La Comunidad aplica una sanción a la profesora que le ganó en los tribunales cobrar los meses de verano

Mercedes nos envía esta información:

La Comunidad de Madrid protege a la directora de un colegio que dejó en la calle a dos niños sin avisar a su familia

Fuente: Laura Galaup para eldiario.es

• La responsable de un centro público ordenó a dos alumnos de 11 años que se marchasen en horario lectivo y sin supervisión de adultos 
• Acudieron tarde al colegio porque sus progenitores eran objetores de la prueba de la Lomce de 6º de primaria
• El Gobierno de Cristina Cifuentes reconoce que se cometió "un error" pero limita la penalización a un "apercibimiento verbal" y descarta una sanción

La Comunidad de Madrid ha decidido no sancionar a la directora de un colegio público que dejó en la calle a dos alumnos de 11 años, un niño y una niña. El Gobierno de Cristina Cifuentes ha tomado esta decisión después de que los padres de estos dos menores protestasen porque sus hijos fueron expulsados el pasado mes de mayo en horario lectivo y sin supervisión de ningún adulto, ya que ellos no fueron avisados de esta decisión.

Finalmente fue la abuela de uno de los menores, que les había llevado al centro, la que se hizo cargo de ellos, tras encontrárselos por casualidad andando solos por la calle.


En sus quejas los padres lamentan que los menores abandonaran el centro "siguiendo las instrucciones de la directora". En la respuesta que les remitió la responsable de la Dirección del Área Territorial (DAT) de Madrid capital, reconoce que estos hechos son "censurables", aunque descarta sancionar a la responsable del centro porque considera "preciso valorar este incidente en sus justos términos".

En el documento emitido por la DAT a las familias, al que ha tenido acceso eldiario.es, aseguran que la directora del colegio Winston Churchill recibió un "oportuno apercibimiento verbal" y que al equipo directivo se les transmitieron las indicaciones para que "extremen la atención y el control de aquellas situaciones que puedan originar malas prácticas".

"Es incomprensible que la responsable de un centro diga a los menores que abandonen el centro sin avisar a sus padres, saltándose la ley y el reglamento de régimen interno. El colegio alberga a casi 800 niños de entre 3 y 12 años", apunta María, madre del niño expulsado, en una de las reclamaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid.

"Como gracias a la abuela no pasó nada, deciden tapar estos hechos y se acabó", recrimina Cristina, madre de la niña. Las familias de los menores se muestran indignadas con esta respuesta porque consideran que la Consejería de Educación se ha amparado en que "no hay ningún mal que lamentar".

El departament reconoce a eldiario.es que esta profesional cometió "un error al permitirles salir fuera de sus instalaciones", pero describen este incidente como un "hecho puntual".

Objetaron a las pruebas externas

El incidente sucedió el día en que se celebraron las pruebas externas de 6º de primaria, el pasado 31 de mayo. Los alumnos acudieron a las 12.15 al centro, acompañados por la abuela de uno de ellos. Sus padres habían tomado esta decisión para negarse así a que participasen en el examen, porque no estaban de acuerdo con la "obsesión" del centro para prepararlas. "Durante dos meses se centraron en simulacros y dejaron a un lado el temario pautado. Se vuelcan en que el centro tenga buenas notas y no se preocupan por el alumno", relata Cristina.

Estas pruebas se celebraron en todos los colegios de la Comunidad y, aunque no tienen valor académico, sí suponen "una valiosa herramienta de diagnóstico tanto para las familias, los centros y la administración educativa", argumenta la Comunidad de Madrid. Una vez que fueron corregidas, se elaboró un informe para "mejorar la calidad educativa madrileña".

Amparándose en este contexto, la responsable de la DAT continúa señalando a las familias que una vez que los menores llegaron al colegio a las 12.20, se les explicó que "no podían incorporarse a clase por haber llegado tarde" porque sus compañeros estaban "finalizando la prueba".

Asimismo, esta directiva de la Consejería de Educación enmarca este suceso en el "estrés que supone la organización de las pruebas" en un centro educativo, así como que el centro no ha registrado anteriormente "hechos de esta naturaleza".

También explica en el escrito que los menores se marcharon porque "en ningún momento se informó a la directora que ambos alumnos se habían presentado acompañados de la abuela de uno de ellos". "A las 12.25 salen ambos del colegio, su compañero estaba autorizado a salir solo e Icíar manifestó que había venido con él", reseñan los responsables de la DAT en el documento.

El hijo de esta mujer estaba autorizado para marcharse del colegio sin compañía de un adulto cuando terminaban las clases. Eso sí, los progenitores aseguran que este consentimiento estaba enmarcado en las horas de salida del centro y reseñan la "gravedad" de lo acontecido porque la otra niña no contaba con ese permiso.

Las familias se muestran desconcertadas ante esta respuesta oficial. En sus argumentaciones destacan que el reglamento de régimen interno del centro permite a los niños comer en el colegio si llegan antes de las 12.30. "Los padres no fuimos avisados y la abuela se los encontró fuera, de casualidad. Vio desde el autobús que los niños iban andando por la calle en dirección a mi casa", reseña María.

"No había nadie en casa para recibirles"

En este punto, inciden en que al tomarse la decisión dentro del horario lectivo, no había nadie para recibirles en sus domicilio. "Si un día necesito que acuda otra persona a recoger a mi hija, tiene que llevar una autorización firmada por mi. Así que no entiendo cómo la dejan marchar porque va con otro niño, no tiene sentido", argumenta Cristina.

Ante esta actuación, una vez que su abuela les interceptó mientras andaban los dos solos, volvió al colegio para pedir explicaciones "se las vio y deseó para que les dejaran quedarse", continúan los progenitores. Estas familias se muestran decepcionadas porque ningún alto cargo del centro "en ningún momento" se puso en contacto con ellos para aclarar lo sucedido, fueron los padres los que tuvieron que pedir explicaciones.

Tampoco entienden por qué en el centro educativo destruyeron la hoja de firmas ratificada por la abuela de uno de los niños en la que figuraba la hora en la que entraron por primera vez. Ante esta última queja, desde la DAT aclaran que "el conserje retiró la hoja" porque "los alumnos ya no estaban en el centro" pero "sin que hubiera intención de ocultar nada", apuntan.

