viernes, 31 de julio de 2020

CCOO denuncia que Educación manipula las cifras para ocultar los recortes de profesorado

El sindicato denuncia que, lejos de aumentarse los recursos destinados a profesorado, se están produciendo recortes. Los cupos enviados a los centros y las asignaciones de profesorado para el curso próximo así lo muestran. Además, los exiguos 600 nuevos cupos anunciados por la Consejería de Educación son inexistentes. De hecho, el Gobierno de Díaz Ayuso está incumpliendo el Acuerdo Sectorial firmado por Cifuentes.

30/07/2020

En cualquier caso, sólo para cumplir el Acuerdo Sectorial, previo a la pandemia de COVID19, se deberían añadir al sistema como mínimo 1400 docentes más. Puesto que, según el propio Boletín Estadístico de Personal de la Comunidad de Madrid, el número de funcionarios y funcionarias docentes, incluyendo al personal interino, de la Educación Pública no universitaria es de 46.796 no de 53.000 como dice la Consejería.

Los cupos de plantilla que han llegado a los centros y las asignaciones de profesorado que se están realizando estos días muestran los recortes que se están produciendo, pues no se observa ningún incremento sino todo lo contrario. Por el momento, sólo en primaria se han asignado cerca de 1000 efectivos menos que el curso pasado en estas mismas fechas y se constata, además, un mayor porcentaje de profesorado a tiempo parcial. Estas supresiones de plantilla se están centrando especialmente en la atención al alumnado más vulnerable. De hecho, se están suprimiendo perfiles de profesorado de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, compensatoria y PTSC.

CCOO que presentó hace semanas un plan de vuelta segura en septiembre, está exigiendo insistentemente que se incrementen las plantillas de los centros educativos, no sólo para cumplir el Acuerdo Sectorial, sino añadiendo los cupos necesarios para garantizar un inicio de curso seguro para que sea posible reducir ratios, desdoblar grupos y atender adecuadamente a todo el alumnado.

El sindicato cifra la dotación adicional de profesorado imprescindible en un mínimo de 11.000 docentes más en la Educación Pública, pudiendo ser necesario un extra de hasta 29.000. Es una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria que a Madrid le ha sorprendido en una situación muy deficitaria por eso el esfuerzo ha de ser mayor. La inversión extraordinaria necesaria, en este y otros conceptos, para asegurar los recursos e infraestructuras para un inicio de curso con garantías educativas y de seguridad sería de entre 424 y 981 millones de euros. Cantidades que son perfectamente asumibles si se destinan los fondos que ha transferido el gobierno de España y los fondos europeos que llegarán a los fines a los que están destinados que no son otros que palear los efectos de la pandemia en la educación y garantizar el derecho a la educación sin exclusiones salvaguardando la salud al evitar riesgos de contagio mediante la aplicación de las medidas organizativas necesarias.

La situación en el sistema educativo madrileño es absolutamente inaceptable. CCOO exige al Gobierno de Díaz Ayuso que abandone el camino del radicalismo ideológico y rectifique. De no ser así, CCOO llevará a cabo, junto con el resto de la Comunidad Educativa, todo tipo de acciones y movilizaciones para oponerse a la gravísima situación a la que pretende abocarnos el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Educación.

Fuente: feccoo-madrid.org 

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"Entre 2017 y 2021 la Comunidad de Madrid va a incrementar en 2.800 el número de nuevos efectivos". ¿Alguien sabe dónde están? Y "podrá incrementar hasta en 6.342" este curso en función de la situación sanitaria

Contrataremos ¡¡600 nuevos docentes!! de Educación Primaria y Secundaria para el próximo curso 2020/21 (Comunidad de Madrid)

La Comunidad de Madrid incrementará la plantilla de profesores y maestros en los colegios e institutos públicos con la contratación de 600 nuevos docentes de cara al curso escolar 2020/2021. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana la medida que permitirá la incorporación al sistema educativo madrileño de 191 maestros de Primaria, 406 profesores de Secundaria, de Música y Artes Escénicas y Formación Profesional, y 3 inspectores de Educación. Esta iniciativa supondrá un coste de más de 25 millones de euros.


29 julio 2020

De esta manera, el Gobierno madrileño continúa cumpliendo el Acuerdo Sectorial de Educación que se firmó con los sindicatos en 2018, el primero alcanzado desde 2006. En concreto, entre 2017 y 2021 la Comunidad de Madrid va a incrementar en 2.800 el número de nuevos efectivos: se contrató en el curso 2017/2018 un total de 600 docentes; 800 en los cursos 2018/2019 y 2019/2020, además de los 600 que iniciarán por primera vez el curso 2020/2021 el próximo mes de septiembre.

El Acuerdo Sectorial también incluía otras mejoras que en los últimos años ya han sido adoptadas por el Ejecutivo madrileño, como el pago de las retribuciones correspondientes a los meses de verano a los profesores interinos que hayan trabajado al menos 7 meses al año; el abono de los incrementos de la cuantía de los sexenios para los funcionarios docentes de carrera; las ampliaciones de las licencias y permisos para maestros y profesores; y el incremento de plazas que se convoquen en los concursos de traslados.

Esta ampliación de la plantilla docente en los centros educativos pone de manifiesto la clara apuesta de la Comunidad de Madrid por la enseñanza pública en la región con el objetivo de seguir mejorando la calidad del sistema educativo.


Aplazamiento de oposiciones

La Comunidad de Madrid ha aplazado las oposiciones para profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial que había programado para este año, una convocatoria record en la historia de la región y que se realizará el año que viene debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19. No obstante, se mantendrán tanto las plazas, 2.900, como las especialidades.

De esta manera, el Ejecutivo regional apuesta de forma decidida por la mejora de las condiciones laborales del profesorado como pilar fundamental para ofrecer una educación pública de la mejor calidad y estabilizar las plantillas de los docentes madrileños. Las 2.900 plazas convocadas para 2021 se unen a las 9.243 que ha puesto en marcha el Gobierno madrileño desde 2015. Así, el sistema educativo madrileño sumará en estos seis años de Gobierno un total de 12.143 plazas más.

Por otra parte, el Gobierno regional ha determinado que las oposiciones para maestros de Primaria sean en 2022, una decisión adoptada con el fin de no perjudicar a los opositores aspirantes madrileños, ya que ante la falta de oposiciones en la mayoría de las comunidades autónomas para 2021, se podría producir un efecto llamada de aspirantes de otras regiones donde no se celebran oposiciones el próximo año.

Más contrataciones por el COVID-19

En total, la Comunidad de Madrid podrá incrementar hasta en 6.342 el número de profesionales en los colegios e institutos de cara al curso escolar 2020/2021, en función de las necesidades por la situación sanitaria derivada del COVID-19.

Con este motivo, el Ejecutivo madrileño va a poner en marcha un Plan de refuerzo en los centros madrileños con el fin de dar una respuesta a determinados alumnos que hayan podido presentar dificultades para el desarrollo de su proceso de aprendizaje a distancia. Esta medida conlleva la contratación de hasta 500 maestros más en Educación Primaria y otros 617 profesores de Secundaria.

