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lunes, 20 de junio de 2022

Madrid: la Justicia ratifica las cautelarísimas solicitadas por CCOO y reitera la suspensión de la circular sobre la educación por ámbitos en la ESO (FE CCOO de Madrid)

Isabel Galvín: “Es una gran noticia. Lo que aquí está en juego es la libertad, que no se nos olvide. La libertad de cátedra, la libertad de los docentes de elegir su proyecto educativo y su método pedagógico”

La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid advierte a Ayuso que son decisiones en las el Gobierno regional no puede entrar “porque están blindadas por nuestra Constitución” y apela a la “cordura y al sentido común”

16/06/2022.

La Justicia ratifica las cautelarísimas solicitadas por CCOO y reitera la suspensión de la circular sobre la educación por ámbitos en la ESO

Nuevo varapalo para las pretensiones del Gobierno Madrid de atar en corto a la comunidad educativa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reiterado que los centros educativos no pueden ver limitada su autonomía para organizar los contenidos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en ámbitos, tal y como solicitaba CCOO en su recurso contencioso-administrativo contra la circular del 23 de mayo de 2022 sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO en el curso académico 2022/2023.

El Auto del TSJM, que responde definitivamente a las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid contra la suspensión inicial, considera que la aplicación de la circular de la Consejería de Educación sobre organización de la ESO para el curso 22/23 puede generar perjuicios a las comunidades educativas porque limita la autonomía pedagógica de los centros educativos y los derechos del profesorado y del alumnado.

Así, dice textualmente el Auto que “tal configuración de cada proyecto educativo se ha de realizar, en su caso, por la decisión adoptada por el Claustro que integra, de modo colegiado, al conjunto del Profesorado de cada centro docente”. Y más adelante, vuelven a dejar claro que las competencias pedagógicas no están en manos de la Comunidad de Madrid, cuando dice: “Es visible para esta Sala la afectación de las funciones que, según la Ley Orgánica de Educación, correspondería ejercer al Profesorado del centro”.

“Maniobras de Ayuso”

En consecuencia, queda temporalmente sin efecto la circular vinculante de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, en tanto el TSJM dicte sentencia. O lo que es lo mismo: los centros, en su autonomía pedagógica y organizativa, podrán organizar las materias en ámbitos, atendiendo así la legítima demanda de sus comunidades educativas.

“Es una gran noticia”, ha declarado Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. “Lo que aquí está en juego es la libertad, que no se nos olvide. La libertad de cátedra, la libertad de los docentes de elegir proyecto educativo, la libertad de elegir método pedagógico…. Son decisiones en las que la Consejería de Educación, el Gobierno de Madrid, Ayuso, no pueden entrar porque están blindadas por nuestra Constitución. Todas estas maniobras de Ayuso, que por suerte estamos consiguiendo parar, son ataques frontales contra la libertad de enseñanza”.

CCOO apela a la cordura

CCOO apela “a la cordura, al sentido común” y le pide a Ayuso que “deje de intentar intervenir en los centros educativos, que deje de intentar prohibir, censurar, condicionar el trabajo de los docentes en Madrid”

Añade Galvín que “lo que necesitan los madrileños es que Ayuso deje de intentar meter mano donde no le corresponde, más allá de sus competencias, y deje de gastar tiempo en estas ‘batallitas’ estériles contra la LOMLOE”. También le pide a Ayuso que se dedique a solucionar los problemas reales de la educación madrileña: “Siguen faltando plazas públicas a todos los niveles, siguen sin bajar las ratios, sigue habiendo amianto por toda la región, y para colmo, estamos en medio de una ola de calor y no hay ningún plan de contingencia para las altas temperaturas en las aulas.”

Fuente: feccoo-madrid.org

lunes, 30 de mayo de 2022

La Justicia suspende parte del decreto con el que Madrid quería torpedear la ley de Educación del Gobierno (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid atiende un recurso de CCOO por invasión de competencias y deja sin efecto de manera cautelar algunas de las medidas del decreto con el que Ayuso pretendía cambiar el sistema de evaluación y promoción en la ESO y Bachillerato

— El Consejo de Ministros aprueba el decreto que permite obtener el título de Bachillerato con un suspenso
25 de mayo de 2022

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente parte del Decreto de evaluación y promoción de curso en la ESO y Bachillerato con el que la Comunidad de Madrid pretendía “garantizar la calidad educativa” frente a la Lomloe, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la semana pasada. En un auto, los jueces –con el voto particular en contra de dos magistradas– atienden un recurso presentado por CCOO, dejan sin efecto durante tres días parte de los preceptos incluidos en la norma aprobada por el Ejecutivo regional y dan ese mismo plazo a la Consejería que dirige Enrique Ossorio para alegar y tomar una decisión definitiva.

Lo que se dirime aquí es la manera en la que se evalúa al alumnado y promociona de curso o no, tanto en Bachillerato como en la ESO. El Ministerio de Educación planteó en la Lomloe un sistema colegiado en el que los docentes deciden –que suponía un poco dar carta de naturaleza a una práctica bastante extendida en los claustros– sobre cada alumno, pero sin fijar mayorías ni proporciones. Madrid desarrolló la normativa estatal, de mínimos, con su propio sistema, más intervencionista. Eso queda ahora en el aire.

La normativa de la Comunidad de Madrid, diseñada para evitar que se regalen los aprobados como sucede en la ley estatal, según argumenta el Gobierno regional, “impone a los equipos docentes un juego de mayorías cualificadas en la ESO y en Bachillerato que contraviene el criterio de la normativa básica y cercena la autonomía de las juntas de evaluación y de libertad de cátedra”, argumenta el sindicato, y “además, autoriza a los centros a establecer criterios para la promoción y la titulación a modo de norma general sin tener en cuenta la evaluación individual de cada alumno o alumna”. CCOO sostuvo en su recurso que el Decreto invade competencias estatales.

La Comunidad de Madrid sostiene que su decreto se ajusta a la normativa. Los servicios jurídicos del Ejecutivo están “elaborando un informe que se presentará en las próximas horas con el objetivo de que la Justicia pueda revocar esta decisión”, explican fuentes de la Puerta del Sol. “El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado miércoles no vulnera la normativa nacional y confiamos en que continúe adelante”, añade.

Los magistrados suspenden cautelarmente algunas partes de cinco de los artículos del decreto madrileño, en concreto aquellos que entran en aparente contradicción con la Lomloe en cuanto a las condiciones para pasar de curso y promocionar en las etapas de Secundaria. Argumenta el auto que la evaluación debe estar concluida para el 15 de junio, según la normativa de la Comunidad de Madrid –antes incluso para Bachillerato por las pruebas de acceso a la Universidad– por lo que la Sala “ha estimado procedente acceder a la medida provisionalísima solicitada apreciando que concurren, además de las circunstancias de urgencia que se coligen de lo ya expuesto, otras razones más”, que concreta en que solo son tres días y en que hay una normativa estatal que impide que se genere un vacío normativo –el Real Decreto de promoción del Ministerio de Educación a partir del que se realiza este de la Comunidad de Madrid y el propio regional del año pasado–.

