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miércoles, 6 de abril de 2022

Cinco modalidades, más Filosofía y un tratamiento universitario: así queda el nuevo Bachillerato (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta noticia


Hasta cinco modalidades distintas, una aproximación más flexible, más de Universidad que de Secundaria, una cierta continuidad también, más Filosofía –aquí sí– y también mucho por concretar aún por parte de las comunidades autónomas. El nuevo Bachillerato, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, es una mezcla de cambios de calado y cosas que siguen igual, según ha explicado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

El currículum se ocupa del 60% de los contenidos (el 50% para las comunidades con lengua oficial propia), que tendrá que ser completado por las comunidades autónomas, y entrará en vigor el próximo curso en primero y el siguiente (2023-2024) en segundo. La nueva ordenación de los estudios permite a un alumno conseguir el título con una asignatura suspendida en determinadas condiciones, entre otras novedades.

El Ministerio es consciente de que la nueva ley educativa ha generado un gran debate social y Tiana ha explicado que hay un importante “cambio de cultura escolar” que “a veces no es fácil de explicar”. Sin embargo, ha asegurado que “la sensación es que el profesorado se siente más o menos cómodo con esto [que estamos proponiendo] y no le sorprende tanto”. “Un programa escolar no es un temario”, ha explicado en relación a algunas críticas recibidas.


Estos son algunos de los cambios que trae la norma que ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.


Hasta cinco modalidades

El nuevo Bachillerato plantea crear cinco itinerarios donde antes había tres: se mantienen Ciencia y Tecnología por un lado y Humanidades y Ciencias Sociales por otro; se desdobla Artes, que pasa a tener una vía de Música y Artes Escénicas y otra de Artes Plásticas, Imagen y Diseño; y se crea un quinto recorrido, llamado General, a medio camino entre unos y otros.


Esta última modalidad, la General, es la mayor novedad. Está pensada, según ha explicado Tiana, para esas personas que o no quieren cerrarse puertas con una especialidad o van a estudiar grados o ciclos formativos de Formación Profesional no ligados a ninguna de las otras vías, como pueden ser los estudios económicos, de Turismo o para ser policía nacional.


El problema con esta amplia oferta, dicen muchos directores, es que atomiza aún más al estudiantado y que organizativamente va a ser más complicado para los centros. Además, actualmente ni siquiera todos los institutos ofrecen las tres vías; nada lleva a pensar que sí lo harán con cinco más allá de las grandes ciudades o los centros que concentran mucho alumnado.


Las asignaturas

Las materias comunes para los alumnos de todas las modalidades de primero serán: Educación Física; Filosofía; Lengua Castellana y Literatura I –en las comunidades con otra lengua, Lengua Cooficial y Literatura I– y Lengua Extranjera I.


En el caso del segundo curso, todo el estudiantado deberá cursar Historia de la Filosofía; Historia de España; Lengua Castellana y Literatura II y, en las comunidades con otra lengua, Lengua Cooficial y Literatura II; y Lengua Extranjera II.


A partir de aquí, cada modalidad incluye otras asignaturas propias (normalmente se tendrá que elegir una entre dos) y después el alumno deberá completar su trayectoria con otras dos materias por curso además de la oferta de optativas que desarrolle cada comunidad autónoma.


Entre las novedades relativas a las asignaturas, destacan dos: en esta etapa se refuerza la Filosofía, que será obligatoria en los dos cursos para todos, y la Historia de segundo dejará de ser universal (ahora abarca desde la Prehistoria, aunque haya comunidades que la hayan recortado) para centrarse en la etapa contemporánea, desde 1812 en adelante.


¿Pero y los listados de saberes a aprenderse?

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley: los currículos no incluyen, con carácter general, listados de conocimientos que el estudiantado debe aprenderse (aunque el grado de concreción varía entre asignaturas). Este cambio respecto a la Lomce, minuciosa hasta la última coma, ha provocado críticas desde sectores de todo tipo al Ministerio por dejar fuera de los currículos, según estas versiones, cuestiones básicas en el aprendizaje.


El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha explicado este lunes que parte de la confusión se debe a que ahora los currículums que elabora el Ministerio de Educación no se encargan de esto. Con la Lomce, ha desgranado el número dos del departamento, el anterior Gobierno estableció un sistema por el que había algunas asignaturas comunes para toda España diseñadas por el Gobierno central y detalladas al máximo, y otra serie de asignaturas que correspondían a las comunidades.


Pero ahora el Ministerio no elabora el currículum, “eso corresponde a las comunidades”. El Gobierno central, explica Tiana, realiza un 50% del currículum, que ahora deben completar los Gobiernos regionales. Los decretos de enseñanzas mínimas que ha ido desarrollado y aprobando Educación –uno por etapa– “no establecen los mínimos que deben saber los estudiantes, sino los mínimos que deben tener en cuenta las comunidades” para desarrollar sus decretos, que son los que, dice Educación, deben incluir los contenidos concretos.


Jerga Lomloe: competencias clave, específicas, saberes básicos

Así, los textos del Ministerio refieren las competencias clave que debe tener el alumnado al término del Bachillerato. Estas competencias son generales y transversales, no se corresponden con las asignaturas. Son la competencia plurilingüe; competencia en ciencia, tecnología e ingeniería; competencia digital; competencia personal, social y de aprender a aprender; competencia ciudadana; competencia emprendedora; y competencia en conciencia y expresión culturales.


El texto explica en qué consiste y qué debe saber en relación a ella cada alumno.


Para alcanzar estas competencias clave aparecen en el texto las competencias específicas, que Tiana ha definido como “la manera de llegar a las competencias claves a partir de cada asignatura”. Aquí es donde empieza a haber concreción, donde se fija un poco qué se debe conseguir y se concretan todavía un poco más estas competencias específicas en los saberes básicos, que son una suma de “conocimientos, destrezas (estrategias, resolución de problemas) y aptitudes (búsqueda de información, objetividad en el tratamiento de datos)”.


Pero, como ha recordado Tiana, una vez aprobados los currículums de Educación, más generales, las comunidades tendrán que entrar al detalle. Ha insistido en que “no desaparecen saberes”, y preguntado por las críticas de algunos grupos de profesores de que se caen contenidos, ha explicado que hay cuestiones que han cambiado y tienen un tratamiento más transversal (ha citado el ejemplo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, que están diluidas en varias asignaturas como antes la sostenibilidad ambiental estaba en Ciencias pero ahora aparece dispersa).


Se podrá obtener el título con un suspenso

La organización de los estudios tendrá un carácter más parecido al universitario, según ha explicado el secretario de Estado, que ha comentado que hasta ahora el Bachillerato ha tenido un tratamiento más parecido al de la Secundaria obligatoria.


En esta línea se enmarca la posibilidad de obtener el título en el caso de tener una asignatura suspendida, pero con ciertas condiciones, que se generalizan en que el alumno no podrá dejarse una materia y esperar que se le apruebe: deberá tener más de un 5 de nota media en el resto de asignaturas, tendrá que haberlo intentado asistiendo a clase y haciendo los trabajos, etc. Como cuando en un grado universitario se pide una compensación, ha explicado Tiana.


Otras cuestiones, como pasar de primero a segundo con dos suspensas o repetir solo las asignaturas no aprobadas en caso de necesitar otro año en segundo, se quedan como están actualmente, igual que la evaluación: continua y diferenciada por materias. Cada profesor decidirá.


La otra novedad en cuanto a la organización de los estudios es que determinados colectivos que no puedan dedicarse a jornada completa al Bachillerato, como por ejemplo deportistas de élite, podrán realizarlo en tres cursos.


¿Y ahora qué?

La labor de desarrollo de la Lomloe no concluye con la aprobación de los currículums. El Ministerio de Educación ya trabaja en varios decretos más, según han informando fuentes del departamento. Entre los próximos que pasarán por el Consejo de Ministros están el de especialidades, que ordena qué profesores pueden impartir qué materias; el de creación y aprobación de centros, que debe regular las características mínimas de los institutos para ofrecer las modalidades del Bachillerato, entre otras cuestiones; o el de la prueba de acceso a la universidad, que será de los primeros en estar listo para que los estudiantes que empezarán primero en septiembre conozcan los cambios que se van a producir, según ha explicado Tiana.

viernes, 26 de noviembre de 2021

El Gobierno se abre ahora a financiar con fondos europeos plazas de Educación Infantil en centros privados (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

Catalunya, Euskadi y Madrid votan contra el plan de Educación porque rechazan que haya que destinar el dinero obligatoriamente a crear nuevas plazas públicas; Andalucía, que había rechazado los fondos en un principio, se abstiene y los pedirá finalmente

25 de noviembre de 2021 

El Ministerio de Educación abre ahora la puerta a que los fondos europeos que se iban a destinar a la creación de plazas públicas de Educación Infantil se utilicen para otras cuestiones, como concertar plazas privadas, hacerlas públicas o financiar otros servicios como el comedor, tal y como le han pedido varias comunidades en la Conferencia Sectorial que se ha celebrado este jueves.


