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Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
La Comunidad de Madrid pelea contra el Ejecutivo de Sánchez en todos los frentes educativos: ha hecho una ley específica contra la Lomloe, ha tratado de modificar la forma de evaluar hasta que la Justicia lo suspendió y amenaza con revisar los libros de texto por “adoctrinar”
Primero fue la palabra, declaraciones más o menos agresivas contra el “adoctrinamiento” y la supuesta rebaja de la exigencia. Luego vinieron los hechos: una ley muy específica para defender la concertada por aquí, un decreto para boicotear la Lomloe por allá, una instrucción con el mismo fin por acullá. Ahora, las amenazas: “Vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros en la Comunidad de Madrid (…) y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos textos que contengan material sectario”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha echado al monte de manera definitiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación de Pilar Alegría. No le está yendo tan bien: hablar puede no tener consecuencias, pero actuar sí. La Justicia ha suspendido de manera cautelar en la última semana un decreto y una instrucción a los centros por invadir competencias del Estado (e ir contra los designios del Ejecutivo plasmados en una ley). Ambos tenían el mismo objetivo: entorpecer la implantación de la conocida como ley Celaá.
Otro frente: los currículos del Ministerio, de los que se dijo que adoctrinan y que se han tratado de enmendar con el desarrollo que debe hacer cada comunidad autónoma (el Gobierno realiza un currículo general con el 60% de los contenidos y a las comunidades les corresponde ampliarlo en el 40% restante).
La Consejería de Educación anunció que había retirado una treintena de conceptos que había incluido el Gobierno en el Bachillerato por adoctrinadores, entre los que se incluyen términos como “ciudadanía resiliente” o “emergencia climática”. “Hay párrafos que yo, como consejero de Educación, no entiendo lo que dicen”, explicó Enrique Ossorio hablando del currículo. Alberto Corsín, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), replicaba en redes sociales tras el anuncio: “De los 30 conceptos educativos que el Gobierno de Ayuso ha decidido eliminar del currículo de Bachillerato por 'adoctrinadores e ideológicos' he contado al menos 27 que el CSIC identifica entre los 'desafíos científicos' del futuro en sus recientemente publicados Libros Blancos”, escribía en Twitter.
La realidad, por otra parte, es que no se retiraron esos 30 conceptos porque no está en manos de la Comunidad de Madrid cambiar un Real Decreto del Gobierno –la forma legal en que se realizan los currículos educativos–, aunque anunciarlo dé titulares.
Pero el Gobierno regional manda cartas a Europa lamentando la ideologización de los currículos. Kyriakos Tsirimiagos, jefe de unidad en el Comité Europeo de las Regiones, ha tenido que leer una en la que el consejero le explica que “el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado unos nuevos currículos educativos, de carácter vinculante para las regiones, en los que una parte importante del aprendizaje y la adquisición de competencias ha sido sustituida por la ideología, algo contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Incluso el Consejo de Estado ha cuestionado abiertamente estos currículos por su falta de concreción [esto es cierto, afirmó que eran ”complejos y abstractos“] y por su sesgo ideológico [esto no lo dijo el Consejo], dando la razón a las denuncias que venimos realizando desde la Comunidad de Madrid”. Y eso también da titulares.
Ahora les toca a los libros de texto. En su campaña contra Sánchez, el Gobierno regional ha conseguido enfrentarse con la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), a la que también se ha acusado de adoctrinamiento. Ayuso explicó el miércoles que su Gobierno “va a trabajar para acabar con el entrenamiento [en el 'sanchismo'] que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto” y anunció una orden a la inspección educativa para que retire todos los “que contengan material sectario”.
El Gobierno reaccionó al anuncio de Ayuso explicando lo evidente: los libros los hacen las editoriales en base a los currículos, tanto del Gobierno central como de los autonómicos. Además, la ley ya prevé que las administraciones controlen qué se publica en los libros, precisamente porque no los hacen ellas. Dice el artículo 153 bis de la Lomloe: “La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley”. Qué libros se utilizan en cada clase es una decisión que se toma a nivel colegio, empezando por la opción de si utilizar libros o no, que no son obligatorios.Antes había sido la ley
Tras 20 años sin una ley educativa propia –todo el siglo XXI, no la tiene desde que ostenta las competencias en Educación– o saltándosela para ceder parcelas gratis para levantar colegios privados, el Gobierno regional sintió la necesidad de tener una justo después de que se aprobara la Lomloe. El objetivo de la norma madrileña es blindar la escuela concertada, que veía amenazada por la ley estatal. Así nació la Ley Maestra, que directamente va contra varios preceptos incluidos en la Lomloe de impulso de la escuela pública, pensados para favorecer a la privada sostenida con fondos públicos: en Madrid todos los alumnos “tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos”, dice el artículo 5 en un sutil pero clave cambio para incluir a la escuela concertada como garante de las plazas escolares, rol que la Lomloe reserva para la escuela pública.
Todo esto –aprobar la Ley Maestra, lanzar y que te suspendan dos normas de desarrollo de la Lomloe, intentar boicotear los currículos del Gobierno, cargar contra la Ley de Universidades y contra los libros de texto– ha ocurrido en cuatro meses. El siguiente frente que se prevé puede ser el Estatuto del docente, tarea en la que está embarcado el Ministerio de Educación. Quedan 17 meses de legislatura.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
La aprobación de la Lomloe recoge una reivindicación histórica de los profesores técnicos de FP, pero Educación no la ha puesto en marcha todavía y los docentes exigen que se agilice el proceso para no perder otro curso; aunque entre 4.000 y 12.000 docentes sin título universitario se quedan fuera de este plan
El profesorado técnico de Formación Profesional (PTFP) está revuelto. Unos 28.000 docentes de este cuerpo están pendientes estos días de su futuro: el grueso de ellos exigiendo que se les aplique una subida de nivel que llevan décadas reivindicando y que supondrá una mejora en sus condiciones laborales y posibilidades de desarrollo de carrera. Junto a ellos, una minoría reivindicando soluciones porque no van a poder entrar en ese ascenso, al no tener la titulación necesaria. Unos y otros exigen –las cifras concretan bailan– que las soluciones lleguen ya, para que estén aplicadas el próximo curso. Pero no parece probable que esto último vaya a pasar, según afirman fuentes del Ministerio de Educación.
