COMUNICADO DE ASAMBLEA MAREA VERDE MADRID SOBRE LA NUEVA LEY DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

Se sigue sin respetar el derecho constitucional a la Educación gratuita

Un curso más acaba y de nuevo las familias se lanzan a reservar los nuevos libros de texto del próximo. Y una vez más volvemos a caer en las trampas que el sistema educativo actual nos tiende a toda la Comunidad Educativa de la Comunidad de Madrid.

Sobre esta cuestión, desde Asamblea Marea Verde Madrid queremos señalar una serie de puntos, unos ya manidos y denunciados, y otros nuevos al calor de la recién aprobada Ley de Gratuidad de Libros de Texto y que ha contado este pasado mes de junio con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid.

Respecto al modelo ya existente y que va a seguir en vigor durante el curso 2017-18, insistimos en que el sistema de ayuda que se deriva del Programa de Préstamo de la Comunidad de Madrid y que se desarrolla en los centros educativos no es en absoluto suficiente para garantizar la gratuidad de la Educación Pública. Un programa con escaso presupuesto, pero además con unos requisitos de renta que en la actual coyuntura económica, en las que ni siendo mileurista se llega a final de mes, dejan sin sentido dicho programa, ya que solo les puede servir a rentas muy bajas y precarias. Además, los trámites burocráticos exigidos en la norma por los que las familias deben acudir a informes de los servicios sociales y aportación de rentas, provocaban en muchos casos una inacción de las familias, que preferirán no concurrir al proceso de solicitud que se genere a tener que ser señaladas por informar de su extremadamente dura situación económica a los equipos directivos, quienes gestionan oficialmente el programa.

Algunos centros, a través de sus Consejos Escolares, han podido ampliar dicho programa, siempre y cuando el presupuesto inicial no se viera afectado, lo cual en la práctica hacía del banco de libros un recurso escaso. Por otro lado, el compromiso de las familias de cuidar los libros y entregarlos en perfecto estado para no ser penalizadas a reponerlos, tampoco ayuda. No es fomentar el cuidado del material escolar público, sino que es una manera de mantener rehenes a las familias que en el caso de que no cumplieran, no pueden de nuevo incorporarse al programa en cursos posteriores además de pagar de su renta la reposición. Eso no es garantizar la gratuidad de la Educación.

Frente a esto solo la autogestión y organización de algunas AMPAS y asociaciones han conseguido ir poniendo parches de este modelo.

Respecto de la esta nueva Ley de Gratuidad, la inseguridad es total. Lejos de garantizar el derecho a una Educación Pública gratuita, como viene reflejado en el art. 27 de la CE, se deja libertad a la administración a establecer el presupuesto anual por alumn@. La nueva ley de Gratuidad establece que “excepcionalmente” si la cuantía no cubre las necesidades, se establecerá un sistema por el que las propias familias cubrirán ese déficit. Esto en la práctica es establecer un sistema de copago educativo, ya que sabemos que la administración, y más la de la Consejería de Educación del Partido Popular, va siempre a tirar a la baja. Lo excepcional será la norma habitual.

Por lo tanto, desde Asamblea Marea Verde Madrid, queremos expresar que ni el modelo vigente ni la nueva ley hacen frente al reto de garantizar la gratuidad de la Educación en la Comunidad de Madrid. Que se sigue apostando por un modelo que tiene como base metodológica de enseñanza la utilización de los libros de texto, ignorando el desarrollo de nuevas apuestas pedagógicas que no tengan su base en la capacidad memorística del alumnado. Que se sigue haciendo el juego al negocio de las editoriales que siguen abusando de su situación de monopolio en detrimento de lo que realmente debería perseguir esta normativa: la total gratuidad de los libros de texto, al igual que ya ocurre en otros países de nuestro entorno. Que se sigue confiando en los contenidos, en muchos casos con dudosa orientación ideológica, entre otras situaciones que a lo largo del curso son denunciadas en redes sociales por las propias familias. Que se siga sin apostar por el uso de nuevas tecnologías en el aula, a pesar de que la Consejería se jacte de incrementar las dotaciones para su uso.

