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sábado, 17 de mayo de 2025

A vueltas con los cónclaves, silencios y olvidos (Manuel Menor)

 Manuel Menor nos envía su último artículo:

Tergiversan y entorpecen la historia cultural de los avances y retrocesos de la convivencia democrática.

La mención del “cónclave” ha llegado al Congreso de Diputados de la mano del jefe de la oposición en este momento, y la ha prolongado la bancada azul alegando que, en la fórmula electoral vaticanista, se puede entrar como papa y salir como cardenal. Como recurso para llamar la atención de los más adormilados con los rifirrafes de la vida política actual, bebe de los métodos que ya recomendaban los retóricos romanos para que el discurso conectara con la realidad. Ni que decir tiene que las transmisiones televisivas de lo recientemente acontecido entre los muros de la Capilla Sixtina han dejado un poso virtual apto para el uso de la analogía en los asuntos temporales de la vida ciudadana, si bien  la lección real que ha dejado su empleo es la de una gran banalidad, como mucho de lo que en el espacio parlamentario se habla, contrariando su valor democrático.

El argot con que se adobó la metáfora –cocinado con el robado de mensajes privados entre políticos- no es precisamente ejemplar para la sana convivencia. Los muñidores del supuesto beneficio de esta sintaxis, aparte de descortesía y “mala educación” –que solía decirse-, enseñan a todos, mayores y adolescentes, su profunda hipocresía cuando por fines cortoplacistas pretenden aleccionar. Sus chapuceros medios, diciendo que todo vale –como cuando el rey francés Enrique de Borbón decía, después de abjurar del calvinismo, que “París bien vale una misa”-, olvidan lo que suelen hacer a diario junto a eximios colegas de facción. Sobrada documentación tienen los periodistas –y las hemerotecas- de  malos usos de principios morales, tan poco considerados por practicismo coyuntural, que muchas veces terminan en lodazales diversos. Las falsas manías de ejemplaridad, de las que El rey desnudo de Andersen quiso mostrar sus costuras en 1837, beben de relatos como el del “Infierno” del Dante en La Divina Comedia (siglo XIV), y han dejado motivos  suficientes para inspirar el Divino sainete (Curros Enríquez, 1888)  o, más cerca, los esperpentos a que, como género literario,  hicieron maestro a Valle Inclán. En lo que llevamos de siglo XXI, estas prácticas vuelven a proporcionar material sobrado, incluso para instaurar nuevas conmemoraciones. Como supuesta novedad de vergüenzas,  debería haber una dedicada a los abusos  de los móviles, en que se celebraría, al modo del “día de inocentes” del siglo pasado, se celebraría a cuenta de la percepción de bulos, mentiras, bulling y demás hábitos tecnificados de acoso. En tal fiesta, cabría una sesión de opinadores avezados en no dialogar, y diestros en exigir “buena educación”: buena ocasión para descubrir apaños de falsa moralidad.

La utopía de una enseñanza democratizadora

Estos debates, como los de sesiones parlamentarias donde supuestamente se pregunta al Gobierno sobre su gestión,  suelen ser ocasión para combativas divisiones de opinión. Para muchos todo va peor que nunca y, según otros -más escépticos que pesimistas- casi siempre es ocasión para imitar al protagonista de Lars Gustaffson en La muerte de un apicultor (1978) y “volver a empezar”. Dan por supuesto que nunca nada está terminado: siempre falta mucho para cumplir la mejor utopía, como repetía, incansable, el recién fallecido Pepe Mújica. En estas divergencias tiene mucho que ver la memoria, esa facultad que cuantos han tenido cerca el Alzheimer aprecian por los quebraderos de cabeza y dificultades que genera el olvido. En lo colectivo, esta atrofia neuronal entre lo que se hizo o no se ha hecho  -y lo que se debe hacer- también existe y, aparte de retardar decisiones necesarias, limita el provecho de los cambios oportunos a su debido tiempo.

En Educación, ha habido este retardamiento y pérdida de memoria, y en importantes asuntos es enfermedad estructural. Síntoma suyo es el largo recorrido de muchos de ellos desde 1857, en que sube a la Gazeta de Madrid la primera ley general: la Ley Moyano. Prosiguen otros en leyes bien recientes, como indica el que La Ley 20/2022 -de 19 de octubre: Ley de Memoria democrática- promueva iniciativas didácticas en los centros escolares, más allá de lo que decía la Ley de Memoria histórica -ley 52/2007, de 26 de diciembre-, y que le facilite desarrollos apropiados la LOMLOE (de 29.12.2020) en las enseñanzas mínimas que prescribe desde 2022-23. Notorio es, sin embargo, que Comunidades como Madrid las obstaculizan. Ejercitando sus competencias curriculares, en segundo de Bachillerato, por ejemplo, el diseño de Historia de España -de obligada atención en la EVAU de 2025- sigue siendo el de 2002 –posterior al torticero debate sobre “las Humanidades”- e impide un digno tratamiento de las cuestiones que emanan de dos leyes importantes en el desarrollo de la CE78. Después de casi cincuenta años de la muerte del dictador, plantear los asuntos centrales de “memoria democrática” todavía resulta exótico; en demasiadas ocasiones pesa mucho el tiempo anterior a la Constitución de 1978: la puerta abierta hace 47 años para democratizar su conocimiento y una praxis acorde parece haber servido de poco.

