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Ha empezado la precampaña electoral, aunque falten meses para las primeras elecciones a la vista. Propiamente hablando, hay políticos que están en campaña desde que entraron en la órbita mediática como líderes relevantes.
QUÉ LIDERA FEIJÓO
El ejemplo perfecto es Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno después de acceder a dirigir el conservadurismo del PP en abril de 2022, momento desde el que pasó a defender que el jefe actual de la Moncloa vendría a ser un fraude desde que, para censurar a Rajoy, se alió con otros grupos de su izquierda. El expresidente de Galicia, sin embargo, no tiene el tono centrado, moderado y dialogante que aparenta, sino el bronco de Casado; es frecuente, además, que lo que pretende expresar nada tenga que ver con su verdadero pensamiento y resulta postizo. Ni siquiera la gestión que con sus mayorías parlamentarias llevó a cabo en la Comunidad gallega le da un respaldo fiable; son muchos los que se han quedado aliviados con que le hubieran destinado a Madrid, casi los mismos que se echarían las manos a la cabeza si lograra sacar adelante su liderazgo en el conservadurismo dañado en la etapa de Rajoy.
Desde que el Senado le facilita visibilizar su oposición al Gobierno actual, sus argumentos, palabras y gestos son preocupantes. Más allá de los clásicos recursos sofistas, que quienes le escriben los papeles parecen conocer bien, lo que realmente propone no aporta optimismo democrático. De manera aparentemente nueva en la terminología, reproduce las viejas ideas del conservadurismo, en que lo que importa es conservar lo que tienen las gentes que él representa: el poder real sobre los medios de producción y consumo, sin que nadie lo erosione. Cuando habla de medidas económicas, su recurso sigue siendo el ahorro individual, igual que en el siglo XIX, cuando para solucionar la pobreza que generaba una explotación feroz de los asalariados, culpaban a estos. Lo cuenta en 1890 Armando Palacio Valdés, en La Espuma; reflejando la posición de la España de la Restauración en cuestiones sociales, un aristócrata, dueño de unas minas, lo expresa ante una visita. Al interesarse esta por la pobreza que observa en sus trabajadores, el aristócrata dice que no ahorran y por eso acusan miseria, pero la persona que ha preguntado replica: ¿Cómo quiere usted que ahorren si lo que les paga no les alcanza para comer?
LA DEMOCRACIA CENSITARIA
En esa dinámica, las fórmulas de Feijóo y los suyos remiten a un planteamiento del pasado en que quienes se sentían en ascenso social planteaban un tipo de convivencia política de varios niveles de derechos, desigualdad que se traducía en la modalidad de participación indirecta o voto censitario. En el proceso de sustitución del Antiguo Régimen, por uno de signo liberal y representación popular, la fórmula se ejercitó primero en 1810 y, muy pronto, en la Constitución de Cádiz, donde el derecho a ser elegido diputado era de quienes tuvieran una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios (art. 92). Larvadamente, se trataba de aligerar así el gasto público del Estado. El principio censitario no se aplicó, y menos con Fernando VII, en que el absolutismo regresó en 1814 para durar casi treinta años. Fue en el reinado de Isabel II cuando el derecho de voto quedó restringido -prácticamente hasta 1868 y de 1877 a 1890- a quienes tuvieran riqueza y capacidad. En su principal antecedente, el Estatuto Real de 1834, la Cámara Alta o Estamento de Próceres estaba formada por miembros natos y hereditarios de los Grandes de España, mayores de edad con 25 años, plenos derechos y renta anual de 200.000 reales; se les añadían los de libre designación real: nobles y altas dignidades del clero, la política, la propiedad o la ciencia, con 80.000 reales de renta. Los miembros de la otra Cámara, o Estamento de Procuradores del Reino -los propiamente elegidos- debían tener 30 años, ser españoles e hijo de españoles, de la provincia donde eran elegidos y dos años de residencia en ella, y tener renta de 12.000 reales anuales.
Pues bien, al ritmo que van las protestas del grupo conservador frente al Gobierno actual y sus propuestas de corrección, da la impresión de que la dinámica cultural a que obedece Feijóo sea heredera de aquella fórmula. Teóricamente, la Constitución actual reconoce a todos un conjunto de derechos y obligaciones políticas, sociales y económicas en libertad e igualdad. En la práctica, sin embargo, la libertad de que hablan muchos políticos del conservadurismo actual prima una individualización de la igualdad que viene a propugnar la continuidad de la desigualdad del siglos XIX. Poco vale, por ejemplo, que se reconozca el “derecho a la protección de la Salud” (arts. 43, 50 y 51 de la CE78), o que en el art. 27 se reconozcan el “derecho a la educación” y a “la libertad de enseñanza”; sus referencias a ellos desde las decisiones políticas que adoptan en las Autonomías que gestionan – y en las que han tomado cuando gobernaban en Moncloa- predomina siempre su perspectiva censitaria. En su sociedad, no todos son iguales, y por eso no prestan idéntica atención a los que ya tienen recursos que a quienes no disponen de lo imprescindible.
