Asamblea Marea se opone al aumento de fondos para la privada concertada anunciado por el Gobierno (Comunicado de AMVM. 4-11-2024)

Desde Asamblea Marea Verde Madrid expresamos nuestra oposición frontal al aumento de fondos anunciado recientemente para la educación privada concertada por el Secretario de Estado de Educación. Los centros privado-concertados llevan cuatro décadas incumpliendo la ley mediante mecanismos segregadores como es el cobro de cuotas ilegales principalmente, además de otros.

Ningún gobierno en estas cuatro décadas ha puesto coto a estas prácticas y las patronales de la educación concertada se saben inmunes: hagan lo que hagan, no perderán sus conciertos. Los distintos gobiernos -y este no es una excepción- han permitido e incluso promovido la extensión sin límites de los conciertos, contribuyendo directamente a un incremento de los niveles de segregación en todo el Estado y en la Comunidad de Madrid, en concreto, alcanza niveles insoportables.

Ahora el gobierno transmite un mensaje muy preocupante al premiar con más dinero a quienes incumplen la ley y pretendiendo que esto sea asumido con normalidad. No nos hacen falta muchas más pruebas para afirmar que las políticas de Ayuso que tanto criticamos cuentan con un colaborador necesario: el Ministerio de Educación.

Ahora bien, no podemos decir que el anuncio nos sorprenda, si atendemos al propio acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar que en su página 26 dice textualmente: “…combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.

La “actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos” ya se la debió garantizar Pilar Alegría a las patronales de la educación privada subvencionada, a quienes reservó su primera reunión nada más asumir el cargo de Ministra. Lo de “asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión” debió provocar carcajadas de los representantes de las patronales, sabiendo, como saben, que hagan lo que hagan, no perderán sus conciertos.

La realidad del sistema educativo madrileño, según datos del gobierno regional, es que la Escuela Pública escolariza al 54% del alumnado de enseñanzas de Régimen General, y en torno al 30% estudia en centros concertados. El 16% restante lo hace en centros privados, de los que ya no podemos decir que no estén subvencionados en las enseñanzas de Régimen General, pues en la Comunidad de Madrid se puede solicitar el acceso a estos centros a través de los cheques-“guardería”, cheques-FP Grado Superior o cheques-Bachillerato, además de las desgravaciones fiscales de las que gozan.

Pero nos parece claro que la escuela privada-concertada constituye el principal factor de promoción de desigualdad en el derecho a la educación. Las empresas de la educación privada-concertada, ya pertenezcan a congregaciones religiosas ultracatólicas o a grupos pretendidamente progresistas, apelan a un sentimiento de diferenciación que las hace de por sí elitistas y segregadoras. Esta diferenciación a menudo reviste un carácter ideológico o confesional, pero al final siempre se traduce en una segregación socioeconómica.

La existencia de criterios de admisión excluyentes y, sobre todo, la falta de gratuidad real, dificulta el acceso a las familias más humildes. Incluso el reciente informe de Save the Children, de cuyas recetas -acordes a lo que plantea el Gobierno- discrepamos totalmente, revela sin embargo que hasta un 21% de la segregación escolar en España se debe a las diferencias socioeconómicas que existen entre el alumnado de centros públicos y de centros privado-concertados, el mayor porcentaje de los 18 sistemas educativos analizados en el propio informe.

Asumir que una mejor financiación de la escuela privada-concertada favorecería una composición social más equilibrada entre esta y la Escuela Pública es un grave error. Financiar más a un tipo de escuela de por sí segregadora “para que segregue menos” es algo contrario a toda lógica y seguirá segregando, como ha venido haciendo durante décadas, con total impunidad. Quien piense que las patronales, una vez recibido el dinero, van a cumplir su compromiso en materia de transparencia en los procesos de admisión y la eliminación de las cuotas ilegales está muy equivocado: la financiación adicional les servirá para mejorar sus cuentas de resultados, dotarse de equipamientos para diferenciarse más de los centros públicos o dedicar aún más dinero a publicidad. Y el gobierno, con tal decisión anunciada, colaborará aún con más fuerza con el incremento de la segregación.

El porcentaje de alumnado matriculado en las instituciones públicas educativas en el Estado español se sitúa en torno al 68% frente al 84% de la UE-27. El caso español podemos calificarlo como una anomalía. Una anomalía bien arraigada gracias a que incluso la llamada izquierda institucional asumió hace ya mucho tiempo el marco discursivo de la derecha, malinterpretando a sabiendas lo que establece el artículo 27.1 y 27.3 de la Constitución en lo relativo a la libertad de enseñanza:

Artículo 27

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. (...)

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (...)

El reconocimiento de la libertad de enseñanza implica que particulares o empresas puedan abrir un centro de enseñanza, pero no implica que las administraciones tengan que correr con los gastos de esas empresas. Implica, simplemente, que estas tienen la libertad de hacerlo. Del mismo modo, las familias tienen la libertad de llevar a sus hijos a determinadas enseñanzas sin que el estado tenga la obligación de subvencionar dichos gastos. Igualmente el reconocimiento del derecho de las familias a que sus hijos reciban una “formación religiosa y moral acorde a sus convicciones” tampoco implica ni que el Estado deba financiar centros religiosos ni que esta formación “religiosa y moral” deba impartirse en el marco del sistema educativo reglado. Y esto debería extenderse a cualquier sesgo confesional o ideológico.

Abrir un centro privado-concertado, por tanto, no es un derecho. Es una apuesta empresarial que debe atenerse a los requisitos legales. Y si la empresa en cuestión disfruta de un concierto e incumple la legislación vigente, no debería disfrutar del concierto, y debería serle retirado, lo cual -dicho sea de paso- podría suponer el cierre de muchos centros privado-concertados o su rescate y que pasaran a la red pública.

Con la bajada de la natalidad -en 10 años se han perdido 400.000 alumnos y alumnas en infantil y primaria-, parece claro que la prioridad del gobierno no es mejorar la financiación de la Escuela Pública y la calidad del servicio público educativo con una bajada significativa de las ratios y la priorización de construcción de centros públicos donde haya demanda demográfica. La prioridad parece que consiste en mantener abiertos a toda costa los centros privado-concertados existentes y garantizar la viabilidad económica de unas empresas que sin duda seguirán ejerciendo su “libertad de selección” del alumnado, descartando al alumnado de familias vulnerables que no puedan plantearse pagar sus “peajes” o a aquellos con problemas de aprendizaje a cuyas familias seguirán invitando a marcharse a la pública “porque allí existen más recursos para alumnado de ese perfil”.

