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lunes, 9 de septiembre de 2024

La Educación Universitaria no es un Negocio (Comunicado de CUPUMA. 6-9-2024)

CUPUMA nos envía este comunicado:

La Comunidad de Madrid propone una ley de universidades que invade la autonomía universitaria y dará un golpe definitivo a las Universidades Públicas de Madrid

Se está preparando un Proyecto de Ley que incluye propuestas lesivas para las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se reunió en julio con los Rectores de las universidades públicas para tratar esta normativa y les presento un resumen de ocho páginas con poca concreción. El documento definitivo tendrá 250 artículos y llevará el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. El borrador de ley no ha contado con la comunidad afectada, representada por (rectores, sindicatos y estudiantes) y la intención es presentarla para su aprobación a finales de 2024.

La futura ley abre la puerta entre otras cuestiones, la mercantilización de los estudios superiores, a la sanción de la protesta estudiantil o a la firma de conciertos y subvenciones para la FINANCIACIÓN pública de las UNIVERSIDADES PRIVADAS, que son instituciones con ánimo de lucro. Se detrae dinero de las Universidades Públicas y se subvenciona a las Privadas para que hagan negocio.

En cambio plantea una financiación de las Universidades Públicas del 70%, para gastos de personal y de funcionamiento en la formación Docente de sus estudiantes, pero no garantiza que la financiación básica se cubra, incluida la investigación estructural. El otro 30% han se obtenerlo incrementando las tasas universitarias, ofertando títulos propios, convenios con empresas, proyectos, etc. que aumentan la dependencia de ámbitos privados de escaso o nulo interés científico.

Esto supone un recorte muy importante, cuando la financiación actual no cubre los gastos de Personal, mantenimiento de infraestructuras, laboratorios, etc. Actualmente, cinco de las seis universidades públicas están con déficit como consecuencia de esos recortes en investigaciones, becas y diversas actividades académicas. La comunidad de Madrid tiene los precios de matrícula más altos. El Consejero de Educación, Ciencia y Universidades adelanto a los sindicatos que la ley, «irá acompañada de un incremento presupuesto de cero euros”, a pesar de la creciente infrafinanciación. Esta política universitaria es contraria a la autonomía e independencia académica de las universidades públicas, y favorece áreas de estudio con mayor rentabilidad económica en detrimento de otras muy importantes para la cultura de este país.

Las universidades públicas madrileñas son las peor financiadas, su inversión por alumno ronda el 71% de la media nacional y es la más baja de todas las comunidades.
En consecuencia no se podrán bajar las tasas académicas, dificultando así los estudios universitarios y cercenando el principio de igualdad de oportunidades. La educación superior será“SOLO PARA ÉLITES ECONÓMICAS”y supone la privatización enmascarada al tener las universidades que mercantilizarse para completar sus presupuestos. A los estudiantes que no tengan recursos familiares solo les queda endeudarse con créditos a devolver en mucho tiempo u olvidarse de los estudios universitarios. La EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SE CONVIERTE EN UN NEGOCIO.

Esta nueva ley va contra la LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, estatal, pretendiendo nombrar un Interventor para la Universidad, quitar al Rector la potestad de elegir al Gerente y regular aspectos que ya están en la Ley estatal o que son del ámbito de la negociación colectiva, lo que supone una ilegalidad.

En una COMUNIDAD AUTÓNOMA UNIPROVINCIAL, con seis universidades públicas, que no crecen desde 1996, ASISTIMOS A UNA EXPANSIÓN DE LAS PRIVADAS que son ya 13 y pronto 15, proliferando Centros adscritos a universidades, como el de la U. Católica de Murcia en Torrejón de Ardoz.

La proposición de Ley no nace de una necesidad para mejorar la calidad, ni la investigación, ni llegar a su pretendida excelencia, ni por supuesto mejorar la financiación, ni rendición de cuentas, tiene como objetivo su controversia política con el Gobierno Central. Con estas políticas pierden los ciudadanos madrileños.