Esta solidaridad que, de repente les ha entrado a Feijóo y otros portavoces de su cuerda ideológica con cuantos no salen bien parados en las estadísticas del desempleo, o con cuantas mujeres se sienten agredidas por la excarcelación extemporánea de quienes se han visto favorecidos con las rebajas de penas en la ley del sí es sí, es incómoda. Proviene de élites herederas de otras anteriores que, a su vez, pocas veces tienen una genealogía ejemplar de las razones de su elitismo. Además, no casa con decisiones continuadas que, de lo que hablan es de favorecer privilegios de amigos de pupitre o de clase social, con quienes comparten opinión. Basta fijarse en las medidas que, en comunidades como Madrid –rompeolas del neoliberalismo y sus aliados ultras- no han cesado de ejecutarse en estos tres años últimos a favor de la Sanidad Privada y una Educación similar. Regido su servicio por socios a quienes lo que importa es la estricta rentabilidad del negocio, los dos bienes más altamente preciados –la salud y la educación- se convierten en estrictos bienes de consumo, cuyo derecho e igualdad quedan sometidos a metodología censitaria, discriminadora según el nivel de ingresos de cada ciudadano. Que por encima se proclamen los grandes intérpretes del constitucionalismo democrático, roza el esperpento: los padres del “contrato social” no vendrán a certificarlo.
Colocan al sujeto como responsable de su estado y éxito académico, y, por ello, la mirada y la acción siempre recaen sobre él, obviando los contextos escolar, familiar, socioeconómico, político y cultural.
Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en el Pleno de la Asamblea que el Gobierno regional no puede "regalarle a todo el mundo la educación" porque "no es sostenible" para el sistema. Ayuso respondía a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que exige la gratuidad de toda la educación pública en la ley Maestra de Libertad Educativa que el pasado jueves pasaba el primer trámite parlamentario.
"Tenemos en la educación una política que consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos, pero no podemos regalarle todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema", ha dicho Ayuso sobre la exigencia de la formación de extrema derecha que plantea que todos los niveles educativos, desde las escuelas infantiles hasta los estudios universitarios sean a coste cero.
Ayuso ha asegurado que la Sanidad ya "se come el 50% del presupuesto" y que la educación no puede consumir el otro 50% de las cuentas regionales. Según ha cifrado el propio Gobierno regional, la gratuidad completa supondrían 760 millones más de un presupuesto de 22.000 millones. El Gobierno regional planea una rebaja de impuestos que dejará de recaudar 300 millones de euros. "A mí me gustaría que la educación fuera gratuita para todo el mundo, pero si el 50% del presupuesto va a sanidad y el otro 50% va a educación, díganme, ¿cómo va a la gente al trabajo, cómo se desplaza, cómo se recogen las basuras, qué hacemos con las residencias?".
"No puede ser todo gratuito", ha dicho Ayuso. "Ojalá todo fuera gratis, pero es que esto es simplemente una utopía", ha insistido.
Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIODELAEDUCACION.ORG
Aquí tenemos el nuevo artículo de nuestro compañero Manuel Menor Currás
Vuelve
en su crudeza “la cuestión social”
La última semana ha
estado llena de incidentes en que se ha podido ver con inquietante realismo la enfermiza
existencia de una lucha social inacabada.
A finales del siglo XIX, para evitar el sonrojo que
daba el hacerse cargo de los grandes problemas que planteaba la miseria rampante
a los bien pensantes, se dio en llamar “la
cuestión social” a lo que era producto de condiciones preexistentes antes
de nacer. No se ponía esfuerzo en remediarlas, los males se atribuían a comportamientos
morales de los que las sufrían y todo transcurría como algo “natural”, consustancial a la vida económica. Hasta en la cultura a la
madrileña de la zarzuela hay alguna irónica referencia a tan enconada situación.
Estado Social
De lo mucho que ha llovido desde entonces, cabe destacar que,
hacia 1882, en la Alemania de Bismarck se inició lo que se llamaría el “Estado Social”: un conjunto de instituciones
y leyes que dispusieron detraer de los beneficios que generaba el trabajo, una parte
para resolver los problemas de los salarios de hambre, infraviviendas, enfermedades
y, en particular, la carencia de subsidios de los trabajadores al final de sus
vidas para la vejez; con las primeras leyes disposiciones muchos de los problemas
acuciantes empezaron a solventarse, en beneficio de la paz social. En España, a
los prohombres de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales les pilló
por sorpresa, pero también aquí, se inició –aunque lento- el cambio de la Economía
política hacia una Política económica
con intervencionismo del Estado, como propuso el propio Cánovas del Castillo en
1890. Se trataron de corregir, de ese modo, los excesos de la “libertad” económica pura y dura y, de paso,
la creencia de que con caridad y beneficencia bastaba para atajar la pandemia
de pobreza que su hegemonía generaba, no solo en las áreas urbanas que
dependían de un salario miserable, sino también en las de la España rural –todavía
mayoritarias- por las tan desequilibradas
relaciones que producía entre quienes tenían mucho y los que tan poco tenían
que los pagos por los trabajos eran tan míseros que, en demasiadas ocasiones,
no alcanzaban para subsistir. Lo supieron muy bien los que emigraron a América,
y lo sufrieron todavía mejor los que del Norte bajaban a segar a Castilla todos
los veranos: volvían como negros, que dijo Rosalía.
Durante prácticamente todo el siglo XX, prosigue más de lo mismo;
entre los cambios que en la superficie van trayendo los años, persiste el
problema de fondo, mientras la “libertad democrática” se alimenta de que a
todos les sean accesibles más bienes y servicios. Esta es la idea que fortalece
lo que, desde 1945, se llamó en Europa –no en España, claro- el “Estado de Bienestar”: durante más de
treinta años “gloriosos”, la gente del trabajo tuvo mejores salarios que nunca,
mejores viviendas y sanidad, y sus hijos pudieron acceder a niveles universitarios.
En España, por su particular falta de “libertad”,
estas mejoras llegaron con retraso y a cuentagotas; hubo que esperar a que
entrados los ochenta se notara algo parecido a lo que vivían en Francia, Alemania
o Bélgica, y que nuestros emigrantes por Europa contaban como milagroso cuando
volvían de vacaciones.
