lunes, 31 de diciembre de 2018

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viernes, 7 de diciembre de 2018

Calendario de acciones Marea Verde Madrid para la semana del 10 al 16 de diciembre y próximas convocatorias


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Miércoles 12  Día de la camiseta

Viernes 14

Diálogos (Manuel Menor)


“Dialogar” suele emplearse para afianzar viejos criterios

Si con la “iglesia hemos dado”, decía el Quijote a Sancho (II, IX), con la narrativa del “diálogo” eclesiástico seguimos topando en asuntos educativos.

De las muchas palabras que en los últimos 40 años han tenido un uso más oportunista, la del “diálogo” y cuanto implica para que sea leal, ha sido de las más manipuladas. Ante la posible derogación de lo más problemático que ha traído la LOMCE, el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, vuelve a invocarla en tres direcciones complementarias: la presencia de “la Religión” en el currículo,  “la demanda social” de las comunidades católicas y, sobre todo, que la “Administración pública no intervenga en la escuela concertada”. Ayer, se supone  que hablaría de ello con Pilar Celáa.

Diálogos variables
¡Bienvenidos al “diálogo”! Pero no vale apropiarse del supuesto prestigio que pueda tener todavía esta palabra sin explicar el alcance de compromiso a que se esté dispuesto. En 1965, desde un sector aperturista de la llamada “democracia cristiana”, dio nombre a Cuadernos para el diálogo, revista y editorial que, curiosamente, terminaron su andadura en octubre de 1978, en vísperas de la Constitución. Expresaba aspiraciones de sectores abiertos a las novedades que había promocionado el Vaticano II entre 1962 y 1965,  actitud que no sería asumida con seriedad y constancia por amplios sectores de la jerarquía episcopal, temerosa de la democracia interna y externa por la que se había abogado en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de octubre de 1970. La cortocircuitaron los más “carcas”, que pronto concordaron, sin embargo, con los nuevos aires que les insuflarían desde 1978 Juan Pablo II y sus peones en la Curia vaticana. Los responsables de la Iglesia en España establecieron desde entonces un cordón sanitario frente a lo que entendieron arriesgado. Para quienes vivieron de lleno esa secuencia, el paso de Tarancón por la Presidencia de la recién estrenada CEE entre 1971 y 1982 fue un ligero soplo de aire fresco, enseguida apagado por afanes bien distintos, vigentes incluso bajo el Papa actual.

De cómo las estadísticas de la Iglesia católica en España reflejen tan variable actitud dialogante con sus propios fieles, de los años sesenta hasta hoy, no hay estudios concluyentes. Lo cierto, en todo caso, es que el porcentaje de creyentes y practicantes –igual que el de eclesiásticos con responsabilidades “pastorales”- ha bajado sustantivamente. Los sociólogos de la secularización lo vienen detectando desde hace tiempo en ambos sectores, junto a un creciente grado de indiferencia en la sociedad actual que, de ser tenida en cuenta, disminuiría mucho el valor representativo que pueda tener la apelación al “diálogo” de que habla Argüello. En democracia, no es pequeño el derecho a poder expresarse, pero no basta con invocar una tradición cultural poderosa. Menos cabe su interpretación en exclusiva. La presencia de la Iglesia en la historia de España, particularmente en su vida artística y costumbres, ha sido grande, pero no deja de ser ambivalente por los paralelos abusos de poder con la población. Habrá, pues, que razonar en público, con datos y motivos de suficiente interés para la diversidad de ciudadanos, hasta dónde, en qué aspectos y con qué controles, la contribución de los católicos españoles al bien común deba ser sostenida hoy de algún modo si así lo deciden sus representantes democráticos.