Cifuentes ratifica la decisión de la Consejería

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha respondido a las quejas de María y su marido y en la contestación que les mandó el mes pasado se reafirma en la decisión tomada por su equipo educativo. Destaca que la directora "ha pedido personalmente disculpas a los progenitores", pero también "espera" que los padres se "hagan cargo" de que se "trataba de una circunstancia extraordinaria" porque en esas horas lectivas era "obligatoria" la participación de los alumnos en la prueba de 6º de primaria.

Manifiesto de la Plataforma 5 del Buero una vez que la absolución ya es sentencia firme

¡Enhorabuena, compañer@s! 

Como decís, "les hemos parado, pero nosotras seguimos"

Absueltos los 'Cinco del Buero' por falta de pruebas (NUEVA ALCARRIA.ES)

Reproducimos esta noticia de Nuevalcarria.com

Según el juez no hubo desórdenes públicos ni está probado que agredieran a los agentes de policía.

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'Los Cinco del Buero' han sido absueltos por el juez por falta de pruebas. Así lo ha podido saber este medio en exclusiva de fuentes de absoluta fiabilidad. Según el juez ni hubo desórdenes públicos ni está probado que agredieran a los agentes de Policía Local.

Hay que recordar que el pasado martes, 14 de febrero, se celebraba en Guadalajara el juicio contra los llamados 'Cinco del Buero', concretamente cuatro profesores y un activista. Se les imputaba un delito de atentado continuado a la autoridad, desorden público y agresiones por la protesta contra los recortes en materia educativa que protagonizaron en 2011 en el Teatro Buero Vallejo.

Los encausados fueron denunciados a nivel particular por cuatro policías locales cuando irrumpieron a modo de protesta en este teatro coincidiendo con el pregón de fiestas de ese año 2011 en el Buero.

11-2-17: Manifestación en apoyo a los 5 del Buero (12:00 h, Teatro Buero Vallejo. Salida desde Madrid a las 10:00 h). Lee el manifiesto

Manifiesto de la Plataforma por la Absolución de los 5 del Buero

Hace ya más de cinco años empezaron los duros recortes educativos de Cospedal en Castilla La Mancha. De la noche a la mañana, con unas simples instrucciones de la inspección que desafiaban la normativa vigente, más de 800 compañeros docentes interinos, que ya habían iniciado la planificación del nuevo curso, se quedaban en la calle; muchos otros cambiaban de centro y veíamos desaparecer horas de refuerzos y apoyos, bibliotecas y laboratorios que nuestras alumnas y alumnos necesitaban.

Esta violencia legislativa provocó la lógica indignación en las salas de profesores y, hacia media tarde cientos de nosotros nos concentrábamos espontáneamente frente a los Servicios Periféricos de Educación en Guadalajara con ánimo de expresar democráticamente nuestra protesta.

Nos dirigimos hacia el teatro Buero Vallejo, donde interrumpimos el pregón de fiestas que allí celebraba el ayuntamiento presidido por Antonio Román, alcalde de Guadalajara, como antes lo habían hecho otros colectivos de trabajadores: policías y bomberos.

Cuatro profesores y un activista social fuimos identificados de manera arbitraria como participantes en el acto, y ahora, más de cinco años después, la acusación particular en representación de cuatro de los ocho policías locales presentes en el teatro y auspiciada, estamos convencidos, por el Ayuntamiento de Guadalajara (y su actual alcalde), nos pide cuatro años de cárcel y 3000 € de fianza a cada uno. Aducen estos policías, que en la interrupción del pregón se les causaron unas supuestas lesiones, pero en sus múltiples declaraciones nunca han presentado prueba alguna contra nosotros y ni siquiera nos han acusado de provocarlas, lo que ha llevado a la fiscalía a pedir reiteradamente el sobreseimiento de la causa.

Más de cinco años después, el juzgado de instrucción número tres admite la denuncia de la acusación particular y nos está comunicando la apertura de juicio oral y la imputación de graves delitos que NO HEMOS COMETIDO,

• Desorden público (2 años)
• atentado continuado a los agentes de la autoridad (2 años)
• Falta continuada de lesiones (2 meses a razón de 20 € por día)
• además de indemnizaciones a los cuatro agentes. 

Queremos recordar que fuimos más de 400 las personas que interrumpimos el pregón. Nos consideramos cabezas de turco de una represión sin paliativos que se intentó sobre el colectivo docente.

Para nada nos arrepentimos de lo que hicimos aquella tarde que no fue otra cosa que mostrar nuestra indignación por el trato que se le daba a los compañeros interinos, por la falta de cobertura legal de las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, por la pérdida de derechos que nuestras alumnas y alumnos iban a sufrir y el cambio en las condiciones laborales que, sin negociación alguna, nos imponían a los docentes.

No nos consideramos mártires ni héroes; cualquiera de los 400 o 500 docentes, alumnos y familias que interrumpimos el pregón podrían estar en nuestro lugar. Tan sólo nos consideramos víctimas de la rabia de una alcaldía que muestra así su cara más represiva al amparar una denuncia a todas luces injusta.

Desde entonces, se han sucedido varias huelgas entre educativas y generales, y múltiples manifestaciones y concentraciones porque los recortes contra los que luchábamos se consolidaron, movilizaciones en las que los y las docentes, así como la comunidad educativa, hemos demostrado nuestro espíritu democrático y nuestro compromiso con la escuela pública, el verdadero objetivo de nuestra protesta.

Con la represión no van a conseguir acallar nuestras voces, que claman un mundo más justo para nuestros jóvenes. Una y mil veces saldremos a defender nuestros derechos porque no tenemos miedo.