“Frente al mandato del Real Decreto [del Ministerio de Educación], que establece que las decisiones de los equipos docentes sobre la promoción de un curso a otro y sobre la titulación debe adoptarse de forma colegiada, sin más, y a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge que las decisiones de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría, simplemente, no mayoría cualificada ni siquiera absoluta, el Decreto en cuestión impone otros criterios”, explica CCOO.

En concreto, desgrana el sindicato, “en el caso de la ESO, impone una mayoría de dos tercios del equipo evaluador, tanto para la promoción como para la titulación. En el del Bachillerato, para decidir la titulación extraordinaria con una materia suspensa, esta mayoría cualificada llega hasta los cuatro quintos, lo que resulta incluso inviable para el caso del Bachillerato nocturno o situaciones en las que el alumno o alumna no curse todas las materias en 2º”, argumenta.

Anulaciones en ESO, Bachillerato y para personas adultas

El auto deja sin efecto cautelarmente ocho puntos de la normativa madrileña que atañen a la ESO y al Bachillerato. De la parte de la Secundaria obligatoria los que más confrontan con la Lomloe están en los artículos 5 y 6. En el 5, apartado ocho, la Comunidad de Madrid había establecido que las decisiones para la promoción y titulación en la ESO deben tomarse “por mayoría cualificada de dos tercios” del equipo docente y y que “las demás decisiones” (...) deberían ser adoptadas “por consenso” o “mayoría absoluta”. Los jueces tumban ambas proporciones.

En el artículo 6, la Consejería de Educación establece que “para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos, los equipos docentes podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, de forma excepcional, podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. b) Que el equipo docente del alumno considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica”.

Estas medidas parecen contradecir a la Lomloe, que permite la promoción sin límite de suspensos en determinadas situaciones y no establece distinciones entre materias para promocionar o no.

En cuanto al Bachillerato, el artículo 20 del Decreto elimina el inciso que asimila la superación de la etapa con el aprobado en todas las materias (la Lomloe prevé titular en Bachillerato excepcionalmente con un suspenso, como en la Universidad), que dice: “Para facilitar la toma de decisiones sobre la titulación, los equipos docentes podrán considerar que el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, y, por tanto, la obtención del título de Bachiller que lo acredita, se alcanzan exclusivamente con evaluación positiva en todas las materias”.

Medidas similares se toman respecto a la evaluación y promoción del Bachillerato para personas adultas. Así, en el artículo 24 se elimina “la mayoría cualificada de cuatro quintos” y la “absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente del alumno” que Madrid impone para obtener la titulación.

El Ejecutivo regional sostiene que la normativa nacional es incompleta. “El Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación del Gobierno de España es laxo y le falta concreción, ya que, por ejemplo, no incluye el precepto de qué mayoría de docentes debe tomar las decisiones de promoción y titulación. Por eso, desde el Gobierno regional incluimos en nuestro decreto que la decisión de promoción y titulación en Secundaria sea de una mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros y previa deliberación, y de 4/5 en el caso de Bachillerato, para que esa decisión sea muy consciente y muy reforzada del equipo de profesores de ese centro”, cierra el Gobierno de Ayuso.

martes, 16 de junio de 2020

El TSJ de Madrid decidirá si la Universidad Carlos III se ahorró puestos de trabajo encargando sus labores a 570 becarios

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • La universidad defiende en el juicio el carácter formativo de sus becas mientras la Inspección de Trabajo y los estudiantes sostienen que su labor era imprescindible para el centro, que restringió servicios y contrató personal tras echar a los becarios

16/06/2020

¿Qué se considera un trabajador para una empresa o administración? Cuando un becario de universidad aprende las competencias propias de su puesto, la beca, formativamente, ¿sigue teniendo sentido? ¿Es cuadrar una caja y cerrar una oficina labor de un becario? ¿Son estructurales unos empleados si, al dejar de estar, el servicio que atendían se ve forzado a restringir sus horarios?

Estas cuestiones y otras similares tienen que resolver las magistradas de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que este miércoles han asistido a la primera y única sesión del juicio de la Inspección de Trabajo contra la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) por el supuesto uso fraudulento de becarios como empleados estructurales.

Por la sala han pasado a declarar exbecarios, funcionarios de la universidad y de la inspección, según han relatado fuentes presentes en el juicio, cerrado al público general por motivos sanitarios. Estudiantes como Adrián han relatado a las juezas cómo en sus oficinas había más becarios que trabajadores, cómo él mismo formó a su sucesor o que su oficina tuvo que contratar a una empleada laboral y restringir su horario de atención al público cuando él se marchó.

Sus defensas han tratado de probar que existe la relación laboral; los letrados de la UC3M apuntaban el carácter formativo de las becas. Un funcionario de la universidad ha dado la razón a los estudiantes; el director de una biblioteca, a la Carlos III. La inspectora que levantó el acta a la universidad se ha ratificado en la relación laboral entre los estudiantes y la UC3M.

Javier Galán, abogado de CNT-AIT en representación de algunos exbecarios, explica que la línea de argumentación de los estudiantes para probar la relación laboral es que han estado realizando "un trabajo completamente necesario e imprescindible para la universidad. El 99% de los becarios, según la inspectora, estaba en lo que se denominan 'servicios' de la Carlos III. No existía formación".

La defensa de la Carlos III, contratada al bufete especializado en falsos autónomos Sagardoy por 80.000 euros pese a que el centro tiene servicio jurídico propio, ha basado su argumentación en que el plan Bolonia, que rige en los campus, introduce una nueva forma de dar clase e impartir conocimientos, según ha contado el letrado Galán (este diario ha contactado con el bufete, que no ha contestado la petición). Ya no se trata de que los alumnos tengan conocimientos, sino las famosas competencias. Y aquí, según este razonamiento, entran estas becas, que ofrecen formación en competencias transversales como trabajar en equipo, relacionarse con otros, etc. destinadas a la "empleabilidad".

570 becarios en cuatro años

La Inspección de Trabajo denunció a la Universidad Carlos III de Madrid, diseminada por varios municipios al sur de la capital, por el uso fraudulento de hasta 570 becarios en cuatro años. El organismo de control laboral, que visitó los campus en el último trimestres de 2019, cree que el centro utilizó estas becas para cubrir puestos de trabajo estructurales que deberían estar atendidos por empleados.

Estas becas son las llamadas extracurriculares, sin relación con los estudios que cursa un alumno y se suelen desarrollar en centros de las universidades, como bibliotecas, las aulas de informática o los servicios de atención a estudiantes o profesores, por ejemplo. Existen (o existían, al menos) en casi todos los campus. Se calcula que hay unos 7.000 estudiantes cursándolas en España. La denuncia de la Inspección de Trabajo se enmarca en una campaña del organismo público contra el uso fraudulento de becarios en las universidades españolas como espacio especialmente sensible a estas prácticas. Se esperan más sentencias en los próximos meses.

