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sábado, 8 de mayo de 2021

Sobre la formación inicial del profesorado y el mal llamado MIR docente (Fernando Trujillo para eldiariodelaeducacion.com)

 Artículo de Fernando Trujillo para eldiariodelaeducacion.com (07/05/2021)

  • En lugar de intentar tener la mejor formación inicial posible para todas las etapas del sistema educativo, queremos intervenir por la vía rápida depositando en el individuo que oposita toda la responsabilidad de la mejora del sistema pero sin hacer un diseño sostenible que garantice la calidad global de la formación del profesorado tras la creación del MIR docente. Además, no hay presupuesto que sostenga a este MIR, no hay red de centros que lo acoja, no hay tutores que estén formados para desarrollarlo ni estructura administrativa que pueda gestionarlo, dado que este MIR quedaría fuera del ámbito de las universidades y dentro del área de actuación de unas Consejerías de Educación.

“No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el introducir nuevas leyes.”

Nicolás Maquiavelo. El Príncipe.

Tenemos nueva ley de educación. Como se espera de todo nuevo texto legal, la LOMLOE comienza definiendo cuáles son los problemas y los retos de nuestros sistema educativo y después plantea las soluciones que legisladoras y legisladores creen más adecuadas en cada momento.

Uno de los retos de la educación es la propia profesión docente. Por eso la disposición adicional séptima de la LOMLOE establece la obligación que se autoimpone el Gobierno de redactar una normativa sobre el desarrollo de la profesión docente. Así dice esta disposición adicional:

A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los nuevos retos demandados por la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión docente, el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente.

Según algunas noticias aparecidas en prensa, uno de los documentos fundamentales que inspiran al Ministerio de Educación y Formación Profesional para esta nueva normativa es un documento firmado por la Conferencia de Decanos y Decanas de Centros con Títulos de Magisterio y Educación. Así lo reflejó en 2018 El País (https://elpais.com/politica/2018/02/04/actualidad/1517767356_114700.html) y la noticia volvía a reaparecer en los medios poco antes del confinamiento, en febrero de 2020 (https://www.ideal.es/economia/trabajo/mir-educativo-nuevos-profesores-practica-tutelada-20200220131847-nt.html).

Esta Conferencia, en la cual se reúnen los gestores de las facultades de educación, se pronunció en 2017 mediante un documento titulado “Bases para establecer una carrera profesional”, documento que representa la opinión cualificada de los decanos y las decanas – aunque no, desafortunadamente, la voz de los docentes de sus facultades puesto que no se articuló ningún procedimiento democrático de debate sobre estas Bases más allá del trabajo de la propia Conferencia.

No obstante, la propuesta de la Conferencia es una propuesta global que plantea muchas claves interesantes que deben ser tomadas en consideración. Destacamos aquí algunas de las propuestas:

• Acceso a los grados de Magisterio y Máster de Secundaria

◦ Definir criterios y pruebas específicas de entrada a los estudios.

◦ Establecer y planificar de forma global el acceso a las Facultades de Educación.

• Formación inicial del profesorado

◦ Aumentar el coeficiente de experimentalidad de los títulos de grado y máster.

◦ Garantizar el carácter formativo del Practicum.

◦ Revisión y alineamiento de las menciones con las especialidades docentes de los cuerpos de profesorado.

◦ Revisión comparada de los planes de estudio de todas las universidades.

◦ Flexibilización de los mecanismos de actualización de los planes de estudio.

◦ Creación de grupos de trabajo estables entre las facultades y las Consejerías de Educación.

En todo caso, la propuesta estrella de este documento es “la implantación de un sistema de acceso a la profesión docente” y los decanos y las decanas de educación afirman que el MIR es el referente para esta propuesta pues constituiría la “contratación del profesorado en prácticas en términos equivalentes a los MIR Medicina”. Es más se dice explícitamente que “se analizó el modelo y la implementación del MIR de Medicina con la ayuda de un representante de la Conferencia de decanos/as de Medicina”, lo cual derivó en la consolidación de esta propuesta como el MIR docente – aunque supongo que antes de firmar esto los decanos y las decanas no hablaron con Vicente Baos (2020), quien afirma con rotundidad que “los médicos que acaban el MIR solo tienen oportunidades de trabajos temporales e inestables”.

Para no dilatar lo inevitable, diré con claridad cuál es mi opinión respecto al documento de Bases: los decanos y las decanas de facultades de educación ponen su confianza en la mejora de la carrera profesional en cuestiones fundamentalmente ajenas a sus propias facultades. En este sentido, desde la publicación de este documento me ha llamado la atención que los decanos y las decanas de las Facultades de Educación invierten mucho más espacio y esfuerzo en describir aquello que ocurre antes o después del paso por las facultades (el acceso, la incorporación a la profesión y la formación permanente) o a cuestiones laborales de su profesorado (interinidad del profesorado, la figura del profesor asociado y la figura del profesor vinculado en Educación), que indudablemente también deben ser resueltas, antes que a analizar y hacer propuestas acerca de aquello que ocurre dentro de sus facultades.

En concreto, por ejemplo, me parece significativo el poco espacio que se dedica a una comparación evidente entre los Grados de Educación Infantil y Primaria y el Máster de formación del profesorado de Educación Secundaria, comparación esta que en mi opinión debería ser analizada como paso previo a cualquier propuesta de innovación radical y potencialmente disruptiva como el MIR docente: me refiero a las diferencias en las prácticas en centros educativos entre los mencionados Grados y el Máster.

Así, Mequè Edo, Sílvia Blanch y Carme Armengol, de la Universitat Autònoma de Barcelona, analizaron la implantación del Grado de Educación Infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona entre 2009 y 2014. En su investigación destacan que “la valoración inicial del diseño de los prácticums es muy positiva”.

En concreto, estas autoras afirman que “la secuencia y los instrumentos formativos son valorados muy positivamente por los alumnos que cursan estos estudios y también, de forma consistente, por los maestros que los acogen en sus centros durante los periodos de prácticas”; entre otras cuestiones porque “el diseño permite alargar la estancia en el tiempo para planificar proyectos y poder ver el progreso de los niños y niñas a lo largo del semestre, así como periodos escolares diferentes, como el inicio de curso, final de curso, etc.”. Por ello, la investigación concluye que:

en este sentido, desde la facultad se entiende que los diferentes prácticums son las asignaturas más importantes del grado porque permiten al alumnado acercar y poner en práctica de forma significativa su rol como maestros y los conocimientos aprendidos. A su vez, el prácticum permite desplegar las competencias profesionales relacionadas con actitudes inter e intra personales necesarias para trabajar con criaturas y difíciles de practicar en las aulas de la universidad.

En términos similares pero unos años más tarde, Pablo Cortés González, Blas González Alba y Daniela Padua Arcos (2020) analizaron la opinión de los estudiantes del Grado de Educación Primaria de las Universidades de Málaga y Almería en relación con el Prácticum. De su análisis se extrae que:

el periodo de prácticas permite al alumnado confrontar su formación, experiencias, conocimiento, habilidades, competencias… con la realidad escolar experimentada. Este ejercicio de autorreflexión facilita la reconfiguración y deconstrucción de su identidad docente; el aula donde se desarrolla el prácticum es un espacio para comprender aplicando la teoría, para aprender completando la teoría y para aprender contrastando la teoría.

Así pues, ¿cuáles son las claves de este prácticum aparentemente exitoso de los Grados de Educación Infantil y Primaria? La investigación señala dos claves fundamentales: su diseño prolongado a lo largo de todo el grado y la tutorización del mismo. El diseño permite que en cada curso del grado (aunque en algunas universidades, el prácticum se concentra en los dos últimos cursos) se realice una aproximación al aula, en la cual se pueden contrastar los conocimientos y competencias desarrollados durante el tiempo de aprendizaje en la facultad además de observar distintos momentos de la vida escolar e incluso desarrollar proyectos de innovación educativa o investigación que después puedan visibilizarse a través del Trabajo Fin de Grado.

