Para poder cursar ambas
El Gobierno está estudiando modificar los horarios de la asignatura de Religión y de su asignatura espejo en la Ley Orgánica de Mejora para la Calidad Educativa (LOMCE), entre otras posibilidades, para que las materias no coincidan en el tiempo y puedan ser ambas cursadas por todos los alumnos, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo dirigida a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, recogida por Europa Press, respecto a si el Gobierno está dispuesto a seguir las informaciones dictadas en el informe del Consejo de Estado sobre la nueva reforma educativa.
En concreto, la formación magenta preguntaba al Ejecutivo por "la controversia" que genera la asignatura de Religión en la reforma educativa y que comenta el informe del Consejo de Estado.
"Llega a hablar de discriminación para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir la asignatura de Religión señalando que 'hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la Religión la materia de Valores Culturales y Sociales, o Valores éticos, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación'", señalaba UPyD, recogiendo las valoraciones del informe del Consejo de Estado en su pregunta al Ejecutivo.
En este contexto, el Gobierno insiste en que esta materia no tiene un "tratamiento sustancialmente diferente" en el proyecto de la LOMCE que en la Ley Orgánica de Educación socialista actualmente vigente.
"Que sea una materia evaluable no quiere decir que se incluya en las evaluaciones nacionales. Asimismo, conviene recordar que la Religión no es una materia troncal sino optativa, y se está induciendo a la opinión pública a una confusión considerable", apunta el Gobierno.
En este sentido, indica que el Consejo de Estado pone de relieve que en el anteproyecto de ley orgánica desaparecen las asignaturas relacionadas con la formación ético-cívica, sin que se pueda considerar la nueva asignatura 'Valores culturales y sociales' "suficiente" porque se estudiaría como alternativa a Religión.
Es más, dice que el proyecto de ley de la LOMCE considera "esencial" la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.
EDUCACIÓN CÍVICA EN TODAS LAS ASIGNATURAS
De hecho, apunta que esta ley orgánica aborda la necesidad de forma transversal al incorporar la educación cívica y constitucional "a todas las asignaturas" durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y su carácter orientador.
No obstante, reitera que se está valorando el procedimiento para acoger la observación del Consejo de Estado, si bien se considera que el entonces anteproyecto de ley es respetuoso con las recomendaciones citadas.
De hecho, apunta que esta ley orgánica aborda la necesidad de forma transversal al incorporar la educación cívica y constitucional "a todas las asignaturas" durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y su carácter orientador.
No obstante, reitera que se está valorando el procedimiento para acoger la observación del Consejo de Estado, si bien se considera que el entonces anteproyecto de ley es respetuoso con las recomendaciones citadas.
LENGUAS COOFICIALES
Por lo que respecta a las recomendaciones del Consejo de Estado en cuanto a las lenguas cooficiales, el Gobierno asegura que se mantendrá el núcleo esencial del tratamiento que ha sido expresamente dictaminado como favorable por el Consejo de Estado, "pero se están valorando diversas fórmulas para garantizar el derecho de todos los españoles a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado, en los términos en que el Tribunal Constitucional se ha manifestado".
Además, especifica que el Consejo de Estado coincide en que existe un derecho opcional y no "incondicionado" de conseguir ser escolarizado con el castellano como lengua vehicular porque en todos los sistemas en que existe una lengua cooficial propia y se aplica por parte de la Administración educativa una programación monolínea de bilingüismo integrado, "no existe este derecho de opción".
Por ello, defiende que se ha introducido, "de una forma extremadamente cuidadosa", un sistema de garantía en el que el anclaje competencial es la obligación que existe para el Estado de garantizar que ese derecho, reconocido en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que "tiene alguna efectividad".
"Todo ello con el objetivo de que no exista exclusión del castellano y, en segundo lugar, y no menos importante, que el hecho de que el catalán sea utilizado como lengua predominante, vehicular en la enseñanza no quiere decir que el castellano no lo sea también para aquellos alumnos cuyos padres así lo soliciten", subraya el Gobierno sobre esta cuestión.
Por lo que respecta a las recomendaciones del Consejo de Estado en cuanto a las lenguas cooficiales, el Gobierno asegura que se mantendrá el núcleo esencial del tratamiento que ha sido expresamente dictaminado como favorable por el Consejo de Estado, "pero se están valorando diversas fórmulas para garantizar el derecho de todos los españoles a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado, en los términos en que el Tribunal Constitucional se ha manifestado".
Además, especifica que el Consejo de Estado coincide en que existe un derecho opcional y no "incondicionado" de conseguir ser escolarizado con el castellano como lengua vehicular porque en todos los sistemas en que existe una lengua cooficial propia y se aplica por parte de la Administración educativa una programación monolínea de bilingüismo integrado, "no existe este derecho de opción".
Por ello, defiende que se ha introducido, "de una forma extremadamente cuidadosa", un sistema de garantía en el que el anclaje competencial es la obligación que existe para el Estado de garantizar que ese derecho, reconocido en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que "tiene alguna efectividad".
"Todo ello con el objetivo de que no exista exclusión del castellano y, en segundo lugar, y no menos importante, que el hecho de que el catalán sea utilizado como lengua predominante, vehicular en la enseñanza no quiere decir que el castellano no lo sea también para aquellos alumnos cuyos padres así lo soliciten", subraya el Gobierno sobre esta cuestión.
EDUCACIÓN DIFERENCIADA
Por último, el Gobierno hace referencia a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la educación diferenciada, en las que señala que es una opción reconocida en un conjunto de países desarrollados, y que ha sido objeto de análisis y valoración positiva en distintas instancias jurisprudenciales internacionales, incluido el Tribunal de Justicia Europeo.
Eso sí, indica que el Consejo de Estado considera que el entonces anteproyecto de la LOMCE debería contener alguna previsión que permita exigir una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación, y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, sin perjuicio del resto de los requisitos exigidos para los conciertos. Por ello, asegura que desde el Gobierno se está valorando la forma de incorporar al texto de la ley la observación realizada.
Por último, el Gobierno hace referencia a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la educación diferenciada, en las que señala que es una opción reconocida en un conjunto de países desarrollados, y que ha sido objeto de análisis y valoración positiva en distintas instancias jurisprudenciales internacionales, incluido el Tribunal de Justicia Europeo.
Eso sí, indica que el Consejo de Estado considera que el entonces anteproyecto de la LOMCE debería contener alguna previsión que permita exigir una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación, y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, sin perjuicio del resto de los requisitos exigidos para los conciertos. Por ello, asegura que desde el Gobierno se está valorando la forma de incorporar al texto de la ley la observación realizada.
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