     Plataforma Absolución 5 del Buero | Facebook

    Absolución 5 d Buero (@Absolucion5B) | Twitter

"YO TAMBIÉN ESTUVE EN EL BUERO" (Vídeo)

https://www.youtube.com/watch?v=9kzzMjvgtKk&feature=youtu.be

11-6-14: Manifestación en apoyo a Director@s de Centros de Salud represaliad@s (19:00, Plaza de Oporto - Marqués de Vadillo)

Luis nos envía esta convocatoria y hojas de firmas

Al señor Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
Los abajo firmantes, como usuarios de la sanidad pública 
El 21 de Mayo de 2014 la Consejería de Sanidad ha destituido a los Directores de 4 Centros de 
Salud (General Ricardos, Fátima, Las Águilas, y Legazpi) alegando que se había excedido al cubrir con 
suplentes las ausencias por enfermedad o vacaciones de los profesionales del centro. 
El presupuesto que la Consejería de Sanidad planificó para estas suplencias en 2013, se había reducido 
en un 75% respecto a 2012, por la política de excesivos recortes que estamos sufriendo en sanidad. 
Los directores que han sido cesados se vieron obligados a ampliar estas suplencias (sobre todo en 
pediatría) porque de no hacerlo, la asistencia se vería perjudicada gravemente; así se comunicó en su 
momento a la Consejería de Sanidad, que acepta esas suplencias adicionales. 
La verdadera razón de los ceses, se debe al apoyo que estos Directores de Centros de Salud, dan a la 
lucha por la Sanidad Pública, y en contra de la privatización. 
Se trata por lo tanto de una clara represalia, tal y como han denunciado todas las asociaciones y 
organizaciones profesionales, y ciudadanas, con la que se persigue callar a los centros más activos en la 
defensa de la sanidad, as? como asustar a los que piensan, que se debe protestar por los recortes 
desproporcionados, que ha realizado la administración de la Comunidad de Madrid, para que acepten el 
desmantelamiento progresivo de los Centros Públicos de Salud, en silencio, y sin oponer resistencia. 
Exigimos: 
- Que se presupuesten los recursos necesarios para una asistencia digna a los ciudadanos. 
- La inmediata restitución de los directores cesados. 
D.N.I Nombre y apellidos Firma 
Plataforma de Centros de Salud de Madrid 
En caso contrario EXIGIMOS la destitución de todos los cargos del Servicio Madrileño de 
Salud involucrados en esta decisión.

DESCARGA AQUÍ LA HOJA DE FIRMAS
CARA A
CARA B

Estudiantes y represaliados del 22 (vídeo de TeleK)

Publicado el 31/03/2014 por TLKVallecas 

El estudiante de agrónomos Carlos Benéitez denuncia amenazas de expulsión de la universidad y la abogada Líber Jiménez avanza que el 22M está estudiando la posibilidad de poner una querella a los responsables del dispositivo policial, que mandó irrumpir violentamente en la Plaza de Colón cuando se estaba desarrollando la manifestación.

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Noticias y comunicados sobre la huelga de estudiantes del 26 y 27 M

Enlaces a las entradas de las Marchas de la Dignidad

Problemas en el encierro de estudiantes en la UPM

La Asamblea Popular de la Universidad Politécnica de Madrid nos envía esta información:

La pasada noche del 26 al 27 de marzo los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid decidimos encerrarnos en la escuela con motivo de la huelga de estudiantes. Tras un desaojo inicial en el edificio principal de la escuela; trasladamos el encierro a la biblioteca, una vez allí, y tras una larga negociación con la dirección, que nos exigió que nos identificáramos y amenazarnos con repercusiones en caso de ocurrir algo, esta cedió a no desalojarnos, pero impidió la entrada a los compañeros que aún quedaban fuera. A estas horas mantenemos el encierro 16 personas en el interior y 23 personas en el exterior, pasando frío.

Hay que decir también que tanto el edificio principal como el edificio de aulas fueron cerradas 2 horas antes de la habitual, quedando alumnos encerrados en el interior sin comprender lo que estaba ocurriendo.

Seguiremos toda la noche aquí haciendo construcción política y trabajando. No vamos a rendirnos, la Universidad Publica no se vende, se defiende.

Comisión de comunicación de la asamblea UPM.

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"Esto no es contra mi persona, es una rabieta contra la Marea Verde" dice la compañera que ha llevado a juicio a la C. de Madrid por apercibirla por llevar la camiseta verde a la prueba CDI 2011

eldiario.es: La camiseta de la Marea Verde llega a los juzgados

• Una profesora lleva a la Comunidad de Madrid al Contencioso-Administrativo por apercibirla por llevar la camiseta verde en una prueba de evaluación
• La docente alega que prima el derecho a la libertad de expresión y el lema de la camiseta refleja un "principio rector que recoge la Constitución Española"
• El abogado de la Comunidad esgrime que el error fue llevarla en un centro "privado" y en representación de la comunidad educativa

"Esto no es contra mi persona, es una rabieta contra la Marea Verde". Quien habla es la profesora que ha sentado a la Comunidad de Madrid en el banquillo. Pide que se le retire una sanción por llevar en un examen una camiseta verde en defensa de la enseñanza pública.

Este lunes por la mañana las camisetas verdes llegaron a la Sala Quinta del Tribunal Contencioso-Administrativo. Simbólica y físicamente. Y lo han hecho tras una sanción que, consideran desde la Marea Verde, nunca debería haberse impuesto. "Se ha demonizado mucho a la camiseta verde. A nivel simbólico, este juicio significa mucho. Es muy político", explica esta profesora del IES Arcipreste de Hita de Vallecas (Madrid) que prefiere no se publique ni su nombre ni su imagen, consciente de que su caso no es personal.

Fue sancionada con un apercibimiento (una falta leve) por llevar esta hoy mítica camiseta verde con el lema "Escuela Pública de tod@spara tod@s" en la prueba de Conocimiento y Destrezas Indispensables (CDI) que estaba realizando a los alumnos de 6º de Primaria del colegio concertado Liceo Cónsul, del mismo barrio madrileño.

Sucedió el 10 de mayo de 2011 y por entonces este atuendo se utilizaba en Vallecas y todavía no se había convertido en el símbolo de la lucha contra los recortes en la enseñanza pública. Lo que ocurrió ese día; junto a las instrucciones de Secundaria que entraban en vigor en septiembre, las claves que convirtieron estas camisetas en todo un símbolo de la Marea Verde.