Así mismo, la tutorización del prácticum cuenta con la doble implicación de los tutores académicos (docentes universitarios) y tutores profesionales (docentes de Educación Infantil o Primaria, según el grado que se curse), un tándem con mucho potencial cuando funciona bien. En este sentido, Tejada-Fernández, Carvalho-Dias y Ruiz-Bueno (2017) señalan que en la coordinación y el proceso de tutorización existe margen de mejora aunque no dejan de destacar que:

el Prácticum es un tiempo y espacio de gran significación y relevancia para los futuros maestros que proporciona un conocimiento profesional de la realidad educativa en un determinado contexto real mediante la inmersión en su actividad laboral futura.

Por otro lado, Rocío Serrano Rodríguez y Alfonso Pontes Pedrajas analizaron las opiniones de 353 estudiantes sobre el Máster Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Córdoba. Entre sus conclusiones, destaca que:

se pudo constatar que tras finalizar su periodo de formación inicial docente, el alumnado atribuye un nivel de desarrollo moderado a los objetivos globales de la formación inicial docente y un nivel un poco más bajo a las competencias generales del máster; es decir, nuestros alumnos adoptan un papel crítico y a la vez constructivo.

Es más, se indica lo siguiente: “Hay que considerar como una deficiencia del proceso formativo el hecho de que el objetivo menos valorado corresponda al desarrollo de vínculos de colaboración con otros profesionales del ámbito educativo (38.8 por ciento). Será necesario, por tanto, revisar el desarrollo de la fase práctica en centros docentes para tratar de superar este problema”, es decir, “las competencias que no se han desarrollado de forma suficiente, según el alumnado, apuntan, en algunos casos, a aspectos prácticos que son importantes para la formación docente y que están muy relacionados con la actividad real del profesor en el aula. Los futuros docentes manifiestan, por tanto, la necesidad de desarrollar una formación más instrumental y ligada esencialmente a la práctica educativa, que les permita dar respuesta a las demandas y situaciones que se viven actualmente en las aulas de los centros educativos.”

Precisamente, Francisco Imbernón (2019) critica no sólo la escasa presencia de las prácticas en centro sino el carácter marginal de estas, indicando que “la alternativa es pivotar sobre la práctica educativa y, a partir de ella, generar un proceso curricular más adecuado al contexto”. En concreto, Imbernón plantea que:

un nuevo currículum de formación inicial se tendría que basar más en la práctica y más adecuado al siglo XXI.Tendría que haber una mayor coordinación entre el profesorado y asignaturas, una selección del profesorado que imparte docencia en el máster, así como el alumnado que accede, una selección cuidadosa de los centros de prácticas y de los tutores, compensando su trabajo.

En un sentido muy similar, Escudero Muñoz, Campillo Díaz y Sáez Carreras (2019) revisan en profundidad la génesis, el sentido, la estructura y la implementación del Máster de formación inicial del profesorado de educación secundaria y sus conclusiones incitan a la reflexión y a la acción:

En las investigaciones que venimos citando, los temas más frecuentes se refieren a la escasez del tiempo (60 créditos ECTS) y la distribución de los mismos por trimestres y asignaturas; la imposibilidad de ir más allá de un barniz superficial en los temas tratados; la falta de evaluación auténtica de las competencias formuladas (suponiendo que fueron bien entendidas y enfocadas); la ausencia de colaboración y coordinación docente, denunciada por el profesorado y todavía más por el alumnado, que también se queja de la repetición de contenidos en asignaturas diferentes; la conexión muy mejorable con los IES y el descuido de la formación de Tutores; la constatación de que las prácticas en los centros, así como los TFM, no han contribuido según lo deseable a propiciar relaciones apreciables entre la teoría y la práctica ni, tampoco, promover renovación pedagógica.

En concreto, sobre el prácticum del Máster de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, Pilar Gil-Molina, Alex Ibáñez-Etxeberria, Silvia Arribas y Joana Jaureguizar (2018) destacan que la valoración del alumnado de este período de prácticas en centros es positiva pero que “(un) posible aspecto a considerar sería la duración del período de prácticas, ya que ésta parece ser claramente insuficiente para el alumnado, pero no así para el profesorado. Esta reclamación del alumnado en cuanto a ampliar la duración del Prácticum parece ser coincidente con la encontrada por otros estudios.”

Es decir, tenemos, por un lado, unos grados de Educación Infantil y Primaria que cuentan con un total de 44 créditos de prácticas de enseñanza, distribuidos por las universidades a lo largo de los cuatro cursos del Grado, y que cuentan, en general, con una buena valoración. Por otro lado, contamos con un Máster de 60 créditos en total que cuenta con un prácticum de 16 créditos europeos, que las universidades distribuyen entre prácticas en centros y TFM; así, la UGR dedica 10 créditos a prácticas y 6 a TFM; Universidad Complutense de Madrid, 12 en prácticas y 6 en TFM; Universidad Autónoma de Barcelona, 14 en prácticas y 6 en TFM; Universidad de Valencia, 10 en prácticas y 6 en TFM.

En mi opinión, este es el dilema: por un lado, tenemos una formación inicial del profesorado que cuenta en Infantil y Primaria con un número de créditos prácticos suficiente – aunque que no acaba de resolver eficazmente la relación entre teoría y práctica en la docencia impartida en las Facultades de Educación; por otro lado, tenemos un Máster de formación del profesorado de Educación Secundaria que ni cuenta con unas prácticas suficientes ni, mucho menos, con una buena relación entre teoría y práctica en su desarrollo, por no mencionar la masificación que se ha generado en este máster, que imposibilita cualquier aproximación de calidad a procesos serios de formación del profesorado.

Es decir, tenemos problemas estructurales en la formación inicial, como parecen demostrar las investigaciones. Sin embargo, la solución a nuestros problemas propuesta por los decanos y decanas de las facultades de educación y aparentemente asumida por buena parte de la clase política es el MIR docente, una innovación radical, de la cual no tenemos experiencia previa alguna en educación, cuyo coste no ha sido calculado de manera convincente ni se ha hablado de qué presupuesto lo sostendría para que no acabara siendo una vía de contratación precaria para el profesorado interino residente.

¿Es esto razonable? En mi opinión, no lo es. Debemos intervenir, primero, sobre nuestra formación inicial de manera seria, revisando en profundidad los planes de estudio de los Grados de Educación Infantil y Primaria para que respondan a la realidad de la escuela, no a los intereses profesionales de los departamentos de las distintas universidades; y, por otro lado, actuar con contundencia en el Máster de formación del profesorado de educación secundaria, entre otras cuestiones puliendo el acceso al mismo y aumentando los créditos de prácticas en centros, para lo cual incluso se puede extender el Máster a un segundo año, si así se gana en calidad para la formación y el desarrollo de competencias profesionales.

Entonces, ¿caeremos hipnotizados ante los cantos de sirena que comparan la medicina y la educación, siempre en perjuicio de esta última, y que pretenden asimilar a docentes con médicos y otros profesionales de la salud por la vía de urgencia del MIR? Me temo que cabe esa posibilidad.

En lugar de intentar tener la mejor formación inicial posible para todas las etapas del sistema educativo, queremos intervenir por la vía rápida depositando en el individuo que oposita toda la responsabilidad de la mejora del sistema pero sin hacer un diseño sostenible que garantice la calidad global de la formación del profesorado tras la creación del MIR docente. Además, no hay presupuesto que sostenga a este MIR, no hay red de centros que lo acoja, no hay tutores que estén formados para desarrollarlo ni estructura administrativa que pueda gestionarlo, dado que este MIR quedaría fuera del ámbito de las universidades y dentro del área de actuación de unas Consejerías de Educación muy al límite en cuanto a personal técnico cualificado; todo esto, además, sin atender a las llamadas de atención que nos hablan de precarización y de problemas en el propio MIR sanitario.

Así pues, o nos ponemos a pensar seriamente qué tenemos y cómo lo mejoramos o lo más probable es que acabemos manteniendo una mala formación inicial y creando, además, un chapucero MIR docente: un gran paso para la educación de nuestro país en la vía de la calidad, sin lugar a dudas.

