua -Historia, Biología, Música, Educación Física- y constituirían grupos especiales. ¿Y quiénes sabían más inglés? Naturalmente, y salvo contadas excepciones, aquellos que provenían de entornos socioeconómicos favorecidos y que habían tenido la oportunidad de acceder desde bien pequeños a academias, campamentos en inglés, viajes al extranjero o clases de conversación.
Y comoquiera que el sello de “colegio bilingüe” o “instituto bilingüe” se daba inicialmente con cuentagotas, los centros se pusieron a competir entre sí para hacerse acreedores de aquel. No conozco a un solo docente, ni siquiera entre los que en su día votaron a favor de la introducción del programa en su instituto, que comulgue con su planteamiento. Nadie duda a estas alturas de la necesidad de que todo nuestro alumnado -sin excepción- acabe la escolarización obligatoria desenvolviéndose con fluidez en la lengua franca de nuestro mundo. Pero todos sabemos que hay otras vías para lograrlo, no segregadoras, y que empiezan por la reducción de unas ratios insoportables. Sin embargo, la carrera ya está en marcha. Objetar a las reglas del juego significa, para muchos, la condena a la guetización o a la desaparición.
De entonces acá, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ha dejado de sacar conejos de su chistera: los institutos de excelencia, los institutos tecnológicos, los institutos STEM. La apuesta de la LOMCE por “la especialización de los centros” ha hecho mella en los claustros, que compiten entre sí por colocar una placa nueva en la fachada del centro y atraerse el favor de las familias. Las reglas del mercado han alcanzado el corazón mismo de la educación pública, espoleadas por las políticas educativas de la Administración madrileña. Y así, en un mismo barrio, hay coles públicos de primera o de segunda, institutos de primera o de segunda, en función de los distintivos que ostenten (distintivos que han acabado por suplantar el proyecto educativo del centro, pues al fin da igual lo que en realidad se haga). Si además el criterio de asignación prescinde de zonificación alguna, la polarización no hace sino aumentar.
¿Y qué pasa en el interior de esos centros? ¿Se dan, a su vez, prácticas segregadoras? ¿Hay también clases de primera y clases de segunda? Duele reconocerlo, pero así es. Porque no todo el alumnado del centro puede incorporarse, por ejemplo, a la llamada “sección bilingüe”, que es aquella en que se da inglés avanzado y determinadas materias en inglés. Se forman así, en cada curso, grupos segregados por origen socioeconómico y nivel académico. Basta leer las listas de dos clases -basta, sí, leer los nombres y apellidos, reveladores de determinado origen geográfico- y saber quiénes estarán a un lado y otro del pasillo. Sangrante, ¿no?
Capítulo aparte merecería la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, víctima primera de nuestras prácticas segregadoras como consecuencia de la infradotación de recursos y de la dejación por parte de la Administración. Mucho ha de cambiar también la escuela pública para ser realmente inclusiva. Pero este -subrayémoslo- es un horizonte irrenunciable.
Y aún hay más, claro. Desde que la LOMCE estableciera los itinerarios para 4º de ESO -y pese a que finalmente las reválidas no se hayan hecho efectivas- los grupos del último curso de la secundaria obligatoria tienen perfiles absolutamente diferenciados. Duele entrar en dos grupos de 4º ESO de un mismo centro y constatar las enormes diferencias -y desigualdades- en su composición. ¡Qué lejos aún de la igualdad de oportunidades! El sesgo de clase y de género en los diferentes itinerarios de 4º es más que alarmante. No podemos naturalizarlo.
Todo esto sobreviene, no lo olvidemos, en un contexto de recortes, de sobrecarga lectiva del profesorado, de masificación de las aulas, de desmantelamiento de los equipos de Orientación. Ante esta realidad, algunos equipos directivos optan, y muchos de buena fe, por conformar grupos reducidos de “perfiles específicos” para atender con “metodología específica” al alumnado más vulnerable. Pero no es esta -a mi manera de ver- la solución. No puede serlo.
Urge un golpe de timón en las políticas públicas, y urgen los cambios curriculares y metodológicos que permitan que la nuestra sea, al fin, una escuela inclusiva, una escuela de todos y para todos sin distinción de género, credo o clase. Nada de esto tiene que ver -habrá que repetirlo una vez más- con ninguna “bajada de niveles” a que falazmente apelan los refractarios a todo cambio. Esto no va de niveles, sino de enfoques.
Un último apunte. Nunca entendí que la optatividad en la ESO lejos de ser una palanca de cohesión social y escolar fuera también un nuevo factor de segregación: ¿por qué imponer “Refuerzo de Lengua” a quienes suspendieron Lengua o “Refuerzo de Matemáticas” a quienes suspendieron Matemáticas, en vez de proponer grupos abiertos de “Taller de radio” o “Juegos de estrategia”- por poner dos ejemplos entre muchos posibles-, que podrían contribuir a solventar dificultades ayudando, además, a reducir la ansiedad o el tedio? La realidad es que, en la Comunidad en la que trabajo, las optativas acaban confinando de nuevo en los mismos grupos a determinado tipo de estudiantes de perfil homogéneo. Por no hablar del hecho de que las creencias religiosas del alumnado o sus familias puedan erigirse en criterio para separar a los estudiantes en unos grupos de otros. Hora es ya de sacar la religión confesional del currículo escolar.
Así las cosas, y por muy buena voluntad que el equipo directivo tenga para intentar preservar la heterogeneidad de los grupos, son demasiadas las variables que lo dificultan y aun lo impiden, abocando a una creciente e inadmisible segregación también a la escuela pública: segregación por género -el mal llamado fracaso escolar es predominantemente masculino, y hay por tanto muchos más chicos que chicas en los grupos de determinados perfiles-; segregación por origen geográfico y cultural; segregación por entorno socioeconómico.
Es nuestra escuela la que está fracasando. Y en este fracaso es a la Administración educativa a la que le cabe una responsabilidad capital.
