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miércoles, 2 de abril de 2025

La Comunidad de Madrid quiere fijar por ley que no aportará más del 70% del presupuesto de las universidades (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • La Consejería de Educación pide a los rectorados que busquen otras vías de financiación y abre la puerta a que los centros creen fondos de inversión en su búsqueda de recursos alternativos

27/03/2025

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso quiere fijar por ley que su aportación a la financiación de las universidades públicas de la región no superará el 70% del total en el mejor de los casos. El resto lo tendrán que buscar de otras fuentes, según figura en el borrador de ley universitaria que ha elaborado la Consejería de Educación.

Más información:

“Corresponsabilidad de las universidades en la obtención de recursos para su financiación, que implicará un compromiso de incremento gradual de sus ingresos a través de fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid”, se lee en el texto.

A cambio de recortar su inversión y asegurarse de que nunca subirá demasiado, la Consejería permitirá a los rectorados “constituir fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos”, para lo que levantará la mano con los controles que impone la normativa.

Actualmente el Ejecutivo regional financia alrededor del 80% del presupuesto de las universidades, una cantidad que los rectores llevan meses denunciando que no les da ni para cubrir las nóminas.

El borrador, que está previsto negocien los rectores con el consejero Emilio Viciana este jueves, dibuja un modelo de financiación plurianual con tres patas: la financiación básica (la transferencia corriente que supone el grueso del presupuesto universitario), las necesidades específicas (partidas para el mantenimiento de los campus, etc.) y los objetivos, un modelo que los mandatarios universitarios vienen reclamando hace tiempo, como tienen otras comunidades autónomas, porque les permiten conocer los ingresos a medio plazo y así planificar algo su actividad.

También se incluye una salvaguarda para la Comunidad de Madrid por la que se reserva la capacidad de “revisar y adecuar” los pagos en el caso de que el Gobierno “incurriera en un déficit superior al doble del previsto”. O sea, si el Ejecutivo lo hace mal, lo pagan las universidades.

El texto no habla de cantidades ni menciona siquiera el 1% del PIB que contempla como financiación mínima la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la norma superior a esta y que la ley madrileña no puede contradecir.

“No puedo reponer jubilaciones”

El documento desgrana cómo será cada una de las patas de la financiación. De la básica dice que “está destinada a garantizar el normal funcionamiento de las universidades con un nivel suficiente y homogéneo de calidad”. La afirmación es difícil de sostener si se tiene en cuenta que actualmente, con una partida superior al 70% que se quiere poner ahora como tope, las universidades apenas cubren gastos.

La rectora de la Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, lo explicó en un acto que juntó a los seis mandatarios de centros públicos de la región para protestar por su situación. “El 80% de los ingresos generales va a pagar el capítulo 1 (personal). El 15% lo empleamos en abrir los edificios, en poner la calefacción. Nos queda un 5% (de 200 y pico millones de euros) para todo lo demás. Esto significa que con un crecimiento vegetativo del capítulo 1 ya no puedo reponer las jubilaciones, ahí ya estoy recortando. Por supuesto, no hay capacidad de crecimiento o expansión, de pensar en nuevos proyectos de titulaciones, en centros de investigación, etc. Estamos en un momento en el que la dificultad es mantenernos, no ya mejorar. Estamos en riesgo”.

En cuanto a la financiación por objetivos, que se revisará cada cinco años, continúa la propuesta de la Comunidad, “se establecerá en función del cumplimiento de objetivos estratégicos que se hayan fijado en los contratos­-programa a suscribir entre la consejería competente en materia de universidades”.

A la hora de fijar los objetivos que, de cumplirse, aporten financiación extra, 
el Gobierno podrá tener en cuenta los "mejores usos académicos", 
que incluyen la endogamia o el éxito laboral del alumnado

Pero, añade, a la hora de fijar los objetivos se tendrá en cuenta lo que el texto llama “los mejores usos académicos”. Estos incluyen, según detalla la Consejería en el texto, una menor endogamia (medida en el porcentaje de personal docente e investigador que leyó la tesis en la misma universidad en la que está contratado); la aprobación de medidas “adecuadas para el fortalecimiento de la objetividad, y de los principios de libre concurrencia, mérito y capacidad, en los procesos de selección de personal”; el “nivel de inserción laboral contrastado de los egresados y la calidad del empleo obtenido por estos” (una medida que prima los grados con más salidas laborales); “el número de patentes licenciadas”; o el “fomento de las pruebas de admisión para aumentar la exigencia y prestigiar determinados grados como Educación Infantil y Primaria”, una medida que ya existe en algunas universidades de Catalunya.

La Comunidad también quiere ahorrarse de año en año los fondos que no se utilicen: “Se podrán detraer de los importes a transferir en el siguiente ejercicio una cuantía equivalente a las partidas transferidas que no hayan sido ejecutadas para la finalidad para las que se libraron”.

Los fondos

Otra de las novedades de la propuesta del Gobierno regional es que permitirá a las universidades crear fondos de inversión “para obtener recursos”, según se lee en el apartado Nuevas formas de financiación.

Para facilitar este instrumento, que podrá estar tan dotado como cada universidad decida, la Comunidad levantará la obligatoriedad de que el Gobierno emita autorizaciones ad hoc. Bastará con que “la universidad constituya una oficina dotada con personal especializado y con la formación adecuada, dedicados a su gestión”.

José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, recordó hace unos días respecto al borrador que “la captación de fondos no es una novedad”, que las universidades ya lo están haciendo y “esa parte” le parecía bien. “Pero no puede ser la base de la financiación de universidades públicas”, advertía.


Más información:

Este diario ha preguntado a varias universidades, pero por el momento han declinado manifestarse a la espera de la reunión del jueves con el consejero Viciana. Según fuentes conocedoras de la negociación entre los rectores y la Comunidad, el político espera las opiniones de los mandatarios sobre la propuesta. El Gobierno regional guarda silencio.

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viernes, 24 de febrero de 2023

Ayuso aumentará un 15% el presupuesto para colegios concertados (Fátima Caballero para eldiario.es)

Artículo de Fátima Caballero para eldiario.es
  • La Comunidad de Madrid incrementará progresivamente en 21,7 millones de euros las partidas para gastos de funcionamiento y para la contratación de personal no docente de los centros educativos concertados
16 de febrero de 2023

La Comunidad de Madrid incrementará un 15% el presupuesto para los centros educativos concertados. En concreto, para las partidas para gastos de funcionamiento y para la contratación de personal no docente. “Vamos a multiplicar los recursos”, ha asegurado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso durante la celebración de la II Asamblea de directores de escuelas católicas de Madrid. Para Ayuso, se trata de una “apuesta de la Comunidad de Madrid por garantizar la libertad de elección” de las familias.