Cierro, por ello, con otra cita de Maquiavelo por si inspira a nuestros legisladores y legisladoras: “Así pasa en las cosas del Estado: los males que nacen en él, cuando se los descubre a tiempo, lo que sólo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto; pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve.” ¿Miraremos hacia otro lado en relación con la formación inicial, distraídos por el MIR docente y sus encantos, o pondremos remedio a lo que tenemos ya construido y que reclama nuestra atención? Sigan atentos a sus pantallas que en breve tendremos la respuesta.

Referencias

  • Cortes González, P., González Alba, B., & Padua Arcos, D. (2020). Visiones del alumnado y el sentido del prácticum en educación primaria. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 34(2), 275-298.
  • Edo, M., Blanch, S., & Asparó, C. A. (2015). El grado de educación infantil de la UAB, apostando por el prácticum. Tendencias pedagógicas, (26), 109-130.
  • Escudero Muñoz, J. M., Campillo Díaz, M., y Sáez Carreras, J. (2019). El Máster de Formación Inicial del Profesorado de Educación Secundaria: revisión, balances y propuestas de mejora. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 23(3), 165-188.
  • Gil-Molina, P., Ibáñez-Etxeberria, A., Arribas, S., & Jaureguizar, J. (2018). El Prácticum del MFPS: Valoraciones del alumnado y del profesorado-tutor. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 22(1), 369-392.
  • Imbernón, F. (2019). La formación del profesorado de secundaria. La eterna pesadilla. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 2019, vol. 23, num. 3 (2019), p. 151-163.
  • Serrano Rodríguez, R., & Pontes Pedrajas, A. (2015). Nivel de desarrollo de las competencias y objetivos generales del Máster Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Perfiles educativos, 37(150), 39-55.
  • Tejada-Fernández, J., Carvalho-Dias, M. L., & Ruiz-Bueno, C. (2017). El prácticum en la formación de maestros: percepciones de los protagonistas. Magis, revista internacional de Investigación en Educación, 9(19), 91-114.

lunes, 15 de febrero de 2021

El tribunal del caso Máster absuelve a Cifuentes pero condena a su asesora y a una profesora (Elena Herrera / Marcos Pinheiro para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta información


El tribunal del caso Máster ha decidido absolver a Cristina Cifuentes del delito de falsificación documental, por el que la Fiscalía pedía que fuese condenada a tres años y tres meses de cárcel. Los jueces han considerado que la expresidenta madrileña no jugó ningún papel en la elaboración del acta falsa sobre su trabajo de fin de máster, con el que trató de justificar que sí había realizado ese posgrado tras la exclusiva de elDiario.es, según ha avanzado la agencia Efe y ha confirmado este medio. Los jueces sí han condenado a una profesora del máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y a la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada que librase a Cifuentes del escándalo.

"Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión", sostiene la sentencia sobre Cifuentes. Los jueces entienden que el hecho de que la expresidenta exhibiera "públicamente" la copia del documento que recibió del rector "no es más que un indicio, no corroborado por otros" y defienden que las "sospechas legítimas" que pudieran existir "no se han convertido en prueba suficiente" para justificar su responsabilidad.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público consideraba que Cifuentes indujo esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que "jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, ha considerado que Cifuentes no indujo esa falsificación. A juicio del tribunal, "no consta la presión inductora" ni el "dominio del hecho", por lo que no se le puede imputar el delito de falsificación que le atribuían las acusaciones.

La teoría del "dominio del hecho" fue expuesta por la acusación particular, ejercida por la URJC, que defendió la presunta culpabilidad de Cifuentes como beneficiaria de la falsificación porque "se quiso beneficiar de su elaboración y de la falsedad de su contenido" a sabiendas de que el acta estaba adulterada, según expuso su abogado durante la vista. 

El tribunal, sin embargo, entiende que no ha quedado probado que Cifuentes se beneficiara de la falsificación siendo consciente de la adulteración aunque, al mismo tiempo, reconoce las "graves irregularidades" del máster y admite que habría sido "inexplicable" que hubiera existido esa defensa de TFM porque en la fecha en la que supuestamente tuvo lugar no tenía todas las asignaturas aprobadas, que es un requisito indispensable para ello. Durante el juicio tampoco apareció ni un solo indicio de que Cifuentes hiciera el máster o acudiera el 2 de julio de 2012 a la URJC defender las "líneas generales" de su TFM. La URJC, inmersa en un proceso electoral por las inminentes elecciones al Rectorado, ha adelantado que no recurrirá la sentencia.

Condenas

Los jueces sí que han condenado a un año y seis meses de cárcel a la profesora Cecilia Rosado, que admitió haber elaborado el acta desde cero, falsificando la firma de otras dos profesoras. El tribunal da credibilidad al relato de la docente, que declaró que había falsificado el acta por las presiones de Enrique Álvarez Conde, director del máster ya fallecido, y de María Teresa Feito, que en el momento de los hechos era asesora del consejero de Educación Rafael Van Grieken, y condenada también a tres años de cárcel.

La resolución afirma que Rosado elaboró ese documento dada la "fuerte jerarquía" existente entre ella y el catedrático y ante el "temor de las posibles consecuencias negativas" para su trabajo. Lo hizo tras ser "requerida" por Feito, que fue quien le indicó que en ese documento debía hacer constar que Cifuentes "había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012".

Los jueces han reducido la pena de Rosado porque confesó y colaboró con la justicia. No aprecian, sin embargo, el atenuante de "miedo insuperable" que solicitó la Fiscalía al entender que aunque temía por el desarrollo de su carrera profesional, cuando ocurrieron los hechos ya tenía un contrato fijo en la URJC. "Las circunstancias de enfriar o dificultar sus relaciones con el catedrático [Enrique Álvarez Conde] no son suficientes para justificar el temor suficiente para la aplicación de esta atenuante", dice la resolución.

Respecto a Feito, el tribunal considera probado que el día que estalló el escándalo pidió de forma "insistente y agobiante" a la profesora Rosado que solucionara aquella situación "como fuere". También confirma que participó de "forma activa" en la reunión en la que, ese día, la plana mayor de la URJC veía cómo hacer frente a la información de elDiario.es sobre las notas falsificadas de la entonces presidenta. Durante su declaración, Feito afirmó que solo había entrado "dos minutos" en esa reunión.

Para el tribunal, la actuación de Feito queda probada por su "actuación relevante" tanto en "la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que esta no existía", como en la "presión" ejercida sobre Rosado. Esa "presión" se justifica, según la sentencia, por la declaración de la propia Rosado y por las 15 llamadas efectuadas durante ese día —que cesaron una vez enviada el acta— y que "sin duda tenían como finalidad la creación del documento mendaz", pues no se pueden atribuir a una relación previa entre ambas que no existía.

"Graves irregularidades"

Aunque no era objeto de este procedimiento, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid pone de manifiesto las "graves irregularidades" que tuvieron lugar en el desarrollo del máster que supuestamente cursó la expresidenta. Según el tribunal, las "incongruencias" en torno a ese título son "relevantes" e "incompatibles" con la actuación regular de un estudiante de posgrado.

Cifuentes afirmó durante su declaración que lo cursó sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que sí que había alegado inicialmente. Desde que elDiario.es reveló el escándalo sobre su falso máster en marzo de 2018, Cifuentes no ha logrado encontrar ese trabajo.

El tribunal no entra a valorar si se produjo o no esa defensa del TFM, aunque dice que habría sido "inexplicable" que se hubiera producido porque en 2012 figuraba como "no presentada" en una asignatura de ese posgrado y para poder exponer un TFM es necesario tener todas las materias aprobadas. De hecho, el tribunal recuerda que la calificación de esa asignatura fue corregida "de forma irregular" en 2014 por la funcionaria Amalia Calonge a pesar de que no competencias para acceder al sistema informático y hacer ese cambio.

