Mostrando entradas con la etiqueta Unidas Podemos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Unidas Podemos. Mostrar todas las entradas

miércoles, 26 de agosto de 2020

UP reclama condicionar los fondos de Educación a las CCAA a bajar los ratios (Sato Días para CUARTOPODER.ES)

CUARTOPODER.ES publica esta información



Las relaciones en el seno del Consejo de Ministros, entre los componentes socialistas y los de Unidas Podemos, no pasan por un buen momento. Pedro Sánchez mira cada vez más a Ciudadanos ante el horizonte de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y eso está levantando ampollas en las filas de Pablo Iglesias. Hoy, un nuevo desencuentro entre las dos patas de la coalición gubernamental, esta vez por el plan de regreso a las aulas.

Según cuentan fuentes de Unidas Podemos, han defendido que “una bajada de ratio de alumnos en los centros educativos es imprescindible para garantizar una vuelta segura a las aulas y critica la falta de liderazgo de Educación respecto a las comunidades autónomas”. Afean a Isabel Celáa su inacción en este sentido.



Desde UP se ha propuesto que los 2.000 millones de euros del fondo covid-19 para comunidades destinados a Educación estén condicionados y “solo puedan destinarse a la contratación de nuevo profesorado y a alquilar o acondicionar espacios que permitan desdoblar las clases y, de esta manera, se reduzcan los ratios de alumnos”.

Consideran desde las filas moradas que “esta es la única vía para garantizar que los niños y niñas de este país puedan volver a los colegios e institutos de una manera segura para ellos, para los docentes y las familias, ya que minimizaría el riesgo de contagio”. Los dirigentes de Unidas Podemos confían en poder alcanzar un acuerdo sobre este asunto capital antes de que dé comienzo el curso escolar. La cuenta atrás apremia.

martes, 31 de diciembre de 2019

Los cambios en educación dependerán de cómo se concreten (Agustín Moreno para CUARTOPODER.ES

