4-9-2021: Manifestación “Por una vuelta segura a las aulas. Por un Plan de rescate para la Educación Pública” (18:30 h., Neptuno-Cibeles-Consejería de Educación. C/ Alcalá 32)

 

Resolución de Delegación del Gobierno

30 de agosto de 2021

Visto el escrito remitido con fecha 11 de agosto de 2021, por xxxx, del que se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante dicho escrito, xxxxxxx, comunica a esta Delegación del Gobierno la realización de una MANIFESTACIÓN en MADRID, el día 4 de septiembre de 2021, de 18:00 a 20:30 horas, con el itinerario siguiente: Inicio en la Plaza de Neptuno. Recorrido: Paseo del Prado, Calle de Alcalá.

Lugar de finalización donde se realizará una concentración para lectura de manifiesto e intervención de los convocantes: C/ Alcalá 32, Consejería de Educación.

Los motivos de la manifestación son “Vuelta segura curso 2021-22.
Garantizar la salud pública de la Comunidad Educativa. Para ello es necesario bajar la ratio por aula del curso 2020-2021. La contratación de al menos el mismo número de profesoras y profesores del curso 2020-2021. El mantenimiento del mismo número de aulas y de centros educativos que en el curso 2020-21 y la construcción y finalización sin fases de centros educativos públicos”.

La previsión de asistentes es de 2.000 personas.


FUNDAMENTOS DE DERECHO
[...]


Por cuanto queda expuesto, esta Delegación del Gobierno,

ACUERDA

PRIMERO: Tomar conocimiento de la MANIFESTACIÓN convocada por xxxx, que deberá tener lugar en MADRID, el día 4 de septiembre de 2021, entre las 18:00 y las 20:30 horas, de la forma siguiente:

1.- La manifestación se iniciará en la Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno), ocupando los carriles de circulación del sentido Sur-Norte, sin invadir en ningún caso los carriles del sentido Norte-Sur.

2.- Iniciada la marcha continuará por los carriles del sentido Sur-Norte del Paseo del Prado, atravesará la Plaza de Cibeles por el lado sur (sin rodear la fuente) y continuará por la Calle de Alcalá ocupando únicamente los carriles del sentido Puerta del Sol-Plaza de Cibeles. Una vez se haya sobrepasado el eje formado por la Calle de Alcalá con Gran Vía la manifestación continuará por los carriles del sentido marcha de vehículos Plaza de Cibeles-Puerta del Sol (dejando libres los carriles de sentido contrario), hasta llegar a la altura del número 32 de la Calle de Alcalá, frente a la Consejería de Educación.

3.- La manifestación finalizará con una concentración que tendrá lugar en la Calle de Alcalá, frente a la sede de la Consejería de Educación (Calle Alcalá, nº 32), ocupando los carriles del sentido Plaza de Cibeles – Puerta del Sol, sin invadir los de sentido contrario,.

4.- Los manifestantes en todo momento atenderán las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o de los Agentes encargados de regular el tráfico, y permitirán el libre acceso a los edificios y el normal funcionamiento de los establecimientos públicos ubicados a lo largo del recorrido.

5.- Durante la manifestación se mantendrá una distancia mínima entre los participantes de al menos 1,5 metros, debiendo asimismo usar mascarillas. 

Al finalizar el acto, deberán abandonar la zona de manera ordenada y cumpliendo las normas de distanciamiento social.

6.- En función de la afluencia de manifestantes, y con el fin de que el acto se desarrolle en condiciones de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se habilitarán nuevos espacios o se limitarán los mismos.

SEGUNDO: Dado que la responsabilidad del acto corresponde a los organizadores, deberán adoptarse por los mismos las medidas de seguridad previstas en los artículos 4 y 9 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, modificada por la Ley Orgánica 9/1999 de 21 de abril.