De todos modos, el alzheimer educativo no se reduce estrictamente a los asuntos que suscita la memoria “histórica” o “democrática”, y tardará mucho en curarse si gestionarla se circunscribe a los decretos del BOE. Para que llegue de verdad a todas las aulas es imprescindible su arropamiento coherente en muchas otras acciones que afectan profundamente a la vida escolar. La organización interna de los centros, la formación lógica de sus educadores y, de fondo, el respetuoso respeto a la libertad de conciencia y  la atención a las características de los educandos, son determinantes. Por otro lado, nulo favor se hace a “la memoria democrática” en el sistema educativo olvidando a cuantos docentes enseñaron democracia a remolque de una “cultura escolar” reticente u hostil. Antes y después de 1978, su ruptura con los libros de texto al uso, y sus innovaciones en la enseñanza de la Historia Actual con documentación de archivo, exposiciones y debates sobre cuestiones contrarias a los derechos humanos y la paz -o huellas residuales a veces de aquella Guerra antidemocrática-, dignificaron la educación de muchas generaciones. Sus honrados proyectos abrieron un duro camino en la conexión de escuela y vida real, y no son los causantes de adolescencias reacias  a conocer –sin  manipulaciones-  lo ocurrido en España desde los años veinte.

En Educación, todas las manos son pocas para normalizar la Constitución en el sistema escolar, y que todos los ciudadanos tengan una educación apropiada. Alimentando la desmemoria se pierde el futuro, y  para el tiempo actual es estéril seguir haciéndolo.

Manuel Menor Currás

16/05/25

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martes, 26 de noviembre de 2024

La avidez desmedida: entre el egoísmo social y las tragedias humanas (Manuel Menor)

La ansiedad de algunos por controlar el poder y dominar a otras personas genera situaciones problemáticas, muy desestabilizadoras

Por mucha libertad que invoquen sus partidarios, la competitividad exagerada violenta la libertad de los demás, produce desafección social y, a veces, muertes absolutamente inútiles. Pretenden olvidar que Adam Smith, defensor de la competitividad del libre mercado, antes de escribir sobre La naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), había escrito una Teoría de los sentimientos morales (1759), donde el egoísmo o amor a sí mismo ha de ser controlado si no se quiere que el sinvivir del hobbesiano homo homini lupus gobierne las relaciones sociales. Según el autor de Edimburgo, mejor es desarrollar la “simpatía” o capacidad de situarse en el lugar de los demás, con competencia para reconocer y apreciar sus actos y proyectos, y no sólo los propios. Esta capacidad es la mejor manera de generar satisfacción mutua y, a su vez, la base en que asentar las transacciones comerciales y el crecimiento de la riqueza. Si Smith fuera tan exagerado como proponen sus lectores más ultras, y sólo le obsesionara la acumulación de capital, nunca se hubiera preocupado del desarrollo de la inteligencia de los humanos y, en particular, de que el Estado impulsara la educación pública de las clases trabajadoras, asunto que, actualmente, muchos supuestos neoliberales con responsabilidades políticas olvidan.

André Bretón llamó a Salvador Dalí “Avida Dollars” (sediento de dinero) a causa de algunos de sus proyectos más decorativos que pictóricos. Es propio de la avidez crematística la exageración y, metidos en esa vorágine de insatisfacción permanente, la ceguera para admitir a los demás en el juego de la vida; a los que ve más débiles, incapaces de frenar tales ansias de dominio, los machaca inmisericordemente. La gama de acciones, anhelos, represalias y trampas en que cada humano es capaz de meterse sin el autocontrol que reconoce a los otros igualdad de derechos -empezando por el básico de la vida-, es infinita y, si de algo está segura la Historia de los humanos sobre la Tierra, es de un cruento sinfín de horrores de los que el pasado siglo XX ha estado reiteradamente plagado.

HORRORES DE LA AVIDEZ
Este presente tampoco desmerece y hace falso que, por vivir en el siglo XXI, la convivencia humana haya mejorado sensiblemente en estos 24 años. Es falso que, para realizarse como personas, los hombres hayan de ser machistas, e igual de falso y deprimente es que las mujeres hayan de ser sus siervas, obedientes y calladas. Circulan muchos bulos por las redes sociales y en el descaro exhibicionista que propaga una publicidad desnortada. Igual de mentiroso e hipócrita es que el sistema educativo deba ser ajeno a estas cuestiones vitales o que, más allá de que sepan algo de lectura y cálculo, no deba ocuparse de que los críos y crías de la escolaridad universal tengan buena información sobre sus cuerpos, el manejo del afecto y de las interrelaciones sanas con sus próximos y próximas. A estas alturas del siglo XXI, no es de recibo que la mayoría sigan manejando a hurtadillas, y a espaldas de sus padres y madres, cotilleos y sensaciones que no tienen nada que ver con el respeto a sí mismos y a los demás.

