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jueves, 7 de noviembre de 2024

Asamblea Marea se opone al aumento de fondos para la privada concertada anunciado por el Gobierno (Comunicado de AMVM. 4-11-2024)

Desde Asamblea Marea Verde Madrid expresamos nuestra oposición frontal al aumento de fondos anunciado recientemente para la educación privada concertada por el Secretario de Estado de Educación. Los centros privado-concertados llevan cuatro décadas incumpliendo la ley mediante mecanismos segregadores como es el cobro de cuotas ilegales principalmente, además de otros.

Ningún gobierno en estas cuatro décadas ha puesto coto a estas prácticas y las patronales de la educación concertada se saben inmunes: hagan lo que hagan, no perderán sus conciertos. Los distintos gobiernos -y este no es una excepción- han permitido e incluso promovido la extensión sin límites de los conciertos, contribuyendo directamente a un incremento de los niveles de segregación en todo el Estado y en la Comunidad de Madrid, en concreto, alcanza niveles insoportables.

Ahora el gobierno transmite un mensaje muy preocupante al premiar con más dinero a quienes incumplen la ley y pretendiendo que esto sea asumido con normalidad. No nos hacen falta muchas más pruebas para afirmar que las políticas de Ayuso que tanto criticamos cuentan con un colaborador necesario: el Ministerio de Educación.

Ahora bien, no podemos decir que el anuncio nos sorprenda, si atendemos al propio acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar que en su página 26 dice textualmente: “…combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.

La “actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos” ya se la debió garantizar Pilar Alegría a las patronales de la educación privada subvencionada, a quienes reservó su primera reunión nada más asumir el cargo de Ministra. Lo de “asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión” debió provocar carcajadas de los representantes de las patronales, sabiendo, como saben, que hagan lo que hagan, no perderán sus conciertos.

La realidad del sistema educativo madrileño, según datos del gobierno regional, es que la Escuela Pública escolariza al 54% del alumnado de enseñanzas de Régimen General, y en torno al 30% estudia en centros concertados. El 16% restante lo hace en centros privados, de los que ya no podemos decir que no estén subvencionados en las enseñanzas de Régimen General, pues en la Comunidad de Madrid se puede solicitar el acceso a estos centros a través de los cheques-“guardería”, cheques-FP Grado Superior o cheques-Bachillerato, además de las desgravaciones fiscales de las que gozan.

Pero nos parece claro que la escuela privada-concertada constituye el principal factor de promoción de desigualdad en el derecho a la educación. Las empresas de la educación privada-concertada, ya pertenezcan a congregaciones religiosas ultracatólicas o a grupos pretendidamente progresistas, apelan a un sentimiento de diferenciación que las hace de por sí elitistas y segregadoras. Esta diferenciación a menudo reviste un carácter ideológico o confesional, pero al final siempre se traduce en una segregación socioeconómica.

La existencia de criterios de admisión excluyentes y, sobre todo, la falta de gratuidad real, dificulta el acceso a las familias más humildes. Incluso el reciente informe de Save the Children, de cuyas recetas -acordes a lo que plantea el Gobierno- discrepamos totalmente, revela sin embargo que hasta un 21% de la segregación escolar en España se debe a las diferencias socioeconómicas que existen entre el alumnado de centros públicos y de centros privado-concertados, el mayor porcentaje de los 18 sistemas educativos analizados en el propio informe.

Asumir que una mejor financiación de la escuela privada-concertada favorecería una composición social más equilibrada entre esta y la Escuela Pública es un grave error. Financiar más a un tipo de escuela de por sí segregadora “para que segregue menos” es algo contrario a toda lógica y seguirá segregando, como ha venido haciendo durante décadas, con total impunidad. Quien piense que las patronales, una vez recibido el dinero, van a cumplir su compromiso en materia de transparencia en los procesos de admisión y la eliminación de las cuotas ilegales está muy equivocado: la financiación adicional les servirá para mejorar sus cuentas de resultados, dotarse de equipamientos para diferenciarse más de los centros públicos o dedicar aún más dinero a publicidad. Y el gobierno, con tal decisión anunciada, colaborará aún con más fuerza con el incremento de la segregación.

El porcentaje de alumnado matriculado en las instituciones públicas educativas en el Estado español se sitúa en torno al 68% frente al 84% de la UE-27. El caso español podemos calificarlo como una anomalía. Una anomalía bien arraigada gracias a que incluso la llamada izquierda institucional asumió hace ya mucho tiempo el marco discursivo de la derecha, malinterpretando a sabiendas lo que establece el artículo 27.1 y 27.3 de la Constitución en lo relativo a la libertad de enseñanza:

Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. (...)
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (...)

El reconocimiento de la libertad de enseñanza implica que particulares o empresas puedan abrir un centro de enseñanza, pero no implica que las administraciones tengan que correr con los gastos de esas empresas. Implica, simplemente, que estas tienen la libertad de hacerlo. Del mismo modo, las familias tienen la libertad de llevar a sus hijos a determinadas enseñanzas sin que el estado tenga la obligación de subvencionar dichos gastos. Igualmente el reconocimiento del derecho de las familias a que sus hijos reciban una “formación religiosa y moral acorde a sus convicciones” tampoco implica ni que el Estado deba financiar centros religiosos ni que esta formación “religiosa y moral” deba impartirse en el marco del sistema educativo reglado. Y esto debería extenderse a cualquier sesgo confesional o ideológico.

Abrir un centro privado-concertado, por tanto, no es un derecho. Es una apuesta empresarial que debe atenerse a los requisitos legales. Y si la empresa en cuestión disfruta de un concierto e incumple la legislación vigente, no debería disfrutar del concierto, y debería serle retirado, lo cual -dicho sea de paso- podría suponer el cierre de muchos centros privado-concertados o su rescate y que pasaran a la red pública.

Con la bajada de la natalidad -en 10 años se han perdido 400.000 alumnos y alumnas en infantil y primaria-, parece claro que la prioridad del gobierno no es mejorar la financiación de la Escuela Pública y la calidad del servicio público educativo con una bajada significativa de las ratios y la priorización de construcción de centros públicos donde haya demanda demográfica. La prioridad parece que consiste en mantener abiertos a toda costa los centros privado-concertados existentes y garantizar la viabilidad económica de unas empresas que sin duda seguirán ejerciendo su “libertad de selección” del alumnado, descartando al alumnado de familias vulnerables que no puedan plantearse pagar sus “peajes” o a aquellos con problemas de aprendizaje a cuyas familias seguirán invitando a marcharse a la pública “porque allí existen más recursos para alumnado de ese perfil”.

Centros que seguirán segregando porque su naturaleza es elitista y segregadora, pero que pedirán más dinero por hacer “un gran esfuerzo” para no segregar, mientras financian caras campañas publicitarias en todos los soportes imaginables -para eso sí tienen dinero-, reforzando la idea de que “si puedes permitirte sacar a tus hijos de la escuela pública, no lo dudes”. Así, muchas familias acuden a la concertada interpeladas por esa promesa aspiracional de movilidad social ascendente, a pesar de que los datos sean muy tozudos: basta ver los resultados de la selectividad que publica anualmente el Consejo Escolar del Estado para deducir que la privada-concertada no es mejor que la pública.

Cuando veamos esos caros anuncios en prensa, autobuses, vallas publicitarias o cuñas radiofónicas, conviene no olvidar quién lo paga y a costa de qué: de centros públicos para todas las etapas educativas. Centros públicos para una educación de calidad e inclusiva a la que tienen derecho todas las personas en condiciones de igualdad en una Escuela Pública que sea de tod@s y para tod@s. El problema es que la Escuela Pública no tiene gobierno que la defienda.

Asamblea Marea Verde Madrid

4 de noviembre de 2024

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jueves, 12 de enero de 2023

La LOMLOE o las cosas a medias (Agustín Moreno para eldiario.es)

 Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado en eldiario.es

  • La educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los sectores conservadores, de la Iglesia y de los fondos de inversión. Lo mínimo que debe hacer el Gobierno de España es recurrir toda medida que intente reventar la timorata LOMLOE
10 de enero de 2023

“La utilidad de la LOMLOE para el sistema educativo y para el futuro de la sociedad se medirá por su capacidad para frenar y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. Servirá de poco si no impide las maniobras privatizadoras y la segregación socioeconómica del alumnado. Si no blinda y potencia la Educación Pública, será una ley inane incapaz de proporcionar para el siglo XXI una educación que pueda transformar y mejorar esta sociedad. De nuevo la ley tiene el mismo aire de ocasión perdida…”. Con esta conclusión, cerraba un artículo sobre la Ley Orgánica 3/2020, publicado hace un año, donde analizaba sus aciertos e insuficiencias.