En resumidas cuentas, se sigue apostando por salvar a las editoriales, ya sea con dinero público o con dinero de las familias, y no por promover nuevos programas de innovación pedagógica. Además de implementar un sistema que no tiene nada de gratuito. Llamemos a las cosas por su nombre.

Julio 2017

Asamblea de Marea Verde Madrid

Experimento: Copago en la Educación Pública

Juan José nos envía un enlace a este artículo publicado en serconsejeroescolar.blogspot.com.es

Si, eso está ocurriendo en la Comunidad de Madrid.

Intentaré ser breve (difícil, eso sí). Es cronológico, y es el resultado tanto de la información que he recibido como la que he comprobado, pero es muy importante verlo desde la evolución inicial del proceso hasta estos momentos y cuyo resultado sería establecer el copago en la Educación Pública, por activa y/o por pasiva. Existe una curiosa secuencia de hechos y situaciones en todo el proceso y que se han de valorar. Y al final de lo acontecido explico a donde nos dirigimos.

Antes de continuar, afirmo que estoy a favor de la utilización de las Tablets en el entorno Educativo pero dentro de una pedagogía bien implementada, incluyendo las herramientas necesarias para ello.

Y en letra azul mis comentarios añadidos.

Hechos:

Curso escolar 2015/2016

Mayo de 2015

Los padres y madres se acercan a las reuniones de los IES para valorar la información que el Equipo Directivo de los mismos tienen que transmitir explicando el proyecto educativo del centro y poder decidir por parte de las familias si matriculan o no a sus hijos en el mismo.

Junio de 2015

Corre el rumor entre padres que en el curso de 1º de la ESO no se utilizarán libros físicos, sino digitales.

En la página web del centro aparece una información escueta en el que aparecen libros digitales para el 1º de la ESO, dentro de lo que comúnmente se llama mochila digital. 

Septiembre de 2015 (finales)

1ª Parte: 
Reunión de padres con el Equipo Directivo. Explican su nuevo plan de utilización de las Tablets y los libros digitales en 1º de la ESO.
En dicho plan se informa que los profesores están recibiendo cursos en ese mismo momento para poder utilizar los libros digitales.
Se dan instrucciones detalladas de que modelo y características de Tablets deben de comprar los padres.
También, si alguna familia no puede permitírselo que hable con el Director para buscar soluciones.

2º Parte:
Miembros del AMPA intervienen inculpando al Director de haber infringido el Derecho de los padres a poder escoger el centro según el proyecto presentado por el mismo. La tensión y confusión aumentan, pues la AMPA añade que la utilización de las tablets no se ha debatido entre los padres. Un miembro del AMPA es contraria totalmente a que se utilicen dichas herramientas. Los padres y madres asistentes se encuentran ante esta nueva sorpresa, creando situaciones de enfrentamiento entre los que si están a favor y los que no. El Director corta por lo sano a la AMPA y a cualquier padre que le pregunte directamente sobre estas cuestiones, invitando a que ante cualquier duda se hable con él en su despacho a título individual.
Quedando en el aire solo la cuestión de si utilizar o no las Tablets. 

Una vez acabada la reunión y debido a toda esta situación, un padre decide preguntar a los miembros del AMPA que es lo que está ocurriendo. 
Le informan de la irregularidad en la que el Consejo Escolar aprobó el proyecto de la Tablet pues fue posterior al periodo que existe para ofrecer la información del proyecto educativo del Instituto para este curso y por ello, los padres se encontraban en una manifiesta vulneración en sus derechos, pues la opción de escoger el centro según su oferta educativa, y reflejadas en las normas que la propia Consejería de Educación dicta, no se habían cumplido. Además, uno de sus miembros estaba totalmente en contra de su utilización por estar convencido que a medio plazo es negativo para los alumnos, con diferentes tipos de argumentos. 
A su vez, que el profesado ni siquiera habían empezado realmente a recibir los cursos para poder utilizar los libros digitales como su herramienta educativa y que a la fecha en que estábamos era contraproducente para los alumnos.
  