Tras desestimar la Consejería de Educación el recurso que interpuso contra el apercibimiento, esta profesora se decidió a denunciar a la Comunidad de Madrid por imponerle una sanción improcedente. Y hoy, dos años después de presentar su denuncia, el hecho de ponerse una camiseta de la Marea Verde en un centro educativo ha llegado al juzgado donde se tendrá que dirimir si supone una "desconsideración a la comunidad educativa".

Antes de la vista, una veintena de docentes de riguroso verde se citaron en las puertas del Tribunal Contencioso-Administrativo de la Gran Vía para apoyar a su compañera. "Ahora, con el poder que tendrán los directores, te pueden sancionar por cualquier cosa sin problema", se quejaba uno de los concentrados. Entre ellos, también se encontraba Isidro, el padre que ideó estas camisetas y tiñó la marea de verde.

Un castigo ejemplarizante

Dentro, en la sala quinta, una decena de compañeros arropaban a esta profesora y seguían atentos la vista. "Es una falta leve que queda en mi expediente. Es verdad que no supone nada –prescribe en un tiempo– pero si antes, por cualquier circunstancia, tuviera otra falta leve se convertiría en grave. Lo verdaderamente importante es que te han sancionado y que eso no debería haber ocurrido. Querían que mi sanción fuera ejemplarizante. Siempre lo he pensado, porque en esa época en Vallecas estábamos muy activos en defensa de la enseñanza pública", cuenta la profesora una vez pasada la lógica tensión del juicio.

Su abogado ha pedido que se retire el apercibimiento alegando, entre otros, que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión, recogido en la Constitución y en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público, así como a la presunción de inocencia y el proceso sancionador por las irregularidades cometidas en lo que se suponía era una "charla informal" entre el inspector y la profesora.

"No es una desconsideración hacia la comunidad educativa estar a favor de la educación pública", ha explicado. En la la camiseta "no se dicen cosas raras, sino un principio rector que recoge la Constitución" como es el derecho a la enseñanza pública, gratuita y de calidad. "El hecho de llevar una camiseta a favor de la escuela pública no puede considerarse como una insubordinación", ha matizado en sus conclusiones.

El abogado de la Comunidad de Madrid ha defendido la sanción porque considera que, durante las pruebas de CDI, la profesora "está representado a la comunidad educativa y lo hace en un centro privado". "Ponerse una camiseta que pone escuela pública para todos, en un centro privado, es susceptible de iniciar un proceso sancionador", ha agregado. Hay que recordar que el Liceo Cónsul es un centro concertado, es decir, de titularidad privada pero con un concierto con la Consejería de Educación por el que recibe fondos públicos para su funcionamiento.

"No sé qué pensar sobre la resolución. El no poder decir nada me ha dejado decepcionada y un poco descolocada, aunque el abogado ha salido con buena sensación", explicaba la profesora. Más allá de la sanción concreta –una falta leve consta en el expediente pero no lleva aparejada multas o consecuencias mayores–, este juicio simboliza a la perfección el pulso que Educación mantiene sin cejar contra la Marea Verde. ¿En caso de perder, te planteas recurrir a instancias superiores? "No lo sé, tendría que pensármelo, pero vamos a pensar que no va a ser necesario", zanja esperanzada.   

Acusada de "causar malestar"

El 10 de mayo de 2011 esta profesora estaba haciendo la prueba de CDI en el colegio concertado Liceo Cónsul ataviada con su camiseta verde. Terminaron las pruebas sin que nadie le llame la atención ni le diga lo más mínimo –relata– por llevar la camiseta verde, y volvió a su centro a terminar su jornada laboral.

Sin embargo, diez días después el inspector de su zona la llama para preguntarle por qué llevaba la camiseta verde. La directora de Primaria del centro concertado había presentado una queja ante la Consejería de Educación acusándola de "causar malestar en la comunidad educativa", expone la profesora.

"El inspector me llamaba para hablar con él, me dijo que era una conversación informal, nada relacionado con un expediente, y me preguntó qué había pasado y por qué llevaba la camiseta verde. Yo le dije que la llevo puesta de vez en cuando y que, de hecho, eso fue un viernes, todos los viernes en mi instituto nos la ponemos. Me dijo que aquí podía hacer lo que quisiera, pero no en un centro privado".

"Tras leerme la queja, me dijo que me daba la oportunidad de retractarme. Me lo dijo tres veces. Y yo le dije que no tenía nada por lo que retractarme porque uno se retracta si ha hecho algo malo –explica–, y que además en el centro nadie me hizo saber, ni siquiera intuir, que alguien estaba molesto".

El 30 de mayo recibió una notificación de una sanción firmada por el entonces director del área territorial Madrid-Capital, Bonifacio Alcañiz, en la que se la apercibía. La docente presentó un recurso, que la Consejería de Educación acaba desestimando.

La afectada no se queda de brazos cruzados y en enero de 2012 decide seguir adelante y continuar luchando por la defensa de la educación pública. Es entonces cuando presentó la denuncia que ayer introdujo las camisetas verdes en los juzgados. El siguiente capítulo tendrá lugar, como mucho, en un mes y medio, cuando se dicte sentencia.

Propuesta inicial del GT "Observatorio de los derechos y libertades en la Enseñanza"

Grupo de trabajo: OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN LA ENSEÑANZA

El grupo de trabajo ha empezado perfilando las líneas de actuación del Observatorio: 

1.       Detección de situaciones de ataque a los derechos y libertades: sanciones, amenazas, prohibiciones…
2.       Denuncia de los hechos y situaciones detectados y difusión entre la comunidad educativa, medios de comunicación, administración…
3.       Instrumentar asesoramiento necesario a las personas, o centros o colectivos que sufren estas situaciones de ataque a los derechos y libertades.
4.       Posibilidad de cerrar el curso con un informe sobre el estado de los derechos y libertades en la enseñanza madrileña.

Los pasos que vemos necesario empezar a dar son los siguientes:

Para iniciar el recorrido:

• Presentación a la Comunidad Educativa del Observatorio con un documento en el que se expliquen los objetivos que se persiguen y los medios de que disponemos.
• Contacto con entidades del ámbito educativo.