Los hechos posteriores han confirmado estos fundados temores. El Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid sigue con su cruzada privatizadora de la educación pública. Aprovecha para ello los vacíos legales y la inacción del Ministerio de Educación, que no ha sido capaz de recurrir las leyes y las medidas de Díaz Ayuso para aplicar esta estrategia.

La mal llamada ley “maestra de libertad educativa” del Gobierno de Madrid busca fundamentalmente blindar la educación concertada, incluyendo la financiación a los colegios que segregan por sexo. Se aprobó con los votos del PP y de Vox y el rechazo del bloque progresista. Una delegación del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid nos reunimos con la cúpula del Ministerio de Educación encabezada por el secretario de Estado, Alejandro Tiana, el 21 de marzo. En ella, les advertimos de lo que sucedería y les pedimos que recurrieran la ley ante el Tribunal Constitucional. No lo hicieron y ahí están los resultados. Hablemos de dos de ellos.

1. Pelotazo educativo en Valdebebas, Villa de Vallecas y El Cañaveral. El Gobierno del PP, saltándose la filosofía de la Disposición Adicional decimoquinta de la LOMLOE, va a ceder gratis a empresas privadas tres parcelas con un valor de 30 millones de euros y una superficie total de 55.000 m2, equivalente a más de cinco campos de fútbol. Siempre aparece el mismo modus operandi. Se desprecia a las familias que se movilizan demandando la construcción de centros educativos públicos. Para que los concertados capten el alumnado, se obliga a construirlos en pocos meses: el de Valdebebas no está adjudicado aún, pero se establece que empezará en septiembre de 2023. Son una golosina desde el punto de vista de la rentabilidad: son barrios con decenas de miles de habitantes sin infraestructuras educativas y, por ello, con fuerte demanda; por ejemplo, en Valdebebas salen 3.000 alumnos a estudiar fuera cada día. Se concederán conciertos a 40 años, prorrogables a 75 años sin que exista aún el centro, algo irregular; y se compromete una financiación de muchos cientos de millones de euros de fondos públicos. Los aspirantes al premio son los sospechosos habituales: el Opus en alguna de sus formas y grandes fondos de inversión.

En este medio, Daniel Sánchez Caballero llegaba a la misma conclusión que nosotros en el sentido de que la LOMLOE no evita el expolio de lo público: “La nueva ley de educación no consigue frenar la cesión de suelo público para colegios concertados”.

2. Financiación con 51,7 millones de euros por curso a colegios del Opus Dei que segregan por sexo. Son 17 centros pertenecientes todos ellos a grupos ultrarreligiosos que rechazan abiertamente el principio de coeducación sin ningún argumento consistente. La LOMLOE lo impide expresamente en su Disposición Adicional vigesimoquinta del artículo 83. Más allá de su ilegalidad, negar la coeducación obedece a una concepción sectario-religiosa y no tiene beneficio pedagógico alguno ¿Por qué hay que financiar con fondos públicos una filosofía patriarcal y machista de la sociedad y discriminatoria para la mujer? De ella, a los gritos simiescos del colegio mayor Elías Ahúja hay un paso.

El saqueo a la educación pública que hace el PP en Madrid pretende que sea el modelo a exportar a otras comunidades y para el Estado en el caso de ganar las elecciones generales. Además de la negativa a construir centros educativos públicos demandados por las familias, realiza una oferta de plazas públicas muy insuficiente (especialmente en la Formación Profesional). Completan el robo los cheques escolares para estudiar en centros privados a familias con rentas muy altas en las enseñanzas no obligatorias (0-3 años, bachillerato y FP). Las consecuencias son que en Madrid capital menos del 40% del alumno está escolarizado en la educación pública; o que en la última década los alumnos de la FP privada han crecido un 1.523%.

Las razones de esta estrategia de las derechas son ideológicas, políticas y económicas. Por una parte, se busca controlar la educación para promocionar valores conservadores que mantengan el sistema y que no se planteen reducir las desigualdades y una mayor justicia social. Políticamente, hay un claro objetivo de búsqueda de hegemonía política en estas operaciones de ingeniería social. Lo sabía muy bien Esperanza Aguirre. Como llegó a decir un consejero suyo de Educación, por cada colegio concertado que se instalase aumentaría un 3% el voto al PP en el barrio o localidad. Por último, el aterrizaje de fondos de inversión en el pastel de la educación es muy evidente y proporciona una alta rentabilidad.

El fondo del asunto es que los colegios privados-concertados son una perversión educativa y un anacronismo. Básicamente ofertan la selección del alumnado e idearios religiosos. Suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto al cobro de cuotas ilegales (82%) y la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es pagar con dinero público un sistema segregador que multiplica las desigualdades y que supone dar dinero a los que ya lo tienen.

España no es Europa en educación. Somos una anomalía: el segundo país de Europa en educación concertada, detrás de Bélgica. En todos los demás países: Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros, la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28). Y es que la educación pública es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la misma escuela los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores y clases sociales.

La educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los sectores conservadores, de la Iglesia y de los fondos de inversión. Lo mínimo que debe hacer el Gobierno de España es recurrir toda medida que intente reventar la timorata LOMLOE. Y realizar todas las modificaciones normativas que impidan la cesión de suelo público y los procesos de privatización. En este sentido, el grupo parlamentario de Unidas Podemos/ECP/GeC presentará una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados. Para tener un futuro sistema educativo de calidad, el gran reto es escolarizar al 90% del alumnado en una red pública única, como es la norma en los países europeos, suprimiendo e integrando los conciertos de forma progresiva.

lunes, 28 de noviembre de 2022

¡Por una bajada de ratios real ya! (vídeo de Asamblea Marea Verde Madrid con la colaboración de laeducaciónpública.es. Noviembre de 2022)


Vídeo publicado por acciones mareaverde el 28 de noviembre de 2022

Exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Educación la bajada de ratios en todas las etapas sin que suponga el cierre de aulas en los centros públicos. Ayuso ha comenzado a bajar la ratio a 20 alumnos en las clases de 3 años de Educación Infantil. Esta reducción de ratios, que no se ha cumplido en todas las aulas, no afectará a todas las etapas educativas hasta dentro de 14 años. Además, sin más inversión y sin un aumento de líneas provocará un recorte de las plazas públicas. Recordamos a la ministra Alegría que el Ministerio de Educación aún no ha reiniciado el proceso abierto de propuestas para el proyecto de RD que modifica el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que se abrió al debate público y se pospuso para retomarlo en septiembre. En este decreto se regula, entre otras cuestiones fundamentales, la bajada de ratio. Por ello, exigimos a la ministra que se modifique este Real Decreto y que baje las ratios, porque esto sí puede hacerlo el gobierno central. Asamblea Marea Verde Madrid presentamos este documento en julio de 2022: Propuestas de modificación para el RD 132/2010 de requisitos mínimos de los centros y para el Proyecto de Real Decreto que modificará el RD 132/2010 de requisitos mínimos de los centros. ¡Por una bajada de ratios real ya! Vídeo realizado con la colaboración de laeducacionpublica.es.

miércoles, 5 de enero de 2022

Sanidad y las comunidades acuerdan la vuelta presencial a clase pero aplazan los cambios en las cuarentenas (Sofía Pérez Mendoza para eldiario.es)

 Artículo de Sofía Pérez Mendoza para eldiario.es

  • La ministra Carolina Darias aclara que el acortamiento de confinamientos y cuarentenas del protocolo general de diez a siete días si no hay síntomas ya es aplicable a las escuelas hasta que haya una decisión específica
4 de enero de 2022 

Acuerdo unánime para la vuelta a clase presencial tras las vacaciones de Navidad. La reunión de los consejos interterritoriales de Sanidad, Educación y Universidades ha finalizado sin sorpresas tras la marcha atrás de Madrid. Los niños, adolescentes y jóvenes universitarios regresarán físicamente a las aulas a partir del 10 de enero pese al ascenso de contagios ocasionado por la variante ómicron. "Es una decisión de país tomada de manera coordinada y compartida", ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Alarmismo ninguno. Prudencia, seguridad y tranquilidad, nuestras aulas son espacios seguros", ha añadido la titular de Educación, Pilar Alegría.