Asimismo deberán ser atendidas por parte de los organizadores y participantes en dicha reunión las indicaciones de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidas a ordenar el normal desarrollo de la misma, con el fin de no perturbar el libre ejercicio por los demás ciudadanos de sus derechos y libertades y para hacer posible la prestación de servicios públicos esenciales y el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

TERCERO: La instalación de cualquier elemento material en la vía pública, ya sean escenarios, mesas, etc., deberá cumplir la legislación vigente en materia de régimen local, autonómico o estatal a los efectos de salvaguardar el resto de bienes constitucionalmente protegidos. En cuanto al uso de megafonía se deberán respetar los límites de emisión sonora establecidos por la normativa municipal.

CUARTO: El derecho de reunión deberá desarrollarse en los términos fijados en esta resolución.

Lo que notifico a Vd., conforme viene legalmente establecido, significándole que contra el acuerdo del que se ha dado traslado podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de dicho Orden Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de 48 horas desde la notificación de este acuerdo, trasladando copia de dicho recurso, debidamente registrada, a esta Delegación del Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio y artículos 10.h y 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA DELEGADA DEL GOBIERNO,
Fdo.: Mercedes González Fernández

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#SíHayDinero: La factura del rescate a la banca multiplica por seis los recortes en Sanidad y Educación

Agustín Moreno (@MorenoG_Agustin) ha tuiteado el enlace a este artículo:

elboletin.com: La factura del rescate a la banca multiplica por seis los recortes en Sanidad y Educación

Desde que en 2009 fue creado el FROB, las antiguas cajas de ahorros han recibido 75.352 millones de euros, de los que apenas se han recuperado 3.547 millones. Una factura para el contribuyente que incluso supera el tijeretazo a los servicios ciudadanos básicos.

La venta de CatalunyaCaixa supone un punto y seguido en la reestructuración de las cajas de ahorros, que hasta el momento arroja un saldo más que negativo para los contribuyentes: seis veces el equivalente a los recortes en Sanidad y Educación, o lo que es lo mismo, 75.352 millones de euros.

El rescate de las antiguas cajas de ahorros ha costado esta astronómica cifra en los cinco años que dura ya la crisis, a través de las diferentes ayudas directas que han recibido las entidades a través del FROB 1, el FROB 2, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el MEDE (fondos de la Unión Europea). De esa cifra, a día de hoy apenas se han recuperado 3.547 millones, apenas un 4,7% del total.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) creado en 2009 por la entonces ministra de Economía Elena Salgado prestó en un primer momento a BFA 4.465 millones de euros, 1.250 millones a CatalunyaCaixa, 1.162 millones a Novacaixagalicia, 915 millones a BMN, y 525 millones a Caja España-Duero. Las únicas ayudas de esa primera fase que no se convirtieron en pérdidas fueron los 977 millones recibidos por Banca Cívica, absorbida ahora por CaixaBank y devueltos ya por la entidad catalana, y los 380 millones de Unnim, que pasó a manos de BBVA.

Pero estas primeras ayudas no fueron suficientes ni mucho menos para frenar la sangría. Así, en 2011 el FROB se vio obligado a inyectar más dinero en dos entidades que ya habían sido rescatadas: CatalunyaCaixa, que recibió 1.718 millones, y Novagalicia (antes Novacaixagalicia), al que se inyectó 2.465 millones, también perdidos, al igual que los 1.000 millones recibidos por Banco de Valencia, filial de Bancaja, y vendido finalmente a La Caixa por el precio simbólico de un euro.

En 2012, ya con Guindos al frente de Economía, se anunció un nuevo rescate para la banca, esta vez con fondos de la Unión Europea (MEDE), en el que se inyectaron 17.959 millones en Bankia; 9.084 millones en CatalunyaCaixa; 5.425 millones en Novagalicia; 730 millones en BMN; 124 millones en Liberbank; 604 millones en Caja España-Duero; 407 millones en Caja 3; 4.500 millones en Banco de Valencia; y 245 millones en Banco Gallego.

