Uno de los vicios malintencionados de nuestro tiempo es el de difundir falsas verdades y establecer criterios falaces, con el objetivo de sostener una ideología afín a intereses particulares y concretos. Este vicio, por desgracia no nuevo pero sí cada vez más frecuente, lo padecen en gran medida los medios de comunicación que pertenecen a grandes corporaciones. En estos, con capitales de inversión que en la gran mayoría de casos son ajenos a la información y al noble oficio del periodismo, el tumor de la obediencia y la escritura adocenada corroe las mismas entrañas de la ética y el buen hacer periodístico, que obligado por el patrón y amenazado con el despido, siembra patrañas y desconciertos a través de sus escritos.
Un buen ejemplo de lo anterior lo hemos podido contemplar en la edición impresa del Diario Córdoba del pasado sábado. En las páginas interiores del mismo apareció un monográfico sobre Enseñanza Privada y Concertada al cual podríamos, sin ningún tipo de rubor, añadirle toda una sarta de adjetivos calificativos como falaz, apadrinado, panfletario, desinformado o manipulador. Ante estos ejercicios de trilerismo periodístico, conviene que repasemos cifras, vayamos a las fuentes fiables y enunciemos argumentos y sentencias sostenidos por hechos y realidades, al objeto de poder formar una opinión contrastada y objetiva que se aleje del voluntarismo partidario impreso en escritos como el señalado.
Que la enseñanza privada y concertada es un complemento clave en la formación del siglo XXI no es objeto de discusión, ya que dadas las políticas educativas seguidas en España en los últimos años, tanto una como otra modalidad de enseñanza han sido potenciadas y privilegiadas al calor de lobbies muy poderosos que han jugado sus bazas en este sentido. No se explica si no que nuestro país cuente con uno de los porcentajes más bajos de la UE de alumnado matriculado en la pública (68 por ciento frente al 81 de la media europea o al 95 por ciento de Finlandia), o que el 60 por ciento de los alumnos matriculados en centros privados subvencionados con fondos públicos estén en centros gestionados por la Iglesia Católica[1]. De la misma forma, se ha de tener en cuenta que el número de aulas de primaria en las escuelas públicas se ha reducido un 36 por ciento desde 1990 hasta 2016, por un 27 por ciento de aulas de primaria en la concertada; y mientras que desde el año 2000 la escuela pública ha perdido un 6 por ciento de aulas de secundaria, la escuela concertada ha visto como su número aumentaba en un 3’4 por ciento[2]. Otro dato demoledor en este sentido es el que nos dejó el año 2015, en el cual la inversión en enseñanza concertada cobró cifras de record, situándose por encima de los registros previos a la crisis, a la par que la pública sufría un recorte de 7.200 millones de euros con respecto al año 2009 (30.000 millones de euros en el acumulado[3]), cifras que se traducen en una pérdida media en el gasto por alumno de la pública de 648 euros, frente a un aumento en la inversión media por alumno de la concertada de 105 euros.[4] En Andalucía, al mismo tiempo que en la pública se perdieron más de 1.500 aulas de infantil y el profesorado menguó en un 7’6 por ciento, la concertada ganó casi 100 aulas de esta modalidad y vio cómo su profesorado se incrementó en un 2’5 por ciento. Y actualmente, muchos de los grandes núcleos urbanos de Andalucía (léase Cádiz, Granada o Sevilla), cuentan ya con un mayor número de plazas concertadas que públicas[5]. Con todos estos datos, es lógico pensar que cada vez más la enseñanza concertada y privada se está convirtiendo en un complemento clave, pero no por los motivos insinuados en el monográfico, si no más bien porque en la mayoría de ocasiones la posición privilegiada de la concertada frente a la pública queda patente ante la falta de inversión, plazas y centros públicos. Tan escandalosa ha sido la apuesta de las administraciones por la enseñanza concertada que la misma Junta de Andalucía se ha visto obligada a moderar su apuesta fuerte por esta modalidad de enseñanza, a través de la elaboración, todavía en proceso, de una normativa que recoja y arbitre uno de los aspectos más conflictivos y segregadores que aparecen en este binomio: el proceso de escolarización[6].