En cuanto al incremento de la partida para gastos, que se hará de manera progresiva explican desde el Ejecutivo regional, serán 21,75 millones de euros hasta alcanzar 175 millones para financiar los costes de funcionamiento, así como la capacidad personal de administración y servicios y de personal complementario (DUEs, fisioterapeutas, técnicos integradores Sociales, cuidadores, intérpretes de lengua de signos, logopedas…).

Ayuso también ha avanzado que ya se está tramitando la licitación de dos nuevos colegios concertados en Madrid: los primeros desde 2013. Uno estará en la zona de Valdebebas, y el otro, en Villa de Vallecas, por los que el Gobierno regional junto al Ayuntamiento de la capital ha cedido terrenos públicos gratuitos.

La presidenta ha asegurado que la Comunidad de Madrid está “redoblando esfuerzos para defender lo que hoy hace próspera y libre a esta región de todos”. “Lamentablemente el modelo educativo basado en el saber, el estudio y la libertad que defendemos en la Comunidad de Madrid está bajo la más seria amenaza que se recuerda en democracia y lo está también la libertad de elección educativa que se ha pretendido liquidar con la última ley que priva a los niños y jóvenes de su herencia cultural y de la igualdad de oportunidades”, ha dicho Ayuso en referencia a la última ley educativa del Gobierno central que trata de primar la educación pública.

Ayuso anuncia este aumento de la partida para gastos de los centros educativos concertados mientras niega más recursos para la sanidad, porque dice, no tiene dinero. Madrid es la región más rica pero la que menos dedica a sanidad por habitante.

Puedes leer el artículo completo en eldiario.es

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viernes, 30 de abril de 2021

Madrid invierte hoy en Educación un 18% menos que en 2009 pese a que su PIB ha subido un 16% (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • La comunidad dedica al sector educativo un 2,26% del PIB frente al 4,21% de media a nivel nacional; mientras el Gobierno regional es el que menos dinero público dedica a la Educación en términos relativos en toda España, las familias madrileñas son las que más gastan
29 de abril de 2021

Aunque para según qué siempre hay dinero, Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en Educación de toda España. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso dedica al sector un 2,26% de su PIB, según el informe 10 años de degradación de la enseñanza pública en Madrid (2009-2018), presentado este jueves por CCOO, la cifra más baja no solo de este país, sino de toda la OCDE. La media nacional es del 4,21%. Está comúnmente aceptado que el 7% es la cifra ideal –que prácticamente ningún país alcanza–.

Además, en los últimos diez años este indicador –utilizado habitualmente para comparar la inversión en Educación entre diferentes territorios– ha caído un 18,1%. Este comportamiento descendente se asemeja al del resto de España, aunque la caída es algo mayor, de un 18,1% frente al 16,5% de media. Y contrasta con otro dato: el PIB total madrileño ha subido en el mismo periodo un 16,3%. La riqueza global sube en Madrid, el dinero que proporcionalmente se dedica a Educación baja.

Hay más datos que dibujan un panorama “desolador” en la comunidad, en palabras de Jaime Cedrún, secretario general de CCOO Madrid. En 2009, la comunidad dedicaba el 28% de su gasto total a la Educación. Diez años después esta cifra es del 22,5%.

Pero no todas las partidas han sufrido una evolución similar en esta última década. Pese a que la inversión total es inferior hoy que hace diez años, el gasto en conciertos sí ha subido, pasando de 869 millones en 2009 a 1.018 millones de euros en 2018, un aumento del 17,1% que casi duplica al nacional. En el conjunto de España la evolución del gasto en conciertos ha seguido la misma línea, también ascendente, aunque en magnitudes inferiores (de 5.850 millones a 6.276 millones, un 7,1%).

CCOO denuncia los caminos contrarios que llevan una y otra partida. Según el sindicato, y pese a que en conjunto el gasto para enseñanzas no universitarias ha subido en 67,3 millones de euros en diez años –a diferencia de la media española, además–, cuando se desglosa se observa el comportamiento diferente de los presupuestos: el sistema público ha ganado 90.000 alumnos en una década pero perdido 81,7 millones; la escuela concertada ha ganado 64.000 alumnos y ganado 149 millones de euros.

Todos estos datos contrastan, sostiene Isabel Galvín, secretaria general de la sección educativa de CCOO en Madrid, con el hecho de que mientras las partidas de gasto público caen y dejan a la región a la cola de las diferentes tablas, la comunidad sí lidera la clasificación de gasto privado familiar. En el periodo analizado, este ha subido un 31,7% mientras que a nivel nacional, donde también asciende, lo ha hecho un 10,2% (incluyendo el dato madrileño, que tira de la media hacia arriba).

“Este conjunto de datos describe una situación que tiene, como única explicación objetiva, la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que limita de forma consciente los recursos financieros existentes, y su desprecio total por los servicios públicos de calidad”, lamenta el sindicato.

jueves, 22 de abril de 2021

4.727 euros o la educación como negocio (Jesús Maraña para INFOLIBRE.ES)

Reproducimos este artículo publicado en INFOLIBRE.ES

Una cifra aislada, sin apellidos y sin contexto, nos dice entre poco y nada. Madrid dedica 4.727 euros a cada estudiante no universitario en la enseñanza pública. ¿Es poco? ¿Suficiente? ¿Demasiado? Para entendernos, es la comunidad que menos gasta por alumno, a pesar de ser la más rica de España en PIB (ver aquí). Mil euros por debajo de la media nacional, que está en 5.779 euros según las últimas estadísticas (que diría Dámaso Alonso).

El primer apellido de este número aislado se llama "concertada". Ahí sí que han demostrado músculo los gobiernos conservadores madrileños de los últimos 25 años. Si el "gasto" (ojalá lo creyeran inversión) total en educación ha subido entre 2009 y 2019 un raquítico 1,3%, los recursos públicos dedicados a los colegios concertados y las subvenciones a los privados han crecido un 26,6%. Para alegría de la Iglesia católica y sus organizaciones religiosas, propietarias de una cuota importante de los conciertos (ver aquí).

