domingo, 31 de marzo de 2019

Interinidad, oposiciones, acceso función docente. Situación en los centros (condiciones del alumnado, del profesorado y otr@s trabajador@s y de las familias). Ampliación del documento. Trabajado en la Asamblea Marea Verde Madrid el 14-3-2019

Este documento recoge los puntos en los que los colectivos participantes (Asamblea Marea Verde, ADIMA y Estafados por las oposiciones, entre otros) han alcanzado acuerdo en las asambleas celebradas el 22 de noviembre de 2018, el 10 y el 24 de enero, el 21 de febrero y 14 de marzo de 2019, y los puntos en amarillo todavía no consensuados. Quedan para debate otros aspectos, aún sin publicar, sobre interinidad, acceso docente, situación en los centros y más apartados en lo referente a la propia oposición.

OPOSICIONES

1. Pruebas no eliminatorias. Que todos los opositores y opositoras realicemos todas y cada una de las pruebas de las que consta el proceso selectivo, pudiendo así mostrarse competencia tanto teórica como práctica. El proceso de concurso-oposición no debe seguir basándose en una concepción de la educación en la que la memorística prime sobre las destrezas docentes.

2. Acceso a los exámenes una vez realizados y conocer las correcciones que dan sentido a las calificaciones.

3. Obligación de contestar a los Recursos de Alzada interpuestos en contra de las calificaciones de las pruebas, adjuntando el examen corregido.

4. Coincidencia de las fechas de los exámenes en todas la Comunidades Autónomas.

5. Criterios de evaluación y rúbricas que manejará el Tribunal durante los exámenes publicados como muy tarde en la convocatoria de las oposiciones.

Que se establezca por convocatoria y no a merced de la comisión de selección que el intervalo de tiempo entre la realización de las partes A y B de la primera prueba (prácticos y tema) sea de 1 hora como máximo y para todas las especialidades, a fin de que la realización de ambas partes sea lo más continua posible; invirtiendo el orden de realización de las pruebas para conseguir este objetivo si fuera necesario. En el caso de los ejercicios prácticos en los que hacen descansos, que se estipule un tiempo igual para todos los tribunales de 20 minutos. Se pretende por tanto evitar tiempos de espera y de estrés innecesarios para el opositor, gracias a una mejor organización y optimización del tiempo.

6. Que los miembros del tribunal sean elegid@s por sorteo, incluid@sl@s presidentes.

(También se proponen otras medidas para ser recogidas, como que se articule un sistema para que no se repita el ser miembro de tribunal en dos convocatorias consecutivas) (CCOO pide que se explicite en el documento final que esto lleva aparejado condiciones dignas laborales para las personas elegidas).

7. Que sean públicos los contenidos mínimos exigibles de cada tema.

8. Que las reclamaciones sean corregidas por un tribunal distinto al que se reclama.

9. Que se amplíen los periodos de reclamación y revisión.

10. Que cambie el número máximo de opositores por tribunal a un máximo de 50.

11. Definición y unificación entre todos los tribunales de las instrucciones previas a la realización del examen con relación a la ortografía, los signos de puntuación, el subrayado de palabras, el material permitido y la utilización de borradores.

12. Recursos materiales utilizados para pruebas específicas de las especialidades dignos del proceso y los mismos para todos los tribunales, permitiendo su manipulación si resultase necesario (por ejemplo, los altavoces para el listening en la especialidad de Inglés o los ejemplares para reconocimiento de especies en Biología y Geología).

13. Actualización de los temarios sin que de ello se derive su ampliación, respetando el número de temas actual (25 en maestros) y estableciendo un máximo para secundaria.

14. Que los tiempos de realización de las pruebas escritas (prácticos y tema) sean incrementados (mínimo 30 minutos) independientemente de la especialidad, respecto a los tiempos de convocatorias pasadas sin que esto implique un aumento del número de apartados y/o ejercicios que ya se venían incluyendo hasta 2018 en cada prueba. Que sea obligatoria la presencia de un reloj en pared del aula (con la obligación de revisar antes del día de comienzo de las pruebas que efectivamente funciona), a la vista de todos los opositores y adaptado a las necesidades de diversidad funcional.

15. Que se graben las pruebas orales de los opositores y que estén accesibles a los mismos como prueba material sobre la actuación realizada ante el Tribunal a la hora de reclamar la nota obtenida en dichas pruebas.

16. Que en el examen haya dos opciones/modelos de ejercicios prácticos a realizar (A y B), de nivel similar pero con ejercicios distintos, de forma que el opositor pueda escoger una de las opciones propuestas.