Centros que seguirán segregando porque su naturaleza es elitista y segregadora, pero que pedirán más dinero por hacer “un gran esfuerzo” para no segregar, mientras financian caras campañas publicitarias en todos los soportes imaginables -para eso sí tienen dinero-, reforzando la idea de que “si puedes permitirte sacar a tus hijos de la escuela pública, no lo dudes”. Así, muchas familias acuden a la concertada interpeladas por esa promesa aspiracional de movilidad social ascendente, a pesar de que los datos sean muy tozudos: basta ver los resultados de la selectividad que publica anualmente el Consejo Escolar del Estado para deducir que la privada-concertada no es mejor que la pública.

Cuando veamos esos caros anuncios en prensa, autobuses, vallas publicitarias o cuñas radiofónicas, conviene no olvidar quién lo paga y a costa de qué: de centros públicos para todas las etapas educativas. Centros públicos para una educación de calidad e inclusiva a la que tienen derecho todas las personas en condiciones de igualdad en una Escuela Pública que sea de tod@s y para tod@s. El problema es que la Escuela Pública no tiene gobierno que la defienda.

Asamblea Marea Verde Madrid

4 de noviembre de 2024

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¿Cambios LOMLOE? (Manuel Menor)

La LOMLOE introduce menos cambios que los que le achacan 

Deja intactos  núcleos que arrastra el sistema desde muy atrás. La Constitución aparentó conciliarlos, pero no cesan de motivar desavenencias 

Como era previsible, la LOMLOE, desde antes de aparecer en el BOE, ha empezado a dar señales de que molestaba a una parte de la población. No es nada nuevo y hay cuerda para rato. Las protestas de unos y el documento que se va a votar en el Senado son provisionales; forman parte de una tradición alternante que, a lo corta, proviene de una redacción complicada y extraña del artículo 27 de la Constitución, con la que hasta ahora no ha sido nunca posible un pacto educativo firme; más atrás, tiene una larga historia de conflictos, algunos muy graves. 

 El productivo conflicto educativo

Manifestaciones como la que días pasados hubo en muchas ciudades españolas,  de la que quedan huellas en muchos colegios con sus globitos anaranjados, repiten las que hubo, sobre todo, en 2005 –previas a la LOE y a la ampliación- y, también, a algunas anteriores como la de aquellos quince meses de desencuentros continuos –en la calle, en los púlpitos y en los medios afines- anteriores a 1985, en vísperas de que Maravall lograra convencer a los obispos de que aceptaran la LODE, en que se oficializaban sus colegios. 

A los dos principales partidos les debe ir bien con este renovado alboroto. Ninguno se rinde en su pelea por tener un motivo simbólico tan fuerte para contentar a sus votantes más fieles, causante, además, de que mientras se habla de esto, parezca que no existen cuestiones más inquietantes. En este momento, los del PP tienen en esta LOMLOE una causa capaz de unirles en el conservadurismo; a su vez, al PSOE le satisface haber frenado algunos excesos en que había incurrido la LOMCE si nadie pregunta qué haya sido de aquella “Alternativa para la Enseñanza” que apareció en el Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid en febrero de 1976 y reclamaba “escuela única”. ¿No  era esa la base del programa socialista en 1982? 

Entretanto, muchísimos opinadores que pasan por este asunto como ante un cotilleo más, dicen lo primero que se les ocurre y no tienen inconveniente, incluso, en sacar a relucir a sus hijos como sufridores de unos malévolos que se empeñan en meter el dedo en un mundo de gente guapa y de mucho éxito. Estos días, se puede oír de todo; cada cual saca a relucir sus propias frustraciones con el sistema educativo; todos tienen alguna experiencia escolar hasta los 16 años como mínimo, e invocan a San Narciso con prontitud. 

A decir verdad, nadie debiera extrañarse mucho de todo esto; pero cabría esperar  más coherencia de nuestros gestores políticos; de lo que han hecho en estos veinte años últimos por ejemplo, y de lo que van a hacer ahora que Casado anima a los suyos a continuar una guerra como taifas desde cada Autonomía, frente a los supuestos despropósitos de esta octava ley orgánica que propone el PSOE. 

Una historia larga

Los intereses contrapuestos de esta película vienen de antiguo. Claudio Moyano, cuando inició en 1857 la legislación general sobre el sistema educativo ya fue condicionado por el Concordato de 1851. La otra mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX no fueron una balsa de aceite: los buenos conocedores de la historia de la Institución Libre de Enseñanza conocen bien que la “libertad de enseñanza” -que tanto se menciona- fue invocada para perseguir despiadadamente a los mentores de aquella gran institución. Si se avanza un poco más y se entra en los porqués de la insurrección contra la II República, además de seguir siendo de gran interés el libro de Mariano Pérez-Galán en 1975, si no tienen mucho tiempo lean en el BOE  el preámbulo a la Ley de Educación Primaria (BOE del 18.07.1945) y, si tienen humor, también en ese medio oficial encontrarán una secuencia metódica de órdenes por las que se cerraron institutos públicos y se dio cancha abierta a los colegios de la Iglesia; por ejemplo, una de abril de 1939 (BOE del 15.04.1939), en que los 13 institutos que tenía Madrid fueron reducidos a seis y, al menos a dos de ellos, les cambiaron el nombre anterior. En poco tiempo, el 70,7% de los pocos españoles que, en 1943, pudieron hacer Bachillerato Superior habían pasado por colegios vinculados a la Iglesia; en 1931, la proporción solo era del 28,9%. 

Con algo de paciencia, en 1953 verán que hay otro Concordato que, a cambio de facilitar al régimen acomodo internacional,  reiteró innumerables privilegios al Vaticano en el mundo educativo; era fama que los obispos llevaban las órdenes y decretos al ministro de turno para que los firmara, y la ley de Enseñanza Media de 1953 deja bien claro que pasó la supervisión de los obispos. Cuando Marcelino Oreja se apresuró en 1977 a reafirmar esa situación, en los artículos 16 y 27 de la CE78 –y en los Acuerdos de 1979-  quedó la matriz de cuanto desde entonces venimos rondando sin tocar. Tanto si el PP como el PSOE quieren que acabemos con esta pantomima de estar jugando a buenos y malos en los asuntos de todos con reglas medievales, empiecen por considerar adultos a sus votantes; expliquen por qué no quieren o no pueden denunciar estos Acuerdos. Su grado de modernidad estará en entredicho mientras no lo hagan; del refugio en la CE78 olvídense:  ya sabemos que fue un paripé. 