¿Qué “demanda social”?
La implicación de la Iglesia en la educación española es bastante mayor que la que se ciñe a los centros concertados –no todos bajo su control-. También  en los centros públicos tiene presencia. La Religión ha variado su intensidad en el currículo, como catequesis católica principalmente, pero ha sido obligatoria en casi toda su historia. Esta pauta es difícil de justificar en democracia tratándose de una creencia particular y no de algo compartido por el común de los ciudadanos. Con un pasado de dogmatismo excluyente propio de un miniimperio dentro del Estado, un presente de privilegios no es propio de un Estado constitucional, cuya supuesta “aconfesionalidad” es fuente de contradicciones.

Más complicado todavía es justificar una “demanda social”, especial y autónoma de la decreciente comunidad de creyentes católicos, después de que el Estado ha logrado escolarizar a todo su alumnado, y más cuando el gran reto es conseguir un sistema educativo que vaya más allá de la mera escolarización y logre en igualdad una buena educación para todos.  Es esta una cuestión de derecho, no de caridad benevolente. La doble red –pública y privada- sigue propiciando múltiples discriminaciones que la Administración tiene obligación de evitar, y más cuando en un mundo de escasez, hay por medio fuertes subvenciones con dinero público. No parece que lo confesional deba servir hoy pretextos para que ese paisaje desigual siga reproduciéndose, por muy de antiguo que venga un sistema dicotómico que ni cuando monologaban desde el Ministerio de Educación Nacional modificaron: “Una cosa era ir al colegio y otra ir a la escuela”, dejaron dicho, entre otros, Gloria Fuertes o Francisco Candel.

Hora sería ya, más bien, de que contribuyeran, “en diálogo”, a cambiar a fondo esa estructura y ser más genuinos con el Evangelio que proclaman. Si el objetivo estratégico de la Iglesia católica hoy es sostener una “demanda social” distinta de la desarrollada en comunidades autónomas como la de Madrid desde antes de la LOMCE, aclárenlo y serán muy escuchados. Porque acreditado tienen un gran fervor gerencial por esta ley y sus precedentes: la LOCE en 2002 y la LOECE de 1980, aunque no fueran esas las líneas de “diálogo” y  “demanda social” del Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes. Era diciembre de 1965 y, tanto en su artículo 1 como en el 93, las alusiones a “la esperanza de los pobres” y a que la Iglesia deba “servir con creciente generosidad y con suma eficacia a los hombres de hoy”, sonaron sinceras a muchos, incluso no creyentes. Tal vez porque su música no era la de 1929 en la Divini illius Magistri, el gran apoyo doctrinal de las doctrinas educativas de los años franquistas y, en no poca medida, de los  Acuerdos pactados entre 1977 y 1979 todavía vigentes.

¿Tacticismo?
Sin más explicaciones, por tanto, estas apelaciones de Argüello al “diálogo”, además de continuistas de lo que la CEE predicaba para el “pacto educativo” de Méndez de Vigo, no pasan de tacticistas. Retratan en exceso idéntica fraseología a la de sus antecesores en el Bajo Imperio Romano, de que da cuenta Peter Brown en: Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída del Imperio romano y la construcción del cristianismo en Occidente (350-250 d.C), (Barcelona, Acantilado, 2012). Después de las elecciones andaluzas, puede que las voces de Colegios Católicos, CONCAPA, COPE y medios afines sean urgidas a modularlas de otro modo. Atentos.

Manuel Menor Currás
Madrid, 03.12.2018

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La Iglesia pelea para no perder influencia en la educación, un negocio de 4.866 millones al año (Daniel Sánchez Caballero y Jesús Bastante en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero y Jesús Bastante en eldiario.es
  • Escuelas Católicas, la organización que controla los centros de la Iglesia, atiende a 1,5 millones de alumnos y emplea a 102.000 personas
  • La Iglesia contrata, controla y despide a los profesores de Religión, pero es el Estado quien los paga; cuánto dinero público total se emplea en esta partida se desconoce
  • La ministra de Educación se ha reunido con el secretario general de los obispos para tratar sobre los centros religiosos y la asignatura, que para la Iglesia es esencial mantener
La Iglesia atiende a 1,5 millones de alumnos y emplea (aunque no necesariamente paga) a 102.476 profesionales en los 2.591 centros educativos que controla, la inmensa mayoría a través de la organización Escuelas Católicas. Dicho de otro modo, casi uno de cada cinco jóvenes escolarizados en España en etapas no universitarias (más del 18%, en concreto) acude a un colegio católico concertado.