Varios consejeros y consejeras -entre ellos de Andalucía o Madrid- han planteado una relajación de las cuarentenas en las aulas para evitar el cierre de clases si se dan casos positivos, pero el Ministerio ha decidido aplazar el debate.

La Ponencia de Alertas iba a discutir durante el día de hoy un cambio en las cuarentenas de contactos estrechos en los centros escolares para eliminarlas en Infantil y Primaria en todos los casos, estén o no vacunados los menores. Sin embargo, el encuentro del órgano técnico se ha suspendido y queda pospuesto para la próxima semana, confirman fuentes cercanas a la Ponencia.

En todo caso, la ministra de Sanidad ha aclarado que el acortamiento de los confinamientos y las cuarentenas para la población general de diez a siete días, siempre que no haya síntomas, ya se pueden aplicar a los colegios, institutos y universidades. Esto es, si un niño se contagia tendrá que aislarse siete días, como los adultos. Si es contacto estrecho, también deberá guardar cuarentena, puesto que solo está exentos los contactos vacunados con pauta completa y ningún menor de 12 años la tiene todavía.

"Los protocolos generales son aplicables con carácter general", ha señalado Darias, que se ha mostrado no obstante partidaria de que haya una discusión específica sobre las cuarentenas en los centros educativos.

Un 28,8% de niños y niñas menores de 12 años están ya inmunizados con la primera dosis. El porcentaje de vacunados con pauta completa entre 12 y 19 años ya alcanza el 86%.

Mismo protocolo que en junio
El Gobierno ha recordado que la mascarilla sigue siendo obligatoria en todos los espacios, también en el patio; y que es importante perseverar en la ventilación cruzada y en el mantenimiento de los grupos burbuja, como figura en el protocolo aprobado al inicio de curso, que sigue vigente en su integridad, confirma un portavoz de Educación.

El Ministerio de Sanidad, sin embargo, quiere hacer hincapié en que se difundan de nuevo "las medidas clave de protección" y se potencie la vacunación infantil.

Especial atención se va a prestar a las universidades, donde urge "reforzar el cumplimiento de protocolos", tanto en las aulas, los espacios comunes, como en las residencias. Los jóvenes de entre 20 y 29 años tienen la incidencia más alta de contagios, por encima de los niños.

La rueda de prensa ha contado con la presencia por primera vez desde su incorporación del Gobierno del ministro de Universidades, Joan Subirats. A las puertas de los exámenes del primer semestre, el nuevo titular ha confirmado que los exámenes serán presenciales y ha explicado que está "trabajando con las universidades para que tomen las medidas" para que los estudiantes contagiados "no pierdan la convocatoria" si no pueden presentarse.

domingo, 2 de enero de 2022

El Gobierno presiona a las comunidades para garantizar la presencialidad en las aulas tras las vacaciones (Ana Requena Aguilar para eldiario.es)

Artículo de Ana Requena Aguilar para eldiario.es

  • La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amenaza con que el regreso de la educación después de Navidad pueda hacerse en modalidad semipresencial

29 de diciembre de 2021 

La alarma sonó el miércoles temprano, cuando se conoció que los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades se reunirán con las comunidades autónomas la próxima semana para preparar la vuelta a las aulas después de las vacaciones navideñas. Aunque fuentes de Educación aseguraban que el Ministerio no contempla ninguna medida extraordinaria, crecía el runrún de posibles cierres de colegios o del retraso en el inicio de las clases. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que volvió a remover los ánimos cuando aseguró que no descarta una vuelta "semipresencial" a colegios e institutos para los alumnos mayores.

Por la tarde, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraba que el modelo educativo de presencialidad en las aulas "es un éxito y es el modelo del Gobierno". El objetivo es, puntualizaba, garantizar esa presencialidad y revisar los protocolos con la "máxima rigurosidad".

El Ministerio de Educación subraya que "no lleva ideas preconcebidas a la reunión" del día 4 de enero y que las medidas adoptadas en verano para este curso están funcionando. "Las aulas son seguras, hay una apuesta total por la presencialidad. No abrir la escuela tiene inconvenientes mayores que sus ventajas, se rompen las burbujas familiares porque tienes que dejar a los críos con otras personas", relatan las mismas fuentes.

Los últimos datos de Sanidad, del pasado día 23, muestran que en la última semana escolar completa el 98,7% de las aulas han estado en funcionamiento y sin cuarentenas. A esa fecha se habían identificado 547 brotes con 2.791 casos en centros educativos, la mayoría en educación primaria. La semana pasada el número de aulas confinadas en Infantil y Primaria era de 3.000 sobre un total de 417.000. Como los protocolos de confinamiento pueden ser distintos en función del lugar y del centro, puede haber otros casos de alumnado enfermo pero cuya clase no haya sido confinada al completo.

Los casos de aulas confinadas se redujeron a un centenar entre los cursos con alumnado ya vacunado, es decir, de los niveles de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. "La vacuna es eficaz", traslada Educación. A día de hoy un tercio de la población objetivo de la vacuna pediátrica ya ha sido inoculada. La previsión es que en enero la vacunación llegue a prácticamente el cien por cien. La ministra Darias también destacaba este miércoles el ritmo de vacunación infantil y recordaba que los menores ya no son el grupo de edad con más incidencia.

Buscar el consenso
A pesar de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Ministerio asegura que ninguna autonomía ha planteado, por ahora, ninguna medida oficialmente. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, pedía el martes que las decisiones sobre las medidas de vuelta a las aulas sean comunes a todas las comunidades. Extremadura apostó a principios de diciembre por una vuelta a las aulas con normalidad tras las vacaciones navideñas.

También Catalunya, que prevé retomar el curso el 10 de enero y donde la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha confirmado que se empezará "con un protocolo muy similar". El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió este miércoles retomar el curso escolar con "normalidad" y con "presencialidad", respetando las medidas de seguridad. Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia o Baleares se han pronunciado de manera similar. Las competencias son autonómicas así que, más allá de que exista un consenso en la reunión del día 4, cada comunidad puede adoptar el protocolo que considere.

Lo que parece claro es que la mera posibilidad de que la situación sanitaria influya en el inicio de curso mientras muchas comunidades van, por ejemplo, a permitir las fiestas de fin de año solivianta a familias y sindicatos.

El debate coincidía con la campaña 'Los niños y las niñas no se cuidan solos', de la organización MalasMadres, para mostrar "el abandono total de las familias". "La gente está haciendo la 'trececatorce' para salir adelante estos días. Si tienes la pauta completa y tu hijo es positivo no te dan la baja, pero qué haces con este niño, alguien tiene que cuidarle. Se está dejando el tema a la buena voluntad del pediatra y del médico de cabecera de turno para ver si te da la baja en un momento en que la sanidad está totalmente colapsada. Hay familias confinadas porque no tienen dinero para hacerse una PCR por su cuenta", relata la presidenta de la organización, Laura Baena.

Baena cree que hay motivos para el miedo cuando colegios de distintos lugares del país enviaron a niñas y niños a las vacaciones con sus libros y cuadernos "por si acaso", y cuando muchos protocolos "parecen dirigirse a personas solas que no tienen ninguna responsabilidad de cuidado".

Preocupación por la infancia
Save the Children también se pronunció este miércoles para defender que el cierre de colegios para frenar la propagación de la enfermedad debe ser "la última opción". "Los niños y las niñas nos han dado grandes lecciones de adaptación y resiliencia, pero no debemos olvidar que la pandemia ya ha causado estragos en su salud mental", señala Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de la organización. Save the Children recuerda que existe un consenso internacional, desde la Agencia Europea de Control de Enfermedades hasta la UNESCO, para que el cierre de colegios sea una medida de último recurso.

"A estas alturas ya contamos con suficiente evidencia sobre el impacto negativo que la no asistencia presencial a los colegios ha tenido sobre el aprendizaje y el bienestar de niños, niñas y adolescentes y, de forma más acuciada, en quienes están en contextos con menor nivel socioeconómico", añade Perazzo. Save The Children también defiende la necesidad de contar con más medidas que permitan cuidar y conciliar, como un permiso retribuido para reducir la jornada o permisos retribuidos para personas con niñas y niños a cargo y que estén afectados por COVID.