¿Igualdad de qué?

Por otro lado, las razones que invocan en este momento las personas implicadas en la concertada, no se sostienen ante la supuesta igualdad democrática, que es lo que tiene que procurar, ante todo, cualquier red educativa que financie el Estado.  Su avidez monopolística aparece especialmente interesada en un momento en que la Covid-19 está desnudando implacable las adherencias inútiles que tiene nuestra organización social. No estaría de más que se hicieran ver, sin ficción, la proporción inversamente diferencial con el PIB que ha tenido el presupuesto de la enseñanza Pública  y el de la Privada desde 2008; y, si tanto aman a esta España de todos,  auditen a fondo las prácticas de las Autonomías a las que todo les ha sido poco para incrementar los recursos de quienes menos lo necesitan. La repercusión de las prácticas desleales que, en vez de ocuparse de la mejora interna del sistema educativo solo se  han ocupado de las apariencias que tanto gustan a la libertad de mercado, también las pagamos todos, aunque las bendigan los obispos..

 Manuel Menor Currás

Madrid, 24.11.2020

Lo que no cuentan (Manuel Menor)

El negocio sobrentendido de lo que cuentan

Hay asuntos –no solo en educación- que parecen nuevos y no lo son.  En la distancia del tiempo se aprecia mejor lo viejos que son

Es posible que Arrimadas acabe por llevar lo que queda del CS a su nicho originario, comandado ahora por quien, según García-Margallo, fue elegido por exclusión de un mal mayor. Navega ahora acosado por VOX, socio encubierto ya en varios centros de la representación democrática, afectando de modo especial a los asuntos educativos. Y en el otro lado, la nave va entre asociados algo vergonzosos de serlo, requeridos por quienes no saben todavía hasta dónde guiar la frágil XIV Legislatura.

Entre “catetos” y listillos
Entre tanto vericueto propicio al cotilleo, los inasequibles al desaliento no cejan en la desmesura de tácticas y compadreos ancestrales. Se ha podido ver al oponerse a la ley de eutanasia como si se tratara de una “filosofía” para “ahorrar los costes sociales del envejecimiento”. Lo han mostrado hace unos días, también, al explicar con la subida del SMI los problemas de los agricultores. Pero, según explicaba el secretario de UPA (unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos): “El problema no es el SMI, sino que se están forrando con nuestro trabajo. Se están quedando con nuestro dinero intermediarios que no trabajan el campo, pero que con el móvil nos compran a 15 céntimos productos que luego venden a 2 euros". Esta secuencia hace recordar lo que acontecía a los pequeños campesinos de la Galicia rural. Despreciados como “catetos” en los años cincuenta, cuando acudían a la feria a vender una ternera siempre topaban con la red de ojeadores ocupados en que no valiera nada. La ventaja era para quienes –en proceso de convertirse en nuevos ricos- traficaban con las mejores crías de “Rubia gallega” vía Monforte.

Aquella connivencia, exprimidora del débil, sigue viva procurando que el “libre mercado” esté condicionado por su arbitraria libertad. Ahora, se apresta a sacarle partido al tópico de la “España vacía”: rentabilizará una territorialidad que está esclerótica porque se les fue la mano en su vaciado. Este proceder siempre ha estado ahí, al acecho del Presupuesto. Leer el periódico oficial desde que se llamaba La Gazeta permite entender el provechoso manejo del “libre comercio” desde antes de la Restauración canovista, con la sombra de los “amigos políticos” al acecho. Pronto veremos en que queda la inquietud de los herederos del franquismo, nostálgicas de que no se sepa distinguir el polvo de la paja y se pueda perder algo con lo anunciado por Adriana Lastra.

Un particular “libre comercio”
El mundo de la Educación, en todo caso, siempre ha dado mucho juego en este terreno en que se puede advertir, desde antes de Moyano en 1857, la peculiar aportación que la jerarquía eclesiástica ha hecho a la “libertad” con cartas marcadas por el Concordato de 1851, renovadas en 1953, en 1976-79 y otros convenios.

Todo propiciaba el objetivo. Lo advertía Antonio Fontán en 1961: “el 75% de los actuales profesores españoles han obtenido sus cátedras después de 1939. Probablemente estos en su inmensa mayoría son personalmente católicos” (pág. 29). Hubiera calculado bien o mal este numerario de la Obra, los compromisos confesionales con la propagación de la verdad se han valido siempre de la multiplicadora pluralidad de “los dones”: muchas congregaciones, órdenes y asociaciones interesadas en la educación y sus aledaños sucediéndose y complementándose entre sí en el tiempo y en el espacio. HazteOír, por ejemplo, no es muy antigua, pero lleva un tiempo rondando un si es o no es del grupo, mientras crecen los adeptos a su PIN. CONCAPA es de 1929. Testimonió  por la causa peleando contra la ILE y sus seguidores y, entre otros frentes, sus fichas moralizadoras del cine marcaron un estilo censor. Servicio suyo más cercano fue, con Carmen Alvear al frente, multiplicar la pelea en  1984 por lo que, supuestamente, quitaba la LODE a los colegios que habían sido mimados por el omnipresente nacionalcatolicismo educador.

En la escena está que este asunto resucite con vigor. En su genealogía cuenta con que los españoles rezaron mucho hasta 1978. Tanto que, después de la Constitución, prosiguió el confesionalismo en escuelas e institutos públicos. Fruto de tanta devoción y sacrificio, en torno a 2.400.000 de niños y niñas españoles (de un total de 8.158.605 en el curso 2017-2018) son clientes especiales de sus colegios. No es indiferente, además, que, entretanto, se frene o quede para el voluntarismo el modernizar la organización interna de los centros públicos. Rafael Feito, acaba de publicar ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este? (Madrid: Catarata), un lúcido ensayo en que denuncia los “nefastos y nefandos” atrasos que el sistema educativo actual lleva en su mochila.

De Mont Pelerin al cielo
Pero ese potencial le permite decir a la Iglesia oficial que sigue ahí, donde siempre. Podrá objetarse que, si se tiene en cuenta el monopolio educador de que disfrutó 40 años, sin contar los anteriores ni los posteriores a 1978, el resultado es más bien magro. No obstante, es exitoso el balance si se tiene en cuenta que, pese a la acelerada secularidad, su empresa educadora crece. Cuenta con el fervoroso auxilio de muchas manos influyentes dentro del Estado, donde la Comunidad de Madrid es modélica. No solo le ha ampliado conciertos educativos -sobre todo desde el “tamayazo” de 2003-, sino que sus cesiones de solares públicos, prebendas y lugares estratégicos ha acrecentado su selectividad social. Este diezmo, a escote del Presupuesto público, sitúa a Madrid como campeona de la educación privatizada en Europa. Murcia y otras zonas le van a la zaga. Andalucía ya está presta.