Además, el Gobierno regional ha elaborado un plan de medidas para reforzar con todas las garantías la seguridad de su sistema educativo el próximo curso escolar. En él, se incluye esta contratación de personal docente y de administración y servicios para el curso 2020-2021, tanto en colegios e institutos como en escuelas infantiles. En caso de un empeoramiento de la evolución de la pandemia respecto a la situación actual incrementaría el número de profesionales en 4.625.

Los profesores, preocupados por que las aulas sean focos de covid: “Las familias también tienen miedo” (Sara Montero para CUARTOPODER.ES)

CUARTOPODER.ES publica esta información:
  • Mientras la capital limita a 10 personas las reuniones familiares, las aulas se llenarán en septiembre con más del doble de niños
  • Ante el caos en el que puede convertirse la vuelta al colegio, los profesores ya estudian movilizaciones
  • Denuncian la falta de instrucciones precisas e inversión en docentes y material
"Va a ser un desastre". Así ven los profesores consultados el inicio de curso. Mientras Madrid limita a 10 personas las reuniones familiares, las aulas se llenarán en septiembre con más del doble de niños. Por ello, la comunidad educativa se está movilizando, desde los directores de los centros hasta los profesores. Las familias también están preocupadas por si tienen que elegir entre la salud de sus hijos y su derecho a la educación.

Ni el Ministerio de Educación ni las Comunidades Autónomas han logrado dar con una fórmula que dé seguridad a los docentes y a los directores de centros. Denuncian que faltan instrucciones precisas e inversión en docentes y material. Aún así, hay muchas diferencias entre las administraciones. Mientras Comunidad Valenciana ha anunciado que invertir 207 millones de euros euros en incorporar profesores y adaptar las aulas, en la Comunidad de Madrid contratarán 600 docentes. Aún así, hay carencias en la mayoría de las autonomías, desde las movilizaciones de los profesores gallegos hasta las quejas de los sindicatos por la vuelta a clase en Aragón.


En Madrid, la comunidad educativa está agitada. Marea Verde planea una "manifestación virtual" a finales de agosto, estudia calendario de movilizaciones y ronda el fantasma de una posible huelga . Las principales quejas se centran en las elevadas ratios de alumnos que no evitan aglomeraciones, la falta de recursos y la transferencia de responsabilidades desde las instituciones a las direcciones de colegios e institutos. De hecho, ya hay abierta una petición en la plataforma Change.org en la que se pide que tanto al Ministerio de Educación como a las Comunidades Autónomas que garanticen una vuelta al cole segura. Ya ha recabado más de 120.000 firmas.


Los profesores también consideran que las administraciones han tenido tiempo suficiente para que no se repita el desastre educativo que ocasionó la pandemia de marzo a junio y temen que, si no cambia nada, los colegios se conviertan en focos de contagios. Al final, las consecuencias recaerán en el alumnado y en sus familias: "Muchas se preguntan qué hacen con sus hijas, especialmente si son de riesgo o conviven con gente de riesgo.¿Dejan de trabajar o las llevan al colegio con el riesgo que conlleva? Las familias también tienen miedo", asegura Alba, profesora de Educación Especial y miembro de Marea Verde Madrid. Ponemos el zoom en la Comunidad de Madrid para relatar algunas de las deficiencias que hacen sospechar a los profesores que la vuelta al cole puede no ser del todo segura.


Ratios


Mientras en Madrid prohíben las reuniones de más de 10 personas, en septiembre se meterán en las aulas más de una veintena de alumnos por clase. El decreto de nueva normalidad aprobado por el Gobierno central despachaba las medidas en los centros educativos con la obligación de "evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros". Cuando las aulas más pequeñas o los pasillos no lo permitan, "se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio". Además, los alumnos mayores de seis años deberán llevar mascarilla.


"Debería haber un máximo de 15 alumnos por aula. Hay que poner voluntad y recursos, habilitar nuevos espacios, y liberar algunos que no se usen o se usen para otras ocupaciones.Necesitamos espacios para desdobles y crear centros públicos nuevos", resume Alba, sobre la falta de recursos que existe para cumplir las instrucciones de las administraciones. En resumen: es necesaria una inversión potente en la Educación pública que, de momento, nadie tiene clara.


Más profesores


Para que las aulas fueran seguras, la profesora estima que habría que "aumentar la plantilla docente", pero también el personal de limpieza, el de comedor o el de las rutas escolares. Andalucía ha anunciado la contratación de 6.000 profesores, Asturias 400 y Madrid 600, por citar algunos ejemplos. Aún así, CCOO ya ha valorado el anuncio que ha hecho el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado como "ridículo": "Sólo para cumplir el Acuerdo Sectorial, previo a la pandemia de covid, se deberían añadir al sistema como mínimo 1400 docentes más".


"Los profesores no somos el comodín: no podemos imponer autoridad en el aula, en el pasillo, en el recreo y en el baño a cada alumno", explica María, profesora de Secundaria, sobre la excesiva responsabilidad que se pone en los docentes. Además, cree que figuras como la del profesor compartido, que suele hacer su jornada en varios centros distintos, deberían de replantearse. En el caso de contagiarse, puede llevar el virus de un lado a otro.


Inversión y planificación


Para hacer posibles las medidas de seguridad, es necesaria una inversión en los centros que tampoco está asegurada. "Quieren abrir los centros con litros de gel y mascarillas. Eso no es garantía. Por ejemplo, los profesores vamos a necesitar más de una mascarilla al día. No se está planificando nada y se está dejando en manos de los centros", explica María, profesora de Secundaria y miembro de Marea Verde.


Alba confirma la falta de una planificación precisa: "Prácticamente no hay instrucciones. Los equipos directivos están trabajando porque la autonomía de los centros educativos es enorme. En este caso, para mal, les dejan todo el marrón".


Los "grupos burbuja"


En las instrucciones de la Comunidad de Madrid, se pide la conformación de "grupos estables de convivencia", en Infantil, Primaria y Educación especial. Estarían formados por "alumnos que pueden socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal", al entender que pueden funcionar a un grupo familiar. Estos niños, sin embargo, "evitarán el contacto con alumnos de otras clases, incluido en los horarios de patio o de comedor".


Aunque la Comunidad Autónoma ve en este modelo un cortafuegos en contagios y una manera de rastrear los contactos, el profesor y sindicalista Rafael Páez lo encuentra "incoherente e inconcruente": "No va a evitar contagios. Si uno entra infectado, contagiará a otros 24". Además, recuerda que los profesores pueden limitar los contactos dentro del colegio, pero no en la salida donde a veces hay un "efecto cuello de botella". Además, esos 25 chicos se distribuyen después en 25 familias.