Guadalupe Jover es profesora de Educación Secundaria.
La segregación escolar va por barrios y por titularidad de los centros, confirman recientes estudios. Pero no solo. Las políticas educativas están llevando la lógica del mercado también a los centros públicos, alentando en ellos la competitividad y la segregación.
“Mamá, ¿esto es un colegio?”. Un buen termómetro para calibrar la magnitud de la desigualdad educativa en España son las instalaciones deportivas de sus centros. La pregunta reproduce el asombro de uno de mis hijos – 6 o 7 años entonces- al llegar con su equipo de fútbol a un colegio concertado de la ciudad de Alicante. Campos y campos de fútbol, canchas de baloncesto, una piscina cubierta… El colegio era, sí, religioso, y a mi cabeza vinieron unas palabras del Evangelio: “Ay del que escandalizare a uno de estos pequeños…”. Porque había escándalo en las palabras del niño: una perplejidad a la que no supe dar respuesta.
Imaginaba, además, el asombro inverso: el de los niños y niñas crecidos en ese entorno, el del colegio aquel, en sus visitas a centros públicos como el de mis hijos, con unas instalaciones más bien modestas. ¿Cómo evitar la cristalización del clasismo, de una mirada que naturaliza las diferencias sociales y de derechos? En la escuela, lo ha dicho muchas veces Pedro Uruñuela, no solo aprendemos contenidos de esta o aquella materia, sino también y, sobre, todo modelos de convivencia.
En las últimas semanas diversos artículos han venido a poner el foco en lo que es, sin duda, el principal problema de la educación en España: una segregación creciente que no hace sino aumentar las cotas de desigualdad presentes y futuras. España es ya el 5º país más segregador de Europa por nivel socioeconómico y, entre las comunidades autónomas, es Madrid la que se lleva la palma.
En cuanto a las causas, de nuevo los informes ponen cifras a nuestro conocimiento empírico: la residencial, la doble red privada-pública, y las políticas educativas de cuasi-mercado que apuestan por la mal llamada “libertad de elección” y la competitividad entre centros. Las tres variables, inevitablemente, se entrelazan. Son muchos los barrios de Madrid con unas diferencias insoportables en la composición del alumnado en centros que apenas distan un puñado de metros.
Mucho se ha escrito -y habrá que seguir haciéndolo- sobre las múltiples formas, consentidas por la Administración, de que se valen infinidad de centros concertados para incumplir los criterios de admisión del alumnado y establecer filtros insalvables a quienes no se ajustan al prototipo de estudiante que buscan.
¿Y los centros públicos? ¿Seleccionan también a su alumnado? ¿Compiten entre ellos? ¿Segregan, incluso, de puertas adentro? Resuenan en mi cabeza las palabras de mi amiga Mila. Andaban ella y su pareja conociendo los coles del barrio para escolarizar a la mayor de sus hijas, cuando la directora de uno de ellos esgrimió como argumento de calidad que en su colegio no había niños inmigrantes. Clasismo y racismo, sí, también en el corazón de la escuela pública.
“Hay que votar a favor del bilingüismo, porque, si no, nos vamos a quedar con el peor alumnado”. Aquel fue el pistoletazo de salida. La Comunidad de Madrid impulsaba el mal llamado programa bilingüe, que lejos de alentar una educación plurilingüe que partiera del reconocimiento del bilingüismo real de gran parte de su alumnado (cerca de una cuarta parte de mis estudiantes de este curso domina, además del castellano, otra lengua: árabe, rumano, búlgaro, etc.), se limitaba a utilizar el inglés como filtro de selección de las especies escolares. Aquellos que supieran más inglés recibirían algunas asignaturas en esta lengua -Historia, Biología, Música, Educación Física- y constituirían grupos especiales. ¿Y quiénes sabían más inglés? Naturalmente, y salvo contadas excepciones, aquellos que provenían de entornos socioeconómicos favorecidos y que habían tenido la oportunidad de acceder desde bien pequeños a academias, campamentos en inglés, viajes al extranjero o clases de conversación.
Y comoquiera que el sello de “colegio bilingüe” o “instituto bilingüe” se daba inicialmente con cuentagotas, los centros se pusieron a competir entre sí para hacerse acreedores de aquel. No conozco a un solo docente, ni siquiera entre los que en su día votaron a favor de la introducción del programa en su instituto, que comulgue con su planteamiento. Nadie duda a estas alturas de la necesidad de que todo nuestro alumnado -sin excepción- acabe la escolarización obligatoria desenvolviéndose con fluidez en la lengua franca de nuestro mundo. Pero todos sabemos que hay otras vías para lograrlo, no segregadoras, y que empiezan por la reducción de unas ratios insoportables. Sin embargo, la carrera ya está en marcha. Objetar a las reglas del juego significa, para muchos, la condena a la guetización o a la desaparición.
De entonces acá, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ha dejado de sacar conejos de su chistera: los institutos de excelencia, los institutos tecnológicos, los institutos STEM. La apuesta de la LOMCE por “la especialización de los centros” ha hecho mella en los claustros, que compiten entre sí por colocar una placa nueva en la fachada del centro y atraerse el favor de las familias. Las reglas del mercado han alcanzado el corazón mismo de la educación pública, espoleadas por las políticas educativas de la Administración madrileña. Y así, en un mismo barrio, hay coles públicos de primera o de segunda, institutos de primera o de segunda, en función de los distintivos que ostenten (distintivos que han acabado por suplantar el proyecto educativo del centro, pues al fin da igual lo que en realidad se haga). Si además el criterio de asignación prescinde de zonificación alguna, la polarización no hace sino aumentar.
¿Y qué pasa en el interior de esos centros? ¿Se dan, a su vez, prácticas segregadoras? ¿Hay también clases de primera y clases de segunda? Duele reconocerlo, pero así es. Porque no todo el alumnado del centro puede incorporarse, por ejemplo, a la llamada “sección bilingüe”, que es aquella en que se da inglés avanzado y determinadas materias en inglés. Se forman así, en cada curso, grupos segregados por origen socioeconómico y nivel académico. Basta leer las listas de dos clases -basta, sí, leer los nombres y apellidos, reveladores de determinado origen geográfico- y saber quiénes estarán a un lado y otro del pasillo. Sangrante, ¿no?