El segundo apellido es "negocio". Desde primaria hasta la universidad y más allá. Cuando dicen "libertad" se refieren de facto a su libertad para exprimir hasta el último euro del presupuesto común para beneficios privados. ¿Cómo si no se justifica que Madrid acumule más de un tercio de las universidades privadas de toda España, camino de duplicar el número de centros públicos? En este año y medio de legislatura, el único proyecto de ley en materia de enseñanza llevado por Ayuso a la Asamblea, y aprobado en lectura única (a toda prisa) con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, es el que adjudica otra licencia más para otorgar títulos universitarios, ahora a beneficio de una empresa del Grupo Planeta de Agostini. "Maldita la gota que se desperdicie", que diría el Lazarillo.

 

jueves, 31 de diciembre de 2020

La década perdida en el sistema educativo: de aquellos recortes, esta brecha (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 Publicamos este reportaje de ELDIARIO.ES

Ha tenido que desatarse una pandemia para que quedara al descubierto lo que algunos ya venían advirtiendo desde hace tiempo: España es un país de grandes desigualdades socioeconómicas. Y, en el campo de la Educación, ha tenido que ser la escuela pública la que diera la voz de alarma: nuestro sistema educativo, la mejor herramienta –en teoría– de compensación social, no está llegando a todos.

El cierre de los centros educativos en marzo llevó a los periódicos y telediarios casos como el de la familia de Fali, vecina de un barrio humilde del sur de Madrid: cinco miembros conviviendo en 30 metros cuadrados y con un solo punto de acceso al mundo virtual; un móvil que padre e hijo usan por turnos para cumplir con sus respectivas obligaciones. En el caso del pequeño, este dispositivo se convirtió durante el estado de alarma en su única ventana a la educación.

Esta brecha digital no es anecdótica, sino un síntoma más de la brecha social que sigue dejando atrás a los estudiantes que más recursos y atención merecen. La familia de Fali, además, pertenece a la etnia gitana, una minoría especialmente vulnerable en el que el 79% de los hogares no tiene ordenador en casa y el 89% sufre pobreza infantil, según el Secretariado Gitano. Para Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en un instituto de la sierra oeste de Madrid, es precisamente esta brecha social contra la que la escuela pública debería ser el más potente mecanismo corrector.

"Cuando hablamos de escuela pública, hablamos principalmente de justicia social y de cohesión social. Entendemos la justicia social como el mecanismo fundamental de reparación de desigualdades. La escuela pública debe favorecer las políticas de equidad, dar más a quien menos tiene. Cuando nos referimos a la cohesión social, hablamos de que cada aula debería ser un reflejo de la heterogeneidad social. Del origen geográfico y cultural, de las creencias religiosas o no... Y eso, hoy, no se da", argumenta.

Para entender la situación actual, hay que remontarse al menos a 2009 y, sobre todo, al 2012, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto 14/2012 que imponía unos recortes sin precedentes en nuestra democracia. Ese año, al calor de la crisis que empezó en 2008, la escuela pública recibió un golpe del que todavía no se ha repuesto. En 2020, cuando por fin estaba el sistema empezando a reparar aquel estropicio diez años después, asumiendo una larga década perdida, ha llegado el coronavirus y se ha hecho evidente para la población en general –quienes trabajan dentro del campo de la Educación ya lo tenían claro– que los recortes no salen gratis.

"La caída de las becas, las ratios, el desmantelamiento de las plantillas y los departamentos de orientación, que proveen de orientación psicológica, pero también median entre niños, han dejado a los más vulnerables desatendidos", explica la profesora Jover. "Se ha ido procediendo a la voladura de todo lo relacionado con las políticas de equidad".

Historia de un tijeretazo

España, a diferencia de otros países de su entorno, decidió afrontar la gran recesión de la década de 2010 recortando en servicios públicos. Se quitaron fondos a la sanidad y a la educación pública en toda su extensión, desde Infantil hasta la Universidad. El gasto total en Educación todavía no se ha recuperado: pasó de un máximo histórico en 2009 de 53.895 millones de euros a 44.789 millones en 2014, una caída del 16,9%. El pasado curso, la partida fue de 50.807 millones, aún por debajo de la que había en 2008, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

El descenso en los fondos se tradujo, entre otras cosas, en un empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes. Los profesores, esos privilegiados, pagaron su parte de la crisis. Como colectivo, se calcula que desaparecieron unas 30.000 plazas. Los profesionales de refuerzo y apoyo educativo se llevaron el peor golpe: Pedagogos Terapeutas (PT) y especialistas en Audición y Lenguaje (AL) desaparecieron de los centros. A nivel individual, todos los docentes sufrieron recortes salariales (desapareció la paga extra y se congelaron los salarios) y hubo un empeoramiento generalizado de sus condiciones laborales. Los interinos perdieron derechos adquiridos, como que se les pagaran las vacaciones de verano. Los trabajadores con medias jornadas –con sus medios salarios– casi se duplicaron, pasando del 5% al 9%. Además, puesto que había menos profesores para el mismo alumnado, a los docentes se les aumentaron las horas lectivas.

La peculiaridad de la respuesta española a la crisis es que mientras el sistema público sufría los recortes, las escuelas concertadas apenas los notaron. Si entre 2008 y 2018 el sistema público ha perdido un 5,8% de financiación, los centros de "iniciativa social" –ese término amable que engloba a empresarios e Iglesia, dueña de dos tercios de los colegios de gestión privada que reciben fondos del Estado– rebotaron tras un pequeño descenso inicial, para acabar ganado un 11,6% de fondos.

Escuela de ricos, escuela de pobres

Si la escuela pública es –debería ser– equidad y justicia social, la concertada y la privada representan, en la mayoría de los casos y con nobles excepciones, la segregación. Los estudios más recientes sobre esta cuestión apuntan todos una tendencia inequívoca. De acuerdo con el informe Diferencias Educativas Regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie de investigaciones educativas, el reparto de alumnos sigue en España una lógica muy clara en función de la titularidad de los centros. Hay una escuela para ricos y otra para pobres: los públicos asumen "casi en exclusiva" la formación de estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables; mientras que los privados, tengan o no concierto, apenas reciben al alumnado de extracción humilde. En cifras: la escuela pública tiene un 60% de estudiantes de entornos medios y un 33% con pocos recursos. En la privada estos datos son el 27,1% y el 7,5%, respectivamente, con un 65,4% de alumnado privilegiado. 