El responsable covid


El pasado 24 de julio, la Asociación Directores de Instituto de Madrid (Adimad) sacó un largo comunicado donde pedía más medios e inversión para que la vuelta al colegio pueda ser segura. Entre los puntos, llamaban la atención sobre la figura del "responsable de covid". En las instrucciones se obliga a los centros a tener un plan de inicio de curso y un plan de contingencia. Para coordinar las actuaciones, obligan a contar con un "miembro del equipo directivo", salvo que exista personal sanitario adscrito al centro.


"No podemos convertirnos, por decreto, en 'gestores de pandemias'", aseguraban los directores en el documento en el que recuerdan que ellos no poseen formación sanitaria para hacer esta labor: "No disponemos de la cualificación, los conocimientos ni la experiencia suficientes para asumir esa responsabilidad, que además no nos corresponde".


Rafael Páez va más allá: "¿Quién va a tener responsabilidad si se produce un contagio?¿hasta donde llega esa responsabilidad?¿si hay una denuncia quién es el responsable?", se pregunta. Sindicatos como la Federación de Enseñanza de CCOO apuestan por la constitución urgente de los comités de Salud y Seguridad en el Trabajo y por la figura del delegado de prevención, que tampoco existe en todos los centros.


¿Enseñanza digital?


Además, los directores de los centros han demandado a la Consejería que envíen a cada centro "un listado de materiales informáticos que van a recibir" para "abordar la brecha digital de profesores y alumnado". Aún así, los profesores consultados apuestan por la enseñanza presencial siempre que la situación sanitaria lo permita.


Durante la pandemia, los docentes han puesto sus propios ordenadores, su casa y su conexión a internet para dar clase, incluso, haciendo horas extras. Mientras el Ministerio de Trabajo ultima la legislación sobre el teletrabajo, piden que se haga una evaluación de los riesgos laborales asociados a esta forma de trabajar, desde los ergonómicos hasta los visuales.


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jueves, 30 de julio de 2020

Castells al rescate de Wert: “Jaque a la Universidad pública española” (cuartopoder.es)

Artículo publicado en cuartopoder.es el 29 de julio de 2020
  • "Lo que hace Castells es rescatar el proyecto del PP, cuyo borrador de modificación de la Ley Orgánica de Universidades ya criticara Pablo Iglesias férreamente en 2013"
  • "Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo Estatuto?"
  • "Esa revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica"
David Moscoso, Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ex-parlamentario andaluz y ex-coordinador del Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía
Como es sabido, tras el 15 M se gestó Podemos y fue justo en las Universidades donde emergieron buena parte de sus miembros, cargos orgánicos, votantes y representantes públicos. En aquel momento, muchas de las denuncias que se espetaban desde la Universidad eran contra los recortes generalizados del gasto y la externalización masiva de servicios públicos, traduciéndose ello en la precarización de las condiciones laborales en los campus universitarios, especialmente entre quienes no formaban parte del cuerpo de funcionarios, tanto en el sector servicios como entre el personal docente e investigador.
De ahí que el anuncio del Ministro de Universidades Manuel Castells de un nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) haya sorprendido a esa masa crítica que impulsó Podemos, por las razones que a continuación se aluden, generando la indignación de las plantillas universitarias y los rectorados por varias razones. En primer lugar, lo que hace Castells es rescatar el proyecto del Partido Popular liderado entonces por el ministro José Ignacio Wert, cuyo borrador de modificación de la Ley Orgánica de Universidades —conocido como “Informe de Sabios”— ya criticara Pablo Iglesias férreamente en 2013, y que supuso la movilización al pleno del alumnado y profesorado universitario de nuestro país. En efecto, el modelo del Partido Popular de Wert que ahora desea rescatar el Ministerio Castells es un modelo propio de la derecha catalana, puesto en marcha a través del CDC a principios de los noventa por iniciativa de Jordi Pujol, cuya mayor plasmación fue la Universidad Oberta de Cataluña. Un modelo característico de las Universidades privadas americanas, en donde la presión sobre el profesorado merma las garantías de sus derechos laborales, pues no es lo mismo ser indefinido que funcionario en términos de seguridad jurídica, administrativa y económica. De ahí que sorprenda el proceso de laboralización que plantea el ministro de Unidas Podemos en lugar de la funcionarización propuesta en un anterior documento por el ministro Pedro Duque. En ese sentido, este es un modelo que se puede esperar de un partido de derechas, pero no de Unidas Podemos.
En segundo lugar, partiendo de la premisa de que la Ley de Universidades necesita una profunda modificación y, en consecuencia, su Estatuto de Personal Docente e Investigador, la mejor forma de hacerlo sería la de un modelo de acceso a los cuerpos laborales y funcionariales docentes consecuente con la realidad. Cierto es que las figuras de Personal Sustituto Interino y Profesor Asociado alcanzan cifras inadmisibles —en torno al 35% de las plantillas universitarias— y que estas figuras están precarizadas y se utilizan como vía anómala de acceso a la Universidad. Pero también es cierto que son justamente el reflejo de años de políticas equívocas de Gobiernos precedentes, que no daban opciones diferentes a las Universidades públicas españolas para la oferta de empleo público con la que garantizar la carga docente de los departamentos. De haber satisfecho esa oferta de empleo necesaria a través de las figuras contractuales contempladas actualmente en el Estatuto que propician un mejor acceso (ayudante, ayudante doctor, colaborador y contratado doctor), la figura de asociado se hubiera circunscrito a lo que debiera ser, es decir, la presencia de expertos profesionales en determinados ámbitos del conocimiento que contribuyen con ello a la docencia universitaria. Pero la perversión ha venido de la mano de la propia administración del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, que han visto en esas figuras las más factibles y baratas para garantizar la enseñanza universitaria, habiéndose producido un aumento exponencial desde la aprobación del decreto de sostenibilidad de los servicios públicos del PP en el año 2012, que limitó la tasa de reposición de empleo público, al tiempo que plantillas de profesorado funcionario iban causando baja por jubilación. En este sentido, hubiera sido más razonable por parte del Ministro Castells sentarse con el titular de Hacienda y Administraciones Públicas y con sus homólogos de las Comunidades Autónomas, para llegar a un acuerdo con el que cambiar las reglas de gasto en cuanto a la contratación de nuevo personal docente e investigador en número suficiente y con la financiación necesaria, en lugar de plantear un cambio tan drástico como inviable del sistema de acceso y contratación de profesorado universitario.
Razón por la cual lo que se plantean los rectores ante la iniciativa del ministro de Universidades es quién va a pagar esas nuevas figuras contractuales que plantea el borrador del nuevo Estatuto de PDI. Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo Estatuto? Si ya resulta difícil pagar los salarios del profesorado interino, de dónde se va a sacar la financiación para asumir estas nuevas fórmulas de contratación. En países como Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca o Austria, la inversión pública en materia de Universidades oscila entre el 1,5 y 1,7% de su PIB, el doble de lo que se invierte en España, que gira en torno al 0,9% de su PIB. En consecuencia, de dónde se va a obtener la financiación para hacer viable el nuevo modelo que plantea Castells. ¿Qué salarios tiene previsto asignar a las nuevas figuras contractuales? Porque si se crean unas figuras inviables en términos de oferta de empleo público, que no se encuentren en consonancia con la voluntad de los responsables autonómicos en materia de Universidad y la financiación pública autonómica para tal fin, la nueva realidad del Estatuto previsto por Castells se materializará en una saturación de la docencia entre las plantillas ya existentes, redundando en mayores dificultades de estas plantillas para ofrecer docencia de calidad e investigación científica, con el consiguiente perjuicio, a su vez, para la propia generación de riqueza a través de la investigación, la innovación y desarrollo en España.
En tercer lugar, en relación a la internacionalización, el documento señala las bajas cifras de profesorado extranjero en las Universidades españolas, pero no repara en que el salario de un profesor doctor en nuestro país, en cualquiera de las categorías laborales o funcionariales, es muy inferior al salario de sus homólogos en la mayoría de las universidades del centro y norte de Europa. La pregunta que debemos hacernos es si esa baja presencia de profesorado universitario extranjero en España no puede deberse al bajo salario con el que se retribuye en nuestro país al profesorado universitario, además de la escasa inversión pública en investigación. En España un profesor titular tiene un sueldo base aproximado de 31.500 euros al año, incluyendo las pagas extras, mientras que en Alemania el sueldo base de esta misma figura supera los 50.000 euros al año y en Inglaterra los 65.000 euros. De forma extraordinaria, en Universidades como Harvard un profesor a tiempo completo gana 175.000 euros al año. En ese contexto, deberíamos preguntarnos si creemos que será exitoso diseñar un cambio de estatuto para favorecer la internacionalización sin los resortes de financiación necesarios para ello. Además, en países como los antes mencionados la inversión pública en I+D+i oscila en torno al 3% de su PIB, más del doble que en España, siendo nuestro país muy poco atractivo para investigadores punteros y con experiencia. En consecuencia, hemos de preguntarnos si estamos preparados para competir en internacionalización con los salarios más bajos y con la menor inversión pública en materia de universidades e investigación y desarrollo.
Por lo demás, hubiera sido deseable que el ministro de Unidas Podemos aludiera en su borrador al irresuelto problema de la carrera funcionarial en la Universidad, una carrera que garantice la promoción sin necesidad de concurrir permanentemente a nuevos procesos de oposición para acceder a figuras contractuales mejor remuneradas y más estables. Actualmente, la mayoría de quienes deseen acceder al cuerpo de funcionarios docentes de Universidad deben concurrir mediante convocatorias de empleo de profesorado al menos a unas cuatro figuras laborales, algo que hace infinita e inverosímil la carrera académica. Tampoco se aborda en el borrador de Castells la necesidad de ofrecer mecanismos de movilidad estable entre Universidades públicas, algo igualmente necesario para el intercambio de experiencias y aprendizajes y la conciliación familiar, y que sin embargo impide el vigente Estatuto de Personal Docente e Investigador.
En suma, esa revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica, pues proyectos de modificación de la Ley Orgánica de Universidades como el que propone en este momento el ministro de Unidas Podemos no hace sino poner en jaque a nuestras universidades como servicio público. En efecto, plantea Castells un modelo de contratación que, lejos de mejorar las garantías jurídicas, administrativas y económicas, del personal docente y universitario, supone nuevas dificultades e incertidumbres y, además, lo hace de forma poco consecuente con las condiciones de financiación de la que dispone el sistema público de investigación y universitario de nuestro país, así como la realidad del reparto de competencias administrativas autonómicas.