Y llegaron los neoliberalismos de Reagan y la Thatcher, la caída
del Muro de Berlín y la descomposición de la antigua Unión Soviética, junto a
historias paralelas como la protagonizada desde 1891 por el papel “caritativo”
de la Iglesia de León XIII, los Papas tradicionalistas, su apoyo a gobiernos
ajenos a una justicia distributiva y, para remate, sus peleas con quienes,
desde dentro de la Iglesia, trataban de vivir la “Teología de la liberación” que predicaban. El caso salvadoreño de
Ellacuría, del obispo Romero, Nacho Martín-Baró y sus compañeros, muertos a
causa de esta “libertad”, es de gran relevancia evangélica, como lo fue el de
cuantos fueron a parar a la cárcel de Zamora desde 1968. E irrenunciable es el
testimonio de cuantos, sindicalistas o ciudadanos honrados, fueron a parar a
Carabanchel y a la cárcel de Burgos produciendo un sonoro clamor de personas
comprometidas con la “libertad de todos”:
como los abogados laboralistas de CCOO muertos en la calle Atocha al inicio de
1977. La CE78, con todos sus defectos, existe gracias a esta gente que arriesgó
todo por que la “libertad” democrática fuese posible.
Libertad “a la madrileña”
Y en esta senda, se nos cruzan ahora quienes invocan la “libertad”
para suprimir cuanto se haya avanzado en la corrección del problema de fondo -la
pobreza y la miseria- desde hace más de 150 años; se nos cuela gente guapa a la
que no se le conoce más gracia que la de cierto descaro populista, típico de
barra de bar y cultura “a la madrileña”.
La ignorancia de que alardean es grave para que alcancen capacidad de decisión
política; su clasismo encubierto reniega de la “libertad democrática” que tanto
ha costado, y en la que sesgadamente predican las clases existen: son los
palanganeros de su parte más excelsa y quieren hacer crecer la distancia entre
unas y otras desde los presupuestos que algunas de estas gentes ya administran;
pretenden, incluso, que se monte una
pelea a muerte entre los más pobres por ver quién se lleva un cacho de pan a la
boca. Subidas al púlpito de la predicación que facilita la democracia, prosiguen
la genealogía del más fuerte sobre el más débil: son una copia, “a la madrileña”, del darwinismo social.
En el espectáculo anarcofascista de esta semana, al no-debate
público para las elecciones madrileñas siguieron: los sobres cifrados de odio en
los buzones de tres políticos de la izquierda, el mal rollo transmitido en un programa de la
Cadena Ser y, como adorno, el prepotente pasodoble neoclasista de dirigentes
del Real Madrid tratando de reducir el fútbol a un asunto de negocio. Más que
signo de madrileñismo progresivo, este conjunto parece el síntoma de una grave
enfermedad; en esta parte del mundo, observada tan solo desde lo sufrido en
este siglo, lo que esté generando la Covid-19, con sus cansancios, es colateral.
A los madrileños y madrileñas toca descifrar, el cuatro de mayo,
las capacidades del capitalismo
neoliberal, y de su lenguaje “a la madrileña”, para hacer olvidar si han
merecido la pena los esfuerzos de quienes vivieron de lleno la pelea por que la
“libertad” fuera beneficiosa para todos; en este momento, lo que se juega es si
ha perdido sentido, si es un atraso su memoria o una pérdida el tiempo cómo se
hayan expuesto. En Madrid, hay tradiciones múltiples; el dilema que sirve de
eslogan a alguna formación política tiene viejo cuño, y en la Puerta de Toledo
luce una lápida que recuerda a quienes, entre el absolutismo fernandino y el
constitucionalismo gaditano, prefirieron gritar: “Vivan las caenas”.
Manuel Menor Currás
Madrid,
Publicamos el nuevo artículo de nuestro compañero Manuel Menor
Ni “los buenos” son
todos buenos, ni “los malos” tampoco.
Un signo de modernidad
social y política es admitir que la realidad no es tan maniquea como algunas
versiones quieren establecer estos días.
Es difícil moverse con optimismo realista cuando en nuestro
entorno cultural se promueven tabúes profundos, incrustados en nuestra vida con
sistémicos métodos de educación retrógrada, y referencias constantes de los
medios a supuestos valores sagrados.
Tabúes
Qué sean los tabúes y cómo pesen en nuestras vidas lo ha recordado
recientemente Juan
Soto Ivars, a partir del recuerdo de una definición de Wundt, en que lo sagrado y lo impuro están
íntimamente unidos; esta coincidencia limita nuestra capacidad de razonamiento,
nos coarta y autocensura, y nos lleva a decisiones frecuentemente irracionales.
El miedo y la consiguiente parálisis de la libertad casi siempre andan por
medio y nos enredan en un juego en que siempre perdemos en nuestra capacidad de
autonomía.
El recurso al tabú siempre ha andado suelto en la historia de la
humanidad, pero en los tiempos que corren, tan aptos para las perspectivas apocalípticas que suelen
acompañar a todos los miedos –como estudió Delumeau-, corremos el riesgo de que
se acentúe la parálisis que esta pandemia ha traído consigo. Ciñéndonos
estrictamente a lo que las elecciones a la Comunidad de Madrid están propagando
en un momento tan enigmático, es sorprendente que nadie en el entorno de la
candidata del PP se oponga a ese eslogan viejuno que pretende que quienes
tengan la facultad de votar elijan entre
“libertad o socialismo”.