Para poder cambiar la categoría el principal requisito es tener un título universitario. Aquí llega la primera criba. Aunque las cifras no están claras porque dependen de las comunidades autónomas, según el Ministerio de Educación este requisito dejaría fuera de la equiparación a unos 4.000 de los 28.000 PTPF afectados, pero el colectivo afectado sostiene que en realidad son 12.000 personas, según la información que han recopilado de los gobiernos autonómicos. Este cuerpo docente acabará extinguiéndose, pero Educación explica que quien esté ejerciendo actualmente no tiene nada que temer; seguirá haciéndolo hasta su jubilación.
División en los 70
El origen de la división entre técnicos y no técnicos está en los años setenta, cuando se establecieron dos cuerpos para impartir la FP: uno de maestros de taller, que impartían las clases prácticas y que en general eran titulados de FP, y otro de profesores numerarios, que daban las teóricas y eran, normalmente, titulados universitarios. Dos décadas más tarde se reconvirtió a los primeros en profesores técnicos y a los segundos en docentes de Secundaria y sus labores se mezclaron. Se empezó a exigir un título universitario para ejercer, aunque en 2007 se hizo una excepción para algunas especialidades que no tienen formación equivalente universitaria, como la Peluquería, Cocina, etc. En total, de las 29 especialidades de docencia, 10 están exentas del título universitario para ejercer.
De esta reordenación quedaron dos cuerpos con semejantes requisitos para ejercer, pero que estaban ubicados en categorías diferentes. Los profesores de Secundaria, como sus compañeros de instituto, son A1. Esto implica, obviamente, más salario que los técnicos, que se quedaron en A2 o inferior, pero también más posibilidades de desarrollo.
Así estuvo la cosa, grosso modo, hasta que la Lomloe atendió la reivindicación histórica del colectivo y planteó su equiparación en su disposición adicional decimoprimera, que establece básicamente tres cosas: que las especialidades se integran en el cuerpo docente de Secundaria; que a aquellos docentes que en el momento de entrada en vigor de la ley tuvieran un título universitario (los mencionados 24.000 del total de 28.000 técnicos) se les regulará el acceso, aún por definir el cómo; y que quien no tenga el título queda como cuerpo a extinguir. Seguirán ejerciendo, realizarán las mismas tareas que sus compañeros, pero no podrán aspirar a ascensos ni cobrarán más.
"Necesitamos poder desarrollar la carrera"
Los docentes están en general satisfechos con el cambio –los que no tienen un título, un poco menos–, pero exigen que se aplique ya para no perder otro curso. "Hay compañeros que llevan 30 años en esto, algunos jubilados incluso, necesitamos que se agilice el proceso", explica De la Rocha. "Necesitamos poder desarrollar nuestra carrera profesional. Yo ahora mismo o soy profesor o tengo que hacer otra oposición para mejorar. Si fuera un A1 podría acceder a jefaturas de servicio, de departamento o incluso a la condición de catedrático de instituto. Ahora no puedo, y es posible que tenga más formación que muchos compañeros de Secundaria", elabora.
Pero Educación replica que el cambio de categoría no puede hacerse de manera automática. Hay que regular el proceso, explica una portavoz del ministerio, y en este cambio entran en juego sindicatos y comunidades autónomas, con quienes se están reuniendo estas semanas, aunque no hay demasiados avances palpables por el momento.
También queda pendiente cómo se va a regular la docencia de estas especialidades que no tienen equivalente universitario (Artes Gráficas, Hostelería, etc.) y por tanto no se puede exigir a su profesorado que tenga un título. Educación explica que efectivamente estos docentes tendrán que ser titulados en Formación Profesional, pero que esta cuestión se regulará en la futura ley de Formación Profesional (una de las principales apuestas del ministerio para lo que queda de legislatura), que la ministra Isabel Celaá quiere empezar a tramitar en las próximas semanas para tenerla lista hacia finales de año. Falta por decidir bajo qué figura serán contratados.
Los sindicatos docentes califican de "marginación" el trato de Educación a los profesores técnicos sin título universitario por impedirles pasar a formar parte del profesorado de Secundaria. "Quienes queden atrapados en el cuerpo a extinguir verán seriamente condicionados sus derechos en cuestiones tales como los concursos de traslados", sostienen desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Otros docentes, con título universitario, matizan que sus compañeros han tenido al menos desde 2007 para titular, cosa que no han hecho.
La equiparación de los profesores técnicos de FP con los profesores de Secundaria es una reivindicación histórica del sector que por fin recogió la recientemente aprobada Lomloe. Supondrá, para quien pueda acogerse a ella, subir de categoría en el escalafón de la administración a un A1, que implica una subida salarial (unos 200 euros al mes) pero sobre todo, destacan los interesados, la capacidad de desarrollar una carrera profesional que ahora no tiene recorrido. "Lo que exigimos es una equiparación de derechos y que se corrija una injusticia", sostiene Pablo de la Rocha, profesor técnico de FP en las Islas Baleares, en alusión a que estos profesores hacen actualmente (no siempre fue así) la misma labor que sus compañeros que pertenecen al cuerpo de Secundaria.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
Educación va a remodelar la FP y dará el título de la ESO a quién acabe la Formación Profesional Básica, flexibilizará las enseñanzas para que no todas tengan por qué durar lo mismo y creará una especie de másteres de la FP; además, casi 30.000 profesores técnicos 'ascenderán' al cuerpo de Secundaria
El Gobierno va a darle la vuelta a la Formación Profesional (FP). Como han hecho prácticamente todos los Ejecutivos –aunque con un una dotación económica prevista récord, si se cumple–, el Ministerio de Educación quiere darle importancia y prestigio a esta vía formativa, que no tiene mucho prestigio en España a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno. "Es una de las grandes prioridades del Gobierno y va a salir muy potenciada", asegura Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso.