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    miércoles, 29 de julio de 2020

    Normalidad concertada (Manuel Menor)


    Empezamos a saber cómo es “la normalidad”

    Dependerá mucho del nivel de voz de cada cual; los colegios concertados continuarán siendo oídos, para no ser “segregados” en las ayudas.

    Contaba García Márquez, para que el lector se hiciera cargo de lo repetitivo de muchas pautas que nos condicionan, que en Macondo –la ciudad más literaria de Cien años de soledad-,  “llovió cuatro años, once meses y dos días”. Algo más intenso, por lo reiterativa que era la lluvia en que desenvolvía Cela su Mazurca para dos muertos, era aquel Ourense rural de sus ancestros en las cercanías de Oseira, donde  no le iban a la zaga unos protagonistas que parecían más gente alucinada que real.

    Jaque mate
    Vivimos ahora en un mes de julio que, con lo recurrente que es hablar de cuanto esté pasando desde que la OMS declaró la pandemia mundial a causa de la Covid-19, no parece sino alucinación lo que acontece. Y más amenaza serlo desde que el uno de junio empezó a cambiar el signo de la cuarentena y, tras la desescalada, vuelven los rebrotes en comunidades como Cataluña y Aragón  o que los ingleses hayan decretado limitaciones a quienes se muevan entre España y Gran Bretaña. Los miedos andan sueltos, mientras la apelación de las autoridades a “la responsabilidad” olvida que el ejercicio del poder tiene momentos agrios como tener que adoptar decisiones que no van al gusto de todos.

     Resolver en coyunturas complejas no es fácil; los jugadores de ajedrez saben que hay muchas así en el tablero, cuando piezas principales son acosadas por la táctica del adversario.  Pero también es cierto que, no es exactamente un panorama aséptico el que se desarrolla delante de nuestros ojos, ante los que se mueven  personas y lobbys que, sabedores de su peso, cuando tienen problemas como los que encadena esta Covid-19-, se saltan la cola. Si se sigue la pista a las medidas o ayudas que se han facilitado a determinados colectivos, y se las compara con los lloros y quejas que han mostrado, antes y después de sus apelaciones a las instancias gubernamentales, puede verse lo obsceno que puede ser el juego del poder real, incluso en un país democrático.

    Lo imprescindible
    Quienes tratan con asuntos del pasado no dejan de asombrase con estas repeticiones, en que  una y otra vez la clave es, casi siempre, que alguien tiene poder para que se haga saber cómo hacer pasar por imprescindible e insoslayable cualquier embeleco, por encima incluso de lo que de verdad sea necesario y urgente. Baste una mención a esta técnica trilera que, en definitiva, trata de detraer recursos públicos para una parte, más o menos significativa –pero privada- de la sociedad.

    En el territorio de las políticas educativas, que ha tenido cabida en los acuerdos de “reconstrucción” post-Covid-19, se había acordado destinar una importante cantidad de recursos a la enseñanza pública, pero pronto hubo voces que reclamaron “igualdad” de trato para la concertada han sido atendidas y, para “no segregar” o, como dijo el presidente de una de las asociaciones habituales en este tipo de reclamaciones en pro de la enseñanza privada –católica por más señas-, porque “la opinión pública no está por la escuela única”. Después de lo cual, según titulaba El Pais este pasado día 21 de julio: “PSOE, Podemos y ERC cambian de postura y proponen que la escuela concertada no quede excluida de las ayudas del Gobierno para el coronavirus”.

