Crecen
la inflación verbal y los vetos entre líderes políticos
La
última sesión de control del Congreso no favorece la expectativa de lealtad
cooperadora después de las elecciones de abril y mayo.
Vuelve explícito, además, el término “depuración”, entre los predilectos de los recién llegados a la Junta de Andalucía y
parece que vaya a propagarse su uso en los revisionismos de
otros políticos nacionales. Nunca había cesado de existir en la práctica de
lo que silencian o exageran libros de texto, prensa y medios en general, o radio
y TV en particular; ni en los vetos a disidentes de diversa especie en unos u
otros ámbitos.
Los maestros que no
tuvimos
“Depurar” no es actividad
de dirección ideológica única. Cuando la sospecha de traición o divergencia
sobrevuelan las diferencias de enfoque de los problemas, sus ejecutores
–insospechados, a veces- son de variada coloración, y los depurados, también de
diverso signo, comparten haber sido o ser incómodos para quienes detentan el
poder o aspiran a tenerlo en exclusiva. La Historia universal no difiere de la
Mitología en cuanto a depuraciones e inquisiciones. En la de España, nos siguen
afectando las producidas desde 1814, de las que Larra o Blanco
White dejaron cumplido testimonio. Las guerras civiles y golpes de Estado
posteriores, culminados a finales de los años 30, han dejado tras sí infinidad de
represaliados, exiliados y muertos en nombre de supuestas verdades absolutas.
Sobresale, de todas ellas, la
sistemática contra funcionarios y en especial maestros, profesores e investigadores, llevada a cabo por el bando
ganador, como documentan las notificaciones de las Juntas depuradoras que el BOE fue dosificando sobre todo hasta
1945, en continuidad de las que habían aparecido en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España entre
julio y octubre de 1936.
Menos historiado, pero más eficiente para la causa franquista y
nacionalcatólica, fue, a continuación, el proceso de reposición de los puestos
estratégicos que los depurados habían tenido que abandonar. Al colocar en ellos
–particularmente en empleos docentes y de investigación- a militantes e
incondicionales, e incluso a excombatientes por el simple hecho de haberlo
sido, se alargaron los efectos de la depuración hasta más acá de la Transición.
La Junta de Ampliación de Estudios, de 1907 –que pasó a llamarse Consejo
Superior de Investigaciones Científicas el 24.11.1939-, fue reorientada para controlar, entre otras
cosas, los puestos docentes universitarios, la investigación y difusión del
conocimiento. Los castigos ejemplarizantes impuestos a los enseñantes, las formas de acceso al magisterio y profesorado de escuelas e institutos, el rígido
control del currículo y del
material escolar, las direcciones e inspección de centros y la introducción materias
ideologizadas en el corazón del sistema –que con el tiempo serían conocidas
como “las tres Marías”- hicieron de la red educativa publica -y de los espacios de ocio y cultura- una jurisdicción muy
vigilada por quienes desde el Ministerio de Educación y Falange trataron de
sostener las esencias del Movimiento, con el complemento de la que, en diversos
internados de índole benéfica, seminarios o conventos religiosos, y en la enseñanza
privada –católica en su inmensa mayoría-, administraron directamente los
obispos y sus entidades corporativas.
El resultado ha sido que, durante muchos años, el conservadurismo
sumiso y obediente de todo afán de saber, de ser y de estar, han sido la norma.
Sin contar que se sostuvieron altas dosis de analfabetismo en muchas cohortes poblacionales y muchos abusos de poder, el alumnado más inquieto de todas esas generaciones
tuvo que buscar maestros menos grises fuera de las aulas
o en el extranjero y multitud de energías se frustraron. De gran actualidad
es, asimismo, que en aspectos básicos como fracaso y abandono del sistema escolar o atención a
las urgencias de la pobreza infantil, sigamos todavía con indicadores problemáticos en Europa, pero tan contentos; como
si ninguna herencia censora pesara todavía sobre un sistema educativo que
quiere ser democrático. De serlo, si hubiera menos hipocresía, el debate
educativo ya no estaría polarizado en torno a una “libertad” entendida como
canon selecto, prefijado por y para unos pocos. Se habrían abandonado las viejas
pugnas del siglo XIX por miedo a perder privilegios, y el centro de atención de estos días, al
borde de una campaña electoral, no se habría focalizado en torno a si se
mantienen o no –parece que al final sí- las deducciones en el IRPF a las familias de la enseñanza
privada. Tampoco sucedería que, entre otras desatenciones al derecho universal
a la educación, los menores tutelados por las Comunidades fueran objeto de negocio de los gestores mientras las carencias de esos centros recuerdan
las denunciadas por Dickens.