Los sindicatos muestran también su preocupación por la situación actual. La Federación de Servicios Públicos de UGT, la Federación de Enseñanza de CCOO y CSIF piden recuperar las medidas de refuerzo, como la reducción de alumnado por aula o el aumento de las plantillas docentes para garantizar la seguridad.

domingo, 24 de octubre de 2021

“¡Todas a la FP!” El proyecto neoliberal de ingeniería social abrazado por la izquierda (Eduardo García y Juanjo Espinosa para ELSALTODIARIO.COM)

ELSALTODIARIO.COM publica este artículo de opinión 


“Yo también fui a la efepe

y con mi técnico superior

de informática me efePrecaricé”

(Letra de David Castro, Los Habitantes)


En los últimos meses asistimos en los medios a una intensa campaña de agitación y propaganda que tiene por objeto vender la reforma de la FP aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Durante el mes de septiembre, dentro de esa campaña, hemos tenido la oportunidad de leer en Público una entrevista de Marta Nebot a la Secretaria de FP, Clara Sanz, seguida de un artículo de opinión de la propia Marta Nebot. Unos días antes, Agustín Moreno nos sorprendía con un artículo en la Tribuna abierta de eldiario.es. Entre todo el material disponible en los medios hemos elegido estos artículos como objeto de nuestro comentario por su significación política. Nuestra opinión sobre la nueva Ley de FP está recogida en el comunicado hecho público por FASE-CGT.


Clara Sanz, siempre al servicio del empresariado, no de “el país”, trabajó ya en los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Esperanza Aguirre y lo hace ahora en el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Diaz. “Hace 20 años”, dice la Secretaria General de FP en la entrevista, “la gente creía que trabajaría toda la vida en la misma empresa“. “Hoy nadie cree eso”. De esta forma descarnada expresa su obediencia a la ley del mercado laboral precario. ¿Por eso las reformas laborales están aún vigentes? Por su parte la periodista Marta Nebot, asume por entero de forma acrítica el discurso oficial sin molestarse en comprobar los datos con los que Clara Sanz pinta la realidad. Así, desde la posición en que la dejó el ascensor social, se presta a contribuir con su granito de arena ideológico y político. Agustín Moreno en cambio, como no podía ser menos en alguien de izquierda, muestra su preocupación, que compartimos, sobre todo por los “chicos de la clase obrera”. Lamentablemente comete algunos errores que tienen consecuencias políticas.


Falacias aritméticas y geométricas

Los portavoces oficiales y los voceros de la patronal manejan “diagnósticos” o “previsiones” de “las necesidades formativas” de las empresas como si fueran el resultado de una ley natural inexorable e incuestionable de la evolución de la economía. En realidad esas previsiones son objetivos que se han marcado. Nos es “lo que va a ocurrir”, sino “lo que quieren que ocurra” para satisfacer las “necesidades de la economía”, o sea del capital: la lógica del beneficio es la ley que rige esas “previsibles necesidades formativas”. Por tanto la contención salarial, la inestabilidad y la precariedad laboral van a persistir. Hay pues que andarse con cuatro ojos porque, como en un juego de trileros, nos confunden jugando sutilmente con las palabras, los datos y las figuras. Nos centraremos en dos mitos: el eslogan del 65% y la forma, en barril o diábolo, del mercado de trabajo y/o la distribución de cualificaciones. Empecemos por esto último.


A. Que el mercado de trabajo tenga “forma de barril” o “forma de diábolo” no depende del sistema de formación sino de la capacidad del sistema productivo para generar empleo y del tipo de empleo que es capaz de generar. Ahora bien, a día de hoy, en contra de lo afirmado por la señora Sanz, no “tenemos un mercado laboral con una estructura de barril”. Baste recordar que la tasa de paro más baja corresponde a los titulados superiores, según los datos aportados por el I Plan estratégico de FP (Tabla de página 9): 8,67% de paro, frente a 15,40% de titulados de FP o 15,92 % de Bachilleres. Por tanto, según esos datos, podemos afirmar categóricamente que, a día de hoy, las personas tituladas en FP tienen menos probabilidad de encontrar trabajo que los titulados superiores y no se puede sostener el mantra de que “la formación profesional mejora la empleabilidad”. Precisamente, esa es una de las “anomalías” del mercado laboral español que quieren corregir con la nueva Ley de FP. ¿Cómo? Derivando hacia la FP a gran parte del alumnado que ante la falta de puestos de trabajo decentes, deciden intentar suerte continuando los estudios superiores. Se trata de disuadir al alumnado de bachillerato de ir a la Universidad orientándolo a los ciclos de grado superior. Como ya “vaticinó” la OCDE en 2001, “no todo el mundo elegirá una carrera en el dinámico sector de la “nueva economía” —de hecho, la mayoría no lo hará”. Ni que decir tiene que esta conversión masiva de “estudiantes” en “aprendices” afectará sobre todo al alumnado de clases populares.


Se trata de disuadir al alumnado de bachillerato de ir a la Universidad orientándolo a los ciclos de grado superior.  Ni que decir tiene que esta conversión masiva de “estudiantes” en “aprendices” afectará sobre todo al alumnado de clases populares

Eso por la parte alta del barril, mientras que por la parte baja una masa de gente joven, también en su inmensa mayoría de clases populares, poco formada y sobre todo con una instrucción elemental reducida a las competencias básicas, deberá pasar de la ESO a la FP. Se trata de acabar con ese infame 47,50% de personas mayores de 16 años que abandonaron el Sistema Educativo con baja cualificación (ESO o menos), fruto del llamado “abandono escolar temprano”, “inempleables” para el sistema y abocados a la exclusión social (Ver Tabla 1. Página 9 del Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad )


¿Cómo reducir ese escandaloso 47,50%? Hasta ahora los Programas de Garantía no han funcionado, son costosos y no son suficientes. La Formación para el Empleo se reduce a cursos formativos poco menos que obligatorios para quienes perciben algún subsidio. El objetivo es volver a meter a esas personas poco cualificadas en el sistema. Objetivo muy loable, sin duda. Para lograrlo, la nueva Ley de FP intenta institucionalizar un nuevo mecanismo de (re)inserción bajo el rimbombante eslogan de “formación permanente a lo largo de toda la vida”. Esto, lejos de asegurar un empleo y una vida digna, condena a millones de jóvenes, sobre todo de clases populares y con menos recursos, a los flujos y reflujos entre diferentes vías formativas y entre la formación y el empleo (basura).


Ni trabajadores/ni estudiantes, con el ambiguo estatus de “aprendices”, quedarán atrapados en el “aprendizaje a lo largo de la vida” como el hámster en su rueda, permanentemente disponibles, adaptables y “empleables”. De ahí el invento de organizar la oferta de la FP dual en módulos “a la carta” a base de unidades formativas, los módulos de niveles A a D, “capitalizables” y acumulables en la “carpeta personal de competencias”. Esta es la nueva fórmula de la precariedad y la inestabilidad, la institucionalización de la dependencia de por vida. Es el fin de cualquier aspiración a la libertad y la dignidad. De paso, millones de personas desaparecerán de las estadísticas del paro...porque están en formación dual.


B. Veamos ahora el famoso eslogan del 65%. En la entrevista con Clara Sanz se afirma que “en 2030 los nuevos puestos de trabajo requerirán en el 65% FP de formación media, el 35% FP superior y grados universitarios”. (Observemos de pasada cómo ha desaparecido por arte de trilero el % de bajas cualificación). Marta Nebot se traga el sapo y da su propia versión del mito: la periodista afirma que “La UE vaticina, para 2030, que los trabajadores formados en Formación Profesional se van a llevar el 65% del trabajo”. Este bulo del 65% viene dando tumbos desde hace años. (Puede consultarse un resumen de su historia en El menosprecio del conocimiento (Icaria, 2020). Clara Sanz le pone fecha y contenido al feliz evento: los puestos de trabajo disponibles en 2030 exigirán a las aspirantes poseer una FP de grado medio. Ahora bien, si se consultan algunos documentos oficiales publicados por su propio ministerio lo que encontramos es otra cosa. (Ver los Gráficos 3 y 8 del Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad). Aclaremos que el Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad, también llamado Plan de modernización, es la segunda parte, bajo los efectos de la pandemia, del I Plan estratégico de FP del año 2019 y ambos forman parte de las campañas de agitación y propaganda previas a la aprobación de la nueva ley de FP. Estos documentos simplemente trascriben “previsiones” o “diagnósticos” del Centro Europeo para el Desarrollo de la FP (CEDEFOP).