En los últimos tramos, el desparpajo de la lideresa aguerrida -de la que Isabel Díaz-Ayuso intenta ser émula- ha sido clave enfatizando la “libertad” sin cortarse en “restricción mental”. “Rectamente entendida”, aunque el 90% de los colegios concertados contravenga la reglamentación de conciertos, ha potenciado la singular “libertad de elección de centro”. El cupo de este ejercicio es selecto –lo saben como “mano invisible” que mueve y remueve-, pero nunca dicen que sea culpa del sistema. Dan por sentado que, si los datos no se adaptan a la teoría, es un error de los datos: van a la caza de que los pocos beneficiados se sientan agradecidos por ver que les ayudan en la dura tarea de competir por la cúspide del Gotha social y, mientras tanto, por el control particular del Estado. Es un circuito de cómplices y sobrentendidos. Los viejos socios de Friedrich Hayek en Mont Pelerin siempre contaron con que los ricos también lloran. Mucho antes, ya estábamos advertidos, por los antepasados de los jerarcas católicos, de que  este es “un valle de lágrimas” en que  todos pueden pasar “por el ojo de una aguja”.

Manuel Menor Currás

Madrid, 12.02.2020

Desconcierto (Manuel Menor)

¿Desconcierto con los conciertos educativos?

Tocarlos después de 35 años, traerá fuertes protestas. Si quedan como están, el progresismo de esta Coalición de Gobierno quedará en entredicho.

El paso de la borrasca “Gloria” por el litoral Mediterráneo ha dejado serias muestras de que en el Antropoceno hay mucho que enmendar si se pretende que la Tierra siga siendo habitable mucho tiempo. El tan pregonado “desarrollo”, cuando es a costa de la Naturaleza, no sale a cuenta. Tarde o temprano vuelve esta por sus fueros a sus ritmos de evolución, no coincidentes con los de la historia humana y sus pretensiones. Vienen a reconocerlo algunos en esas áreas mediterráneas donde los paseos marítimos y primeras líneas de playa han sido afectados por el temporal. El mar reclama su espacio. Más pronto que tarde habrán de reconocer que no merece la pena restaurar lo que otra “gota fría” (DANA) o similar volverá a destruir. El cambio climático y sus consecuencias no van de broma.

Antropocentrismos desconcertados

Generan desconcierto estas advertencias de la Naturaleza. Casi toda nuestra vida en el medio se ve obligada a  desaprender lo aprendido, para aprender a hacer mejor lo necesario para sobrevivir. Cuanto hacemos requiere ser redefinido como sostenible y que no dañe a nadie. Los libros de ética y moral, los de urbanidad y hasta los mandamientos de la tradición judeo-cristiana, requieren profunda recodificación individual y colectiva. No será fácil ante cuanto se haya sentido como imposición, molestia y –sobre todo- tradición o posible pérdida de beneficios. Opuestos y ambivalentes, pasotas e integrados, ofendidos y cansados, van a tener más trabajo del deseable para saber hacer lo más pertinente al bien de todos.

Los patrones que deberemos seguir no se improvisan. Serán de ordinario similares a los que ya desarrollamos, por ejemplo, respecto a la salud, sin advertir que esta es un reflejo de la salud de la Naturaleza. Personas que todavía en su infancia han tenido hábitos alimentarios de indudable sintaxis ecológica,  se disgustan cuando el médico les recomienda moderación o abstinencia de algún procesado. Se sorprenden  desconcertados ante la reeducación que implica, para ponerse en armonía consigo mismos, no consumir lo que durante años han hecho con aparente impunidad.

La “libertad” y “calidad” escolar como síntoma

Idéntico patrón puede observarse en el cumplimiento  de lo que el art. 27 CE78 establece como universal y en “libertad” para todos los españoles. Cuando la ministra Celáa sacó a relucir sus límites, enfureció a cuantos pregonan urbi et orbi que -frente a lo que dijo la sentencia 77/1985 del TC-  es constitucional su particular interpretación de una supuesta “libertad de elección de centro”. No vale recordarles que lo que es anticonstitucional es sostener oficialmente, y con dinero público de todos, una dualidad educativa de diferente rango para privilegiar a un tercio del alumnado. O que no vale como “función social” la creación de centros privados –en suelo público, con sus conciertos e, incluso, alumnos seleccionados- en detrimento de quienes no pueden pagar cuotas extras por idearios que ponen en cuestión a menudo los valores de la igualdad y fraternidad democrática.  En fin, que menos vale invocar principios confesionales de supuesta superioridad cuando muchos de estos centros eligen a sus alumnos y no son los ciudadanos los que pueden elegirlos ni apenas participar en el funcionamiento de sus proyectos educadores, por ser de titularidad privada. 

Desde 1985, en que la LODE estableció los conciertos reglamentando las subvenciones de la etapa franquista y contrapartidas de aceptación del alumnado, han pasado 35 años de cierta impunidad transgresora en lo contratado. Son 35 años en que algunas Comunidades autónomas decidieron que les daba carta blanca para privatizar o externalizar ingredientes de la actividad educadora y fortalecer empresas que aspiran a rentabilizar al máximo inversiones mínimas. En los últimos de  estos 35 años, se ha acelerado la intensidad selectiva de algunos colegios a cuenta de que el Estado los financie a fondo y sin controlar el modo de inversión. En el transcurso de estos 35 años, este hábito ha ido calando en la sociedad consumista como algo patrimonial y con derecho a convertir la educación de los hijos en un subvencionado nicho selecto de  distinción social –para familias con recursos y afán de destacar entre los vecinos-, mientras en la escuela pública desesperan porque ha disminuido la inversión estatal o de la Comunidad, se ha reducido el profesorado y se recortan las actividades que atienden a los niños y niñas que más atención educadora necesitan.