También, que presentarían un escrito ante la Viceconsejería de Educación, y posiblemente a la Presidenta de la Comunidad de Madrid denunciando todas estas irregularidades.

Octubre de 2015
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Lee el artículo completo en este enlace.

La Asociación de Colegios Privados de Madrid pide a Figar que supervise las cuotas de los centros privados concertados y denuncia que se trata de un "modelo de negocio en suelo público, con dinero público y de copago"

EL PAÍS.COM: La enseñanza privada denuncia la doble financiación de la concertada

Los colegios concertados los financia la Comunidad con los impuestos de los ciudadanos —paga los salarios de los profesores y el funcionamiento de los centros— y, sin embargo, ya hay colegios subvencionados más caros que los privados. Entre cuotas “voluntarias”, comedor y transporte pueden superar los 500 euros mensuales. En este contexto, tras años de denuncia, la Asociación de Colegios Privados-Círculo de Calidad Educativa (CICAE) ha exigido a la Comunidad de Madrid, mediante un recurso administrativo, que supervise y controle las cuotas —muchas de ellas supuestamente voluntarias— que tienen que pagar las familias con hijos en la enseñanza subvencionada.

“Del modelo de iniciativa social, gestionado mayoritariamente por congregaciones religiosas o entidades benéficas, se está pasando a un modelo de negocio en suelo público, con dinero público y de copago”, lamenta Gabriel Castellano, presidente de CICAE.

Esta asociación no carga, sin embargo, contra los centros religiosos “sin ánimo de lucro y con colegios propios construidos en terrenos de la Iglesia”, sostiene Pilar Sáinz, subdirectora del centro privado Los Sauces, sino contra lo que se conoce como “nueva concertada. “Los centros son construidos en terrenos cedidos por los Ayuntamientos a las empresas a través de la Comunidad, y solo pagan un canon simbólico a los municipios”, sostiene Sáinz.

Educación sostiene que las instrucciones del concierto que ha recurrido CICAE son “esencialmente las mismas que viene emitiendo la consejería desde hace 15 años para regular los precios de las actividades complementarias: el transporte, el comedor y las actividades extraescolares”. E insiste en que las cuotas que puedan solicitar estos centros son “siempre voluntarias para las familias y éstas son absolutamente libres para aceptarlas o rechazarlas”. Remarcando que “en ningún caso” estos pagos —aprobados por la Ley de Derecho a la Educación (LODE) del Gobierno socialista en 1985— “tendrán carácter lucrativo”.

El Gobierno niega también “permisividad o falta de control” a la concertada. “Según sentencia del Tribunal Supremo [23 enero 2007], el cobro por el uso de servicios escolares complementarios debe ser autorizado por el Consejo Escolar y solamente comunicado a la Administración educativa. La Comunidad de Madrid cumple estrictamente con esta sentencia”. Remacha, además, que inspección actúa “siempre que existe alguna denuncia” y cuando “tiene conocimiento de cualquier situación presuntamente irregular”.

CICAE se queja también de que las compañías que se presentan a los concursos para lograr los colegios subvencionados no tengan un origen educativo, sino que provienen de empresas de la construcción, de la restauración —Arturo Fernández, el presidente de la CEIM, por ejemplo, tiene un centro— o de fondos de inversión. Estas sociedades invierten grandes sumas en levantar los edificios y unas buenas instalaciones deportivas y, en muchos casos, quieren recuperar los millones invertidos en un corto plazo de tiempo. Según datos de Educación, desde 2004 se han construido 500 centros públicos —casi la mitad infantiles— frente a 68 concertados.

Emilio Díaz, secretario general de Escuelas Católicas, recuerda que el 25% de sus centros los estudiantes no pagan ninguna cuota y en el resto son siempre voluntarias: “Hoy día mantener un colegio abierto es un milagro. Te les ves y te las deseas, pero nosotros tenemos en cuenta el impacto que tiene en los hogares las cuotas, que van de los 10 euros mensuales a los 70”. E insiste en que se ajustan a las instrucciones de 1985, cuando el Gobierno socialista creo el sector de la concertada para hacer frente a la falta de colegios en pleno boom democráfico y con un alza en la tasa de escolarización.