Frente a este escenario general donde se repiten ciertos patrones en la distribución de los estudiantes según su origen socioeconómico, cabe también apuntar que, en la España de las autonomías, las realidades educativas difieren por comunidades. Así, cuanto más rica es una región, más escuela concertada tiene: País Vasco, Madrid, Navarra y Catalunya son, por ese orden, las que más porcentaje de alumnos tienen en la concertada y más porcentaje de su gasto educativo público dedican a estos centros.

¿Por qué es esta una cuestión crucial en lo tocante a las desigualdades educativas? Porque los entornos influyen de manera decisiva en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. "Son claramente relevantes para sus resultados educativos, tanto en término de competencias alcanzadas como del ritmo de avance de los estudios", escriben los investigadores de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie. Los círculos viciosos.

"Libertad" vs. "beneficio"

En Orcasitas, al sur de Madrid, Fali y su familia son el reflejo de las consecuencias de estas dinámicas. Al cerrar los colegios por la pandemia, la falta de recursos de la familia mostró su lado más implacable. Cuando la tarea empezó a llegar en forma de enlaces y adjuntos en correos electrónicos, el niño, que comparte el único móvil familiar con el padre, se empezó a quedar atrás; la situación se ha visto subsanada, en parte, por la dedicación y compromiso del cuerpo docente que lo atiende este curso. Los profesores han realizado jornadas interminables, con disponibilidad 24/7 para llegar a todos sus alumnos y tratar de minimizar el impacto del confinamiento entre los más vulnerables.

"No tenemos internet en casa y no me llegaban los emails. Conseguí contactar con la maestra para que me los mandara por Whatsapp, utilizando el móvil con los datos de prepago", cuenta la madre de la familia. "Y así hemos estado. Todos los otros chicos tenían tabletas o impresoras, según contaban las madres en el grupo. Y da mucha impotencia ver que tu hijo no cuenta con esos medios, que no está al nivel de los demás, y te preguntas por qué la vida te ha golpeado así".

El de la familia de Fali puede parecer quizá un caso extremo en el que se junta todo: una familia con muy pocos recursos, perteneciente a una minoría étnica cuya plena inclusión en el sistema educativo nacional sigue pendiente, y vecina de la Comunidad de Madrid, una de las regiones que más ha apostado y ha favorecido a la escuela concertada de toda España. (Esperanza Aguirre, la presidenta regional que puso en marcha el sistema que hoy rige en la comunidad, argumentaría para defender su apuesta por la concertada que el artículo 27 de la Constitución ampara la libre elección de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos).

Enrique Díez, profesor de la Universidad de Castilla y León y responsable de Educación de IU, cree que donde dicen "libertad" se refieren a "beneficio". "Lo privado siempre introduce un elemento fundamental: piensa en el beneficio de quien invierte. Nadie invierte en un centro educativo si no quiere un beneficio. La Iglesia, que tiene el 63% de lo concertado, dice que no hace negocio. Yo digo: no hace negocio económico, hace negocio ideológico".

La Universidad no es ajena

Si alguien sabe de beneficio económico en la educación son las universidades privadas. Solo entre 23 de ellas, de las 37 existentes actualmente, ganaron 1.700 millones de euros en el curso 2018-2019, con una rentabilidad media del 9,4%. La educación superior no ha sido ajena al proceso privatizador del sector vivido en España, que se ha dado casi en paralelo al de las etapas obligatorias.

En los últimos meses, el sector universitario privado español ha vivido el desembarco de fondos de inversión internacionales, que han adquirido los campus madrileños de la Universidad Europea o la Alfonso X El Sabio por 1.100 y 770 millones de euros, respetivamente. La educación obligatoria también ha vivido este proceso con la compra de algunos privados, ejemplificados en el caso de los colegios Laude: adquiridos entre 2006 y 2014 por los fondos Dinamia y N+1, fueron revendidos a International School Partnership ese año por entre 35 y 45 millones de euros, según se publicó en prensa. A día de hoy, Colegios Laude S. L. Tiene una facturación anual de 46,8 millones de euros y un resultado de explotación de 3,6 millones.

Históricamente, en el país habían existido cuatro centros privados universitarios: Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontifica de Salamanca y la Universidad de Navarra. Hasta que llegó la LOU del PP en 2001 y empezaron a multiplicarse. A principios de los 90, apenas surgieron unos pocos nuevos. En 1995 eran siete; para 2004, habían aumentado hasta 22. Diez años más tarde, pasaron a ser 33. La aprobación por parte del Gobierno de Aznar de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) incluyó dos decretos que regulaban, por primera vez, los requisitos que debían tener los centros privados de nueva creación. Con un marco legal que los igualaba a las universidades públicas en su capacidad de expedir títulos superiores, estos empezaron a proliferar.

Paso a paso, el sistema fue impulsando a la privada. La reforma del espacio europeo de educación superior (el plan Bolonia), que se implantó en España en 2007, dotó a los másteres de una importancia casi similar a los grados. Además, entre 2008 y 2015 la crisis se llevó por delante el 20% de los ingresos totales de las universidades, según el Observatorio del Sistema Universitario catalán. Para compensar esta caída de la financiación estatal, se subieron las tasas públicas un 31% de media, de modo que los precios, al menos para las familias, se acercaron a los de las universidades privadas.

En paralelo a este proceso, el ministro José Ignacio Wert cambió el sistema de becas: introdujo los requisitos académicos a la hora de obtener una ayuda, rebajó la cuantía de los importes que se concedían y estableció un umbral máximo de renta para obtener una beca íntegra tan bajo (una familia de cuatro miembros con ingresos superiores a 13.909 euros anuales quedaría fuera) que muchos estudiantes se quedaron sin ayuda o, habiéndola conseguido, tuvieron que devolverla porque no conseguían cumplir con las notas mínimas exigidas. El resultado fue que decenas de miles de jóvenes (los rectores calcularon que unos 40.000) tuvieron que dejar sus estudios. 

De aquellas apuestas, estas pérdidas

Muchos expertos explican estos movimientos rebobinando hasta 1989. A finales del siglo pasado, tras ocho años de Ronald Reagan y diez de Margaret Thatcher, el mundo vivió un cambio de paradigma. El lobby empresarial europeo publicó entonces el informe Educación y Competencia en Europa, que incluía la siguiente afirmación: "La educación y la formación (…) se consideran inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro empresarial".

Los grandes grupos de presión recogieron el guante y se pusieron en marcha. En 1998, Glenn R. Jones, presidente de Coca-Cola, comentaría tras un encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education: "Desde el punto de vista del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y de mayor crecimiento".