La existencia de tales tabúes ni habla bien de la supuesta modernidad de nuestra sociedad, ni de que esté en trance de llegar a una convivencia democráticamente saludable. Con una educación sentimental y sexual basada en una pornografía violenta y claramente humillante para las mujeres, como la que consume casi el 70% de los adolescentes, falta mucho para que disminuya la cifra trágica de 42 mujeres asesinadas por machismos irredentos. Hoy, 25 de noviembre, Día internacional de la lucha contra la violencia contra las mujeres –siempre acompañada de un rosario de menores muertos de forma vicaria- es hora de reivindicar que los centros educativos tengan medios, recursos y, sobre todo una seria “libertad de cátedra” para “educar” en estas cuestiones. No es de recibo que los reaccionarios de hoy –repitiendo a los de tiempos no tan viejos- pongan veto a esta otra libertad de una escuela digna de tal nombre. Después, cuando se producen desastres sociales, lo máximo que se les ocurre es que se trata de asuntos familiares, pecados de confesionario, y nada más. El negacionismo a la laicidad de la educación de todos seguirá produciendo desgracias de igual categoría que la que generan los negacionistas del cambio climático, ámbito en el que devastaciones como la ocurrida el 29 de octubre en la Huerta valenciana auguran próspero futuro. Si no se cambia de mentalidad (o de sentidiño), ni el currículum que un chico o chica deba estudiar hoy se corresponderá con lo que necesita, ni le valdrá para casi nada en su futuro.

EXPANSIONISMOS HIPÓCRITAS
Sea como sea, la avidez no tiene límites; tiende a expansionarse y crecer constantemente. Ahí siguen los mentores de las dos guerras principales de este momento, en Ucrania y Palestina, apurando la violencia de lo injusto hasta ver si no queda nadie para contarlo o, al menos, moderarlo un poco desde La Haya y la ONU. Ahí sigue el inminente presidente americano Donald Trump, con una imagen semejante a la clásica del Tío Sam, que proyecta en los nombres de su próximo gobierno imitando el histrionismo de Nerón –y su artístico incendio de Roma-, sin consideración alguna al posible espanto que cause su narcisismo autoritario. 

Decía Borja-Villel recientemente que el conservadurismo de antes se contentaba con que no se moviera lo que tenían y les dejaran como estaban, mientras que ahora los ultrareaccionarios venden sus programas en nombre de la libertad. Cabe añadir que pretenden que sus oyentes se diviertan alegremente con ello y tomen una caña en su honor a condición de que les cedan su libertad y derechos. Igual que precarizan la Sanidad, la Educación y los Servicios de la Tercera Edad, desgracian cuanto puede proteger a la sociedad -sobre todo a los débiles- y quieren hacer ver que es lo más “natural”. Su erosión sistémica de cuanto sea un ejercicio de “cultura” democrática la van asentando poco a poco en una confusión taimada entre lo privado y lo público, sin explicar la gran diferencia que hay entre que las vidas de los ciudadanos estén regidas por su rentabilidad o por su valor como personas con derechos. Por eso silencian los “protocolos de la vergüenza” que llevaron a 7291 personas a morir desasistidas, con la covid-19, en los geriátricos madrileños. Son capaces, en cambio, de “ponerse a disposición” como sea, ávidos, como Feijóo, de llegar a la Moncloa o a Shangri-Lá, porque lo importante es volver a Peares diciendo que al fin ha llegado.

Manuel Menor Currás
25/11/2024

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lunes, 16 de septiembre de 2024

Comienzo de curso (Manuel Menor)

La imprecisión con que se inicia el otoño propicia el oficio de difuminar la necesidad de pactos educativos coherentes.

Los datos estadísticos dicen cosas que las opiniones más frecuentes suelen expresar rozando de modo impreciso la realidad de lo que acontece. Lo correcto, justo y necesario sería que hubiera coherencia entre lo uno y lo otro, y puede que así fuera si los hablantes no tuvieran vivencias, intereses y afectos condicionantes de sus afirmaciones y negaciones.

EDUCAFAKES

Repasar qué dicen las webs oficiales de Moncloa y de las Comunidades autónomas sobre educación tampoco es muy alentador; suelen insistir en la cuantitatividad de centros, profesores y alumnos por etapas y ciclos formativos. Para tranquilizar a los votantes, suelen hablar de récords, rankings superados, hipotéticamente expresivos de mejoras ocurridas respecto a un pasado igualmente indefinido, impreciso en datos históricos y contextuales. Igual que los discursos oficiales, para generar placidez no siembran dudas sobre la gestión y difunden la idea de estar en un proyecto inmejorable. Desde que Sócrates padeció el uso mentiroso de los sofismas, son incontables los ciudadanos que han sufrido campañas bien orquestadas de medias verdades y puras falsedades, presentadas como verdad, pura verdad e, incluso, verdad absoluta. La cantidad de engañados sigue creciendo, dada la gran facilidad que ofrecen las redes sociales para esparcir bulos interesados, y el gran número de los dispuestos a difundirlos negando evidencias palmarias.