La cartera que dirige Pilar Alegría había diseñado y pactado con Bruselas un plan de tres años para avanzar hacia la universalización y gratuidad del primer ciclo de Infantil, el del alumnado de 0 a 3 años, que aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros. Pero el proyecto de Educación, que establece que los fondos han de destinarse exclusivamente a crear nuevas plazas gratuitas, se ha topado con varias comunidades, que apuestan por otros modelos para el 0-3 y que no acaban de aceptar que tras la financiación del plan durante tres años les toque a ellas seguir poniendo el dinero. España cuenta con una tasa de escolarización media en esta etapa del 36% y una fuerte presencia de centros privados, casi la mitad del total, lo que deja fuera de de los centros a las familias con menos recursos.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional  Creado con Datawrapper

Finalmente, como el plan está dividido en tres años y ha de aplicarse gradualmente, las comunidades han votado a favor de la ejecución de esta primera partida, que sí deberá estar destinada a crear las plazas públicas porque los fondos son europeos y así se pactó con Bruselas, según han explicado fuentes de Educación. Solo Madrid, Catalunya y Euskadi han votado en contra, cada una por sus motivos. Andalucía, que es la única región que había rechazado explícitamente los fondos a través de una carta que envió al ministerio, se ha abstenido finalmente porque Educación se ha comprometido a negociar con Bruselas que la partida del año siguiente pueda utilizarse para otra cosa distinta a crear plazas.

El sentido del voto emitido este jueves en la Conferencia Sectorial no presupone ni la aceptación de los fondos ni el rechazo de los mismos. Una vez se formalice la aprobación del plan de Educación, las comunidades deberán solicitar una a una su parte (aquí está el reparto completo), por lo que Madrid, Andalucía, Catalunya y Euskadi aún estarán a tiempo de participar del plan. El reparto de fondos debe realizarse antes del 31 de diciembre.

Andalucía acepta los fondos
El cambio de criterio de Educación al aceptar los cambios que han propuesto algunas comunidades ha convencido a Andalucía, que tras anunciar que iba a rechazar el dinero en primera instancia, lo ha aceptado, condicionado el primer año a la creación de plazas públicas, porque tiene el compromiso del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, de que se flexibilizara a partir del segundo, informa Daniel Cela. Con esta postura, la Junta da marcha atrás a su decisión, expresada por carta a la ministra, de "no participar" en el programa de gratuidad del Gobierno hasta que no cambiasen los criterios, extremo que aún no se ha producido, según fuentes de la Consejería de Educación.

Preguntada por si Andalucía va a crear las 4.023 plaza públicas el primer año, tras aceptar los 37 millones, Educación rehusó ser clara al respecto: "Vamos a esperar a que el ministerio responda a la solicitud de Andalucía", han explicado las fuentes.

El modelo de gratuidad andaluza, basado en bonificar a las familias con menos recursos pero escolarizadas en centros privados conveniados, lo diseñó, desarrolló y perpetuó el PSOE durante sus años de gobierno, y el volumen de escuelas –más de 2.000, el 66,4% privadas– y de personal laboral –15.000 trabajadores– hacía "inviable" cambiar a un modelo 100% público en tres años, sostiene la Consejería.

Madrid, que ha votado en contra, lo ha hecho por los criterios utilizados por el Ministerio para repartir los fondos, "especialmente lesivos con la Comunidad de Madrid. Con el 14,8% del alumnado, nos dan un 10% de los fondos, mientras que a Cataluña, con solo 1,9 puntos más de alumnos, reciben un 44,7% más", ha explicado un portavoz, sin aclarar si pese a todo solicitará la partida. El ministerio replica que los criterios de reparto (el nivel de estudios de la población de 25 a 64 años, que correlaciona con el trabajo y por tanto los ingresos que se tienen; la tasa de escolaridad en esa etapa y la dispersión de la población) se basan en datos objetivos y están destinados a buscar un mayor equilibrio entre autonomías.

Catalunya también ha rechazado el plan porque la Generalitat quiere flexibilidad de criterios y que los fondos no solo se puedan destinar a la creación de nuevas plazas. Aduce Educació que el voto negativo tiene un componente de protesta porque el ministerio diseñase el plan con Bruselas sin consultar a las comunidades y que hace años que está haciendo un esfuerzo para crear estas plazas, un esfuerzo que no se verá reconocido, informa Pau Rodríguez. En una postura similar está Euskadi, que tiene la red 0-2 "muy adelantada" y no cree que este plan resuelva sus necesidades, según un portavoz de Educación.

Otras comunidades que sí han votado a favor, como La Rioja, han valorado "muy positivamente" el plan, que en su caso se concretará en la creación de 154 plazas el primer año, una reacción muy similar a la de Castilla-La Mancha.

Con este acuerdo se cierra esta primera convocatoria, que tendrá continuidad en 2022 y en 2023 en unas condiciones aún por determinar, solo pendiente de que las comunidades soliciten formalmente su parte de los fondos (aquí está el reparto entero). Tras las numerosas quejas recibidas en la Sectorial de este jueves por la obligatoriedad de destinar el dinero a plazas públicas, Educación se ha avenido a negociar que las comunidades puedan básicamente dedicar el dinero a lo que consideren, siempre dentro de la etapa de 0-3. Convertir plazas privadas en públicas, concertarlas o dedicar los fondos a asegurar al pago de servicios como el comedor, como propone Andalucía, por ejemplo, son algunas de las cuestiones que piden las comunidades, pero que tendrá que aceptar Bruselas, que es quien pone los fondos.

Una etapa desigual
El primer ciclo de la Educación Infantil es una etapa particular y muy desigual, independientemente del indicador que se elija para evaluarla. Es desigual entre las comunidades, con grandes diferencias en las tasas de escolarización; es desigual entre las familias, con realidades muy distintas en función de la renta, del nivel de estudios de los progenitores o incluso si la madre está ocupada o no, y es desigual entre los municipios en función de su tamaño.



Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional  Creado con Datawrapper

De media, en España uno de cada tres menores de tres años está escolarizado (un 36% el curso pasado), aunque este es uno de esos datos que apenas es representativo de ninguna situación. Solo la Comunidad Valenciana y Catalunya se encuentran en este parámetro, con un 35,3% y un 34,1%, respectivamente. Después, la escolarización va desde el 17,8% de Murcia o el 18,5% de Castilla y León hasta el 50,3% del País Vasco o el 45,9% de Madrid.

En esta etapa, no obligatoria ni universalizada de facto como sí lo está el 3-6, la presencia del sector privado es más alta: el 46,3% del alumnado está matriculado en centros de iniciativa particular, también con grandes diferencias entre comunidades. Las hay, como Asturias o Extremadura, que rozan el 90% de plazas públicas, o, en el otro extremo, Andalucía solo tiene uno de cada tres alumnos en una escuela de la administración.

Y este factor, la alta presencia de la escuela privada, se traduce en diferencias entre las familias según sea su nivel adquisitivo, uno de los argumentos que utiliza el Ministerio de Educación para defender su apuesta por las plazas públicas: el 52% de las familias que sostiene no tener cubiertas sus necesidades educativas infantiles no recurre a las escuelas por no poder permitírselo, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

En este apartado, argumenta Educación, es donde se dan grandes diferencias entre las familias, que pretende reducir avanzando hacia la gratuidad mediante la creación de plazas públicas. La estadística refleja que las familias con menos recursos presentan tasas de escolarización hasta tres veces inferiores a las más adineradas: uno de cada cuatro hogares en el primer quintil de renta (el 20% que menos gana) lleva a sus hijos a centros de educación infantil, mientras en el quinto quintil (el 20% que más gana) son un 62,5%.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE  Creado con Datawrapper

Alrededor de este dato orbitan otros dos, que ahondan en las desigualdades entre familias en el acceso a las escuelas infantiles: las familias cuyos progenitores tienen estudios superiores presentan una tasa de escolarización del 49,6%; las que no pasan de los estudios obligatorios se quedan en un 31,3%. Una diferencia similar se da en función de que la madre trabaje o no: las familias en las que tienen un empleo duplican el uso de escuelas infantiles de las que no lo tienen.

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domingo, 24 de octubre de 2021

“¡Todas a la FP!” El proyecto neoliberal de ingeniería social abrazado por la izquierda (Eduardo García y Juanjo Espinosa para ELSALTODIARIO.COM)

ELSALTODIARIO.COM publica este artículo de opinión 


“Yo también fui a la efepe

y con mi técnico superior

de informática me efePrecaricé”

(Letra de David Castro, Los Habitantes)


En los últimos meses asistimos en los medios a una intensa campaña de agitación y propaganda que tiene por objeto vender la reforma de la FP aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Durante el mes de septiembre, dentro de esa campaña, hemos tenido la oportunidad de leer en Público una entrevista de Marta Nebot a la Secretaria de FP, Clara Sanz, seguida de un artículo de opinión de la propia Marta Nebot. Unos días antes, Agustín Moreno nos sorprendía con un artículo en la Tribuna abierta de eldiario.es. Entre todo el material disponible en los medios hemos elegido estos artículos como objeto de nuestro comentario por su significación política. Nuestra opinión sobre la nueva Ley de FP está recogida en el comunicado hecho público por FASE-CGT.