El patrón dualizador que marcan los conciertos es segregador, pauta indeseada por quienes no quieren un sistema educativo con esta contradicción financiada por todos y apuestan por una “enseñanza única” como aglutinador social y territorial de todos. La soportan peor quienes no pueden mandar a sus hijos/as a un centro privado, por no tener recursos.  ¿De qué les vale a todos ellos esa supuesta “libertad de elección de centro”? ¿Por qué los propagandistas de esta nunca reivindican las imprescindibles libertades de conciencia y conocimiento para el alumnado, ni la de cátedra, investigación e innovación imprescindibles para todo buen profesor? ¿Es un justo patrón democrático el de esta dualización educativa, que dificulta incluso la representación sindical en estos centros concertados? ¿Cómo se desengancha este asunto del cojitranco adoctrinamiento twitero?

35 años de dejación interesada pesan mucho para revisar la disociación desigualadora de base que tiene el sistema educativo español; ya hay Comunidades autónomas que, después de Hungría, son las que mejor cumplen en Europa el dictado de que el libre mercado es el que debe regir esta actividad, como si de producir y vender alcachofas se tratara. Si la revisión de la LOMCE que se avecina no reequilibra los dos mundos que la LODE pretendió armonizar, solo será otro parche en un sistema que, legislativamente, va camino de ser más prolífico que el viejo “Florido pensil” de Andrés Sopeña.

Es un asunto de salud pública: desatenderlo es educar mal para los cambios de costumbres que, se quiera o no, son urgentes; pondrá más difícil la necesaria solidaridad con los demás y con cuanto nos rodea. Además, frente al prepotente e inútil sálvese quien pueda, cuando los recursos son escasos ya está bien de seguir amortizando con la escuela, desde 1851, lo desamortizado en 1836. Atentos, pues, a las continuidades de patrones reacios a ceder en lo que algunos lobbys todavía consideran territorio de conquista.

Manuel Menor Currás

Madrid, 29.01.2020

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Libertad de elección de centro y segregación escolar (Julio Rogero en eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Julio Rogero en eldiariodelaeducacion.com

Cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión.

21/1/2020

Estamos en plena cruzada de la derecha, la iglesia, la clase media y el empresariado con intereses en el negocio educativo, de defensa de la enseñanza concertada con la bandera del derecho a la libertad de elección de centro y de la demanda social. Este tema es de vital importancia en las políticas educativas que se pueden estar diseñando para el futuro en nuestro país y por las consecuencias que tiene en la construcción de una sociedad democrática más justa y equitativa. Los dos polos que quiero analizar brevemente son “la libre elección de centro” y “la segregación” que produce.

Para poder realizar este análisis creo que es necesario tener en cuenta el contexto en que se desarrollan, para poder explicarnos y comprender mejor lo que está pasando. Considero que “la libertad de elección” es uno de los mecanismos básicos que sustentan este modelo dominante de segregación y exclusión en nuestras sociedades. Estos son algunos aspectos que podemos tener en cuenta para saber en qué mundo estamos: el dominio del modelo de sociedad y de educación neoliberal; el poder del mercado de producción y consumo; el ataque a los derechos humanos, íntimamente ligados al desprestigio de lo común, lo colectivo y lo público; el aumento de la desigualdad; la valoración de que la educación es un nicho de negocio nada despreciable; por eso el bien de la educación, que no el derecho, se vende en el mercado y lo compra quien lo puede pagar. Se trata de convertir los centros educativos en empresas que obtengan el máximo rendimiento en el mercado de la educación. Toda esta dinámica se desarrolla mediante determinados mecanismos: la demostración de que es necesario el desarrollo de un mercado de la educación eficaz, eficiente y competitivo, porque la educación pública no es nada de esto; la nueva gestión empresarial (NGE) concretada en el espacio público a través de la nueva gestión Pública (NGP); la alianza público-privado que haga posible la penetración de lo privado en lo público por diversos mecanismos: privatización de determinados aspecto de la vida escolar, la presencia programada por la propia administración de diferentes empresas de servicios, tecnológicas, de IA…; presencia y apoyo a la innovación educativa promocionada en el espacio público por la filantropía empresarial a través de sus fundaciones (BBVA, Telefónica, COTEC, Apple…). Todo lo anterior está en el trasfondo de los argumentos de quienes defienden la falacia de la libertad de enseñanza identificada con libertad de elección de centro.

Los defensores de la libertad de enseñanza, identificada con la libre elección de centro, alegan diferentes justificaciones de su posición: es un derecho constitucional; corresponde a las familias la educación de sus hijos; es necesario que estas pueden elegir el centro que quieran sin ninguna cortapisa, por eso defienden la zona única de escolarización; entienden que en la escuela pública se adoctrina a sus hijos y en la concertada no; exigen, en nombre de esa libertad de elección, que se financien y se sigan financiando sus escuelas con dinero público. Dicen que los resultados son mejores que en la escuela de titularidad pública.

Podemos partir de la idea y la realidad de que “la libertad de elección de centro” no es un derecho y no está contemplado en la constitución en el art 27 (Lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de junio). Sí lo son la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros. Pero no hemos de olvidar que esto no implica que se deba financiar con fondos públicos dicha libertad, como desde hace mucho tiempo nos quieren hacer creer los que defienden los intereses de las empresas de la enseñanza privada.

La libertad de elección de centro la justifican y defienden quienes tienen intereses económicos, sobre todo, e ideológicos. Además es una libertad que solo la pueden practicar unos pocos: los que la pueden pagar, los que se pueden desplazar, los que quieren que sus hijos se mezclen con los de su clase y no con todos, los que quieren preservar un capital cultural que les sitúe en condiciones favorables para competir en el mercado de trabajo y de consumo, los que quieren que sus hijos se relacionen con quien les pueda garantizar éxito en el futuro, los que quieren situar a sus hijos en un estatus superior de dominio social.

Las familias creen que son ellas las que eligen los centros para sus hijos. En la realidad son los centros los que seleccionan a su alumnado de diversas maneras: ubicando sus centros en los barrios y zonas de clase media, media-alta y clase alta; seleccionando por capacidad intelectual que garantice al centro el éxito en la competitividad por los resultados; expulsando a los que ponen en riesgo el éxito del centro por su bajo rendimiento; aceptando a los que tienen recursos que les garanticen el negocio y la estabilidad económica; acogiéndose a proyectos que convierten en oportunidades para segregar y seleccionar a sus clientes (bilingüismo, innovaciones que cuestan dinero, servicios especiales…).