Especialmente clarificador resulta un escrito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), un ente hoy convertido en referente sobre políticas educativas para los Gobiernos gracias a su examen PISA. En 1996 la OCDE ya era consciente de la dualidad del nuevo mercado laboral que estaba gestándose: las empresas no iban a necesitar tantos trabajadores con formación. Pero entendió también que esta no era una idea fácil de vender, así que uno de sus analistas, Chistian Morrison, sugirió: "Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje (…). Sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población".

Justamente debido a la implantación del estado de alarma para atajar la primera ola de la pandemia, la presencia de grandes multinacionales en el sector educativo a todos los niveles se ha acelerado y se ha hecho aún más tangible. Google, Microsoft o HP han entrado en casi todas las aulas al hacerse virtuales como un remedio urgente al cierre de los centros educativos sobrevenido en marzo. Llamativo es, de nuevo, el caso de Madrid. La plataforma de la Consejería que debía articular la enseñanza a distancia, EducaMadrid, se colapsó prácticamente el primer día del confinamiento en primavera, dejando a los centros sin alternativas reales: o acudían al mercado (Google Suite ha estado entre las favoritas) o no había manera de dar clase a distancia. Esta cuestión trae aparejada un debate sobre la privacidad y la gestión de datos aún incipiente. Hasta ahora, las plataformas de las grandes tecnológicas se han utilizado como herramienta complementaria para la docencia, el uso masivo quizá obligue a prestar más atención a lo que se está haciendo. 

domingo, 2 de agosto de 2020

La inversión en educación pública encadena diez años de descensos mientras que los fondos para la concertada son hoy más elevados que hace una década (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero publicado en eldiario.es el día 1 de agosto de 2020

El gasto educativo en relación al PIB, el medidor estándar comparable internacionalmente, empezó a bajar en 2009 y no ha parado. La falta de fondos ha impedido invertir en infraestructuras o más docentes
- Bruselas alerta de que el gasto educativo en España permanece prácticamente congelado

La financiación de la educación en España tocó techo en 2009. Y hasta hoy. Desde ese año, cuando se alcanzó el 5,04% del PIB, la curva solo ha tomado una dirección. Décima a décima, la inversión ha caído hasta el actual 4,21%, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. La cifra mágica del 7%, considerada la óptima para educación, cada vez queda más lejos.

Cierto es que la inversión absoluta, en euros contantes y sonantes, ha tenido un comportamiento distinto, con bajadas al principio de la década y subidas en la segunda mitad. Pero aún así también sigue por debajo de la que había hace diez años, y como la subida de las partidas ha sido menor de lo que iba creciendo la economía del país, la inversión relativa, el dato que se utiliza para medir el nivel de inversión y hacer comparaciones entre países (no tiene sentido medir la inversión total en educación de un país como EE UU con otro como Holanda, por ejemplo), solo baja.

¿Que parte de su PIB destina España a la Educación?
Evolución del gasto público en Educación. Cifras totales (izquierda) y % sobre el PIB (derecha)
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional

En España, el primer tijeretazo vino en los presupuestos de 2010, tanto absoluto como relativo. Mariano Rajoy no es el único culpable: José Luis Rodríguez Zapatero era todavía presidente. Igual de cierto es que el PP abrazó la idea en su llegada al Gobierno y la llevó un poco más allá desde el primer momento. De 2011 a 2012 se produjo la mayor caída en inversión educativa en la historia de la democracia española: 2.000 millones de euros menos en el sistema (un 2% de descenso) y dos décimas menos respecto a un PIB que también se desplomaba, pero menos. Abriendo un poco el foco, en el periodo 2009-2013 la educación perdió casi 9.000 millones de euros, un 16,6% de la partida.

Eran los años en los que la OCDE, de la mano de su director educativo, Andreas Schleisser, explicaba que a partir de cierta cantidad, que en su opinión España había alcanzado, la inversión en Educación no se traducía necesariamente en mejoras en el sistema. Montserrat Gomendio, quien fuera número dos de Educación del ministro José Ignacio Wert, se pasó 2013 hablando de esta cuestión. "En España vemos que, teniendo niveles de inversión que están por encima de la OCDE [por aquel entonces], estamos por debajo del rendimiento que nos correspondería", afirmaba.
Sostenía Gomendio que "la mayor parte de la inversión [en Educación] se ha desviado a reducir la ratio alumno-profesor y mejorar el salario de los profesores". Hablaba la secretaria de Estado del periodo 2000-2010, aunque esa afirmación data de 2013, cuando a los profesores se les había recortado una paga extra y congelado el salario, y se habían subido las ratios. El tándem Wert-Gomendio recibió un sector que contaba con 50.343 millones de euros (el 4,73% del PIB) y dejaron uno, en 2015, que gastaba 46.262 millones, un 4,29% del PIB. Siendo cierto que les tocó gestionar lo peor de la crisis, también lo es, como recuerda Paco García, secretario general de la federación de Educación de CC.OO, que recortar en este ámbito fue una elección del Gobierno. Bruselas le dijo a los países: "Tenéis que recortar gastos". Pero nunca dijo de dónde.

Esta misma situación se ha venido dando prácticamente en toda Europa desde que empezara la anterior crisis, a partir de 2008 (ver gráfico). Independientemente de la situación de partida de cada país, las curvas de inversión en el mejor de los casos se mantienen planas, en caso de inclinarse lo hacen siempre en la misma dirección: hacia abajo. La tendencia es independiente del punto de partida, pero igual de cierto es que este punto difiere. Los grandes (y más ricos) países europeos superan el 5%, excepto Alemania.
Sea como fuere, el recorte del sector entre 2011 y 2015 sirvió para devolver a la educación a su lugar histórico, del que no ha salido. El 4,21% que se invierte hoy en día en la educación se parece mucho al 4,3%, centésima arriba, centésima abajo, que hubo durante los 2000. Observando la evolución en el gráfico, la anomalía parece más bien el periodo entre 2007 y 2011, cuando España se creía rica, se veían grúas mirara donde se mirara, y se rozó el 5%. Esta cifra es la que pretende alcanzar en el corto plazo la actual ministra, Isabel Celaá.

Para ello va a necesitar que la partida destinada a educación suba ocho décimas, que son unos 8.000 millones. Otra posibilidad es mantener la inversión, hecho que en un contexto de bajada del PIB haría que automáticamente el gasto relativo aumentara. Aunque consiga alcanzar ese 5% –aún no hay ni presupuestos– España aún estará lejos del 7% óptimo. Para alcanzarlo tendría que aumentar su gasto educativo actual en un 66%.