Tanto las ayudas al Banco Gallego como al Banco de Valencia también se han materializado ya en pérdidas, mientras que en CatalunyaCaixa el Estado sólo recuperará 1.187 millones pagados por BBVA, de los más de 12.000 millones inyectados, y tras cubrir los riesgos de litigio de la entidad catalana. Novagalicia, que recibió más de 9.000 millones a través de hasta tres rescates públicos, fue vendido el año pasado a Banesco por apenas 1.003 millones en una operación cuya letra pequeña aún puede engordar la factura pública.

En principio, la devolución de las ayudas en Caja España-Duero y Caja 3 corresponderán a Unicaja e Ibercaja, respectivamente, que absorberán estas entidades, mientras que los 124 millones recibidos por Liberbank no causan ninguna preocupación, una vez ha salido ya el banco a Bolsa. También será la Bolsa el destino de BMN, aunque habrá que esperar un tiempo para que se produzca este proceso.

Ironías del destino, Bankia se ha convertido en la gran esperanza del Gobierno para intentar reducir en lo posible la factura a costa de los contribuyentes. A principios de año, el FROB logró vender un 7,5% de las acciones del banco entre inversores institucionales, lo que le valió para recaudar 1.304 millones de euros, que no obstante todavía no se pueden dar por recuperados ya que quedaron en el balance de BFA, controlado al 100% por el FROB. Las recientes turbulencias de los mercados tras la crisis del portugués Banco Espírito Santo y el default técnico de Argentina desaconsejan nuevas desinversiones en el corto plazo.

No todas las ayudas públicas representan una factura para el Estado, ya que el FROB traspasó parte de los rescates al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), nutrido con las aportaciones de las propias entidades. Así, los bancos y las cajas sanas además de sobrevivir la crisis han pagado 10.982 millones al FGD para sanear las cajas no viables. Hay que tener en cuenta además que otros 12.727 millones de euros del rescate lo han aportado los afectados por las preferentes a través de las fuertes quitas impuestas por Bruselas a cambio del MEDE, que finalizará este año sin que el Gobierno haya pedido a la Comisión Europea una prórroga.

También hay que tener en cuenta al banco malo, que se ha dado un plazo de 15 años para obtener una rentabilidad tanto para el Estado como para sus accionistas privados. El volumen de activos adquirido por la Sareb alcanza los 50.653 millones de euros. Su accionariado está compuesto por 14 bancos nacionales, dos bancos extranjeros, una eléctrica, diez aseguradoras y el FROB. El fondo de rescate tiene una participación del 45% sobre el total, por lo que la participación pública en estos activos asciende a 22.793,85 millones.

“Se busca padrino para estudiante pobre”. La responsabilidad social frente a la caridad organizada (Enrique J. Díez)

Si estrangulas a alguien hasta que no le quede prácticamente oxígeno, su cara delatará que prefiere respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiado. Si condenas a alguien al paro de larga duración, con una familia a la que mantener, seguramente preferirá un minijob precario y esclavo que dejar morir de hambre a su familia. Si recortas y saqueas el dinero público destinado a educación, dedicándolo a rescatar entidades bancarias y financieras que vivieron por encima de nuestras posibilidades, la caridad, el mecenazgo, las donaciones “filantrópicas” y los “padrinos” empezarán a parecer alternativas “razonables”, o al menos alternativas posibles para algunos gestores universitarios, ante la destrucción y el desmantelamiento que vive actualmente la Universidad y la investigación pública.

Es la denominada “doctrina del Shock” que tan magistralmente ha analizado Noami Klein en su libro subtitulado “El auge del capitalismo del desastre”. La terapia de shock que se impone mediante reformas continuas, que destruyen instituciones y bienes públicos, generando “atractivas oportunidades de mercado”, provocan situaciones de trauma colectivo que facilitan los programas de ajuste. Las sociedades en estado de shock, analiza esta autora, renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza.