Observan en CICAE —que agrupa a colegios privados de larga tradición —como Estudio, SEK o o Brains— una “competencia desleal de centros con doble financiación (pública y privada)”. Su petición a la Comunidad coincide, además, con una situación dramática para la enseñanza sin subvención. Sáinz reconoce que casi todos los colegios han perdido una clase de infantil, el tramo de edad más afectado por la crisis.

Y es que las familias con miembros en paro hacen un mayor esfuerzo por mantener al adolescente en el centro si está a punto de terminar. No obstante, el sector privado ha perdido 7.000 niños en Educación Infantil en un lustro —ha pasado de representar un 14% del total en 2008 a un 9,7% el curso pasado— o 3.200 en primaria, tras bajar del 12,7% al 10,6% su proporción. En secundaria, son casi 3.000 estudiantes menos y en bachillerato no bajan el número porque se ha disparado en toda España: al haber mucho desempleo, los jóvenes alargan sus estudios.

CICAE nació en 2010 como una escisión de nueve colegios de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE). Desde entonces, los primeros defienden una mayor supervisión de la enseñanza concertada. ACADE, por su parte, solo manifiesta que “exige el estricto cumplimiento de la legalidad en el ámbito de los conciertos educativos en defensa de una leal competencia”.

Pilar Sáinz, de CICAE, explica que su asociación defiende “una educación de calidad tanto pública como privada y que sean los padres quienes elijan”, pero sin doble financiación. Por eso, esta entidad educativa ha intentado un acercamiento a quienes defienden lo estatal, “pero no hay una única voz y ellos no quieren ir de mano de la privada”.

La inversión de Madrid por alumno ha bajado un 3,4% en la concertada en el último año, según los datos de los Presupuestos regionales de 2012 y 2013.

Según el informe de gastos escolares que cada año presenta FUCI (Federación de Usuarios Consumidores Independientes), Madrid es la comunidad en la que más cuenta la vuelta al colegio (1.050 euros de media), muy lejos de los alrededor de 700 de Galicia, Cantabria o Andalucía. Y los pagos en los colegios concertados —en este caso los datos son a escala nacional— se acercan más a los privados que a los públicos. El transporte cuesta en los subvencionados 45 euros mensuales más que en los colegios estatales, la comida 35 al mes, el material escolar el doble (100) y 20 los manuales de texto.

"¿Educación o mercado?" (Concha Caballero)

@FCAVAH nos envía este artículo publicado en EL PAÍS

Sentado junto al Ministro de Educación, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, afirmó que “los universitarios españoles tienen un nivel comparable a los estudiantes de secundaria de Japón”. Busco algún dato que avale esta información y resulta que el estudio —todavía no publicado— procede de una Fundación denominada Conocimiento y Desarrollo que está presidido por Ana Botín, consejera del grupo Santander y miembro del Consejo de Administración de Coca-Cola. De esta fundación forman parte, también, un nutrido grupo de grandes empresas españolas que buscan, entre sus objetivos, adecuar el sistema universitario al mercado laboral.

En la misma comparecencia, el secretario de la OCDE se manifestó a favor del copago universitario y de convertir las becas actuales en un sistema de préstamos a devolver por el estudiante. Los medios de comunicación “compraron” inmediatamente el escandaloso titular y casi ninguno citó que se trataba de un estudio de un grupo empresarial. Junto a esta noticia, que desacreditaba el conjunto de la Universidad española, se relacionaba el paro con la sobretitulación o la titulación equivocada de nuestros jóvenes y no con el modelo productivo de nuestro país. Al parecer hay millones de puestos de trabajo pero nuestros jóvenes, ay, tienen titulaciones equivocadas. Debe ser por eso por lo que en medio mundo se les recibe con los brazos abiertos mientras que en nuestro país el mercado laboral los expulsa.