El diccionario de la RAE nos dice que segregar es: “Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”. Así pues “segregación” es separación y afecta a todos como segregadores-marginadores (incluye a todos los que son-somos conniventes con la realidad de la segregación) o segregados-marginados. Así se crean centros de enseñanza para ricos (privados, concertados, y algún centro de titularidad pública que se mimetiza con la escuela privada) y uno de sus efectos más perniciosos es que éstos no sabrán convivir con los demás y no aprenderán los valores humanos más elementales (solidaridad, respeto, compasión, empatía…), porque nunca se relacionarán con los otros; los hijos de los estratos sociales bajos serán segregados en centros para ellos en sus propios barrios-gueto (el llamado “efecto barrio” en las actuales ciudades globales) y serán ignorados en las políticas socioeducativas, con frecuencia será en centros gueto de titularidad pública; son las escuelas para pobres. No olvidemos que la segregación se puede dar por diferentes motivos, pero el factor más importante es el económico, que se suele ocultar, siendo clave como mecanismo de segregación encubierta, como nos muestra el informe de Save the Children sobre este tema “Mézclate conmigo” de abril de 2019.

La segregación escolar es una realidad constatable en los datos y en la cotidianeidad de la vida de los centros educativos (ver Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido). Estos procesos de exclusión responden a un modelo educativo que estructuralmente se concreta en un sistema educativo que es segregador por la propia naturaleza del sistema socioeconómico en que se desarrolla.

Está demostrado que hay una relación directa entre libertad de elección de centro y segregación escolar. La libertad de elección de centro es una realidad para los que la pueden pagar y eligen la red privada no concertada, cueste lo que cueste. La red privada concertada es la que, financiada con dinero de todos, suele jugar sucio seleccionando a su alumnado, ataca de todas las formas posibles cualquier política educativa que quiera poner límites a su próspero negocio. Ahí tenemos dos hechos que últimamente han mostrado con mayor evidencia esta realidad: la declaración de la ministra de Educación en el último congreso de las escuelas católicas de noviembre de 2019. Éstas pusieron el grito en el cielo cuando la ministra diferenció “libertad de enseñanza” de “libertad de elección de centro”, porque entendían que esta diferenciación implicaba un cuestionamiento de los conciertos educativos. Otro hecho fue la propuesta del Ministerio de Educación de escolarizar en centros ordinarios al alumnado de centros de educación especial susceptibles de ser atendidos adecuadamente en los centros ordinarios. Entonces los centros privados concertados de educación especial denunciaron y se organizaron para defender la segregación de ese alumnado y mantenerlos en sus centros para seguir manteniendo su negocio sin tener en cuenta la realidad de ese alumnado. Todos ellos anuncian movilizaciones, contra las posibles decisiones en política educativa del nuevo Gobierno, para defender tanto la libertad de elección como la concertación de los centros de educación especial tal y como están hoy. No voy a entrar en cómo se está dando ahora un paso más, con la disculpa de la libertad de elección y la propiedad de los hijos en la destrucción y el control de la escuela pública, la eliminación del pluralismo y la aniquilación de los derechos de la infancia. Este análisis lo hace Jaume Carbonell en otro artículo en este mismo número del Diario de la Educación.

Se apela a la demanda social de educación privada concertada. Es verdad que hay una demanda social creciente a medida que las propias políticas públicas de las administraciones, ocupadas para poner lo público al servicio de los intereses privados, se están encargando de deteriorar la calidad de la escuela de titularidad pública. Así la desprestigian haciendo creer que la escuela privada es de superior calidad. Algo que no es real. El propio Informe PISA de 2018 (publicado el 3 de diciembre de 2019) nos dice que la escuela pública obtiene resultados similares (un poco mejores) que los centros privados cuando se dan condiciones semejantes. Con los conciertos educativos las clases populares financian la educación de las clases medias y altas y se reproduce con dinero público la segregación escolar y la desigualdad social.

Es necesario tratar temas que se suelen eludir al defender el derecho absoluto de las familias a la libre de elección de centro. Son cuestiones centrales que están siempre en el trasfondo de este tema. Entre otros están: la relación derecho a la educación mercado de la educación, sociedad de clases y escuela segregadora, la relación de la escuela pública con la privada, la subsidiaridad entre ellas, relación inclusión-exclusión, relación equidad escolar y desigualdad económica y social, libertad de educación y adoctrinamiento, modelo de escuela pública-modelo de escuela selectiva y segregadora, educación crítica para la emancipación y educación adoctrinadora para la sumisión…

Algunos optamos claramente por defender una escuela pública que haga innecesaria la falacia de la libertad de elección de centros porque entendemos que cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión. Sencillamente porque creemos que ese modelo de escuela pública es el de una sociedad justa basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad humanas. Es una escuela que respeta y practica la libertad de enseñanza para todos, la justicia social y escolar, la equidad y el respeto a lo que cada uno quiere ser, la pluralidad, la diversidad, el cuidado mutuo y el derecho a la fraternidad. Esto solo es posible en la escuela de titularidad pública si logramos que responda al referente utópico de la escuela pública que desde el movimiento de transformación de la educación defendemos desde hace mucho tiempo.

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Financiar públicamente las opciones educativas privadas no está en la Constitución (Enrique J. Díez en Europa Laica

Artículo de Enrique Javier Díez Gutiérrez.
Fuente: laicismo.org

La alianza neocon (neoliberales y conservadores), abanderada en este caso por los obispos, la jerarquía católica y la patronal de la concertada, han puesto el grito en el cielo (metáfora adecuada en este caso), al oír a la ministra de educación Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, asegurar que la “libre elección” de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución. A pesar de la reiterada defensa y apoyo de los conciertos educativos de Celaá, algo que ha demostrado no solo en su práctica ministerial durante el gobierno del PSOE, sino como consejera de educación en el país vasco, ha reconocido que, efectivamente, la libertad de las familias para escoger una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos e hijas «no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución».

La derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquía católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todas y todos) se ha alzado en armas, para anunciar que el nuevo gobierno “bolivariano” PSOE-Unidas Podemos “cercena el derecho de las familias”, “adopta posturas radicales”, “se aleja del pacto constitucional”, “engrasa la maquinaria de adoctrinamiento”, “declara la guerra”, etc., etc. Todas expresiones de dirigentes políticos y mediáticos de la alianza neocon.

Sorprende esta reacción en pleno siglo XXI porque es algo bien sabido que la Constitución, el Derecho Constitucional y el propio Tribunal Constitucional da toda la razón, en esta ocasión, a la ministra de educación, cuando se reafirmaba delante de 2.000 directores y dueños de centros educativos católicos, tras el murmullo de protesta que se extendía por el Congreso antes sus palabras, declarando que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza», recogida en la Constitución, aludiendo a la sentencia del propio Tribunal Constitucional al respecto.