Esto es lo que entiendo que le está pasando a la presidenta de la CRUE y rectora de la Universidad de Málaga o al rector de la Complutense. Sus propuestas de crear bolsas de caridad captando “donaciones” de empresas y particulares para costear los estudios a alumnado sin recursos, parecen confirmar que son víctimas del electroshock neoliberal.

La propuesta de “bolsa de donativos” que la máxima autoridad universitaria nos presenta como alternativa a los recortes del Partido Popular no hace sino profundizar la lógica brifonte del conservadurismo neoliberal más rancio: recortar derechos básicos, accesibles a toda la población, para convertirlos en una mal entendida “caridad” que “generosos padrinos” otorgarán a algunos elegidos para ser rescatados del pozo sin fondo que a todos los demás han arrojado los recortes sociales. Recortes en la financiación pública destinada a los derechos y servicios básicos, como educación, porque se ha tomado la decisión política de destinarlos a rescatar “sus” bancos y “sus” grandes consorcios empresariales y financieros.

Parece que volvemos a la época que el director de cine Berlanga retrataba en su película “Plácido”, donde describía la tradicional campaña navideña en la España de la posguerra basada en el lema "Siente a un pobre a su mesa". Convertir las Universidades públicas en ONGs que piden “apadrinar” estudiantes no sólo es de por sí indignante en el actual contexto de recortes de derechos, sino que supone un auténtico atentado contra los derechos conquistados por la ciudadanía y contra la obligación política ineludible consagrada en la Constitución de garantizar este derecho fundamental a la educación. Retroceder a la época donde sólo quienes tenían mecenas podían acceder a los estudios superiores supone una regresión histórica en la conquista de los derechos sociales.

Según esta filosofía de la mezquindad, parece que los 30.000 estudiantes que fuentes de EL PAIS calculan están al borde de la expulsión de la Universidad por no poder pagar sus estudios universitarios, se verán abocados a poner un anuncio en el periódico o deambular por las calles de nuestras ciudades con carteles que anuncien “se busca padrino para estudiante pobre” para no ser expulsados de los “templos del saber” por querer formarse y tener un título universitario.

Recordemos que desde el 2010 el PP ha recortado 1.200 millones a las Universidades Públicas y que las Comunidades Autónomas deben a las Universidades 1.000 millones de euros. Que el PP ha encarecido los precios de las matrículas de las Universidades Públicas, oscilando la subida entre el 22% y el 92% en buena parte de las Comunidades gobernadas por partidos conservadores y muchísimo más los másteres y las repeticiones de curso, llegando en algunos casos al 362% de incremento. Igualmente el PP ha recortado sustancialmente las becas y ayudas a los estudios y ha endurecido los requisitos para conseguirlas y mantenerlas. Si a esto sumamos que han recortado más de 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años en las Universidades públicas, mientras que el número de estudiantes creció casi en 90.000, nos encontraremos con el dilema del inicio: si estrangulas las Universidades públicas hasta que no les quede prácticamente oxígeno, prefieren respirar, aunque sea mediante respiración asistida, que morirse asfixiadas. El gran problema es el “precio” de esa respiración asistida.

Porque las “donaciones” filantrópicas pueden ser una ínfima minoría, como la pensionista que relata la rectora de Málaga, que se ofrecía a pagarle los estudios a un alumno que se hubiera quedado fuera de la enseñanza superior por problemas económicos. Es loable este gesto de solidaridad y apoyo, pero la inmensa mayoría de los “filántropos” son quienes tienen recursos y se han enriquecido lo suficiente como para enfocarlo como una “oportunidad” y una inversión, con su correspondiente desgravación fiscal por supuesto. Porque lo que se ha venido comprobando en el ámbito anglosajón, donde estas prácticas son más habituales, es que quien paga manda.