En lo que atañe a la educación española, basta con repasar los prólogos de todas las leyes proclamadas en la Gazeta de Madrid en el siglo XIX, o en el BOE a partir de 1936, para observar las repeticiones de incumplimientos. Después de varias constituciones -desde 1812 a 1978-, y de miles de leyes, órdenes, decretos y resoluciones para llevar a efecto reformas y contrarreformas, sigue habiendo grandes lagunas en el sistema educativo que, a veces, ni se mencionan, pero que en las aulas reales restringen su eficiencia. La gran habilidad de los gestores del sistema, y de buena parte de sus guionistas, ha consistido en lograr que los problemas serios –siempre intocados- quedaran ocultos, mientras se promovían debates en torno a palabras de gran elasticidad semántica. Hablar de “esfuerzo”, de “igualdad de oportunidades”, de “libertad educativa” y de “nivel”, de “currículum actualizado”, de “evaluación”, y hasta de “integración” e “igualdad”, de metodologías de uno u otro tipo, de IA y digitalización, es entretenido mientras no se baja a los detalles de la sociología real de los centros y a su diferencialidad profunda, insondable a veces, y persistente en todo el recorrido histórico.

CONTRADICCIONES LATENTES

El primer día de cada curso, por ejemplo, cuando un maestro o profesor entra en coloquio con el alumnado que le haya caído en suerte, sabe que, según el distrito y calle en que vivan, el trabajo y el nivel de estudios de sus padres o el tipo de aficiones lectoras y culturales de la familia, varían sensiblemente las posibilidades de unos y otras para que ese curso represente o no un paso relevante en el desarrollo de sus capacidades para moverse en la sociedad. El docente, sin embargo, poco puede hacer. Las encuestas, informes como los de la OCDE desde 1965 -o de PISA desde 2001- y estudios bien contrastados, no cesan de reiterar que las diferencias de clase se reproducen en el sistema educativo. Hoy, la práctica totalidad de los adolescentes inferiores a 16 años está escolarizada, pero la igualdad de trato sigue siendo muy dispar. De entrada, por ejemplo, sigue no siendo lo mismo “ir a la escuela” o al “colegio” y, como sucedía después de la Guerra –en que muchos no tenían puesto escolar-, el actual sistema educativo español sigue mostrando un nivel de “fracaso” de los más altos de la UE. Se ha resuelto la escolarización, pero no la educación digna de todos. La eficiencia del sistema vigente, crecientemente diferencial, depende, cada vez más, de los recursos de que disponga cada familia desde antes de que un niño o niña vaya por primera vez a un aula escolar.

Los datos estadísticos corroboran que, paulatinamente primero, y aceleradamente en los últimos cincuenta años, ha crecido la opción por los centros privados –subvencionados antes de 1985 y concertados después muchos de ellos-, evidenciando que “estudiar” cumple objetivos sociales ajenos al saber y al logro de condiciones socializadoras similares para todos. Que un tercio del alumnado evidencie diversos tipos de problemas como abandono temprano, repeticiones de curso y un difícil logro de “competencias” básicas para “leer” el alfabeto de este mundo tan cambiante, no parece que sea el estímulo más apropiado para decir, sin mentir, que hayamos logrado “el mejor” de los momentos educativos. Y menos cuando, adicionalmente, se advierte que se trata de limitar el fracaso sistémico mediante el aumento de ayudas -con dinero público-, a la enseñanza privada y concertada, o se alaba y bendice la bajada de impuestos como panacea de bienestar social. La relación de ambas cuestiones nunca se aclara de modo convincente para una ciudadanía democrática, y ahí sigue, como si obedeciera a un voto sagrado. El contraído en tiempos de máximo fervor por la unidad político-religiosa nacional -con acuerdos concordatarios en 1851 y 1953-, no ha sido desmentido por los Acuerdos con la Santa Sede, en enero de.1979. Tampoco se ha moderado en los últimos años: cumplir las prácticas religiosas ha cambiado drásticamente, pero la red privada-concertada –de propiedad confesional en gran medida- sigue extendiéndose como oligopolio empresarial. En paralelo, el aprecio por la enseñanza de todos, con rutinas erosivas complementarias, sigue generando noticias como esta: “Los institutos habilitan aulas en bibliotecas, laboratorios y cuartos de baño para reducir ratios.

Para tratar de atajar tanta contradicción, Jesús Rogero y Daniel Turienzo acaban de publicar: Educafakes. ¡Ojalá que la prestancia cualitativa de la educación no se siguiera fiando a la voluntariedad “vocacional” de los trabajadores a quienes está confiada! ¿Ya no habrá manifestaciones ni huelgas por razones tan graves como las que se vienen protagonizando desde que los vecinos de Palomeras Bajas diseñaron la camiseta verde en marzo de 2007 para denunciar incesantes recortes de recursos a la enseñanza pública? ¿No se racaneará más con la formación que los docentes deban tener antes, en y durante los tiempos de su carrera profesional? ¡Mucha suerte a todos con el nuevo curso!