El publicista de esta mujer pretende que la veamos como una
especie de Juana de Arco o Agustina de Aragón dispuesta a defender y ampliar
ese preciado bien, mientras sus oponentes, socialistas y gentes de izquierdas,
serían sus redomados enemigos, capaces de destruirlo o vilipendiarlo todo. Desde
la revolución parisina de 1830, en que Delacroix pintó la Libertad guiando al pueblo,
ha pasado un tiempo; pero en este relato que ha empezado a prodigarse desde el
mismo anuncio del anticipo electoral, la realidad de lo que acontece parece no
importar nada. Les sobra con que la gente que se guía por los medios se crea el
cuento, mientras ponen en marcha los sutiles
caminos propagandísticos de otrora, de más de ochenta años de existencia, en
que los republicanos de entonces eran presentados como unos vendepatrias,
encomendados al taimado complot judeomasónico para deshacer las sagradas
esencias de la patria, anteriores incluso a la reina castellana Isabel la
Católica, que erigieron además, en sostén y modelo de feminidad a punto de
llegar a los altares, como consta en el archivo catedralicio de Valladolid.
Los nuestros
En la pelea dialéctica actual, la España de “los nuestros” y “los otros” sigue viva; sigue
implícito en el relato neoconservador que los demás no parecen desear para la
colectividad ningún bien sino el mal, mientras que lo poco o mucho que se haya
enriquecido en el transcurso de los años se debe exclusivamente a “los
nuestros”, incluida la propia “libertad democrática”; en esta historieta, ni
las peleas antifranquistas han existido, ni las transacciones y pactos de la
Transición. “Los nuestros”, herederos de la Victoria proclamada el 04.04.1939,
son los únicos detentadores del bien y la verdad e, independientemente de las tergiversaciones,
engaños y zorrerías zafias en que puedan
haber andado, siguen siendo los buenos; “Los otros”, por naturaleza, son
siempre los malos.
Los madrileños se encuentran ahora con un gran problema antes de
decidir votar a esta hipotética heroína rediviva. Por un lado, tienen este
soniquete de “los buenos”, recibido por herencia familiar o por el impacto de
la partitura que entonan los beneficiados por el caprichoso uso de la libertad
de mercado. Por otro, las alusiones que en la calle se pueden oír de continuo,
acerca del trato lesivo que los gestores
de esta libertad agresiva han dado a la Sanidad, la Educación de los hijos o a
la la tercera edad. Para reconsiderar la veracidad de estos otros relatos que,
al parecer propagan “los malos”, todos los oyentes y opinantes debieran considerar los datos que en esta Comunidad
de Madrid se están generando, cuando andamos en
los inicios de la cuarta ola, respecto a la gestión de la pandemia de la Covid-19. Para calibrar mejor la
calidad de unos u otros relatos y no caer en esquizofrenia, basta repasar qué
no han hecho estos “buenos” de ahora y cómo, pese a ello, piden
responsabilidades a otros para que suplan lo que no han hecho en el transcurso
de este año pasado; por ejemplo, en el descontrol de la contención de
movimientos de los ciudadanos mientras la muerte no era tenida en cuenta, como
si de una variable independiente se tratara. Y, tampoco debieran obviarse los
datos relativos al empleo que hayan hecho de la supuesta libertad para dañar los intereses comunes, ni torcerse la memoria
sistemáticamente cuando los hechos reales indican poco aprecio por la democracia;
por mucho que se quiera presumir de ella en exclusiva -sin acuerdos con los
demás-, se sobrepasan sus frágiles líneas rojas.
Bailando con lobos
Se ha de recordar, en fin, que cuando no había libertad, los que iban a la cárcel o padecían en
carne propia el autoritarismo franquista nunca tuvieron a gala presumir, en
nombre de la libertad, de su esforzada oposición a quienes les impedían su
ejercicio; su pelea les llevó a la carecer de ella mientras que quienes ahora
presumen de lo que no había, les echan en cara aquel afán, tan duro y costoso. Sería
de agradecer un mínimo respeto y
veracidad en la pelea política por el poder, además de alguna consciencia
de que jugar con las trampas de los tabúes acarrea amargas experiencias.
La versión publicitaria de Díaz
Ayuso recuerda al Fraga enfadado vendiendo a los gallegos la posibilidad de
que, si no le votaban a él, les quitarían la vaca… Aunque hayan pasado más de
40 años, la alta misión que se arrogan quienes estos días dividen el mundo entre partidarios de la
libertad y del socialismo, no puede ocultar que entre los que ellos llaman
malos hay muchísima gente buena, ni que entre los que suponen buenos sucede
exactamente lo contrario. Hasta en las películas del Oeste era perceptible la
falsa divisoria cuando la película era de pacotilla; el guión de esta, ni de
lejos se parece a Bailando con lobos, en
que Kevin Costner se sentía más a
gusto entre los indios sioux que entre los de su propia estirpe. Pues eso.
Manuel Menor Currás
Madrid, 27.03.2021
Reproducimos este artículo de Agustín Moreno publicado en CUARTOPODER.ES
Es importante empezar el nuevo año haciendo una recapitulación de un año tan difícil como 2020. Intentar responder a una pregunta crucial que yo mismo me hacía en plena crisis sanitaria: ¿hemos aprendido algo de la pandemia? y que no parece que tenga una respuesta positiva a la luz de los acontecimientos posteriores. Ayuda en la reflexión, el recomendable ensayo del sociólogo y político de la izquierda belga, Peter Mertens: Los olvidados (Editorial Atrapasueños, Madrid 2020). Sigamos su ejercicio de pedagogía para razonar sobre qué nos está pasando y qué hacer.
Que un hombre se coma un animal exótico en un rincón del mundo y cien días después media humanidad esté confinada, demuestra lo interconectados que estamos y lo vulnerables que somos. Un virus microscópico ha golpeado al planeta como si fuera un meteorito. A estas alturas, hay cien millones de contagiados, más de dos millones de muertes y un 90% de los países del mundo sufren un serio retroceso en su economía, mucho mayor que el Gran Crack de 1929.