Para ello se incluirán varias medidas en la LOMLOE, que tramita estos días el Congreso, y se creará a posteriori una ley específica para la FP, según ha podido saber este periódico. Entre las principales novedades que pretende introducir el Gobierno está que el alumno que se gradúe en la Formación Profesional Básica (FPB) obtenga directamente el título de la ESO (hasta ahora no lo hacía) y crear una especie de másteres de especialización para la FP media y superior. Además se flexibilizarán los estudios, de manera que no todos duren necesariamente dos años como ahora y habrá más tiempo para completarlos; los profesores técnicos de FP ascenderán al cuerpo de profesores y catedráticos de Secundaria, una medida reclamada por este colectivo y que afectará a unos 30.000 profesionales; y se agilizará "la detección de las necesidades de formación en cada sector productivo" para crear títulos adaptados a lo que pide el mercado con mayor celeridad.
La motivación detrás de esta reforma, que dará toda la gestión de la FP al Ministerio de Educación (actualmente tiene una parte, orientada al empleo, que gestiona Trabajo) es que España tiene demasiados trabajadores no cualificados y pocos con cualificación intermedia, según explicó el presidente, Pedro Sánchez, durante la presentación de las líneas gruesas del plan hace unos meses. La composición del colectivo de trabajadores del país no responde a las necesidades de empleados que va a tener en los próximos años, según los cálculos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.
Actualmente, casi la mitad de los 23 millones de personas que componen la población activa (un 48%, en concreto) tiene un nivel de formación que no les capacita profesionalmente, según datos del Gobierno. Frente a esta realidad, el país necesitará en 2025 que la mitad de sus trabajadores tengan una cualificación intermedia y un 14% de empleados con baja cualificación. Pero la foto fija muestra otra realidad: actualmente España no llega al 26% de personas con cualificación intermedia, pero supera el 35% con baja cualificación. La solución está en la FP, cree el Gobierno.
De la FPB al Bachillerato
Una de las principales novedades que va a presentar la nueva ley educativa es que la Formación Profesional Básica (FPB) –una etapa que se inventó el exministro del Gobierno José Ignacio Wert para aparcar a los alumnos de 15 años con problemas de rendimiento escolar, según denunció en su momento la comunidad educativa– dará directamente cuando se concluya el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), lo que permitirá a los alumnos seguir progresando por el sistema educativo: a elegir entre el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio. Hasta ahora –después de pelearlo mucho, porque la FPB era en origen una vía muerta–, un graduado en FPB no tenía opciones: o más FP, de grado medio, o a trabajar. Excepcionalmente, si los profesores decidían que cumplía los objetivos, podía titular en Secundaria. La conclusión de la FPB también otorgará un título de Técnico Básico, que tendrá validez profesional.
El Gobierno también cambiará la estructura de los ciclos formativos. La idea, explican desde el ministerio, es avanzar hacia una "organización modular de las enseñanzas", un poco al estilo de la Universidad, pero además con una "duración variable" en función de las necesidades de cada perfil profesional. Se acabó la uniformidad de que todos los ciclos se extiendan por dos años sin excepciones. Otra novedad que se introduce es que "todos los ciclos formativos incluirán una fase práctica dual", al estilo de la FP Dual, una modalidad que está demostrando una gran empleabilidad aunque sigue siendo muy minoritaria. Los cambios más académicos se complementarán con la creación de unos cursos de especialización posteriores para graduados, una especie de másteres como los de la Universidad.
Martínez Seijo destaca también el desembarco de la inclusión que habrá en la FP. "Hasta ahora, la inclusión se trabajaba solo en las etapas obligatorias [de Infantil a la ESO]", explica. "Ahora se contempla también para el Bachillerato y la FP", añade. Además de introducir las adaptaciones metodológicas que ya se realizan en esas otras etapas y de provisionar una oferta específica de plazas si fuera necesario, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán estudiar hasta los 21 años como medida para evitar el abandono.
Novedades para los profesores
La reforma de la FP también trae novedades para los profesores. Los profesores técnicos de FP sufrirán un 'ascenso'. Este colectivo de docentes está actualmente en una especie de limbo y en una situación de agravio comparativo, denuncian, respecto a los de Secundaria. A estos técnicos se les exige un grado y el máster de formación del profesorado que deben tener sus compañeros de la ESO y Bachillerato, pero están en un cuerpo docente inferior. El Ejecutivo dará respuesta a sus demandas por la vía de incluirlos dentro del cuerpo de profesores y catedráticos de Secundaria, de manera que se asimilen a sus compañeros.
"El Gobierno, de acuerdo con las Administraciones educativas, establecerá el procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación profesional que estuvieran en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen", dice la LOMLOE. La medida afectará a 28.359 profesores, según calcula el PSOE.
Respecto al profesorado, la ley contempla también la posibilidad de contratar, en régimen laboral, a "profesores especialistas", profesionales del sector productivo asociado al título correspondiente, una figura similar a la de los profesores asociados en la Universidad, profesionales de prestigio en su rama que imparten docencia concreta en su especialidad. "Esta cuestión constituye un salto enorme en la aproximación a la realidad de la empresa y al ámbito laboral de la formación, facilitando la interacción de los profesionales del sector en los centros de Formación Profesional", explican desde el ministerio.
Como en tantos otros países, en España, la pandemia causada por el Covid-19 llevó al cierre de los centros escolares en marzo y a una reacción acelerada para poner en marcha alternativas de educación a distancia, online y “on-screen”, desde las más tradicionales como la televisión educativa hasta las más innovadoras con aplicaciones para Smartphone y redes sociales. Entrados ya en el mes de abril, el énfasis en desplegar recursos que aseguraran lo que se ha dado en llamar la “continuidad del aprendizaje” dejó paso a un debate cada vez más enconado sobre cómo cerrar este curso académico y, en concreto, cómo evaluar a los estudiantes, con qué criterios decidir sobre la promoción o la repetición de curso y, en su caso, la certificación y titulación de aquellos que concluyen etapa.