Para la detección de situaciones atentatorias contra derechos y libertades una vez conocida la existencia del Observatorio, establecer las vías de contacto con el mismo: dirección de correo electrónico ( observatorio.libertades@gmail.com ), puesta en marcha de un blog (en fase de elaboración), ¿un teléfono?,   

Clasificar las posibles situaciones de ataque o acoso a nuestros derechos, según sean individuales o colectivas, afecten a un sector o a otro (alumnado, profesorado, familias, equipos directivos, PAS,…), según el tipo de enseñanza de que se trate (escuelas infantiles, centros de primaria, secundaria, adult@s...) y para ello elaborar una tabla Excel que intente ordenar todos estos aspectos.

Para delimitar la actuación del Observatorio, definir las competencias y establecer un protocolo de actuación.

Establecer contacto con los servicios jurídicos de entidades, asociaciones, sindicatos para solicitar su colaboración en cuanto a posible asesoramiento técnico, independientemente de que necesitemos en el Observatorio personas que puedan hacerlo también, o una mayor difusión de las medidas y resoluciones adoptadas.

Se está definiendo la composición del grupo, y serán necesarios varios encuentros para rematar tareas y profundizar en las líneas de actuación.

Entradas relacionadas:

Bases de Funcionamiento del GT de protocolo de funcionamiento de la Asamblea Marea Verde aprobadas en la asamblea del 12F

Acuerdos de la Asamblea Marea Verde Madrid del 12-2-14

3-3-14: ¡Todos con la camiseta verde! “PONTE VERDE" en apoyo a la compañera expedientada en las pruebas CDI de 2011

Miguel Ángel nos envía esta convocatoria:

Como recordaréis, en mayo del 2011 la Consejería de de Educación sancionó a una orientadora de Vallekas por llevar puesta la camiseta de la Escuela Pública en la prueba CDI. 

El lunes 3 de marzo a las 10,30 se celebra el juicio en el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Mostremos nuestra solidaridad vistiendo el día 3 de verde.

http://escuelapublicavallecas.wordpress.com/2014/02/24/en-apoyo-a-companera-expedientada-el-3-de-marzo-viste-de-verde/

EL 3 DE MARZO “PONTE VERDE"
En apoyo a la compañera expedientada.

“Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea“.   Malcolm X

Como conocéis sobradamente, este gobierno regional se ha caracterizado por su carácter intolerante y falto de diálogo. En el ámbito educativo, especialmente desde las movilizaciones “Marea Verde”,ello se ha concretado en un estilo de gestión autoritario, en un desprecio por los ámbitos, mecanismos  y usos de diálogo, y en diversas actuaciones que podríamos calificar de “intimidatorias” con l@s trabajador@s y la ciudadanía (cuando no directamente de “represión” de derechos y libertades).

Uno de los ejemplos de esta lamentable actuación de la Consejería de Educación tuvo lugar cuando en mayo de 2011 la Consejería inició un proceso sancionador a una profesora orientadora que ejerce su trabajo en Vallecas; por desgracia fue uno de los primeros casos de los cientos de casos similares que ha habido desde entonces. Su “pecado” fue llevar puesta la camiseta verde que identifica la defensa de la Escuela Pública (“de tod@s y para tod@s”) mientras ejercía su labor como aplicadora de la prueba CDI en un colegio privado-concertado (el “Liceo Consul” de Entrevías). Evidentemente llevar la camiseta puesta no supuso ningún tipo de problema para realizar la labor que se le encargó, y nadie le recriminó nada en ese sentido mientras estuvo en el centro. Sin embargo a los pocos días desde la dirección de ese centro se hizo llegar un escrito de “queja” a la Inspección, que es el que desató el proceso de apertura de expediente, encubierto con mentiras, y la posterior sanción por parte de la Consejería, que en lugar de defender a “su” trabajadora optó por asumir la queja del centro y utilizarla para sus intereses políticos y los de los grupos económicos que lo respaldan. Desde entonces comenzó para la compañera un largo “calvario” administrativo que, casi 3 años después, esperemos que acabe, y de forma favorable, tras la vista oral que la compañera tiene el próximo Lunes 3 de Marzo a las 10:30h. en los tribunales que llevan lo contencioso-administrativo en Madrid.

Como sabéis, en nuestros Distritos de Vallecas se vive como en pocas zonas la pugna de la privada-concertada por conseguir alumnado en detrimento de la escuela pública, con todo el apoyo y artimañas del gobierno regional para que se hagan con su “cuota de negocio” (incluyendo incumplir la normativa relativa a “equilibrio en la escolarización del alumnado” –artículo 87 de la LOE-). Esto es una constante desde las transferencias educativas a la Comunidad Autónoma (año 2000) y se ha acrecentado especialmente en las dos últimas legislaturas (desde el 2007), llevándonos a una situación en la que el 60% del alumnado de Vallecas está escolarizado en la privada-concertada, y en la que el alumnado con necesidades educativas específicas (compensatoria y necesidades especiales) está muy desigualmente distribuido entre ambos tipos de centro.

Por todo esto, la situación vivida por nuestra compañera es una muestra más de que el gobierno regional en lugar de defender “su” escuela, aquella de la que es titular y responsable directo, defiende los intereses económicos e ideológicos de la privada-concertada. Por ello es necesario continuar con la movilización por la escuela pública “de tod@s y para tod@s”, y por eso os pedimos que el día 3 de marzo hagamos muestra de nuestra solidaridad con la compañera y nuestro compromiso con la escuela pública, y tod@s acudamos a nuestros centros vistiendo la camiseta, sudadera o ropas u objetos verdes (la compañera prefiere que otro tipo de actos se posponga hasta que al sentencia sea emitida).

VA POR TI,… Y POR TOD@S L@S COMPAÑER@S EXPEDIENTAD@S POR DEFENDER LA ESCUELA PÚBLICA¡¡

Puedes descargar el cartel aquí.