De momento, la Inspección pide 1,5 millones de euros a la Carlos III en concepto de costes salariales con carácter retroactivo. La UC3M clausuró su programa de becas extracurriculares tras las visitas de las inspectoras y despidió a los becarios mientras se aclara la cuestión, aunque defiende que actuó bajo la legalidad vigente.

Los estudiantes reaccionaron demandando a la universidad a través de CCOO y CNT por despido injustificado y exigiendo las diferencias salariales entre lo que ellos cobraban y lo que ganan los funcionarios que están en los puestos con los que Trabajo les asimila a ellos. También solicitan la indemnización por despido. RUGE, la organización juvenil de UGT, calcula que la Carlos III se ha ahorrado 8.000 euros al año por cada puesto de trabajo que ocupaba un estudiante.

Los estudiantes tienen dos precedentes bastante recientes y contradictorios a los que mirar. El juicio contra la UC3M no es el primero que sufre una universidad por utilizar becarios como empleados. En el lado negativo (para los estudiantes y Trabajo), la UAM, también en Madrid, tuvo el suyo propio el año pasado y lo ganó. En el positivo, otro exbecario de la UC3M denunció por su cuenta a la universidad cuando le despidieron y ganó, juicio recurrido que está a la espera de la resolución de esta causa general.

Cinco becarios, un trabajador

A las puertas del juzgado, Laura, Jorge y Adrián esperaban para entrar a declarar en el juicio como testigos. Finalmente solo lo ha hecho Adrián porque la defensa de la universidad ha considerado que eran testigos con intereses porque eran becarios en el momento de la inspección.

"Yo trabajaba en el Centro de Orientación". Jorge explica lo que la jueza no oirá. "Llevábamos la gestión del gimnasio, hacíamos el tour de bienvenida a los nuevos alumnos... Éramos cinco becarios y un funcionario. Cuando nos echaron, tuvieron que meter a otra persona y redujeron los horarios de atención".

El caso de Adrián, que sí ha tenido la oportunidad de declarar en la sesión, es similar. Él es el estudiante que ya le ha ganado un juicio a la UC3M. Pasó cinco años también en el Centro de Orientación hasta que cumplió las horas máximas que permite la universidad, 1.800 en total. "Esa es la cantidad de horas anuales de un trabajador a tiempo completo, parece excesivo si de lo que se trata es de formar", opina el abogado Galán.

Adrián ha explicado que como en su puesto solo había un funcionario, los estudiantes tenían llaves de la oficina y cerraban por la tarde, además de hacer caja o cerrar la oficina. Tampoco recibió formación alguna. "En mi caso, las dos primeras veces me dijeron cuál era mi puesto y qué vendíamos. En las siguientes ya no me contaron nada y en las últimas era yo el que hacía esa formación a otros becarios", ha contado. En su caso concreto, cuando le echaron contrataron a una laboral para sustituirle.

Oídas las partes y presentadas las pruebas, las partes tienen ahora diez días para entregar sus conclusiones (esta parte debería haberse hecho in situ, pero la universidad presentó el lunes a última hora algunas pruebas que las defensas no han podido estudiar a tiempo). A partir de ahí, las juezas decidirán. En el precedente de macrojuicio de la UAM, la jueza apenas tardó una semana en despachar el caso.

domingo, 4 de marzo de 2018

La justicia obliga a la Comunidad de Madrid a explicar por qué ha masificado las aulas (Sofía Pérez Mendoza en el diario.es)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es

  • La administración inadmitió los recursos de CCOO por el sobrecarga por encima de lo que marca la ley en 2015-2016 aduciendo "falta de legitimación" 
  • El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba este argumento y obliga al Gobierno de Cifuentes a responder a dichos recursos
  • La sentencia afirma que el número de niños y niñas por aula afecta a la "calidad", a la "atención" y a las circunstancias del profesorado

Sofía Pérez Mendoza

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Gobierno de Cristina Cifuentes a justificar por qué masificó las aulas en el curso 2015-2016. La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, parte de un recurso de Comisiones Obreras que terminó en los tribunales ordinarios ante la falta de respuesta de la Consejería de Educación por la vía administrativa. El sindicato denunció (en este caso concreto) que el número de alumnos y alumnas por aula se excedía los límites legales en el área norte de la región, con datos recabados colegio a colegio.
"Pedíamos que nos justificaran el porqué la subida y en virtud de qué normativa. Y pusimos en conocimiento que había centros por encima del 20% más que permitió circunstancialmente el Gobierno por la reducción de la tasa de reposición del profesorado de 2012 a 2016", explica Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid. La administración respondió que el sindicato no estaba legitimado para presentar un recurso de este tipo, argumento que ha tumbado la justicia.
Las juezas de la Sección Octava del TSJM entienden que el número de niños y niñas por aula "es una cuestión que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza, en tanto en cuanto atañe a su calidad y a las circunstancias concretas en que el profesorado desempeña su actividad, y en particular a la atención que puede dedicar al alumnado". 
En 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un real decreto de medidas de racionalización del gasto público que avaló hasta 2016-2017 la sobrecarga de las aulas. Pero desde ese curso los máximos son los establecidos por la Lomce: 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. El curso pasado la Comunidad de Madrid siguió, pese a que ya no estaba permitido, manteniendo aulas con más alumnado del permitido, como publicó eldiario.es, irregularidad que también ha sido denunciada por CCOO ante la administración. 
Fuentes de la Consejería de Educación explican a eldiario.es que "los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid consideraron que el recurso planteado por Comisiones Obreras no invocaba la relación entre las ratios y las condiciones de los docentes representados por el sindicato". Las mismas fuentes dicen que los abogados se encuentran "estudiando" esta sentencia, sin entrar en más valoraciones. 