Capítulo aparte merecería la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, víctima primera de nuestras prácticas segregadoras como consecuencia de la infradotación de recursos y de la dejación por parte de la Administración. Mucho ha de cambiar también la escuela pública para ser realmente inclusiva. Pero este -subrayémoslo- es un horizonte irrenunciable.
Y aún hay más, claro. Desde que la LOMCE estableciera los itinerarios para 4º de ESO -y pese a que finalmente las reválidas no se hayan hecho efectivas- los grupos del último curso de la secundaria obligatoria tienen perfiles absolutamente diferenciados. Duele entrar en dos grupos de 4º ESO de un mismo centro y constatar las enormes diferencias -y desigualdades- en su composición. ¡Qué lejos aún de la igualdad de oportunidades! El sesgo de clase y de género en los diferentes itinerarios de 4º es más que alarmante. No podemos naturalizarlo.
Todo esto sobreviene, no lo olvidemos, en un contexto de recortes, de sobrecarga lectiva del profesorado, de masificación de las aulas, de desmantelamiento de los equipos de Orientación. Ante esta realidad, algunos equipos directivos optan, y muchos de buena fe, por conformar grupos reducidos de “perfiles específicos” para atender con “metodología específica” al alumnado más vulnerable. Pero no es esta -a mi manera de ver- la solución. No puede serlo.
Urge un golpe de timón en las políticas públicas, y urgen los cambios curriculares y metodológicos que permitan que la nuestra sea, al fin, una escuela inclusiva, una escuela de todos y para todos sin distinción de género, credo o clase. Nada de esto tiene que ver -habrá que repetirlo una vez más- con ninguna “bajada de niveles” a que falazmente apelan los refractarios a todo cambio. Esto no va de niveles, sino de enfoques.
Un último apunte. Nunca entendí que la optatividad en la ESO lejos de ser una palanca de cohesión social y escolar fuera también un nuevo factor de segregación: ¿por qué imponer “Refuerzo de Lengua” a quienes suspendieron Lengua o “Refuerzo de Matemáticas” a quienes suspendieron Matemáticas, en vez de proponer grupos abiertos de “Taller de radio” o “Juegos de estrategia”- por poner dos ejemplos entre muchos posibles-, que podrían contribuir a solventar dificultades ayudando, además, a reducir la ansiedad o el tedio? La realidad es que, en la Comunidad en la que trabajo, las optativas acaban confinando de nuevo en los mismos grupos a determinado tipo de estudiantes de perfil homogéneo. Por no hablar del hecho de que las creencias religiosas del alumnado o sus familias puedan erigirse en criterio para separar a los estudiantes en unos grupos de otros. Hora es ya de sacar la religión confesional del currículo escolar.
Así las cosas, y por muy buena voluntad que el equipo directivo tenga para intentar preservar la heterogeneidad de los grupos, son demasiadas las variables que lo dificultan y aun lo impiden, abocando a una creciente e inadmisible segregación también a la escuela pública: segregación por género -el mal llamado fracaso escolar es predominantemente masculino, y hay por tanto muchos más chicos que chicas en los grupos de determinados perfiles-; segregación por origen geográfico y cultural; segregación por entorno socioeconómico.
Es nuestra escuela la que está fracasando. Y en este fracaso es a la Administración educativa a la que le cabe una responsabilidad capital.
Guadalupe Jover es profesora de Educación Secundaria.
domingo, 27 de octubre de 2019
"La inclusión, un concepto que se invoca pero no se practica" (Pablo Gutiérrez del Álamo para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)
eldiariodelaeducacion.com publica este análisis
En los últimos años, el crecimiento del discurso alrededor de la inclusión educativa no para de crecer. Lo ha hecho tanto que el tema ha llegado a diferentes tribunales (a algunos tribunales superiores de justicia, al Supremo…), al Parlamento Europeo o al Comité que vigila el compromiso de los estados con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se ha levantado la polémica y la patronal de centros educativos especiales, así como familiares reunidos en torno a asociaciones como Inclusiva Sí, Especial También, han saltado a la palestra para denunciar el presunto cierre de sus centros por orden del Ministerio.
Lo malo es que las cifras son tozudas, como demuestra el trabajo que ha publicado hace pocas semanas la profesora Teresa Núñez Mayán en la Revista Nacional e Internacional de Educación inclusiva. El título de su trabajo no puede ser más claro: El estancamiento de la educación inclusiva del alumnado con discapacidad. Revisión de su escolarizaciónntre 1985 y 2015.
Se trata de un texto que en 30 páginas resume y aclara cómo se ha producido el proceso, primero de integración y, después, de inclusión del alumnado con necesidades educativas asociadas a la discapacidad. Según los datos que ha recabado, de fuentes oficiales, este proceso comenzó con fuerza en 1985 y, aunque no ha parado, alrededor de 1999 se paralizó virtualmente. Hasta nuestros días.
De hecho, a pesar de que en este tiempo, los centros de educación especial se han seguido cerrando (cada vez con menos velocidad), su alumnado no ha disminuido, todo lo contrario. «Creo que hay un incremento del alumnado que está reincorporándose a los centros de educación especial, desgraciadamente», asegura la profesora universitaria que, en tiempos, fue maestra de educación especial. «Algunos de estos niños fracasan en la escuela ordinaria y sus padres se encuentran en el dilema: ¿sigo luchando por la inclusión?». Para Teresa Núñez Mayán «a veces la respuesta es la vuelta a los centros especiales».