Clara Sanz, siempre al servicio del empresariado, no de “el país”, trabajó ya en los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Esperanza Aguirre y lo hace ahora en el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Diaz. “Hace 20 años”, dice la Secretaria General de FP en la entrevista, “la gente creía que trabajaría toda la vida en la misma empresa“. “Hoy nadie cree eso”. De esta forma descarnada expresa su obediencia a la ley del mercado laboral precario. ¿Por eso las reformas laborales están aún vigentes? Por su parte la periodista Marta Nebot, asume por entero de forma acrítica el discurso oficial sin molestarse en comprobar los datos con los que Clara Sanz pinta la realidad. Así, desde la posición en que la dejó el ascensor social, se presta a contribuir con su granito de arena ideológico y político. Agustín Moreno en cambio, como no podía ser menos en alguien de izquierda, muestra su preocupación, que compartimos, sobre todo por los “chicos de la clase obrera”. Lamentablemente comete algunos errores que tienen consecuencias políticas.


Falacias aritméticas y geométricas

Los portavoces oficiales y los voceros de la patronal manejan “diagnósticos” o “previsiones” de “las necesidades formativas” de las empresas como si fueran el resultado de una ley natural inexorable e incuestionable de la evolución de la economía. En realidad esas previsiones son objetivos que se han marcado. Nos es “lo que va a ocurrir”, sino “lo que quieren que ocurra” para satisfacer las “necesidades de la economía”, o sea del capital: la lógica del beneficio es la ley que rige esas “previsibles necesidades formativas”. Por tanto la contención salarial, la inestabilidad y la precariedad laboral van a persistir. Hay pues que andarse con cuatro ojos porque, como en un juego de trileros, nos confunden jugando sutilmente con las palabras, los datos y las figuras. Nos centraremos en dos mitos: el eslogan del 65% y la forma, en barril o diábolo, del mercado de trabajo y/o la distribución de cualificaciones. Empecemos por esto último.


A. Que el mercado de trabajo tenga “forma de barril” o “forma de diábolo” no depende del sistema de formación sino de la capacidad del sistema productivo para generar empleo y del tipo de empleo que es capaz de generar. Ahora bien, a día de hoy, en contra de lo afirmado por la señora Sanz, no “tenemos un mercado laboral con una estructura de barril”. Baste recordar que la tasa de paro más baja corresponde a los titulados superiores, según los datos aportados por el I Plan estratégico de FP (Tabla de página 9): 8,67% de paro, frente a 15,40% de titulados de FP o 15,92 % de Bachilleres. Por tanto, según esos datos, podemos afirmar categóricamente que, a día de hoy, las personas tituladas en FP tienen menos probabilidad de encontrar trabajo que los titulados superiores y no se puede sostener el mantra de que “la formación profesional mejora la empleabilidad”. Precisamente, esa es una de las “anomalías” del mercado laboral español que quieren corregir con la nueva Ley de FP. ¿Cómo? Derivando hacia la FP a gran parte del alumnado que ante la falta de puestos de trabajo decentes, deciden intentar suerte continuando los estudios superiores. Se trata de disuadir al alumnado de bachillerato de ir a la Universidad orientándolo a los ciclos de grado superior. Como ya “vaticinó” la OCDE en 2001, “no todo el mundo elegirá una carrera en el dinámico sector de la “nueva economía” —de hecho, la mayoría no lo hará”. Ni que decir tiene que esta conversión masiva de “estudiantes” en “aprendices” afectará sobre todo al alumnado de clases populares.


Se trata de disuadir al alumnado de bachillerato de ir a la Universidad orientándolo a los ciclos de grado superior.  Ni que decir tiene que esta conversión masiva de “estudiantes” en “aprendices” afectará sobre todo al alumnado de clases populares

Eso por la parte alta del barril, mientras que por la parte baja una masa de gente joven, también en su inmensa mayoría de clases populares, poco formada y sobre todo con una instrucción elemental reducida a las competencias básicas, deberá pasar de la ESO a la FP. Se trata de acabar con ese infame 47,50% de personas mayores de 16 años que abandonaron el Sistema Educativo con baja cualificación (ESO o menos), fruto del llamado “abandono escolar temprano”, “inempleables” para el sistema y abocados a la exclusión social (Ver Tabla 1. Página 9 del Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad )


¿Cómo reducir ese escandaloso 47,50%? Hasta ahora los Programas de Garantía no han funcionado, son costosos y no son suficientes. La Formación para el Empleo se reduce a cursos formativos poco menos que obligatorios para quienes perciben algún subsidio. El objetivo es volver a meter a esas personas poco cualificadas en el sistema. Objetivo muy loable, sin duda. Para lograrlo, la nueva Ley de FP intenta institucionalizar un nuevo mecanismo de (re)inserción bajo el rimbombante eslogan de “formación permanente a lo largo de toda la vida”. Esto, lejos de asegurar un empleo y una vida digna, condena a millones de jóvenes, sobre todo de clases populares y con menos recursos, a los flujos y reflujos entre diferentes vías formativas y entre la formación y el empleo (basura).


Ni trabajadores/ni estudiantes, con el ambiguo estatus de “aprendices”, quedarán atrapados en el “aprendizaje a lo largo de la vida” como el hámster en su rueda, permanentemente disponibles, adaptables y “empleables”. De ahí el invento de organizar la oferta de la FP dual en módulos “a la carta” a base de unidades formativas, los módulos de niveles A a D, “capitalizables” y acumulables en la “carpeta personal de competencias”. Esta es la nueva fórmula de la precariedad y la inestabilidad, la institucionalización de la dependencia de por vida. Es el fin de cualquier aspiración a la libertad y la dignidad. De paso, millones de personas desaparecerán de las estadísticas del paro...porque están en formación dual.


B. Veamos ahora el famoso eslogan del 65%. En la entrevista con Clara Sanz se afirma que “en 2030 los nuevos puestos de trabajo requerirán en el 65% FP de formación media, el 35% FP superior y grados universitarios”. (Observemos de pasada cómo ha desaparecido por arte de trilero el % de bajas cualificación). Marta Nebot se traga el sapo y da su propia versión del mito: la periodista afirma que “La UE vaticina, para 2030, que los trabajadores formados en Formación Profesional se van a llevar el 65% del trabajo”. Este bulo del 65% viene dando tumbos desde hace años. (Puede consultarse un resumen de su historia en El menosprecio del conocimiento (Icaria, 2020). Clara Sanz le pone fecha y contenido al feliz evento: los puestos de trabajo disponibles en 2030 exigirán a las aspirantes poseer una FP de grado medio. Ahora bien, si se consultan algunos documentos oficiales publicados por su propio ministerio lo que encontramos es otra cosa. (Ver los Gráficos 3 y 8 del Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad). Aclaremos que el Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad, también llamado Plan de modernización, es la segunda parte, bajo los efectos de la pandemia, del I Plan estratégico de FP del año 2019 y ambos forman parte de las campañas de agitación y propaganda previas a la aprobación de la nueva ley de FP. Estos documentos simplemente trascriben “previsiones” o “diagnósticos” del Centro Europeo para el Desarrollo de la FP (CEDEFOP).


El Gráfico 8 es particularmente interesante porque muestra que la estructura de la demanda formativa, según la lógica de la economía neoliberal, adoptará en 2030 en la UE una forma que ciertamente recuerda poco a un barril: 15 abajo, 45 en medio, 40 arriba. Lo mismo puede decirse del Gráfico 3 respecto a las “previsiones” para 2025: 14 abajo, 49 en medio, 37 arriba. Estos gráficos muestran muy claramente que la gran transformación afecta a la distribución entre los niveles de cualificación bajos (de 36% a 15%) y medios (de 28% a 45%), y apenas afecta a los niveles superiores (de 36% a 40%). Sea como sea en ningún lado vemos la mítica forma de barril ni el no menos mítico 65% con el que nos aturden Sanz y Nebot.


Los cambios en la distribución de las cualificaciones no garantizan el empleo ni eliminan las causas de su precariedad y temporalidad, sino que pondrá a disposición de los empresarios una masa de jóvenes formada a demanda

Así supuestamente se alcanzaría la estructura virtuosa de la distribución de cualificaciones que exige la “nueva economía”. Es un magno proyecto de ingeniería social. Insistimos: los cambios en la distribución de las cualificaciones no garantizan el empleo ni eliminan las causas de su precariedad y temporalidad, sino que pondrá a disposición de los empresarios una masa de jóvenes formada a demanda, débilmente instruida y sin otras expectativas vitales que obtener un empleo como sea. Queda muy bonito eso de defender la “adaptación del sistema educativo al mercado laboral” con el argumento de “no gastar dinero público en formar desempleados”, como afirma Clara Sanz. Pero para evitar ese presunto “despilfarro” lo que hace falta es crear puestos de trabajo decentes y dignos. Y eso no será posible mientras las capacidades productivas de la tecnología sirvan exclusivamente a los beneficios del capital, en lugar de servir para reducir la duración de las jornadas laborales y repartir el trabajo disponible.