Este porcentaje del alumnado que manejan los centros católicos, junto a los pagos a sus empleados, muchos de los cuales realiza el Estado, se traduce en que la Iglesia Católica recibe cada año 4.866 millones de euros por su labor educativa, según sus propios datos. Un bocado considerable al que no está dispuesta a renunciar.

Por esta razón, y para defender también la importancia de la asignatura de Religión en el sistema educativo, a su parecer, se han reunido este lunes el secretario general de los obispos, Luis Argüello, con la ministra del ramo, Isabel Celaá, que ya ha anunciado que esa materia dejará de ser obligatoria y por tanto dejará de contar para nota. Como ya adelantó eldiario.es, l a Conferencia Episcopal está dispuesta a negociar sobre inmatriculaciones e impuestos como el IBI, pero no quiere ceder poder en su labor educativa. En esos términos se ha desarrollado la reunión, donde la Iglesia le ha mostrado al Gobierno sus "preocupaciones".

La asignatura ganó presencia y peso cuando el PP aprobó la Lomce, ganancias que se tradujeron en un aumento del alumnado que la cursaba. Pasó a ser de obligado ofrecimiento por los centros (más profesores) y a contar para la nota media de la Secundaria, que luego sirve para la media total y que determinará a qué grados puede acceder un alumno, o a la hora de conceder o no una beca. Una porción de poder e influencia que ahora, con la propuesta de reforma de la Lomce que ha hecho el PSOE, podría verse amenazada al rebajar la importancia de la materia. Aún así, según datos de la Iglesia, el 63% de los alumnos está matriculado en Religión.


De suelo, segregación por sexo y docentes

No es que la posición de las escuelas católicas concertadas esté directamente amenazada, si se atiende a las declaraciones que Isabel Celaá ha realizado en las últimas semanas. La titular de Educación ha manifestado más de una vez que no tiene nada en contra de la escuela concertada "que cumple su función social", espacio en el que se insertarían las escuelas religiosas tradicionales agrupadas en torno a Escuelas Católicas, sino que su batalla es contra la "nueva concertada" que se dedica al "mercadeo con centros educativos".

Se refiere con esto la ministra a grupos, como grandes constructoras o empresas de servicios, que están entrando en el sector educativo con más interés en el negocio que hay en la escuela concertada (el Estado te paga por tener un colegio) que por el proyecto educativo.

Sin embargo, hay una cuestión que sí debería preocupar a algunos (los menos, según Escuelas Católicas) centros concertados religiosos. La modificación de la Lomce que presentará el Gobierno quiere impedir por ley que existan centros que segregan a sus alumnos por sexo. El exministro popular José Ignacio Wert la blindó por ley por no considerarla discriminatoria, y por la misma vía se prohibirá.

"Nuestra idea consiste en no permitir que un modelo que choca con el modelo de coeducación pueda ser generalizado y extendido, financiado con fondos públicos. La idea es conseguir que no se generalice porque creemos que atenta contra la coeducación", explicaron en su momento fuentes socialistas.

Algunos de estos centros han devuelto la financiación pública con escándalos por cuestiones educativas . Fue el caso del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid), donde como actividad complementaria el año pasado los niños acudieron al estadio Santiago Bernabéu y las niñas hicieron un taller de ganchillo. En el mismo municipio, el colegio Fuenllana, del Opus, concertado y que segrega a sus alumnos por sexo, ofrecía talleres de moda y cocina para ellas y de sistemas microinformáticos e instalaciones de telecomunicaciones para ellos, según denunció Ganar Alcorcón.