    La Historia de la Educación en España tiene constancia explícita del origen de los “colegios concertados”: qué son, cómo eran antes de 1985 y quiénes los acunaron siempre, incluso en la crisis de 2008, en que creció su ayuda mientras le recortaban sensiblemente el presupuesto a la red pública. El papel principal que en esta historia ha tenido siempre la jerarquía eclesiástica, aprovechando coyunturas problemáticas de la vida política es principal: el Concordato de 1851, el de 1953 o los Acuerdos de 1979 lo expresan claro. Más misterioso es que, sin ley o decreto que haya puesto en cuestión su presencia pública, la Iglesia se haya posicionado cada vez mejor  en el sistema educativo español, aunque el número de creyentes practicantes siga acelerando su mengua cuantitativa desde los años setenta.

    Lo raro
    Resulta extraño, por tanto, el fervoroso favor de este Gobierno, que parece repetir el de Zapatero respecto al IRPF. Y más extraño cuando tiene personas conocedoras del absoluto predominio que, en este terreno, tuvieron durante los años franquistas; cómo colaron en el Ministerio de educación a sus mejores peones -desde Pemán hasta Méndez de Vigo, pasando por los ínclitos de toda la etapa franquista de 1ª y 2ª ola-; cómo han controlado los presupuestos educativos y el BOE casi siempre; cómo lograron infinitas subvenciones para colegios de una u otra categoría desde 1941 y, sobre todo, 1953 -con la “función social” que les eximía del 50% de los impuestos de entonces y les facilitaba créditos muy cómodos-  y que la LGE de 1970 repetía de nuevo; cómo tuvieron el reconocimiento de la LODE para sus  colegios; o, entre otras muchas situaciones, han contado con neoliberalismo conservador de Esperanza Aguirre desde 2003.

    Después de tantas loas a la “memoria” es raro que en este Gobierno nadie quiera acordarse de aquella postguerra victoriosa, en que además de la depuración de maestros y profesores, redujeron a prácticamente uno por provincia el número de institutos en toda España, con cambio de nombre incluido en muchos. En fin, es muy extraño que no se tome en consideración el dinero que esta gente ha recibido: los enormes  recursos que tuvieron, desde primera hora de aquel Régimen, para construir y reconstruir seminarios y conventos entre otros bienes patrimoniales, tantos que Carrero Blanco llegó a cifrar en 300.000.000.000 de pesetas de la época aquella inversión societaria; y a esa cantidad se han de sumar los subsidios recibidos tras los Acuerdos de 1979 y 2005.

    En un mundo tan plural como el actual, no es fácilmente inteligible  que, en medio del panorama creado por la COVID-19, el Estado se siga arrogando como algo “fundamental”  la protección espiritual de sus ciudadanos mediante privilegios para una creencia, de la que es bien sabido que los colegios concertados –privados en definitiva- son una extensión privilegiada suya, orientada primordialmente a una selección social con finalidad doctrinaria. Que en este “Gobierno de progreso” no lo quieran ver, más que cuestión de escaños, lo es de redaños para que lo imprescindible no se coma  lo necesario. Gil de Zárate, uno de los hombres que mejor conocía España, ya dejó escrito en 1855 que: “La cuestión de enseñanza es cuestión de poder […]. Entregar la enseñanza al clero, es querer que se formen hombres para el clero y no para el Estado [.....] es hacer soberano al que no debe serlo [....]. Trátase de quién ha de dominar a la sociedad: el gobierno o el clero”.


    ( Anque non digan nada na tele,                                    (Aunque no diga nada la tele,
    nembargantes chove,                                                         sin embargo llueve,
    non para de chover                                                      no para de llover.
    ¡Pobres dos pobres!)                                                         ¡Pobres de los pobres!)

    Manuel Menor Currás
    Madrid,28.07.2020

    29-7-2020 Asamblea de docentes (17:00 h, en meet.google.com)


    viernes, 24 de julio de 2020

    COMUNICADO DE ADIMAD (24-7-20)




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    Juan Rodríguez Zapatero: “La LOMLOE no avanza en la educación inclusiva, consagra el artículo 74 de la LOE, incompatible con la Convención de la ONU” (Daniel Sánchez caballero para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

    ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica esta entrevista


    - Juan Rodríguez Zapatero es abogado. A más señas, es uno de los abogados que más causas está llevando en relación con la inclusión de niñas y niños con discapacidad en centros ordinarios. Es también el responsable de la redacción de un manifiesto de una plataforma recién creada de familias que reclaman el cambio de los dictámenes psicopedagógicos que abocan a menores y a sus familias a transitar por la educación especial aunque no quieran. Hablamos con él de la situación hoy por hoy en España, con la mirada puesta a los próximos meses, con la tramitación de la LOMLOE.


    Juan Rodríguez Zapatero se ha convertido en un referente en la lucha por la educación inclusiva en España. Este abogado aterrizó en este mundo casi de casualidad, por echarle una mano a una amiga que tenía un niño con discapacidad y lo estaba pasando muy mal. “Estaba promoviendo una asociación en este terreno, se acercó a mí. Empecé a ver casos, muchos más de los que parece, y me metí”. Ya no pudo salir. “Te va llevando, y me comprometí. Jurídicamente ha sido gratificante, hemos abierto caminos que estaban por abrirse”, comenta. Desde entonces, ha peleado por el derecho de las familias a escolarizar a su hijo en el centro de su elección, y los dedos de la mano se le empiezan a quedar escasos para contar las sentencias favorables. Aunque no todas son positivas, poco a poco, explica el abogado, se va creando un cuerpo jurídico favorable a madres y padres, incluyendo una sentencia clave del Tribunal Supremo de 2017.

    La última batalla de este colectivo, que lucha por el derecho a la educación en centros “mal llamados” ordinarios de todos los alumnos, es que se eliminen los informes psicopedagógicos que se les hacen para determinar sus capacidades y que, en muchas ocasiones, acaban en resoluciones de escolarización por las que la administración envía a alumnos a centros de educación especial sin contar con la opinión de las familias. Estos informes, que solo se les hacen a los alumnos con diversidad funcional, son segregadores, explica el colectivo, y van contra la ley.

    ¿Cuál es vuestra propuesta alternativa a los informes psicopedagógicos?

    La primera petición es el reconocimiento pleno del derecho a la educación inclusiva, con la derogación del 74 de la LOE y del 18.3 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se pide también que los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización se supriman en su orientación actual. Con esto me refiero a la orientación clínica de señalar los déficits de los alumnos, problemas de inteligencia, hacerles tests, etc. Creemos que se deben hacer informes de actuación educativa. Que reseñen de verdad cuáles son las capacidades de cada alumno, sus puntos favorables y los negativos o las barreras, y establecer, en función de ello, los apoyos necesarios. También se pide un tema importante, que es que estos alumnos ni siquiera son oídos. Con esto me refiero a que todo niño con uso de razón puede tener el derecho a ser oído en estos informes. Los padres tampoco participan en estas evaluaciones, solo al final y para decir en una casilla si están conformes o disconformes con el dictámen. Creemos que debe haber una participación activa de las familias, pudiendo aportar sus propios informes de expertos para valorar las necesidades de los alumnos.