Otro de los grandes titulares que nos dejó el monográfico citado establece que la educación concertada cuesta la mitad que la pública. La intención de la llamada se hace evidente cuando líneas más abajo se nos dice que estos datos pertenecen al informe anual elaborado por el Ministerio de Educación. Nada como dejar al zorro al cuidado del gallinero. Para poner en entredicho esta afirmación capciosa y convertirla en mentira manipuladora basta con echar una simple ojeada a los múltiples datos y estudios que al respecto existen. Según datos de la OCU en su informe para el año 2012, una plaza en un colegio concertado costaba un 69 por ciento más que en un público[7], mientras que, según la Fundación BBVA, el gasto por hijo en un centro concertado supone a las familias el doble que en la pública[8]. De la misma forma, según datos del INE, el gasto familiar medio para alumnado de la pública es de 822 euros, frente a los 1.549 y 3.627 euros de la concertada y la privada, respectivamente[9]. ¿Qué ocurre pues con los informes, como el del Ministerio, que señalan más barata para las arcas públicas la concertada que la pública? Pues ocurre que son informes tendenciosos con grandes tergiversaciones y ocultación manifiesta de datos. A la hora de computar gastos, estos informes no tienen en cuentan hechos tan palmarios como el que la concertada apenas tiene trascendencia en las zonas rurales, pues desde el punto de vista empresarial estas son deficitarias, mientras que concentra su actividad en grandes núcleos urbanos. Basta observar en este sentido que en España existen 2.246 centros educativos privados concertados en ciudades de más de 500.000 habitantes, frente 1.441 centros públicos. En el otro lado, en poblaciones con menos de 10.000 habitantes el número de centros privados concertados es de 811, frente a los 7.660 públicos. Otro aspecto que no tienen en cuenta estos informes es la inclusividad y la atención a la diversidad del alumnado. Frente al 13’4 por ciento de alumnado que cursa programas de diversificación curricular en la pública, la enseñanza concertada sólo contempla el 6’1 por ciento; y mientras la pública acoge al 81’7 por ciento del alumnado extranjero, la privada concertada sólo acoge al 13’9 por ciento[10] (en Andalucía la cifra asciende hasta el 86’8 por ciento del total del alumnado extranjero en la pública, frente al 6’7 de la concertada y el 6’5 de la privada). La lista de errores intencionados de los que se nutren este tipo de informes es larga, pues cuestiones como la precariedad laboral de los profesionales de la enseñanza en la privada concertada, o los gastos soterrados a los que las familias de la concertada tienen que hacer frente, no son tenidos en cuenta, al igual que los señalados más arriba, lo que pone de manifiesto la ingeniería contable tras los mismos y la intención manipuladora con los cuales son elaborados.
Pero además de todo lo anterior, conviene que tengamos en cuenta una serie de cuestiones:
1.- La educación pública es la única garante de igualdad de oportunidades y derechos. En el informe sobre la segregación escolar por nivel socioeconómico en España[11], aparecido la pasada semana, nos situamos a la cabeza de la lista de países con un mayor grado de segregación en centros educativos de secundaria, siendo Madrid (vanguardia de la privatización y la concertación) la segunda región europea más segregadora en este sentido. La apuesta por la concertada conlleva la elitización de la enseñanza, la creación de guetos marginales, la aparición de brechas educativas así como la pérdida de igualdad en oportunidades de las clases económicas más desfavorecidas, lo que en un entorno de profunda crisis económica y social para la clase trabajadora provoca una ruptura social muy difícil de salvar[12]. Con este modelo de enseñanza se generan dos niveles educativos: para ricos y privilegiados, y para las clases trabajadoras y desfavorecidas[13].
2.- La educación concertada trae aparejada una privatización y mercantilización encubierta de una derecho básico recogido en la Constitución Española y en la DDHH. Al igual que ocurre en la Sanidad o con las pensiones y los Servicios Sociales, el potenciamiento de la privada concertada y el debilitamiento de la pública abre la espita del lucro privado en este campo, cada vez más trillado. Estas tendencias ideológicas tienen un nombre, neoliberalismo. En el año 2008, los colegios concertados católicos obtuvieron un beneficio neto medio de 76.000 euros por centro, y los laicos, 68.000 euros por centro[14]. Se persigue el negocio particular a costa de nuestros derechos como ciudadanos.
3.- La Iglesia Católica ostenta el monopolio de la educación concertada en España, lo cual se traduce en una educación ideologizada con un fuerte componente doctrinario. Para muestra, es suficiente con leer en la página 9 del monográfico del Diario Córdoba la respuesta que el Director del Colegio ‘Las Francesas’ da acerca de cuál es el ideario del mismo: “nuestro ideario emana de la vida y obra de Santa Emilia de Rodat…y este ideario se ha ido transmitiendo a varias generaciones…”. En un estado aconfesional como el nuestro, las administraciones no tendrían que privilegiar ni subvencionar con fondos públicos ninguna confesión o ideología.