Manuel Menor Currás
9/9/2024

lunes, 24 de junio de 2024

¿Qué no se quiere que enseñe la escuela pública? (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

Prosiguen privatizaciones de escuelas públicas, como la que acaba de llevar a cabo la Comunidad de Madrid con cinco escuelas infantiles.

En la conversación democrática sobre el sistema escolar persisten “culturas” políticas que pretenden asentar como “natural” para los ciudadanos comunes el deterioro de la igualdad de trato. Todos los derechohabientes a una educación digna sufren, de este modo, que la universalidad y libertad de que habla el art. 27CE78 siga siendo una utopía política, parecido a como era distopía, en 1945, su mención en el Fuero de los Españoles.

La utopía de la igualdad

Aquellas generaciones de posguerra, además de carencia de puestos escolares, sufrieron formas pedagógicas obsoletas y burocráticas―respaldadas por el CSIC y las Universidades― y la imposición de unos currículos, explícitos y ocultos, cuya vigilada traducción en libros de texto debían recitar.

De entonces acá, si bien el derecho a la escolaridad ha logrado solemnizarse en la CE78, igualmente es verdad que el miedo a cambios profundos respecto a imposiciones colonizadoras, como el conservadurismo y el neoliberalismo, han impedido una educación equitativamente digna y de provecho para todos y todas. Vistos en perspectiva los ochenta años últimos, tan históricos son visibles cambios habidos, como algunas corrientes estructurales que, desde que La Gaceta hizo pública la primera Ley general de la Educación en 1857, apenas han sido modificadas.

Dada la relevancia que tienen en la enseñanza española, la gestión política es la causante central de que la educación existente no tenga el potencial que los ilustrados le atribuyeron. La documentación de cómo se procuró que no alcanzara de verdad a todos es confirmada por cuantos han padecido esa limitación. Lo relevante, en todo caso, es que esa tendencia prosigue, como atestigua esta noticia privatizadora de las escuelas infantiles en Madrid, donde se deja fuera al 78 % de cuantos piden una escuela pública.

Es una decisión más de las muchas que, favorables a la supuesta “libertad de elección de centro”, fortalecen descaradamente el negocio privado a cuenta de una educación universal, digna, gratuita y equitativa. Potencia la ideologizada voluntad de que crezca el 60 % de los niños de la ciudad de Madrid que ya van a centros privados o concertados. Pese al servicio que los profesionales de la enseñanza pública prestaron con motivo de la covid-19, su trabajo pierde miles de plazas, igual que en Sanidad, y su accesibilidad a las clases medias proletarizadas y a las populares se deteriora. Es decir, desde 1978 no se transformó a fondo el sistema educativo, sino que se dualizó más. Quienes mejor lo saben de son cuantos, obligados por la privatización creciente de la educación como bien público, siguen teniendo que conformar su “libertad” de elegir a lo que su capacidad de consumo permita.

Como resultado, 46 años después de la CE78, subsisten múltiples maneras en que el sistema educativo enseña discriminación y desigualdad. Gran parte del lenguaje mixtificado que se emplea para hablar de estos asuntos conduce, sin embargo, a la banalidad de la distracción nominalista y al debate pedagógico estéril. Esta equívoca distancia entre las palabras y cosas educativas la conocen cuantos docentes han visto que las novedosas terminologías tecnocráticas no han mejorado las condiciones reales en que ejercitan su noble trabajo.

Son muchos los que han vivido la efectividad real de las nueve leyes orgánicas democráticas, y a ellos se añaden muchos supervivientes de la fiebre normativa padecida entre 1936 y 1970, que confiaban en que los hitos de la educación franquista no prosiguieran en las regresiones posteriores al artc. 27 de la CE78 y los Acuerdos con la Santa Sede. La restrictiva interpretación concordante de ambos documentos coarta la enseñanza y dificulta decir, en rigor, que se haya alcanzado “una educación desde y para la vida en común”.

A sabiendas del perjuicio, nunca se actualizó el pacto educativo constitucional; ha predominado, en cambio, la voluntad de cosificar lo que ya el artc. 366 de la Constitución de Cádiz pretendía se enseñara a todos. La carencia de recursos pronto quedaría certificada en el artc. 1.7 de la Ley de Bases de 1857 (dos meses antes de la Ley Moyano), sin que se coartasen los privilegios de la enseñanza confesional y privada.

Volver a empezar 

La situación en este plano apenas ha cambiado, cuando sí lo han hecho las urgencias que el momento actual plantea a una escuela recortada. Aristóteles ya decía que, en la POLIS, la enseñanza tenía que ser “pública” (La Política, 8,1), y el artículo 13 de la Constitución gaditana dejó abierto el objetivo hacia la “felicidad de la Nación”. Han pasado 212 años y, cuando tanto ha evolucionado el sentido del ser y sentirse “nación”, queda mucho para que tenga cumplimiento la democratización objetiva del derecho a la educación.