Otros cuatro recursos pendientes

CCOO admite que esta primera sentencia es "muy importante". "Es un buen precedente para nosotras porque abre la puerta para otras veces que nos han dicho lo mismo, que no estamos legitimadas". El sindicato tiene presentados otros cuatro recursos en otros juzgados y todos menos uno se han inhibido en favor del TSJM.
"Ahora sabemos que la administración está obligada a darnos la información. Iniciamos el trámite jurídico porque teníamos las pruebas de que estaba incumpliendo", dice Galvín, que asegura que las ratios en este último curso ya se están ajustando a la legalidad. "Se nota que estamos impulsando una denuncia que está obligando al Gobierno a pensárselo, sobre todo en los primeros cursos, porque han visto que la justicia les ha pedido cuentas y papeles. Antes o después van a tener que bajar", añade.
En el curso 2016-2017 el Gobierno de Cifuentes  empleó un mecanismo previsto por Lomce para circunstancias excepcionales para justificar la masificación de más de 5.000 aulas, una de cada diez en la región, según una respuesta del Gobierno de Cristina Cifuentes al grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid.  Varios sindicatos, también CGT, denuncian que "la excepción se ha convertido en norma".  

domingo, 23 de noviembre de 2014

El TSJM admite el recurso de Rivas contra el polémico colegio católico

La Asamblea por la Educación Pública en Rivas nos comunica que ha sido admitido a trámite el recurso contra el colegio concertado ultra religioso: Un verdadero avance, pero sólo un pequeño paso en nuestra lucha

politicalocal.esEl TSJM admite el recurso de Rivas contra el polémico colegio católico


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso que interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la orden de la Consejería de Educación de autorizar la puesta en marcha de un colegio concertado católico en la localidad.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento redactaron el recurso, presentado el pasado 11 de noviembre, planteando una serie de irregularidades jurídicas y administrativas que acompañan la concesión del concierto por parte de la Comunidad de Madrid al colegio Santa Mónica.
“La Comunidad de Madrid no ha respetado el cauce legal al que estamos obligadas las administraciones y por eso el TSJM ha admitido nuestra demanda a trámite”, apunta Curro Corrales, concejal de Educación y portavoz del Gobierno de Rivas.
El Gobierno regional autorizó la ubicación de este colegio privado, cuyo director se ha identificado públicamente como “integrante del movimiento ultraconservador Camino Neocatecumenal” -explican desde el Gobierno local- “en la parcela situada entre las calles María Teresa León y Margarite Duras, una zona cuyas condiciones urbanísticas imposibilitan la edificación del centro escolar”.
El pasado verano, los promotores de este colegio informaron a la Consejería de Educación sobre un cambio de la ubicacióndel terreno donde originalmente iba a estar situado. Sin embargo, ni en el caso la primera ni la segunda ubicación, en el número 3 de la calle de Las Trece Rosas, la tramitación del concierto fue comunicada oficialmente por la Comunidad de Madrid -única administración con competencias en materia educativa- al Consistorio ripense. Así debería haber sido, de acuerdo a la normativa de la propia Comunidad de Madrid, tanto de manera previa como con posterioridad a su tramitación.
Por su parte, el Consistorio reclama al Gobierno regional la construcción de un nuevo centro educativo, un CEIPSO (centro de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria) en el municipio, pero de carácter público.
Así se ha pronunciado también la ciudadanía de Rivas, tal y como relevan los resultados de la encuesta ciudadana celebrada la segunda semana de noviembre. En respuesta a la pregunta ‘¿Cuál cree usted que deber ser la prioridad en inversión por parte de la Comunidad de Madrid: un nuevo centro público o un nuevo centro privado concertado?’, el 78,11% de los votantes se decantó por un colegio público. 1.124 personas, mayores de 16 años y empadronadas en Rivas, participaron en la encuesta.
“Celebramos la admisión del recurso con el que ponemos de manifiesto cómo el Gobierno regional olvida que la ley es igual para todos y favorece a sectores económicos y religiosos de su entorno político”, apunta el edil de Educación Curro Corrales, que recuerda “la necesidad que tiene Rivas, una ciudad que ha crecido exponencialmente en los últimos años, de disponer de un nuevo colegio público que atienda las demandas de la ciudadanía”. “Además, la encuesta celebrada este mes se ha configurado como un instrumento más que ha medido el sentir de las vecinas y vecinos acerca del tipo de educación que desean en Rivas para sus hijos e hijas”, añade.
Este sábado, 22 de noviembre, tendrá lugar la manifestación convocada por la Asamblea de Rivas por la Enseñanza Pública. La salida está prevista a las 12.00 del mediodía en la avenida Covibar, a la altura del colegio público El Olivar y la marcha continuará por la avenida de Miguel Hernández para finalizar en la plaza de la Constitución.
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Asamblea por la Educación Pública en Rivas.
mail: asamblea.educacionpublicarivas@gmail.com
Twitter: @RIVASXLAPUBLICA
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Entradas relacionadas:

viernes, 14 de noviembre de 2014

#FigarMalaGestión: El TSJM investiga si cometió prevaricación y falsedad documental al suprimir cinco grados de la Universidad Rey Juan Carlos

EL PLURAL.COM: Lucía Figar, investigada por presunta prevaricación y falsedad documental
La consejera de Educación madrileña pudo ‘saltarse’ la legalidad al suprimir cinco titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos

La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, vuelve a estar en el centro de la polémica y, esta vez, también, de la Justicia, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público por suprimir varios grados de la Universidad Rey Juan Carlos saltándose los trámites legales.
El TSJ de Madrid abre diligencias
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha incoado diligencias previas contra la consejera por firmar la supresión de cinco titulaciones, entre ellas Sociología, sin un informe preceptivo del Consejo Universitario regional que ella preside, según la denuncia del querellante, el profesor de Sociología Salvador Perelló, informa El Mundo.
La Consejería dice que actuó dentro de la legalidad
La Consejería de Educación defiende la “legalidad” de la decisión de Figar, porque, se ha basado en la documentación aportada por la Universidad Rey Juan Carlos, que incluye los acuerdos adoptados por los consejos social y de gobierno del centro. Según afirma el Departamento de Figar, la capacidad de obviar el Consejo Universitario viene incluido en el decreto 243/1999.
Para el querellante la cosa no está tan clara, ya que considera obligatorio el informe del Consejo Universitario, que tiene fecha del 6 de junio de 2014, un mes antes de la propuesta de supresión de grados de la universidad, que fue del 10 de julio.
Otra polémica tras el escándalo del cheque-guardería
En abril pasado, Figar estuvo en el centro de la polémica tras conocerse que cobraba un cheque-guardería de 100 euros mensuales para pagar la escolarización de una de sus hijas, una ayuda autorizada por ella misma, a pesar de su nómina de 5.460 euros al mes. El escándalo tuvo un mayor impacto porque se trata de la consejera que ha suprimido cientos de miles de becas para la compra de libros de texto y de becas de comedor.

La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar. EFE/Archivo



EL ECONOMISTA.ES: El TSJM abre diligencias contra la consejera Figar por presunta prevaricación




El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha incoado diligencias previas contra la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, han informado fuentes jurídicas.



El procedimiento se ha abierto a instancias de una denuncia presentada contra la consejera madrileña por el profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Salvador Perelló. A través de su letrado, éste impugnó la orden de la Consejería de Educación que eliminó cinco titulaciones, entre ellas Sociología. El docente se quejó de que no había informe previo del Consejo Universitario.

Ahora, se ha dado traslado a la Fiscalía del TSJM para que se pronuncie sobre la denuncia. La Sala de lo Civil designó al magistrado Jesús María Santos como instructor, una decisión que ha sido recusada.