A algunos – el Ministerio de Educación, por ejemplo – les preocupa especialmente no penalizar a los estudiantes con mayor dificultad para aprovechar la oferta de educación a distancia y online, y que son los más vulnerables de nuestra sociedad. A otros, sin embargo, les preocupa que una tal vez excesiva flexibilidad o manga ancha evaluadora, justificada o no por las excepcionales circunstancias, pudiera conducir a una pérdida de credibilidad del sistema escolar, al transmitirse a estudiantes y sus familias que se rebajan deliberadamente los niveles de exigencia académica y por tanto, alegan, se renuncia a valorar y recompensar el esfuerzo individual.
Al politizarse este debate en los últimos días, la opinión pública parece percibirlo, sin mayor matiz, como “aprobado general versus aquí no se regala nada”. Y ello a pesar de que ninguna de las dos posturas se presenta a sí misma en esos términos tan radicales. En definitiva, teníamos un consenso amplio sobre la necesidad de invertir los recursos necesarios en que ningún alumno dejara de aprender durante el cierre de centros, y el consenso se nos ha roto en mil pedazos en cuanto el calendario se ha empezado a acercar al mes de junio, con sus evaluaciones, calificaciones y decisiones derivadas. Aprender y aprobar siguen siendo por lo visto dos planetas aparte, dos códigos que solo se entenderían el uno al otro sobre la convicción de que la única motivación para aprender seria aprobar.
¿Es eso lo que de verdad pensamos las familias, el profesorado, los responsables políticos y la opinión pública en general? ¿Por qué ha sido tan fácil consensuar la continuidad en el aprendizaje y resulta tan difícil consensuar la continuidad en la evaluación? Algunas respuestas a estas preguntas son bien conocidas; otras no lo son tanto.
Al acercarse el calendario a las fechas de final de curso, era inevitable plantearse el problema de evaluar y calificar el rendimiento de los estudiantes. Hasta el 13 de marzo las notas de los dos trimestres cursados han de elaborarse como siempre, y también como siempre, habrá estudiantes con sobresalientes y con suspensos. Por tanto, éstos tendrían que repetir y titular de acuerdo con las normas de la legalidad vigente, con o sin pandemia. Como no es políticamente viable cambiar esas normas ahora, se pueden contextualizar, como por otra parte han hecho siempre los equipos docentes, con buenos profesionales en su seno, incluidos gabinetes de orientación, y acompañados de servicios de inspección con el suficiente conocimiento de las circunstancias de cada centro y aun de cada estudiante.
El problema sin precedentes, sin embargo, es que el curso no está acabando, aunque así lo haga parecer el calendario. El curso se ha interrumpido y solo gracias al esfuerzo tan profesional como voluntarista del profesorado (y de otros muchos profesionales de la educación) se está dando, con dificultades y desde luego no para todos los estudiantes, la continuidad en el aprendizaje de que hablamos. Los más viejos del lugar recordamos bien que, en el pasado régimen, y tanto para el bachillerato (que empezaba a los 10 años) como en la universidad, existía la matricula libre. Costaba menos que la oficial, el alumno no tenía derecho a ir a clase, y solo se presentaba en el Instituto en junio o en septiembre a examinarse. Pretender que la evaluación y decisiones derivadas se haga ahora como si este fuera un curso normal, crearía una situación no ya muy parecida a aquella matricula libre, sino que además la convertiría en obligatoria. La legalidad de esta vía seria como mínimo dudosa y, de entrada, muchos contribuyentes podrían reclamar la devolución de la cuota, parte de sus impuestos que van a sostener la educación pública y concertada. Además, los estudiantes sin acceso a la oferta online o cuyos centros y profesorado no cuenten con la preparación y recursos suficientes para trabajar a distancia y con materiales digitales, se verían injustamente perjudicados. Con la escolarización interrumpida, un posible aumento del fracaso y la repetición podría incluso llevar a muchas familias a iniciar acciones legales. Y todo eso por no hablar de aquellos estudiantes que están haciendo frente, además de al confinamiento, a la muerte de familiares muy cercanos, a la pérdida de empleo de sus padres y madres, o a la presión psicológica de la pandemia paralela de violencia en los hogares durante el confinamiento. Es el propio derecho a la educación el que esta en juego.
El trabajo realizado por los estudiantes desde el cierre de centros debe servir para recuperar o mejorar las calificaciones. Por tanto, ningún estudiante puede ser penalizado en la evaluación de este trimestre digital. En particular, para quienes no hayan podido avanzar durante este trimestre, a causa de la brecha digital, en lugar de quedar abocados a la repetición, se deben identificar, en un informe individualizado, las necesidades de adaptación y, a partir de ahí, articular un plan de recuperación a lo largo del próximo curso. Así, los conocimientos esenciales del tercer trimestre podrían abordarse adaptados, sobre todo durante el primer trimestre del curso que viene (que, a efectos académicos, debería ser al mismo tiempo el último trimestre del curso 19-20). Quienes ya los hubieran trabajado y superado, pueden ampliar sus conocimientos y habilidades, por ejemplo, dando apoyo a compañeros y desempeñando funciones de liderazgo a través de aprendizaje cooperativo en las aulas. Los equipos docentes sabrán reconocer su esfuerzo y sus nuevas habilidades, y eso se reflejará en sus calificaciones. Por tanto, desde la práctica de los equipos docentes, y desde la confianza en su profesionalidad, no es incompatible premiar el esfuerzo individual con asegurar que la brecha digital – y otras que se están abriendo con esta pandemia – no dejan a ningún estudiante injustamente atrás.