La peculiaridad española

La peculiaridad del modelo español se llama escuela concertada. Financiar con fondos públicos centros privados no es exclusivo de este país, pero España sí es uno de los tres europeos donde más se da. La paradoja es que mientras la inversión en la red pública caía, el dinero estatal para la red privada concertada ha tenido un mejor comportamiento.

Los fondos para la escuela concertada sí están mejor hoy que hace diez años, tanto en términos absolutos como relativos. Lo que en 2009 eran 5.891 millones de euros (y el 10,9% del gasto educativo) en 2018 se han convertido en 6.340 millones de euros, un 12,4% del total. Y todo con el mismo número de alumnos, variable que es la que, sobre el papel, marca el gasto en conciertos. En 2009 la concertada acogía exactamente al 25% del alumnado; en 2018 era el 25,6%.

El lector observador habrá pensado –argumento que utiliza la patronal de la escuela concertada, principalmente la iglesia católica– que la escuela concertada educa mucho más barato: un cuarto de los alumnos con un octavo de la inversión. La explicación básica a este desajuste es que la concertada no atiende apenas población educativamente problemática, que consume muchos más recursos. Tampoco está presente en el campo: las escuelas rurales son mucho más caras porque apenas tienen alumnos. Muchos analistas educativos sostienen que este es el verdadero motivo que explica su pervivencia –e incluso mejoría– en el tiempo.
Es el gasto

Aunque en ocasiones los políticos, como se ha visto anteriormente, minimizan la importancia del gasto educativo, los profesores a pie de aula tienen claro que es un elemento básico para mejorar la educación. Elías Gómez, docente en Melilla, argumentaba por qué recientemente en Twitter.

"Llevamos 40 años de democracia. La educación se ha modernizado (...), pero no ha habido una voluntad consciente de apostar económicamente por la educación pública. No era necesario echar muchísimo dinero un año concreto, sino estar aumentando los recursos paulatinamente hasta que fuesen adecuados", explica. "Y así tenemos (...) en muchos sitios ratios tercermundistas. Si tuviéramos unas ratios razonables (15-20 alumnos por aula), casi no habría que haber adoptado nada para septiembre, y sin embargo ahora debemos cumplir unas medidas de seguridad que son absolutamente irrealizables".

Y no son solo las ratios a las que alude Gómez. La falta de inversión también se ha notado en las infraestructuras, elemento que ahora se está revelando clave para la gestión de la pandemia. Como no había dinero, no se han construido nuevos centros ni se han adaptado los existentes. ¿Resultado? Colegios e institutos acogen hasta dos y tres veces más alumnos de los estaban previstos cuando se construyeron. Como ha sucedido en muchos sectores, mientras las cosas iban medio bien esta circunstancia no era una preocupación. Hasta que han dejado de ir medio bien.


jueves, 21 de mayo de 2020

CCOO denuncia a la Consejería de Educación ante la Inspección de Trabajo por su falta de criterio a la hora de distribuir el insuficiente material sanitario en los centros educativos (20-5-2020. Federación de Enseñanza CCOO-Madrid)

Los equipos directivos deben adquirir el material sanitario para sus centros a cargo de sus propios gastos de funcionamiento.

20/05/2020.

CCOO ha denunciado a la Consejería de Educación de Madrid ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por infringir la Normativa de prevención de riesgos laborales y no respetar las medidas reguladas para la fase 0 de desescalada en la que se encuentra Madrid.

CCOO ha sabido que las Direcciones de Área Territorial de la Comunidad de Madrid han enviado a los centros públicos de la Comunidad unas instrucciones para que retiren los equipos de protección para que el personal de los centros pueda regresar en condiciones sanitarias seguras. Sin embargo, estas instrucciones no aluden al preceptivo informe de evaluación de riesgos del Servicio de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, ni a las medidas preventivas ante el riesgo de contagio.

Los equipos directivos de los centros han recogido entre una y cuatro cajas de 50 mascarillas, así como hasta un máximo de tres botellas de medio litro de gel hidroalcohólico, pero no han recibido información sobre si se va a tratar de una única entrega de material o de varias, ni de las cantidades que percibirán ni de la periodicidad con que se harán las entregas; tampoco de si se va a entregar otro tipo de material, tal como guantes o pantallas protectoras. La Consejería no ha trazado un plan previo ni tiene criterios claros de reparto, lo que está provocando que algunos centros hayan recibido material y otros no.

La única certeza apunta a todo lo contrario, esto es, que deberán ser los centros educativos los que corran con los gastos del material que necesiten a cuenta de sus gastos de funcionamiento, lo cual, en una situación de recorte de un 40% en la asignación a los centros que se lleva arrastrando desde hace años, va a dificultar en gran medida que puedan financiar el material sanitario necesario. Baste decir que los centros acaban de recibir el 25% de su asignación hace muy poco tiempo, lo que puede dar una idea del escaso margen de maniobra con el que van a contar los centros para adquirir el material sanitario.

CCOO lleva semanas alertando de la necesidad de convocar a los Comités de seguridad y salud de las distintas Direcciones de Área Territorial y a los delegados de prevención de CCOO para realizar una evaluación de riesgos con carácter de urgencia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de la Administración.

Asimismo, ha denunciado que ni los equipos directivos ni el personal docente ni el de administración y servicios han recibido la formación para utilizar estos equipos, lo que podría ocasionar graves problemas de salud pública.

CCOO denuncia una vez más la errática política sanitaria de la Consejería de Educación y advierte de que seguirá acudiendo a la Inspección de Trabajo seguir denunciando ante la Inspección de Trabajo las infracciones contra la salud pública en los centros educativos.


martes, 7 de abril de 2020

De concertada a pública o a privada en un proceso ¿Es posible? (Por otra política educativa para eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero para eldiariodelaeducacion.com/porotrapoliticaeducativa
  • El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social

    6-4-2020

Las escuelas de iniciativa privada sostenidas con presupuesto público se establecieron en 1985, asimilándose “teóricamente” a las escuelas públicas, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) con el argumento de falta de recursos para escolarizar a toda la población.