        CON RESPECTO A LOS TRIBUNALES:
    • Que se especifiquen y publiquen unas condiciones laborales y salariales dignas y objetivas para los y las docentes que forman los tribunales. Fijación de la jornada laboral.

        CON RESPECTO AL ACCESO:

    • Publicar las plantillas orgánicas de los centros con el fin de que se oferte el mayor número posible de plazas. 
        CON RESPECTO A LA INTERINIDAD:
    • Permitir a profesorado interino que cuenten con una vacante en la asignación informática poder repetir en el mismo centro educativo, para poder dar continuidad a proyectos iniciados y favorecer así la creación de equipos docentes estables que atiendan al mismo alumnado durante mayores periodos de tiempo, bajo unas condiciones objetivas y transparentes.
    • Reconocer el trabajo continuo del profesorado interino reconociendo los sexenios de oficio en las mismas condiciones que el personal funcionario de carrera.
    • Cobrar el verano siempre que se trabaje más de 5 meses y medio durante un curso escolar. 
        CON RESPECTO A LA SITUACIÓN EN LOS CENTROS.

Derogación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Eliminación del uso de la construcción por fases de centros educativos.

Renovación de los edificios e instalaciones de los centro públicos que lo requieran.

Dotación a todos los centros educativos de los recursos materiales y pedagógicos necesarios.

Cobertura de todas las bajas desde el primer día, al menos en todos los casos en los que las mismas sean conocidas con anterioridad (los permisos y las licencias) y en las restantes sustituir al día siguiente.

Igualar condiciones del curso de prácticas para docentes embarazadas en todas las Comunidades Autónomas, pues actualmente hay diferencias en cuanto a los meses de permanencia en el centro.

Eliminar la enseñanza de la religión de las aulas. Hacer de la escuela un espacio aconfesional.

Eliminar los conciertos educativos y los privilegios que recibe la enseñanza privada concertada en detrimento de la Educación Pública.

Entrada relacionada:

Calendario de acciones Marea Verde Madrid para la semana del 1 al 7 de abril de 2019 y próximas convocatorias

Del 23 de marzo al 1 de septiembre de 2019: Madrid, ciudad educadora. Memoria de la Escuela Pública 1898-1938 (Museo de Historia de Madrid)

Lunes 1
1-4-2019: Acto por el comienzo de las obras del IES Francisca de Pedraza (10:00 h, en la parcela del IES. Barrio de la Garena. Alcalá de Henares)

Martes 2


2-4-2019:"Pruebas externas. 3º y 6º de Educación Primaria y 4ª ESO. ¿Cómo funcionan? ¿Qué evalúan? ¿Son obligatorias?" con Juan José Reina (10:00 h, en el CRE Julio Verne. Sede de la FAPA. C/ Logroño, 2. Fuenlabrada)

Miércoles 3 Día de la camiseta

Jueves 4
4-4-2019: Asamblea Marea Verde Madrid y VI Encuentro monográfico (de 17.30 a 20 h, en la sala C-09 de EVA. Plaza de Legazpi 7)

Viernes 5

5 y 6-4-2019: VI Jornadas Pedagogía Libertaria. Homenaje a Ferrer y Guardi (Centro Cultural Buenavista)

Sábado 6


Domingo 7
7-4-2019: VII Edición Parla en bici por la Escuela Pública (11:30 h, en la puerta del CEIP Blas de Lezo)

Puedes enviarnos información de las acciones de tu centro o zona a accionesmareaverde@gmail.com

Casado reivindica el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y apuesta por una nueva reforma educativa (ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia

Casado ha insistido en que esta cuestión será una prioridad para él en caso de acceder a la Moncloa tras las elecciones generales del 28 de abril y ha remarcado que los cambios que se impulsen deberán ir siempre acompañados de la libertad de elección de los progenitores.
El líder 'popular' ha apostado por un nuevo modelo educativo en el que prime la evaluación pública del Estado y en el que exista un MIR de educación a nivel nacional, acompañado de medidas como un mayor refuerzo a la Formación Profesional Dual.
Asimismo, ha destacado la necesidad de conducir el sistema hacia un modelo en que no existan barreras lingüísticas y en el que en las comunidades autónomas en general prime un sistema de bilingüismo, si bien ha dicho que en aquellas en las que existan otras lenguas habrá que apostar por el trilingüismo.
Por otro lado, ha explicado que su proyecto incluiría una inspección educativa contra el adoctrinamiento y, todo, con el objetivo de acabar con las reformas emprendidas por el PSOE y que, según ha dicho, han conducido al "fracaso".
Ante el debate existente en torno a la pervivencia de los centros especiales, Pablo Casado ha sostenido que es necesario que, también en este campo educativo prime la libertad de los padres para elegir el modelo en el que quieren que sus hijos cursen estudios .
Finalmente, el presidente nacional del Partido Popular ha defendido esa misma libertad ante la posibilidad de decantarse por el ámbito concertado.