El mandato neoliberal y la izquierda

Marta Nebot se siente engañada como parte de una generación a la que hicieron creer que la Universidad era la panacea social, el mejor vagón del ascensor social, mientras que quienes triunfaron en la vida fueron los electricistas y fontaneros que se están “construyendo su segunda vivienda en el campo, (...) dueños de su tiempo, de sus certezas laborales, de sus vidas”. Para Marta Nebot el referente del éxito son los oficios tradicionales, los trabajadores por cuenta propia y los autónomos. Como parte de esa “clase media” decepcionada por el ascensor social, ante el dilema de las familias —“¿Qué hacer con los hijos?”— la FP dual es para ella la buena elección, hacer FP es la nueva panacea, aunque eso suponga aprender un oficio, para la mayoría, y adquirir una profesión, para los menos. Nebot se pregunta qué hubiera dicho Clara Sanz si un hijo suyo hubiera decidido hacer FP. Pero, tan decepcionada como está por los estudios universitarios, ¿ha pensado ella alguna vez qué habría sido de su vida si hubiera hecho FP en lugar de Periodismo? Al igual que su entrevistada y todos los voceros del gobierno y la patronal, hay que plegarse a la lógica del mercado laboral como si fuera una ley natural ciega e intocable que se impone fatalmente.


Pero el ascensor social no ha dejado de funcionar: quienes por su posición social tenían los recursos necesarios para llegar, llegaron. Ahora ella, desde los medios de comunicación, ejerce de ascensorista: aconseja a la juventud que no sueñe, que sea realista, que se alisten. “¡Suban al vagón correcto!” “¡Todas a la FP!” Pero la FP no es un bloque monolítico, hay vagones de Preferente, Primera y Segunda y cada uno acabará en un nivel determinado de la estructura de empleo y, por tanto, en la correspondiente categoría socio laboral. Unos acabarán de autónomos endeudados para sacar el negocio adelante (y además tener una segunda residencia a crédito), otras aprenderán “el uso de drones para mejorar la productividad y la calidad” en explotaciones vinícolas punteras, otros serán “mecatrónicos”... mientras la mayoría acabaran de kellys, camareros o cajeras...


Según Clara Sanz “en la cuarta revolución industrial lo que permite a un país, a una empresa posicionarse es su capital humano”. De esta forma los jóvenes (y no tan jóvenes) quedan reducidos a meros soportes corporales del “capital humano”, meros instrumentos de la competencia capitalista entre países y entre empresas. “Lo que más demanda [el mercado]es cualificados intermedios formados en FP”. “Son el motor”, afirma Clara Sanz ya lanzada. Dejemos claro de una vez que los trabajadores no somos el motor de nada, somos simplemente la energía humana o fuerza de trabajo que el verdadero motor, el capital, consume y explota para extraer sus beneficios. A menos que nos organicemos y luchemos por una economía digna de los seres humanos que somos.


El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. El problema no es solo que, presuntamente para salvarlos del paro, quieran orientar a miles de jóvenes actualmente en la ESO hacia esas cualificaciones intermedias y lograr incluirlos en ese mítico 65% que supuestamente conseguirán un empleo. La cuestión es que bajo esas buenas intenciones de “crecimiento social” de lo que se trata es de inundar el mercado laboral a mayor gloria de los beneficios de las empresas. Está por ver que lo logren. Pero aún si lo lograran, esos míticos porcentajes impiden que nos hagamos algunas preguntas: ¿quiénes serán los y las que lleguen?, ¿hasta dónde llegarán?, ¿ciclos medios, superiores o grados universitarios?, ¿por qué vías lo harán?, ¿centros públicos o privados?, ¿con qué módulos de qué familias profesionales?....y ¿para acabar en qué tipo de empleo? Esos porcentajes no dejan ver que, dependiendo del origen social (el sexo o la raza), cada cual se orientará tanto como será orientado hacia las opciones más o menos nobles, más o menos tecnificadas y exigentes cercanas a las tareas de concepción, más o menos afines al trabajo manual o las tareas de ejecución y, por tanto, más o menos bien retribuidas.


La FP para la izquierda de la izquierda

Agustín Moreno, Diputado de UP en la Asamblea de Madrid y un referente histórico de la defensa de la escuela pública, en un artículo a cuenta de las colas para matricularse en FP, clamaba en eldiario.es contra la privatización y la falta de plazas de FP, al tiempo que se alegraba de la gran demanda de esos estudios y urgía a tomar medidas para satisfacerla. Obviamente compartimos su inquietud, aunque no tanto su alegría.


Nos parece un error afirmar que “el irrompible techo de cristal” que encuentran “los jóvenes de familias modestas” lo “documentó Paul Willis en su Aprendiendo a trabajar, desmontando el mito neoliberal de que cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza independientemente de su origen social”. Primero porque la investigación de Willis es anterior a la gran ofensiva neoliberal: el trabajo de campo se realizó entre 1972 y 1975 y el libro se publicó en Inglaterra en 1977 (en España en 1988). En segundo lugar, el discurso de que “cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza” no es un discurso inventado por los neoliberales sino el discurso meritocrático de toda la vida. Que “los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera” simplemente demuestra que la igualdad de oportunidades educativas es un espejismo.


No hay ningún motivo para celebrar que los jóvenes, sobre todo de clases populares, crean que la FP es la solución de futuro y hagan cola para matricularse. A través de la FP es como “los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera”, incluso si ya no se reconocen como obreros. La “paradoja de Willis” consiste en que la resistencia, la rebeldía y el rechazo que “los chavales” (lads), desde los valores de la clase obrera, oponían a la “cultura escuelar” les llevaba a cumplir su destino social: convertirse en obreros, contribuyendo así a la reproducción de las desigualdades de clase. Hoy día ese rechazo les conduce a dejar los estudios, a la exclusión y la anomia, lo cual representa un problema para la estabilidad del orden social. Se trata en el caso español de ese 47,50 % de la población mayor de 16 años poco o nada cualificada.


Esa población y los problemas sociales que plantea su gestión es el eje en torno al cual giran todas las reformas y los debates sobre los niveles de enseñanza, la promoción automática, las competencias, etc, etc. Resolverlo es uno de los objetivos de la reforma de la FP actualmente en curso. ¿Cómo hacer para retener en la escuela o que vuelva a ella esa población para la que solo hay empleos basura y ya no tiene una condición obrera con la que identificarse? La orientación hacia la FP media será ahora el destino de esa inmensa mayoría de jóvenes procedentes de las clases populares (inmigrantes, trabajadores manuales del sector servicio, manufacturero e industrial, asalariados del transporte, por cuenta propia o ajena, dependientes del comercio y la hostelería, asalariados del sector de cuidados o jornaleros y campesinos...) Por ello, hablar como hace A. Moreno en términos de “alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo” nos parece que es poco acertado y olvida que el alumnado de “familias modestas” es el que masivamente se orienta y, sobre todo, es orientado hacia la FP.


La oferta de FP tanto pública como privada se pliega totalmente a los intereses privados de las empresas y al imperativo del mercado de trabajo sin cuestionar su lógica. Hasta el 50% del tiempo de formación quedará en manos de la empresa en la FP dual “avanzada”

Lleva razón Agustín Moreno cuando denuncia “la descarada estrategia de privatización de la FP”. Compartimos su preocupación por el desmantelamiento de la escuela pública y lo hemos denunciado reiteradamente desde Marea Verde Andalucía y Mareas por la Educación Pública. Por desgracia eso no solo ocurre en Madrid. Pero también estamos muy preocupados por el impulso de la privatización que supone la generalización de la FP dual por la nueva Ley General de FP remitida al Parlamento por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Lo que Agustín Moreno olvida es que la Nueva Ley de FP promueve la privatización en otro sentido que no se discute —¿hasta tal punto se ha impuesto la ideología neoliberal?. La oferta de FP tanto pública como privada se pliega totalmente a los intereses privados de las empresas y al imperativo del mercado de trabajo sin cuestionar su lógica. Hasta el 50% del tiempo de formación quedará en manos de la empresa en la FP dual “avanzada” ¿Tendrán contratos y derechos laborales? Una buena nota del “tutor de empresa”, ¿no será apreciada como buena señal de una probable contratación? Cada vez más, el sistema de FP se convierte en una máquina al servicio directo de las empresas. La nueva FP dual consagra la tendencia iniciada en 2012 que los gobiernos, antes del PP y ahora del PSOE-UP, han hecho suya.