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#YoTambienEstuveEnElBuero: Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara en apoyo a lo represaliados por defender la Educación Pública

Reproducimos la información publicada en el blog de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara 

#YoTambienEstuveEnElBuero

En esta página recopilamos información sobre los 4 docentes y un activista a los que piden penas de 4 años de carcel por su participación en las protestas por la educación pública que tuvieron lugar en Guadalajara en septiembre de 2011.

No debemos de cesar en una intensa movilización en defensa de nuestros compañeros y en contra de los recortes y de la privatización de la educación pública. “Defender la educación pública no es un delito, el delito es convertirla en un negocio”

Fue a principios de este curso escolar, cuando el movimiento en defensa de la educación pública tenía una fuerza impresionante, celebrando asambleas de trabajadores de más de 600 asistentes, cuando una histórica manifestación en contra de los recortes y de la privatización encubierta de la educación acabó en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, en el cual se estaba celebrando el pregón de las fiestas. En este, anteriormente, trabajadores municipales habían manifestado sus reivindicaciones, y de igual modo unos 500 profesores  expusieron las suyas. Parece ser que este hecho no sentó nada bien aquellos que piensan que la educación concertada católica es el arma infalible para combatir el fracaso escolar. Así, no han tardado en imponer medidas represivas en contra de este movimiento, medidas tan drásticas que se asimilan mucho a las de regímenes anteriores que quizás añoren.

A continuación la explicación y análisis de este intento de criminalización de la marea verde realizado por la asamblea de docentes de Guadalajara:

LOS HECHOS:

1. Durante la semana anterior cinco compañeros han recibido denuncias sobre los hechos que ocurrieron el 7 de septiembre en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, citándoles a declarar el 6 y el 10 de febrero en los juzgados.
2. Se les denuncia por un delito de DESOBEDIENCIA/RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Está dentro del apartado de atentados contra la autoridad, pero si sólo se les denuncia por esto la pena sería inferior, entre 6 meses y tres años:

Artículo 556.

Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.

1. Los compañeros aún no están acusados de nada, después de hacer sus declaraciones y con las distintas pruebas que se presenten, será el juez el que decida si se les imputa algún delito o no.
2. La fecha de la cédula de citación es el 21 de noviembre (justo el día después de las elecciones del 20-N).

EL ANÁLISIS

Lo que sucedió en el Buero Vallejo sucede continuamente en toda clase de protestas. Lo vemos todos los días en la televisión: los Mossos en Catalunya, la ocupación de edificios gubernamentales la semana pasada en la Comunidad Valenciana y el bloqueo de los accesos a las cárceles por los funcionarios de prisiones de Catalunya… De hecho, en Guadalajara, no es la primera vez que se interrumpe el pregón. Ya ocurrió hace varios años cuando gobernaba el PSOE.

En estos casos lo normal, hasta ahora, era que no sucediera nada o, en algunos pocos casos, se impusiera alguna multa. Se daba prioridad al derecho de libertad de expresión sobre el derecho a, por ejemplo, escuchar íntegramente un pregón.

Desde nuestro punto de vista consideramos que en el Buero Vallejo no se cometió ningún delito, es un ataque político contra el movimiento en contra de los recortes. A través de la represión intentan mandar el mensaje de que protestar tiene consecuencias. Esto no es nada nuevo, en la Comunidad de Madrid los compañeros que fueron a votar con camisetas verdes, ahora se enfrentan a juicios que podrían suponer penas de entre tres meses y un año de cárcel o la FAPA Giner de los Ríos, que se enfrenta a una denuncia por fraude fiscal por vender camisetas verdes. En el futuro se van a aplicar medidas de recortes en los servicios sociales y en las condiciones laborales, probablemente como nunca antes en la historia de la democracia, con acciones como estas denuncias se pretende que la gente tenga miedo a salir a la calle a protestar y así poder implementar las medidas antipopulares con mayor facilidad.

Consideramos que incluso la fecha en la que se elaboro la cédula de citación, el 21 de noviembre (justo el día después de las elecciones y dos meses y medio después de los hechos), es todo un mensaje de que a partir de ahora las cosas van a cambiar. No en vano,  el gobierno español ha hecho la mayor compra de material antidisturbios en la historia de la democracia (BOE-b-2011-43038 del 31/12/2011).

Es imprescindible el apoyo total a los profesores que lucharon y siguen luchando por defender la educación pública. Todos estuvimos en el Buero y todos luchamos por la educación pública de calidad. Educación pública que quieren vender, eso sí una venta que pretende ser salvaguardada por la moral de la iglesia católica.

No debemos de cesar en una intensa  movilización en defensa de nuestros compañeros y en contra de los recortes y de la privatización de la educación pública.

“Defender la educación pública no es un delito, el delito es convertirla en un negocio”

“NI recortes , ni represión, yo también estuve en el Buero.”

Fuente: http://www.lamanchaobrera.es/?p=9657
Articulo publicado en Kaosenlared: http://is.gd/MQda8l

Silencio o represión

elpais.com: El ciudadano, mejor calladito

• Las Administraciones intentan silenciar a las asociaciones más críticas
• Algunas se revuelven, pero otras ceden a la mordaza institucional por miedo al descrédito y a perder las subvenciones
• Los que no quisieron callarse

CARMEN MORÁN / PILAR ÁLVAREZ

La cita es literal: “Te ruego que no te pongas en contacto con los institutos para no entorpecer su normal funcionamiento. Cualquier cosa que necesites nos la pides a nosotros”. Una portavoz de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha pedía así hace una semana a un periodista de EL PAÍS que solo recabe datos oficiales, nada de hablar con profesores. En Madrid, un nuevo movimiento, la marea blanca contra la privatización de la gestión sanitaria, ha explotado en las calles y en los centros hospitalarios con una protesta inédita. Miles de personas rodearon el miércoles la Asamblea de Madrid. El gobierno regional lo consideró una “coacción al Parlamento desde las calles” y acusó a la oposición de jalear la iniciativa. La asociación de consumidores Facua se enfrentó recientemente al Ministerio de Sanidad, que le acusaba de “extralimitación” en sus funciones por promover campañas contra los recortes. Les amenazaron con retirarles las subvenciones y con su salida del registro oficial. Plantaron cara, pero no siempre ocurre. Es la lucha del pequeño frente al grande, de una sociedad civil que quiere protestar y se ve silenciada con una mordaza institucional de descrédito social o de ahogo económico.