Donde Celaá sí ha puesto el foco en alguna ocasión ha sido en la cesión (gratuita, si no no sería una cesión) de suelo público para la construcción de escuelas concertadas.

Esta práctica se ha detectado recientemente en algunas comunidades autónomas como Madrid. Según UGT, entre los años 2000 y 2013 se cedieron 82 parcelas para construir este tipo de colegios. En los barrios de nuevo desarrollo, por ejemplo, es habitual que se abran más centros concertados que públicos.

No necesariamente a Escuelas Católicas, pero grupos católicos o ultracatólicos se han visto beneficiados por estas prácticas. En general, toda la escuela concertada ha sacado provecho de la implantación de la LOMCE, que garantizó la presencia de los colegios privados sostenidos con fondos públicos por todo el Estado y eliminó la característica "públicas" de la obligación de ofrecer plazas escolares para todos los niños.

Luego está el polémico asunto de los profesores de Religión. Con estos docentes se da una circunstancia cuanto menos sorprendente. La Iglesia los contrata, manda sobre ellos hasta el punto de poder despedirlos a voluntad, pero no los paga. Las nóminas de los profesores de Religión corren a cargo del Estado, según denuncia la organización Europa Laica, pero bailando al compás de la música religiosa.

Según algunos datos conocidos, la administración central se gasta al menos 100 millones de euros cada año solo en los profesores de Religión de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, los territorios sobre los que tiene control. En el resto son los Gobiernos regionales quienes tienen que afrontar esta inversión. Pero no hay datos globales.

"Los hemos pedido repetidas veces, incluso en el Parlamento a través de diputados", explica Antonio Gómez, presidente de Europa Laica. Pero nada. Vía Portal de Transparencia se ha conseguido ese dato, pero total no existe, denuncia Gómez. Según los cálculos de Europa Laica el gasto podría ascender a unos 500 millones de euros.

Este oscurantismo, unido al cambio de ley que realizó el PP y por el que la asignatura de Religión era de obligado ofrecimiento por parte de los centros, se han dado situaciones como que en Andalucía haya profesores cobrando sin dar clase en 250 centros, según admite la propia Junta.

Los módulos

En cualquier caso, la gran batalla perenne entre la escuela concertada y el Estado, o al menos la que los centros quieren dar, es el precio de los módulos, lo que la administración paga a los colegios por cada aula concertada (los conciertos no se otorgan a centros completos si no a "unidades", que viene a ser clases).

Esto se traduce en que, según la Plataforma Concertados, mientras un alumno le cuesta al Estado casi siete mil euros al año en un centro público, los centros privados sostenidos con fondos públicos reciben apenas tres mil por lo mismo: un ahorro de más del 50%.

En la cuenta global, dicen desde la Iglesia, las escuelas católicas le ahorran al Estado 19.735 millones de euros cada año, que es la cantidad que según sus cuentas le devuelven los centros religiosos cada año en forma de retorno de la inversión. Esto es: por cada euro invertido por la sociedad en un colegio católico, vuelven cuatro. De dónde sale esa cifra no está claro.

Por esta razón, la patronal de estos centros —y de toda la concertada en general— tiene como primera reivindicación la actualización de los módulos. Es el mismo argumento que utilizan para defender las cuotas ("voluntarias" siempre, según Escuelas Católicas, forzosas según han denunciado reiteradamente sindicatos y muchas familias) que piden los colegios concertados a las familias, para compensar la falta de financiación del ministerio, justifican.


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jueves, 6 de diciembre de 2018

Noticias, reportajes y entrevistas de El diario de la Educación

¡Hola!

Ya hace tiempo que empezamos este curso. Es, para El Diario de la Educación, el tercero. Como cada semana os traemos algunas de las noticias, reportajes y entrevistas más interesantes de los últimos días...