Durante el juicio, que se alargó durante cinco sesiones, no apareció ni un solo indicio de que la expresidenta hiciera el máster o acudiera el citado 2 de julio de 2012 a defender las "líneas generales" de su TFM en un despacho del campus de Vicálvaro como ella misma aseguró ante el tribunal.

viernes, 29 de enero de 2021

Recopilación de noticias sobre el "Caso Máster" por el que se juzga a Cristina Cifuentes y se investiga a la URJC

Cronología del caso Máster: ascenso y caída de Cristina Cifuentes en cuatro actos (Marcos Pinheiro para ELDIARIO.ES)



Los protagonistas del caso Máster, tres años después: las profesoras siguen dando clase en la URJC (Laura Galaup para ELDIARIO.ES)

Cifuentes encuentra ahora en su agenda una cita sobre la defensa del máster (Laura Galaup para ELDIARIO.ES)

Másteres de favor (Joan J. Queralt para ELDIARIO.ES)

Cifuentes atribuye en exclusiva a la Universidad la iniciativa de falsificar el acta de defensa de su TFM (Pedro Águeda / Elena Herrera / Laura Galaup para ELDIARIO.ES)

Cifuentes siempre mintió así (Ignacio Escolar para ELDIARIO.ES)

Los testigos acreditan con acusaciones mutuas una trama en favor de Cifuentes (Pedro Águeda / Elena Herrera para ELDIARIO.ES)






martes, 26 de enero de 2021

Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos combaten todavía el estigma del caso Máster (Laura Galaup àra ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES


Durante años han aguantado bromas en cuanto pronunciaban el nombre de la universidad en la que estudiaban. Los memes y los chistes sobre sus títulos corrieron por grupos de WhatsApp durante meses, mientras iban aflorando las irregularidades de los posgrados de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, obtenidos en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Y muchos de ellos han visto cómo parte de la formación que figura en sus currículum se ponía en duda.

Más de dos años y medio después de que elDiario.es destapase la primera noticia que derivó en el conocido Caso Máster, varios alumnos entrevistados por esta redacción consideran que el estigma que generó aquel escándalo para los estudiantes que se habían formado en la universidad va decayendo, pero las bromas permanecen.


"Fue completamente devastador". Así resume Javier Barbero, alumno de cuarto de Filosofía, las consecuencias que tuvo en su clase la irrupción de la investigación periodística sobre los falsos posgrados de Cristina Cifuentes y de Carmen Montón, que arruinaron la carrera de dos políticas emergentes en el Partido Popular y el PSOE. "Comenzamos el curso 30 y en segundo éramos menos de 15. Como tenía trato con los compañeros, les pregunté qué había pasado. La gran mayoría de los que se iban querían cambiarse de universidad", recuerda. Estaban en 1º cuando saltó la primera información sobre el máster de Cifuentes. Él optó por quedarse, seguir estudiando y buscar buenas notas para mantener la beca con la que cubre el precio de la matrícula.

Huelga y encierro

Ante el escándalo destapado, en septiembre de 2018, varias asociaciones estudiantiles convocaron una huelga general bajo la consigna "fuera la mafia de la universidad". Javier participó activamente en ella y lamenta que tras su celebración "no hubo ningún tipo de respuesta" por parte del rectorado. El Caso Máster activó una movilización estudiantil en la URJC, que les sirvió como base para futuras protestas.

Durante aquellos meses, varias decenas de estudiantes llegaron a encerrarse una noche en el edificio de gestión del campus de Vicálvaro. "Despertó un espíritu más combativo. No fue tanto la movilización que hubo en un primer momento, también alertó a la gente para protestar por otras medidas", recuerda Daniel Jiménez, estudiante del doble grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

A punto de terminar la carrera y con vistas a su futuro laboral, Javier (22 años) afronta con indiferencia las bromas sobre su universidad. "Aunque ya no salga en la televisión todos los días, el estigma sigue", reflexiona. "Todo el mundo conoce la universidad por cosas negativas", añade Daniel. Para Fabio, que cursa Comunicación Audiovisual, los alumnos de la URJC han "hecho callo" con el señalamiento sufrido. Ya no es solo por el máster de Cifuentes, también por llevar el nombre del monarca emérito. Más Madrid en Móstoles, municipio que alberga uno de los campus, ha pedido que se elimine la alusión al padre de Felipe VI. "Somos el pito del sereno de la educación pública en Madrid", destaca Fabio. Aún así, repetirá matriculación en esta Universidad, donde está a punto de empezar un máster.

Han pasado casi tres años desde que se publicó el primer artículo sobre las irregularidades del ya clausurado Instituto de Derecho Público, a lo largo de estos cursos la Universidad ha incorporado a nuevos alumnos. Alejandro Fernández es uno de esos alumnos que llegó a la URJC post Caso Máster para estudiar Ingeniería Mecánica. "Cuando saltó [el escándalo] tenía a amigos estudiando Medicina en la URJC que se quejaban porque se lo recordaban mucho. Ahora ya no pasa", incide.

Este alumno, que valora positivamente la formación recibida, no cree que le vaya a perjudicar laboralmente haber compartido universidad con Cifuentes, Casado o Montón. Y lanza un mensaje a las empresas que mantengan prejuicios contra su titulación: "Del prestigio no se come. Lo que se busca son profesionales que sepan del tema. Ahora mismo la URJC está dando bastante caña, por lo menos en mi caso y en el de mis compañeros. No hay problema".

Cambios tras el Caso Máster

Las investigaciones periodísticas del Caso Máster supusieron un punto de inflexión para la gestión de los trámites internos. Los estudiantes entrevistados explican que los procedimientos se han endurecido. Recientemente un profesor de Alejandro les planteó que "desde lo que pasó no se regala nada", en alusión a las notas mínimas para aprobar.

"El ambiente de desconfianza ha exigido cierta transparencia de cara a los procesos que se llevan a cabo en la universidad. Es de las pocas cosas buenas que ha hecho [el rector Javier] Ramos", apunta Fabio. Aunque matiza que con el paso de los años la situación ha ido "involucionando", "porque ya no está esa base de movimiento estudiantil que demandaba transparencia".

Para Daniel, la publicación del escándalo de los másteres que la Universidad Rey Juan Carlos regalaba a alumnos VIP tuvo una lectura positiva: "Sirvió para poner el grito en el cielo". "No puede haber una educación para gente con dinero y poderosa, y luego, una educación para el resto de las personas que se ganan con esfuerzo sus titulaciones. No solo porque se lo regalen, porque pone en duda y perjudica todo el esfuerzo realizado por el resto de personas", expone este joven, miembro del colectivo Frente de Estudiantes.

Jon Lizaso es otro de los jóvenes que se esfuerza no solo para conseguir la carrera de Periodismo, también para pagarse la matrícula. Trabaja como "dependiente en una heladería" para abonar parte de los créditos, el resto lo cubren sus padres. A las futuras generaciones de informadores formadas en la URJC el caso Máster les pilló en la zona cero de la noticia. Jon tenía como profesora a una de las docentes que participó en la reconstrucción del acta de Cifuentes — el documento sobre el que gira el juicio que arranca este lunes — en los meses en los que se iba desmontando la coartada planteada en un principio por la Universidad y a la que se aferró la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Este alumno también tiene la impresión de que la estigmatización de la URJC "ha parado". "No se habla tanto como se hablaba en aquel momento", concluye.

El inicio del juicio contra Cifuentes coincide con el periodo de exámenes. Durante la última semana alumnos de la URJC han protestado en redes sociales porque el centro ha optado por realizar las pruebas de forma presencial pese al aumento de los contagios. Esta decisión ha sido compartida por todas las universidades de la Comunidad de Madrid, centros públicos y privados han decidido por "unanimidad" mantener la presencialidad en los exámenes, a pesar de la situación epidemiológica de la región en los últimos días.

martes, 12 de enero de 2021

Cifuentes se sienta en el banquillo por el falso máster que dinamitó su carrera y descabezó la Comunidad y el PP de Madrid (Elena Herrera para ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta información de ELDIARIO.ES

Las maniobras para intentar tapar el escándalo de su fraudulento máster llevarán al banquillo en una semana a Cristina Cifuentes. Tras aplazarse la pasada primavera por la pandemia del coronavirus, la vista en la que la expresidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial se iniciará el próximo 18 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid.