El coordinador económico de Vox aboga por "redefinir el Estado del Bienestar" sin educación y sanidad públicas (Néstor Cenizo en EL DIARIO)

ELDIARIO.ES publica esta información


El BOE publicó este miércoles las listas al Congreso y al Senado de los partidos que se presentan a las elecciones del 28 de abril y descubrió aquellos nombres que aún se mantenían en secreto. En la lista de Vox al Congreso por Málaga destaca Rubén Manso: sin vinculación con la provincia, es teniente del ejército de Tierra, economista, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, exinspector del Banco de España y aboga por "redefinir" el Estado del Bienestar. Su receta pasa por que el Estado deje de prestar servicios como la sanidad y la educación, según ha declarado públicamente. Vox anunció este jueves que Manso coordinará su programa económico.
Para Rubén Manso, "no es función del Estado proveer ningún bien o servicio, salvo tres o cuatro. Si me apuran tres, aunque admito un catálogo más grande. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Básicamente", explicó en una charla celebrada en la Asociación Española de Metales Preciosos el 14 de noviembre de 2012. "Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar (sanidad, educación) puede ser el asegurador", dijo inmediatamente después.


En su intervención, Manso propone que el Estado deje de prestar esos servicios, y sugiere que sea sustituido por un sistema de gestión privada sostenido por fondos públicos. "No podemos permitir que se pierda un talento o una vida por falta de medios... Perfecto, estoy de acuerdo", señala: "Pero no tiene por qué ser el Estado el que lo provea, tiene que ser el Estado el que lo asegure. Es distinto". La redefinición del Estado del Bienestar pasaría por eliminar prestaciones y servicios que están en su origen, como la sanidad y la educación públicas.
"Hay que redefinir cuáles son las funciones de un Estado, porque el Estado se ha convertido en el empresario más grande, y es mal empresario. Pero no digo que deje de ser empresario porque sea malo, sino porque no son sus funciones", zanja. 
El candidato de Vox admite que es "razonable" que el Estado asegure algunos bienes y servicios, como dispone la Constitución, pero señala que eso no implica que deba ser el proveedor. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, y dispone que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". El artículo 27.5 recoge que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".
Según el nuevo coordinador de Vox, las "grandes decisiones de consumo" a lo largo de la vida son "asegurarnos la vejez, dar educación a los hijos, gozar de ahorros suficientes o un sistema de protección que nos garantice la sanidad". Según Manso, esas decisiones "se nos han arrebatado". "Nos hemos convertido prácticamente en menores de edad, donde prácticamente todo el producto de nuestro esfuerzo va a manos del Estado, que nos deja unas cuantas monedas para que podamos ir de copas, ir al cine... En fin, esos vicios menores que todos tenemos. Comprar tabaco...". 
Para Manso, la mayoría de la población acepta "que el Estado tiene que solucionarnos la vida". Y añade: "Yo no quiero que el Estado me solucione la vida, entre otras cosas porque es lo que le da gracia a la vida: solucionarla, no que te la den hecho. Pero está claro que nos tenemos que plantear esta redefinición del Estado del Bienestar".
Manso expuso esta propuesta en la cuarta edición del Gold & Silver Meeting Madrid, titulada "Claves para sobrevivir a la Crisis Financiera", organizada por la Asociación Española de Metales Preciosos y OroyFinanzas.com, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, Lingoro.com y Oro-Express.es. Allí defendió también la vuelta al patrón oro para fijar el valor de la moneda, una propuesta habitual entre algunos economistas neoliberales.
Vox anunció el jueves que Manso coordinará su programa económico, basado en la bajada de impuestos y la reducción del gasto público. El programa aún no se conoce.

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1-4-2019: Acto por el comienzo de las obras del IES Francisca de Pedraza (10:00 h, en la parcela del IES. Barrio de la Garena. Alcalá de Henares)


sábado, 30 de marzo de 2019

Las políticas del PP (recortes, tasas, cheque FP...) hacen que el número de alumnos de FP en centros públicos de la Comunidad de Madrid crezca entre el 4 y 6%, frente al 28% en la concertada y hasta un 167% en la enseñanza privada


CCOO propone la supresión del título de la ESO para mejorar las tasas de abandono temprano (Pablo Gutiérrez del Álamo en EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica esta información:



La Federación de Enseñanza de CCOO acaba de hacer público un estudio sobre la variación de la tasa de abandono escolar temprano (AET) desde el año 2002 hasta el pasado 2018. Dicha tasa ha mejorado aunque parece que cada vez lo hace más despacio. Entre las soluciones que el sindicato pone sobre la mesa se encuentra la supresión del título de secundaria obligatoria, que sería sustituido por un certificado de conocimientos y una orientación académica y laboral que pudiera ayudar al alumnado a mejorar sus oportunidades formativas posteriores. Además, también han estudiado la evolución de la tasa de fracaso escolar y de la repetición.