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lunes, 3 de diciembre de 2018

El Gobierno elimina de su reforma educativa que Filosofía vuelva a estudiarse en la ESO pese a pactarlo el Congreso (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es
  • El anteproyecto de reforma de la LOMCE del Ministerio de Educación no incluye el ciclo completo de Filosofía entre 4º de la ESO y 2º de Bachillerato que pactaron todos los partidos
  • Según está redactado el texto ahora, un alumno podría concluir la educación obligatoria sin haber cursado una sola materia de corte filosófico, denuncia la Red Española de Filosofía
  • El Gobierno incluirá Educación en valores cívicos en la ESO, pero asimilar esa materia a una filosófica "muestra una confusión impropia de educadores de alto nivel", según esta organización
El Gobierno no tiene contemplado cumplir el acuerdo para recuperar un ciclo de Filosofía en la ESO y Bachillerato. No lo hará según la redacción actual del anteproyecto para la reforma de la LOMCE que ha preparado el Ministerio de Educación, como denuncian desde La Red Española de Filosofía (REF), y pese a que se anunció. Educación no ha contestado a eldiario.es pese a que se ha intentado obtener una explicación desde hace varios días ni tampoco aclara si prevé hacer algún cambio que incluya la propuesta o no.

Por un lado los alumnos podrán concluir la ESO —la etapa obligatoria— sin dar una sola asignatura de Filosofía o Ética. Habrá una de Valores cívicos "en 3º ó 4º", según explicó la ministra, pero eso no es Filosofía, advierte la REF. Incluso se ha suprimido la optativa llamada Filosofía, de 4º de la ESO.

La Filosofía como tal queda en dos asignaturas obligatorias en 1º y 2º de Bachillerato. Además, o como causa del anterior, el Gobierno incumplirá el pacto por lo que Ángel Vallejo, portavoz de la REF, define como "una confusión impropia de educadores de alto nivel, al asimilar la ciudadanía (la asignatura de Valores que se impartirá) con la ética (que no se impartirá en la ESO)".

La REF, una organización que coordina a la comunidad filosófica española en su conjunto, se muestra muy decepcionada con el Gobierno y le acusa de "manipular a los docentes, engañar a la ciudadanía e incumplir el acuerdo al que había llegado todo el Congreso para recuperar la asignatura".

"El Gobierno ha vendido un relato que no es real. Dijeron que habían blindado la Filosofía tras la propuesta de Podemos que el Congreso aprobó por unanimidad, pero no es así. Solo pedimos un ciclo de tres cursos, 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato. Y aún así será menos que lo que hemos tenido nunca. Con respecto a la Filosofía, esta asignatura está peor que con la Lomce. Y no nos gusta nada la Lomce", valora Vallejo.

Desde Podemos, impulsor original del acuerdo para recuperar la materia, van a comunicar al Gobierno que no está cumpliendo el pacto alcanzado. "El Gobierno cumple a medias con lo que fue un buen reclamo por parte del Congreso y tuvo una muy buena acogida por parte de la sociedad", valora Javier Sánchez Serna, portavoz en la Comisión de Educación. "Elimina la ética de 4º de la ESO. Es verdad que incorpora una asignatura con un título similar, pero no es propiamente filosófica. De hecho, no va a estar adscrita a los departamentos de Filosofía. Tienen que restaurar de forma completa el ciclo de estudios de Filosofía", añade.

Por otro lado, se perderán cerca del 30% de las plazas de profesor de Filosofía como consecuencia de suprimir la asignatura alternativa a Religión, que era Valores Éticos.
Recuperar la filosofía sin apellidos

A mediados del pasado mes de octubre, Unidos Podemos propuso en el Congreso un acuerdo para recuperar una materia que la ley educativa del PP había cercenado en las clases con la Lomce. Se introdujeron un par de enmiendas y todos los grupos la aprobaron por unanimidad.