El Gráfico 8 es particularmente interesante porque muestra que la estructura de la demanda formativa, según la lógica de la economía neoliberal, adoptará en 2030 en la UE una forma que ciertamente recuerda poco a un barril: 15 abajo, 45 en medio, 40 arriba. Lo mismo puede decirse del Gráfico 3 respecto a las “previsiones” para 2025: 14 abajo, 49 en medio, 37 arriba. Estos gráficos muestran muy claramente que la gran transformación afecta a la distribución entre los niveles de cualificación bajos (de 36% a 15%) y medios (de 28% a 45%), y apenas afecta a los niveles superiores (de 36% a 40%). Sea como sea en ningún lado vemos la mítica forma de barril ni el no menos mítico 65% con el que nos aturden Sanz y Nebot.


Los cambios en la distribución de las cualificaciones no garantizan el empleo ni eliminan las causas de su precariedad y temporalidad, sino que pondrá a disposición de los empresarios una masa de jóvenes formada a demanda

Así supuestamente se alcanzaría la estructura virtuosa de la distribución de cualificaciones que exige la “nueva economía”. Es un magno proyecto de ingeniería social. Insistimos: los cambios en la distribución de las cualificaciones no garantizan el empleo ni eliminan las causas de su precariedad y temporalidad, sino que pondrá a disposición de los empresarios una masa de jóvenes formada a demanda, débilmente instruida y sin otras expectativas vitales que obtener un empleo como sea. Queda muy bonito eso de defender la “adaptación del sistema educativo al mercado laboral” con el argumento de “no gastar dinero público en formar desempleados”, como afirma Clara Sanz. Pero para evitar ese presunto “despilfarro” lo que hace falta es crear puestos de trabajo decentes y dignos. Y eso no será posible mientras las capacidades productivas de la tecnología sirvan exclusivamente a los beneficios del capital, en lugar de servir para reducir la duración de las jornadas laborales y repartir el trabajo disponible.


El mandato neoliberal y la izquierda

Marta Nebot se siente engañada como parte de una generación a la que hicieron creer que la Universidad era la panacea social, el mejor vagón del ascensor social, mientras que quienes triunfaron en la vida fueron los electricistas y fontaneros que se están “construyendo su segunda vivienda en el campo, (...) dueños de su tiempo, de sus certezas laborales, de sus vidas”. Para Marta Nebot el referente del éxito son los oficios tradicionales, los trabajadores por cuenta propia y los autónomos. Como parte de esa “clase media” decepcionada por el ascensor social, ante el dilema de las familias —“¿Qué hacer con los hijos?”— la FP dual es para ella la buena elección, hacer FP es la nueva panacea, aunque eso suponga aprender un oficio, para la mayoría, y adquirir una profesión, para los menos. Nebot se pregunta qué hubiera dicho Clara Sanz si un hijo suyo hubiera decidido hacer FP. Pero, tan decepcionada como está por los estudios universitarios, ¿ha pensado ella alguna vez qué habría sido de su vida si hubiera hecho FP en lugar de Periodismo? Al igual que su entrevistada y todos los voceros del gobierno y la patronal, hay que plegarse a la lógica del mercado laboral como si fuera una ley natural ciega e intocable que se impone fatalmente.


Pero el ascensor social no ha dejado de funcionar: quienes por su posición social tenían los recursos necesarios para llegar, llegaron. Ahora ella, desde los medios de comunicación, ejerce de ascensorista: aconseja a la juventud que no sueñe, que sea realista, que se alisten. “¡Suban al vagón correcto!” “¡Todas a la FP!” Pero la FP no es un bloque monolítico, hay vagones de Preferente, Primera y Segunda y cada uno acabará en un nivel determinado de la estructura de empleo y, por tanto, en la correspondiente categoría socio laboral. Unos acabarán de autónomos endeudados para sacar el negocio adelante (y además tener una segunda residencia a crédito), otras aprenderán “el uso de drones para mejorar la productividad y la calidad” en explotaciones vinícolas punteras, otros serán “mecatrónicos”... mientras la mayoría acabaran de kellys, camareros o cajeras...


Según Clara Sanz “en la cuarta revolución industrial lo que permite a un país, a una empresa posicionarse es su capital humano”. De esta forma los jóvenes (y no tan jóvenes) quedan reducidos a meros soportes corporales del “capital humano”, meros instrumentos de la competencia capitalista entre países y entre empresas. “Lo que más demanda [el mercado]es cualificados intermedios formados en FP”. “Son el motor”, afirma Clara Sanz ya lanzada. Dejemos claro de una vez que los trabajadores no somos el motor de nada, somos simplemente la energía humana o fuerza de trabajo que el verdadero motor, el capital, consume y explota para extraer sus beneficios. A menos que nos organicemos y luchemos por una economía digna de los seres humanos que somos.


El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. El problema no es solo que, presuntamente para salvarlos del paro, quieran orientar a miles de jóvenes actualmente en la ESO hacia esas cualificaciones intermedias y lograr incluirlos en ese mítico 65% que supuestamente conseguirán un empleo. La cuestión es que bajo esas buenas intenciones de “crecimiento social” de lo que se trata es de inundar el mercado laboral a mayor gloria de los beneficios de las empresas. Está por ver que lo logren. Pero aún si lo lograran, esos míticos porcentajes impiden que nos hagamos algunas preguntas: ¿quiénes serán los y las que lleguen?, ¿hasta dónde llegarán?, ¿ciclos medios, superiores o grados universitarios?, ¿por qué vías lo harán?, ¿centros públicos o privados?, ¿con qué módulos de qué familias profesionales?....y ¿para acabar en qué tipo de empleo? Esos porcentajes no dejan ver que, dependiendo del origen social (el sexo o la raza), cada cual se orientará tanto como será orientado hacia las opciones más o menos nobles, más o menos tecnificadas y exigentes cercanas a las tareas de concepción, más o menos afines al trabajo manual o las tareas de ejecución y, por tanto, más o menos bien retribuidas.


La FP para la izquierda de la izquierda

Agustín Moreno, Diputado de UP en la Asamblea de Madrid y un referente histórico de la defensa de la escuela pública, en un artículo a cuenta de las colas para matricularse en FP, clamaba en eldiario.es contra la privatización y la falta de plazas de FP, al tiempo que se alegraba de la gran demanda de esos estudios y urgía a tomar medidas para satisfacerla. Obviamente compartimos su inquietud, aunque no tanto su alegría.


Nos parece un error afirmar que “el irrompible techo de cristal” que encuentran “los jóvenes de familias modestas” lo “documentó Paul Willis en su Aprendiendo a trabajar, desmontando el mito neoliberal de que cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza independientemente de su origen social”. Primero porque la investigación de Willis es anterior a la gran ofensiva neoliberal: el trabajo de campo se realizó entre 1972 y 1975 y el libro se publicó en Inglaterra en 1977 (en España en 1988). En segundo lugar, el discurso de que “cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza” no es un discurso inventado por los neoliberales sino el discurso meritocrático de toda la vida. Que “los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera” simplemente demuestra que la igualdad de oportunidades educativas es un espejismo.


No hay ningún motivo para celebrar que los jóvenes, sobre todo de clases populares, crean que la FP es la solución de futuro y hagan cola para matricularse. A través de la FP es como “los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera”, incluso si ya no se reconocen como obreros. La “paradoja de Willis” consiste en que la resistencia, la rebeldía y el rechazo que “los chavales” (lads), desde los valores de la clase obrera, oponían a la “cultura escuelar” les llevaba a cumplir su destino social: convertirse en obreros, contribuyendo así a la reproducción de las desigualdades de clase. Hoy día ese rechazo les conduce a dejar los estudios, a la exclusión y la anomia, lo cual representa un problema para la estabilidad del orden social. Se trata en el caso español de ese 47,50 % de la población mayor de 16 años poco o nada cualificada.


Esa población y los problemas sociales que plantea su gestión es el eje en torno al cual giran todas las reformas y los debates sobre los niveles de enseñanza, la promoción automática, las competencias, etc, etc. Resolverlo es uno de los objetivos de la reforma de la FP actualmente en curso. ¿Cómo hacer para retener en la escuela o que vuelva a ella esa población para la que solo hay empleos basura y ya no tiene una condición obrera con la que identificarse? La orientación hacia la FP media será ahora el destino de esa inmensa mayoría de jóvenes procedentes de las clases populares (inmigrantes, trabajadores manuales del sector servicio, manufacturero e industrial, asalariados del transporte, por cuenta propia o ajena, dependientes del comercio y la hostelería, asalariados del sector de cuidados o jornaleros y campesinos...) Por ello, hablar como hace A. Moreno en términos de “alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo” nos parece que es poco acertado y olvida que el alumnado de “familias modestas” es el que masivamente se orienta y, sobre todo, es orientado hacia la FP.