Lo más grave es que la globalización productiva y el vivir en la Tierra pasan hoy necesariamente por la sostenibilidad del medio y los recursos, mientras los problemas y conflictos de convivencia que generan los cambios de paradigma repercuten tanto en las potencialidades de la escuela.

En esta patria, la única verdadera que queda, repercute la sensibilidad ciudadana mostrada en el voto, en los debates parlamentarios, y en decisiones como esta de Ayuso, que podía hacer suya tanto negacionista devoto de las políticas de progreso infinito y competitivo. Ello complica la solución de las carencias del sistema escolar, cuando, además, están al alcance de cualquier crío enseñanzas envolventes, muy persuasivas por su apariencia divertida.

Desde que las generaciones de posguerra fueron por primera vez a una escuela, sus reconocibles avances no permiten olvidar los estancamientos que la frenan, ni que le sobran los más desfavorecidos en la campana de Gauss. Por eso su hipotecado sistema tiende a obviar que hay institutos y escuelas que nadie quiere porque considera “chungos”.

Pero no por olvidar, con ignorancia culpable, que el “fracaso escolar” no desaparecerá por ensalmo, dejarán de existir las lacras del desarraigo escolar y socil. Sin un cambio democratizador profundo, no dejará de ser contradictoria la discriminación institucionalizada entre enseñanza “pública” y “privada”, con un creciente semianalfabetismo cargado de problemas.

Sea como fuere el futuro, sin consciencia de lo urgente que es subsanar las grietas de la educación española, la enseñanza de todos y para todos seguirá siendo una quimera. La distancia para que sea como debe ser crecerá, y a cuantos crean en el valor de la escuela pública, les costará más “volver a empezar”, como decía Lars Gustafsson en La muerte de un apiculto.

Manuel Menor
14/06/2024

miércoles, 20 de septiembre de 2023

¿Qué igualdad? (Manuel Menor)

¿Qué igualdad?

La ansiedad política se presta al abuso de palabras tan poderosas como las que fueron lema principal de la modernidad política.

 

Los líderes suelen emplearlas sin pensar mucho,presionados por la urgencia de conquistar el favor de sus oyentes. En vísperas de una investidura, de la que todo indica que será fallida, este hábito tiende a ser más hiperbólico. La euforia partidista les hace confundir las palabras y las cosas, como se ha podido ver en el último mitin de Feijóo en Santiago; similares juegos de palabras de Sánchez se habían oído poco antes en Ourense 

 

Desigualdad lingüistica

 

La proclama del líder del PP: “Vamos a defender la igualdad aunque nos cueste la Presidencia de España”,ligada a otro núcleo semántico como “Libertad”, en un acto que llevaba el lema: ”Por la igualdad de los españoles”, es todo un paradigma, tan polivalente como insignificante. El empleo altisonante de términos políticos tan valiosos equivale a verle ventaja a dejar las cosas a medio hacer, cansina manía que denunciaba Larra hacia 1836: “Hágalo usted todo de una vez, el día primero del año, por ejemplo. ¿Y los trescientos sesenta y cuatro restantes, qué hace usted? Holgar. Dios nos libre, la ociosidad es madre de todos los vicios”.

 

La lectura de las noticias diarias da múltiples indicios de que, o muchas ganas tiene el líder del PP de modernizar España o, por el contrario, su alegato por la igualdad no pasa de un tópico que, pronunciado en un contexto tan extraño como el de estas vísperas de investidura, no pasa de clamor banal. Un buen contraste del valor real lo proporciona el uso que, de las lenguas cooficiales, acaba de escenificarse en el Congreso de Diputados. Tan tardía novedad es –según el círculo más cercano al líder- “hacer el canelo”, una pérdida de tiempo. Es decir, que siguen,más bien, con su tradicional minusvaloración de cuanto no sea “en castellano”. No les importa que, en la idea de igualdad idiomática impuesta durante tantos años, brillara la prepotencia. Por cómo hablan de este asunto, menos les importa que en la vida escolar de las generaciones que vivieron la educación de posguerra, esa barrera de la lengua fuera para muchos alumnos y alumnas causa de minusvaloración ante otros colegas; tampoco reconocerán que, fuera de la escuela, no fuera infrecuente que, cuando muchas personas tenían que realizar algúntrámite, al acobardamiento por hablar solamente su lengua materna, fueran objeto de burla para algún funcionario chusquero. Hay testigos sufridores de cómoaquella igualdad lingüistica fue ocasión para que, en muchos centros escolares (de las llamadas  autonomías históricas), los docentes menos preocupados por su alumnado, ejercitaran con ellos castigos absurdos. Aquel rastro han vuelto a mostrar estos días los contrarios a esta iniciativa igualadora, tan pagados de luchar “por la igualdad de los españoles” y su unidad. 