Al día siguiente, el Ministerio de Educación anunció que hacía suyo el acuerdo e incorporaría lo que en él se había pactado en la reforma de la Lomce que estaba preparando. La nota de Educación se centraba en que se recuperaría Filosofía como asignatura obligatoria en 2º de Bachillerato (esto es cierto), pero también afirmaba que "el Gobierno acepta así la petición, aprobada ayer por unanimidad, de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los Diputados".

Y la petición acordada obligaba al Gobierno (en el momento en el que anunció que lo asumía) a "incluir (...) un ciclo formativo en Filosofía secuenciado durante los últimos tres cursos de la Secundaria, de forma análoga a lo que sucede en otras materias". El texto añadía que "el nuevo currículum de 4º de la ESO incorporará la asignatura de Ética como materia común y obligatoria" y "se reorganizará el currículo de Bachillerato para establecer Filosofía y la Historia de la Filosofía como materias comunes y obligatorias del 1º y 2º [curso] de Bachillerato".

Un ciclo es la manera habitual de organizar una asignatura en Educación a lo largo de varios cursos. Podría definirse como un conjunto coherente de asignaturas ordenadas académica y cronológicamente, de manera que se asegure que se imparte toda la materia relevante según la edad del alumnado. Si no hay un cambio de última hora, ese ciclo no existirá.

El proyecto de reforma de la LOMCE que la ministra, Isabel Celaá, ha presentado a la comunidad educativa y a los grupos políticos recoge que "en algún curso" de la ESO todos los alumnos cursarán la materia de Educación en valores cívicos y éticos. La Filosofía como asignatura obligatoria queda para 1º y 2º de Bachillerato, tal y como expresó en su última comparecencia la ministra: "Habrá una asignatura de Valores en 3º ó 4º", dijo.

El problema es de concepto, y para los filósofos es un error. El Gobierno equipara Educación en valores cívicos y éticos a una asignatura de Ética, cuando no lo es, según los expertos de la materia. Y sin asignatura de Ética o Filosofía en 4º de la ESO no hay ciclo. No hay ciclo y, además, la etapa obligatoria concluirá para los alumnos sin haber visto una sola asignatura de la materia.

"Esto muestra una confusión impropia de educadores de alto nivel, al asimilar por un lado la ética con la ciudadanía, creyendo que la formación moral que exige la Constitución y el sentido crítico que exigen las leyes educativas está garantizado con una asignatura de valores cívicos", explica Vallejo. En otras palabras, la asignatura de valores cívicos explica el qué (hay que respetar tales valores), pero no entra en el cómo (el análisis e interpretación crítica de estos valores: por qué defendemos unos y no otros).

Y este enfoque es lo que luego permite a los políticos "instrumentalizar" la Filosofía, explican desde la REF.

"Cuando Zapatero implementó la LOE, ciudadanizó la filosofía", expone Vallejo. "Entonces, se produjo una reacción de los sectores más conservadores contra las asignaturas de nuestro departamento. El resultado es que cuando el PP llegó al poder laminó absolutamente la filosofía. La ironía es que nosotros nunca quisimos ser ciudadanizados", argumenta.

Y por si alguien tiene dudas respecto al hecho de que la materia Educación en valores cívicos no es filosofía, añaden desde la REF, solo hay que ver que la materia será impartida a medias con los profesores de Historia. "No puede ser Filosofía siendo así", razona Vallejo.

"Es como las tablas de multiplicar a las matemáticas"

"No nos negamos a enseñar Ciudadanía, e incluso pensamos que es importante, pero compararla con la filosofía es como comparar las tablas de multiplicar con las matemáticas. Son necesarias e importantes, pero se memorizan para con ellas hacer operaciones matemáticas. Ni siquiera son lo más importante dentro de la disciplina: el razonamiento matemático lo es", cierra.