Una vez que se resuelva, según han indicado las mismas fuentes, se fijará la fecha de deliberación en la que los magistrados decidirán si estiman o no la querella.

Según ha adelantado esta mañana El Mundo, se ha recusado a Santos por haber sido elegido como magistrado de una terna propuesta por la Asamblea de Madrid, controlada por el Partido Popular.

El pasado febrero, el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) aprobó la supresión de diez titulaciones a partir del curso 2014-2015 por el descenso de número de matrículas.

En concreto, se trataba de los grados en Sociología, Igualdad de Género, Ciencia Política y Gestión Pública (semipresencial), Educación Infantil Bilingüe e Ingeniería Informática (semipresencial).






miércoles, 5 de noviembre de 2014

#FigarMalaGestión: El trasvase de fondos públicos a la FP privada será estudiado por el TSJM

MADRIDPRESS.COM: El TSJM estudia las becas de la Comunidad a la FP privada


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) investigará las becas que otorga la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid para estudiar Formación Profesional en centros privados, han informado fuentes jurídicas.
En un auto, el Alto Tribunal madrileño acuerda estimar el recurso presentado por la Asociación de Docentes por la Enseñanza Pública contra la decisión del Gobierno regional. El colectivo denunció que en la Comunidad de Madrid podría ser más barato estudiar FP en centros privados que en públicos.

   Sobre el procedimiento judicial, las mismas fuentes han señalado que se han incoado diligencias, una vez admitido a trámite el recurso, y se ha solicitado a la Consejería de Educación el expediente relativo a este asunto. Una vez que llegue, se designará un instructor de la causa.

   El pasado mayo, el Gobierno regional anunció que duplicaría el próximo curso la convocatoria de becas para la Formación Profesional de Grado Superior para las que destinará 22 millones de euros, un 100% más que en el curso actual. Esta convocatoria de becas permitiría a los alumnos realizar sus estudios de FP en centros privados autorizados de la región.

sábado, 12 de abril de 2014

Ante la respuesta del TSJM que desestima el recurso contra el Decreto de Interinidades, los sindicatos seguirán movilizándose

La FREM CC.OO. nos envió este correo el 10 de abril:

Buenos días compañeros y compañeras.

Ayer se produjo la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha desestimado el Recurso presentado por CCOO y UGT contra el Decreto por el que la Consejería de Educación modificaba la regulación de las listas de aspirantes a interinidad.

CCOO ante esta noticia, y a pesar del varapalo e injusticia que supone, anuncia que seguirá luchando por todos los medios por los derechos del profesorado interino y el atentado a la Escuela Pública que supone dejar fuera de la misma a un personal cualificado, implicado y con experiencia que ha realizado una imprescindible labor todos estos años.

Nuestros servicios jurídicos están estudiando la sentencia y las posibilidades que pueda haber para continuar la vía judicial.

CCOO convocará una asamblea de profesorado interino a la vuelta de vacaciones para informar de esta cuestión y de todo lo relativo al colectivo y plantear las actuaciones a seguir reivindicativas y de movilización a partir de ahora. 

¡LA RESIGNACIÓN NO ES UNA OPCIÓN! 

¡POR EL EMPLEO Y EL VALOR DE LA EXPERIENCIA! 

¡ESCUELA PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S! 

Para cualquier cuestión que queráis podéis contactar con:

Héctor Adsuar López.

Secretario de Enseñanza Pública FREM CCOO.

domingo, 16 de febrero de 2014

El PSM pide la dimisión de Figar por su política sectaria e ilegal al nombrar a dedo a directores de escuelas infantiles

LA INFORMACIÓN.COM: PSOE califica de "nefasta" la gestión de Figar porque "amontona reveses judiciales"


El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid Eusebio González Jabonero ha calificado de "nefasta" la gestión de la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar, porque "amontona reveses judiciales" y le ha pedido que dimita.

Jabonero ha dicho que la "incapacidad" de Figar "no pasa desapercibida para la Justicia" y ha señalado que su gestión "empieza a ser ilegal".

Jabonero ha realizado una pregunta durante el Pleno sobre la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que se anula la orden por la que se regula el nombramiento de director de lasescuelas infantiles de gestión directa de la Comunidad.

A juicio de Jabonero, la orden invalidada pretendía "nombrar a dedo a los directores de las escuelas infantiles públicas", por lo que ha acusado a la consejera "afán sectario" y querer "violar la autonomía de las escuelas".

"Debería dimitir, coger la puerta que ya ha abierto Lasquetty", ha espetado Jabonero aludiendo al exconsejero de Sanidad, Javier Fernandez-Lasquetty.

"Acatamos todas las resoluciones judiciales y las respetamos. En todo caso, ésta no produce ningún efecto práctico ya que esa orden nunca fue aplicada", ha respondido la consejera, quien ha anunciado que "próximamente" habrá que hacer una nueva orden adaptada a la nueva Ley Orgánica de educación.

Asimismo, ha explicado que la orden pretendía "resolver una situación concreta" derivada de que la ley estatal establece que solo pueden ser nombrados directores de las escuelas públicas infantiles funcionarios y la mayor parte del personas que actualmente trabaja en este tipo de escuelas en la Comunidad de Madrid es "personal laboral".

En este sentido, ha dicho que lo "preocupante" de la decisión judicial no es que la Consejería se intente "entrometer" en las escuelas infantiles, sino "la situación en la que quedan 36 directoras de escuelas infantiles de gestión directa que no tienen condición de funcionarios docentes", a la que hay que dar "cobertura jurídica" para que puedan seguir en sus puestos.

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sábado, 15 de febrero de 2014

Adiós a los nombramientos a dedo de directores de escuelas infantiles por parte de Figar