    Otro tema importante es que no hay mecanismos de impugnación ágiles cuando los padres no están de acuerdo con los dictámenes y tienen que acudir a la vía judicial, que lleva unos trámites largos en el ámbito educativo y muchas veces tarde, y, además, tienen unos costes económicos. Por ello se proponen comisiones de medicación y arbitraje independientes para resolver estas diferencias.

    La petición final es una ley integral de inclusión educativa. Una ley transversal que recoja todos los aspectos de la educación en igualdad. La ley actual y la reforma que se está haciendo es insuficiente, tiene que haber una ley orgánica integral y específica de la inclusión educativa.

    Con los informes psicopedagógicos tenéis ya buenos argumentos, muchas veces en forma de sentencias que han tumbado dictámenes de escolarización precisamente porque no estaban bien hechos.

    Ya hay un cuerpo jurisprudencial, un conjunto de sentencias importantes y armadas jurídicamente en el sentido de que consideran estos informes y las resoluciones de la administración educativa cuando deciden que un niño vaya a un centro de educación especial no reúnen las motivaciones exigidas. No suelen señalar que se hayan agotado las posibilidades de inclusión educativa o ni explican por qué los apoyos y refuerzos que necesita ese niño no los puede prestar un centro ordinario y tienen que ir a un centro de educación especial. Se ha abierto una jurisprudencia importante que, sin duda, es un material jurídico trascendente en defensa del derecho a la educación inclusiva.

    ¿Tienen esperanzas reales de que esto salga adelante o lo hacen también con la intención de ir acumulando iniciativas y hacer ruido?

    Creo que el tema va a tener recorrido. En mi opinión, como alguien que trabaja en temas de derecho a la educación, hay otros aspectos que llaman más la atención, como los informes PISA, la calidad, segregación por sexo… A este tema de los derechos de las personas con discapacidad necesita una expansión, más visibilidad mediática y, por tanto, el primer objetivo del documento es que se conozca por la sociedad. Pero se ha hecho con la idea de que tenga recorrido, si no inmediato si a medio plazo con el objetivo mencionado.

    ¿Hemos avanzado en educación inclusiva desde que España se adhirió a la Convención de la ONU?

    En el panorama jurídico y del derecho a la educación inclusiva ha habido avances en algunos aspectos. Probablemente, los mayores se han dado con algunas sentencias, que han establecido los límites y las obligaciones que la Administración educativa tiene en este ámbito. Concretamente, una sentencia del 14 de diciembre de 2017 del Tribunal Supremo deja claro el contenido de la educación inclusiva. Pero falta lo esencial: que tengamos un único sistema educativo, como dice el artículo 27 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la educación”; y sin exclusión: no solo para personas con discapacidad: para personas con discapacidad, sin discapacidad, con razón de ideología o cualquier otra circunstancia, como dice el artículo 14. Los artículos 27 y 14 de la Constitución no se cumplen porque seguimos teniendo un sistema dual. Dual quiere decir que hay uno ordinario para los niños sin discapacidad, y luego están quienes tienen algún grado de discapacidad o diversidad funcional, que deben pasar por todo un sistema específico (evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización) y luego se decide si van a un centro ordinario o especial, qué apoyos o ajustes razonables tienen. El sistema dual es radicalmente incompatible con la Convención. Lo más urgente e importante es derogar el artículo 74 de la LOE de 2006, que después de decir que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se rige por el principio de inclusión, lanza la excepción: la escolarización de estas personas en unidades de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.

    Es decir: la ley vigente de educación, en su artículo 74, establece la facultad, además en gran medida discrecional a la Administración educativa, para escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales en centros de educación especial. Estos centros no son compatibles con la Convención porque solo escolarizan alumnos que presentan diversas discapacidades o diversidades funcionales. O sea, se produce segregación y el agrupamiento de alumnos según su discapacidad. ¿Qué une a esos alumnos? La discapacidad. Sin entrar a valorar a los profesionales, los centros son segregadores y eso no es compatible con la Convención de la ONU.

    Y si ese artículo específicamente atenta contra una ley superior, como es la Convención, ¿no se puede denunciar que es ilegal?

    Puedo responder con una pregunta. ¿Cómo esto se puede mantener a día de hoy jurídicamente? ¿Cuál es la razón de que se mantenga un precepto incompatible con la Convención? Creo que la respuesta es política, no ha habido voluntad de abordar esto de manera urgente, prioritaria y necesaria, y que este tema entre de lleno en la agenda política.

    Las vías jurídicas no son sencillas, de ahí que se haya producido una demora, pero se están abriendo ya algunas sentencias del TS en otros ámbitos, no educativos, sobre los informes de la ONU que se refieren a una convención ratificada por España y, por tanto, norma jurídica de obligado cumplimiento con valor superior a la ley, solo debajo de la Constitución. Lo que se está estudiando es la posibilidad de requerir al Gobierno ya en el ámbito más bien jurisdiccional para llevar esto a efecto.

    ¿Qué rol les queda a los centros de educación especial en su propuesta?

    No entro a valorar su calidad ni la de sus profesionales, que seguro que los hay excelentes. Pero tienen que convertirse en centros de recursos materiales, humanos, etc. para los centros ordinarios. Hay que establecer un plan progresivo para que se reconviertean, dejen de ser centros de escolarización separada y quede un único modelo de escolarización. Los otros centros serían de apoyo a los ordinarios (que no deberían ni llamarse así).

    Les habrán dicho a menudo que si unos padres quieren llevar a sus hijos a un centro de educación especial, sin obligar a nadie más a hacerlo, cuál es el problema.

    Tiene una respuesta clara: no es un derecho de los padres. El derecho a una educación en igualdad es de la persona que lo recibe, lo dice la ONU. Los padres tienen que apoyar el interés del menor, que no es otro que recibir una educación en igualdad. Eso le va a permitir al niño o la niña desarrollar todas las potencialidades. Cuando se dice que un padre quiere o no quiere el problema es que no existe un derecho subjetivo del padre. Es del alumno y, por tanto, los poderes públicos deben apoyar que se realice en un centro ordinario. Los padres lo hacen de buena fe, por supuesto, pero hay que decirles que todas las necesidades se pueden cubrir con un sistema único. Los países que han dejado sin efecto los centros de educación especial tienen un sistema educativo mejor que el español y no ha pasado nada. Italia suprimió los centros especiales de la noche a la mañana y no pasó nada. La experiencia comparativa dice que donde un niño desarrolla toda su potencialidad es en un entorno ordinario, con sus iguales. En socialización, relación con otros chicos y chicas, etc.

    ¿Cree que las administraciones abusan del desconocimiento que suelen tener las familias sobre sus derechos en este asunto?