Jesús Martín, delegado del CERMI para los Derecho Humanos, lo tiene claro también. «No se trata de desmantelar nada, todo vale. Los centros de educación especial hacen y han hecho una labor encomiable» todo este tiempo. Pero «la educación tenemos que repensarla para que acoja a todas las niñas y niños, independientemente de su origen, de su condición (…), tenemos que idear un modelo de educación pensado en clave de vida en común, en comunidad porque la escuela debe ser el primer contexto, junto a la familia, de lo que luego será la vida».
«La inclusión es un concepto que se invoca pero no se practica». A pesar de que en 2008 España ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que afirma que todas las personas tienen derecho a estar escolarizadas en centros ordinarios con los recursos y apoyos suficientes, esta situación no termina de cuajar desde hace 20 años. «Al mismo tiempo que esas leyes invocan la inclusión, dicen que a los niños y niñas con discapacidad hay que clasificarlos y se les puede llevar a centros de educación especial, lo que no deja de ser educación segregada».
El sistema educativo debe cambiar su forma de mirar al alumnado. Así lo ven ambos expertos. «Tenemos que empezar a ir a otro modelo en el que nos demos cuenta de que es el sistema es el que tiene que ofrecer otras cosas, un modelo más acorde con el modelo social de la discapacidad», asegura Núñez Mayán, quien cree también que estamos demasiado centrados en el individuo: «Mientras sigamos moviéndonos en modelos individuales en los que es el niño quien tiene el problema y le ponemos una etiqueta, mientras sigamos buscando la razón en el alumno y la respuesta también como individual, creo que va a ser difícil de resolver el problema».
«La enseñanza de personas con discapacidad ha sido la pariente pobre, la gran olvidada de las políticas públicas en educación como revelan esas cifras de las últimas décadas» según Jesús Martín. Una idea que comparte Teresa Núñez: «La discapacidad y la exclusión la construimos socialmente cuando no le damos a los niños lo que necesitan. Mientras pensemos que vamos a arreglar los problemas con ayudas individuales en lugar de pensar que tenemos que hacer un cambio del sistema, de los centros, de las aulas para que quepan todos los alumnos, es difícil mejorar».
Para Núñez, a pesar del gran impulso que en un primer momento recibió la integración entre el 85 y el 95, «luego las políticas que se hicieron a nivel estatal y autonómico fueron muy complacientes con lo que se había conseguido, como si se hubiera logrado el objetivo. Lo convertimos en una palabra, lo pusimos en todos los textos legales, pero de ahí nos movimos muy poco». Martín está de acuerdo: «Son las administraciones educativas las que nos han llevado donde estamos. No pueden inhibirse o hacer dejación de responsabilidades para el éxito de este proceso».
La solución a esta situación no es sencilla. Para Núñez Mayán hay tres focos claros para mejorar la situación: «Los factores sociales, las familias y la política educativa son clave, los tres elementos». Para ella, en los primeros años el papel del movimiento asociativo, aún hoy, fue crucial. Su lucha porque niñas y niños con discapacidad estuvieran en centros ordinarios. También la Administración en aquel momento hizo una apuesta importante, pero la complacencia ha dejado el proceso sin terminar. «Estamos todavía en la idea de que el niño se adapte al centro en vez de adaptar al centro al niño. Tenemos que demostrarle a las familias que se puede cambiar para que puedan confiar y que sus niños estén bien en los centros».
A estos esfuerzos que las administraciones no han realizado en relación con crear un sistema ordinario que sea capaz de adaptarse a las necesidades de su alumnado, estén relacionadas con la discapacidad o con otras trabas como la situación socioeconómica o la procesdencia del alumnado, se suma el hecho de que la docble red, pública y concertada, no está asumiendo de la misma manera las dificultades.
La pública sigue escolarizando a la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales relacionadas con la discapacidad en una proporción de 75-25%. Para Núñez Mayán el escenario idóneo sería que ambas escolarizaran a una proporción más equilibrada de estas chicas y chicos en relación a su número dentro del conjunto de alumnado.
Es decir, la pública tiene entre sus paredes alrededor de un 2% de alumnado con discapacidad. En la concertada esta cifra es del 1,2%. Para ella, deberían estar más cerca una de otra. Esta situación, además, ha sido así durante muchos años.
«Hay una distribución desigual entre la pública y la concertada, afirma Núñez Mayán, y creo que esta distribución francamente contradice la inclusión. Por una parte hacemos leyes inclusivas y por otra consentimos que no se cumplan por una distribución desigual, y llevamos mucho tiempo consintiéndolo».
Todo esto sin contar a la escuela privada no financiada con fondos públicos. «La privada no concertada podemos considerar que no hace nada, no parece darse cuenta de que existen políticas inclusivas realmente», asegura la profesora universitaria.
Tanto Jesús Martín como Teresa Núñez tiene claro que la inclusión es un proceso más o menos lento. «Es un derecho pero también es un proceso en el que hay que tener claro que el proceso no madura solo, hay que empujar, no es como la maduración de la fruta. Hay que incentivarlo. Si no hubiéramos hecho más de lo que parecía posible, por ejemplo», ciertos alumnos no hubieran llegado nunca a la universidad, asegura Núñez.
«Nosotros, desde aquí, alentamos a este proceso evolutivo, sensato, que sea ordenado, productivo y, sobre todo, dialogado con toda la comunidad educativa. Y tiene que ser liderado por las administraciones. Que no tengamos que ir la sociedad civil denunciando estas cuestiones», afirma Martín. El responsable del CERMI también asegura que ahora es un buen momento, con las elecciones cerca, «para promover y debatir y alcanzar este gran acuerdo en materia de educación de las personas con discapacidad. Con todos los agentes, no sobra nadie».
lunes, 5 de agosto de 2019
Una recogida de firmas por una escuela no segregadora (eldiariodelaeducacion.com)
Artículo publicado en eldiariodelaeducacion.com
La Plataforma por una escuela extraordinaria comienza una recogida de firmas para pedir a la ministra de Educación, Isabel Celaá, una apuesta decidida por la escuela inclusiva.