Desde entonces ha habido un debate abierto sobre la continuidad de estos conciertos. Debate que ha sido aprovechado constantemente por el empresariado de la enseñanza privada para seguir arañando conciertos, mayores subvenciones y aumentando su negocio. Entre otros mensajes, se argumenta, por ejemplo, que los fondos públicos no son suficientes ya que el coste por alumno es menor que en el sector público y, por tanto, “voluntariamente” las familias han de aportar cuotas “voluntarias”, que es el térmico que se utiliza para escapar de la prohibición. Hoy siguen defendiendo y pidiendo que se aumenten los conciertos, dicen, con el fin de que se haga efectivo el “derecho” de las familias a elegir centro para sus hijos e hijas.

Algunos países (Bélgica, Francia, Malta y Holanda) que también tienen instaurada esta práctica no llegan a las cifras del nuestro, con la salvedad de que se permiten los conciertos en zonas más degradadas y con problemas sociales.

En España, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y alumnas y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros con un presupuesto de dinero público destinado en 2017 de 6.179 millones de euros, distribuidos de manera desigual en los distintos territorios. La mayoría de los centros están situados en comunidades de renta alta o tradición “ideológica” de escuela privada. 

En cifras globales, estos centros acogen a uno de cada cuatro estudiantes en la enseñanza obligatoria (el 30% del alumnado), cifras superadas únicamente por Bélgica en el número de alumnos matriculados.

Es de destacar que el 64% de las escuelas concertadas son directamente propiedad de la Iglesia o instituciones ligadas a ella y que algunas de ellas segregan por sexo, argumentando, además, que su labor es de verdadera ayuda al Estado.

El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica, como sus defensores afirman sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social, ya que:
  • El que estos centros educativos estén financiados por fondos públicos no indica que sea educación pública. Sus características pedagógicas y de gestión son de escuela privada y no aplican toda la normativa estatal del funcionamiento de las escuelas públicas. No se niega que hagan un servicio subsidiario a la población, pero la educación que imparten no responde, en termino generales, a los principios de igualdad y solidaridad, participación y democracia que son exigibles a la educación pública.
  • Con fondos públicos de nuestros impuestos que, pagamos todos y todas, se financia una tipología de escuelas que seleccionan a su alumnado, con el argumento de la libertad de elección de las familias para escoger el centro educativo, cuando lo que realmente sucede es que se están seleccionando a las familias más interesantes desde cada centro.
  • La principal consecuencia es que se segrega a una parte importante del alumnado. Los informes nos indican que la escuela pública matricula al 80% del alumnado inmigrante pese a escolarizar el 71% de la población total. La concertada tiene un 14% de inmigrantes con un 30% del alumnado general.
  • Se generan dos redes educativas sostenidas con presupuestos públicos, que atienden a poblaciones sociales diferentes y aunque no pueden hacer una selección según la normativa, se hace. Las cuotas “voluntarias” son, de hecho, una forma de seleccionar a las familias que pueden pagarlas. Hay otras formas de selección como el “efecto barrio” donde se ubica la enseñanza privada concertada.
  • Las escuelas concertadas defienden que su gasto, en comparación con la educación pública, es menor según algunas estadísticas. Otras, que incorporan más variables, dicen lo contrario. Además, no argumentan que ellos tienen en sus aulas estratos sociales más altos debido a la selección del alumnado y que se tiene en cuenta el gasto de las familias. Aun así, ocultan que la escuela pública tiene muchas más necesidades de apoyo, soporte y refuerzo que ellos no utilizan porque no los necesitan. Tampoco contemplan el coste financiero de las escuelas rurales, que son públicas en su totalidad, la formación del profesorado… etc.
La escuela pública es la columna vertebral de la construcción de la ciudadanía democrática. El
sistema socioeconómico que tenemos nos ha legado un sistema educativo dual y un Estado democrático no puede permitirse desdeñar la escuela pública y apoyar a la enseñanza privada-concertada y confesional. El deber de las administraciones públicas es articular un sistema público de educación igualitario basado en la justicia social y democrático y efectivo, con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el sector educativo privado, que deberá ser siempre subsidiario al público.

Por todo ello, el ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’, defiende que la responsabilidad de la escolarización ha de regularse y planificarse con la afirmación de la centralidad de la escuela pública. Así, entendemos que es necesario que el Estado camine en la dirección de dar respuesta a la necesidad de escolarización de toda la población en la red de escuelas públicas, de forma que los conciertos con la escuela privada vayan desapareciendo progresivamente en un tiempo que se determine. Las escuelas concertadas podrán pasar a públicas con las condiciones de la educación pública o escoger quedarse únicamente como escuelas privadas con su financiación propia.

Las condiciones de la escolarización en una sociedad democrática han de estar regidas por la búsqueda de la equidad, la inclusión, la transparencia y la calidad máxima de la educación en todas y cada una de las escuelas de la red pública. A eso hemos de tender en la mayoría de las escuelas del sistema educativo.

Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero son miembros del ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’.

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martes, 21 de enero de 2020

La Comunidad de Madrid se gasta más de 8 millones en un parche para sustituir el 'software' que Indra nunca entregó

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • Tras fracasar el proyecto, el Gobierno autonómico abonó 2,2 millones por adaptar la herramienta desarrollada en Andalucía y ahora destina otros seis para actualizarla
  • El Ejecutivo de Esperanza Aguirre pagó mediante su agencia ICM 5,5 millones a Indra, pero Madrid no sancionó a la empresa cuando adujo que no podría cumplir el compromiso
  • El programa de gestión educativa que finalmente se ha utilizado se implantó sin estar totalmente operativo y ha dado muchos problemas de funcionamiento
13/01/2020

La Comunidad de Madrid ha tenido que gastarse más de ocho millones de euros en un programa informático que parcheara el software de gestión de su sistema educativo encargado a la empresa Indra en 2010, pero que la tecnológica nunca llegó a entregar a pesar de haber recibido 5,5 millones de dinero público.

Tras cinco años y el fracaso para crear la plataforma Nexus, el Gobierno autonómico del PP tuvo que echar mano de un programa de software libre y gratuito llamado Raíces, creado por la Junta de Andalucía y cuya adaptación costó 2,2 millones euros en 2016. Este programa no fue el final del camino: el Ejecutivo ya ha licitado Raíces 2.0 por otros seis millones. El periplo entero ha supuesto abonar o comprometer al menos 13,7 millones de euros en el software que gestione su sistema educativo en una década.

Protagonistas de Púnica
El proyecto para tener una herramienta integrada de gestión del sistema educativo madrileño ha encadenado una adjudicación de contrato con los principales actores de la trama Púnica como protagonistas con el gasto para solventar el abandono del plan por parte de la adjudicataria.