Varios días después se dio a conocer un informe sobre la educación financiera de los jóvenes de 15 años y en el que los estudiantes españoles han quedado en la cola. Esta vez sí se trata de un informe de la OCDE solo que no es un informe global sino reducido a una quincena de países. Nuevamente mi sorpresa es que el BBVA patrocina estos estudios y su presidente, Francisco González, afirma que “la educación financiera es una tarea colectiva”. El caso es que los alumnos que tenían cuentas corrientes en bancos (al parecer un 50% de la muestra) sacaron muchos puntos de ventaja sobre el resto. Pero la desigualdad social no es algo que preocupe en absoluto a la OCDE ni a sus estudios, lo importante son los resultados, la competencia, la evaluación numérica, que no evolutiva, de los alumnos. Según González, la educación financiera es “una parte muy importante de lo que es una sociedad en cuanto a tomar decisiones informadas en cuanto a su ahorro, en cuanto a su gasto. Hace que los ahorradores sean más consistentes y que los deudores sean mucho más responsables en el tiempo”. O sea que la labor de la educación es la simple integración en el mercado laboral y la de formar ciudadanos que paguen a los bancos.

Me informo de que han empezado a emerger empresas evaluadoras, compraventa de pruebas valorativas, cursos especializados para que los centros obtengan resultados superiores al calor de esta fiebre cuantificadora del sistema educativo. En algunos países asiáticos ya se someten a pruebas de hora y media de duración a niños de seis años. Desde pequeños hay que inducirlos a competir en el mercado. En vez de un nombre, una historia, una cultura, serán un número en la escala global que les otorgará su lugar exacto en el mercado laboral.

La mercantilización de la educación no es ya una tendencia sino una realidad que se expone con descaro y sin el menor respeto a la comunidad educativa. La opinión del profesorado, de la pedagogía, de las ciencias sociales no cuenta para nada en el diseño educativo. Son las empresas y la banca los que diseñan la orientación y las materias que se imparten. La educación como proceso de formación del ser humano, de transmisión de cultura, conocimientos, creatividad y crítica ha sido suprimida sin contemplaciones. No hablemos ya siquiera de su valor como equilibrador social y como igualdad de oportunidades. Por eso, la OCDE que no la Unesco ni algún organismo internacional de rostro más humano ha ocupado el lugar de autoridad educativa mundial. A no ser que se produzca un movimiento de regeneración educativa, aviados vamos entre el inmovilismo de la vieja escuela y la mercantilización brutal de nuestro futuro.

@conchacaballer

La reforma fiscal del Gobierno podría preceder a nuevos recortes y copagos en Educación y Sanidad

BLOG DE eL PAÍS "3.500 MILLONES": Reforma fiscal: un parche que no garantiza suficiencia ni equidad

Esta entrada ha sido escrita por Carlos Cruzado Catalán, Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El próximo día 5 de julio se cumplirá un año de la decisión del Gobierno de  iniciar el proceso para acometer una reforma legislativa que suponga una revisión del conjunto del sistema tributario, tal y como se expresaba en el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de tal fecha, en el que se nombraba a los miembros de la Comisión de expertos a los que encargó la elaboración de un informe al respecto.

Un año después, sin embargo, y una vez recibido el informe de los expertos, el Gobierno no propone esa revisión completa del sistema tributario, sino un nuevo “parcheo” puntual, como los que desde hace ya algunos años han venido realizando los distintos gobiernos, independientemente del color político.

Obviamente, el resultado de afrontar los problemas tributarios de esta forma ha provocado que nos encontremos ante un sistema tributario agotado, que no cumple con la finalidad de recaudar lo suficiente para atender al gasto público que un estado del bienestar requiere, ni con los principios que, según el artículo 31.1 de nuestra Constitución, deben informar el mismo: generalidad, igualdad y progresividad. Situación que, tal y como mantienen la mayoría de los expertos, requería, como hace un año anunció el Gobierno, de una revisión del conjunto del sistema tributario y no de una simple modificación parcial de dos de los impuestos que conforman el sistema, por mucho que hablemos del primer y tercer impuesto en lo que a recaudación se refiere.