¿Hasta qué punto intentan callar las administraciones públicas y los Gobiernos a los ciudadanos? ¿Está la sociedad española articulada para protestar? ¿Les están cortando las alas? ¿Podrían organizarse de otra manera?

“En España se ha instaurado el ‘yo gano las elecciones y hago lo que me da la gana, y ustedes, ciudadanos, ya opinarán en los próximos comicios”, considera José Antonio Martínez, presidente de Fedadi, organización nacional de directores de institutos de secundaria. Martínez lleva años quejándose de los niveles de represión que ha sufrido este colectivo, antes y después de las protestas que en 2011 alumbraron la marea verde. “En Madrid idearon un proceso de selección de directores de institutos que derivó en caza de brujas; permitía dejar a gente en la calle cuando no los consideraban afines. Tengo compañeros con la carrera destrozada. Ya no es que el que se mueva no sale en la foto, es que el que se pronuncie se va a la calle y punto”.

De la misma opinión es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una organización que denuncia las medidas y recortes que afectan a la Ley de Dependencia. El silencio se ha instalado entre muchos de sus asociados que “no pueden aparecer públicamente sin que se vean penalizados en sus ayuntamientos, consejerías”, señala. Ramírez es de los pocos que le pone voz pública al malestar de los ciudadanos dependientes y lo ha pagado caro. El proceso que vivió, que él califica sin ambages de “acoso”, acabó con la amortización de su plaza de laboral fijo del Ayuntamiento de Marbella, la única de 3.000. Ahora tiene más tiempo para reivindicar: “Tenemos miedo de hablar, recibimos amenazas. Y eso que no tenemos una sola subvención de ningún gobierno”.

La institucionalización de muchas organizaciones ha sido, andando el tiempo, la raíz de su descrédito y lo que ha debilitado su crítica, si no silenciado. “Ya ocurrió con los sindicatos en los años veinte del siglo pasado en toda Europa. Los acercaron al poder para que negociaran con ellos. Eso los mantenía alejados de las huelgas”, explica Rafael Cruz Martínez, profesor de Historia de los Movimientos Sociales de la Complutense, Rafael Cruz Martínez. “Y parecida fue la creación de los Institutos de la Mujer en los ochenta en España. Por un lado podía recoger una petición del colectivo feminista, sí, pero si aparecían los problemas y las discrepancias, ¿quién criticaba, si los había creado el poder?”, dice.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, lo define como “una especie de chantaje en la que ha caído de bruces el movimiento asociativo”. Recuerda su propia experiencia. Su trayectoria social comenzó en el Campo de Gibraltar como miembro de un movimiento que intentaba frenar los efectos de las drogas. “Éramos pioneros. Cuando el Gobierno empezó el Plan Nacional contra las Drogas en 1985, nuestra asociación ya gestionaba hasta comunidades terapéuticas”. Costeaban sus gastos con rifas, aportaciones voluntarias, venta de camisetas… “Éramos mucho más libres, nosotros marcábamos los programas necesarios. Pero llegaron las subvenciones y, como había tanto que arreglar, no nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo independencia”.

¿Qué parte de culpa tienen los propios ciudadanos en su falta de organización y de independencia respecto a los poderes públicos? ¿Qué pueden hacer?

El profesor Cruz Martínez les exculpa: “Solo imitan a los políticos, que cuando se acercan las elecciones dejan de lado los asuntos que consideran espinosos, los que creen que les restarán votos”. Pero la filósofa Victoria Camps incide en su parte de responsabilidad en un análisis desde una perspectiva ética y política. “El ciudadano en democracia liberal no actúa, espera a que le resuelvan los problemas, se ve como sujeto de derechos y no asume responsabilidades”, señala Camps, impulsora del artículo Democracia de calidad frente a la crisis con otros miembros del Círculo Cívico de Opinión. La filósofa subraya la diferencia de tradición entre países del sur de Europa y los anglosajones, en los que se produce “una mayor desconfianza de los ciudadanos respecto al Estado. Allí prefieren tomar la iniciativa”. Lo achaca a factores sociales y también religiosos: “El protestantismo es un elemento de libertad que rompe con la jerarquía eclesiástica y con el poder”. Y concluye: “Estamos acostumbrados a buscarnos poco la vida. No tendría que ir aparejado sentirse limitado por recibir subvenciones, pero todos sabemos que el ser humano es imperfecto”.

Para Pablo Iglesias, doctor en Ciencias Políticas de la Complutense, el problema está más en quién y cómo se dan las subvenciones que en las asociaciones que las reciben: “Lo público va más allá de lo institucional, aunque los políticos no lo acaben de ver. Las asociaciones enriquecen lo público y subvencionarlas no es un regalo de los políticos. Aunque quizá les interesa más una sociedad civil amordazada mientras son serviles con los grupos de presión”.

Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, considera que a veces es beneficioso dar un paso al frente. Facua se vio inmersa recientemente en una polémica que ilustra la mordaza que a veces cae sobre las organizaciones ciudadanas. “El Gobierno no nos amenazó con quitarnos las subvenciones si seguíamos con nuestra campaña contra los recortes; era peor que eso. Nos amenazó con la ilegalización, eso nos impedía pronunciarnos en los foros en los que tenemos derecho a participar. Pero seguimos adelante, no nos callamos y todavía estamos aquí”, dice. Cuadruplicaron el número de socios tras denunciar las presiones de Sanidad. “No se puede recibir subvenciones y ser correa de transmisión de los partidos políticos, que no solo han creado muchas de estas organizaciones, sino que ellas tampoco se han independizado. Es curioso ver cómo algunas aparecen y desaparecen en función del partido que gobierna”, critica.