Y cuando la estructura de esta civilización se venía abajo como un castillo de cartas, aparecen los sanitarios, el personal de los cuidados, de la limpieza, los trabajadores de los supermercados, del transporte y la seguridad, el profesorado, los empleados públicos, los repartidores, los trabajadores de las fábricas y del campo… y hacen que todo vuelva funcionar.
Cuando todo estaba oscuro fueron los trabajadores y trabajadoras normales y corrientes quienes nos ayudaron a sobrevivir en tiempos de pandemia. Como dice Mertens: “Las estrellas solo se ven en la oscuridad”. Sin ellos nadie nos curaría, ni cuidaría, ni tendríamos qué comer, no estaríamos a salvo. La población ha tomado conciencia del carácter esencial de su trabajo, como expresaban los aplausos al personal sanitario.
Pero no son suficientes esos aplausos y el agradecimiento. Eso no llena las neveras, no asegura el empleo, no mejora sus condiciones de trabajo. Se mantiene una gran brecha entre la escasa consideración laboral de muchos de los trabajos (bajos salarios, precariedad…) y su importancia social real. Por eso tienen que plantarse. Un ejemplo, fue la protesta de las batas blancas en el mes de mayo, cuando la primera ministra belga Sophie Wilmès fue de visita al hospital Saint-Pierre de Bruselas. El personal sanitario, uno a uno, se fue girando a su paso y le dieron la espalda. Un acto de protesta de gran simbolismo porque, como dicen los sanitarios, “los políticos nos dan la espalda constantemente cuando les pedimos ayuda".
Reproducimos este artículo de CTXT.ES
Resulta devastador comprobar cómo el éxito rotundo de la estrategia neoliberal ha alejado el debate de las estructuras que apuntalan la invasión del interés económico en las aulas
La educación se ha convertido en un producto de consumo más, abandonando su lugar histórico dentro de un grupo de derechos fundamentales cada vez más hueco. Si bien parece que este cambio responde a las lógicas naturales de la sociedad humana occidental, la realidad es otra: tanto esa apariencia de inevitabilidad como los procesos que han impulsado el traspaso de la educación a manos privadas tienen su origen en los baluartes del capitalismo, cuyos intereses son también los más beneficiados por dicha transformación estructural.
Aclarar esto supone, por un lado, exponer los pasos que se han ido recorriendo en pos de la mercantilización de la esfera educativa, y, por el otro, evidenciar que otro sistema es posible, uno que arranque las aulas y el conocimiento de las garras del capital.
La ola neoliberal azota Occidente
Si el neoliberalismo ha logrado invadir hasta el último rincón de nuestras vidas ha sido, en gran parte, por su capacidad para autojustificar tanto su existencia como su expansión obsesiva. Gracias a esta trampa, es tremendamente complejo para cualquier individuo ser capaz de percibir los cambios que sus élites van impulsando en su incansable tarea de colonización a todos los niveles. Así, problemas gravísimos como la eliminación del derecho a la vivienda, la instalación de una precariedad laboral rayana en el esclavismo o, en este caso, la venta de la educación de las nuevas generaciones al mejor postor, pasan de crimen escandaloso contra la democracia a consecuencia ineludible –y, en muchos casos, deseable– derivada de una libertad de mercado a la que le han borrado el apellido. Como resultado, el 99% que sufre por no poder pagarse un techo, por la explotación en su empleo o por la frustración de no ser capaz de formarse como le gustaría, aplaude con fervor a ese 1% que ostenta las riendas del mercado; ese 1% que sí aprovecha una libertad que se parece demasiado a la tiranía.
Con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo se hace mucho más sencillo observar cómo las altas esferas del poder económico han ido colando sus artimañas, primero en el discurso hegemónico y, después, en forma de leyes que (des)regulan el ámbito educativo en España.
Ya en los años 90 se empezaron a construir las teorías que servirían como armazón ideológico para la transformación estructural que iba a convertir la educación en un bien de consumo en manos del capital privado. Como bien explica Daniel Sánchez Caballero en su reportaje en dos partes, ‘El negocio de la educación’, un potente lobby empresarial europeo redactó en 1989 un informe en el que apuntaba a la educación como una “inversión estratégica vital para el éxito futuro empresarial”.
Nueve años después, el entonces presidente de Coca-Cola, Glenn R. Jones, consolidó ese discurso con una afirmación tan categórica como terrorífica: “Los empresarios consideran que la enseñanza es un extenso mercado por conquistar”.
Relacionar directamente meras opiniones del mundo empresarial con una transformación tangible del ámbito educativo podría sonar a conspiranoia barata, por lo que se debe ir más allá en la exposición de pruebas argumentales. Quizá la más concluyente tiene que ver con la OCDE, organismo que actualmente cuenta con un peso enorme en la enseñanza a nivel europeo. En su ‘Cuaderno de política económica nº13’, fechado en 1996, Christian Morrison se atrevía a proponer, sin ambages, una estrategia para que los gobiernos estatales pudiesen reducir la calidad educativa con la sutileza necesaria para evitar revueltas ciudadanas: “Se pueden reducir los créditos para el funcionamiento de escuelas y universidades, pero sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza, y la escuela puede, progresiva y puntualmente, obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad”.
El broche de oro a toda esta demencia lo coloca, en 2001, la Dirección General para la Educación de la Comisión Europea. En uno de sus documentos establece como objetivo principal “convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero”. Las implicaciones de esta frase son un absoluto descaro, pues establecen una combinación férrea entre los dogmas neoliberales –economía por encima de todo, competitividad y obsesión por el crecimiento– y la educación, poniendo esta a los pies de los caballos del mercado.