Por otro lado, la REF lamenta que con la pérdida de la asignatura de Valores Éticos, que era la sustituta de Religión y por tanto cursaban el 40% de los alumnos en todos los cursos de la ESO. "Desaparecen Valores Éticos, desaparecen las optativas de 4º de la ESO... vamos a perder aproximadamente un 33% de las plazas de profesorado, es un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en toda regla", denuncia la REF.

Los profesores de Filosofía se muestran cansados: "Los Gobiernos instrumentalizan siempre nuestras asignaturas porque tienen un carga moral, una sutil carga interpretativa y porque somos un colectivo funcionarial débil. Somos conscientes de que victimizar la Filosofía cansa. Estamos cansados de cansar a la ciudadanía y no queremos insistir. Solo queremos dar clase en paz, formar al alumnado, prevenirlo contra sofismas, darles armas racionales para enfrentar la realidad económica, científica, política, ideológica, etc. Si al final se deja solo la Filosofía en Bachillerato, el alumnado que no curse esta etapa postobligatoria ignorará absolutamente todo sobre una de las disciplinas fundamentales de la cultura occidental", reflexiona Vallejo.

domingo, 2 de diciembre de 2018

Calendario de acciones Marea Verde Madrid para la semana del 3 al 9 de diciembre y próximas convocatorias



Martes 4

Miércoles 5 Día de la camiseta

Jueves 6

Viernes 7

Aniversario (Manuel Menor)

El Artículo 27 ante el 40º aniversario de la Constitución

La CE78 envejecerá más en la medida en que se ciña al nominalismo y se siga abusando del Tribunal Constitucional como tercera cámara política.

De las muchas maneras de aprender, todavía goza de prestigio, pese a estadísticas dispares, la de quienes persisten en leer. Otra socorrida manera es la andariega. Gozó de gran predicamento desde antiguo, cuando salir de donde se había nacido era casi impracticable. Hoy, moverse es fácil  con solo un clic en el móvil.

Andar y leer
Pero aprender a base de andar y viajar sigue siendo signo de distinción, porque ser viajero ha conllevado siempre posibles de tiempo, dinero y afán por entender lo que se ve. El que se mueve con un “paquete turístico” suele ser visto como alguien muy conformista: Jean Didier-Urbain lo calificó como El idiota que viaja (Endymion, 1993). Siempre cabe, en todo caso, andar y leer. Sobre todo, cuando los años  “nos han andado” y lo que se lee, casado con lo vivido, hace emerger la “experiencia”, esa síntesis en que se confunden autoridad y desesperanza.

Pronto tendremos ocasión de comprobarlo cuando comiencen -este año más solemnes por razón de su 40º aniversario- lecturas públicas de la CE78, que podremos contrastar con lo experimentado desde que existe. Habrá gran variedad de cuestiones que asaltarán a la diversidad de lectores. A la desigualdad de acceso se añade, como en casi todo lo relacionado con lo cognitivo, la desigualdad de uso. Muchos se agarrarán a lo escrito como a algo solo interpretable al pie de la letra y sin contexto.  Difícil será para otros que lo vivido estos años no les haga ver obsoleto el texto en bastantes de sus artículos. El riesgo de esclerosis existe tras 40 años, acunado por la aquiescente conformidad de los congresistas y la aquiescencia de los jueces constitucionales turnantes.

Tómese lo acontecido con la Educación, materia en que el artículo 27CE es principal. Pactado para permitir versiones alternantes, ha producido un sistema en que la igualdad de acceso y de uso de lo educativo por todos los españoles sigue siendo,  después de 40 años, aleatoria. Indirectamente, lo acaba de mostrar la huelga del profesorado –última en una larga cadena-  que, con otros servicios públicos, ha desmentido en Cataluña que ni el procés ha podido ocultar cómo se ha laminado la atención a todos. Y como complementaria acusación frente a lo que proclama otro artículo constitucional, el 47, el suicidio de esa mujer de 65 años ante su desahucio, en el centro de Madrid, ha sido bien expresiva.