La oferta de FP tanto pública como privada se pliega totalmente a los intereses privados de las empresas y al imperativo del mercado de trabajo sin cuestionar su lógica. Hasta el 50% del tiempo de formación quedará en manos de la empresa en la FP dual “avanzada”

Lleva razón Agustín Moreno cuando denuncia “la descarada estrategia de privatización de la FP”. Compartimos su preocupación por el desmantelamiento de la escuela pública y lo hemos denunciado reiteradamente desde Marea Verde Andalucía y Mareas por la Educación Pública. Por desgracia eso no solo ocurre en Madrid. Pero también estamos muy preocupados por el impulso de la privatización que supone la generalización de la FP dual por la nueva Ley General de FP remitida al Parlamento por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Lo que Agustín Moreno olvida es que la Nueva Ley de FP promueve la privatización en otro sentido que no se discute —¿hasta tal punto se ha impuesto la ideología neoliberal?. La oferta de FP tanto pública como privada se pliega totalmente a los intereses privados de las empresas y al imperativo del mercado de trabajo sin cuestionar su lógica. Hasta el 50% del tiempo de formación quedará en manos de la empresa en la FP dual “avanzada” ¿Tendrán contratos y derechos laborales? Una buena nota del “tutor de empresa”, ¿no será apreciada como buena señal de una probable contratación? Cada vez más, el sistema de FP se convierte en una máquina al servicio directo de las empresas. La nueva FP dual consagra la tendencia iniciada en 2012 que los gobiernos, antes del PP y ahora del PSOE-UP, han hecho suya.


Nos sorprende que Agustín Moreno reclame ahora un “Plan Estratégico acordado con los agentes sociales”. ¿No se ha enterado que ese Plan está ya en marcha desde hace 3 años y se encuentra en su segunda fase, pórtico de la nueva ley de FP y parte importante de la campaña de agitación y propaganda dirigida desde un Ministerio del Gobierno del que forma parte su partido, UP? Más allá de eso, no podemos menos que lamentar que la izquierda de la izquierda se limite a esto: “para corregir y mejorar la situación, desde Unidas Podemos exigimos la máxima transparencia”. Si le preocupa que “Madrid es la comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo”, que esté tranquilo porque como hemos visto el gran objetivo es trasvasar alumnado de Bachillerato y la universidad a la FP media y superior. Por lo demás Agustín Moreno parece compartir el discurso hegemónico en el campo de la formación y el empleo según el cual, el problema del empleo se solucionará con reformas del sistema de enseñanza y en particular en el Sistema de Formación Profesional. Esta misma idea la repite en otro artículo. De ahí que afirme que es urgente “modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo”. ¡Como si la calidad y cantidad de empleo dependiera de la cualificación de los asalariados! Ese “35% de tasa de paro juvenil y la alta precariedad laboral” que tiene Madrid no se va a solucionar simplemente por “atender (…) la demanda de formación de los jóvenes”.


Para terminar, disentimos en que el “debilitamiento de la FP que hacen comunidades como Madrid” sea lo que “convierte el mercado de trabajo en el reino de la desregulación y la precariedad”. Por el contrario, creemos que la función principal de la nueva reforma de la FP es gestionar ese mercado de trabajo neoliberal precario a mayor gloria de los beneficios empresariales. ¿Por qué no empezamos por derogar las reformas laborales?



AUTORES:

Eduardo García

Profesor de Biología. Secretaría de Formación CGT Enseñanza Málaga. Grupo de trabajo de FP de la Federación Andaluza de Sindicatos de la Enseñanza GCT.


Juanjo Espinosa

Maestro de Primaria (Audición y Lenguaje). Secretaría de Organización GCT Enseñanza Málaga. Marea Verde de Andalucía.

domingo, 17 de octubre de 2021

Los PGE para 2022 contemplan 2.150 millones para becas y ayudas al estudio (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

 Publicamos esta información de ELDIARIODELAEDUCACION.COM


El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado, en un comunicado, las cifras que se contemplan en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año que viene. El apartado de becas y ayudas al estudio ascenderá hasta los 2.150 millones con la previsión de que alcance prácticamente al millón de beneficiarios.

 

Finalmente serán 6.036 millones de euros los que le corresponderán al Ministerio de Educación y FP para el próximo año, si las cuentas presentadas esta semana por el Gobierno se aprueban tal cual en el Congreso de los Diputados. Del monto total, 4.383 millones son los que invertirá directamente el Estado, mientras que otros 1.653 salen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.


En cualquier caso, es el presupuesto más alto que ha tenido nunca el Ministerio de Educación y que, entre los principales puntos que tiene están, primero, las becas y ayudas al estudio con esos 2.150 millones. Por detrás, 1.151 millones dedicados a la formación profesional para el empleo. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Pilar Alegría, supone un incremento del 24,6% con respecto al año anterior.


La política de becas siempre ha sido una de las partidas principales del Ministerio. Este año, según se prevé, será la mayor de la historia y alcanzará al mayor número de benediciarios, casi un millón. Además del aumento hasta los 2.150 millones, esta vez, la cuantía de la beca base para cursar FP básica sube de 300 a 350 euros, lo que se añade al aumento del nivel de renta 1 para poder solicitarlas, el aprobado como único requisito académico para conseguir una de estas ayudas y la subida de 100 euros la cuantía fija de las becas introducidas en la convocatoria anterior.


“El objetivo de las becas y ayudas al estudio es garantizar el derecho a la educación de todas las personas. No solo el acceso, sino también la permanencia en el sistema educativo. Necesitamos todos los talentos y debemos poner los medios necesarios para que todos los estudiantes sigan su proceso formativo, sean cuales sean sus circunstancias”, valora la ministra, Pilar Alegría en el comunicado hecho público por el Ministerio.


Otros de los proyectos que recibirán una importante inyección económica serán los programas PROA+ (120 millones), la creación de plazas públicas de 0-3 años que recibirá un total de 338,82 millones; la transformación digital de las aulas (341,5 millones) o los 206,66 millones destinados a la modernización de la formación profesional. Todos estos serán directamente financiados con los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

martes, 14 de septiembre de 2021

El Gobierno suprimirá las recuperaciones de junio en la ESO (Daniel Sánchez caballero para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia



Se acabaron las recuperaciones de junio en Secundaria. El Ministerio de Educación va a eliminar los exámenes de recuperación de junio este mismo curso. El decreto de evaluación y promoción que prepara el departamento que dirige Pilar Alegría se dispone a publicar esta novedad en cuanto reciba el dictamen del Consejo Escolar del Estado, según ha adelantado el periódico balear Última Hora.

Fuentes del ministerio explican que la medida, que viene de la anterior ministra, Isabel Celaá, tiene el respaldo de las comunidades autónomas a nivel técnico. En las reuniones preparatorias del decreto, los representantes de los Ejecutivos regionales han mostrado su acuerdo con suprimir estos exámenes. Argumenta el ministerio, y coinciden los técnicos regionales –según la versión de Educación– que la convocatoria extraordinaria de junio no tiene mucho sentido en el contexto actual: eran muy pocos los alumnos que aprobaban estos exámenes apenas tres semanas después de haber suspendido el de final de curso. Además, explican las fuentes, la Lomloe apuesta por la evaluación continua y el criterio del profesorado a la hora de establecer si un alumno aprueba una asignatura o incluso pasa de curso.

En este sentido va también la supresión del número máximo de asignaturas pendientes con las que un alumno puede promocionar en un curso. En el decreto se fija el máximo en dos, pero también se explica que el número de suspensos no será el único criterio a considerar y se podrá pasar con más. Que los alumnos promocionen con materias sin aprobar es algo que pasa desde hace varios años, también en las comunidades de muchos consejeros que han protestado por esta medida, pero ahora se le da carta de naturaleza en la ley. Además, la Lomloe fija que en todo el periodo de Educación obligatoria solo se podrá repetir dos veces.

La idea del ministerio se enmarca dentro de una batería de medidas que incluye la nueva ley para reducir la tasa de repetición en España, que con casi un 30% de alumnos que no está en el curso que le corresponde se encuentra entre los países con más incidencia de este indicador en Europa.

La supresión de las convocatorias extraordinarias de junio –que hace años se hacían en septiembre, pero fueron adelantadas– viene acompañada de refuerzos educativos, según ha explicado el director general de Planificació, Ordenació i Centres del Gobierno balear, Antoni Morante, a Última Hora. "Aunque desaparezcan las recuperaciones, se reforzará la atención a los alumnos con dificultades. En cualquier caso, cabe recordar que la titulación y el paso de un curso a otro será decidido por los docentes y que no hay límite de materias suspendidas en la ESO para pasar a Bachillerato", ha explicado.