Aunque la media esstá en un 17,8%, la cifra más baja y que nos acerca al objetivo de la Estrategia Europa 2020 según la cual deberíamos llegar al 15% el próximo año, cuando se analizan los datos desagregados, más de cerca, se perciben, como es habitual, grandes diferencias.

La primera, el sexo de los estudiantes. Mientras que el porcentraje de chicas que abandonan el sistema educativo está en un 14%, por debajo del 15 reclamado por la UE, los chicos están en un alejado 21,7%. Además, en su caso, la variación entre 2017 y 2018 es muy pequeña, de 0,1 puntos. Ellas han mejorado medio punto porcentual.


La segunda diferencia es la procedencia. Mientras que para los autóctonos (media de chicas y chicos) estaría en el 15,3%, para las y los jóvenes que se incorporan al sistema educativo provenientes de otros sistemas la tasa es del 35,1%, más del doble, muy lejos del 15 que demanda la UE y también muy por encima de la media del país.

Cuando se revisan los datos, por comunidades, desagregados, aparecen diferencias importantes entre chicos y chicas, con algunas sospresas.

Por ejemplo, en siete comunidades las chicas han empeorado sus tasas de AET: Ceuta (23,5; 7,9 puntos porcentuales más de abandono), La Rioja (16,1%; 6,4 puntos), Cantabria (10,7%; 5,8 puntos); Extremadura (13,9%; 2,4 puntos), Navarra (10,3%; 2 puntos), Baleares (21,7%; 1,2 puntos) y Valencia (16,1%; 0,7 puntos).
Abandono por comunidades


Cuatro comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, han empeorado sus datos de abandono desde 2017 a 2018: Canarias, Extremadura, Madrid, La Rioja y las dos ciudades autónomas. Aunque las diferencias entre unas y otras son más o menos reseñables. La Rioja Empeora sus datos en 4 puntos porcentuales; Canarias, 3,5 puntos; Ceuta, 3,3; Melila, 2; Extremadura, 1,7, y Madrid, 0,5 puntos.

El resto han conseguido mejorar sensiblemente sus datos, a excepción de Catalunya y Comunitat Valenciana. Ambas se mantienen prácticamente igual que en años anteriores. En el caso de la primera, con una tasa del 17%; la segunda, del 20,2%. En el caso ed Catalunya, la cifra que mejoran las chicas, la empeoran prácticamente igual, los chicos. En Valencia, al revés. Los puntos que mejoran ellos los bajan los de ellas.

La caída en estos años, desde 2002, se ha producido, principalmente y con regularidad desde 2009, que ya mejoró el dato de 2008 en 0,8 puntos. Desde entonces, salvo en 2010 que la bajada fue de 2,7 puntos porcentuales, por lo general, se ha producido a una media de 1,14 puntos porcentuales por año.

Pero en los últimos tres años, esa bajada se ha ralentizado. Mientras que en 2015 fue de 1,9 puntos, el año siguiente fue de uno; en 2017, de 0,7 puntos y, en 2018, de 0,4 puntos. Todo apunta a que la ralentización de la bajada se mantiene en el tiempo. Las causas, claro, son varias. Desde el impacto de la recuperación de la economía y el efecto que esto tenga sobre el sistema educativo, para empezar. Aunque desde CCOO apuntan al efecto que la LOMCE ha podido tener sobre el estudiantado desde el curso 2015-2016, del que salió la primera promoción que titulaba con esta ley.


Además, también señalan a la Ley Wert como causante de otros problemas, como el empeoramiento de la titulación, es decir, de la tasa de fracaso escolar. Además de un aumento el número de repetidoras y repetidores en el sistema educativo.
Propuestas

El informe, elaborado por el nuevo respondable de estudios de la Federación, Alonso Gutiérrez (quien fuera director general de Innovación y Centros de la Consejería de Educación de Cantabria, además de ocupar otros cargos en la universidad de dicha comunidad), además de reflejar las cifras de AET, fracaso y repetición, ha querido se propositivo y plantear posibles soluciones a algunos de los datos que muestra.