La Plataforma por una escuela extraordinaria comienza una recogida de firmas para pedir a la ministra de Educación, Isabel Celaá, una apuesta decidida por la escuela inclusiva.
La Plataforma por una escuela extraordinaria comienza una recogida de firmas para pedir a la ministra de Educación, Isabel Celáa, una apuesta decidida por la escuela inclusiva.
La petición, en change.org, que espera recoger 5.000 firmas y ya se encuentra en las 3.400, tiene por objetivo que el Ministerio de Educación se comprometa a que ningún alumno sea escolarizado en centros especiales o aulas específicas dentro de los centros ordinarios y a que inste a que las comunidades autónomas hagan lo propio.
Según la petición, las administraciones fomentan la segregación del alumnado por vía directa, es decir, mediante dictámenes que justifican esta segregación al hablar de los déficits o discapacidades que tienen. Pero no solo, también lo hacen de forma indirecta al no proporcionar los apoyos necesarios en las aulas ordinarias y defendiendo la necesidad de que se matriculen en centros especiales o aulas específicas para que estén bien atendidos.
La plataforma impulsora de la petición defiende que se trata de evitar el sufrimiento de las familias que no pueden elegir el centro educativo para sus hijos «porque presentan una diversidad funcional»; para que no tengan que acudir a la justicia para que haga valer su derecho a la educación iclusiva, como hemos ido viendo en los últimos meses y para enriquecer y beneficiar a todo el alumnado aumentando la diversidad en las aulas. Una situación, según dicen, que fomenta las «capacidades y actitudes cooperativas, de ayuda mutua y tolerancia».
La Plataforma justifica esta petición en el hecho de que el derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, así como en el informe del Comité de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad que instaba hace dos años al Estado a acabar con la segregación de este alumnado.
lunes, 29 de julio de 2019
La inclusión educativa, un derecho (José Manuel Cabada para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)
ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este artículo
Han tenido que pasar 60 años desde la Declaración de los Derechos Humanos para que las personas con discapacidad tengan sus derechos tras la aprobación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esas seis décadas ha habido avances e intenciones, y a la tercera va la vencida, se ha logrado.
El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad para el decenio se aprobó en 1982 hasta 1993. No se conoció en España hasta 1986. Se trataba de recomendaciones y principios los Estados Partes debían asumir. Concluido ese período, y dado su escaso desarrollo, se aprobaron las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en diciembre de 1993. Aunque no eran de cumplimiento obligatorio, pretendían convertirse en normas internacionales consuetudinarias con la intención de respetar una norma de derecho internacional.
El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Reino de España la firmó el 30 de marzo, el Rey la rubrica el 23 de noviembre y se publica en el BOE el 21 de abril de 2008. Al día siguiente se firma el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Real Decreto 1276/2011 de 16 de septiembre designó al CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación del Convenio.
La Convención firmada por España no establece nuevos derechos; aclara y recoge, por fin, de forma explícita que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva y de calidad. Recoge los artículos relativos a la educación de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 que también firmó España en 1990. En su artículo 23 establece el derecho del niño con discapacidad a tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr sus desarrollo individual y su inclusión social; el 28 establece el derechos del niño a la educación, derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad. Y el 29 estipula que la educación del niño debe de estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades.
El artículo 24 de la Convención de las Personas con Discapacidad consagra que estas tienen derecho a la educación y que los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción. Los Estados partes deben de garantizar el derecho a las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles, incluyendo el nivel preescolar y la educación terciaria, las escuelas vocacionales y de educación continua así como las actividades extraescolares y sociales.
Según el artículo 96 pár. 1 de la Constitución Española, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, forman parte del ordenamiento jurídico, por lo tanto, el derecho a la educación inclusiva tiene que ser respetado, protegido y garantizado por el Estado. El Real Decreto 1/2013 aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y, por lo tanto, supera todas las disposiciones anteriores.
Por lo tanto, este derecho obliga al Estado y comunidades autónomas a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad. Ello exige el acceso a la escolarización como todos, la inclusión educativa con los ajustes necesarios de calidad y equidad y la participación en todas las actividades en las etapas educativas.
En cuanto al acceso, la actuación de los equipos e informes psicopedagógicos y de atención temprana han de orientarse superando los diagnósticos de orientación médica y sobre las carencias, hacia las posibilidades, la capacitación y el diseño de programas de inclusión educativa con los ajustes necesarios en los centros ordinarios.
El interés superior del niño ha de primar sobre la necesaria consulta a los padres y sobre las decisiones burocráticas y administrativas que limiten o violen el derecho del niño a una escolaridad en un sistema inclusivo y de calidad.
En cuanto a la escolarización en un centro ordinario, como todos, la prueba de la carga no está en el alumno sino en el sistema. Son nuevos alumnos y el sistema tiene que adaptarse a ellos y no ellos al sistema. El profesor del aula es profesor de todos los alumnos; puede necesitar de otros docentes, de especialistas, de recursos materiales y tecnológicos, de tiempos extra o adecuados; pero no puede desentenderse ni delegar su función ni permitir que el alumno salga de clase para otros programas o atenciones.
Pero el profesor sólo no puede, necesita de la organización del centro y del curriculum; una organización rígida de horarios, espacios y tiempos no permite adaptarse a las necesidades de los alumnos; un curriculum diseñado por intereses que no responden a la realidad de los alumnos, sus motivaciones, sus expectativas, sus necesidades en la vida de hoy, que no sirve para la mayoría, tampoco sirve para las minorías que van a dejar de serlo.
Hay investigaciones suficientes sobre Diseño Universal de Aprendizaje y Diferenciación de Aprendizaje en las que todos los alumnos pueden desarrollarse de modo que alcancen los niveles de logro de las diferencias competencias de acuerdo con su particular estilo y ritmo de aprendizaje y con las diferentes estrategias que proponga el profesorado para cada uno. O el Proyecto INCLUD-ED de Ramón Flecha con los grupos interactivos, las lecturas dialógicas y las Comunidades de Aprendizaje.