Algunos altos responsables educativos han exigido normas claras sobre repetición y titulación, para evitar que se pudiera terminar regalando aprobado general. En principio habrá que recordar que esas normas existen ya, ni más ni menos que a nivel de ley orgánica, la LOMCE, todavía vigente, y que obliga y compromete a todos (LOMCE RD 126/214 para Primaria y RD/1105/2014, para ESO y Bachillerato, modificado por RD562/2017, en donde se definen las condiciones de titulación de las etapas citadas). Recordemos pues, que ya se promociona en ESO con dos suspensos de forma ordinaria, o tres excepcionalmente si así lo decide el equipo docente. En Bachillerato se promociona hasta con dos suspensos. En cuanto a titulación, la norma en Bachillerato es que se logra si no hay ningún suspenso, mientras que en la ESO es posible titular con dos suspensos, siempre que no sean Lengua y Matemáticas a la vez. Por lo que se refiere a la repetición, la LOMCE conservó el texto de la LOE al establecer que sea absolutamente excepcional: “...solo si se han agotado todas las medidas de apoyo y refuerzo posibles". Como esas medidas no pueden tomarse ni desde luego agotarse durante el cierre de centros, hay que apostar por la recuperación en lugar de la repetición. No es solo lo más justo socialmente y un verdadero imperativo moral; también es lo que más respeta la legalidad vigente y garantiza el derecho a la educación.
¿Cuál es la novedad aportada por la Conferencia Sectorial ante esta situación excepcional? Que otorga y solicita a las CCAA “que puedan flexibilizar, de manera extraordinaria durante el curso 2019-20, los criterios de promoción y de titulación actuales, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes”. Esta propuesta no hace sino reconocer tanto la norma vigente (LOMCE, art. 28.2.), como la práctica habitual de tutores y equipos docentes cuando, al llegar el final de curso, además de la evaluación de cada materia, valoran el progreso de cada estudiante “atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes” para decidir sobre la promoción y titulación. Y si de verdad se quisiera conseguir una aplicación más homogénea de la norma para promoción y titulación, habría que avanzar en definir y establecer con claridad perfiles competenciales, como de hecho ya tiene la Formación Profesional. Pero esta tarea, aun siendo necesaria, no es la que toca en la situación sin precedentes a la que nos enfrentamos.
Solo podemos confiar en el buen sentido de las Consejerías de Educación a quienes se hace corresponsables de esta excepcional situación, y sobre todo en la profesionalidad de los claustros de profesores para que las juntas de evaluación de este año no se dejen contaminar por batallas partidistas y territoriales que poco o nada tienen que ver con la responsabilidad que se le asigna a nuestro sector. Hoy confiamos ciegamente en nuestros profesionales de la sanidad y les aplaudimos – con razón y emoción – cada día. Queremos hacer lo mismo con nuestros profesionales de la educación. Son igual de buenos.
Llegará más adelante el momento de revisar críticamente todo lo relativo a la evaluación, incluida la legalidad vigente que aquí hemos recordado. Son sin duda cuestiones clave en un modelo educativo que la pandemia está poniendo a prueba. Y será urgente contemplarlas en el marco de un Pacto por la recuperación económica y del bienestar social, en el que Sanidad y Educación sean pilares fundamentales.
EQUIPO DEL PROYECTO ATLÁNTIDA
(Coords: Juan Manuel Moreno y Florencio Luengo, que son, respectivamente, Presidente y Coordinador General del Proyecto de innovación e investigación).
Al final, decidirán los profesores. Tras una semana de polémica en la que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP se desmarcaron del pacto alcanzado entre el Ministerio de Educación y la mayoría de los gobierno regionales para cerrar el curso escolar, las consejerías díscolas han enviado sus instrucciones a los centros sobre cómo tienen que evaluar y promocionar a sus alumnos.
Versión reducida: finalmente van a hacer básicamente lo mismo. Las instrucciones que han mandado a los centros estas comunidades dejan en manos del profesorado la evaluación de los alumnos –como está reflejado en la LOMCE–, establecen que el tercer trimestre solo puede contar "en positivo" para los estudiantes y fijan la repetición como la excepción –también es la práctica por defecto en la ley–.
"Sin tener en cuenta las limitaciones"
La reunión del pasado miércoles concluyó con el acuerdo de que la promoción sería la regla para todo el alumnado salvo casos muy excepcionales, lo mismo que la titulación para los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. En ambos casos, el ministerio incluyó en el texto del acuerdo la fórmula "podrán flexibilizar, de manera excepcional (...), los criterios de promoción (...) sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de materias pendientes".
Los consejeros de Educación de Madrid, Andalucía y Murcia explicaron que esa expresión abría la puerta a un "aprobado general" que no comparten, y exigían al Gobierno un "criterio único" con la promoción y titulación de sus alumnos, para evitar que en cada comunidad se hiciera con un número distinto de asignaturas suspendidas, por ejemplo.
Pero el ministerio sostiene que no está en su mano fijar este criterio porque aparece en la LOMCE, que es una ley orgánica y como tal debe ser modificada por el Congreso. LOMCE, por otra parte, que ya establece grosso modo que se puede promocionar de curso con dos asignaturas suspendidas (tres, de manera excepcional) si no son Matemáticas y Lengua a la vez.
Así, las comunidades díscolas con el acuerdo han incluido en sus instrucciones variaciones de la expresión "la promoción y titulación deben respetar la normativa vigente" –es la que recoge Madrid– para reforzar su idea de que no habrá barra libre y se repetirá curso con tres materias suspendidas. Pero también dicen que la norma será promocionar. Al final, tanto estas regiones como en las que se han adherido al Gobierno dejarán en manos del profesorado la decisión sobre cada alumno, como siempre ha ocurrido.
"Los órganos de coordinación docente competentes adecuarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la temporalización tomando en consideración el trabajo en línea (...). Los docentes deberán ponderar las posibles carencias no achacables al propio alumnado para asegurarse de que ello no penalice su calificación. Ningún alumno debe resultar perjudicado por la modificación de los criterios de calificación programados a principio de curso", se indica en las instrucciones que ha enviado Madrid.
Reunión virtual entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas el pasado miércoles.
El consejero madrileño, Enrique Ossorio, se había mostrado particularmente crítico con la parte dedicada a la supuesta laxitud que según él introducía el texto de Educación respecto a la promoción y titulación de los alumnos. "Creemos en el esfuerzo de los estudiantes, los docentes y las familias", justificó. Sin embargo, las instrucciones de su consejería establecen finalmente que "la no promoción de curso se considerará una medida excepcional", mientras el texto del Ministerio afirma que "los alumnos y alumnas promocionarán de curso y la repetición se considerará una medida de carácter excepcional".