Recordado también que el modelo de conciertos de España es una anomalía en el panorama europeo. De hecho, somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta. En todos los demás países, según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Inmediatamente, el presidente del PP, Pablo Casado, al servicio de la patronal de la concertada y de la jerarquía católica, ha tuiteado (al estilo Trump: política a través de twitter) que la libertad de enseñanza es «fundamental» en democracia y «está garantizada por la Constitución». Claro, eso es, efectivamente lo que dice la Constitución: “libertad de enseñanza”, que se sustancia en “libertad de creación de centros docentes”, no de financiación pública de las elecciones privadas. Del artículo 27 no se puede interpretar que el Estado tenga la obligación de contribuir a financiar y mantenerlas. Pero parece que, a pesar de su cansina reiteración de autodeclararse constitucionalistas, poco leen la Constitución.

De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La “libertad de enseñanza” reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.

Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, fue voluntad política del gobierno del PSOE de Felipe González establecer y consagrar, en la ley educativa LODE, que se pudiera elegir entre dos redes, y que ambas fueran financiadas con fondos públicos, tanto la pública como la privada. Con lo que se quiere confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno está ni en nuestra Constitución ni en el derecho comparado.

El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.” Por lo que, como dice Celaá, en ningún momento el Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro.

No obstante, poco sorprende que el PP y Casado utilicen esto como arma arrojadiza contra el acuerdo de nuevo gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos en España. Así lo manifiesta en el final de su tuit Casado denunciando «el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología». Haciendo gala justamente de su política y filosofía habitual, que tilda de adoctrinamiento todo lo que no sea el suyo.

Revuelta neocon a la que se ha sumado el partido neoliberal radical Ciudadanos, a través de su portavoz Arrimadas, que también tuitea en la misma clave: “entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. Pero, quizás, quien expone con más claridad los principios esenciales de esta revuelta neocon es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, asegurando que (y fíjense en los términos que emplea) “la exclusión del derecho de los padres” supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas “conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”, y que «las administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado”. Las dos claves esenciales: “libertad de elección” y “demanda social”. La base del modelo neoliberal, anclada en la pedagogía del individualismo insolidario, aplicado a la educación. Filosofía que proclaman con entusiasmo ahora tanto neoliberales como neoconservadores modernizados.

Lógicamente a esta reacción neocon se han unido los medios de comunicación afines. El periódico El Mundo titulaba: “Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio”. Iniciando la crónica con “En un guiño a Podemos… ha lanzado este jueves toda una declaración de guerra a la escuela concertada, donde estudia casi una cuarta parte del alumnado español”. Ahí es nada. Parecen frases sacadas del manual de cómo articular un lawfare o guerra política de baja intensidad, que están aplicando como alternativa a los golpes de estado armados clásicos en tantos países del continente latinoamericano. A este discurso incendiario se apuntan, cómo no, otros voceros neocon con titulares similares: “Contra la enseñanza en libertad”, o la radio de los obispos, la COPE: “oscuros presagios para la libertad educativa en esta legislatura”.

Lo que tenemos que ser conscientes es que esta reacción neocon, ante siquiera la posibilidad de cuestionamiento teórico, que no práctico (recordemos que la ministra es una fiel defensora de la educación concertada en toda su trayectoria política hasta ahora), de una de las bases fundamentales de afianzamiento y extensión de su ideología, responde a un rearme ideológico, propiciado por el auge de la extrema derecha con quien han pactado y están gobernando en diferentes partes del país. Recordarles, como ha hecho recientemente Unidas Podemos, que la Constitución, redactada y pactada también incluso por dirigentes de la dictadura, establece que tiene que haber impuestos progresivos, redistribución de la riqueza o mínimos derechos humanos elementales, les parece infundios bolcheviques, propios de su eterna reencarnación del mal: el comunismo.

Debemos saber pues, que la alianza de los herederos del franquismo y los neoliberales, junto con los ultraderechistas, no está dispuesta a renunciar a ninguno de los privilegios que se ha arrogado, y que mantiene a través no solo del poder económico, mediático, judicial y político, sino sobre todo ideológico. Consideran la educación y el sistema educativo uno de los medios fundamentales de producción ideológica y perpetuación de su control. Cuestionar sus privilegios en educación es, para ellos, declararles la guerra. Y ya sabemos cómo las gastan en estos casos…

Para saber más: DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2019). La revuelta educativa neocon. Oviedo: TREA.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Pedagogía de la Universidad de León

¿Libre elecc... qué? (tuit de Eduka Fuenla a Manuel Bautista, nuevo Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid)

Fuente: twitter.com

Manuel Bautista (@MCLA73)

En la @ComunidadMadrid tenemos los mejores docentes en la educación pública, en la educación concertada y en la privada y los mejores centros y son los padres los que eligen! LOS PADRES!! Tu elige yo elijo!!! Libertad diga lo q diga la señora Celaa
@IdiazAyuso @eossoriocrespo

Eduka Fuenla

(

@EdukFuenla) 

En respuesta a @MCLA73 @ComunidadMadrid y 2 más

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo Puedes engañar a alguns todo el tiempo Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo ¿Libre elecc... qué?
@VenaMareaVerde @edukoteka @aulasenlacalle @CervantesGetafe @TEAincluye @ParacuellosXEP
@IlustracionxEP @casaeduleganes

Libertad de elegir (Manuel Menor)

Celáa reinterpreta la libertad de elección de  centro

Para construir un buen sistema educativo, las palabras han de ser veraces, capaces de expresar sin mentir a unos para contentar a otros.

Decía Darwix, el gran poeta palestino, que la primera línea es lo que el asombro llama, atendiendo a su origen, inspiración o iluminación. Una vez que te viene la primera línea –se refería a la creación poética-, “siempre que la suerte se ponga de tu parte y estés alerta contra el error, te conviertes en orfebre diestro y poeta”.

El desmentido de Celáa

Francisco Umbral solía recordar, después de años de éxito con sus columnas de opinión, que lo que a él le desencadenaba ilación de ideas era un buen título. Por su parte, Isabel Celáa debió experimentar una gran pulsión creativa cuando, hablando a los reunidos en el reciente Congreso de Colegios Católicos, se refirió a “la libre elección de centro”. Según Vida Nueva, “desafió” a los reunidos y, según ESdiario, “montó la bronca y provocó al público”. El constructo al que prestó atención sigue siendo muy empleado por los colegios concertados en sus demandas políticas al mezclar libertad de enseñanza y libre elección de centro, y el propio Obispo secretario general de la CEE, Argüello, añadió a ese puzzle “el derecho a recibir formación religiosa” cuando atajó las palabras con que la ministra intentó deshacer un equívoco muy extendido.