Esa sería una de las claves: separar la subvención de la pleitesía. Países con más tradición democrática que España, como Noruega, están más avanzados en este sentido como muestra el siguiente ejemplo: la asociación Amigos de la Tierra Noruega tiene casi un siglo y más de 28.000 socios. Es muy crítica con su Gobierno y ha hecho acciones de presión que han llevado a cambiar planes estatales. En 2011, por ejemplo, el Ejecutivo accedió a detener una perforación petrolera al norte del país, encima del Círculo Polar Ártico, zona de especies amenazadas. El sociólogo del Departamento de Criminología de la Universidad de Oslo, Rune Ellefsen, la pone como ejemplo de organizaciones ecologistas que emplean métodos de desobediencia civil “no violenta pero ilegales” para ejercer una protesta política pero “no han perdido fondos del Estado”. Las ONG ambientales en Noruega debían cumplir dos criterios para recibir financiación: aspectos objetivos y una evaluación “de su relevancia social” que realizaba el Ministerio de Medio Ambiente. La segunda exigencia, explica Ellefsen, fue cambiada recientemente. La asociación de ONG noruega declaró hace un año que les preocupaba que ese requisito “afectará el trabajo de las organizaciones, ya que podrían modificar su cometido para asegurarse de cumplir las exigencias estatales para ser declaradas como socialmente relevantes”.

Ellefsen participa esta semana en un congreso organizado en el Ateneo de Madrid por la organización internacional Igualdad Animal para denunciar la “actual situación de represión global hacia las libertades de expresión e información que padecen tanto la prensa como los movimientos sociales de todo el mundo”. Javier Moreno, de la organización, considera que la tendencia empeora. “Vamos hacia una sociedad de callados y de recortes de libertades, de represión de los derechos y del activismo, que está siendo muy criminalizado”. En dicho congreso intervendrá también la magistrada de Jueces para la Democracia Victoria Rusell, que admite los fallos de su colectivo. “Quizá desde el ámbito jurídico hemos contribuido a silenciar las voces críticas, aunque fuera solo por la pena del banquillo, que no es poco. Y los más débiles no tenían capacidad para llegar a instancias superiores, como Estrasburgo”, reconoce.

“Entre los medios locales de comunicación, los pequeños, cuántas veces ha habido sentencias que primaron el sentido del honor del demandante respecto a la libertad de expresión. Eso ahora está más corregido, el Constitucional ha dado ejemplos para cambiarlo. Pero el mensaje que se enviaba con aquellas sentencias penalizaba al pequeño. Lo mismo que si un presidente de una asociación de vecinos pleiteaba con el líder político que no había cumplido tal o cual cosa”, dice. Reconoce que tenían las de perder, y que eso no ha incentivado, precisamente, el asociacionismo, ni la lucha, ni el contrapoder que puede surgir de los movimientos sociales, de la sociedad civil. “Hemos perdido calidad democrática, y ahora, en plena tensión, protestas y crisis es difícil recuperarla. Apenas nos dedicamos a ver si la policía se ha extralimitado, por ejemplo”, señala.

Los que no quisieron callarse

Religiosos. En marzo de 2007, el Arzobispado de Madrid amagó con cerrar la parroquia roja de Entrevías (Puente de Vallecas, Madrid), San Carlos Borromeo. Alegó que los curas celebraban la eucaristía comulgando con rosquillas en lugar de hostias sagradas y en ropa de calle. El Arzobispado, con Antonio María Rouco Varela al frente, anunció que las instalaciones pasarían a manos de Cáritas; y solo bajo esa supervisión los curas (transformados en trabajadores sociales) podrían seguir haciendo su labor social. “Fue un intento de mordaza en toda regla por criticar a la jerarquía eclesiástica”, opina Javier Baeza, uno de los tres curas de la parroquia, que sigue abierta.

Profesores. En el verano de 2011 comenzó a gestarse el movimiento de la marea verde, la protesta de la comunidad educativa contra los recortes de la Comunidad de Madrid en educación. La consejería expedientó a directores y profesores por llevar camisetas verdes en exámenes o poner carteles. Varios docentes fueron trasladados a peores destinos por denunciar a la prensa sus nuevos cometidos. El PP de Madrid denunció en la Agencia Tributaria al dueño del taller de imprenta en la que se inventó el logotipo y a las asociaciones de padres que vendían las camisetas por “supuesto fraude fiscal” por vender las camisetas de la Marea Verde “sin IVA”. Hubo 11 huelgas. Un año después, el movimiento se ha propagado a otras comunidades autónomas y ha saltado a la universidad.

Policías. Javier Roca, bautizado como poliflauta o el policía del 15-M, fue sancionado por intervenir en una asamblea del movimiento social en julio de 2011. Se le achacó “abuso de atribuciones”, una falta grave, porque se identificó en una asamblea y señaló que él y parte de sus compañeros estaban indignados y apoyaban el movimiento. Invitó públicamente a los compañeros a “colgar el uniforme durante un tiempo y pensar”. Un año después, un juzgado contencioso administrativo anuló esa sanción. “Ojalá mi caso sirva para que nadie limite la libertad de expresión”, deseó él entonces.

Dependientes. El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, perdió el trabajo. Ha recibido amenazas por tierra, mar y aire. Los estudios de su organización sobre el sistema de la dependencia sacaban los colores a las consejerías y al Gobierno. Una consejera popular le dijo un día: “Tú estás haciendo mucho daño a las instituciones del PP, pero ellas también te lo pueden hacer a ti”. Una consejera socialista le llamó indignada: “¿Pero tú qué te crees, que te puedes meter con el Gobierno de esta comunidad?”. La última fue del anterior Ministerio de Sanidad. Un alto dirigente le llamó cuando habían hecho públicos unos datos sobre financiación de la dependencia. “¿Qué es lo que estás publicando? ¿Qué datos son esos? Te los puedes meter por el culo”. “Desde entonces”, bromea Ramírez, “llevo todos los datos en un pendrive, por si acaso”. No han conseguido silenciarle, pero la consejera del PP tenía razón. Le hicieron mucho daño. El Ayuntamiento de Marbella, donde trabajaba, amortizó su plaza de laboral fijo. La única de las 3.000 existentes que ha sido amortizada. El Gobierno publicó poco tiempo después los datos de financiación oficiales: eran prácticamente calcados a los que avanzó en su día la organización de Ramírez.