El borrador de Ley del Gobierno de la Comunidad pretende establecer un Régimen Sancionador contra la libertad de expresión y opinión de los Estudiantes en los campus universitarios, con sanciones leves, graves o muy graves. Los rectores han hecho llegar una respuesta muy crítica de 18 páginas al consejero Emilio Viciana y le recuerdan la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, donde están previstas sanciones y el Estatuto Básico del Empleado Público de 1986 para el personal de las universidades.

Todo el Personal Docente e Investigador, Estudiantes y Personal de Administración y Servicios, tenemos que OPONERNOS frontalmente contra este Proyecto de Ley, expresando su RECHAZO en Asambleas, Departamentos, Juntas de Facultad y de Escuelas, Claustros Universitarios y Consejos de Gobierno de nuestras Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

CUPUMA (Coordinadora de las Universidades Públicas de Madrid)

Fuente: cupuma.org

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miércoles, 15 de julio de 2020

Sanidad, Educación… y Universidades Privadas (CUPUMA)

Reproducimos el comunicado de CUPUMA:

La sanidad y la educación siempre han sido la piedra de toque a la hora de comprobar si lo que se pretendía hacer en España era implantar un modelo, en el que la consideración de servicio público resultaba prioritaria respecto a cualquier otra opción, o de lo que se trataba era de ir privatizando progresivamente los servicios públicos para sustituirlos por otros concertados, o directamente privados o privatizados.
Además, tenía la ventaja de que estábamos ante campos donde claramente se podían poner de manifiesto las verdaderas intenciones de los partidos, al igual que las de las comunidades autónomas, que tienen transferidas esas competencias.
Desde la llegada al poder del PP, -que heredaba una sanidad bastante eficaz, básicamente pública, y que gozaba de notable prestigio- los intentos permanentes y reiterados de ir privatizando tanto la sanidad como la educación, no cesaron en ningún instante. Las razones eran evidentes: además de corresponderse mejor con sus postulados teóricos, lo que pretendía enmascarar semejante planteamiento era la clara preponderancia del negocio, por encima y al margen del servicio público.
Existe una gran cantidad de ejemplos, pero por razones de lógica y de coherencia, parece razonable centrarse en la Comunidad de Madrid, donde el PP lleva gobernando ininterrumpidamente desde hace 27 años, y siempre ha tenido la pretensión de que la legislación que tenía previsto aplicar en la capital de España, supusiera la punta de lanza de sus planteamientos y proyectos, y en muy escaso tiempo, fuera asumida por el mayor número posiblede comunidades autonómicas.
Cuando la crisis económica de 2008 contribuyó decisivamente al pinchazo de la burbuja del ladrillo, el PP se apresuró a buscar alternativas, tratando de derivar el negocio agotado hacia otros campos. Y los agraciados fueron prioritariamente la sanidad como la educación.
Cuando se aclaren las cosas -y no solamente para buscar culpables y deslindar responsabilidades tanto políticas y económicas, a las que habrá que añadir las judiciales si existieran- se irá poniendo al descubierto lo verdaderamente sucedido durante la crisis de la pandemia y las causas profundas de lo verdaderamente ocurrido.
¿Como resulta posible que “una de las mejores sanidades del mundo” quede totalmente bloqueada a las primeras de cambio ? ¿Como es posible que no existiera ni siquiera el material imprescindible, para que los sanitarios pudieran llevar a cabo su trabajo sin detrimento para su salud, en “una de las mejores sanidades del mundo”?
Los interrogantes a los que habrá que responder, son y serán muy numerosos, y no ha llegado todavía el momento adecuado para analizarlos con detenimiento, pero sí para exponer, a través de un ejemplo, cual ha sido el camino recorrido y las razones que llevaron a imponer semejante itinerario.