 

Desigualdades no sólo educativas

 

Hay muchas otras cuestiones en la vida pública, que deberían ser tratadas con más finura por cuantos invocanestos términos. No debiera ser en  vano recordar cómo el fútbol femenino sigue siendo objeto de prepotencia de muchos dirigentes deportivos, y más doloroso es constatar cómo la violencia “de género” ya suma 47 muertes este año. Aunque haya quienes nieguen este sesgo en los comportamientos violentos, cada día que pasa también crece el empleo desquiciado de la IA (inteligencia artificial): hasta los críos la usan para hacer bulling en suentorno. Por todas partes bulle ese afán desnortado de dominio y superioridad, empeñado en someter, humillar y controlar al otro -y, sobre todo, a la otra-, lo que indica que la educación en la igualdad es un trabajo largo, lento y duro, al que no ayuda nada tratarlo con tópicospublicitarios.

 

La labor de las familias, y la que corresponde al sistema escolar, es imprescindible para la convivencia democrática. Muchos responsables políticos, sin embargo, no son sensibles a que sea equitativo el acceso de todos a una educación profundamente democratizadora. La CE78 dice en su artc. 27, que ha de ser universal y gratuita, pero en la práctica -cuando vamos por la 9ª ley orgánica de su desarrollo-, las medias tintas en el desarrollo legislativo de ese mandato, sumadas a una alternancia ejecutiva que reproduce una interpretaciónopuesta y gritona de ambos términos, hacen que el ciudadano perciba que la igualdad –tanto la educativa, como la social- seguirá siendo pura utopía. Conste queson los políticos  del ala conservadora los que controlan en torno al 80% del presupuesto del sistema escolar; soncompetencia de las Autonomías y en cómo lo distribuyen  queda patente su descarada inclinación hacia los centros privados, mientras dejan la red publica más inestable, aunque sea la única a que tiene acceso la mayoría de los hijos de asalariados. 

 

Esa desigualdad, congénita al sistema escolar desde 1857, la vienen mostrando los sucesivos informes de la OCDE; para 1970, en que ayudó a formular la reforma  de la LGE, planteaba que deberían crearse 2.700.000 plazas escolares que no había. Hace unos días, el último Informe de esta organización recordaba que el 27,7% de los españoles que tienen entre 25 y 35 años sólo puede acreditar la ESO, cualificación insuficiente para el modelo productivo actual. Y explica, además, algo que -al menos desde 2010- repite: los indicadores de abandono escolar, antes de terminar la ESO y después, hablan de la desigualdad profunda del sistema: el consiguiente “fracaso” de la escuela lo padecen sobre todo los hijos e hijas de personas trabajadoras,  y casi dobla al de quienes se han criado en ambientes de mayor nivel sociocultural.

 

No es natural, por tanto, la diferencia de resultados escolares, como tampoco lo son las expectativas que genera en unos u otros chicos y chicas lo que se hace a diario en la escuela. La gestión política de la escuela pública es en buena medida responsable de las variaciones cualitativas de la educación que tenemos. En lugares significativos  como Madrid, la discriminación gestora existente la acaba de confirmar CCOOconstatando cómo la disminución general  de alumnado –por la crisis de natalidad- apenas ha afectado a las unidades escolares de la enseñanza privada, mientras ha recaído en gran medida en el cierre selectivo de las de lared pública. En síntesis, el cuidado de estos centros desde Infantil y Primaria -y la disminución de privilegios a los concertados, en gran parte confesionales- sería el mejor modo de que cualquier político demostrara que, cuando habla de equidad, no habla por hablar. Lo que están haciendo con la educación de todos a cuenta del dinero de todos es profundamente injusto.  Condorcet –el gran promotor de la escuela pública en 1792- lo confirmaría.

 

MMC (19.09.2023)

miércoles, 8 de marzo de 2023

Bienestar escolar (Manuel Menor)

 Bienestar escolar: una condición indispensable

Es un reto principal, de los muchos que tiene pendientes el sistema educativo. Si no se logra, el tiempo escolar puede ser un martirio.


Crear el ambiente apropiado para que los años de escolarización de los niños y adolescentes tengan revaloricen sus vidas, es fundamental. A ese tiempo le sobra siempre la coacción moral y la segregación, nefastas en el desarrollo personal y social.


Las grandes palabras de referencia


Desde que en 1857 la Ley Moyano estableció la primera ordenación general de la educación en España, en las leyes que han seguido hasta hay términos que dan las claves del sentido que pretenden, casi siempre muy ajustado a un sustrato sociopolítico, económico y cultural preexistente. “Universalidad” y “libertad” son desde la Constitución de 1978 los que fundamentan las leyes orgánicas que han venido después; su repetición indica lo difícil que es consensuar los ingredientes que conlleve su plasmación en las aulas. Sucede lo mismo en otros ámbitos legislativos. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), “la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad” (que decía el art. 2), son las divisas que se impusieron con más prevalencia, autolimitándose mutuamente y condicionando, además, el otro gran emblema revolucionario, “la fraternidad”. Esta consigna, expresiva de la laicidad que se pretendía frente al Antiguo Régimen, es nombrada habitualmente con las dos primeras, está inscrita en las fachadas de algunos edificios públicos franceses desde 1880, pero no llega a una constitución hasta 1846 y 1958. Si analizáramos su concreción social sería peor, pero es que hasta las solemnes palabras no suelen pasar de declaración y aspiración de futuro; los procesos socioculturales en que se inscriben no dan para más, y cuando los conjuntos legislativos  persisten en repetir los mismos conceptos, reflejan más  el tiempo largo de las carencias que cambios efectivos.