ESTRELLA DIGITAL.ES: La Justicia tumba los nombramientos a dedo de Lucía Figar


Llegó un lunes a su puesto de trabajo como directora de una escuela infantil pública en Rivas (Madrid), pero se encontró que en su silla ya había una sustituta. Nadie le había comunicado su cese y tuvo que exigir explicaciones a la Consejería de Educación porque ni siquiera había firmado su despido tras diez años trabajando en el centro. “Fui a abrir la escuela y apareció una persona que me dijo que ella era la nueva directora. Le contesté que yo también porque no me habían dado ninguna explicación”. Así lo narra a ESTRELLA DIGITAL la protagonista de la historia que prefiere reservar su nombre.
Pasaron dos horas hasta que recibió un fax del servicio de Unidad de Programas Educativos que confirmaba su destitución con fecha a 31 de agosto de 2008. “La mujer que vino a sustituirme me dijo que la habían llamado para venir a la escuela en julio. Ya le habían dado instrucciones de dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer. De hecho, la persona que ocupó mi puesto no venía con ningún tipo de papel con su nombramiento. Sencillamente la mandaron y fue”, explica la directora.
La situación que vivió no fue la única. El departamento que dirige Lucía Figar decidió cesar a siete directoras más de diferentes escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid sin previo aviso y basándose en una orden que elaboró la Consejería de Educación el 30 de julio de 2008. “La persona nueva no fue elegida por ningún proceso, ni siquiera por el nuevo que parece ser que se dieron mucha prisa en aprobarlo porque salió publicado el 31 de julio, el día que nos fuimos de vacaciones. Lo hicieron deprisa y corriendo”, denuncia.
Otra directora de una escuela infantil de un municipio a las afueras de Madrid, que tampoco quiere revelar su nombre por temor a las represalias, vivió una situación similar. “Yo fui a trabajar un 1 de septiembre y a las nueve de la mañana viene una persona diciendo que era la directora de la escuela. A las dos horas me mandaron el cese por fax. Yo no tenía ni idea”. Y aunque exigió aclaraciones a la Administración no obtuvo respuesta. “Fui a hablar con la directora del área, me recibió de pie durante dos minutos en su despacho. No me dijo porque se nos cesaba. Pregunté si había habido alguna reclamación por parte de los padres porque mi escuela nunca ha tenido ningún problema, pero no me dio ninguna explicación”, comenta.
La directora del centro de Rivas confirma que las personas que cubrieron sus puestos “vinieron nombradas directamente desde la Dirección de Área sin ningún tipo procedimiento legal. No pasaron por ningún proceso selectivo. Fueron nombradas directamente por la Administración que determinó que esas personas tenían que ocupar nuestro puesto por decisión personal”.
Ambas fueron elegidas directoras de sus respectivos centros mediante el proceso legal establecido, es decir, a través del Consejo Escolar. Sin embargo, la Consejería de Educación decidió modificar el procedimiento. Por eso, las dos directoras decidieron denunciar su cese y ganaron la batalla. Aún así la Consejería decidió recurrir la sentencia pero sin éxito. “Recurren hasta tribunales superiores con el coste que supone también para la propia Administración “, afirma a ESTRELLA DIGITAL Eulalia Vaquero, portavoz de Izquierda Unida.
El ministerio de Educación también denunció
Además, la nueva orden también fue denunciada por el Ministerio de Educación puesto que la nueva orden era contraria a la normativa estatal. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el 23 de enero de 2014 los artículos 2, 3 y 4 y los apartados 1 y 2 de la norma por la que se regula el nombramiento de Director en las escuelas infantiles de gestión directa de la Comunidad y condena a costas a la Administración.
Según declara Virginia Fernández, portavoz de la Federación de trabajadores de la Enseñanza de UGT de Madrid, la sentencia “ratifica la pésima gestión educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Demuestra cómo el empecinamiento de la Administración en legislar en contra de la comunidad educativa genera más problemas que soluciones y, en este caso, es aún más grave ya que quien interpuso la demanda fue el propio Ministerio de Educación, lo que confirma la manera irresponsable de gestionar los recursos públicos por parte de la Consejera y su equipo al legislar incluso en contra de la normativa estatal”.
Para Izquierda Unida, los “nombramientos a dedo” de Lucía Figar significan un proceso de control de los directores de los centros y además, consideran que se trata de una “represalia” y denuncia que los despidos fueron por motivos ideológicos. “Todo esto viene a raíz de las movilizaciones tan importantes que hubo en las escuelas infantiles, con huelgas y manifestaciones. Fue entonces cuando la Consejería decidió echar a las directoras y poner otras a dedo. Fue una represalia como un castillo”, afirma Vaquero.

ESTRELLA DIGITAL.ES: Figar readmitirá a los directores que despidió

"La Consejería de Educación va a reponer esos nombramientos al dictado del Tribunal de Justicia". Así lo ha confirmado Salvador Victoria, Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
El TSJM tumbó el pasado 23 de enero de 2014 la nueva normativa de la Consejería de Educación que permitió la “libre asignación” de siete directores de centros de educación infantil en Madrid. Figar se ve obligada ahora por la Justicia a volver a readmitir en sus puestos a los siete directores de centro que despidió hace seis años sin previo aviso ni explicación. En su lugar, tal y como denuncia la oposición, puso "a dedo" a otros trabajadores. No pasaron por ningún proceso selectivo tal y como permitía la normativa aprobada en julio de 2008 por la propia Consejería.
El consejero de Presidencia ha asegurado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los nombramientos de profesores llevados a cabo por Lucía Figar eran legales. "Se trata de un cambio de normativa que la Consejería hizo hace unos años –ha explicado-. Lo que ha hecho Justicia es anular esa orden".

viernes, 10 de enero de 2014

#SíSePuede! Éxito de la Marea Blanca: el TSJM paraliza la privatización de seis hospitales

20minutos.esEl TSJM mantiene paralizada la privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid

  • La decisión, adoptada por mayoría, revoca el procedimiento que inició el juez Martínez Tristán, recusado por el PSOE por sus vínculos con el PP. 
  • La Comunidad pide "rapidez" para que las privatizaciones no se retrasen | Oposición, sindicatos y asociaciones exigen la retirada del plan. 
  • CLAVES: La privatización sanitaria en Madrid.
El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), que se reunió este jueves para deliberar sobre los siete recursos contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos iniciada por la Comunidad de Madrid, decidió disolverse y devolver todos los asuntos a sus secciones de origen.

El debate comenzó a las 9.45 horas y terminó apenas dos horas más tarde. La decisión fue tomada por la mayoría de los magistrados pertenecientes a la sala especial. De los 50 que estaban convocados, 6 se ausentaron por distintos motivos. De los 44 que se presentaron, 30 votaron a favor y 14 en contra de que sean las secciones Tercera y Octava las que determinen si la privatización debe continuar, como pretende la Comunidad de Madrid, o si debe permanecer en suspenso hasta que las distintas instancias judiciales y administrativas comuniquen sus decisiones, como han pedido sindicatos, asociaciones profesionales y oposición al PP en el parlamento regional. Varios magistrados anunciaron la presentación de votos particulares para mostrar su desacuerdo con el fallo.

Seis de los recursos pertenecen a la Sección Tercera: uno de la asociación médica Afem, tres del Partido Socialista de Madrid (PSM) y dos más de la Comunidad de Madrid. Fuentes jurídicas aseguraron a 20minutos que la decisión más probable es que los magistrados acepten los argumentos de Afem y del PSM y ratifiquen la paralización cautelar, ya que la Sección Tercera fue la misma que suspendió la privatización en septiembre de 2013.

La Sección Octava debe ocuparse, por su parte, de la petición del sindicato CC OO, que alega que la 'externalización' sanitaria —como la define el gobierno autonómico— afecta a los derechos fundamentales de los madrileños. La resolución definitiva se producirá en cuestión de horas, según informó el TSJM.