Más atención al alumnado –aunque han subido las ratios–, más medidas preventivas y no reactivas, más autonomía docente y menos exámenes definitorios de un curso escolar es el camino que ha emprendido el ministerio en su batalla contra la repetición. El tiempo dirá si funciona.

La nueva Ley de FP llega al Consejo de Ministros para su aprobación (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

 Reproducimos este reportaje de ELDIARIODELAEDUCACION.COM

Que el Ministerio de Educación fuera también el de Formación Profesional y aglutinase en una sola cartera la formación del sistema educativo y para el empleo, ya fue una declaración de intenciones. De aquella apuesta, y seguramente del hecho de que Isabel Celaá hubiese sido la consejera de Educación del País Vasco, buque insignia de la FP en todo el Estado, está a punto de comenzar el trámite parlamentario de la nueva ley de Formación Profesional.

El texto supone cambios importantes en la ordenación de esta oferta formativa, empezando por el hecho de esa unificación entre la FP educativa y para el empleo. Aunque otros cambios pueden ser también de gran calado, como la posibilidad de realizar microformaciones que, poco a poco, puedan suponer el alcanzar un título de grado medio o superior o que vayan dando acreditaciones de diferente tipo. Una flexibilidad que pretende mejorar la cualificación profesional de muchas personas mientras desarrollan otras labores, como el trabajo.

A partir de la aprobación del texto en el Parlamento, habrá cinco tipos de formación, de la A a la E. La primera, es la parte más pequeña, parcial y acumulable. Se pueden ir superando hasta alcanzar cierta certificación. Cuando se consiguen las suficientes, se salta a la B, también acumulable y que, finalmente conduce a la obtención de una certificación de competencia. El siguiente paso, el C, acumulable como los anteriores, supone un certificado de profesionalidad. El D es lo que se conoce como título de ciclo formativo.

El último de los grados, el E, se refiere a cursos de especialización y están destinados a quienes ya tienen un título de FP. Tendrán carácter modular y podrán estar enclavados en la secundaria postobligatoria o la educación superior. Su duración será de entre 300 y 800 horas y podrán incluir una fase práctica dual. Si se supera esta formación se conseguirá un título de Máster profesional.

El nuevo texto legal, en el que se lleva trabajando muchos meses, no ha supuesto, ni de lejos, el mismo nivel de polémica entre Ministerio y partidos políticos, aunque también ha traído algunas. La más importante ha sido la situación del profesorado técnico y la obligación de que todo el mundo tenga estudios universitarios para poder acceder al cuerpo de secundaria. El problema, que no todas las ramas de la formación profesional tienen un reflejo, más o menos certero, en la universidad. Un agravio que el Ministerio ha insistido, desde hace muchos meses, en que no afectará a quienes estén ejerciendo hoy por hoy.

Para evitar problemas legales con este profesorado, ya Isabel Celaá habló de la posibilidad de crear un nuevo cuerpo docente en el que cupieran quienes no tenían estudios universitarios. El problema, finalmente, radica en que a igualdad de trabajos, estos reciben menor salario.

Tal vez el reto más importante que tendrá que afrontar esta nueva formación profesional sea el de garantizar un número adecuado de plazas públicas en todas las comunidades autónomas. No es nuevo que miles de chicas y chicos pasen días y días, puerta a puerta, buscando plaza en los diferentes centros o que terminen en un centro privado que no siempre pueden sufragar. El Gobierno ha prometido para ello la creación de 200.000 plazas en los próximos cursos.

En los últimos años, algunas comunidades autónomas han hecho un importante esfuerzo en el concierto de plazas de FP en detrimento de la red pública, que no ha crecido al mismo ritmo. Con diferentes modalidades de subvención de las plazas.

Frente al crecimiento, desde el curso 2015-2016, de un único centro público que oferte ciclos formativos, el aumento de los concertados es de 142 centros más. En buena parte de las comunidades autónomas, en realidad, las cifras prácticamente no se han movido, ni en la pública ni en la privada, aunque hay importantes diferencias. Por ejempo, en Andalucía, hay cuatro centros públicos menos que impartan FP, mientras que los privados han crecideo en 50. Algo similar ocurre en Madrid, Comunidad en la que hace años que ya hay más centros privados que públicos. En el curso 2015-2016 públicos eran 157 y privados 151. En 2019-2020 había dos menos públicos y 35 más privados.

La mejora de la formación profesional, entienden algunos, pasa también por un aumento de la enseñanza de idiomas extranjeros en los ciclos medios y superiores para, de esta manera, poder garantizar cierto nivel de competitividad de las y los futuros trabajadores, así como mejorar su movilidad fuera de nuestras fronteras.

Otro de los elementos en los que se ha insistido mucho desde el Ministerio en los últimos años ha sido en la necesidad de mejorar el grado de digitalización de los centros de formación profesional, así como de su alumnado. Una necesidad que la pandemia, sin duda, ha azuzado aún más.

viernes, 3 de septiembre de 2021

Un manifiesto urge al Gobierno a "revisar los libros de texto" para evitar el bloqueo de la Ley de Memoria en las aulas (Ángel Munárriz para INFOLIBRE.ES)

Reproducimos este artículo publicado en INFOLIBRE.ES 



Desarrollar los contenidos y "revisar los libros de texto" de ESO y Bachillerato para evitar "falsas equidistancias" y "expresiones genéricas" que alimentan la teoría de los dos bandos igualmente culpables. Sacar la historia de la II República, la Guerra Civil, la dictadura y la represión de la fase residual del curso, haciendo todo el periodo comprensible en un contexto mundial. Y formar al profesorado durante toda su trayectoria docente. Todo ello lo reclama un manifiesto, impulsado entre otros por Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y autor de un ensayo sobre los mecanismos de exclusión de la memoria histórica de las aulas, que reclama al Ministerio de Educación que empiece a preparar la puesta en marcha en el curso 2022-2023 de los cambios educativos previstos en la Ley de Memoria Democrática para que no queden en papel mojado.

"Si no se acometen desde ahora mismo una serie de cambios urgentes, que consideramos imprescindibles, corremos el riesgo de que, de nuevo, lo que dice la ley se quede en papel mojado y no llegue de verdad a las aulas", señalan los promotores del texto, que temen la resistencia de la industria del libro y de las comunidades del PP.



La idea es entregar el manifiesto a la ministra de Educación, Pilar Alegría (PSOE), en una reunión que aún no tiene fecha cerrada, explica Enrique Díez, vicepresidente del Foro por la Memoria de León. Díez forma parte del grupo de cuatro impulsores del texto, junto con la escritora Isabel Alonso, responsable de la Comisión Pedagógica de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, y los profesores universitarios de Educación Fernando Hernández (Autónoma de Madrid) y Fernando Yarza (Zaragoza).

El manifiesto, cuya publicación está prevista para septiembre en el marco de una campaña de difusión, ha recabado ya el apoyo de historiadores como Mirta Núñez, Ángel Viñas, Paul Preston, Alejandro García Sanjuán, Ángeles Egido, Javier Tébar, Francisco Espinosa, Manuel Ortiz Heras, Alberto Reig Tapia, Francisco Erice, Emilio Grandío, Ángel Pablo García y Jorge de Hoyos. A ellos se suman las entidades Encuentro por la Memoria, La Comuna-Asociación de Presxs y Represaliadxs del Franquismo, Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme al Pais Valencià-Plataforma de Suport a la Querella Argentina, Colectivo de familiares de Víctimas del Franquismo en Madrid (Memoria y Libertad), La Memoria del Norte y Ateneu Memòria Popular [ver aquí el manifiesto y aquí el listado provisional de adhesiones].




Currículum, orden y formación

El texto reclama al Ministerio de Educación que, para garantizar el cumplimiento de los artículos 44 y 45 del proyecto de Ley de Memoria Democrática, "dé pasos cuanto antes para articular ya en el curso escolar 2022-2023 tres medidas imprescindibles para una verdadera inclusión" de esta materia en el aula:




1) Cambiar los contenidos. "Se necesita –dice el manifiesto– la actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, desarrollando en los mismos de forma clara y sin falsas equidistancias los 40 años de represión de la dictadura y la lucha antifranquista [...] hasta los años 70". Para ello hay que "revisar los libros de texto escolares y los materiales curriculares que se utilizan para que incluyan estos contenidos que actualmente están en buena medida invisibilizados y silenciados, utilizando expresiones genéricas que ocultan, más que aclarar". Además, continúan los firmantes, hay que "evitar expresamente la teoría de la equidistancia que viene del segundo franquismo, cuando el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde el régimen empieza a hablarse de guerra fratricida y de responsabilidad de ambos bandos”.