Nos sorprende que Agustín Moreno reclame ahora un “Plan Estratégico acordado con los agentes sociales”. ¿No se ha enterado que ese Plan está ya en marcha desde hace 3 años y se encuentra en su segunda fase, pórtico de la nueva ley de FP y parte importante de la campaña de agitación y propaganda dirigida desde un Ministerio del Gobierno del que forma parte su partido, UP? Más allá de eso, no podemos menos que lamentar que la izquierda de la izquierda se limite a esto: “para corregir y mejorar la situación, desde Unidas Podemos exigimos la máxima transparencia”. Si le preocupa que “Madrid es la comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo”, que esté tranquilo porque como hemos visto el gran objetivo es trasvasar alumnado de Bachillerato y la universidad a la FP media y superior. Por lo demás Agustín Moreno parece compartir el discurso hegemónico en el campo de la formación y el empleo según el cual, el problema del empleo se solucionará con reformas del sistema de enseñanza y en particular en el Sistema de Formación Profesional. Esta misma idea la repite en otro artículo. De ahí que afirme que es urgente “modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo”. ¡Como si la calidad y cantidad de empleo dependiera de la cualificación de los asalariados! Ese “35% de tasa de paro juvenil y la alta precariedad laboral” que tiene Madrid no se va a solucionar simplemente por “atender (…) la demanda de formación de los jóvenes”.


Para terminar, disentimos en que el “debilitamiento de la FP que hacen comunidades como Madrid” sea lo que “convierte el mercado de trabajo en el reino de la desregulación y la precariedad”. Por el contrario, creemos que la función principal de la nueva reforma de la FP es gestionar ese mercado de trabajo neoliberal precario a mayor gloria de los beneficios empresariales. ¿Por qué no empezamos por derogar las reformas laborales?



AUTORES:

Eduardo García

Profesor de Biología. Secretaría de Formación CGT Enseñanza Málaga. Grupo de trabajo de FP de la Federación Andaluza de Sindicatos de la Enseñanza GCT.


Juanjo Espinosa

Maestro de Primaria (Audición y Lenguaje). Secretaría de Organización GCT Enseñanza Málaga. Marea Verde de Andalucía.

martes, 14 de septiembre de 2021

La nueva Ley de FP llega al Consejo de Ministros para su aprobación (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

 Reproducimos este reportaje de ELDIARIODELAEDUCACION.COM

Que el Ministerio de Educación fuera también el de Formación Profesional y aglutinase en una sola cartera la formación del sistema educativo y para el empleo, ya fue una declaración de intenciones. De aquella apuesta, y seguramente del hecho de que Isabel Celaá hubiese sido la consejera de Educación del País Vasco, buque insignia de la FP en todo el Estado, está a punto de comenzar el trámite parlamentario de la nueva ley de Formación Profesional.

El texto supone cambios importantes en la ordenación de esta oferta formativa, empezando por el hecho de esa unificación entre la FP educativa y para el empleo. Aunque otros cambios pueden ser también de gran calado, como la posibilidad de realizar microformaciones que, poco a poco, puedan suponer el alcanzar un título de grado medio o superior o que vayan dando acreditaciones de diferente tipo. Una flexibilidad que pretende mejorar la cualificación profesional de muchas personas mientras desarrollan otras labores, como el trabajo.

A partir de la aprobación del texto en el Parlamento, habrá cinco tipos de formación, de la A a la E. La primera, es la parte más pequeña, parcial y acumulable. Se pueden ir superando hasta alcanzar cierta certificación. Cuando se consiguen las suficientes, se salta a la B, también acumulable y que, finalmente conduce a la obtención de una certificación de competencia. El siguiente paso, el C, acumulable como los anteriores, supone un certificado de profesionalidad. El D es lo que se conoce como título de ciclo formativo.

El último de los grados, el E, se refiere a cursos de especialización y están destinados a quienes ya tienen un título de FP. Tendrán carácter modular y podrán estar enclavados en la secundaria postobligatoria o la educación superior. Su duración será de entre 300 y 800 horas y podrán incluir una fase práctica dual. Si se supera esta formación se conseguirá un título de Máster profesional.

El nuevo texto legal, en el que se lleva trabajando muchos meses, no ha supuesto, ni de lejos, el mismo nivel de polémica entre Ministerio y partidos políticos, aunque también ha traído algunas. La más importante ha sido la situación del profesorado técnico y la obligación de que todo el mundo tenga estudios universitarios para poder acceder al cuerpo de secundaria. El problema, que no todas las ramas de la formación profesional tienen un reflejo, más o menos certero, en la universidad. Un agravio que el Ministerio ha insistido, desde hace muchos meses, en que no afectará a quienes estén ejerciendo hoy por hoy.

Para evitar problemas legales con este profesorado, ya Isabel Celaá habló de la posibilidad de crear un nuevo cuerpo docente en el que cupieran quienes no tenían estudios universitarios. El problema, finalmente, radica en que a igualdad de trabajos, estos reciben menor salario.

Tal vez el reto más importante que tendrá que afrontar esta nueva formación profesional sea el de garantizar un número adecuado de plazas públicas en todas las comunidades autónomas. No es nuevo que miles de chicas y chicos pasen días y días, puerta a puerta, buscando plaza en los diferentes centros o que terminen en un centro privado que no siempre pueden sufragar. El Gobierno ha prometido para ello la creación de 200.000 plazas en los próximos cursos.

En los últimos años, algunas comunidades autónomas han hecho un importante esfuerzo en el concierto de plazas de FP en detrimento de la red pública, que no ha crecido al mismo ritmo. Con diferentes modalidades de subvención de las plazas.

Frente al crecimiento, desde el curso 2015-2016, de un único centro público que oferte ciclos formativos, el aumento de los concertados es de 142 centros más. En buena parte de las comunidades autónomas, en realidad, las cifras prácticamente no se han movido, ni en la pública ni en la privada, aunque hay importantes diferencias. Por ejempo, en Andalucía, hay cuatro centros públicos menos que impartan FP, mientras que los privados han crecideo en 50. Algo similar ocurre en Madrid, Comunidad en la que hace años que ya hay más centros privados que públicos. En el curso 2015-2016 públicos eran 157 y privados 151. En 2019-2020 había dos menos públicos y 35 más privados.

La mejora de la formación profesional, entienden algunos, pasa también por un aumento de la enseñanza de idiomas extranjeros en los ciclos medios y superiores para, de esta manera, poder garantizar cierto nivel de competitividad de las y los futuros trabajadores, así como mejorar su movilidad fuera de nuestras fronteras.

Otro de los elementos en los que se ha insistido mucho desde el Ministerio en los últimos años ha sido en la necesidad de mejorar el grado de digitalización de los centros de formación profesional, así como de su alumnado. Una necesidad que la pandemia, sin duda, ha azuzado aún más.

El Gobierno fía la revolución formativa a la FP mientras miles de jóvenes se quedan sin plaza en Madrid y Catalunya (Pau Rodríguez / Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

Reproducimos este artículo de ELDIARIO.ES




El Gobierno lo fía (casi) todo a la FP. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, en la que el Ejecutivo tiene puestas las esperanzas para reducir el desempleo juvenil y corregir, con carácter general, la distribución de trabajadores en el mercado laboral a medio plazo para acercarnos a los modelos europeos, donde hay mucha más presencia de técnicos medios y superiores.

"Debemos a toda una generación de jóvenes una oportunidad de empleo de calidad como la que les puede proporcionar la Formación Profesional", explicó este martes la ministra de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo. Tiene tarea la ministra para cumplir. Buena parte de toda una generación de jóvenes, la actual, se está quedando fuera de la FP por la falta de oferta de plazas en Madrid y Catalunya: se calcula que a día de hoy unos 40.000 aspirantes se han quedado sin su opción de estudios preferida solo entre estas dos comunidades, aunque la Generalitat está tratando de solucionar su problema.

El hijo de Isabel Torrijos es uno de ellos. El joven, de 16 años y residente en Terrassa (Barcelona), quería estudiar informática "desde siempre", según cuenta su madre. Pero se ha quedado fuera en primera instancia. Torrijos explica que el Departamento de Educación pretende que los alumnos que se han quedado fuera estudien "en cualquier otra formación", pero para ella esto es la fórmula del fracaso: "Con esto el abandono escolar va a ser enorme, no tiene nada que ver estudiar lo que te gusta con lo que te dicen que estudies", augura.

Isabel Galvín, responsable de Educación de CCOO en Madrid, coincide en este punto y explica que en Madrid está sucediendo algo parecido. Un par de decenas de miles de estudiantes se han quedado sin plaza en su ciclo favorito, según cálculos del sindicato –hecho que en la comunidad es habitual–, y muchos de ellos, explica Galvín, van a ir a parar a Bachillerato como plan b, "pero sabemos que a medio plazo esto tiene un recorrido regular".