Interpretar
No debieran conmemorarse estos 40 años sin ver cómo haya sido traducido el 27CE en las Autonomías, instituciones teóricamente próximas al ciudadano en que, pese a ello, puede ser minimizado el alcance de los preceptos constitucionales. En asuntos educativos, la de Madrid ha sido pionera, sobre todo desde 2003, en esta labor. Para darle cumplimiento, desde la Consejería de Educación de Gallardón, Aguirre, González, Granados, Cifuentes y, ahora mismo, Garrido, solo se han guiado por cómo lo tradujo la LOCE en 2002  y, desde 2013, la LOMCE. Elevaron al rango de ley orgánica los artificios con que pregonaban a sus votantes que solucionaban un asunto vital, cuando más lo orientaban hacia el negocio particular y las privatizaciones.

Léanse, pues, en paralelo con la Constitución, las notas de prensa, discursos y gestión diaria de estos personajes y sus adláteres, y se tendrá la estrategia interpretativa que las comunidades educativas han tenido que sufrir en el día a día de sus centros. Cómo recortaron los presupuestos para la educación pública: la disminución de su profesorado, la elección a dedo de sus directores, el aumento de las ratios de alumnado por aula o la desatención a los más necesitados de tutoría. Cómo redujeron las becas de libros de texto y comedor, eliminaron las rutas escolares, cerraron los bachilleratos nocturnos o  suprimieron el ciclo 0-6 en las escuelas infantiles públicas. Y, en paralelo, cómo frenaron la demanda de plazas en centros públicos con tácticas diversas, regalaron solares de los ayuntamientos a empresas privadas o utilizaron “cheques escolares” para potenciar las redes de colegios privados. O cómo para privilegiar a las élites cercanas a cuenta de los derechos legítimos de la ciudadanía,  hicieron gala de prepotencia agresiva atacando a  las personas, asociaciones y sindicatos discrepantes de sus políticas educativas. Y, para colmo, mientras pagaban para que se manipulara su propia imagen personal en los medios, etiquetaban a los profesores de vagos, a los padres y madres de irresponsables y al alumnado de delincuentes en potencia…

Tan sistémica interpretación del artículo 27CE en nada reparó; ni siquiera en  sórdidas prácticas que siguen bajo investigación judicial. Pero el resultado es que  “la  calidad” hoy legalmente vigente en el sistema educativo español –el escolar y el universitario- obedece a las restricciones que impusieron para “mejorarlo”. Cuando el equipo de Celáa se apunta a derogar lo más controvertido de la LOMCE, no debiera olvidar que, amén de otros más conocidos, son estos los “valores” que nutrieron su articulación. Tampoco debiera obviar que quienes en los centros públicos decidieron resistir durante estos quince años últimos, no dejan de preguntarse para quién laboraban como selectos zipayos estos políticos tan bien organizados, pagados con el dinero de todos.

¿Aprender?
En vísperas del 06.12.2018, aniversario estricto de la CE78, la cuestión ya no es tanto, aunque también, cómo se deroga la LOMCE con más o menos celeridad y eficacia, o si se revisa el art. 27, sino cómo se logran disminuir -hasta su desaparición si fuera posible-, estas mixturas entre absolutismo despreciativo y gratuito rencor que el común de los administrados ha padecido como si fueran seres inferiores.

Una larga tarea, con mucha historia detrás. Pero lo acontecido estos años no ha sido en vano y, para afrontar con tino los problemas comunes que puedan descarriar a una democracia sana,  no basta con mirar para otro lado o pasar página. Al menos, no deberíamos perderlo de vista en la conmemoración de estos 40 años, el futuro de otros 40 anteriores sin partitura constitucional.

Manuel Menor Currás
Madrid, 01.12.2018

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