 El resultado inevitablemente dejará al descubierto,con meridiana claridad, la incidencia que tuvieron los intentos -muchos de ellos coronados por el éxito- de privatización de dos de los grandes servicios públicos de este país, es decir la sanidad y la educación.
Bastaría recordar como el negocio del ladrillo fue sustituido por los negocios de la construcción de colegios-barracones, y completado con la gestión de las residencias de mayores. os resultados a que nos han llevado, están a la vista de todos.  
Por más que se intente evitar, y ocultar las causas, la verdad necesariamente acabará por hacer su aparición.
Una noticia de actualidad da pie para, a través de un ejemplo obviamente pequeño, –pero a juicio de CUPUMA extraordinariamente significativo- y que tiene la ventaja de basarse en datos objetivos que difícilmente se pueden manipular sin acabar siendo desenmascarado.
Parte del dinero que se supone que llegará a nuestro país desde la Comunidad Europea, tiene destinatario fijo y de momento, las cifras que se barajan rondanlos 9000 millones de euros para sanidad y 2000 millones para Educación.  
Como la situación actual no permite determinados lujos, es altamente probable que el dinero para la sanidad no plantee problemas. A la vista de lo ocurrido,
– incluido el desmantelamiento de la atención primaria en Madrid para buscar publicidad con un hospital, perfectamente inútil en IFEMA- parece muy difícil que cualquier partido se exponga a defender recortes en sanidad.
Por el contrario, nos da la impresión de que no ocurrirá lo mismo en educación. La privatización de la Enseñanza va pareja a la consolidación del negocio de la educación. La trayectoria pasada y presente de ciertos partidos garantiza y permite asegurar que no se quedaran cruzados de manos.
Pero vayamos a los datos concretos. Si el persistente ataque al modelo de servicio público en la sanidad es el máximo responsable de lo ocurrido, es altamente probable que algo similar pueda ocurrir, en un plazo no muy lejano, con la Educación.
La universidad es una adecuada referencia porque las razones para defender su privatización, dejan rápidamente al descubierto que su consideración de negocio rentable, prima sobre cualquier otra opción.
El inefable ministro Wert decía -manipulando y falseando los datos- hace ya algunos años, que sobraban universidades en España, y en los últimos tiempos, su partido ha creado en la Comunidad de Madrid un número importante de universidades privadas. Los datos son muy elocuentes:
–     1989, 5 públicas y 1 privada
–      1996, 6 públicas y 6 privadas
–      2018, 6 públicas y 8 privadas
–      2019, 6 públicas y 11 privadas
Es decir que en los últimos treinta años la Universidad Pública había crecido en 1 Universidad, mientras que las privadas se habían disparado con 10 más, demostrando claramente la falsedad de las frecuentes declaraciones de los responsables de Educación en la CAM sobre su pretendida preferencia por las Universidades Públicas.  
Ya nos hemos referido en otras ocasiones a la actuación de los teóricos representantes de las Universidades Públicas y cuál ha sido la actuación de los Rectores, por lo que en estos momentos parece congruente poner el acento sobre el hecho de que la Comunidad de Madrid está a punto de aprobar su duodécima Universidad Privada, con lo que, en la capital de España, las Universidad Privadas doblaran en número a las Universidades Públicas, con lo que en los últimos treinta años, “y siempre en aras de una mejor enseñanza universitaria”, las públicas habrán aumentado en una, mientras las privadas llegan a la docena, habiendo incrementado, en ese mismo tiempo, en 11 más.
Pero no deberíamos sorprendernos en exceso. Ya CUPUMA había afirmado -y publicado– que la Universidad Planeta De Agostini sería la siguiente universidad privada aprobada por la Comunidad de Madrid. Y todo hace suponer que, una vez mas, no se equivocará.
CUPUMA , 14 de Julio de 2020
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sábado, 23 de noviembre de 2019

AHORA O ¿NUNCA? (Comunicado de CUPUMA)

CUPUMA nos envía este comunicado:

 La Universidad lleva ya demasiado tiempo, discutiendo sobre cuál debe ser su modelo. Sus máximos responsables hacen declaraciones defendiendo el modelo de servicio público, pero el comportamiento  del actual Gobierno en funciones, y las propuestas de la CRUE, no permiten la menor duda al respecto: defienden la privatización de la universidad, aunque discrepen respecto a la velocidad con la que se debe transitar por el camino para alcanzar el objetivo.
No cabe la menor duda de que el proceso de privatización de la Universidad Pública, sigue avanzando paso a paso, y la aprobación de nuevas universidades privadas en la Comunidad de Madrid, supone una fehaciente comprobación.
Otro de los objetivos a lograr es que, en la designación de los órganos decisorios de las Universidades,  desaparezca cualquier tipo de procedimiento democrático. Llevan tiempo tratando de defender la llamada Universidad Gerencial en la que el Rector sería un gerente nombrado por el Consejo social, o cualquier otro órgano similar, designado de manera mayoritaria por políticos, lo que les garantizaría la mayoría absoluta para lograr imponer su candidato.
 Esta postura chocaba frontalmente con los intereses de la CRUE, por lo que se iniciaron conversaciones exploratorias con una asociación privada, de la que se desconoce hasta su manera de financiarse.
Los partidarios de avanzar a mayor velocidad, consideran que es imprescindible llevar aún más lejos esos  planteamientos, abogando por la desaparición del claustro, y por la designación directa – por parte del Rector- de los decanos, y que estos designen, a dedo, a los  directores de los departamentos.
Nos llegan noticias, incompletas, que aumentan la zozobra existente: En Julio de 2018, fue nombrado nuevo Secretario General de Universidades, el ex vicerrector de la UCM José Manuel Pingarrón. A partir de esa fecha se ha ido conociendo con cuentagotas la existencia de determinadas reuniones semisecretas y selectivas, que culminaron con el anuncio, por parte del Director General de universidades, de la existencia de un borrador que pretendía ser el esquema de una nueva Ley de Universidades.
Resulta, cuando menos, sorprendente el sistema seguido por un gobierno que se autodenomina progresista, de lo que denomina como una Ley de Universidades por Consenso, ocultando la información, restringiendo la presencia y la participación de la comunidad universitaria, filtrando únicamente información a determinados sindicatos y organizaciones afines, etc. etc.
 Ante semejante situación, CUPUMA considera que es imprescindible reclamar información fidedigna al actual ministro en funciones Pedro Duque, y/o a quien le sustituya, sobre esa nueva ley, así como solicitar formalmente la participación, en la elaboración de dicho documento, de toda la comunidad educativa, para que se pueda hablar con fundamento de una ley de universidades de consenso, elaborada con verdadera trasparencia.
Solo podemos hablar, y parcialmente, de ciertos temas desvelados por algunos de los presentes en las ya citadas reuniones. 
Se llevó a cabo una presentación de lo que se denomina las bases de una ley de Universidades, en la que “el Secretario General nos ha ido explicando sus ideas sobre la carrera profesional, desde el acceso hasta la cátedra. Aunque afirman que la vía preferente de consolidación de la carrera profesional del profesorado, en el sistema universitario público español, es la vía del funcionario público, no se excluye la vía laboral.
Según este modelo, el acceso, la consolidación y la posterior promoción serán siempre por concurso público”.
Se pretende igualmente crear y modificar alguna de las figuras docentes existentes en la actualidad, pero sin entrar nunca en el fondo del problema, ignorando tanto la existencia de posibles fraudes de ley, como manteniendo la precariedad, y tratando de poner un parche a la utilización fraudulenta y generalizada de las figuras de profesores visitantes y profesores asociados.
La experiencia demuestra  que, si uno tiene interés en conocer lo que le espera a la universidad española en los años próximos, hay que leer los informes anuales sobre el sistema universitario español, con el que la fundación CYS pretende “contribuir e impulsar la transformación de la cultura universitaria en una cultura que premie la voluntad emprendedora y la capacidad de riesgo de todos los que participan en ella.”
La razón es evidente y la utilización de un ejemplo actual, lo pone claramente de manifiesto. Mientras desde el gobierno, por un lado, y las Comunidades Autonómicas por otro, tratan de poner a punto legislaciones nacionales y autonómicas -frecuentemente contradictorias, ahí tenemos el reciente anuncio de la Comunidad de Madrid de preparar una nueva ley que sustituya a la fallida de Cifuentes- en el mayor de los secretos, ocultando tanto sus intenciones, como los participantes en su redacción.
Los planteamientos de la Fundación de la señora Botín son obligatoriamente diferentes porque su intención -al menos aparente- es influir como “externo”, es decir, desde fuera, por lo que están obligados a exponer sus propuestas con total claridad, sin poder enmascarar sus intenciones con el uso de eufemismos o/y subterfugios.
 La fundación CYD (Conocimiento Y Desarrollo), presidida por Ana Botín, que tiene entre sus patronos empresas tan claramente interesadas en -el negocio de- la Educación, como IBM, Telefónica, Iberdrola  y Prisa, presenta dos sugerencias fundamentales para conseguir la “excelencia” en la Universidad:
Los autores del informe proponen acabar con el sistema de elegir a los rectores por sufragio universal -ponderado-. No se dan razones, únicamente el director del informe, Martí Parellada- un experto en “educación” que defiende una universidad gerencial, al servicio de los Bancos, y que se ha dedicado prioritariamente a los negocios, asegura que se trata de una de las modificaciones legislativas para “mejorar la autonomía y la gobernanza”.
Además de reiteradas alusiones a planteamientos generales La única especificación del director del informe es la afirmación de que “el sufragio universal ponderado es excéntrico”. Ante semejante problema, expone rápidamente la solución. No  se trata de modificar lo discutible de la actual ponderación , sino que los rectores sean elegidos  “por Consejos de gobierno donde además de la representantes de la universidad, participen otros ‘externos’ entre ellos patronales o empresas”.
CUPUMA considera que, si se lleva a cabo el plan defendido y explicitado por el Banco de Santander, la opción de la Universidad como servicio Público, es altamente probable que haya perdido definitivamente la batalla. Y creemos que hay que impedirlo a toda costa, por el bien de la enseñanza y la Educación en España.
Dada la situación existente, CUPUMA propone que, si finalmente  se aprovecha la posibilidad de constituir un gobierno progresista, se afronte de una vez por todas, la problemática de la Universidad en su conjunto. Se cuente para su elaboración con todos los miembros de la comunidad universitaria, y toda su tramitación se lleve a cabo con absoluta trasparencia.
El catálogo de temas que tendría que abordar y resolver esa ley, sería muy amplio, y a modo de adelanto y recuento, CUPUMA propone un avance provisional  que sirva de recordatorio provisional.
1.- Defensa del modelo de Universidad como servicio público en contra de las persistentes ataques privatizadores, que se traducen, entre otras cosas, en la permanente aumento de las universidades privadas, en contraste con el estancamiento de las públicas.
2.- Revertir la legislación de la época WERT, incluyendo la artificiosa e incoherente separación posterior de Educación y Universidad en dos ministerios diferentes.
3.-Mantenimiento y desarrollo de los planteamientos democráticos en la Universidad, con elección por sufragio universal de los rectores, de los decanos y de los directores de departamento, oponiéndose a los ataques coordinados de Bancos y empresarios.
Igualmente asegurar la trasparencia de la Universidad, y garantizar la participación de la comunidad Universitaria en las decisiones fundamentales de la Universidad Pública.
4.- Incremento de la inversión educativa hasta que alcance la media de la CEE.
5.- Llevar a cabo una auditoria del gasto público en servicios externalizados, cuyos resultados no parecen coincidir con las optimistas previsiones que, teóricamente, justificaban su privatización.
6.- Un adecuado estudio de las infraestructuras necesarias, seguida de una dotación adecuada para llevarla a cabo.
7. – Reversión de los recortes, bajada de las tasas,- con vistas a llegar a la gratuidad como en otras naciones europeas. Incremento de las plantillas para garantizar una educación universitaria de verdadera calidad.
8.-Cumplir la legislación en vigor, acabando, de una vez por todas, con los fraudes de ley que vienen produciéndose en la utilización ilegal de una gran parte de las figuras de profesores visitantes y profesores asociados.
9- Reestructuración de la Agencias de acreditación, incluida la ANECA, descartando que se valore la calidad de una investigación por la empresa editora, y  no por su contenido.
10.- Garantizar la Igualdad de requisitos para la creación de universidades públicas y privadas.
11.- Clarificación y racionalización de la carrera académica del profesorado en la universidad, con la creación de un estatuto consensuado del PDI, donde se especifique con absoluta claridad y trasparencia, las fórmulas de promoción previstas.
12.- Clarificación  y racionalización de la carreras del Personal no docente, con la creación de un estatuto consensuado del PAS, donde se especifique con absoluta claridad y trasparencia, las fórmulas de promoción previstas.
13.- Desaparición  de la precariedad y la explotación sistemática, de determinadas figuras docentes.
14.- Cumplimiento riguroso de los límites de interinidad previstos.
15.- Crear una comisión de investigación que estudie la utilización torticera de la autonomía universitaria como forma de encubrir la corrupción en la Universidad, o para evitar castigar comportamientos tan inaceptables como los plagios, o el regalo magnánimo de títulos universitarios a políticos.
Si consideramos inaceptable que el dinero previsto para construir colegios, pueda acabar  financiando ilegalmente partidos  como el PP de la Comunidad valenciana, es indispensable presionar, para que se publique una legislación que defienda la Universidad Pública, entendida como servicio público y que asegure la igualdad de oportunidades de todos los españoles
  22 de Noviembre de 2019       
 CUPUMA Coordinadora Universidades Públicas de Madrid
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domingo, 7 de abril de 2019