"Es tan genérico que pretende valer para todo y no concreta nada", opina un profesor de un instituto del sur de la región respecto a las instrucciones de Madrid. "En la parte de evaluación no separan la ESO del Bachillerato ni citan específicamente 4º de la ESO ni 2º de Bachillerato [los cursos en que se obtiene un título]. Para este viaje no hacían falta alforjas", se sorprende.
Los profesores explican que los procesos de evaluación no son estancos, en los que cada uno pone su nota y ya. Las evaluaciones implican conversaciones entre los docentes sobre cada alumno e intercambios de opiniones sobre si están preparados para promocionar o no. Dicho de otra manera: hecha la ley, hecha la trampa y fijar un número de asignaturas suspendidas con las que se puede pasar no es tan definitivo como puede parecer (con una evaluación continua no ligada al examen, un 4,5 puede ser un 5), excepto en los casos en los que la repetición es muy obvia para todos.
Andalucía amaga poco y golpea menos
Andalucía fue, entre las díscolas, la región que menos amagó y la que menos golpeó. El Ejecutivo andaluz, en manos de PP y Ciudadanos, se sumó al plante de Madrid y Murcia, que exigían al Gobierno un "criterio único" para la promoción y titulación de los alumnos. Pero sus responsables públicos, con el consejero Javier Imbroda a la cabeza, no ahondaron en el pulso político, limitándose a reclamar unas "directrices técnicas".
El envite andaluz terminó tras una conversación telefónica entre la viceconsejera Carmen del Castillo y el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, quien le trasladó que el acuerdo con las comunidades no alteraba el contenido de la ley básica, y que esta deja claro que la evaluación del alumno depende de la autonomía pedagógica de los centros y en última instancia del profesor.
Así ha quedado finalmente en el borrador de instrucciones que la Consejería de Educación ha remitido este lunes a los colegios e institutos de Andalucía. "La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de esfuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno", reza el documento. Y añade: "Los criterios de evaluación se ajustarán en cada una de las enseñanzas, de modo que la decisión de promoción o titulación tenga en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada por la pandemia".
Las instrucciones son un calco de lo establecido en la LOMCE en materia de evaluación y promoción y en los Reales Decretos que regulan los currículum de Secundaria y Bachillerato. Andalucía recuerda a los centros que tengan en cuenta el proceso completo de aprendizaje individual de cada niño, poniendo más énfasis en la adquisición de competencias en el primer y segundo trimestre, dejando el tercero (no presencial) para mejorar la nota, no para bajarla. "Se valorarán las pruebas y actividades realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva", dice el texto.
Los principales sindicatos del profesorado han apoyado el borrador de las instrucciones. Andalucía libra un pulso con el Gobierno central en varios campos, donde las competencias y la gestión de la crisis sanitaria entre ambas administraciones se rozan y saltan chispas (compra de material, recuento de contagios, financiación, estrategias de desconfinamiento…). Pero del ámbito educativo la Junta no ha hecho batalla política, ni se ha implicado personalmente el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, como sí ha hecho en otras discrepancias con el Ejecutivo central.
Murcia, en sus trece
Murcia sigue en sus trece. No quiere dar su brazo a torcer en la polémica abierta sobre las calificaciones para este curso tras la conferencia sectorial que reunió a la ministra de Educación con todos los consejeros del ramo de las diferentes comunidades autónomas, aunque la propia consejería admite que sus instrucciones recogen mayoritariamente lo que se propuso en la reunión con el ministerio.
El texto enviado a los centros educativos murcianos recuerda que se aplicará la normativa vigente salvo que el Gobierno central realice alguna modificación o establezca qué hacer en su orden ministerial. "Estamos a la espera de que publiquen esa orden", según han explicado a eldiario.es Región de Murcia desde la Consejería de Educación. Por lo demás, la instrucción priorizará la refuerzo, consolidación y recuperación de los contenidos que se han impartido de forma presencial y también deja en manos de colegios e institutos, o sus profesionales, las decisiones sobre la evaluación.
En opinión del presidente de la Asociación de Centros de Secundaria de la Región de Murcia, Raimundo de los Reyes, para no actuar con arreglo a lo establecido en la normativa vigente "debe hacerse una modificación de dicha normativa". Y, aunque considera que el documento acordado en la sectorial no tiene rango de norma básica, sí que se muestra de acuerdo con el "fondo" de la propuesta del Ministerio al respecto de la promoción, "por lo que esperamos que la administración del Estado presente alguna modificación que ampare lo escrito en la sectorial".
Este no es el primer conflicto abierto entre la Consejería de Educación murciana y el departamento que dirige Isabel Celaá, tras la polémica por el veto parental que quiso imponer en las aulas murcianas y con el que Vox presionó al Gobierno regional (PP y Cs) para apoyar sus presupuestos. La Justicia lo suspendió cautelarmente el pasado 12 de marzo. Entradas relacionadas:
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
Pese a que cinco comunidades autónomas se han desmarcado del acuerdo alcanzado para cerrar el curso porque afirman que les preocupa que los alumnos promocionen de cursos o titulen Secundaria con suspensos, esto ya se da en todas ellas
El miércoles pasado había un "acuerdo mayoritario" entre comunidades autónomas para finalizar el curso. El jueves a mediodía la frágil unidad se había roto: Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Euskadi se desmarcaron del acuerdo. Los motivos de la disensión son diferentes según el caso. Las cuatro primeras, gobernadas por el PP (con Ciudadanos en Andalucía), alegando que no están de acuerdo con el "aprobado general", aunque este no figura como tal en el acuerdo. Euskadi se distancia por una cuestión competencial.
Desde que se hizo público el acuerdo educativo la conversación en el sector se ha centrado en la evaluación, la promoción o no de curso, la titulación en Secundaria y el ínclito "aprobado general". El problema que se están encontrando los profesores a la hora de concretar, al menos de momento, es que como el Ministerio de Educación no tiene las competencias el acuerdo solo es orientativo y deja muchas cuestiones en el aire que tendrán que resolver las comunidades con sus instrucciones.