El profesor tiene que formarse para atender adecuadamente a estos alumnos; en la formación inicial ha de prepararse para tratar a todos los alumnos sin apartados ni exclusiones ni especialidades; en la formación permanente y en ejercicio, tanto en la una como en la otra, tiene que dotarse de formación y manejo de ajustes para atender a estos nuevos alumnos, y en todas las actividades de formación han de estar presentes las necesidades y planteamientos educativos de la inclusión.
Como cada centro educativo es único, por sus alumnos, profesores, comunidad educativa y entorno social próximo, con sus necesidades, sus fortalezas y debilidades, por su autonomía, precisará la formación específica para atender a las exigencias de la inclusión educativa que tenga.
En cuanto a la participación, los nuevos alumnos han de formar parte de todas las previsiones y actividades del aula, estar en todos los grupos y equipos colaborativos y cooperativos, no estar excluidos, ni olvidados ni revueltos; tampoco deben salir del aula para recibir cualquier atención especializada.
La inclusión educativa no sólo beneficia a estos alumnos sino a todos porque aporta atencíón más personalizada para cada uno y desde la educación se va forjando una sociedad equitativa, justa y democrática que beneficia a todos y no excluye a ninguna persona.
La educación inclusiva es la condición para la inclusión social, pero no puede lograrse sin la participación social. El Estado tiene que promoverla y garantizarla y la sociedad civil, en sus organizaciones y desde la aportación individual, no solo ha de poner la mano para reclamarla sino también, con las manos de todos, ayudar a que sea efectiva, para el bienestar de cada uno y de la sociedad toda.
Han tenido que pasar 60 años desde la Declaración de los Derechos Humanos para que las personas con discapacidad tengan sus derechos tras la aprobación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esas seis décadas ha habido avances e intenciones, y a la tercera va la vencida, se ha logrado.
El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad para el decenio se aprobó en 1982 hasta 1993. No se conoció en España hasta 1986. Se trataba de recomendaciones y principios los Estados Partes debían asumir. Concluido ese período, y dado su escaso desarrollo, se aprobaron las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en diciembre de 1993. Aunque no eran de cumplimiento obligatorio, pretendían convertirse en normas internacionales consuetudinarias con la intención de respetar una norma de derecho internacional.
El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Reino de España la firmó el 30 de marzo, el Rey la rubrica el 23 de noviembre y se publica en el BOE el 21 de abril de 2008. Al día siguiente se firma el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Real Decreto 1276/2011 de 16 de septiembre designó al CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación del Convenio.
La Convención firmada por España no establece nuevos derechos; aclara y recoge, por fin, de forma explícita que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva y de calidad. Recoge los artículos relativos a la educación de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 que también firmó España en 1990. En su artículo 23 establece el derecho del niño con discapacidad a tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr sus desarrollo individual y su inclusión social; el 28 establece el derechos del niño a la educación, derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad. Y el 29 estipula que la educación del niño debe de estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades.
El artículo 24 de la Convención de las Personas con Discapacidad consagra que estas tienen derecho a la educación y que los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción. Los Estados partes deben de garantizar el derecho a las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles, incluyendo el nivel preescolar y la educación terciaria, las escuelas vocacionales y de educación continua así como las actividades extraescolares y sociales.
Según el artículo 96 pár. 1 de la Constitución Española, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, forman parte del ordenamiento jurídico, por lo tanto, el derecho a la educación inclusiva tiene que ser respetado, protegido y garantizado por el Estado. El Real Decreto 1/2013 aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y, por lo tanto, supera todas las disposiciones anteriores.
Por lo tanto, este derecho obliga al Estado y comunidades autónomas a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad. Ello exige el acceso a la escolarización como todos, la inclusión educativa con los ajustes necesarios de calidad y equidad y la participación en todas las actividades en las etapas educativas.
En cuanto al acceso, la actuación de los equipos e informes psicopedagógicos y de atención temprana han de orientarse superando los diagnósticos de orientación médica y sobre las carencias, hacia las posibilidades, la capacitación y el diseño de programas de inclusión educativa con los ajustes necesarios en los centros ordinarios.
El interés superior del niño ha de primar sobre la necesaria consulta a los padres y sobre las decisiones burocráticas y administrativas que limiten o violen el derecho del niño a una escolaridad en un sistema inclusivo y de calidad.
En cuanto a la escolarización en un centro ordinario, como todos, la prueba de la carga no está en el alumno sino en el sistema. Son nuevos alumnos y el sistema tiene que adaptarse a ellos y no ellos al sistema. El profesor del aula es profesor de todos los alumnos; puede necesitar de otros docentes, de especialistas, de recursos materiales y tecnológicos, de tiempos extra o adecuados; pero no puede desentenderse ni delegar su función ni permitir que el alumno salga de clase para otros programas o atenciones.
Pero el profesor sólo no puede, necesita de la organización del centro y del curriculum; una organización rígida de horarios, espacios y tiempos no permite adaptarse a las necesidades de los alumnos; un curriculum diseñado por intereses que no responden a la realidad de los alumnos, sus motivaciones, sus expectativas, sus necesidades en la vida de hoy, que no sirve para la mayoría, tampoco sirve para las minorías que van a dejar de serlo.
Hay investigaciones suficientes sobre Diseño Universal de Aprendizaje y Diferenciación de Aprendizaje en las que todos los alumnos pueden desarrollarse de modo que alcancen los niveles de logro de las diferencias competencias de acuerdo con su particular estilo y ritmo de aprendizaje y con las diferentes estrategias que proponga el profesorado para cada uno. O el Proyecto INCLUD-ED de Ramón Flecha con los grupos interactivos, las lecturas dialógicas y las Comunidades de Aprendizaje.