Esta primavera se cumplirán tres años desde que el caso destapado por elDiario.es acabó con la carrera de Cifuentes, una política que había intentado labrarse una imagen de "tolerancia cero" contra la corrupción tras suceder en el cargo a políticos de su mismo partido acorralados en diferentes sumarios como Ignacio González y Esperanza Aguirre. Al final ella misma se vio forzada a dimitir por el escándalo de los posgrados que la Universidad Rey Juan Carlos regalaba a alumnos VIP sin hacer nada o casi nada. Desde entonces, el PP regional —que sigue presidiendo la Comunidad aunque ahora en coalición con Ciudadanos y con el liderazgo el más frágil de los últimos 25 años— sigue descabezado en manos de una gestora.

La solución provisional tras la caída de Cifuentes fue colocar al veterano Pío García Escudero al frente del partido desde mayo de 2018 para pilotar la transición a un nuevo liderazgo. No está previsto que haya un nuevo presidente o presidenta hasta finales de este año, cuando se celebre el próximo congreso regional. Ángel Garrido, la solución de emergencia para sustituir a Cifuentes al frente del Gobierno regional, saltó a Ciudadanos en vísperas de las autonómicas de 2019. E Isabel Díaz Ayuso, la apuesta personal de Pablo Casado para ocupar después ese puesto, se dejó 338.000 papeletas en las urnas y 18 diputados en aquellas elecciones, aunque últimamente ha empezado a remontar en las encuestas a costa de su socio de gobierno.

Al equilibrio parlamentario que Cifuentes mantuvo con Ciudadanos, el PP tuvo que sumar tras las últimas autonómicas el apoyo externo de Vox y abrirse a un gobierno de coalición que año y medio después está partido en dos mitades.

Acta falsificada

Cifuentes, que el 1 marzo de 2019 anunció a través de Instagram que se daba de baja del PP, participa hoy como tertuliana en varios programas de televisión del grupo Mediaset. La expresidenta regional se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el Trabajo Fin de Máster (TFM); sino por la falsificación del acta con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo. Es decir, por lo que se le juzga no es por haber recibido el título de un máster sin hacerlo cuando ya era cargo público sino por la coartada que exhibió en varios medios y redes sociales y con la que intentó salvar su carrera política tras la exclusiva de elDiario.es que reveló que sus notas habían sido falsificadas.

La Fiscalía, que pide para ella tres años y tres meses de cárcel, la considera inductora de la falsificación del acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de TFM "que jamás se produjo" y que exhibió públicamente "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". La representación letrada de la Universidad Rey Juan Carlos eleva su petición a cuatro años de cárcel por instigar a falsear el documento que luego enseñó en las redes sociales.

El fiscal señala a la profesora Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la expresidenta porque esta sí reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Para María Teresa Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid que supuestamente presionó a la universidad para elaborar esa coartada, solicita otros tres años y tres meses de prisión.

Este proceso también se dirigía contra Enrique Álvarez Conde, responsable del Instituto de Derecho Público (IDP) que impartía el máster, fallecido en abril de 2019. Según el relato del fiscal, Cifuentes contactó con Feito por la influencia que esta asesora tenía en la universidad, de la que había sido profesora y donde conservaba varios amigos, "para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis" que "había provocado" la publicación de la exclusiva de este periódico. Y Feito se puso en contacto con Álvarez Conde para confeccionar un acta falsa "a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el TFM y no había procedido a su defensa".

Ese documento con "apariencia de verosimilitud" serviría para acreditar de cara a los medios de comunicación que la entonces presidenta regional había cursado el máster, según el fiscal. Durante la instrucción, Cifuentes alegó que hizo el trabajo y lo había defendido ante un tribunal, una versión que "no resultó creíble" a la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel.

Regalo de títulos

Por tanto, lo que se juzgará a partir del próximo 18 de enero serán las maniobras con las que la se intentó tapar el escándalo, no el supuesto sistema de regalo de títulos a personajes VIP que desveló este periódico. Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos "escogidos" que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018.

La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. El Alto Tribunal rechazó admitir a trámite la exposición razonada en la que Rodríguez-Medel solicitaba la apertura de una investigación por los delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación a esos estudios al no apreciar "indicios consistentes" de actuación delictiva por parte de Casado. Los jueces de la Sala de lo Penal, sí admitieron, no obstante, la existencia de "indicios" de que el líder del PP recibió un "trato de favor".

De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.

    martes, 3 de noviembre de 2020

    El Gobierno corregirá las limitaciones que Wert impuso a la FP Básica y dará a sus alumnos directamente el título de la ESO (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

     Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

    • Educación va a remodelar la FP y dará el título de la ESO a quién acabe la Formación Profesional Básica, flexibilizará las enseñanzas para que no todas tengan por qué durar lo mismo y creará una especie de másteres de la FP; además, casi 30.000 profesores técnicos 'ascenderán' al cuerpo de Secundaria
    2 de noviembre de 2020

    El Gobierno va a darle la vuelta a la Formación Profesional (FP). Como han hecho prácticamente todos los Ejecutivos –aunque con un una dotación económica prevista récord, si se cumple–, el Ministerio de Educación quiere darle importancia y prestigio a esta vía formativa, que no tiene mucho prestigio en España a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno. "Es una de las grandes prioridades del Gobierno y va a salir muy potenciada", asegura Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso.

    Para ello se incluirán varias medidas en la LOMLOE, que tramita estos días el Congreso, y se creará a posteriori una ley específica para la FP, según ha podido saber este periódico. Entre las principales novedades que pretende introducir el Gobierno está que el alumno que se gradúe en la Formación Profesional Básica (FPB) obtenga directamente el título de la ESO (hasta ahora no lo hacía) y crear una especie de másteres de especialización para la FP media y superior. Además se flexibilizarán los estudios, de manera que no todos duren necesariamente dos años como ahora y habrá más tiempo para completarlos; los profesores técnicos de FP ascenderán al cuerpo de profesores y catedráticos de Secundaria, una medida reclamada por este colectivo y que afectará a unos 30.000 profesionales; y se agilizará "la detección de las necesidades de formación en cada sector productivo" para crear títulos adaptados a lo que pide el mercado con mayor celeridad.

    La motivación detrás de esta reforma, que dará toda la gestión de la FP al Ministerio de Educación (actualmente tiene una parte, orientada al empleo, que gestiona Trabajo) es que España tiene demasiados trabajadores no cualificados y pocos con cualificación intermedia, según explicó el presidente, Pedro Sánchez, durante la presentación de las líneas gruesas del plan hace unos meses. La composición del colectivo de trabajadores del país no responde a las necesidades de empleados que va a tener en los próximos años, según los cálculos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

    Actualmente, casi la mitad de los 23 millones de personas que componen la población activa (un 48%, en concreto) tiene un nivel de formación que no les capacita profesionalmente, según datos del Gobierno. Frente a esta realidad, el país necesitará en 2025 que la mitad de sus trabajadores tengan una cualificación intermedia y un 14% de empleados con baja cualificación. Pero la foto fija muestra otra realidad: actualmente España no llega al 26% de personas con cualificación intermedia, pero supera el 35% con baja cualificación. La solución está en la FP, cree el Gobierno.

    De la FPB al Bachillerato

    Una de las principales novedades que va a presentar la nueva ley educativa es que la Formación Profesional Básica (FPB) –una etapa que se inventó el exministro del Gobierno José Ignacio Wert para aparcar a los alumnos de 15 años con problemas de rendimiento escolar, según denunció en su momento la comunidad educativa– dará directamente cuando se concluya el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), lo que permitirá a los alumnos seguir progresando por el sistema educativo: a elegir entre el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio. Hasta ahora –después de pelearlo mucho, porque la FPB era en origen una vía muerta–, un graduado en FPB no tenía opciones: o más FP, de grado medio, o a trabajar. Excepcionalmente, si los profesores decidían que cumplía los objetivos, podía titular en Secundaria. La conclusión de la FPB también otorgará un título de Técnico Básico, que tendrá validez profesional.