La secuencia es la siguiente: en 2010, el Gobierno regional, que lideraba entonces Esperanza Aguirre, decidió que necesitaba cambiar el software informático que gestionaba todo el sistema educativo madrileño.

ICM, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por José Martínez Nicolás (imputado en Púnica), adjudicó el desarrollo del programa que se llamaría Nexus a Indra (una de las empresas implicadas en la misma Púnica), con un presupuesto inicial de 15,8 millones de euros. Acabó pagando 5,5 millones de euros porque Indra se topó con problemas técnicos, según adujo la empresa, y la Comunidad resolvió el contrato sin obtener demasiado a cambio.

Nexus fracasó y se comió sus 5,5 millones, pero la Comunidad seguía necesitando un programa para la gestión educativa. Así, en 2016 el entonces consejero de Educación, Rafael Van Grieken, convocó otro concurso, que se adjudica en 2017, por 2,2 millones de euros a la empresa Ayesa Advanced Technologies para la implantación de Raíces. Antes de consejero, Van Grieken había sido vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos y era la persona encargada de vigilar el instituto en el que la expresidenta Cristina Cifuentes cursó el máster que le costaría el cargo.

El presupuesto para la partida destinada a Raíces se destina no a adquirir el software, que es libre y gratuito, sino a adaptarlo a las necesidades de la Consejería de Educación de Madrid.

Pero esta primera versión de Raíces ya está en retirada: el pasado junio, el Gobierno regional abrió una licitación para que sea sustituido por Raíces 2.0. Con los seis millones de euros que se gastarán en esta actualización el montante total invertido por el Ejecutivo regional en software educativo en esta década asciende a 13,7 millones de euros.

Primero fue el fallido Nexus, en el que se gastaron 5,5 millones entre 2010 y 2015 a cambio de prácticamente nada: nunca llegó a implementarse. El fracaso de Nexus llevó a Raíces, que costó otros 2,2 millones más en 2016. Pero la cifra total ya se acerca a los 15,8 millones de euros que estaban presupuestados en origen para Nexus.

El fracaso se convierte en decisión
El asunto se llegó a tratar en la Asamblea de Madrid hace dos años, en febrero de 2018, a raíz de una pregunta del diputado socialista Juan José Moreno Navarro. La respuesta del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, en el mejor de los casos fue errónea: "Para ello [modernizar el sistema de gestión] teníamos dos alternativas: realizar y desarrollar un modelo ad hoc o adaptar una plataforma educativa de otra comunidad autónoma a nuestras necesidades", afirmó el consejero. Pero luego añadió que "en este sentido, tomamos la decisión, al igual que otras seis comunidades autónomas, de adaptar el modelo Séneca, de Andalucía, a nuestro sistema educativo, y así nació Raíces".

La realidad: no fue una decisión sino, más bien, el resultado del fiasco con Indra y Nexus. Raíces fue la consecuencia de la incapacidad de Indra para desarrollar un programa ad hoc y se adoptó cuando no había más remedio que buscar un plan B.

Las declaraciones en sede parlamentaria de Van Grieken remiten al oscurantismo con el que el Ejecutivo regional ha tratado el proyecto Nexus. La Consejería acumula resoluciones del Consejo de Transparencia instándole a ofrecer información relacionada con este contrato solicitada por un docente. Pese a tener las resoluciones que dan la razón al profesor, el Gobierno regional las ha impugnado y se niega a ofrecer la información.

Renovar a los tres años
¿Por qué hay que renovar Raíces apenas tres cursos después de gastarse más de 2,5 millones de euros en él? Fuentes de la Comunidad de Madrid explican: "Con Raíces únicamente se abordó la implantación de la plataforma de software libre para la gestión de los centros educativos (...). La funcionalidad implantada constituía una base funcional básica que no solo debe mantenerse operativa con el mantenimiento correctivo que, como en toda aplicación, puede ir surgiendo, sino que ha de irse enriqueciendo a lo largo de los años".

Y añaden que con Raíces 2.0 "se pretende dar respuesta al mantenimiento correctivo del sistema previamente implantado para más de 75.000 usuarios, así como las necesidades de evolución requeridas por la Consejería de Educación".

¿Y estas operaciones merecen un presupuesto que triplica al primer gasto en Raíces? "El primer contrato tenía el objeto de implantar en la Comunidad la plataforma de software libre ya desarrollada", explican desde el Gobierno regional, que añaden que se implantarán más funcionalidades de las que incluía Raíces, entre ellas "la generación de un modelo de participación activa y de relación entre todos los actores que intervienen en el proceso educativo".

Una versión sin sus hitos
La primera versión de Raíces entró en funcionamiento para la gestión del curso 2017-2018. Y lo hizo, pese a todo, sin testar, según cuenta uno de sus usuarios, el profesor Enrique García. Por ejemplo, el hito HP3.I ("Proceso de Escolarización de las Enseñanzas: Infantil segundo ciclo, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato") tenía como fecha de finalización el 30 de junio de 2018. "Pero esas fechas no se corresponden con el calendario real, que implicaba ese año tener publicados los listados de escolarización a 8 de mayo. Unos listados que no estuvieron en plazo por fallos en Raíces", recuerda García. Lo mismo sucede con otros hitos de Raíces, que se finalizaron después de la entrega del programa.

La implantación del sistema no fue especialmente satisfactoria para los centros educativos ni los docentes ni directores. Formalmente, se perdían funcionalidades (por ejemplo, dejaron de poder consultarse datos de ratios que el anterior sistema, SICE, sí tenía) e información (los datos no se migraron con carácter general). Además, no se implantó en la Formación Profesional, con lo que los centros que tienen estos estudios además de Secundaria obligatoria y posobligatoria se ven obligados a utilizar ambos sistemas a la vez.

La implantación fue un caos. Lo confirman varios docentes consultados por este diario y lo corroboró al poco de ponerse en marcha la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (Adimad). "Adimad quiere expresar (...) su alarma por las enormes dificultades que está originando en la organización de este curso el nuevo sistema de gestión educativa de la Comunidad de Madrid", escribieron en un comunicado público.

"El mal funcionamiento (...) ya ocasionó graves problemas desde su implantación el curso pasado (...) y motivó numerosas reuniones con los responsables, que evidentemente no han producido los efectos deseados", añaden. Y refieren problemas como que el sistema se pasa "horas" caído, que hacer tareas "elementales (...) como imprimir listados o comunicar faltas de asistencia de los estudiantes (...) resulte prácticamente imposible".

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