El profesor tiene que formarse para atender adecuadamente a estos alumnos; en la formación inicial ha de prepararse para tratar a todos los alumnos sin apartados ni exclusiones ni especialidades; en la formación permanente y en ejercicio, tanto en la una como en la otra, tiene que dotarse de formación y manejo de ajustes para atender a estos nuevos alumnos, y en todas las actividades de formación han de estar presentes las necesidades y planteamientos educativos de la inclusión.
Como cada centro educativo es único, por sus alumnos, profesores, comunidad educativa y entorno social próximo, con sus necesidades, sus fortalezas y debilidades, por su autonomía, precisará la formación específica para atender a las exigencias de la inclusión educativa que tenga.
En cuanto a la participación, los nuevos alumnos han de formar parte de todas las previsiones y actividades del aula, estar en todos los grupos y equipos colaborativos y cooperativos, no estar excluidos, ni olvidados ni revueltos; tampoco deben salir del aula para recibir cualquier atención especializada.
La inclusión educativa no sólo beneficia a estos alumnos sino a todos porque aporta atencíón más personalizada para cada uno y desde la educación se va forjando una sociedad equitativa, justa y democrática que beneficia a todos y no excluye a ninguna persona.
La educación inclusiva es la condición para la inclusión social, pero no puede lograrse sin la participación social. El Estado tiene que promoverla y garantizarla y la sociedad civil, en sus organizaciones y desde la aportación individual, no solo ha de poner la mano para reclamarla sino también, con las manos de todos, ayudar a que sea efectiva, para el bienestar de cada uno y de la sociedad toda.
lunes, 21 de enero de 2019
El anuncio del Gobierno de traspasar a aulas ordinarias a 37.0000 alumnos con discapacidad divide a la comunidad educativa (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es
- La ONU establece que en aras de la inclusión educativa todos los niños deben ser matriculados en el sistema general, práctica que no se cumple en España
- Profesionales y familias no se ponen de acuerdo en la idoneidad de esta medida: con carácter general se acepta la inclusión, pero muchos profesores objetan que no hay recursos suficientes para atender correctamente a los pequeños
- El Supremo sentenció en un caso que los niños con necesidades educativas especiales deben ser matriculados en centros ordinarios, excepto en casos muy excepcionales, realizando "las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas"
El debate está tan polarizado que, si no cambian las circunstancias, difícilmente se vislumbra una solución que vaya a satisfacer a las dos partes. El Gobierno quiere traspasar a la inmensa mayoría de los 37.136 alumnos matriculados en centros de educación especial, según datos del Ministerio de Educación, a los llamados centros ordinarios. Así obliga un acuerdo firmado con la ONU y que por ahora no se ha cumplido.
"Ya era hora, debe hacerse", vienen a algunos expertos, la ley y algunas familias. "Es un disparate, no hay recursos y algunos pequeños están mejor atendidos en los centros especiales", replican otros padres y maestros.
La dicotomía viene a ser esa. Con carácter teórico, casi todo el mundo estaría de acuerdo con la inclusión bien practicada. Pero luego está la realidad, dibujada con pocos recursos materiales y humanos, clases atestadas (¿se puede atender bien a un chico con necesidades educativas especiales en un aula de 30 alumnos?) y profesores con pocos recursos, motivación e incluso formación, a decir de algunas expertos.
En este sentido, un estudio de la doctora en Pedagogía de la Universidad de Jaén Marta Medina establecía que el 50% de los profesores son "indiferentes" a la atención a la diversidad y uno de cada seis (el 16%) está en desacuerdo con la inclusión.
La medida
La ministra anunció sus planes en el Senado en diciembre. Isabel Celaá explicó que el Gobierno pretende convertir los centros de educación especial en "centros sectoriales de apoyo a la inclusión que brinden el asesoramiento y la ayuda necesarios para que el alumnado que esté actualmente escolarizado en estos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios".
Poco más se conoce con detalle. El Ejecutivo no ha detallado si dispone de alguna partida presupuestaria específica para llevar a cabo la medida ni qué plazos concretos maneja para implementarla. Observando los Presupuestos Generales del Estado, los montantes destinado a Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Compensatoria o Inversiones en Centros Educativos, las partidas a priori donde debería enmarcarse esta propuesta, son básicamente iguales a las del año anterior.
También es cierto que con las competencias en Educación transferidas a las comunidades autónomas, sería a estas a las que correspondería asumir el grueso del cambio.
Esta circunstancia, a su vez, plantea paradojas, según explica Iris Carabal, maestra de Primaria con especialidad en Pedagogía Terapeuta en la Comunidad Valenciana. "Es una contradicción lo que se hace aquí con lo que quiere hacer el Gobierno. En Valencia están sacando a los niños adolescentes con problemas de salud mental y problemas de conducta graves a unidades dentro de centros específicos, las llamadas Unidad Educativa Terapéutica / Hospital de Día. Y el Gobierno hace lo contrario, no tiene sentido".
Carabal también expresa sus dudas con los detalles de la implementación. "Necesitamos más apoyos, un plan. ¿Cómo se va a hacer esto? En Valencia, cuando se hicieron más aulas específicas de comunicación y lenguaje para alumnado con trastorno del espectro autista se notó en las oposiciones. Hubo un boom de plazas de maestros AL (de Audición y Lenguaje). No sé cómo quieren encauzar un cambio tan grande". Y recuerda que hay muchas modalidades de escolarización (a tiempo completo en un centro ordinario, a tiempo completo en un centro específico, escolarizaciones combinadas entre ambos, aulas específicas para alumnos con necesidades dentro de centros ordinarios...).
El panorama
Primero, la fotografía fija. En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de educación especial este curso. El número ha subido un 1,9% respecto al anterior (700 estudiantes más). Sin embargo, hay dos colegios menos: los 473 del curso 2017-18 pasaron a ser 471 este año. Estos 37.000 alumnos son el 17% de los menores con diversidad funcional. El resto ya está matriculado en el sistema ordinario.