En Educación, las reiteraciones que vemos en sus muchas leyes indican bien qué fallos siguen activos en el sistema. Piénsese, por ejemplo, en lo que está sucediendo con la eficiencia de leyes recientes como la llamada del “Sí es sí”, y contrástese con la secuencia de vaivenes que ha tenido la educación de las mujeres en España desde la Ley Moyano, diferenciada de la de los varones. Eran  para algo más de la mitad de la población, pero hasta 1910 -53 años después- a 10,3 millones de mujeres le estuvo prohibido el acceso a la universidad y sus profesiones. De todos modos, muy pocas pudieron entrar en ella, y la coeducación escolar apenas duró lo que la Segunda República. Vetada desde 1938, hasta los años ochenta las escuelas e institutos públicos no fueron mixtos y, desde entonces, no necesariamente han implantado una coeducación de verdad, ni han desaparecido problemas de género. Sigue vivo, además, el debate en torno a si –por tabú, negocio o distinción- los colegios que segreguen por sexo deben recibir subvenciones publicas; no todos los que tienen algo que ver con el mundo educativo se expresan del mismo modo respecto a esta cuestión, tan condicionante de “la igualdad”, la “universalidad” y la “libertad” educativas.


Coordinadores de bienestar escolar


El art. 124 de la LOMLOE introdujo, al inicio de este curso en la organización de los centros, la figura del “coordinador o coordinadora de bienestar y protección en la comunidad escolar”, encomendándole la prevención, detección y protección de los niños y adolescentes frente a situaciones de violencia y acoso en el entorno escolar. Reafirmando su importancia, el art. 35 de la Ley de protección a la infancia (LOPIVI) ha vuelto a insistir en su relevancia.


Su implantación en este curso, sin embargo, es variopinta. Si se tienen en cuenta los medios de que dispone, el perfil de los candidatos y la formación requerida para su desempeño, no en todas las Comunidades autónomas se ha implementado esta figura y, donde se ha hecho, los  informes de los sindicatos de profesores son expresivos del poco cuidado puesto en ello. La presencia de nuevas figuras en un organigrama administrativista ya despertó en Larra algunos de sus mejores artículos. En la historia reciente de la educación española, fue improvisada la introducción del “tutor”, diferenciado del docente, que urgía a este a que no fuera un simple enseñante y  actuara en su aula como educador.  Aconteció igualmente con la inclusión del “coordinador docente”, que en muchos casos venía a suplir competencias que todo profesor debía tener para ajustarse al “proyecto de centro” en “colaboración didáctica” con otros profesores. De seguir esa tónica, sería un gran problema que la normalización en los claustros de los cometidos del “coordinador del bienestar del alumno” necesitara el mismo tiempo: la “convivencia” se seguiría resintiendo, y la “calidad” de la educación como derecho garantizado en el art. 27CE, solo sería una palabra banal. 


No será fácil lograr la complicidad necesaria en los equipos docentes para que la “cultura del bienestar” –que concreta y explicita los derechos civiles y sociales- alcance en cada centro escolar consistencia relevante entre sus señas de identidad. Si este educador no tiene medios, solo será un trampantojo inútil. En el ejercicio de sus funciones chocará con hábitos que llegan a las aulas por ósmosis de su entorno, empezando por la propia “comunidad escolar”, palabra que no siempre responde a la realidad; ni en todas las familias, ni en todos los barrios, se dan los pautas optimistas de convivencia: compasión, la tolerancia y el cuidado; tampoco e quienes dicen ejercer de líderes políticos, culturales y, a veces, incluso religiosos, son ejemplares. Está, además, la tradición pandillista  de fiestas y demostraciones adolescentes, que juegan ahora con las redes sociales. Y asimismo, los tiempos que corren no son bonancibles; los problemas que muchas familias tienen para salir adelante, cuando la inflación se dispara y las hipotecas suben, propician que florezcan candidatos a dar la nota con demostraciones de superioridad sobre quienes parezcan más débiles o simplemente distintos. 


En todo caso, en este panorama más bien desolador, es plausible  -si expresa voluntad de enmienda- la disculpa de la Consejería de Educación catalana, a causa del acoso sufrido por dos menores en Sallent (Barcelona): “el suicidio o tentativa de suicidio de una persona menor de edad es un fracaso del sistema”.  Pero no es suficiente.


MMC (01.03.2023)