    El Gobierno también cambiará la estructura de los ciclos formativos. La idea, explican desde el ministerio, es avanzar hacia una "organización modular de las enseñanzas", un poco al estilo de la Universidad, pero además con una "duración variable" en función de las necesidades de cada perfil profesional. Se acabó la uniformidad de que todos los ciclos se extiendan por dos años sin excepciones. Otra novedad que se introduce es que "todos los ciclos formativos incluirán una fase práctica dual", al estilo de la FP Dual, una modalidad que está demostrando una gran empleabilidad aunque sigue siendo muy minoritaria. Los cambios más académicos se complementarán con la creación de unos cursos de especialización posteriores para graduados, una especie de másteres como los de la Universidad.

    Martínez Seijo destaca también el desembarco de la inclusión que habrá en la FP. "Hasta ahora, la inclusión se trabajaba solo en las etapas obligatorias [de Infantil a la ESO]", explica. "Ahora se contempla también para el Bachillerato y la FP", añade. Además de introducir las adaptaciones metodológicas que ya se realizan en esas otras etapas y de provisionar una oferta específica de plazas si fuera necesario, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán estudiar hasta los 21 años como medida para evitar el abandono.

    Novedades para los profesores

    La reforma de la FP también trae novedades para los profesores. Los profesores técnicos de FP sufrirán un 'ascenso'. Este colectivo de docentes está actualmente en una especie de limbo y en una situación de agravio comparativo, denuncian, respecto a los de Secundaria. A estos técnicos se les exige un grado y el máster de formación del profesorado que deben tener sus compañeros de la ESO y Bachillerato, pero están en un cuerpo docente inferior. El Ejecutivo dará respuesta a sus demandas por la vía de incluirlos dentro del cuerpo de profesores y catedráticos de Secundaria, de manera que se asimilen a sus compañeros.

    "El Gobierno, de acuerdo con las Administraciones educativas, establecerá el procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación profesional que estuvieran en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen", dice la LOMLOE. La medida afectará a 28.359 profesores, según calcula el PSOE.

    Respecto al profesorado, la ley contempla también la posibilidad de contratar, en régimen laboral, a "profesores especialistas", profesionales del sector productivo asociado al título correspondiente, una figura similar a la de los profesores asociados en la Universidad, profesionales de prestigio en su rama que imparten docencia concreta en su especialidad. "Esta cuestión constituye un salto enorme en la aproximación a la realidad de la empresa y al ámbito laboral de la formación, facilitando la interacción de los profesionales del sector en los centros de Formación Profesional", explican desde el ministerio.

    domingo, 27 de septiembre de 2020

    Rechazo en la comunidad educativa al acuerdo para contratar profesores sin el máster: "Es un maltrato a la Educación, ser profesor es más que conocer la materia" (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

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    El anuncio de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de que se va a permitir de manera excepcional que licenciados sin el máster profesorado den clase en institutos no ha caído muy bien entre la comunidad educativa. Aunque los sindicatos y algunos profesores consultados entienden la situación de emergencia, creen que esta medida rebaja la profesión docente, manda el mensaje de que enseñar está al alcance de cualquiera y desprecia la didáctica y organización escolar, e incluso va contra el debate público sobre cómo mejorar la profesión.


    Por no hablar de las dificultades jurídicas que plantea la situación: la Ley Orgánica de Educación y el Real Decreto (RD) de acceso a la función pública establecen que el máster es necesario para dar clase en institutos, explica Francisco García, secretario general de la federación de Educación de CCOO, y un RD se modifica con otro, pero una ley orgánica no se cambia de cualquier manera. En circunstancias normales haría falta todo un proceso parlamentario y que una mayoría absoluta del Congreso lo valide (no valen más síes que noes). "Van a necesitar creatividad jurídica", dice García.

    En cualquier caso, los sindicatos rechazan la medida. "Provocará un deterioro de la calidad de la enseñanza", afirman desde CSIF. "Ser profesor no es solo conocer la materia, hay que tener conocimientos de pedagogía", añaden en CCOO. Saber enseñar, cómo se adquieren los conocimientos, las dificultades de los alumnos, especialmente en una edad complicada como los adolescentes. UGT se muestra más comprensiva, pero apunta a otro problema que revela esta decisión: "Se han acabado las listas de interinos porque se están ofreciendo contratos con un tercio de la jornada que la gente rechaza", afirma su responsable, Maribel Loranca.

    Para ejercer la docencia en Secundaria, actualmente es necesario estar licenciado en ciertos grados (algunos más obvios, otros menos, en los que se impartan conocimientos trasladables luego a las asignaturas correspondientes en los institutos; existen listas de qué grados permiten acceder a qué especialidades docentes) y después cursar un máster en formación del profesorado, que incluye un periodo de 4 o 5 meses llamado practicum en el que los estudiantes van a centros a realizar prácticas, pero siempre tutorizados. Con estos requisitos, y en ocasiones algún idioma, ya se puede impartir clase en los centros privados, tengan concierto o no. Para trabajar en uno público, grosso modo, hay que pasar por una oposición. Los mejores de cada convocatoria se ganan una plaza y el resto pasan a formar las bolsas de interinos, de donde se van contratando profesores temporalmente por orden para cubrir las vacantes o realizar sustituciones.

    Estas listas, explicó este jueves la ministra Celaá tras reunirse con las comunidades autónomas, son las que se están agotando en algunas regiones debido a las contrataciones de profesores para reducir los grupos. Fuentes sindicales explican que en algunas especialidades –por ejemplo, para enseñanzas artísticas o en la Formación Profesional, según UGT– las listas son históricamente cortas. Que el año pasado no hubiera oposiciones al cuerpo docente por la pandemia –como se ha explicado, sirven también para engrosar estas listas– tampoco ha ayudado.
    "Es un retroceso"

    Antonio Moreno es menos comprensivo con la emergencia educativa. "Pienso que es un retroceso y un maltrato a la educación", espeta de primeras este catedrático emérito en la Universidad Complutense de Madrid y exdirector del Instituto de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación. Moreno, la persona que puso en marcha los másteres de formación del profesorado en España cuando el plan Bolonia cambió la estructura universitaria del país, cree que esta propuesta es sintómatica de la visión de la Educación que hay en España. "Todo el mundo cree que dar clase es una cosa simple, que se reduce a memorizar tres o cuatro cosas o resolver unos problemas. Dar clase es mucho más que conocer una materia o transmitir conocimiento de manera instrumental", asegura.

    Las fuentes consultadas básicamente coinciden con esta apreciación, con más o menos matices según les parezca más justificada la emergencia. "Si tenemos un máster es porque realmente creemos que es necesario", sostiene Enrique Ortiz, que es a la vez profesor de Secundaria y profesor universitario en el máster de profesorado de la UCM. "Uno de los aspectos que se ha comentado como necesario para la mejora educativa en todos los niveles era mejorar la formación inicial del profesorado, que, en este caso, el máster garantiza", argumenta. Y recuerda que los licenciados sin máster "no tienen asignaturas de docencia, de didáctica... me parece peligroso".

    Sorprendido por la noticia, el decano de la Facultad de Magisterio de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Álvaro, se extraña de que las bolsas se hayan agotado, y se limita a realizar una reflexión general a falta de información específica: "Desde un punto de vista puramente conceptual, nadie debería afrontar la docencia sin una preparación adecuada", afirma. Preparación de la que forma parte imprescindible el máster. Y señala el símil de los médicos, al que han recurrido sin excepción todos los consultados sobre la medida. Este razonamiento viene a decir que nadie contrataría –ni se dejaría operar– por un médico sin el MIR.