¿Se podrá titular en 4º de la ESO o 2º de Bachillerato con asignaturas suspendidas? ¿Hasta dónde llega la "promoción general" que proclama la ministra, Isabel Celaá? ¿Cuál es el mínimo de materias no aprobadas con el que se podrá pasar de curso? De momento no hay respuestas.
Parte de las disensiones se basan en que hay regiones, como Madrid o Murcia, que exigen al Ministerio que fije con cuántos suspensos se puede promocionar y titular para que no haya diferencias entre comunidades. Sin embargo, aduce la ministra Isabel Celaá, el número de suspensos con los que la promoción en la Secundaria obligatoria viene fijado en la LOMCE, que sigue vigente: son dos, con carácter general. "En ningún caso se trata de modificar la norma básica, en este caso la LOMCE, que no es una competencia del Gobierno de España, sino del Congreso de los Diputados al ser Ley Orgánica", según afirmó a este diario el pasado jueves.
Y luego hay argumentos más defendibles que otros. Decía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que acusaba al Gobierno central de "lavarse las manos" porque "ha lanzado el mensaje de que cada Comunidad Autónoma puede hacer lo que considere oportuno. Puede haber comunidades donde nuestros hijos pasen de curso con cinco suspensos y otras, como Madrid por cierto, donde no se va a pasar con suspensos (...). En Madrid, nada de pasar con suspensos".
La realidad, aparte de lo explicado que fija la LOMCE y ya se aplica en todo el Estado, es que Madrid realizó un desarrollo de la ley con el que permite, norma regional en mano, avanzar de curso con hasta cinco asignaturas suspensas. De hecho, sucede en todas las comunidades en distinto grado: el Ministerio de Educación recoge estadísticas sobre la promoción de curso con asignaturas suspendidas y Madrid la practica en cifras muy similares al resto del Estado: casi uno de cada cuatro alumnos (24,2%) promociona en 4º de la ESO con materias sin aprobar en la región. Murcia, otra de las disidentes, tiene en este apartado una tasa del 26,4% (aquí están los datos del ministerio).
¿Qué dice el acuerdo?
El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y las comunidades ofrece unas líneas de actuación generales, con más ambigüedades que certezas, lamentan los profesores. Al final, como las comunidades tienen las competencias en educación, serán ellas las que le tengan que dar desarrollo en forma de instrucciones específicas para la evaluación y promoción que tendrán que enviar a los centros.
Dicho lo cual, el documento que saldrá publicado en el BOE habla de una evaluación continua, de una "promoción general" y de que "la titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato", según se lee en la nota que envió Educación. Además se acordó que el tercer trimestre se dedicará a "la recuperación, el repaso y el refuerzo de las actividades debidamente tutorizadas".
La ministra Celaá ha intentado este viernes arrojar algo de luz sobre la cuestión. "No hay aprobado general", ha rebatido. "La repetición puede darse en función de los resultados del alumno. Podemos tener alguno que pudiendo tener las condiciones adecuadas [para estudiar] ha venido no haciendo nada en el primer y segundo trimestre y no hará nada en el tercero". Ese repetirá. Por contra, "habrá alguno que haya hecho mucho en los dos primeros trimestres, pero no podrá hacer casi nada en el tercero". A ese, ha explicado, es al que hay que aplicarle la "promoción general".
¿Qué pasa con las comunidades que se desmarcan?
Hasta como pronto el lunes, incertidumbre. Las cinco regiones que por distintas razones se han desmarcado del acuerdo alcanzado el pasado miércoles empezarán a explicar a la vuelta del fin de semana a sus docentes qué van a tener que hacer de cara al final de curso.
Sin embargo, desde el Ministerio de Educación recuerdan que aunque estemos en estado de alarma eso no significa que las leyes hayan dejado de estar vigentes, por lo que básicamente tendrán que acatar la LOMCE y seguir actuando como si nada de esto hubiera pasado. El acuerdo alcanzando el miércoles lo que hace es dar la cobertura legal a las regiones para que flexibilicen los criterios, recuerda el ministerio.
¿Cómo se evalúa, promociona y titula ahora?
Simplificado, y siempre hablando de Secundaria, la LOMCE establece que se puede pasar de curso con dos materias suspendidas (hasta tres de manera excepcional) si no son a la vez Matemáticas y Lengua (aunque incluso para esto hay excepciones, y siempre se basan en las consideraciones del profesorado). Para titular en Secundaria o Bachillerato sí hace falta tener todo aprobado, en principio (en Secundaria obligatoria puede ser más laxo según dónde).
La actual normativa vigente también establece que la evaluación será "continua, formativa e integradora" y que la decisión la toma el claustro, aunque también da poder al profesor sobre su propia asignatura.
Cómo evaluar este tercer trimestre (y todo el curso) se ha convertido en uno de los debates estrella. La ministra defiende que no se trata de un número de asignaturas suspendidas, sino de algo más general. "Estamos en las esencias, no se trata de asignaturas específicas. Se trata de evaluar al alumno en su totalidad, en su capacidad de desarrollo como ser humano. ¿Ha superado los objetivos generales de la evaluación?", explica.
Y evaluar es todo un mundo. "No es lo mismo evaluar que calificar", explica Raimundo de los Reyes, director de un instituto de Murcia y presidente de Fedadi, la federación de asociaciones de directores de instituto de España. "Evaluar es bastante más complejo que calificar un examen. De hecho, en según qué materias el examen apenas vale el 20% o 25% de la nota".
Evaluar no es un profesor decidiendo a su libre albedrío, o en función de una nota, si el alumno aprueba o no. Para la evaluación de un alumno se reúne la junta de evaluación donde se escucha la opinión de los docentes sobre cada estudiante. José Miguel Martínez, docente en el Colegio Fuente de Oro de Cuenca, recuerda además que "cada centro tiene autonomía para establecer unos criterios de promoción del alumnado que se tienen en cuenta en la evaluación".
¿Qué opinan los expertos?
De los Reyes cree que la adoptada es "la menos mala de las soluciones". Pero, añade, "ahora es necesario que las administraciones flexibilicen los criterios con los que se evalúa la promoción y la titulación, y tienen que hacerlo con rango normativo, no vale un anuncio".