Son los patrocinadores y donantes quienes establecen las políticas y orientaciones de las Universidades. Tal como nos augura la nueva reforma universitaria auspiciada por el PP en España, pero cuyas estrategias básicas ya se empezaron a implementar con anterioridad, introduciendo los Consejos Sociales como espacios de participación empresarial y que se está convirtiendo en lobby de presión de las grandes compañías y donantes en el ámbito universitario. No son precisamente los movimientos sociales, las plataformas antideshaucios, las ONGs, los movimientos feministas, quienes están sentados en los Consejos Sociales. No son precisamente los trabajadores y trabajadoras de este país, expoliados sistemáticamente por las reformas laborales o de pensiones y que han dejado su piel para que sus impuestos rescataran a los bancos, los que pueden hacer donaciones. Es esa España del 1%, la “marca España”, la que De Guindos afirma que crecerá en el 2014 por las reformas hechas por “sus” dirigentes políticos, la que puede verlo como una “oportunidad” de negocio.

Se genera así un círculo vicioso, donde los recortes en la financiación pública de la universidad son considerados como “incentivos” para que las universidades públicas busquen financiación privada. De esta forma, en todo el mundo, las universidades están ofreciendo sus instalaciones científicas y su inestimable credibilidad académica para que las grandes empresas las utilicen. Los donantes imponen su logotipo en las paredes y los espacios universitarios, vuelven a bautizar los edificios y promueven cátedras a cambio de una denominación que revela el origen de los fondos. La investigación que proviene de estas cátedras responde a los intereses de quienes las patrocinan, no sólo porque son quienes las financian y ante quienes hay que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados “tangibles” y que produzcan “beneficios”, sino también porque recortan y definen los temas e intereses de las investigaciones, así como las prioridades de las mismas. De esta forma, el valor mercantil de las investigaciones prevalece sobre su contenido científico. La “disciplina por el dinero” que se impone en el mundo universitario, al dejar al mercado la decisión acerca del reparto de los recursos y las recompensas, introduce muy serias amenazas en la vida intelectual y el pensamiento, tan peligrosas como las del maccarthismo ideológico.

La penetración de la lógica del beneficio conduce a que los rectores y las rectoras de las propias Universidades públicas acaben desempeñando un papel similar al de los representantes de comercio, siendo valorados por su capacidad para conseguir fondos privados. Mientras, se está poniendo en el disparadero a los estudiantes con menos recursos, porque los que son herederos de la “marca España”, de ese 1% enriquecido, no tienen ni tendrán problema para seguir en la Universidad cinco o cincuenta años.

El problema de fondo no sólo es que las políticas neoliberales y neoconservadoras se estén aplicando para excluir a buena parte de la población que fue incluida en los últimos treinta años en el sistema educativo universitario, sino que se está produciendo una mutación de la propia concepción de la Universidad pública como un derecho. Porque esta filosofía de la mezquindad apela al altruismo, frente al derecho. A la caridad volátil y discrecional de los donantes privados, frente a la responsabilidad de los poderes públicos. Como si de nuevos pobres se tratara, los estudiantes tendrán ahora que pasar la gorra y pedir limosna si quieren estudiar.

La educación es una cuestión de responsabilidad colectiva y social, no de caridad individual organizada. No se trata de cuestionar la virtud moral de quien se conmueve y siente piedad por sus semejantes, proponiendo actos de solidaridad o apoyo. Se trata de que un Estado Social y de Derecho debe garantizar con sus políticas públicas los derechos de su ciudadanía, no disfrazar bajo un sentido caritativo y moral su responsabilidad política en la amputación de los derechos de nuestros estudiantes.