Nuestro compañero Agustín Moreno escribe este artículo en CUARTO PODER

Es un buen regalo de Reyes y comienzo de 2020 que por fin haya un Gobierno progresista. Las líneas del acuerdo de Gobierno hay que verlas globalmente y no solo de forma sectorial para valorar en su conjunto los compromisos que asumen ante la ciudadanía. En este sentido, es importante que se dediquen la mitad de los puntos a aspectos sociales, conscientes de que ese es el camino más eficaz para mejorar la situación de la mayoría social, colocar en el centro de gravedad otros temas diferentes a los que han copado el debate público en los últimos tiempos, y como vacuna frente al avance de la ultraderecha.
En mi opinión, hay cuatro grandes ejes para medir si realmente se coloca la educación como prioridad estratégica para mejorar la equidad, la formación de las personas y la cohesión social y democrática de este país.
1. La sustitución de la LOMCE. Es importante el compromiso de derogar una ley rechazada por la comunidad educativa con sus movilizaciones (Marea Verde), por la mayoría de los grupos parlamentarios y de negativos efectos en la calidad. Pero no se trata de suprimir un símbolo denostado, sino saber por qué se sustituye. La mejor manera de medir la profundidad del cambio es comparar las propuestas del Gobierno con el “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” elaborado por todos los sectores progresistas de educación.
Y las diferencias son grandes, si el cambio se reduce a poco más que la necesaria supresión de los itinerarios segregadores (y, supongo, que a la recuperación de programas como los de diversificación que funcionaban muy razonablemente y se los cargó el ministro Wert) o a que la Religión no cuente para la nota.
2. Red pública o doble red. No está clara la apuesta real por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos. Uno de los grandes problemas de la educación es la doble red que selecciona y segrega al alumnado por razones socioeconómicas, clasistas. Y sobre esto no veo nada concreto. Suprimir los conciertos a los centros que segregan por sexo está bien, pero son una pequeña realidad. Insistir en la gratuidad que ya dice hoy la ley “informando a las familia” es un brindis al sol, porque serán las comunidades autónomas las que pongan o no medidas para garantizarlas. No se aborda un horizonte de negociación para suprimir la anomalía de los centros concertados e incorporar su función en la red pública.
3. La laicidad de la escuela. Corregir la barbaridad de la LOMCE de que la asignatura de Religión computase para la nota media y para las becas es lo más elemental. Ya es voluntaria y que no tenga asignatura alternativa es poco relevante. Debería asegurarse la libertad de conciencia de los niños y niñas, según dicen las Convenciones de Naciones Unidas y, para ello, la religión confesional debe de salir de la escuela y del currículo, no solo del horario escolar. Y abordar, de una vez por todas, la derogación de un concordato preconstitucional que carga de privilegios a la Iglesia católica en su labor adoctrinadora, como aprobó la mayoría parlamentaria con la PNL de febrero de 2018.
4. La Financiación. El compromiso de llegar al 5% del PIB desde el actual 4,2% está bien, ya que son 8.000 millones de euros más que fueron los que recortó el PP, pero se demora mucho en el tiempo (no se alcanzarían hasta 2025). Hace falta una fuerte e inmediata inversión en educación porque no se nota la reversión de los recortes en los centros  educativos, hay que mejorar las becas y la calidad. Con este compromiso no hacemos otra cosa que aproximarnos a la media de la Unión Europea. Y esto no es suficiente: hay que  trazar un horizonte de futuro hacía el 7% del PIB si queremos que España esté a la cabeza de la calidad educativa.
Muchos temas que se apuntan en el programa de gobierno están en función de cómo se produzca la financiación, de cómo se desarrollen los acuerdos con las comunidades autónomas (CCAA) y de si son o no prescriptivos para ellas. Estamos hablando de poder financiar nuevas etapas educativas como la de 0 a 3 años; de un plan eficaz contra el fracaso escolar y el abandono temprano; de reducir la interinidad (aunque no se dice cómo) del profesorado y evitar los despidos para no pagar el verano; de reducir la precariedad del profesorado universitario; de mejorar la política de becas y de reducir las tasas universitarias a la situación anterior a los recortes… Compromisos de valor aunque sin concretar que aparecen en el programa de Gobierno.
Vista la experiencia de la ley 4/2019 que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, que debía de servir para revertir los recortes de Rajoy (DL 14/2012) y que apenas se ha notado en los centros educativos en la reducción de jornada y de ratios, porque dejaba en manos de las CCAA su concreción y aplicación, se puede temer que algunos opten más por cambios aparentes que reales.
Así las cosas, estando bien una serie de propuestas, no dejan de ser insuficientes los cambios que se plantean en educación. Y, ojo, ello siempre que haya una movilización suficiente de la comunidad educativa y de la ciudadanía progresista, porque seguramente saldrán a la calle de manera preventiva las fuerzas que defienden los privilegios, el negocio y el adoctrinamiento religioso en educación. Una nueva ley y otra política educativa serían una buena ocasión de apostar en serio por la educación pública, pero todo depende de cómo se desarrolle.

El nuevo Gobierno eliminará conciertos a los centros que segreguen e incluirá el dentista en el Sistema Nacional de Salud (Daniel Sánchez Caballero / Belén Remacha para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta información

Derogar la LOMCE, prohibir los conciertos educativos en colegios que segreguen por sexo, subir la inversión educativa y sanitaria, incluir el dentista en el catálogo, eliminar los copagos, mejorar las condiciones laborales de los profesores universitarios, regular la eutanasia, descongestionar las listas de espera de la Dependencia, avanzar hacia la generación del 100% de energía renovable o toda una sección dedicada al feminismo.
Como había anunciado, el futuro Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos dedica una buena parte de su pacto de Gobierno a lo social, casi la mitad del texto. Un total de cinco de los 11 puntos acordados tienen este cariz: Educación, Sanidad, cambio climático, feminismo y despoblación componen los apartados más sociales del documento que se va a presentar esta tarde.