Celáa, al tratar de distinguir, despertó temor, “nubarrones”, “preocupación” por si los Colegios concertados -legislados por el PSOE en la LODE en 1985- veían frenados los miles de millones de euros anuales, duplicados en los últimos trece años, que reciben del Estado De paso, se insinuó una larvada incitación a que, a imitación de lo sucedido en junio de 2005 con obispos incluidos, las protestas salieran a la calle. Opiniones apresuradas y micrófonos dispuestos a fervientes apologías trataron, indirectamente, de ridiculizar el frágil preacuerdo de intenciones para una posible coalición gubenamental de izquierda. El estallido de inspiración e iluminación sobre las dudas que las palabras de Celáa atrajeron sobre el futuro inmediato de la interpretación parcial de esta “libertad de elección”  -libérrima desde 1978 para los gobiernos del PP sobre todo-, fue tan potente que despertó de la somnolencia el insaciable hábito de ampliar a su cuenta las privatizaciones sin ton ni son y el creciente negocio de la educación. No cabe extrañarse de que, ante tanto eco, la propia ministra haya tenido a bien calmar los ánimos precisando algo más el alcance que había querido dar a sus palabras.

Si va en serio lo que ha dicho Isabel Celáa, pronto habrá de verse en caso de que el PSOE logre formar Gobierno y sacar adelante una nueva Ley General de Educación. Solo así, además de suprimir definitivamente la LOMCE –tan pródiga con esta “libertad” de quienes pueden elegir entre diversos centros, pero nada preocupada de más del 60% de familias que van a una enseñanza pública en desigualdad manifiesta-, podrán restablecerse las posiciones de lo que realmente se pactó en el artc.  27 mejorando su interpretación de modo que quienes vayan por elección propia a la red pública de enseñanza no se sientan estafados gobierne quien gobierne. No puede suceder con esta libertad fundamental para la convivencia lo que acontece con otras muchas libertades, en que el mercado decide  -con sus leyes nada libres y el apoyo de determinados políticos- qué haya de hacer cada ciudadano o ciudadana en trance de enviar a sus hijos a la escuela. Universalidad y libertad, que rigen el artc. 27.1, no pueden ser contradictorias ni excluyentes por decisiones cooptadas desde intereses muy particulares.

Al margen de que la ministra Celáa haya preservado en sus palabras cuestiones colaterales -como las que conllevan los Acuerdos de 1979 con el Vaticano-, tenga por seguro que ha acertado al reivindicar ante la asamblea de los Colegios Católicos una lectura mínimamente ajustada a lo que el cumplimiento del citado artículo requiere: rigor e imparcialidad en el cumplimiento de las exigencias que conlleva un contrato para un colegio concertado que sea preciso en una zona determinada. La que en la LOMCE se llamaba “demanda social” para justificar actuaciones discriminatorias con lo preceptuado por la universalidad de la educación, no puede justificar que, en comunidades como la de Madrid, entre 2009 y 2015, noventa parcelas de terrenos previstos para escuela pública se hayan cedido a colegios concertados. No puede seguir sucediendo que, cuando en paralelo acceden a construir o reparar de urgencia algún centro público, la lentitud sea tal que haya criaturas que han pasado buena parte de su escolarización entre arreglos inacabados. No es de recibo que haya habido hermanos que, cuando el necesitado de atención especial no es admitido en el colegio concertado, el que no tiene problemas es recibido con los brazos abiertos. Tampoco lo es que haya crecido la brecha de pobreza entre alumnado de unos u otros centros según su titularidad. Sin embargo, las muchas estratagemas que contó detalladamente José Luis Pazos en No nos callarán siguen siendo practicadas por la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid en su afán de optimizar “la calidad” educativa favoreciendo a los concertados, a los que atiende desde una Dirección General de nueva creación.

¿Qué acuerdo educativo?

Recuerde la ministra que, si le demandaran un “acuerdo educativo” –como quiso su predecesor en el cargo-, esta cuestión de la “libertad de elección” que tantas voces suscita estos días en algunos medios, nunca estará en primer plano. En el que proponía su predecesor, Íñigo Méndez deVigo, había una serie de cuestiones intocables, como este concepto clave del marketing neoconservador -de Aguirre, Wert y sus pares-, al que también se apuntan los obispos y sus colegios. Toda la “libertad” que tanto ha venido a invocarse desde 1978, fueron eclesiásticos los que la fagocitaron durante el siglo XIX. Con ella tuvieron que lidiar los dos primeros ministros de educación que hubo desde 1900, condicionados por el Concordato de 1851, y la gran contradicción de invocarla la sufrió en carne propia la Institución Libre de Enseñanza, reivindicando –en nombre de “la libertad”  que llevaban en su enseña y que la Constitución de 1876 propugnaba- espacios educativos menos controlados por la Iglesia. Las Actas del Congreso de Diputados de la etapa canovista- que tan minuciosamente estudió Yvonne Turin en 1967-, dan buena cuenta de ello.

Por otro lado, después de que entre los años treinta y ochenta del pasado siglo detentaran un control total sobre el Ministerio de Educación, no se sabe muy bien a qué siguen jugando los Sres. Obispos y sus distinguidos dirigentes educativos cuando, al comparar las estadísticas respecto a religiosidad, la proporción de practicantes  es radicalmente inferior a la de los clientes de sus colegios. Si hoy no es invocable como antes la caridad educativa, ¿por qué tanto afán educador que no altera la tendencia de la decreciente creencia católica? ¿Por qué no analizan los logros religiosos que haya podido producir tanto control educativo como tuvieron durante tantos años? ¿Qué fue, por ejemplo, de tanto seminario enorme y repleto de seminaristas a mediados del siglo pasado, y hoy prácticamente vacío?

Hace año y medio, editorial Morata –que tiene el raro mérito de liderar la atención a los asuntos educativos- tuvo a bien editar un libro  en que se prestaba atención a múltiples incumplimientos del artículo 27CE. Por algo se tituló Cuaderno de quejas. Si se lee sin anteojeras, se entenderá mejor qué dijo Isabel Celáa el pasado día 14 y cómo es de urgente reflexionar sobre lo que la conjunción de universalidad y libertad educativas exige para actuar en justicia. Cuanto más se demore esa atención política, más se evidenciará que bajo la preciada palabra de “la libertad” se esconden preferencias por un tratamiento privilegiado.

Manuel Menor Currás

Madrid, 16-11-2019