En ambos casos, denuncian actores afectados, se ha alegado una gran demanda sobrevenida que no se podía prever. "Lo cierto es que este pasado curso (2020-2021) la FP ya experimentó la mayor subida de todas las enseñanzas, un 9,3% más sobre el año anterior", replica CCOO respecto a Madrid. "Quizá eso les podría haber dado una pista sobre la tendencia al alza de la Formación Profesional, y así adecuar la oferta a una demanda creciente.

Objetivo, 200.000 nuevas plazas

La propuesta del Ministerio de Educación, que pasa ahora al trámite parlamentario para su aprobación definitiva, se centra en diferentes novedades con la vista puesta en flexibilizar la etapa, hacerla más atractiva para todos los estratos, profesionales o estudiantes, como conferir mayor protagonismo a las empresas, mediante la creación de un tutor de empresa que evalúe una parte de los conocimientos del alumno; la integración de todas las modalidades de la FP; y la posibilidad de realizar cursos de menor duración que los actuales. Todas estas medidas, que se pueden resumir en unas cuantas claves, tienen por objeto "plantear una oferta formativa atractiva y competitiva" a los estudiantes.

La ministra Alegría ha recordado tras el Consejo de Ministros que Educación se ha comprometido a aumentar la oferta de plazas públicas en 200.000 puestos. Hasta el momento, según datos de la ministra, se han financiado 40.000, este curso que arranca se añadirán otras 60.000 y el resto están comprometidas para 2023. El objetivo del Gobierno, ha admitido Alegría, es que en el medio plazo haya más jóvenes que elijan la FP que la Universidad.

"El desempleo afecta seis veces menos a los jóvenes con una FP que a los jóvenes en general", insistió Alegría para reforzar la importancia de esta política del Gobierno. "Impulsar la FP es la mejor manera de invertir en economía y reducir el paro juvenil. Es un proyecto de país, que nos europeiza", ha valorado.

El problema que tiene el Gobierno es que las competencias educativas, también de la FP, las tienen las comunidades autónomas. Y aunque en la mayoría no hay jóvenes quedándose sin plaza y la ley viene con una memoria económica de 5.474 millones de euros, según desglosó la ministra, está a expensas de los Ejecutivos regionales. Y no todos parecen estar tan por la labor.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, infravaloró el problema ayer en una ronda de reuniones con los partidos de la oposición, replicando a las quejas de ciertas formaciones como Más Madrid o Unidas Podemos (UP) con el argumento de que en la primera ronda se quedaron unas 3.000 plazas sin cubrir, que han sacado en segunda convocatoria y que han sido las causantes de imágenes de familias haciendo cola en los centros para asegurarse una de las últimas plazas.
Una segunda ronda en Catalunya

En Catalunya, jóvenes como el hijo de Torrijos van a tener una segunda oportunidad. Esta semana se decide el futuro de los miles de alumnos que se quedaron sin plaza de FP, un inaudito volumen de estudiantes desatendidos que ha abierto una crisis entre el Govern, los ayuntamientos y los sindicatos. El Departamento de Educación ha tratado de atajar el problema con una nueva convocatoria extraordinaria en la que ofertará unas 4.000 plazas nuevas y otras 10.000 que ya quedaron vacantes, a partir de este 8 de septiembre, pero está por ver que dé respuesta a todos los que se iban a quedar fuera en la matriculación.

El número exacto de estudiantes que quieren cursar un Grado Medio o un Grado Superior en Catalunya y no pueden es una incógnita, pero los sindicatos tienen claro que se cuentan por miles. Para empezar, completaron la preinscripción 96.000 aspirantes para un total de 68.167 plazas, un decalaje de 28.000 personas. Desde Educación reconocen que no se esperaban que este curso las solicitudes para cursar FP se disparara tanto, un 23% en tan solo un año, cuando el crecimiento hasta ahora era de máximo un 2% interanual, según fuentes oficiales.

La explicación por parte de la Generalitat es que las consecuencias de la pandemia y los ERTE han devuelto hacia el sistema educativo a muchas personas. El 21% de los demandantes de plaza tiene más de 20 años. Pero esto no es una excusa para lo que ha ocurrido, según denuncia el sindicato UGT. "Tienen las preinscripciones desde el mes de abril. Si les pilló por sorpresa, al menos deberían haber corregido la situación con nuevas plazas y una nueva convocatoria antes del verano, no ahora", afirma Jesús Martín, responsable de FP en el sindicato.

Entre la preinscripción y la matrícula, también cabe precisar que unas 8.000 personas renunciaron a completar el proceso, pero aun así esto dejaría a más de 20.000 alumnos sin plaza. O cuanto menos sin acceso a los estudios que ellos querían.

Porque a esta complicada situación hay que añadir que, a la vez que existe una la falta generalizada de plazas, muchos grupos de según qué especialidades están vacíos. No son pocos: Educación registró más de 10.000 vacantes entre los grados Medio y Superior. Esto ocurre porque hay estudios que tienen muchísimo tirón, como los vinculados a la informática o a los cuidados (auxiliar de enfermería, integración social o educación infantil), mientras que otros del sector industrial resultan menos atractivos.

Este desajuste será uno de los retos que deberá resolver en Govern más allá de si la convocatoria extraordinaria de cerca de 14.000 plazas estos días acaba por satisfacer a los alumnos que se habían quedado fuera.
Caos en Madrid

En Madrid estos días se han visto imágenes de familias haciendo cola ante los propios centros de FP tratando de obtener alguna plaza de última hora, tal y como confirman los sindicatos.

Los sindicatos en la región reclaman que miles de jóvenes se quedan fuera de su elección "por una decisión política adoptada en favor de las empresas privadas de FP", explican desde UGT. Una política que ha dibujado un mapa de la FP en el que hay 227 centros privados frente a 122 públicos, según datos del sindicato.

La situación es especialmente dramática en los estudios sanitarios, que han cogido un gran impulso con la pandemia, añade CCOO. "El porcentaje de excluidos en estudios sanitarios llega, en algunos casos, a superar el 90%. En Dietética, por ejemplo, el 69% de las solicitudes han sido rechazadas; en Prótesis Dentales se quedan sin plaza pública el 78% de los estudiantes; en Laboratorio Clínico y Biomédico, el 90%", desglosa el sindicato.

Pero la Comunidad se ampara en la falta de demanda en determinadas áreas, denuncian los sindicatos. "Y con esos casos impugna la totalidad del sistema y justifica los recortes", lamenta CCOO. "Lo cierto es que este y anteriores gobiernos regionales no han hecho nada para solucionar este problema, que tendría fácil solución mejorando la orientación a jóvenes, ofreciendo incentivos con matrículas más bajas, o implementando un sistema de becas para los estudios públicos que más demande el sector productivo".

Mientras esto sucede, o más bien no sucede, las familias sin plaza quedan abocadas a elegir otra formación o acudir a los centros privados. Este es el plan B de la familia Torrijos, explica Isabel, aunque supondría un gran coste. "Son 400 euros al mes, que no puedo pagar. Me tendría que hipotecar por segunda vez, y ya tengo una hipoteca", cuenta. Su esperanza concreta está en la repesca de este miércoles.

viernes, 3 de septiembre de 2021

Un manifiesto urge al Gobierno a "revisar los libros de texto" para evitar el bloqueo de la Ley de Memoria en las aulas (Ángel Munárriz para INFOLIBRE.ES)

Reproducimos este artículo publicado en INFOLIBRE.ES 



Desarrollar los contenidos y "revisar los libros de texto" de ESO y Bachillerato para evitar "falsas equidistancias" y "expresiones genéricas" que alimentan la teoría de los dos bandos igualmente culpables. Sacar la historia de la II República, la Guerra Civil, la dictadura y la represión de la fase residual del curso, haciendo todo el periodo comprensible en un contexto mundial. Y formar al profesorado durante toda su trayectoria docente. Todo ello lo reclama un manifiesto, impulsado entre otros por Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y autor de un ensayo sobre los mecanismos de exclusión de la memoria histórica de las aulas, que reclama al Ministerio de Educación que empiece a preparar la puesta en marcha en el curso 2022-2023 de los cambios educativos previstos en la Ley de Memoria Democrática para que no queden en papel mojado.

"Si no se acometen desde ahora mismo una serie de cambios urgentes, que consideramos imprescindibles, corremos el riesgo de que, de nuevo, lo que dice la ley se quede en papel mojado y no llegue de verdad a las aulas", señalan los promotores del texto, que temen la resistencia de la industria del libro y de las comunidades del PP.



La idea es entregar el manifiesto a la ministra de Educación, Pilar Alegría (PSOE), en una reunión que aún no tiene fecha cerrada, explica Enrique Díez, vicepresidente del Foro por la Memoria de León. Díez forma parte del grupo de cuatro impulsores del texto, junto con la escritora Isabel Alonso, responsable de la Comisión Pedagógica de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, y los profesores universitarios de Educación Fernando Hernández (Autónoma de Madrid) y Fernando Yarza (Zaragoza).

