"Cómo evitar el cierre de las escuelas rurales gracias a los datos" (Tu derecho a saber)

Isabel L. no envía enlace a una entrada del blog TU DERECHO A SABER


¿PARA QUÉ SIRVE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN? (I) CÓMO EVITAR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

El derecho de acceso a la información pública no es sólo una cuestión de transparencia en abstracto, sino que consiste en encontrar una vía para la mejora del día a día gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la información de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones prácticas de este derecho a través de victorias concretas. ¿Cómo serían estos casos en España? Se hace difícil comparar sin una ley que obligue a las administraciones públicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.

¿Cuántas decisiones toman nuestros gobernantes cada día? ¿Cuántas de ellas están basadas en análisis razonados y fieles a la realidad? ¿Cuántas, en cambio, se fundamentan en meras suposiciones o corazonadas? En España es imposible saberlo. Si un concejal dicta una norma basándose en un análisis previo, ese informe sólo se hace público en contadísimas ocasiones.  Ni siquiera el redactado actual de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en trámite parlamentario, supone una mejora en este sentido, ya que no incluye entre los documentos susceptibles de ser analizados los informes y borradores previos a la toma de decisiones.

Bajo la Freedom Of Information Law los ciudadanos escoceses sí pueden reclamar esos informes y, lo que es mejor aún, deben recibir una respuesta -excepto en casos muy excepcionales-. Con el respaldo de la ley y gracias a su insistencia, un grupo de padres y profesores consiguió paralizar el cierre de 60 escuelas rurales. Este caso, tal y como lo narra quien fue comisionado para el acceso a la información de 2003 a 2012, Kevin Dunion, es una de las muchas pruebas concretas de la eficacia de la norma para conseguir mejoras en la comunidad.

En 2005, la Scottish Rural Schools Network (SRSN) arrancó una campaña contra la clausura de 60 escuelas rurales y pidió a las autoridades información sobre la población escolar de las zonas afectadas, la capacidad de los centros, la distancia que tendrían que recorrer los niños tras el cierre y el ahorro real que supondría para las administraciones públicas. Con los datos en la mano, la SRSN elaboró un informe alternativo en el que demostró que los cálculos oficiales eran erróneos y los cierres estaban injustificados. El gobierno escocés creó una comisión independiente para estudiar el asunto e impuso una moratoria en los cierres hasta conocer los resultados de la comisión.

Padres y profesores consiguieron frenar una decisión que les afectaba directamente pero, además, ayudaron a mejorar la transparencia de las administraciones públicas a largo plazo: a partir de entonces es obligatorio que cualquier plan de clausura de servicios públicos cuente con un estudio razonado y público que argumente la decisión, además de un proceso de consulta previo.

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