TRES UNIVERSIDADES PRIVADAS NUEVAS MÁS… Y VAN ONCE (Comunicado de CUPUMA)


En estos días, en que tiene lugar el primer aniversario del escándalo de la URJC que puso en evidencia, las mentiras y la inenarrable actuación de la presidenta de la CAM, con un comportamiento que solo podía llevar a su dimisión, o a su destitución. La Comunidad Autónoma de Madrid acaba de decidir la aprobación de tres nuevas Universidades privadas siguiendo el plan del desmantelamiento de las Universidades públicas en nuestro país. ¿Qué se busca con esto?. ¿Cómo se ha podido llevar a cabo?.¿Por qué no funcionaron ninguna de las alarmas?
No hace mucho tiempo el inefable ministro Wert decía -manipulando los datos- que sobraban universidades en España, y en los últimos tiempos, su partido ha creado en la Comunidad de Madrid un numero importante de universidades privadas. Los datos en Madrid son elocuentes:
-          1989, 5 públicas y 1 privada
-          1996, 6 públicas y 6 privadas
-          2018, 6 públicas y 8 privadas
-          2019, 6 públicas y 11 privadas
En decir que en 30 años la Universidad Pública había crecido en 1 Universidad mientras que las privadas se habían disparados con 10 mas, desmintiendo claramente las frecuentes declaraciones de los responsables de Educación en la CAM sobre su pretendida preferencia por las Universidades Públicas.
Pero si parece evidente que la CAM, al mando de Cristina Cifuentes, no pensaba que se fueran a separar un milímetro de su pretensión de privatizar la Enseñanza y la Sanidad.
 ¿Cual ha sido la actuación de los teóricos representantes de las universidades Públicas, los Rectores?  En primer lugar mantener un discurso ambiguo que les permite colaborar con la CAM, siempre y cuando no toquen ni su poder, ni sus intereses. Por eso solo se enfrentaron a la Comunidad cuando la fiscalización económica paso a depender del consejo social, en el que la CAM, con sus nombramientos a dedo, se aseguraba la mayoría y por lo tanto el control. Una vez que la CAM aceptó modificar ese punto, los rectores volvieron a su posición primigenia, olvidando las consecuencias catastróficas del resto del articulado de la LEMES.   
Convencidos de ser los únicos representantes válidos de las universidades madrileñas, se comportaron una vez  más como ya lo habían hecho con la LEMES. 
Aunque desde finales de 2016 tenían cumplida cuenta, de las solicitudes de nuevas universidades privadas, ni hicieron nada, ni siquiera informaron y alertaron a la comunidad universitaria. Estaban convencidos de que la única opinión que tenía trascendencia y representatividad, era la suya. La del resto de la comunidad universitaria era absolutamente prescindible.
Aunque el peligro fue agravándose progresivamente, ellos siguieron con su planteamiento.
El 6 de Noviembre de 2017, pudo ser una fecha clave en la resolución de este conflicto, pero al final supuso un pequeño inconveniente que se tradujo en un pequeño aplazamiento de lo programado con anticipación.
En esa fecha tuvo lugar, la reunión del Consejo Universitario, llevándose a cabo las votaciones de las nuevas propuestas de universidades.