Alberto Royo, profesor de Secundaria en Navarra, también opina que "la idea de que se tengan en cuenta sobre todo el primer y segundo trimestre es interesante, pero si eso significara aplicar una solución general para todos ya me genera más dudas". Royo sostiene que es necesario analizar caso por caso.
"Me parece una solución lógica, aunque está por ver cómo la ejecutamos", coincide Pilar de los Ríos, exdirectora de un instituto en Madrid durante muchos años.
Muchos profesores también creen que, más allá de las dudas que puedan tener en este momento ante la inconcreción de la evaluación, la polémica es algo artificial porque la evaluación es una cuestión que implica muchos elementos y con dos tercios de curso ya dados de manera presencial los docentes suelen tener una buena idea de cómo va cada alumno.
"Contamos con el conocimiento de dos trimestres, hemos seguido trabajando con ellos estas semanas", explica De los Ríos. Royo añade: "Ya está bastante claro qué alumnos se han hecho merecedores de tener una evaluación positiva y cuáles no, lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar esta etapa para recuperar a todos los que podamos, pero sin hacer tabla rasa". En el colegio de Martínez, en abril tienen que elaborar un documento con los alumnos candidatos a repetir. "Ya se sabe a estas alturas, esto se ve", cuenta.
El director De los Reyes lanza la misma idea que Royo y también cree que se puede hacer de la necesidad virtud con el acuerdo alcanzado. "Tenemos un trimestres en el que si lo hacemos bien podemos recuperar y a veces mejorar a algunos alumnos [que no han trabajado mucho durante el curso]. Quien quiera aprobar tiene ahora dos meses para recuperar, como si te pusieran clases telemáticas en verano".
La repetición como último recurso
Respecto a la repetición, explican los profesores, ya se intenta durante todo el año que sea la última medida. "Esto no es nuevo", se sorprende Martínez con la polémica. "Siempre ha sido así, lo que pasa es que las noticias llegan como llegan", coincide De los Ríos. Royo recuerda que "ningún profesor tiene intención de que su alumno repita, lo que queremos es que aprendan".
Este profesor de Navarra cree que el problema es de concepto y que el debate está algo distorsionado. "Valoramos el éxito o el fracaso escolar como el hecho de que un alumno promocione o no, pero un fracaso también es que un alumno promocione pero no sepa lo suficiente. El éxito es que aprenda", explica.
De los Ríos recuerda, quizá de manera un poco redundante porque ya es la tónica general, que los alumnos que tengan que repetir ahora son "los que lleven un desfase tan grande que al hacerle pasar de curso le imposibilite seguir con garantías el curso siguiente y entonces le perjudique más avanzar que repetir".
Raimundo de los Reyes desliza que, pese a que el criterio con la repetición ya es que sea la última opción, "si se sigue la filosofía del acuerdo se debería levantar la mano" con las condiciones en que se repite.
De momento solo hay declaraciones, voluntades y opiniones. También ruido y falta de unidad, al menos en la superficie, porque la ministra sigue defendiendo que todas las regiones están de acuerdo con el espíritu de lo pactado, aunque algunas se esmeren en disimularlo. Los detalles se conocerán cuando se publique el acuerdo en el BOE y después con las instrucciones específicas derivadas del mismo que desarrollen las consejerías de Educación.
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Publicado en «BOE» núm. 132, de 3 de junio de 2017, páginas 45397 a 45403 (7 págs.)
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El Consejo de Ministros aprueba rodeado de críticas el real decreto que regula los títulos de Secundaria y Bachillerato
El título recogerá la calificación numérica y una nota al pie que especifica que el estudiante "cumple con los requisitos de titulación"
La decisión contradice la postura inicial del Ejecutivo y lo que dice la Lomce: que la calificación debe ser igual o superior a cinco, aunque con dos suspensas
El Gobierno ha apurado los plazos para aprobar cómo se van a obtener desde este mismo curso los títulos de ESO y Bachillerato. Esta última regulación, a través de un real decreto aprobado este viernes en Consejo de Ministros, cierra un curso de rectificaciones, cambios y desmontaje por piezas de la herencia que dejó al actual ministro de Educación su antecesor en el cargo.
Según la norma, que cuenta ya con el visto bueno del Gobierno y entrará en vigor este sábado con su publicación en el BOE, los alumnos y alumnas podrán obtener el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con una nota inferior a cinco.
La decisión, avanzada cuando la norma era todavía un proyecto, ha suscitado muchas críticas, incluida la del Consejo Escolar del Estado, por la "circunstancia anómala" de graduarse con una nota suspensa que aparece numéricamente, como establece la Lomce e incluye también este real decreto, en una casilla en el propio título. Un borrador inicial, sobre el que el Gobierno se ha retractado, obligaba a obtener un cinco, en coherencia con el espíritu de la Lomce.
El Ejecutivo, una vez cambiado el criterio, se ha cargado las críticas a las espaldas y ha seguido adelante con la decisión de no exigir el aprobado, aunque ha apañado una solución: especificar en los títulos, además de la nota, que el estudiante "cumple con los requisitos de titulación" aunque no haya llegado al cinco.
Las cosas quedan así en un escenario similar a la anterior ley educativa, la LOE socialista. La norma, en vigor hasta que se implantó la Lomce, no obligaba a llegar al cinco de media para tener el graduado y permitía hasta tres suspensas excepcionalmente si así lo decidía el equipo docente. Esto último no tiene cabida en el real decreto del Gobierno que endurece sensiblemente este criterio.
La idea inicial de final de etapa que ideó Wert queda con esta modificación desmontada casi en su totalidad: ya no hay que aprobar una reválida para promocionar a Bachillerato u obtener el título de ESO –en su lugar, solo algunos centros harán una prueba muestral sin efectos académicos– y los estudiantes que tengan menos de un cinco de media, siempre que no tengan más de dos suspensas, podrán continuar sus estudios en la etapa postobligatoria.
Los requisitos para titular en Bachillerato no se han tocado. Y son tener una "evaluación positiva" en todas las asignaturas de los dos cursos que componen esta etapa.