4.- La estrategia perseguida por grupos de presión e ideologías manifiestas en determinados partidos políticos es la de socavar la labor pública en Enseñanza, Sanidad, Pensiones o Servicios Sociales, apadrinando la iniciativa privada y potenciando el desarrollo de todo un entramado empresarial en estos campos. No son fortuitas las declaraciones del presidente del gobierno, sr. Rajoy, la pasada semana animando a las familias a que ahorren para pagar pensiones y educación de sus hijos.
5.- España es el quinto país de la UE con menor gasto educativo[15] (sólo Rumania, Irlanda, Bulgaria e Italia invierten menos). El gasto en Inversión y Desarrollo ha caído en más de 500 millones de euros en los últimos 5 años; mientras que en países como Alemania o Reino Unido el gasto en inversión aumentó en los últimos años en más de un 30 por ciento, en España ha disminuido en casi un 13 por ciento, convirtiéndonos en el país de toda la UE que más ha recortado en este capítulo. La ciencia, la investigación y por ende el desarrollo económico y social en nuestro país se mueren[16].
6.- Las sucesivas leyes educativas en España han supuesto una fuerte involución en aspectos como inclusión, calidad de la enseñanza, derechos laborales, rendimientos académicos o libertades y derechos de la comunidad educativa. Sirva para evaluar esto la LOMCE, impuesta a golpe de decreto con la oposición de toda la comunidad educativa y con un amplio rechazo social.
Este artículo tiene por objeto servir como respuesta a lo publicado por el Diario Córdoba, respuesta que ha sido elaborada a partir de datos y referencias que son de acceso libre. Hubiera sido interesante poder contar con la edición digital del mismo, sin embargo y de forma incomprensible, el monográfico sólo estuvo disponible el días de su publicación en la edición impresa. Todos y cada uno de los datos utilizados pueden ser consultados en internet, sin más esfuerzo que el de investigar mínimamente y tener la paciencia suficiente que debe acompañar la labor del que escribe para opinar e informar. Y estas actividades nos consta que no le son ajenas a ninguno de los redactores del diario decano de Córdoba, pues así lo pone de manifiesto el hecho de que cada mañana, miles de cordobeses y cordobesas, entre los que me incluyo, nos asomemos a sus páginas. Por tanto, la creación de tal monográfico trufado de mentiras, datos ambiguos y enunciados falaces no puede achacarse a la impericia del periodista de turno o al encaje dentro de una ideología concreta en lo que concierne al mismo, pues incurriríamos en demagogia y populismo, palabras tan de moda. Mas bien, el que este prestigioso medio decidiera llevar en sus páginas centrales este monográfico en forma de panfleto propagandista a favor de la enseñanza privada concertada, tiene más que ver con sus páginas impares (1, 5, 9, 10 y 11), patrocinadoras de este tinglado desinformativo, en el que a razón de unos cuantos miles de euros los colegios privados concertados han empezado su propaganda de cara a la inminente campaña de escolarización. Sin embargo, convendría recordar a los mandamases del citado diario que no todo debe y puede ser mercantilismo, pues además de un código deontológico y de unas prácticas éticas que deben exigirse así mismos como periodistas, la información veraz es un derecho que como personas está garantizado por la Constitución Española[17] y por la DDHH, pero claro, esto es harina de otro costado que se convierte en papel mojado.
EN DEFENSA DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD.
Notas:
[6]http://www.granadahoy.com/granada/Educacion-refuerza-control-concertados-inversion_0_411559252.html
[7] http://www.lavanguardia.com/vida/20120907/54347144388/un-colegio-concertado-cuesta-al-ano-un-70-mas-que-uno-publico-segun-la-ocu.html#.UMxzr6GNHvo.twitter
[8]http://ultimahora.es/noticias/sociedad/2016/09/17/220740/educacion-concertada-cuesta-padres-doble-publica.html
[9]http://ultimahora.es/noticias/sociedad/2016/09/17/220740/educacion-concertada-cuesta-padres-doble-publica.html
[12]http://plataformadignidad.wordpress.com/2013/04/12/los-colegios-concertados-en-un-contexto-de-pobreza-generalizada-no-a-la-elitizacion-de-la-educacion/
Jorge Alcázar González. Profesor de Secundaria de la Pública. Colectivo Prometeo/FCSM