    Los docentes que ponen este ejemplo son conscientes de que no es lo mismo tener un mal profesor que un mal médico, pero también creen que sirve para ilustrar la mirada que se tiene sobre la educación. "Esto demuestra una vez más que la educación en España está concebida como un lugar donde se aparca a niños que no podemos atender mientras trabajamos", asegura Ortiz. Moreno, ya metido en faena y con varias décadas de experiencia formativa a sus espaldas, cree que "la debilidad del sistema educativo está en que se permite la injerencia de cualquiera para dar clase. Es más, creo que incluso debería estar prohibido que cualquiera dé clases particulares", se sale un poco del tema.
    Las alternativas

    Los expertos consultados creen que se podría haber recurrido a otras fórmulas. Moreno propone recuperar profesores jubilados. Pero son población vulnerable ante la pandemia, se objeta. "Podría organizarse, dar clase a distancia", responde, "pero hay muchos recién retirados en una edad perfecta para dar clase". Otra alternativa que propone es que si hay que reclutar a graduados sin el máster, que se les obligue a matricularse. "Las clases les servirían como el practicum del máster y además tendrían en paralelo el trabajo teórico correspondiente y una tutoría en la Facultad. Serviría para darle valor académico a estas contrataciones", propone. "Incluso estamos en periodo de matriculación".

    Ortiz cree que también se podría recurrir precisamente a estudiantes del máster, aunque lo tengan sin terminar. "Muchos de ellos presentan en octubre su trabajo de fin de máster", explica. "Ya han estado haciendo sus prácticas... ¿Qué pasa con ellos?", se pregunta. De momento no hay respuesta. La información compartida por el Ministerio de Educación no detalla la medida acordada por el Gobierno y las comunidades. En cualquier caso, explica este profesor, podrían empezar por estos estudiantes, por alumnos que puedan certificar haber realizado algún curso de didáctica, que los hay. "Me parece un poco desesperado todo esto", cierra.

    Maribel Loranca, de UGT, realiza una reflexión que, observada a la inversa, podría entenderse como una propuesta también. "Es cierto que se han acabado las listas de interinos en algunas comunidades, pero hay profesores que están preparando oposiciones y pueden haber rechazado un puesto por las condiciones del contrato. Se ofertan plazas a un tercio de jornada o media jornada, fuera del municipio o provincia de residencia del profesor, con los gastos que conlleva. Si te ofrecen un contrato de un mes, quizá prorrogable, no es descartable que hayan encontrado mejores condiciones laborales en otro sector", desliza.

    Gobierno y comunidades acuerdan flexibilizar la Selectividad y permitir la contratación de profesores sin el máster de Secundaria (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

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    El Gobierno central y las comunidades autónomas han alcanzado una serie de acuerdos para mejorar el desarrollo del curso escolar, que ha comenzado de manera "correcta", según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión entre su cartera, la de Educación y los Gobiernos regionales. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado las medidas tomadas, entre las que destacan que se va a flexibilizar la prueba de acceso a la Universidad ante las dificultades para desarrollar los temarios íntegros en este curso convulso y que se facilitará la contratación de docentes rebajando los requisitos para ejercer para que las comunidades puedan rebajar el máximo de alumnos por aula.

    Creen el Gobierno y las comunidades que el inicio del curso, desde el punto de vista de la Salud Pública, ha empezado bien. Los últimos datos sobre aulas clausuradas, ofrecidos por Celaá en rueda de prensa tras la reunión, hablan de 2.852 unidades (clases) cerradas sobre un total de 380.000, lo que supone un 0,73% del total. El objetivo del Gobierno, ha insistido la ministra varias veces, "es mantener los centros abiertos y garantizar la presencialidad".

    Las administraciones son conscientes de las dificultades que puede suponer para los 2º de Bachillerato cumplir con los temarios en un curso con tanta incertidumbre y docencia online, de manera que lleguen correctamente preparados a la Ebau (en su acrónimo más común, también se utilizan Evau o PAU). Los profesores estaban exigiendo ya medidas para poder programar y tener certidumbres en un curso que no da tregua y va muy justo de tiempo. Han sido escuchados. "El modelo será similar al del año pasado, se adaptará a las circunstancias extraordinarias y lo haremos con carácter inmediato", ha explicado la ministra Celaá.

    También se va a facilitar la contratación de docentes ante las dificultades que están encontrando algunas comunidades, ha explicado Celaá, para encontrar docentes que cumplan las condiciones necesarias para ejercer la docencia. Así, "de manera excepcional y limitada y hasta que concluya el curso académico de la pandemia", los Gobiernos regionales podrán contratar profesores que no hayan cursado el máster de Secundaria, obligatorio en circunstancias normales, si se han agotado las bolsas de interinos habituales. "Siempre que cumplan el resto de requisitos para ejercer la docencia", ha matizado Celaá. El agotamiento de las bolsas de interinas, ha comentado la ministra, se está dando en algunas comunidades autónomas, agravada también por la suspensión de las oposiciones docentes el pasado verano por la pandemia.

    No son las únicas medidas adoptadas. La ministra Celaá ha informado de que en total se han adoptado ocho acuerdos, incluidos los dos mencionados. Además de estos, Gobierno y comunidades autónomas han pactado flexibilizar los currículos, en la línea de la propuesta de modificación de la Selectividad. "Vamos a adaptar las programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles, competenciales, que no adoptaron el año pasado", ha explicado la ministra. "Muchas comunidades y centros han manifestado su dificultad para hacerlo debido a la rigidez del sistema".

    Además, Gobierno y comunidades han acordado adaptar las prácticas de la Formación Profesional (FP), como se hizo el pasado curso. Se reducirá la duración de los módulos de formación en los centros de trabajo, ha informado la ministra, al mínimo de las horas contempladas en la ley.

    Por último, las administraciones educativas también quieren "conseguir la presencialidad al 100% en los centros educativos", que en este momento no se está dando porque a partir de 3º de la ESO se está impartiendo docencia semipresencial en diferentes formas según las comunidades autónomas. Respecto a la presencialidad, la ministra ha informado de que las comunidades, con carácter general, no están reportando problemas relevantes por una alta incidencia con el absentismo causado por el temor de algunas familias a llevar a sus hijos a los centros educativos. La ministra sí ha señalado, sin embargo, que "hay grupos minoritarios culturales que sí persisten en la no asistencia a clase", según han informado tres Gobiernos regionales, y ha recordado que la abogacía del Estado acaba de concluir un informe sobre la cuestión que ratifica –ya se había dicho– "que la pandemia per se no exonera de la obligación de asistir al centro en la enseñanza obligatoria, pero que los centros son los que han de identificar las causas objetivas de no asistencia".

    jueves, 5 de diciembre de 2019

    Imputado el rector de la URJC por romper el convenio con el Instituto de Danza Alicia Alonso (ELDIARIO.ES)

    ELDIARIO.ES publica esta noticia:

    El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, tendrá que declarar investigado por un delito de prevaricación, contra la propiedad intelectual, malversación de caudales públicos y coacciones el próximo 16 de enero, como ha adelantado el diario Público.
    El juez de instrucción lo cita en virtud de la querella penal que le han interpuesto los responsables del Instituto de Danza Alicia Alonso, un centro de una fundación privada que tenía un convenio con la URJC prácticamente desde su fundación. El centro recibía todos los años en torno a un millón de euros y lo gastaba y luego jutificaba en unas memorias. Las instalaciones las ponía la universidad pública, así como parte del profesorado. El centro Alicia Alonso, que además de titulaciones oficiales impartía títulos privados al margen de la universidad, decidió emprender acciones legales después de que el rector decidiera romper el convenio tras revisar diversa documentación.



    lunes, 22 de abril de 2019

    El crecimiento de la universidad privada convierte la educación superior en un negocio de alta rentabilidad (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

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    Universidades privadas y beneficio económico.