El manifiesto, cuya publicación está prevista para septiembre en el marco de una campaña de difusión, ha recabado ya el apoyo de historiadores como Mirta Núñez, Ángel Viñas, Paul Preston, Alejandro García Sanjuán, Ángeles Egido, Javier Tébar, Francisco Espinosa, Manuel Ortiz Heras, Alberto Reig Tapia, Francisco Erice, Emilio Grandío, Ángel Pablo García y Jorge de Hoyos. A ellos se suman las entidades Encuentro por la Memoria, La Comuna-Asociación de Presxs y Represaliadxs del Franquismo, Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme al Pais Valencià-Plataforma de Suport a la Querella Argentina, Colectivo de familiares de Víctimas del Franquismo en Madrid (Memoria y Libertad), La Memoria del Norte y Ateneu Memòria Popular [ver aquí el manifiesto y aquí el listado provisional de adhesiones].




Currículum, orden y formación

El texto reclama al Ministerio de Educación que, para garantizar el cumplimiento de los artículos 44 y 45 del proyecto de Ley de Memoria Democrática, "dé pasos cuanto antes para articular ya en el curso escolar 2022-2023 tres medidas imprescindibles para una verdadera inclusión" de esta materia en el aula:




1) Cambiar los contenidos. "Se necesita –dice el manifiesto– la actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, desarrollando en los mismos de forma clara y sin falsas equidistancias los 40 años de represión de la dictadura y la lucha antifranquista [...] hasta los años 70". Para ello hay que "revisar los libros de texto escolares y los materiales curriculares que se utilizan para que incluyan estos contenidos que actualmente están en buena medida invisibilizados y silenciados, utilizando expresiones genéricas que ocultan, más que aclarar". Además, continúan los firmantes, hay que "evitar expresamente la teoría de la equidistancia que viene del segundo franquismo, cuando el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde el régimen empieza a hablarse de guerra fratricida y de responsabilidad de ambos bandos”.

El texto sugiere como posible referencia unas unidades didácticas elaboradas por un equipo de la Universidad de León. Hay más experiencias de interés. Estudios como La memoria democrática en las aulas de secundaria y bachillerato: balance de una experiencia didáctica, de Vicent Galiana y Cano, han demostrado los buenos resultados de ligar la docencia sobre el siglo XX español a la experiencia cercana.

El artículo ¿Historia olvidada o historia no enseñada?, obra de seis investigadores encabezados por Laura Arias y publicado en 2019, advertía de los resultados negativos de una enseñanza básicamente memorística y centrada en fechas y batallas: sólo un 26,6% de los alumnos de ESO era capaz de definir qué era una dictadura, mientras que un 20,1% lo hacía con la república. Tiene interés situar estas conclusiones al trasluz de otros datos publicados en 2018 por Carlos Fuertes y Mélanie Ibáñez: casi la mitad (un 45%) de los estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato del instituto de Salamanca en que se centró su estudio veían innecesario reparar a las víctimas de la represión franquista.

2) Cambiar el orden. El manifiesto reclama "un cambio en la organización de los contenidos de Historia en Bachillerato", de forma que 1º se dedique al periodo entre la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial y 2º vaya de la etapa de entreguerras hasta al presente. "Sólo así se acabará con la anomalía española que supone la separación de la Historia del Mundo Contemporáneo y la Historia de España en dos cursos diferentes de Bachillerato y se podrá insertar la Historia contemporánea de España en la del mundo". Ello es considerado por los firmantes "más lógico pedagógicamente", porque "garantiza una visión que permite comprender la historia de España en el contexto global". Además, "es la forma de que la II República y la dictadura no queden relegadas al final de curso, sin llegar a ellas en ocasiones, pues pasarán a ocupar la parte central del programa".

El manifiesto defiende que los 44 años entre la II República, la Guerra Civil y la dictadura ocupen "en torno al 50% de los contenidos del siglo XX", tanto en 4º de la ESO como en 2º de Bachillerato, "tal como les corresponde por estricto tiempo cronológico". Javier Tébar, uno de los firmantes, explica a infoLibre que la historia de España suele impartirse "como si estuviera al margen de la historia del mundo". "Se cuenta como si hubiéramos ido por carriles distintos", señala Tébar, que añade que es frecuente que se sacrifique la historia de la dictadura y la transición, algo que nota incluso en el alumnado universitario.

3) Formar al profesorado. A juicio de los firmantes, hay que incluir en la formación "inicial y permanente" del profesorado la "actualización científica, didáctica y pedagógica".

Riesgo de quedar en "papel mojado"

En un texto que acompaña al manifiesto, que circula estos días entre asociaciones y académicos, Díez y Alonso exponen la "preocupación" ante que la posibilidad de que Ministerio de Educación "no empiece a tomar las medidas" para garantizar el cumplimiento de los artículos 44 y 45 de la Ley de Memoria Democrática, todavía no aprobada por las Cortes. "Corremos el riesgo de que, de nuevo, lo que dice la ley se quede en papel mojado", señalan Díaz y Alonso.

El artículo 44 señala que las acciones en materia de memoria deben contar "con un componente pedagógico adecuado" y el 45 que el sistema educativo "incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas", para lo que se actualizarán los contenidos de ESO y Bachillerato y se formará al profesorado.

El Ministerio de Educación, que todavía no ha recibido el manifiesto, asegura a través de un portavoz que, teniendo en cuenta que la previsión es que la Ley de Memoria Democrática esté aprobada antes de final de año, es perfectamente posible que los currículos de ESO y Bachillerato se adapten, teniendo en cuenta que estos están arrancando ahora su fase de elaboración. Los nuevos contenidos entrarán en vigor en el curso 2023-2024, explica Educación. La pretensión de los firmantes del manifiesto es que sea en el curso 2022-2023.

Las preocupaciones de los impulsores del manifiesto van más allá del currículo, sobre todo cuando, a juicio de Díez, es probable que las comunidades gobernadas por el PP se resistan a la introducción de la materia. "La Lomloe es muy light. La 'memoria democrática' aparece sólo en el preámbulo, y así, como 'memoria democrática', sino añadir 'histórica'. Luego, en una disposición adicional, se hace referencia al 'conocimiento de la historia de la democracia en España desde sus orígenes a la actualidad'. Son términos muy genéricos e interpretables. Se cita expresamente el 'Holocausto judío', pero no el genocidio franquista", explica.

Tabúes y equidistancia

Díez, uno de los impulsores del manifiesto, parte de un detallado estudio de las trabas que dificultan la entrada de la memoria en las aulas, asunto al que ha dedicado la investigación La asignatura pendiente (Plaza y Valdés, 2020). A su juicio, el cambio de los currículos resultaría insuficiente para invertir una tendencia anclada en la rutina escolar. El problema central reside en los libros de texto, en torno a los cuales sigue girando casi toda la docencia, según el ensayo de Díez. En su investigación, basada en entrevistas a 610 profesores de Historia y en el análisis de libros de Secundaria y Bachillerato de hasta 15 editoriales, Díez encuentra "cinco temas tabú": 1) La incautación de bienes a los perdedores. 2) El papel de la Iglesia dentro del aparato represor. 3) Los responsables y partícipes directos de la represión, con nombres y apellidos. 4) El hecho de que una parte de la sociedad civil se implicó en la represión. 5) El –obstaculizado– reconocimiento, resarcimiento y reparación a las víctimas y a los luchadores antifranquistas.

Díez localiza todo un catálogo de expresiones de equidistancia y hasta de revisionismo en los manuales. Una y otra vez se vincula el fracaso de la República con la “conflictividad social”. Apenas se abordan las causas y los trasfondos económicos. “Los odios generados por la insurrección de octubre [en Asturias] y su represión, las aspiraciones revolucionarias de socialistas, comunistas y anarcosindicalistas y la determinación de las derechas de hacerles frente se combinaron para producir una espiral de violencia”, señala un manual de 2º de Bachillerato. La vida política estaba “asfixiada por el radicalismo proletario”, apunta un libro para el mismo curso. Son frecuentes expresiones como “sectores radicalizados”, “terror simultáneo”... Está extendida la tesis de los dos bandos. La guerra se suele presentar en el mismo bloque que la República, no que que la dictadura, como si fuera el “fin inexorable” de aquella, y no la causa de esta.

Se da "por encima"

Más que análisis, hay relato de batallas. Las causas objetivas del golpe se diluyen en el clima de “polarización”. Sólo un 37,5% de los libros de ESO muestran que la represión franquista fue sistemática. Hay más referencias a los campos de concentración de fuera de España que de España. Los hechos se muestran ajenos a la realidad de hoy, según el análisis de Díez. “La guerra se produjo porque no se respetaron las normas democráticas”, señala un manual. Es frecuente la utilización de expresiones ambiguas, una conclusión compartida por el historiador Javier Tébar, que señala que "casi todo se cuenta a base de eufemismos". ¿Y las mujeres? “La represión inmediata en la Guerra Civil y la posguerra sobre las mujeres afines a la República […] se mantiene prácticamente invisible”, apunta Díez en su ensayo.