Las investigaciones
Los colectivos que rechazan la gestión privada alegan, entre otras, falta de competencia (al concurso público se presentaron solo tres empresas, el mínimo necesario para que ningún lote quedase desierto) y vulneración de las normas de contratación, ya que la Comunidad de Madrid cambió los pliegos de condiciones (rebajó la fianza que las aspirantes debían depositar para poder participar) cuando el concurso ya estaba en marcha.

En paralelo, un juzgado de Madrid ha imputado a los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes en la investigación por posibles delitos de cohecho y prevaricación en las privatizaciones sanitarias iniciadas a partir del año 2003.

Para Afem, existen motivos suficientes para que la 'externalización' se detenga hasta que se diriman todos los extremos. Ello incluye las peticiones de amparo de PSOE y UPyD al Tribunal Constitucional, el recurso de Afem ante la Comisión Nacional de la Competencia, el de IU ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, los de la asociación de médicos Amyts ante el mismo TSJM o la denuncia de Equo ante la Fiscalía General del Estado.

Además, la Comunidad de Madrid se ha encontrado con el rechazo de la 'marea blanca', como se conoce a los defensores de la sanidad pública que han convocado 22 jornadas de huelga y otras tantas manifestaciones de protesta. Este jueves, más de un centenar de profesionales y usuarios se concentraron y brindaron a las puertas del TSJM por el fallo adoptado.

Golpe a Lasquetty
El auto de devolución supone, en primer lugar, que el TSJM mantiene en suspenso la entrada de Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo en los hospitales de Vallecas, Arganda, Aranjuez, Parla, Coslada y San Sebastián de los Reyes, una situación que dura ya cuatro meses. En una declaración recogida por la agencia Europa Press, un portavoz de Ribera Salud afirmó que la empresa respeta la decisión del TSJM, pero lamenta "profundamente" que continúe la "situación de incertidumbre" actual. 


Además, la Sala de lo Contencioso deshace el procedimiento iniciado por el anterior presidente de la sala, el magistrado Gerardo Martínez Tristán. Él fue el magistrado que unificó los recursos y los elevó a discusión en este órgano especial, tal y como pedía la Consejería de Sanidad. De esta forma, el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty pretendía evitar "contradicciones" en las decisiones judiciales y que las privatizaciones se retrasasen aún más en el tiempo. 

Martínez Tristán fue recusado por el PSM por ser el marido de una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Finalmente, Martínez Tristán no participó en la votación de este jueves al haber sido nombrado vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. 

Ahora, la Comunidad deberá atenerse al procedimiento inicial y esperar a lo que decidan las secciones Tercera y Octava, aunque Lasquetty aseguró tras conocer el fallo que la Comunidad de Madrid no piensa retirar sus planes.

#SíSePuede!

Imagen tomada por la Comisión de información y acciones durante la Concentración del 9E



miércoles, 8 de enero de 2014

9 y 10-1-14: Concentraciones contra la privatización de la Sanidad Pública- #9EneroPorLaSanidadEnSilencio #10EneroQueNoSePrivatiza

Mari Nieves nos envía estas convocatorias:


#9EneroPorLaSanidadEnSilencio
#10EneroQueNoSePrivatiza
Hola a todos, os recuerdo que mañana esta solicitada y confirmada en la Delegación de Gobierno la Concentración frete al TSJM. Como la mayoría ya sabéis el día 9 y 10 de enero se reúne el TSJM, para resolver la paralización cautelar de los hospitales. Son unos momentos duros, tristes y muy  difíciles para Nuestra Sanidad Pública, como siempre nosotros debemos visualizarnos en todo proceso que  afecte  a Nuestra Sanidad Pública, es importante estar allí para que sepan que seguimos dispuestos a defender una Sanidad Pública de Calidad y Universal, nos concentraremos silenciosamente -somos capaces y estamos preparados para hacerlo en silencio, que nadie pueda manipular nuestra concentración- frete el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Para lo cual nos vamos a concentrar  el día 9 frente a la puerta del TSJM, C/ General Castaños 1 :
- de 9:30  a 11:00H por la mañana.
- de 17:00 a 19:00H por la tarde.
Y el día 10 a las 12:00h en la puerta de todos los hospitales y centros de salud.
Es importante incidir en que las concentraciones que  se van a hacer en el TSJM sean SILENCIOSAS Y QUE VAYAMOS TOD@S DE BLANCO.
Por favor máxima difusión,
LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE LA SANIDAD PÚBLICA SE DEFIENDE 
                      
SI SE PUEDE JUNTOS PODEMOS
RECUPEREMOS NUESTRA SANIDAD PUBLICA DE CALIDAD Y UNIVERSAL


SI SE PUEDE  SI SE DEBE  JUNTOS PODEMOS

lunes, 23 de diciembre de 2013

El TSJM condena a la Consejería de Educación a llamar a los docentes interinos "en riguroso orden de puntuación"

Salva Aguilera nos envía esta noticia


LA INFORMACIÓN.COM: El TSJM declara nulos los contratos de maestros interinos desde el 1 de septiembre



Madrid, 9 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulos los contratos de profesores interinos que hayan tenido lugar en la Comunidad de Madrid desde el 1 de septiembre de 2013, al considerar que se ha vulnerado el procedimiento previsto en las bolsas de trabajo vigentes.


La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, declara la validez de las bolsas de trabajo para personal laboral temporal de Educación de la Comunidad de Madrid, actualmente en vigor, y condena al gobierno regional a efectuar los llamamientos de los trabajadores "en riguroso orden de puntuación".

El fallo, con fecha 4 de diciembre de 2013, da la razón a las demandas formuladas por la Federación Regional de Enseñanza de CCOO de Madrid y la Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-Unión Profesional (CSIT), a las que se adhirieron la Federación de Servicios Públicos de Madrid de la UGT y el sindicato CGT, entre otros.

Los sindicatos interpusieron un conflicto colectivo contra la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid "por no utilizar correctamente las bolsas de trabajo que tiene en vigor para contratar al personal laboral temporal al inicio del presente curso lectivo", ha recordado hoy CSIT en un comunicado.

Por su parte, la Federación Regional de Enseñanza de CCOO de Madrid ha comentado en una nota de prensa que esta sentencia es "un nuevo varapalo a la Comunidad de Madrid a la que la los tribunales les ha quitado la razón en lo referente al Convenio Colectivo".

(Agencia EFE)

jueves, 21 de noviembre de 2013

La Justicia de Madrid da un varapalo a la Comunidad por su incumplimiento de la negociación colectiva en los derechos del Personal Laboral

FECCOO-MADRID.ORG: El TSJM declara nulas las Instrucciones de Jornada del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid para el año 2013

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima la demanda de CCOO y dicta sentencia en la que declara nulas las Instrucciones de 29 de enero de 2013 del Director General de la Función Pública en materia de jornada laboral, turnos, horarios de trabajo, descanso semanal y
vacaciones del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.