La primera de ellas es la flexibilización del sistema educativo en lo que se refiere a programas y actuaciones que faciliten las segundas oportunidades, con más horarios que permitan compaginar el trabajo con el aprendizaje, el impulso de la educación de personas adultas o la supresión del título de la ESO, la flexibilización del Bachillerato para cursarlo en hasta cuatro años o el aumento de la ogerta modular y a distancia de la FP.


En relación a la eliminación del título de secundaria, Francisco García, secretario general de la Federación, ha explicado que la idea sería un certificado de competencias emitido por el equipo docente con la idea de que, con él, pueda acceder a estudios de FP o Bachillerato según sus intereses y capacidades.

La segunda tiene que ver con el aumento del número de becas no universitarias y su cuantía para que se compense el coste de oportunidad de dejar los estudios antes de tiempo.

Incetivar las vocaciones científicas entre las niñas sería la tercera propuesta. A esta le sigue el mantenimiento y refuerzo de las medidas de atención a la diversidad en la educación postobligatoria, especialmente en el primer curso de FP de grado medio dado que el alumnado ha tenido apoyos en cursos anteriores que desaparecen aquí.

La mejora de la orientación educativa y laboral, especialmente para los colectivos de estudiantes con dificultades socioeconómicas o que puedan abandonar los estudios para que conozcan todas las opciones formativas y educativas que tienen a su alcance.

La sexta propuesta supondría la ampliación de las prácitcas en FP inicial o de grado medio y reforzar el reconocmimiento de la experiencia laboral adquirida.

Finalmente, dadas las grandes diferencias que se producen entre los territorios, el sindicato propone la creación deun fondo de cohesión territorial de manera que las comunidades que tienen peores datos de abandono escolar temprano tuvieran más financiación con la que mejorar sus cifras.

El secretario general de FECCOO también ha explicado que, dadas las cifras de repetición españolas (y que han aumentado, según la organización sindical, por culpa de la LOMCE), sería conveniente que se pensaran como las “medidas más extraordinarias de atención a la diversidad”, de manera que desaparecieran de la primaria (hoy día es posible repetir curso a curso durante esta etapa), y que fueran muy limitadas en la ESO. Además, Francisco García ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el alumnado solo repitiese aquellas materias que hubiese suspendido y no todo el curso completo, al estilo de la universidad.

6-4-19: Encuentro de Educación para la Sostenibilidad, organizado por Equo (10:00 h, C/ Martín de Vargas 7. Madrid)

Desde Equo nos hacen llegar esta convocatoria


7-4-19: VII Edición de “Parla en bici por la Escuela Pública” (11:30 h, en la puerta del CEIP Blas de Lezo. (Calle de la Estrella Denébola, 13)

Plataforma por la Escuela Pública en Parla nos envía esta convocatoria


El próximo domingo 7 de abril se celebrará por las calles de Parla la VII Edición de “Parla en bici por la Escuela Pública”.

Este año tendremos churros y limonada para todos y todas, además de muchas sorpresas… haremos un recorrido en bicicleta y otro andando para reivindicar mejoras en la Educación Pública de Parla.

En defensa de la Educación Pública de Parla, desde la Plataforma pedimos:

La construcción de un nuevo Colegio Público en nuestra Ciudad
Hace falta un nuevo Instituto con una oferta adecuada en Formación Profesional
Nos oponemos a la construcción por fases de los Centros Públicos
Por el aumento de personal para la atención a la diversidad
Nuestros colegios necesitan mejoras, nos falta el millón de euros para la mejora de los CEIP en Parla

El inicio es a las 11.30h en la puerta del CEIP Blas de Lezo. (Calle de la Estrella Denébola, 13) y acabaremos en la parcela donde la Comunidad de Madrid debe construir el Instituto que falta en nuestra Ciudad.

Os esperamos.

Toda la información en nuestro Blog:


Defendiendo la Educación Pública para todos y todas.

"La libertad de elección de colegio" (F. Javier Merchán Iglesias para EL DIARIO DE SEVILLA)