FAES: libertad de mercado y desigualdad
Con una línea de acción tan clara, los Estados solo tenían que elegir una estrategia discursiva con la que inocular el virus de la privatización en un ámbito tan vital como la educación. Sin este paso previo sería imposible llevar a cabo los movimientos legislativos necesarios para poner en marcha la maquinaria; o, al menos, lograrlo sin recibir a cambio una contestación social difícil de prever.
Son diversos los métodos escogidos por las administraciones centrales de cada país, y existen estudios dedicados a desgranarlos con profundidad, pero el propósito de estas líneas no es ese. En el Estado español, un organismo brilló con luz propia durante esos últimos años del siglo XX y primeros del XXI en la creación de una predisposición en el sentir popular hacia la flexibilización de la educación: FAES.
Entre todas las cosas que podrían decirse sobre la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, hay una que evidencia por encima del resto la naturaleza reaccionaria de este think tank: su presidente es José María Aznar. De la mano de uno de los políticos más nefastos en la historia de nuestro país, con tendencias claramente ultraderechistas, dicho sea de paso, esta organización “que trabaja en el ámbito de las ideas” se dedicó en cuerpo y alma a torpedear el carácter público y universal de la educación en España.
Aprovechando el impulso privatizador que llegaba desde Europa, acrecentado exponencialmente por las políticas austericidas tras la crisis de 2007, FAES alcanzó un éxito rotundo con la presentación, en 2013, de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Decir que las ideas de la fundación de Aznar influyeron en dicha reforma es quedarse muy, pero que muy corto, puesto que esta es prácticamente una copia idéntica de los preceptos neoliberales que defendían con fervor los acólitos del expresidente. Si en 2010 FAES hablaba de la necesidad de “reforzar la autonomía en la gestión y la competencia entre centros educativos, de forma que puedan ofrecer currículos y proyectos educativos diversos”, el preámbulo de la LOMCE reza: “Los principios sobre los que pivota la reforma son, fundamentalmente, el aumento de la autonomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias”.
Autonomía en la gestión, competencia entre centros y flexibilización de los proyectos educativos son las tres peticiones que hacía FAES, todas ellas reflejadas con una exactitud impoluta entre los principios fundamentales de la LOMCE. Se trata de estrategias denominadas como endoprivatización, concepto que remite a un carácter privatizador no explícito, pero igual de efectivo. Quizá más.
Las ventajas de estos factores endógenos frente a otros mucho más evidentes, como podría ser la venta de una red de colegios a una empresa privada, tienen que ver con aquella advertencia lanzada desde la OCDE acerca del peligro de revueltas sociales por la corrupción de la calidad educativa. De esta forma, el veneno se coloca con sigilo dentro del sistema de enseñanza pública para que su letal expansión parezca algo independiente, una enfermedad desarrollada sin un origen claro.
La perversión del concepto de libertad opera como una de las principales herramientas a la hora de justificar toda esa serie de modificaciones del panorama educativo que van acercándolo hacia el precipicio
Como ya se ha mencionado, la perversión del concepto de libertad opera como una de las principales herramientas a la hora de justificar toda esa serie de modificaciones del panorama educativo que van acercándolo hacia el precipicio. Este no es un comportamiento específico, sino que se da en cualquier ámbito como síntoma inequívoco de estar cayendo en las garras del neoliberalismo más crudo. En España, Francisco López Rúperez es el máximo exponente de dicha estrategia dentro del sector de la educación. Presidente del Consejo Escolar del Estado entre 2012 y 2016, desarrolló durante las dos décadas previas a la LOMCE una tesis, adoptada con fervor por FAES, de la que habla Geo Saura en Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOMCE. El catedrático –que también pasó por la OCDE– establece una dicotomía excluyente entre libertad e igualdad, y asegura que las políticas que buscan la igualdad terminan sacrificando la libertad.
No hay que contar con nociones avanzadas en filosofía para ser consciente de que, al menos en el terreno de la enseñanza, sin igualdad de oportunidades no puede haber libertad. Sin embargo, la libertad que instrumentaliza y con la que se llena la boca el neoliberalismo es, en realidad, libertad de mercado. Libertad para que, quien puede permitírselo, sea capaz de comprar todo lo que quiera, sin límites: libremente. En este caso, el objetivo es que los hijos e hijas de familias privilegiadas tengan acceso a una educación restringida exclusivamente para quien ostente el poder adquisitivo suficiente. Una libertad que sí choca de forma frontal contra la igualdad como garante de la universalidad en la educación.
La combinación entre “reforzar la autonomía en la gestión y la competencia entre centros educativos” –es decir, desregular y someter la enseñanza a oferta y demanda pura– y “ofrecer proyectos diversos que se adapten a las demandas de los padres” deriva, irremediablemente, en que la calidad educativa se termina pagando. Como explica J. Torres en Educación en tiempos de neoliberalismo, “si los colegios se ven obligados a competir (…), entra dentro de esa lógica el tratar de eliminar de su comunidad educativa a aquellas personas que pueden rebajar los resultados en las pruebas de evaluación externa”. Pruebas que recomienda y realiza, en el caso del famoso Informe PISA, la OCDE. Se va cerrando el círculo.
Desnutrir el intelecto para mantener el orden
Una mayoría apabullante de las élites económico-políticas del Estado español han alcanzado un lugar tan privilegiado gracias a un sistema de organización social en el que factores aleatorios como el género o el apellido tienen un peso mucho mayor que los esfuerzos o las aptitudes. De esta forma, se lo deben todo a este régimen en el que la diferencia entre clases es casi feudal, con unos estamentos sólidamente marcados y difíciles de atravesar. Cuando alguien asegura que la escuela concertada o privada es sinónimo de calidad, está reproduciendo un discurso en el que la enseñanza de las clases altas se pone por encima de la educación de la gran mayoría. Y así lo demuestran los datos.