Las respuestas de los 610 profesores encuestados dan claves: “Muchas veces no se llega”, “hay que preparar la selectividad y no da tiempo a todo”, “se da a veces por encima”, “prácticamente no se trata”. Un docente ve en los manuales "inexactitudes, bastantes interpretaciones muy cuestionables y muchísima carga ideológica [...]... La editorial SM [Santa María] no va a dejar que en sus libros aparezcan vínculos de sus antecesores ligados a la incautación de bienes, por poner un ejemplo. Cada maestrillo tiene su libro y cada editorial su santoral”. Díez considera un factor clave a tener en cuenta la fuerte presencia de la Iglesia y sus organizaciones en la industria del libro de texto y en la enseñanza concertada, que percibe más de 6.000 millones de euros públicos al año. La suma de todos los condicionantes provoca que en buena medida las leyes autonómicas de memoria, en lo referente a la introducción de la memoria en las aulas, hayan quedado en “papel mojado”, según Díez, que teme que vuelva a ocurrir con la ley estatal.

Las ratios, en el corazón del malestar de la comunidad educativa (Pablo Gutiérrez de Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

 Reproducimos este artículo de ELDIARIODELAEDUCACION.COM



  • La Plataforma Estatal en defensa de la Escuela Pública presenta un escrito en el registro del Ministerio de Educación para reclamar a las administraciones que den marcha atrás a las medidas que se aprobaron en la pasada Conferencia Sectorial.

Pilar Alegría, la nueva ministra de Educación y Formación Profesional, ha llegado en un momento bastante delicado. No en el peor, eso sí; la gestión de la pandemia en un primer momento ya la asumió Isabel Celaá. En cualquier caso ha llegado a Alcalá 32 para retomar la implantación de la Lomloe (y sus currículos), gestionar el nuevo curso con pandemia, aunque sin medidas especialmente extraordinarias, a retomar un diálogo con los sindicatos que, según dicen estos, se había visto muy dificultado en los últimos meses. También habrá de lidiar con una escuela pública que escucha con malestar sus declaraciones hacia la concertada.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública le hará llegar un escrito a través del registro del propio Ministerio sobre su descontento, principalmente, por las medidas acordadas en la Conferencia Sectorial de la semana pasada. La flexibilización y rebaja de las distancias de seguridad son uno de los puntos clave y, con ella, el aumento de las ratios en todo el país, también.

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO), asegura que el restultado de la Conferencia fue «decepcionante» para la Plataforma. Y lo fue en dos sentidos. Por una parte, porque «el Ministerio no ejerce el liderazgo» que debería al ser la educación una política de Estado y, por otra parte, porque las comunidades autónomas están en una lógica de ahorro de costes, a pesar de haber recibido el año pasado 16.000 millones de euros y vayan a recibir otros 13.500 en los próximos meses. El hecho de que no sean fondos finalistas deja la puerta abierta a que no llegue nada a la educación, o no lo haga para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado.

García, así como otras organizaciones de la Plataforma, integrada por sindicatos de docentes y estudiantes, los MRP y CEAPA, reclaman que las medidas de seguridad sanitaria de este septiembre sean las mismas que las de 2020 dada la contagiosidad del virus en esta quinta ola así como de su variante Delta.

Más profesorado

Sobre la mesa está el anuncio de diferentes comunidades autónomas que aseguran que van a contratar para este curso a unos 25.000 docentes. Para García esta cifra hay que mirarla con prudencia por el hecho de que no todo ese profesorado está destinado a labores directamente relacionadas con la Covid.

Según los cálculos de CCOO, el curso pasado, las comunidades autónomas contrataron a unos 39.000 docentes frente a los que había en 2019 para hacer frente a la reducción del alumnado en las aulas para mantener las medidas de seguridad. Para que la situación ahora fuera la idónea y se mantuviera la presencialidad en todos los cursos y etapas (también a partir de 3º de ESO y en Bachillerato), sería necesario que esa ampliación de personal llegara a cerca de los 72.000, casi tres veces más de lo anunciado por las autonomías.

Más allá de la lógica «pandémica» es donde quiere mirar Leticia Cardenal, presidenta de Ceapa. Segú ella, las ratios deben disminuir, pero no solo porque haya una pandemia global, sino porque con clases menos numerosas mejora la educación. En este sentido habla de la Comunidad de Cantabria, en la que reside. La posición del gobierno autonómico es mantener el profesorado de refuerzo Covid contratado hasta el mes de diciembre y en función de cómo evolucione la situación sanitaria, decidir si continúan o no. Algo parecido a lo que hizo la Comunidad de Madrid el curso pasado.

Para Cardenal, el mantenimiento y ampliación de estas contrataciones, más allá de para salvar las medidas sanitarias y evitar contagios, también es importante para ofrecer una educación más personalizada e individualizada que garantizase de alguna manera la permanencia y el éxito educativo de todas y todos los chavales que se han visto descolgados en los últimos 15 meses de pandemia.

Opina lo mismo José Ramón Merino, de los STEs. Para él no deben darse pasos atrás en la gestión de la seguridad sanitaria en los centros educativos. Y más allá de eso, la bajada de ratios puede suponer una mejora en la calidad de la enseñanza.

Para García, el de la bajada de ratios efectivamente ahora parece un problema coyuntural que la situación de crisis sanitaria ha sacado a la luz, pero es algo estructural que debe ser debatido. Máxime cuando la Lomloe hace una apuesta decidida por una mayor personalización del aprendizaje o por metodologías más activas y por las competencias clave. Es, en sus palabras, una cuestión «insoslayable».

Vicent Manyes, además de ser el presidente de la asociación de directoras y directores de centros de primaria, ejerce como director en la Comunidad Valenciana. En su colegio van a hacer todo lo posible por mantener las mismas restricciones que el curso pasado, aunque con algunas mejoras metodológicas. A partir de septiembre, los grupos burbuja estarán configurados por los cursos habituales, enteros, y no por grupos de 20 o menos alumnos. De esta manera van a poder retomar acciones como el trabajo por parejas o por grupos dentro de las aulas, o los proyectos que tuvieron que aparcar el curso pasado.

Se encuentran en una situación intermedia entre la vieja y la nueva normalidad, aunque han preferido, porque les era posible por la configuración de su centro, optar por ser lo más conservadores posibles con las medidas de seguridad. De esta manera, evitarán que el alumnado de los mismos cursos pero de clases diferentes tengan interacciones innecesarias con tal de evitar contagios. El objetivo, dice, es que se evite el confinamiento de las clases. Si un alumno tiene que hacer cuarentena porque alguno de sus padres ha dado positivo, no es lo mismo que si tuviera que enviar a todo el grupo a casa porque hay varios contagios en él.

En cualquier caso, Manyes también tiene claro que una bajada de ratios es algo importante. Y no solo por la situación sanitaria. Es una reivindicaicón de antiguo que no ha perdido vigencia. A pesar de que han solicitado que se mantuvieran las contrataciones por la pandemia para tener grupos más reducidos, como el curso pasado, por debajo de los 20 chavales por clase, este año no ha sido así. «Con menores ratios hay más calidad», asegura este maestro. Y, aunque «no es condición suficiente, sí es necesaria» para la mejora de la enseñanza.

Movilización

Esta es la otra pregunta del millón. Si las administraciones educativas hacen caso omiso de las peticiones que insistentemente se hacen desde la comunidad educativa, con mayor hincapié en los últimos 12 meses, ¿habrá movilizaciones sindicales? La respuesta es complicada, en primer lugar, por la descentralización de la educación. Las comunidades autónomas han tomado medidas realmente diferentes en fución de quién las gobierna. Por eso, además de aumentar la presión sobre el Ministerio de Educación para que legisle una bajada de ratios, las miradas de los sindicatos se trasladarán a los territorios en los que se haya sido, digamos, menos cuidadosos.

Francisco García lo tiene claro. Más allá de intentar que el Ministerio «asuma sus responsabilidades», habrá que incidir en los territorios en los que haya un menor esfuerzo para mejorar las condiciones de enseñanza, principalmente en Andalucía, Madrid y Murcia. De hecho, asegura, en Madrid ya hay movilizaciones anunciadas en este sentido.

Merino se muestra más cauto y, aunque asegura que las organizaciones de la Plataforma Estatal ya han hablado en sus reuniones de la posibilidad de convocar movilizaciones de presión, todavía no ha cristalizado y habrá que esperar a futuros encuentros.

Mientras tanto, ambos dirigentes sindicales esperan reunirse con Pilar Alegría para poder trasladarle estas y otras preocupaciones que tienen de cara al curso, a la implantación de la Lomloe, así como otras cuestiones relativas a la FP o la educación infantil 0-3.

También Cardenal espero que Ceapa pueda volver a reunirse con la ministra a la mayor brevedad, a pesar de que en la reunión que mantuvieron antes de las vacaciones de agosto ya se pusieron sobre la mesas estas preocupaciones relativas a las ratios y el inicio de curso.