Reproducimos este artículo publicado en la Tribuna del DIARIODESEVILLA.ES
El Tribunal Constitucional ha dictaminado que de la Carta Magna no se desprende que los gobiernos hayan de subvencionar a los centros privados
En pleno proceso de escolarización para el próximo curso, viene a cuento el recurrente tema de la libertad de las familias para elegir el centro educativo en el que quieren que se formen sus hijos. Si bien el actual Gobierno de la Junta no pone todavía en marcha ninguna medida nueva, es de sobra conocido que los tres partidos que le apoyan son firmes partidarios de caminar por esa senda en cuanto ello les sea posible. Mirando la literalidad del asunto, en principio, parece una obviedad, pues efectivamente a nadie se le niega ese derecho. Entonces, ¿por qué algo tan evidente genera tanta controversia? El problema es que detrás de las palabras se esconden significados y consecuencias prácticas que se soslayan con la simplificación del mensaje. De lo que estamos hablando no es exactamente de que las familias tengan libertad para elegir el tipo de educación y colegio que quieren para sus hijos, sino de que el estado financie su decisión. Obsérvese al respecto que no hay tal polémica cuando se opta por centros privados no subvencionados. Ni siquiera se discute cuando se trata de centros públicos, pues se asume que resulta materialmente imposible conseguir plaza en cualquier colegio que se desee. Lo que realmente se reclama es el aumento de plazas escolares en los centros privados financiados con fondos públicos (los centros concertados) y, por tanto, mayores subvenciones a este tipo de enseñanza.

Bajo el enunciado del derecho a la libre elección de centro, el discurso en el que se apoya la política de promoción de la financiación pública de los centros privados tiene uno de los núcleos argumentales en su interpretación de algunos apartados del artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que de la Carta Magna no se desprende que los gobiernos hayan de subvencionar a los centros privados; es decir, el derecho a la libre elección de centros (que nadie discute) no obliga a su financiación, porque como afirma en su sentencia al respecto, "los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales". La Constitución dejó este asunto a la acción de los gobiernos, de manera que la relación entre conceptos como derecho a la elección de centro y financiación de la enseñanza privada es confusa e interesada, pero carece de apoyo en el texto constitucional. De hecho, fue una ley del gobierno de Felipe González -la LODE- la que en 1985 estableció el sistema de conciertos.




Más allá de los aspectos jurídicos de la cuestión, el tema tiene otras derivadas que son dignas de atención. La inmensa mayoría de los centros concertados son centros regidos por instituciones religiosas (en torno a un 70%), es decir, centros que se autodefinen por el legítimo propósito de educar a niños y jóvenes bajo el prisma de la doctrina católica y que, para ello, reciben la correspondiente subvención de la Administración pública. Por otra parte, se da la circunstancia también de que la gran mayoría de esos centros atienden a un segmento muy definido de la población, pues, generalmente en las grandes ciudades, se ubican en zonas habitadas por clases altas y medias -en las que el estado ha hecho dejación de su responsabilidad sobre la escolarización- y que son difícilmente accesibles para otros sectores de la población. De manera que cuando, en nombre de la libertad de elección de colegio, se reclama el aumento de las plazas concertadas (incluso su ampliación a la enseñanza no obligatoria), se está pidiendo que fluyan más recursos para un tipo de educación (generalmente la de carácter religioso) y para un determinado grupo de la población.

Así pues, el debate sobre la libertad de elección de colegio no es lo que parece. Nadie niega ese derecho. En el fondo subyace una discusión que viene de lejos acerca del papel del Estado y de otras instancias -particularmente la Iglesia- en la formación de niños y jóvenes; y se discute también acerca de si tiene sentido contemplar en la práctica un régimen particular de escolarización para una determinada parte de la población. Hubo un tiempo en España en el que el sistema público de enseñanza tenía un carácter subsidiario y meramente asistencial respecto a la enseñanza privada (las escuelas de pobres y las escuelas de pago), precisamente lo que algunos temen es que, por la vía de la extensión de los conciertos escolares, volvamos a esa situación.

viernes, 29 de marzo de 2019

"La ley Celáa, la X del IRPF y los conciertos educativos" (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su nuevo artículo

El proyecto de Ley escolar del PSOE  pretende erradicar algunos principios organizativos de la LOMCE, pero deja intacto el núcleo de los desacuerdos educativos.

Estamos en campaña electoral en un momento de gran incertidumbre política y no es raro volver a oír, cuando ya nos urgen con el IRPF, de grupúsculos con muchísimo poder. Como quiera que los colegios concertados también han entrado en campaña para reafirmar sus cuotas de fidelizados, cabe referirse a dos entes poderosos en ese y otros procesos: la Iglesia católica –que, según estudia Ángel Munárriz, podría llamarse Iglesia. S.A.- y los empresarios que han visto en la enseñanza un sector de creciente interés rentable a poco que se amplíen subvenciones, conciertos y deducciones fiscales.