La Paideia política actual
Para dar más verosimilitud a una situación inconclusa, ahí está el
modelo madrileño neoconservador. Por un lado, la expresidenta de la Comunidad, para
quien la Fiscalía pide más de tres años por mentira y abuso de poder ante una
instancia universitaria que dependía de
ella. Con otras actuaciones durante 15
años, de gestión similar –que documenta ampliamente J.L. Pazos en No nos callarán-, este atajo
arbitrario conforma una renovada tradición de la que es exponente la devoción
creciente de la Consejería madrileña por las redes privadas –universitarias
y escolares-,
contraria al atractivo de la pública. Una fe que publicita que es el mercado quien marca la deseable
calidad del sistema, sin especificar si ha
de cumplir con la inclusión o la igualdad de oportunidades.
Propaganda complementaria es la de que la educación ha de ser apolítica, aunque la realidad –presente ya en Grecia como Politeia pedagógica y Paideia política- sea testaruda por lo
contrario. La pedagogía envolvente de estos días ha dispuesto que Montauban y
Colliure, por un lado, y el Valle de los Caídos/San Lorenzo del Escorial por
otro, mostraran una combinación de reminiscencias didácticas. Después de 80
años, la visita del Presidente de España a dos cementerios del exilio republicano –en
reconocimiento a dos significados demócratas como Azaña o Machado- contrastó
con la dificultad de salvar obstáculos administrativos que plantea el exhumar
de un espacio público –construido por depurados- los huesos de Franco. Para que
el aprendizaje fuera más significativo, se ha podido ver cómo sus deudos,
eclesiásticos en parte, se turnan en el papel de agradecidos por el entusiasmo censor que derrochó:
hay subvenciones
e influencias en danza.
En parte por todo ello, en el actual panorama de meándricas situaciones e hiperbólicas palabras, cobran especial relevancia las peripecias jurídico-políticas
del procés, porque contarán para las tendencias de voto que, de aquí al 28 de abril y 26 de mayo, estén indecisas.
Pese a los cambios de los últimos años, la clave seguirá estando en la
autocensura inducida por años de purga legal y limitaciones educativas, a las
que ha sobrevenido el miedo, más pesado en quienes la crisis económica sigue
imponiendo recortes, pese a que el invocado bienestar social corre a cuenta de estos para que cuadren los
presupuestos generales o autonómicos. Por ello tiene interés la reacción
popular, en Nueva York, frente al
interés que había mostrado Amazon por crear un potente foco de negocio en el humilde
barrio de Queens: las características neoliberales del proyecto, y sus derivaciones
comunitarias, han suscitado una creciente rebelión vecinal.
El precio justo
Reacción similar sugiere un documental sobre los estragos causados
a más de 8.000 familias por el abuso neocolonial del cultivo de la chufa en
Mali y Burkina Faso. La estafa de unos empresarios españoles, que aparece
en TIGERNUT: la patria de las mujeres íntegras, hace repensar cómo se nos llena la boca con derechos en el papel y,
entre otras cosas, qué pasa con casi todo lo que consumimos, cuando una parte
sensible de la chufa que se ha comercializado sin pagar “precio justo” a sus
productores llega al supermercado con trabajo esclavo, Es lástima que,
entretanto, Marie Kondo entretenga al personal con el orden en los armarios como preocupación
–rememorándonos las “normas de urbanidad”-, sin que tal preocupación se
extienda igualmente al ámbito de lo socialmente justo y sostenible de una
educación responsable e integral, de todos y para todos.
Manuel Menor Currás
Madrid, 28.02.2019.
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