El sector tiene unos porcentajes de educación privada (concertada sobre todo) superiores a la media en un país que ya tiene más educación privada que su entorno. Además, aunque el sector público es más pequeño que el privado, acoge a más alumnos. Así, el 59,6% de los alumnos de educación especial están matriculados en centros públicos, aunque estos suponen un 40% del total de los existentes.
A nivel normativo, la ley es bastante clara. La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificado por España en 2008 y por tanto de obligado cumplimiento (en la jerarquía normativa, los tratados internacionales solo quedan por debajo de la Constitución), establece que todos los niños deben ser matriculados en centros ordinarios.
El artículo 24 de dicho texto expone en su punto 2: "Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad".
"La escuela no es inclusiva"
Pero la ley no se cumple. Lo dijo la ONU en una reciente visita a España y lo defienden muchos profesionales consultados. "El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes", señaló Theresia Degener, presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
"Estructuralmente, la escuela no es inclusiva aunque nos llenemos la boca de decirlo", valora Ignacio Calderón, profesor en el departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Málaga y autor de varios libros sobre la cuestión. "La escuela inclusiva es una escuela en la que todas las personas están juntas y se educan juntas. En el momento en el que se hacen escolarizaciones que no lo hacen, la escuela deja de ser inclusiva", argumenta.
La Justicia también se ha pronunciado sobre la cuestión recientemente. En los últimos años han salido por todo el Estado varias sentencias favorables a familias que han peleado los dictámenes de la administración educativa que enviaban a sus hijos a centros especiales.
Uno de estos casos llegó al Tribunal Supremo (TS), que estableció que los niños con necesidades educativas especiales deben ser matriculados sí o sí en centros ordinarios, excepto casos muy excepcionales, y que debe mantenerse así, realizando las "modificaciones y adaptaciones (...) necesarias y adecuadas", excepto si resultan una "carga desproporcionada o indebida", que en ningún caso significa agotar las medidas disponibles sino las posibles.
Llevad los recursos a los niños y no los niños a los recursos, viene a decir la Justicia. En estos parámetros se mueve la propuesta del Gobierno: vaciar los centros de educación especial de alumnos no significa eliminar sus recursos materiales y humanos; significa reasignarlos al sistema general, que ganaría en profesionales y medios.
Los defensores de la inclusión aducen varios motivos para serlo. "Está contrastado que aprendemos de la diferencia", explica Calderón. "¿Cómo te preparas para una sociedad intercultural si no a través de la interculturalidad?", se pregunta.
Medina, doctora en Pedagogía, añade: "Si no conviven, si el chico sin discapacidad no sabe que existen chicos con otras necesidades, estamos muy lejos de conseguir el modelo social al que aspiramos. La educación tiene un papel importantísimo en conseguir este modelo. Esa es la magia de la educación inclusiva, aporta más a los chicos sin discapacidad que a los que la tienen".
La realidad es la que es
Pero hay muchas familias y profesionales que no lo ven. "En el documento [de la visita de la ONU a España] no consta que (...) visitaran ningún centro de educación especial, lo que sin duda les habría dado una visión más completa y ajustada a la realidad", explican desde la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.
"La realidad es que no hay dos sistemas, sino un único sistema donde los niños con necesidades educativas especiales son atendidos bajo diversas modalidades de escolarización. Los centros de educación especial son centros especializados que dan una respuesta personalizada y garantizan los apoyos necesarios a cada niño. El derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita", concluyen.
Carabal, maestra de Pedagogía Terapéutica, explica su realidad: "El sistema educativo actual en centros ordinarios no es capaz de evaluar al alumnado con dificultades específicas del aprendizaje e intervenir de manera efectiva, y pretenden que se asuma la atención a alumnado con necesidades de carácter grave y permanente".
"Soy la primera a la que le encantaría una mayor inclusión educativa y social", matiza, "pero faltan recursos. Y también debemos aceptar las limitaciones de cada necesidad. Las personas que se encuentran en ciertos perfiles funcionales (autismo, Síndrome de Down, daño cerebral adquirido, etc.) tienen un estilo de vida distinto que merece ser respetado", elabora.
De Portugal a Nueva Escocia
El proyecto del Gobierno sigue los pasos de Portugal, donde los alumnos con discapacidad matriculados en centros especiales son la gran minoría. En la región estadounidense de Nueva Escocia se llevó esta práctica hasta el final: no existen centros de educación especial. Y el sistema no ha colapsado, recordaba Gordon Porter, el ideólogo de esta medida, durante una visita reciente a Madrid.
¿La inclusión es una cuestión de recursos nada más? "En un sentido estricto, no. La inclusión es que los niños vayan al colegio que les toque. La esencia es que pasen cinco horas al día, cinco días a la semana, año tras año, con chicos de su edad y entorno. Este es el elemento más importante", sostiene Porter en base a su experiencia.
Pero sí admite que quien mucho abarca, poco aprieta: "No podríamos haber hecho esto [un sistema educativo sin colegios especiales] si no dedicáramos todo el dinero a la inclusión. Tienes colegios ordinarios y colegios especiales. Nadie tiene dinero para financiar ambos. Nadie. Así que cogimos todo el dinero de un sitio y lo pusimos en el otro", explica.
sábado, 15 de diciembre de 2018
sábado, 1 de diciembre de 2018
1-2-2019 a 31-10-2019: Curso "El síndrome de Down: cómo potenciar la inclusión desde la familia y la escuela" (UNED). Plazo de matrícula: hasta el 16 de enero de 2019
Asociación Luz en la Finestra nos envía esta convocatoria:
Buenos días:
Buenos días:
Desde la UNED se desarrollará entre el 1 de febrero y el 31 de octubre de 2019 el curso "El síndrome de Down: cómo potenciar la inclusión desde la familia y la escuela".
Está dirigido tanto a familias como a profesionales.
Desde nuestra Asociación participamos como docentes en este curso.
Os mandamos el link para tener toda la información: objetivos, contenidos, precios, plazo de matriculación, etc.
Un saludo y os esperamos en el curso.
Asociación Luz en la Finestra
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