Las raíces históricas
Lo que denominamos Iglesia abarca un conglomerado de instituciones, organizaciones y creyentes con diversas tendencias, genéricamente en sintonía con el Vaticano. Su atención al mundo educativo viene de una historia potenciada desde el siglo IV, cuando la querencia del poder político romano facilitó a sus jerarcas controlar el valor simbólico de maestros de la verdad y propagar esa unicidad contra toda  heterodoxia discrepante. Lo recursos para la apología de esa razón vital procedieron de dos vías complementarias: los pobres como excusa para recibir y gestionar donativos, y la muerte como razón religiosa –subyacente a muchos rituales desde los orígenes de la humanidad- fundante de su existencia. De ambas fluyeron las limosnas y legados fundacionales que alimentaron los feudos monásticos y episcopales desde los albores medievales. ¿Son un precedente de fundaciones de algunos colegios privados?

La desamortización de las propiedades que habían amparado a la Iglesia antes de 1789  coincidió con la  preocupación por democratizar el derecho la educación. La necesidad de allegar recursos hizo que abriera su presencia educadora a sectores de la burguesía e, incluso, del mundo obrero. Al desarrollar para esos segmentos iniciativas diferenciadas y reactualizar organizaciones que, como los jesuitas, habían nacido principalmente para los hijos de la nobleza, el resultado  fue una gran variedad, más prolífica desde la Rerum novarum en 1891, como aliada en la gestión de la caridad para frenar cuanto,  desde “la cuestión social”, pudiera poner en peligro el orden instituido. En España, el apoyo vaticano a la legitimidad de Isabel II, frente al carlismo, ya se había saldado, en el Concordato de 1851. El Estado, entre otras cesiones, subsidiaría la vigilancia eclesiástica para que no se enseñara nada –incluso en la Universidad- que no fuera “del todo conforme a la doctrina de la religión católica”, y para censurar “cuanto pudiera pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres”.  El acuerdo facultó a los eclesiásticos para crear instituciones docentes y tanto la Ley de Instrucción Pública, en 1857, como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se inscribieron en ese circuito en que se profesaba la confesionalidad del Estado y la unidad católica.

Pero desde que en 1905 se estableciera en Francia una clara separación de Iglesia y Estado, además de que en España crecieron sobremanera los colegios católicos –que  Canalejas tendría que limitar en 1910-, se escenificaron desencuentros especialmente virulentos con cuantos como la ILE invocaran educar en libertad. Como presagiaban los últimos testimonios recogidos por Yvonne Turin en: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902 (Aguilar, 1967), irían a más.   Antes de que la II República intentara imitar a Francia, ya había una verdadera “guerra escolar”, que culminaría con depuraciones de maestros, profesores y científicos, y que privaría a varias generaciones de buenos docentes. El Concordato de 1953 –en un momento de enorme aislamiento internacional de España- reafirmó el poder educativo de la Iglesia, y a ella fueron a parar -según reivindicó Carrero Blanco en 1972- unos 300.000 millones de pesetas de la época, cuando ni siquiera con el desarrollismo había escuela para todos. Esos recursos propiciaron que la Iglesia de esos años suplantara al Estado como Magistra. Aquellos seminarios y conventos, además de multitud de colegios de distintas congregaciones y parroquias -y del control que ejerció desde el Ministerio Nacional de Educación, el CSIC y los Departamentos universitarios- fundamentaron el potencial educativo actual de la Iglesia, principalmente en el sector privado y concertado, pero también en el estrictamente público con la presencia de su catequesis en el currículum escolar.

El colegio y la escuela
 Los Acuerdos de 1976-79 le dieron cobertura a esa situación predemocrática. La legalizaron en el art. 27CE y sus posteriores desarrollos, entre ellos los conciertos educativos en 1985, cuando la LODE le garantizó la provisión de recursos del Estado. Para justificarla, se esgrimió durante un tiempo la limitada capacidad del Estado para universalizar la extensión de la educación hasta los 14 años. Pero, al margen de que solo fuera medio verdad, del lado católico no han cesado de incrementarse las demandas de apoyos y conciertos bajo una supuesta “función social” en competencia con la red pública.  Además, aunque muchos conciertos han cumplido el contrato pactado, en otros se ha institucionalizado un mundo aparte con pretensión de que esa red educativa, conceptualmente diferencial y destinatarios con niveles y proyección social acordes, sea el eje de un sistema, en el que a los centros públicos correspondería un papel subsidiario. Igual que, hasta casi los años setenta, había sucedido con la escolarización escolar

Del arraigo de esta tendencia selectiva, de pura demostración social, incentivada desde algunas Consejerías autonómicas y consagrada en 2013 por la LOMCE, da cuenta el crecimiento de iniciativas. Hoy, la red de enseñanza privada y privada-concertada –un 35% del sistema educativo español, con diferencias autonómicas, y según etapas educativas- aglutina  emprendedores que disputan presencia significativa en ese conjunto a los eclesiásticos. Grandes inversores internacionales ven propicio este mercado y los empresarios de Valencia quieren que se mimetice la educación con sus necesidades de negocio; igual que cuando la Iglesia quería que se identificara con sus supuestos culturales.