El texto sugiere como posible referencia unas unidades didácticas elaboradas por un equipo de la Universidad de León. Hay más experiencias de interés. Estudios como La memoria democrática en las aulas de secundaria y bachillerato: balance de una experiencia didáctica, de Vicent Galiana y Cano, han demostrado los buenos resultados de ligar la docencia sobre el siglo XX español a la experiencia cercana.

El artículo ¿Historia olvidada o historia no enseñada?, obra de seis investigadores encabezados por Laura Arias y publicado en 2019, advertía de los resultados negativos de una enseñanza básicamente memorística y centrada en fechas y batallas: sólo un 26,6% de los alumnos de ESO era capaz de definir qué era una dictadura, mientras que un 20,1% lo hacía con la república. Tiene interés situar estas conclusiones al trasluz de otros datos publicados en 2018 por Carlos Fuertes y Mélanie Ibáñez: casi la mitad (un 45%) de los estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato del instituto de Salamanca en que se centró su estudio veían innecesario reparar a las víctimas de la represión franquista.

2) Cambiar el orden. El manifiesto reclama "un cambio en la organización de los contenidos de Historia en Bachillerato", de forma que 1º se dedique al periodo entre la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial y 2º vaya de la etapa de entreguerras hasta al presente. "Sólo así se acabará con la anomalía española que supone la separación de la Historia del Mundo Contemporáneo y la Historia de España en dos cursos diferentes de Bachillerato y se podrá insertar la Historia contemporánea de España en la del mundo". Ello es considerado por los firmantes "más lógico pedagógicamente", porque "garantiza una visión que permite comprender la historia de España en el contexto global". Además, "es la forma de que la II República y la dictadura no queden relegadas al final de curso, sin llegar a ellas en ocasiones, pues pasarán a ocupar la parte central del programa".

El manifiesto defiende que los 44 años entre la II República, la Guerra Civil y la dictadura ocupen "en torno al 50% de los contenidos del siglo XX", tanto en 4º de la ESO como en 2º de Bachillerato, "tal como les corresponde por estricto tiempo cronológico". Javier Tébar, uno de los firmantes, explica a infoLibre que la historia de España suele impartirse "como si estuviera al margen de la historia del mundo". "Se cuenta como si hubiéramos ido por carriles distintos", señala Tébar, que añade que es frecuente que se sacrifique la historia de la dictadura y la transición, algo que nota incluso en el alumnado universitario.

3) Formar al profesorado. A juicio de los firmantes, hay que incluir en la formación "inicial y permanente" del profesorado la "actualización científica, didáctica y pedagógica".

Riesgo de quedar en "papel mojado"

En un texto que acompaña al manifiesto, que circula estos días entre asociaciones y académicos, Díez y Alonso exponen la "preocupación" ante que la posibilidad de que Ministerio de Educación "no empiece a tomar las medidas" para garantizar el cumplimiento de los artículos 44 y 45 de la Ley de Memoria Democrática, todavía no aprobada por las Cortes. "Corremos el riesgo de que, de nuevo, lo que dice la ley se quede en papel mojado", señalan Díaz y Alonso.

El artículo 44 señala que las acciones en materia de memoria deben contar "con un componente pedagógico adecuado" y el 45 que el sistema educativo "incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas", para lo que se actualizarán los contenidos de ESO y Bachillerato y se formará al profesorado.

El Ministerio de Educación, que todavía no ha recibido el manifiesto, asegura a través de un portavoz que, teniendo en cuenta que la previsión es que la Ley de Memoria Democrática esté aprobada antes de final de año, es perfectamente posible que los currículos de ESO y Bachillerato se adapten, teniendo en cuenta que estos están arrancando ahora su fase de elaboración. Los nuevos contenidos entrarán en vigor en el curso 2023-2024, explica Educación. La pretensión de los firmantes del manifiesto es que sea en el curso 2022-2023.

Las preocupaciones de los impulsores del manifiesto van más allá del currículo, sobre todo cuando, a juicio de Díez, es probable que las comunidades gobernadas por el PP se resistan a la introducción de la materia. "La Lomloe es muy light. La 'memoria democrática' aparece sólo en el preámbulo, y así, como 'memoria democrática', sino añadir 'histórica'. Luego, en una disposición adicional, se hace referencia al 'conocimiento de la historia de la democracia en España desde sus orígenes a la actualidad'. Son términos muy genéricos e interpretables. Se cita expresamente el 'Holocausto judío', pero no el genocidio franquista", explica.

Tabúes y equidistancia

Díez, uno de los impulsores del manifiesto, parte de un detallado estudio de las trabas que dificultan la entrada de la memoria en las aulas, asunto al que ha dedicado la investigación La asignatura pendiente (Plaza y Valdés, 2020). A su juicio, el cambio de los currículos resultaría insuficiente para invertir una tendencia anclada en la rutina escolar. El problema central reside en los libros de texto, en torno a los cuales sigue girando casi toda la docencia, según el ensayo de Díez. En su investigación, basada en entrevistas a 610 profesores de Historia y en el análisis de libros de Secundaria y Bachillerato de hasta 15 editoriales, Díez encuentra "cinco temas tabú": 1) La incautación de bienes a los perdedores. 2) El papel de la Iglesia dentro del aparato represor. 3) Los responsables y partícipes directos de la represión, con nombres y apellidos. 4) El hecho de que una parte de la sociedad civil se implicó en la represión. 5) El –obstaculizado– reconocimiento, resarcimiento y reparación a las víctimas y a los luchadores antifranquistas.

Díez localiza todo un catálogo de expresiones de equidistancia y hasta de revisionismo en los manuales. Una y otra vez se vincula el fracaso de la República con la “conflictividad social”. Apenas se abordan las causas y los trasfondos económicos. “Los odios generados por la insurrección de octubre [en Asturias] y su represión, las aspiraciones revolucionarias de socialistas, comunistas y anarcosindicalistas y la determinación de las derechas de hacerles frente se combinaron para producir una espiral de violencia”, señala un manual de 2º de Bachillerato. La vida política estaba “asfixiada por el radicalismo proletario”, apunta un libro para el mismo curso. Son frecuentes expresiones como “sectores radicalizados”, “terror simultáneo”... Está extendida la tesis de los dos bandos. La guerra se suele presentar en el mismo bloque que la República, no que que la dictadura, como si fuera el “fin inexorable” de aquella, y no la causa de esta.

Se da "por encima"

Más que análisis, hay relato de batallas. Las causas objetivas del golpe se diluyen en el clima de “polarización”. Sólo un 37,5% de los libros de ESO muestran que la represión franquista fue sistemática. Hay más referencias a los campos de concentración de fuera de España que de España. Los hechos se muestran ajenos a la realidad de hoy, según el análisis de Díez. “La guerra se produjo porque no se respetaron las normas democráticas”, señala un manual. Es frecuente la utilización de expresiones ambiguas, una conclusión compartida por el historiador Javier Tébar, que señala que "casi todo se cuenta a base de eufemismos". ¿Y las mujeres? “La represión inmediata en la Guerra Civil y la posguerra sobre las mujeres afines a la República […] se mantiene prácticamente invisible”, apunta Díez en su ensayo.

Las respuestas de los 610 profesores encuestados dan claves: “Muchas veces no se llega”, “hay que preparar la selectividad y no da tiempo a todo”, “se da a veces por encima”, “prácticamente no se trata”. Un docente ve en los manuales "inexactitudes, bastantes interpretaciones muy cuestionables y muchísima carga ideológica [...]... La editorial SM [Santa María] no va a dejar que en sus libros aparezcan vínculos de sus antecesores ligados a la incautación de bienes, por poner un ejemplo. Cada maestrillo tiene su libro y cada editorial su santoral”. Díez considera un factor clave a tener en cuenta la fuerte presencia de la Iglesia y sus organizaciones en la industria del libro de texto y en la enseñanza concertada, que percibe más de 6.000 millones de euros públicos al año. La suma de todos los condicionantes provoca que en buena medida las leyes autonómicas de memoria, en lo referente a la introducción de la memoria en las aulas, hayan quedado en “papel mojado”, según Díez, que teme que vuelva a ocurrir con la ley estatal.