Este fue el resultado de las votaciones:
Propuesta UOMMA: 15 votos en contra. Ninguno  a favor
Propuesta CUNEF: 11 votos en contra. 3 a favor 1 abstención
Propuesta ESIC : 11 votos en contra. 3 a favor 1 abstención
Propuesta UOMMA: 11 votos en contra. 4 abstenciones.
La conclusión de este punto es que por mayoría de votos el informe de la comisión, sobre las propuestas de reconocimiento de las universidades privadas era negativo.
Con este dictamen, una vez más los Rectores hicieron lo de siempre. Apostar por una aprobación de la LEMES, y un retraso de la toma en consideración de las propuestas, dado que los requisitos para conseguir la aprobación de nuevas universidades, se modificaban y se endurecían en la LEMES. Sabiendo que el informe no era vinculante, y conociendo el habitual comportamiento de la CAM, hasta el menos espabilado de los "representantes universitarios" hubiera aprovechado los resultados de una votación tan clara para plantear la definitiva desestimación de las nuevas universidades, sobre todo teniendo en cuenta que se contaba además con los dictámenes favorables de organismos dependientes de la Universidad como el Consejo Universitario, y la fundación MADRID+D.
Es obvio que no lo hicieron, y creyendo que controlaban la situación, ni se plantearon siquiera comunicar a la comunidad universitaria lo acaecido.
El 28 de Enero lo previsible se convirtió en realidad. Siguiendo instrucciones de la superioridad, la CAM planteó la aprobación definitiva, y el resultado le fue favorable.
Tras la votación decisoria ni los Rectores individualmente, ni a través de sus asociaciones, en la Comunidad (CRUMA) ni a nivel nacional  (CRUE), publicaron ningún comunicado. Tampoco convocaron a los organismos representativos de sus propias universidades, como podían ser los claustros, para discutir el problema.
Quizá la financiación real de CRUE y CRUMA, siempre en la nebulosa, pudo tener algo que ver con tan -aparentemente- sorprendente hecho.
Sin embargo, no deja de ser curioso que los máximos detractores -a  título puramente personal, nunca colectivo- hayan sido la Complutense y la Rey Juan Carlos que, casualmente, son las mayores damnificadas económicas del asunto, dado que dos de las tres universidades se desgajan de la UCM y la otra de la URJC, lo que se traduce en la pérdida del dinero de las matrículas de los alumnos, de lo que hasta hace poco eran sus centros adscritos, y ahora podrán volar con sus propias alas.
Si la CAM sigue gobernando nuestra Comunidad con los mismos criterios que hasta la fecha, es altamente probable que en un muy leve lapso de tiempo y gracias -entre otros- a la colaboración de los Rectores de las Universidades Publicas de Madrid, las universidades privadas doblarán en número a las Universidades Publicas sin tener ni la voluntad, ni los medios necesarios, para ayudar a mejorar la Enseñanza Superior en la Comunidad de Madrid.

Madrid 29 de Marzo de 2019
CUPUMA Coordinadora Universidades Públicas de Madrid
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