Cuando se le pide diálogo a la Comunidad que menos gasta en Educación e impone mayor carga al profesorado, el ejecutivo madrileño responde con esquirolaje y represión.
Una vuelta a la normalidad, sin sentarse a negociar con el Comité de Huelga Mixto convocante de la huelga, es un acto ilegítimo que se pretende llevar a cabo vulnerando los derechos fundamentales y la ley de libertad sindical.
Sus ocurrencias, como el refuerzo y la reorganización del servicio no se pueden admitir durante la huelga. Lo saben y las declaraciones de Zarzalejo son un paripé de cara a sus votantes con el objetivo de enfrentar entre sí a la comunidad educativa. Ya le han respondido públicamente ADIMAD y CONFAPA, legitimando la huelga educativa e instándoles a negociar.
Negociar no es prohibir la camiseta verde, silenciar la movilización y no sentarse a negociar, eso es represión en estado puro.
No se puede consentir que, a sabiendas, la Administración pretenda dar cobertura legal a las arbitrariedades que se están cometiendo: prohibir las reuniones, como en San Sebastián de los Reyes, o en la Dat Sur, descolgar las pancartas, y los lazos verdes, como en la dat Este, impedir la libre circulación y cerrar el acceso como en Madrid capital…, entre otros ejemplos donde se vulnera el derecho de reunión, la libertad de expresión o la ley de libertad sindical.
De darse el caso, una norma ilegítima (inconstitucional) como anuncia el ejecutivo madrileño, aplicada en cada centro, dinamitaría la convivencia, llevaría aparejada a la obligación de denunciar caso por caso y pone a inspectores y directores en la picota.
El PP madrileño actúa antidemocráticamente cuando insulta al profesorado desde las instituciones (les llaman delincuentes), denigra a sus representantes (mafia sindical y basura) y tergiversa los hechos a sabiendas , invocando el derecho a la educación que el ejecutivo vulnera sistemáticamente y de manera selectiva. Las propias familias instan a la Administración a que se siente a negociar y respaldan al profesorado en su lucha legítima
Ni siquiera el paripé de negociación en la mesa sectorial les da credibilidad.
La gestión de lo público hace aguas y Zarzalejo no da abasto. A la presidenta ya no le sirven sus salidas de tono para tenernos entretenid@s y desviar el debate.
El verdadero problema se produce cuando el poder no escatima medios para convertir sus deseos en una pesadilla para la ciudadanía. Quiere convertir a los docentes en delincuentes, y que llevar una camiseta verde sea delito.
¿Por qué no se van? Declaraciones como las últimas de Zarzalejo sirven para empantanar y muestran claramente su cerrazón. Necesitamos responsables que cumplan con el mandato constitucional del derecho a la Educación de todo el conjunto social por una sociedad que aspira a ser mejor y más cohesionada. Están arrastrando las siglas del PP a su pozo de estupidez e incompetencia.
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