Artículo de Enrique Javier Díez Gutiérrez * publicado en tercerainformacion.es

* Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

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Cuatro previsibles recortes tras el rescate

Este artículo, firmado por Ignacio Escolar, lo leemos en ZONA CRÍTICA, blog de eldiario.es 

La letra pequeña del rescate a España

Ya es oficial: España es el cuarto país de la zona euro que se acoge a un rescate para salvar sus cuentas. Por mucho que el Gobierno intente disfrazar la realidad, por mucho que sea solo un rescate financiero (como el de Irlanda, por otra parte), la realidad es que España pierde hoy gran parte de su soberanía. Aunque no hay condiciones explícitas para la política económica y fiscal del país, las hay implícitas. La UE y el FMI no nos van a regalar 100.000 millones de euros.

El rescate no se condiciona de forma directa con unos ajustes concretos –como con Grecia, Portugal e Irlanda–, pero el propio comunicado del Eurogrupo deja claro que sí hay recortes pendientes: “El Eurogrupo está convencido de que España va a cumplir sus compromisos sobre el excesivo déficit y con las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso en estas áreas será vigilado muy de cerca y regularmente revisado ​​en paralelo con la asistencia financiera.Traducido: si no se cumple pronto con el déficit, el grifo para la banca también se cierra.

En próximas fechas, tal vez la próxima semana –hay quien dice que será mejor que llegue antes de las elecciones griegas–, Mariano Rajoy nos leerá a los españoles la cara oculta de esta “ayuda” exterior. Aunque el rescate no esté formalmente condicionado, implícitamente sí lo está: el dinero para salvar a nuestra banca no saldrá gratis para la sociedad. Desde Alemania recetan desde hace años a España cuatro medidas para el ajuste fiscal, para cuadrar las cuentas públicas. Cuatro grandes recortes de los que Rajoy nos hará tomar dos tazas: pensiones, funcionarios, IVA y prestaciones por desempleo.

El Gobierno da dos de estos tijeretazos por seguros –subida del IVA y recorte a funcionarios– y está intentando resistirse como puede a los otros dos: a tocar las pensiones y las prestaciones para los parados. “Las dos primeras están ya casi descontadas, pero las otras dos provocarían serios problemas sociales”, asegura un alto cargo del Gobierno.

Subida del IVA. No se trata solo de subir otros dos puntos el tipo máximo, del 18% al 20 % o al 21%. También pasa por cambiar determinados productos y servicios del IVA reducido al IVA normal. Por ejemplo, los hoteles y restaurantes. En gran parte de Europa pagan el IVA normal. Aquí, por ahora, es IVA reducido.

Recorte a funcionarios. Con casi seguridad, se congelarán las nuevas plazas y también se recortarán los salarios, probablemente a través de reducciones en las pagas extras y en los complementos. La línea roja está en los despidos: en reducir el número total de trabajadores públicos, no solo eliminando interinos. No sería novedad en un país intervenido: ya ha pasado en Irlanda, en Grecia y en Portugal.

Pensiones. Es uno de los recortes que el Gobierno está intentando evitar, consciente de su tremenda impopularidad. Hay tres ingredientes en esta receta: elevar aún más la edad de jubilación –en Irlanda, por ejemplo, ya están en los 68 años–, acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 y, como última opción, recortes las pensiones que ahora mismo se pagan.

Prestaciones por desempleo. En dos formatos: endureciendo las condiciones para acceder al seguro de desempleo y también reduciendo su cuantía y su duración.

Además de estos cuatro duros recortes que se barajan, prepárense también para la pedrea: tasas, copagos, peajes, privatizaciones… El Gobierno español pretende pasar a la historia como el primero en Europa que afrontó una intervención sin perder el poder y sin dar siquiera la cara –que Rajoy no comparezca es insultante–. Después de todas sus mentiras, a pesar de su reciente mayoría absoluta, ¿tendrán la legitimidad social necesaria como para convencer a los ciudadanos de que acepten un ajuste así?

Léelo en Zona Crítica

Firma: ¡Investigación BANKIA ya!
http://www.avaaz.org/es/investigacion_bankia_ya/?cl=1853419302&v=15050