Las modificaciones propuestas estos días por el Gobierno en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, que conllevarán una pérdida de recaudación que podría alcanzar los nueve mil millones de euros de aquí a 2016, se plantean solo unos días después de que Eurostat haya publicado los datos de recaudación de impuestos de los países de la UE correspondientes al ejercicio 2012, y de ellos se desprende que España se encuentra siete puntos por debajo de la media de los países de la Unión en presión fiscal, en el 32,5% del PIB.

Por ello, y teniendo en cuenta el compromiso de reducir nuestro déficit hasta el 4,2% del PIB en 2015 y al 2,8% en 2016, que conlleva un ajuste de casi 30.000 millones en estos dos años, se hace necesaria una explicación del Gobierno respecto de cómo piensa compensar la bajada anunciada, dado que no parece lógico fiar la misma exclusivamente a una recuperación económica todavía poco robusta y que será débil en los próximos años.

Y en este sentido, y dado el reiterado desacierto de las previsiones económicas de los distintos gobiernos de turno, se tornan probables otras opciones ahora silenciadas, como pueden ser otros recortes en gastos y prestaciones sociales o mayores copagos en educación, sanidad o utilización de infraestructuras públicas, tal y como contemplaban los expertos en su informe sobre la reforma fiscal.

En definitiva, los “parcheos” anunciados ni garantizarán el principio de suficiencia del sistema tributario, ni, desgraciadamente, mejorarán la equidad del mismo, continuando en entredicho los principios constitucionales de generalidad, igualdad y progresividad.

El Sindicato de Estudiantes convocará movilizaciones contundentes contra el copago del bachillerato

Sindicato de Estudiantes emite este comunicado:

De nuevo el inefable Ministro Wert ha dejado claro que no abandona su guerra contra la educación pública. En una comparecencia en el Congreso ha señalado que no descarta el copago en la educación no obligatoria para proporcionar “equidad y justicia” al sistema. El derroche de cinismo de este elitista arrogante que parece salido de un laboratorio de neoliberalismo acelerado, no tiene ninguna medida. El objetivo del PP, como demuestran las declaraciones del Ministro de Educación, es que sólo los hijos de los ricos tengan acceso a una educación de calidad, igual que ocurría en los años cincuenta bajo el franquismo.

Este nuevo disparate de Wert muestra claramente que concepto tiene de equidad y justicia el PP. El tasazo universitario, el decreto de becas y la LOMCE, han demostrado en la práctica que la equidad del PP consiste en expulsar del sistema educativo a los estudiantes con más dificultades económicas, impidiendo el acceso de la universidad a los hijos de los trabajadores que no pueden pagar los desorbitados precios impuestos por el PP. Ahora, según el Ministro, pretenden imponer tasas también en la educación infantil y en el Bachillerato. Mientras esto ocurre, la educación pública se sigue desmantelando. En Rivas-Vaciamadrid y Parla el PP pretende abrir dos colegios concertados de sectas ultracatólicas. Para la privada si hay dinero, y sacado directamente de nuestros bolsillos. Esta es la justicia del PP, dar el dinero a manos llenas a la enseñanza privada-concertada a la vez que se expulsa del sistema a los estudiantes con más dificultades.

Esta nueva propuesta del Ministerio de Educación es un ejemplo más de que el único lenguaje que entiende el PP es la movilización y la lucha. Desde el Sindicato de Estudiantes insistimos una vez más en que los dirigentes de CCOO, UGT, STE’s y la CEAPA tienen que dejar de mirar para otro lado y convocar junto al Sindicato de Estudiantes una nueva huelga general de profesores, padres y madres y estudiantes, pero en esta ocasión de 72 horas. Sí no lo hacen, el Sindicato de Estudiantes sí lo hará.

¡Wert dimisión!
¡Por una huelga general de toda la comunidad educativa de 72 horas!
¡Sí se puede!