La Ley Celáa
Esta historia pesa. Las dejaciones de diversa índole operadas en este terreno durante largo tiempo contarán en el voto de las elecciones que se avecinan. Polarizan posturas con supuestos que, todavía  intangibles en la etapa de Méndez de Vigo, dificultan necesarios acuerdos en las políticas educativas a que alude el primero de los 110 bienintencionados compromisos electorales del PSOE. De hecho, los intereses eclesiásticos siguen casi intactos en la segunda de estas promesas,  la propuesta de ley para revertir la LOMCE, pese a que a España le sale muy caro sostenerlos si, además de su opacidad, se tienen en cuenta las cuantías que, según Europa Laica, implican para, en definitiva, promover una imagen social particular, distorsionadora de la igualdad laica de todos.

El clima es que, por muy favorables que resulten las elecciones para revisar este engranaje anclado en el art. 27CE o denunciar los Acuerdos con el Vaticano, el centro y la derecha política española se opondrán. Pero seguramente también el PSOE, si renovara la posibilidad de Gobierno, seguirá ambiguo en este terreno de la laicidad, en continuidad de sucesivas contradicciones que ha acumulado desde 1982 entre palabra y obra. Antes que afrontarlo en serio, entre las limitadas posibilidades del paso por la Moncloa en estos meses han preferido entretenerse con la dudosa exhumación del dictador. Mientras, en estos 110 compromisos, los Acuerdos siguen parasitando recursos del Estado para supuestos fines sociales. Por tanto, pese a la creciente secularización, la situación política  favorece que la jerarquía eclesiástica siga fagocitando el valor simbólico de la educación, la sanidad y diversas maneras de ayuda social en el uso de recursos públicos a beneficio de su marca católica.

Ascensor social
En plena expansión neoliberal, esta imagen debilita la de un Estado capaz de construir por sí mismo la armonía ciudadana. El desafío urgente parece que fuera, más bien, lograr pronto un Estado mínimo que, muy frágil en casi todo, solo se ocupe del orden público, lo que favorece a las empresas del sector educativo privado y genera que, desde  las autonomías, se incentiven dinámicas contrarias a la enseñanza pública. Vótese  o no se vote, arriesgado será no advertir, en cambio, que la movilidad social se ha estancado. Los datos últimos de la OCDE son inclementes para las expectativas de quienes tengan ingresos bajos o ni eso. Los hijos de padres trabajadores tienen un 50% de posibilidades de seguir perteneciendo a ese grupo en que habitualmente repiten las características de escolarización precaria, justo al revés de los hijos de quienes meramente por tener estudios universitarios   tienen un 48% más de renta.

 Si en estos años, pues, han aumentado las desigualdades en recursos -incluido el acceso a la educación como “ascensor social”-, lo que esta recapitulación histórica plantea a todo votante interesado en el futuro educativo, es que un proyecto de ley como el de la promesa nº 2 del PSOE pretendiendo revertir la LOMCE de raíz, no puede soslayar qué aporten los colegios concertados –con o sin apoyo de la Iglesia jerárquica- en la reducción de la inequidad. Las buenas intenciones teóricas que pueda tener ese texto le restarán autoridad moral para que las Autonomías  revisen, igualmente, lo que esté pasando en centros de la red pública donde persisten estilos  y cuotas de selección y discriminación no muy distintas de las consentidas en algunos colegios de la otra. De ningún modo –según la Teoría de la Justicia de John Rawls- pueden compaginarse en el mismo plano libertad e igualdad educativas protegiendo disparidades de trato por nacimiento, razones económicas o capital cultural, que hagan improbable el éxito de muchos que acceden a la escolarización obligatoria. Ese es el reto según la ONU: el derecho a la educación no se cumple si no es inclusiva y no propicia la igualdad de oportunidades.

Manuel Menor Currás
Madrid, 28.03.2019

31-3-19: Jornada reivindicativa a favor de la Educación Pública en Rivas (12:00 h en Casa+Grande C/Suiza s/n)

Rivas por la Pública publica esta convocatoria

Tenemos importantes movilizaciones para reclamar construcción completa y más en Manifestación viernes 29M 17h de CEIPSO La Luna a Bulevar Jornada domingo 31M 12h en Casa+Grande C/Suiza s/n Allí nos vemos!



29-3-2019: Sentada por el clima (12-13 h, en el Congreso de los Diputados). Fridays for future


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miércoles, 27 de marzo de 2019