    La universidad privada en España se ha convertido ya en un nicho de negocio que mueve mucho dinero. Y deja unos márgenes de beneficio de hasta el 50% en algunos casos. El sector, que incluye universidades y escuelas de negocio, facturó en total 2.255 millones de euros en 2017, según la consultora DBK, con un crecimiento anual del 7%. Este diario ha recabado datos de 23 centros privados (los otros ocho no los tienen publicados y no han respondido a la petición de información realizada), que arrojan unos ingresos de 1.682 millones de euros en el último ejercicio con una rentabilidad media del 9,41%, según las cuentas que los propios centros publican, en algunos casos, o extraídas del Boletín Oficial del Registro Mercantil.


    Estas cifras ha hecho que la educación superior sea un campo que inversores de todo tipo miran cada vez con mayor interés. Entre las 23 universidades privadas de las que hay información pública ganaron en el último curso 146 millones de euros antes de impuestos.

    No todas son iguales

    Pero los datos gruesos pueden llamar a engaño: el comportamiento de los centros es desigual.
    En general se podría hablar de tres categorías de universidades privadas, al menos en función de sus balances recientes. En un primer grupo estarían ocho centros (la Universidad de Navarra, Deusto, la Internacional de Catalunya, Mondragón University, la Universidad de Vic y la Udima) que presentan beneficios por debajo del 3% o incluso pérdidas (es el caso único de la Universidad de Navarra, que perdió 20 millones de euros el último curso, y de la Europea de Canarias, con un déficit de 436.000).
    Un segundo grupo intermedio lo forman cinco universidades que están entre el 4% y el 10% de margen de ganancias. Son la Universidad San Pablo CEU, la Europea de Madrid, la Camilo José Cela, la Abad Oliva CEU y la Antonio de Nebrija.
    Por último, las universidades privadas que ganaron más del 10% de sus ingresos son diez: la Pontificia de Comillas, la Europea de Valencia, la Alfonso X El Sabio, IE University, Universidad de San Jorge, Europea Miguel de Cervantes, Isabel I, UNIR, Francisco de Vitoria y la Internacional de Valencia. Especial mención merecen en esta categoría la Alfonso X El Sabio (obtuvo un beneficio sobre ingresos del 55%), la Isabel I (50%), la Internacional de Valencia (28% de margen), la IE University (27%) y la Pontificia de Comillas (25% de beneficio).
    Las universidades Ramón Llull, Pontificia de Comillas, Loyola de Andalucía, UCAM y Católica San Vicente Mártir no tienen sus cuentas publicadas ni han respondido a la petición de este diario. La Católica de Ávila sí respondió, aunque lo hizo denegando la solicitud porque las cuentas no son públicas.

    Religiosos y laicos por igual

    Las universidades privadas operan bajo diferentes formas jurídicas, pero la Iglesia católica española domina el territorio: operan 13 universidades católicas o de inspiración cristiana, sean de la Iglesia, de algunas de sus congregaciones o impulsadas por el sector civil pero relacionadas con el catolicismo.
    No le va mal a la Iglesia y entorno con la educación superior. Aunque muchos de sus centros se declaran "sin ánimo de lucro", entre todos generaron 968 millones de euros en ingresos (aunque casi la mitad corresponden a la Universidad de Navarra) y unas ganancias conjuntas de 39 millones de euros (Navarra perdió 20). Mención especial por sus cifras merecen la Universidad Pontificia de Comillas, que ganó 23 millones de euros el pasado curso, San Pablo CEU (15 millones), la Universidad de San Jorge (cuatro millones y un retorno del 20%) y la Francisco de Vitoria, que obtuvo 11 millones de euros de beneficios antes de impuestos.
    Además de los religiosos, otros sectores han creado (o participado) centros privados en los últimos años. Por ejemplo, la familia Segovia montó la Universidad Camilo José Cela a través de la Institución Educativa SEK, con la que ganaron 2,7 millones de euros en el último curso. O el Instituto de Empresa la IE University, que ha obtendio un 27% de margen positivo. El empresario sanitario Elecier Villar, junto a otras cinco familias, puso en marcha la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que ingresa 11,1 millones de euros al año y devuelve 2,3, un margen del 21%.
    El burgalés Grupo Campus Educativo le saca una rentabilidad del 50% a la Universidad Isabel I. La UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia) es la última de las grandes universidades impulsadas desde el sector civil (aunque vinculada a la iglesia hasta el punto de que el Papa ha intervenido para poner orden en algunas cuestiones polémicas del centro) y está asociada al nombre de José Luis Mendoza Pérez (un laico neocatecumenal). No tiene publicadas sus cuentas.
    Un caso a medio camino entre unas y otras es el de la Universidad Internacional de Valencia, creada por la Generalitat valenciana, aunque siempre fue de gestión privada. La ha comprado recientemente la Editorial Planeta, que obtuvo un beneficio del 28% en el último ejercicio, cuando ganaron 4,6 millones de euros.

    Un terreno propicio

    El cóctel detrás de estos datos es goloso: un mercado laboral que cada vez demanda más formación (que aporta una clientela asegurada). Una competencia –la universidad pública– con unos precios que han subido notablemente en los últimos años acercando el coste entre ambas opciones. A esto se le añade un potencial de país europeo atractivo para el creciente público internacional y una mayor agilidad a la hora de ofertar másteres más pegados a las demandas de las empresas.
    Los fondos de inversión ya han detectado la oportunidad de rentabilidades en el segmento educativo en España: en el último mes se ha conocido que dos de ellos, con sede en Londres, Permira y CVC Capital Partners, han adquirido dos de las universidades privadas más rentablesde España, la Universidad Europea y la Alfonso X El Sabio por 770 y 1.100 millones de euros respectivamente (la segunda cifra no es oficial, la aporta El Confidencial).
    La compra de la Universidad Europea (todo un conglomerado de centros entre España y Portugal) y la Alfonso X El Sabio supone pagar 15 veces los 50 millones de euros de beneficios anuales del grupo en el primer caso y 18 veces en el segundo.
    El terreno de juego parece abonado. El número de universidades privadas no para de crecer en España mientras no se levanta un centro público desde que se aprobara la Politécnica de Cartagena a principios de los años 90. Los últimos ejemplos están muy recientes: la Comunidad de Madrid acaba de aprobar tres nuevos centros privados, que serán una realidad en cuanto se acabe el trámite legal. En la región, ejemplo de la apuesta por lo privado, habrá 13 universidades privadas (más todos los campus de otras que no tienen su sede en la capital) frente a las seis públicas.
    Además, las privadas están ganando la batalla por llevarse a los alumnos, especialmente de los másteres que se han vuelto cada vez más imprescindibles desde la implantación del Plan Bolonia derivado del Espacio Europeo de Educación Superior implantado en 2007. En los últimos diez años, con la eclosión de estos posgrados, las universidades privadas han multiplicado por diez sus alumnos de máster (de 7.668 a 73.744 al año) y más que duplicado el porcentaje respecto al total (del 15% al 36%). Las públicas han multiplicado sus alumnos por tres (de 42.753 a 131.305) y reducido la proporción de todo el alumnado superior (del 85% al 64%).

    La lógica del movimiento

    Algunos expertos vaticinan que las recientes adquisiciones de universidades por parte de fondos no van a ser los últimos. "Los fondos están repletos de efectivo y buscan cualquier cosa que dé rentabilidad", explica José García Montalvo, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. "Parece lógico pensar que las instituciones con capacidad de dar títulos puedan dar rentabilidad", añade.
    Rafael Ramiro, profesor en Icade Bussinness School, valora que los fondos paguen "ese nivel de múltiplo" (sobre los beneficios anuales) y en un post de su blog aventura algunas actuaciones que podrían realizarpara mejorar las perspectivas de negocio: consolidación de la oferta universitaria privada con el objetivo de ganar en tamaño para ahorrar en los costes fijos; la creación de grandes instituciones educativas integradas, dando lugar a grandes grupos educativos que abarquen desde Primaria hasta la Universidad; la internacionalización del alumnado para atraer estudiantes latinoamericanos y asiáticos para elevar los ingresos por matriculaciones; la innovación educativa para competir con los grandes campus presenciales públicos; la mencionada y creciente demanda de formación; y la transformación de la operativa interna para aumentar la eficiencia de las organizaciones y reducir gastos.