Educación: fin de la LOMCE y de los conciertos que segregan por sexo

La derogación de la LOMCE va a llegar tarde. El futuro nuevo Ejecutivo se compromete en el pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos a tumbar la conocida como ley Wert y sustituirla por una Ley Básica de Educación. Pero los plazos aprietan, derogar en el Congreso una ley orgánica como la LOMCE lleva tiempo y los cursos escolares empiezan a prepararse por marzo, mucho antes de empezar en septiembre. Las cuentas no salen.
Así, en el mejor de los casos la LOMCE habrá resistido casi siete años, pese a ser una ley que "nació muerta". El Ejecutivo también se compromete a eliminar una de las medidas más polémicas que trajo la ley y que el Tribunal Constitucional avaló: los conciertos educativos en centros que segregan a sus alumnos por sexo. En lo relativo a la escuela concertada, el pacto anuncia que "se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo".
Todavía dentro de la etapa obligatoria, a la que se dedican 11 de los 17 puntos de la parte educativa, el acuerdo compromete al Gobierno a elevar hasta el 5% del PIB el gasto en Educación (actualmente en el 4,2%) en 2025 (ni rastro de objetivos cercanos al 7%, considerada la cifra mágica en Educación y que algún responsable socialista ha citado como la meta ideal). Por último, se anuncia "la universalización del acceso a la educación infantil 0-3 a través de una red pública de centros".
En Universidad, para los alumnos el Ejecutivo anuncia que revisará el sistema de becas, que el PP había modificado con rebaja en las cuantías incluida. Entre los objetivos del nuevo Gobierno en este apartado estará que el dinero llegue antes de que empiece el curso, una queja recurrente de las asociaciones de alumnos. También se quiere promover una rebaja de las tasas, que llegaron a subir hasta el 300% según dónde, aunque esta ejecutar esta medida depende de las comunidades autónomas, el Gobierno solo puede modificar los márgenes en los que se moverán las autonomías.
Para los profesores, un vago anuncio de "avanzar en la reducción de la precariedad y progresiva estabilización", sin más concreción. A los docentes ya consolidados se les ofrece un estatuto docente, otra reivindicación histórica de los funcionarios universitarios. Para el personal de servicios no hay promesas.
El texto también contempla acuerdos en I+D+i. Se comprometen los dos partidos a aumentar la inversión pública y "avanzar" hacia los objetivos comunitarios, lo que supondría duplicar el gasto (no se especifica este objetivo en el acuerdo). También hay una propuesta para facilitar la contratación de personal investigador y aumentar las becas predoctorales y los contratos postdoctorales.

Sanidad y servicios sociales: hola al dentista e impulso a la dependencia

Una de las medidas más ambiciosas que recoge el pacto de gobierno es la introducción de la salud bucodental en el catálogo del Servicio Nacional de Salud. Dicho de otra manera, dentistas gratis. "Progresivamente", eso sí.
El nuevo Gobierno también pretende eliminar los copagos introducidos en 2012, sin otro plazo que la legislatura. Esta medida empezará por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, el tercero de los 14 puntos dedicados a la Sanidad se refiere al "blindaje" del sistema público de salud, "apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa". En este sentido, el documento fija el 7% del PIB como objetivo de financiación para 2023. Los países europeos que más invierten superan el 8%. Como le sucede en ciertos apartados de educación, el Gobierno central tiene las competencias en Sanidad limitadas y depende en buena parte de lo que las comunidades autónomas quieran o no quieran hacer.
El acuerdo también se refiere a la dependencia. Dice el texto que "mejorarán" la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para "reducir las listas de espera", poniéndose el objetivo del 75%. Actualmente, la media de espera para recibir una prestación o servicio es de un año y dos meses, según hizo público este mes la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, este año el Sistema, que nació con la Ley de 2007, ha sufrido un retroceso grave: el número de personas que esperaban la valoración alcanzó en verano su récord desde 2012, y también aumentó por primera vez desde 2015 la lista de personas calificadas como severas o graves que no contaban todavía con ayuda.
También prometen PSOE y UP que "se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular", como piden las asociaciones, y de carácter "finalista", es decir, que el presupuesto para el Sistema no se pueda desviar. Actualmente, las autonomías aportan el 80% al Sistema y el Gobierno central el 20%, cuando la legislación dicta que debería de ser una inversión al 50%.