La sentencia indica que "no se ha cumplido el trámite de la negociación colectiva al que se refieren las
instrucciones pues sólo se celebró una sesión en la Mesa General de Negociación, a la que fueron convocados los sindicatos con el siguiente orden del día ‘Único.- Toma en consideración del
proyecto de instrucciones en materia de jornada de los empleados públicos durante el año 2013’".

En la sentencia la sala declara que, “es evidente que no ha existido realmente una negociación, sino simplemente un encuentro sin contenido negociador pues no se formularon ofertas y contraofertas
ni se discutió con la intensidad que exige el tema debatido, limitándose la Comunidad de Madrid a presentar un borrador, que es sustituido inmediatamente por otro, sin dar tiempo para el estudio, ya que ese mismo día se firman por el Director General de la Función Pública”. También exige que, no
basta con convocar a los sindicatos a una toma en consideración del proyecto de Instrucciones, sino que debe de haber una voluntad proactiva de alcanzar acuerdos.

En el fallo, la Sala condena a la Administración "a pasar por esta declaración y sus consecuencias, debiendo negociarse con las organizaciones sindicales demandantes y en el seno de la comisión
negociadora todo lo relativo a los referidos temas".

CCOO valora muy positivamente esta sentencia que supone un varapalo a la Comunidad de Madrid y su forma de entender la “negociación”. La negociación colectiva es un derecho constitucional que la
Comunidad de Madrid se empeña en vulnerar sistemáticamente. CCOO exige a la Administración que acate la sentencia y negocie con las organizaciones sindicales.

lunes, 29 de julio de 2013

29-7-13, a las 20:00: Concentración MAREA BLANCA frente a la sede Tribunal Superior de Justicia de Madrid (C/ General Castaños, 1)

Hemos recibido esta convocatoria:

Ante la sorprendente publicación el pasado 24 de julio de 2013, del veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que levanta la suspensión cautelar de los pliegos de licitación, solicitada por el PSOE, pliegos que abren el proceso de privatización de seis hospitales de Madrid hacemos un llamamiento a la ciudadanía, asambleas populares del 15M, asociaciones, coordinadoras, movimientos sociales, organizaciones sindicales, plataformas, profesionales sanitarios y a todas las entidades que conforman la MAREA BLANCA a realizar una CONCENTRACIÓN ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Con más motivos que nunca debemos visualizarnos y dejar muy claro que como MAREA BLANCA estamos obligados a defender un Sistema Sanitario público, universal, de calidad, integral, equitativo y solidario.

CONCENTRACIÓN

Punto de encuentro: frente a la sede Tribunal Superior de Justicia de Madrid

C/ General Castaños, 1

20:00 horas

¡¡JUNTOS PODEMOS!!

jueves, 25 de julio de 2013

UGT considera que la resolución del TSJM sobre contratación de profesores nativos "no se ajusta a derecho"

EUROPAPRESS.ES: UGT presenta un recurso de súplica ante el TSJM para la admisión de la demanda por la contratación de profesores nativos


La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid (FETE-UGT) ha interpuesto un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para la admisión a trámite de la demanda por "presunta prevaricación" contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la consejera de Educación, Lucía Figar, por la contratación de profesores nativos para colegios públicos sin pasar por una convocatoria de plazas.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, ha llevado a cabo este recurso porque considera que la resolución del TSJM inadmitiendo su demanda "no se ajusta a derecho" dado que estas contrataciones, a juicio del sindicato, "vulneran de manera palpable los preceptos que sobre contrataciones existen en la función pública".

Por otra parte, el sindicato alude en el recurso a "indicios omitidos" por el Alto Tribunal en su Auto "y que son muy importantes" como la "posibilidad que tenía la Administración y que no utilizó de convocar las plazas a través del concurso-oposición y bolsas de trabajo, por lo que no habría circunstancias de urgencia y necesidad".

Otro de los "indicios" a los que alude UGT es que estas contrataciones "han provocado desplazamiento de funcionarios y que no se haya llamado al profesorado interino habilitado y que estos hechos fueron denunciados por la Junta de Personal Docente, órgano amparado constitucionalmente, es decir, la Administración, a sabiendas, vulneró la legislación vigente en cuanto al acceso a la función pública provocando que terceros fueran o bien desplazados o no contratados".

Además de los "indicios", el sindicado ha recordado en el recurso el informe del Ministerio Fiscal, "que exponía con bastante exactitud la línea argumental cuya conclusión no puede ser otra que la de abrir una fase de instrucción al entenderse que existen indicios relevantes de eventual relevancia penal".

Los contratos a los que se hace referencia en la demanda de UGT son contratos "por obra y servicio determinado al amparo del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores y al amparo de Acuerdos de colaboración entre diversas entidades y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid".

Por último, UGT ha señalado que dichos "profesores" deben "reunir unos requisitos en cuanto a su propia formación (Ley Orgánica de Educación) así como que en ningún caso pueden ocupar plazas establecidas o cubiertas por el personal funcionario y por ende no puede aplicárseles el régimen de funcionamiento de los profesores funcionarios, cosa que se ha venido haciendo en estos institutos bilingües".

jueves, 18 de julio de 2013

Figar falta a la verdad acusando a los sindicatos de llevar el programa de bilingüismo a los Tribunales

EL ECONOMISTA.ESFigar, tras la decisión del TSJM sobre los profesores nativos, afirma que "nunca" dudó que actuaba "conforme a la ley"

La consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha celebrado este miércoles la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de no admitir a trámite una denuncia presentada por UGT contra ella y la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre por la contratación de 28 profesores nativos y ha asegurado que "nunca" dudó de que actuaba "conforme a la ley".
"Siempre mantuvimos la confianza en la justicia y nunca tuvimos duda de que se estaba actuando conforme a la ley", ha indicado Figar, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, donde ha indicado que "al final" su trabajo era "impulsar un programa que está transformando la educación pública madrileña" y "dándole calidad".
En este punto, ha explicado que desde 2004 lo que ha hecho el Gobierno regional es "poner todos los recursos de la administración" y "todo el trabajo para hacer posible que en la educación madrileña se pueda estudiar en español y en inglés". Para ello, ha añadido, ya hay 316 colegios públicos, 90 IES y 141 centros concertados en la red bilingüe.
Según ha señalado, "no hay ninguna comunidad que ni siquiera se acerque a estas cifras que están revolucionando la educación en Madrid". En este punto, ha añadido que dentro de esos recursos que ponen a disposición desde el Gobierno "está el contar con profesores nativos y auxiliares".
Por todo ello, "quien tienen que dar explicaciones son los sindicatos que llevan a los tribunales el programa de bilingüismo y el que cuenten con profesores nativos que provocan que se pueda contar con alguien que enriquezca el aprendizaje". A su juicio, esto "es inconcebible" y "ninguna familia se puede ver reflejada en la estrategia de los sindicatos, que es boicotear" dicho programa.

Entrada relacionada:

El TSJM avala la contratación de profesores nativos que no han pasado por oposición