El propio Informe PISA dedicado al año 2018 es uno de los mejores ejemplos. Gracias al ISEC (Índice Social, Económico y Cultural), un factor corrector que tiene en cuenta la situación familiar de cada alumno o alumna, quedó patente que en España existe una segregación de clase que afecta directamente a la educación de las nuevas generaciones. Si bien los centros privados obtuvieron una ventaja de 27,62 puntos en las pruebas de matemáticas, esa diferencia torna en 2,5 puntos de desventaja en favor de los centros públicos cuando se aplica el ISEC. Es decir: la supuesta calidad de la enseñanza privada es, en realidad, fruto de la discriminación que deja fuera de estos centros al alumnado procedente de familias trabajadoras. Teniendo en cuenta que 40 puntos equivalen a un curso escolar completo, estamos hablando de un retraso de más de dos trimestres. En cifras concretas, esta situación se traduce en una proporción de alumnos y alumnas repetidores en la enseñanza pública que supera, por más del doble, a la de la privada: 37,7% frente a 17,1%, según un informe de la Fundación BBVA.
La supuesta calidad de la enseñanza privada es, en realidad, fruto de la discriminación que deja fuera de estos centros al alumnado procedente de familias trabajadoras
Con el paso del tiempo, la segregación escolar se traduce en que solo un 10,6% del alumnado universitario tiene un origen de clase baja, frente al escandaloso 54,7% que procede de familias acomodadas de clase alta, según un estudio de la Xarxa Vives d’Universitats.
Una vez se ha demostrado que de ninguna manera existe una diferencia en términos de calidad intelectual entre la escuela pública y la privada –una barbaridad digna de los períodos más oscuros de la historia de la humanidad–, merece la pena detenerse para entender qué ocurre entonces en las escuelas que ofrece el Estado de forma gratuita.
El informe Desigualdad 1-0 Igualdad de oportunidades, de Oxfam Intermón, habla de las diferentes “mochilas” con las que carga cada alumno o alumna a la hora de empezar su periplo educativo: “Algunas están llenas de piedras, inútiles para el logro educativo y muy pesadas, mientras que otras están repletas de recursos con los que labrarse un futuro prometedor”. En este último grupo se engloban factores como la educación de los progenitores, la capacidad de invertir recursos en clases particulares o sus expectativas educativas, entre otras cosas; mientras que las “piedras” aluden a la ausencia de padres y madres en casa por largos turnos de trabajo, la necesidad de cuidar a otros miembros de la familia, la falta de un lugar en el que estudiar cómodamente y un larguísimo –demasiado– etcétera. De esta forma, el informe concluye que, en España, “uno de cada dos hijos e hijas de padres y madres sin educación secundaria postobligatoria repetirán el nivel educativo de sus progenitores. Es una transmisión intergeneracional 10 puntos superior a la de Alemania y 23 puntos superior a la de Francia. En el otro extremo, 7 de cada 10 padres y madres universitarios tendrán hijos e hijas universitarios”. No hay lugar a dudas ni interpretaciones: el denominado ascensor social ha estallado en mil pedazos.
La lectura económica de este fenómeno es lo primero que viene a la cabeza, dada la claridad con la que se atisban las consecuencias materiales de ella. Además, vivimos una época de enorme sobrecualificación en la que, instigado por las reformas neoliberales de Wert, la titulación universitaria ha perdido toda su función en términos de validación intelectual y conversión de la misma en una recompensa salarial. Ya no solo se purga al alumnado pobre durante toda la educación obligatoria, sino que ahora también se invalida a quienes han logrado escalar hasta un grado universitario, pues lo realmente importante es tener un máster. Y cuanto más caro, mejor.
No obstante, existe otro enfoque, otra implicación ineludible cuyas consecuencias dan incluso más miedo que el hecho de estar condenado al nivel material de vida de la familia en la que se nace. Se trata de la desnutrición intelectual. Si el único escenario beneficioso para el sistema capitalista, una vez se ha destapado su naturaleza sanguinaria, es uno en el que no existe ninguna otra opción imaginable ni deseable de organización de la vida, la neutralización del pensamiento crítico torna en condición sine qua non para su éxito. Así lo sentía Milton Friedman, mítico paladín del neoliberalismo, cuando tildó de “oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo” el desastre del Katrina. Una reforma que, según cuenta Naomi Klein en La doctrina del shock, debía ser “permanente”.
La primacía de los resultados cuantitativos y la omnipresencia de la competitividad que FAES repitió como un mantra, hasta que se convirtieron en ley, no afectan solo a la gestión de los centros, sino que han permeado hasta lo más profundo de las aulas. Allí, se han unido a otros preceptos, como la sustitución del raciocinio por la memoria o el no cuestionamiento de la versión oficial, dando lugar a un ambiente en el que niños y niñas reciben una información que, sin procesar, alojan en un lugar no muy profundo, bien accesible para poder ser expulsada en el momento del examen sin que deje apenas mácula en su intelecto. El objetivo será, siempre, buscar la nota más alta; así que quien la obtenga con mayor asiduidad tendrá muchas papeletas de convertirse en el objetivo de la frustración del resto. El cerebrito, la friki.