    No sé si la Administración se aprovecha, pero sí creo que falta sensibilización e información a las familias. Cuando estas reclaman, el sistema educativo reacciona a la defensiva. Por ahí falta sensibilización. Y también falta información, y el deber de la Administración pública es informar, pero a veces se transmiten opiniones subjetivas.

    Como profesional que lleva casos de educación inclusiva puedo decir que, aunque no siempre, en bastantes ocasiones las familias se sienten indefensas ante el poder de la Administración o una autoridad educativa, que le dicen “esto es lo mejor para su hijo”, a veces más como recomendación, pero otras de manera más impositiva. Pero es cierto que están indefensas. Por eso abogamos por instancias de medicación independientes, que no existen. Es curioso que uno reclame por un tema de consumo y haya juntas arbitrales de consumo en las comunidades autónomas, pero no existen en el ámbito educativo instancias para mediar cuando hay discrepancias de las familias con la Administración.

    ¿Supone algún avance la LOMLOE en la materia?

    No hay avance e, incluso, hay una disposición adicional, la cuarta, donde se cita y consagra el artículo 74 y se habla de un plan de diez años para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios, pero dejando bien claro que se continuará prestando los apoyos necesarios a los centros de educación especial. Esta disposición es claramente contraria a la convención también. No solo no hay avances, sino que esta disposición adicional si no se modifica viene a consagrar los centros de educación especial como centros de educación.

    Entramos un poco en el terreno de lo especulativo, pero pregunto igual. ¿A qué cree que se debe este interés de las administraciones –unas más que otras– en mantener los centros de educación especial incluso aunque vayan contra la ley? ¿Cree que tiene que ver algo con el hecho de que muchos de ellos son concertados y hay mucho dinero moviéndose ahí?

    En cuanto al peso del apoyo a los centros de educación especial es porque es un sector en el que hay unos intereses económicos fuertes, y no está desligado todo ello de la educación concertada, que es otro reto pendiente de nuestra educación. Creo que efectivamente es así, tienen un peso económico y social importante. También utilizan muy hábilmente los medios de comunicación y las plataformas sociales.

    En cuanto a la actitud del Gobierno le falta claridad y valentía política. Claridad porque no han visto que esto es un tema importantísimo, que no es un tema cuantitativo que afecte a 30.000 o a 100.000. Es un tema de dignidad. Es como si cuando se habló del matrimonio homosexual nos hubiéramos preguntado a cuántos afecta. Es un tema de dignidad de país. Insto desde aquí al Gobierno, desde este texto, que cuenta con un número importante de padres, madres y expertos comprometidos con la educación inclusiva, para que asuma este reto de realmente adaptar las leyes educativas a la Convención y que España tenga una ley educativa digna, que no se produzcan los casos lamentables de marginación.

    Vamos a ahondar mínimamente en esto, porque estas situaciones se dan. La gente igual lo desconoce, porque si no tienes un caso cercano de un pequeño con discapacidad lo más probable es que no conozcas estos periplos. Que hay niños de ocho años que se pasan uno en casa sin escolarizar por el choque entre la Administración educativa y las familias, que se niegan a llevarlos a centros de educación especial.

    Cuando he dicho que el Gobierno le falta visión es que le falta de verdad conocer. La Comisión del Congreso debía haber llamado a los padres y madres. Los expertos están muy bien, pero la realidad es que se producen situaciones muy lamentables de discriminación, marginación y sufrimiento de los padres y madres, y por supuesto de los niños. Creo que esto no se visibiliza en la medida en que una situación de este tipo requeriría. Este documento debe servir para que se oigan la voz de los más directamente afectados, las familias.

    Firma para exigir 1 profesor PTSC por cada centro

    CHANGE.ORG: Por la Defensa de la Educación Inclusiva y la Convivencia: 1 Profesor PTSC por cada centro



    Nosotros los Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC),trabajamos en los,IES (Institutos de Enseñanza Secundaria) en Formación Profesional en los diferentes Ciclos de Servicios a la Comunidad y en Departamentos de Orientación.y en la Red de Orientación (EAT(Equipo de Atención Temprana), EOEPs(Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica), CEIPs( Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria)., CPEE(Colegio Público de Enseñanza Especial.), CET(Centros Educativos Terapeúticos), UFIL(Unidades de Formación e Inserción Laboral)

    .Lo que nos ocupa aquí es nuestra preocupación sobre las ultimas noticias porque, como profesionales, vamos observando que nuestra figura ,va sufriendo recortes, de jornada completa a media jornada y hasta prescindir de ella,sobre todo en los departamentos de orientación de los IES. Esto hace que la atención e intervención con el alumnado mas vulnerable y a sus familias, se vea mermada, ahora mas que nunca por los efectos de la pandemia, los alumnos con necesidades y mas precariedad y sus familias, en su mayoría en centros públicos, necesitan el apoyo de Educación,en estos momentos de gran incertidumbre, temor, escasez de medios, ya que:

    Nuestra labor en los Departamentos de Orientación es: - Promover planes de formación sobre prevención, detección y protección de los niños y niñas y adolescentes,-,-Coordinarnos con los diferentes servicios de atención,como Servicios Sociales, de Salud,etc,Con el tejido asociativo y de entidades del mismo.- Fomentar la mediación escolar, desarrollando actividades para una convivencia adecuada.dentro de los centros escolares

    En el informe de la OCDE de 2014, ya recomendaba la ratio de un profesional que atienda a estas funciones por cada 250 alumnos/as

    Por lo tanto es importante que la figura del PTSC se mantenga dentro del Sistema Educativo

    Entonces la pregunta y la reivindicación es: PODEMOS MERMAR O PRESCINDIR DE UN PTSC?




    Asociación Madrileña de Profesores Tecnicos de Servicios a la Comunidad (PTSCs) ha iniciado esta petición dirigida a Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid


    FIRMA EN CHANGE.ORG

    El dinero público, para la Educación Pública (Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid. 23-7-2020)


    Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid: El dinero público, para la Educación Pública
    Ante la preocupante noticia de que en la Comisión de Reconstrucción se cambiaba la redacción inicial respecto del destino de los fondos de reconstrucción en lo que se refiere a Educación con una enmienda de los grupos parlamentarios de ERC, Unidas Podemos y PSOE por la que se dejaba vía abierta a la desviación de dinero público para la Educación Privada-Concertada, desde Asamblea Marea Verde Madrid nos reafirmamos en la demanda de que el dinero público debe ser para la Educación Pública.
    Esta es una de las líneas rojas que numerosas organizaciones y colectivos en defensa de la Educación Pública, que en una serie de asambleas de Marea Verde en Madrid en las que participaron docentes, familias, alumnado, técnicos, personal de administración y servicios y otras personas a título individual, hemos acordado junto a una serie de medidas que garanticen una vuelta segura a las aulas. Y para ello es fundamental que la financiación recaiga en la Educación Pública que garantiza el desarrollo de este Derecho y que además de manera abrumadora se encarga del alumnado más vulnerable.
    Aunque finalmente el paquete que se refería a las cuestiones sociales no ha salido, principalmente por la voracidad de la derecha neoliberal que quería que apareciera de manera explícita que la Educación Privada-Concertada recibiría ayudas, no deja de ponernos en alerta frente a la intencionalidad de la enmienda. Sabedoras de la tibieza con que el PSOE se ha mostrado siempre respecto a la educación privada-concertada, nos sorprende más la posición de Unidas Podemos y de ERC quienes sobre el papel son defensores de lo Público. Además de ser todos ellos partícipes del espacio estatal Redes x Una Nueva Política Educativa.
    Y en este sentido, su enmienda abría la posibilidad de que Isabel Natividad Díaz Ayuso destinara bajo ese paraguas cantidades ingentes del dinero destinado a Educación a su apuesta, que no es otra que la privatización y mercantilización del Derecho a la Educación a través de la privada-concertada, como ha sido su reclamación y la de su consejero Ossorio. Aprovechan la desgracia que ha supuesto la pandemia para seguir lapidando a la Educación Pública. La falta de concreción en la enmienda les abría ese melón al que podían agarrarse. No podemos permitirnos dar ningún respiro, y eso es algo que debería haberse previsto en la redacción de la enmienda.
    Por lo tanto, entendemos que no puede haber margen para que el gobierno de la Comunidad de Madrid, quien va a gestionar esa financiación, pueda utilizar esos fondos asignados al Estado Español para que lo reparta entre negocios educativos que, además de incumplir la ley con las cuotas voluntarias, incluso con los centros cerrados por el confinamiento, segregan alumnado y crean mayores diferencias para con las posibilidades del desarrollo del Derecho a la Educación en la Comunidad de Madrid.
    A toda la incertidumbre que genera en el conjunto de la Comunidad Educativa las medidas tomadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que básicamente se reducen a que las alumnas y alumnos vayan a clase con mascarilla, sin distancia de seguridad y sin protocolos concretos que dejan en manos de los equipos directivos cuestiones sanitarias para las que no están cualificados, y que, además, recordamos que se ha declarado insumisa respecto a la gestión de dichos fondos o incluso respecto a determinados aspectos de la LOMLOE que se está tramitando, no se puede sumar que el Gobierno de España y los partidos que lo sustentan caigan en la tentación de renunciar a sus propios principios, o por lo menos los que dicen tener, en aras de buscar un consenso con la derecha neoliberal que encima ha rechazado, dejando en evidencia las posiciones de algunos de esos partidos.
    Desde Asamblea Marea Verde Madrid exigimos una clara y concisa concreción de la asignación de los fondos, en el sentido que el dinero público se destine a todos los centros educativos públicos de todas las etapas y que esta sea de obligado cumplimiento para el conjunto de gobiernos autonómicos.

    Madrid, 23 de julio de 2020
    Asamblea Marea Verde Madrid

    Puedes descargar el comunicado en formato .pdf y en formato .jpg

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    El MEFP destina 40 millones de euros a restablecer y reforzar el funcionamiento de los centros educativos el próximo curso

    El MEFP ha publicado esta información

    • Los fondos del programa #PROA+ se distribuirán entre las Comunidades Autónomas para los centros educativos con alumnado más desfavorecido de Primaria, ESO y Bachillerato
    • Uno de sus objetivos es garantizar la continuidad y el avance educativo en las condiciones de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias para el curso 2020-2021
    El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 40 millones de euros para el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, #PROA+, que responde a la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia del Covid-19. El Ministerio de Educación y Formación Profesional distribuirá los fondos entre las Comunidades Autónomas para atender al alumnado más vulnerable
    Este programa se adapta a la situación educativa del próximo curso 2020-21, provocada por la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial desde marzo hasta el final del curso 2019-2020 y el impacto negativo del confinamiento en el bienestar y en el progreso del alumnado.
    La distribución entre Comunidades Autónomas se ha realizado según el número de alumnos escolarizados en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (50%); el porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (20%); la tasa de idoneidad a los 15 años (20%) y la dispersión de la población, en base al Censo de Población y Vivienda 2011 del Instituto Nacional de Estadística (10%).
    El reparto es el siguiente:
    • Andalucía: 5.345.935,00
    • Aragón: 1.750.588,00
    • Asturias (Principado de): 1.549.524,00
    • Baleares (Islas): 2.002.454,00
    • Canarias: 1.963.638,00
    • Cantabria: 1.471.583,00
    • Castilla y León: 2.152.493,00
    • Castilla-La Mancha: 2.145.005,00
    • Cataluña: 4.516.098,00
    • Comunidad Valenciana: 3.439.736,00
    • Extremadura: 1.677.069,00
    • Galicia: 2.374.545,00
    • Madrid (Comunidad de): 3.768.353,00
    • Murcia (Región de): 2.230.945,00
    • Navarra (Comunidad Foral de): 2.032.957,00
    • La Rioja: 1.579.077,00
    La financiación de este programa en el País Vasco se realizará de conformidad con su régimen de financiación específico.
    El Plan se fija como objetivos:
    • Garantizar la continuidad y el avance educativo del alumnado en el curso 2020-21, con especial atención a los más vulnerables.
    • Restablecer, reforzar y mejorar el funcionamiento de los centros educativos en las condiciones especiales del curso 2020-21, flexibilizando su organización, garantizando las condiciones escolares recomendadas por las autoridades sanitarias.
    • Reforzar la equidad educativa de la red de centros.
    • Impulsar y facilitar las necesarias adaptaciones de las programaciones didácticas en torno a las competencias clave y los aprendizajes fundamentales.
    • Reforzar la dotación y formación de los equipos docentes y de los profesionales de orientación.
    • Responder de forma integral a las nuevas necesidades educativas sobrevenidas, así como mitigar el impacto del confinamiento y suspensión de la educación presencial en el bienestar socioemocional del alumnado y profesorado.
    Catálogo de actuaciones
    Cada centro educativo elegirá entre el catálogo de actuaciones del programa #PROA+, en función de sus necesidades y posibilidades en el curso 2020-21. Estas actuaciones incluyen:
    1. La adecuación del proyecto educativo del centro a las necesidades del curso 2020-21, que incluye la adaptación de la programación curricular y el estímulo a la renovación pedagógica inclusiva.
    2. El impulso a las competencias docentes y orientadoras más necesarias, en coordinación con los servicios o redes de formación de la Comunidad Autónoma.
    3. El plan de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Son actuaciones con monitores y alumnos/as-mentores, que complementan las de los docentes y que están destinadas a mejorar la motivación, la autoestima, el bienestar emocional y las perspectivas escolares de los estudiantes.
    4. La promoción de la implicación y colaboración de las familias y del entorno comunitario con el Proyecto Educativo del centro para el curso 2020-2021, con el objetivo de fomentar el compromiso de la familia en las actividades educativas de los estudiantes y de prevenir el abandono escolar prematuro.
    Estos 40 millones son una inversión inicial de otras previstas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional destinadas a hacer frente a la situación de los centros provocada por la pandemia del Covid-19.