Al final, la estampa llama la atención por el alto componente de individualismo que rebosa, opuesto a la naturaleza comunitaria del alumnado en cuanto que seres humanos. He aquí uno de los orígenes de la atomización, tan repetida como uno de los principales problemas de la sociedad actual desde campos como la sociología o la antropología. De pronto, el enemigo son los compañeros de clase de tu hijo, demasiado rebeldes como para atender correctamente en clase, o la niña que se sienta en la misma mesa que tu pequeña y nunca lleva las tareas hechas. Poco importa que uno de esos chavales viva con seis personas más en un piso de 50 metros cuadrados, o que esa niña tenga que cuidar de su hermana pequeña durante todo el día porque sus padres tienen turnos de 14 horas. Poco importa que, en realidad, compartas luchas, trabas y batallas cotidianas con esas familias a las que ahora culpas por lo que la precariedad ha hecho de ellas; por lo que la precariedad ha hecho de ti.
Si a todo ello se le suma el chaparrón de estímulos que dirigen toda la atención de los más jóvenes hacia la consecución de hitos materiales –principalmente monetarios–, y la personalización de la responsabilidad a la hora de lograr dichos éxitos, puesto que “si te esfuerzas, alcanzarás todos tus sueños”, el resultado es un cóctel de competición insana y sensación de fracaso continua que explica la epidemia de ansiedad y depresión que asola el Estado español. Una epidemia para la que no hay carrera por encontrar la cura.
Dicen “no te has esforzado suficiente” porque decir “el puesto que ansías lo está ocupando el hijo del dueño, que conoce al resto de homólogos porque son hijos de otros dueños y compartieron clase en la privada” supondría visibilizar las costuras de un sistema podrido.
Además, es necesario hacer mención al sesgo de género existente en el ámbito educativo en España. Por una parte, que todo el peso de las tareas reproductivas y de cuidados recaiga sobre la mitad femenina de la población hace que algunas jóvenes tengan que dejar sus estudios para encargarse de las labores del hogar, algo que afecta con preeminencia a aquellas que proceden de familias humildes. Por otro lado, y según expresa el informe de Oxfam Intermón, “son las mujeres las que más ascendieron socialmente gracias a la universidad, las que más títulos universitarios tienen y las que, dadas las desigualdades de género en el mercado laboral, sufren más la sobrecualificación” sobre la que se ha hablado previamente.
La historia sigue, y seguirá
Una vez han quedado expuestas las decisiones que nos han traído hasta el lugar en el que estamos, es momento de demostrar que el proceso aún no ha llegado a su cénit. Y es que esta historia de colonialismo cerebral tiene sus reflejos en la actualidad, máxime con el ascenso del neofascismo y la radicalización ultra de la derecha española.
Tras este repaso a las últimas décadas de privatización se entiende mejor qué pretende Isabel Díaz Ayuso cuando nombra director general de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid a José Ignacio Martín Blasco, un hombre cuya trayectoria laboral se ha desarrollado única y exclusivamente en centros privados y concertados, manteniendo siempre un vínculo estrecho con el Opus Dei.
También se puede hacer una relación mental sencilla entre la propuesta del veto parental de Vox y la obsesión de FAES, heredada del friedmanismo más fundamentalista, con que las familias cuenten con una libertad total a la hora de elegir la educación de sus hijos e hijas. De hecho, se trata de un intento más que evidente de profundizar en esa desnutrición intelectual de la que se habló unas líneas más arriba, con el agravante ideológico que entraña el enfoque desde el que la extrema derecha presentó su propuesta. Si la introducción de mecanismos puramente empresariales en las escuelas ha generado un problema de atomización social, secuestrar ciertos sectores del aprendizaje con criterios ideológicos derivaría en un incremento de la intolerancia y el odio a la diferencia. De hecho, en julio de 2019, elDiario publicó un reportaje en el que el periodista David Noriega recogía las experiencias de alumnos y alumnas de entre 16 y 20 años que habían asistido a uno de los talleres LGTBI que el partido ultra pretendía censurar. El adjetivo “necesario” fue el más repetido en dicho encuentro, referido de forma bidireccional a víctimas y verdugos de la intolerancia. Necesario para animar a los primeros a dar el paso, a dejar de esconderse, y necesario para abrir los ojos del segundo grupo, cambiando el odio y el miedo por comprensión.
Pero lo más desesperanzador es la actitud de la bancada supuestamente progresista. Su llegada al gobierno, con una coalición que se ha denominado de forma machacona como la más escorada a la izquierda de los últimos 80 años, colocó en el horizonte la promesa de derribar los colosales muros con los que el capitalismo ha ido aislando la educación en pos de su adoctrinamiento consumista, del “muera la inteligencia”. Tras el forzoso paréntesis abierto por la pandemia de coronavirus, la presentación de la Ley Celaá ha provocado la indignación de las trincheras diestras, que ya han perdido el poco pudor que les quedaba y se atreven, incluso, a acusar al Ejecutivo de intentar poner en marcha medidas que no solo tienen poco que ver con la reforma propuesta, sino que forman parte de su propio programa electoral. Tamaña exhibición de la miseria humana y política más ridícula podría parecer una respuesta desesperada ante lo que los sectores más conservadores sienten como un ataque a la línea de flotación de su proyecto antieducativo; es decir, el cumplimiento del programa electoral que llevó a PSOE y Unidas Podemos a la victoria en las urnas. Nada más lejos de la realidad: desde la concepción inicial de la ley, se forjó en su esencia el vasallaje a los criterios de la OCDE, organismo al que se alude explícitamente en más de una ocasión. “La escuela puede, progresiva y puntualmente, obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad”, ¿recordáis?
Resulta devastador comprobar cómo el éxito rotundo de la estrategia neoliberal ha alejado el debate de las estructuras que apuntalan la invasión del interés económico en las aulas. Quizá los encargados y las encargadas de ejercer el poder legislativo son víctimas del secuestro del razonamiento crítico. Quizá solo están cumpliendo, dóciles, su papel como secuaces de la tiranía que aparentan querer derrocar.