El ministro de Educación ha justificado los cambios en la necesidad de que el temario “esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”, pero lo que hace la reforma es suprimir unos contenidos que molestan por razones ideológicas al PP o a los sectores más integristas de la Iglesia católica, como las referencias a la homofobia o las desigualdades sociales y de género, para introducir otros, como la defensa de la iniciativa privada, que no son menos ideológicos y que también se prestan al adoctrinamiento.
Puede estar bien incorporar nuevos contenidos como el “deber de transparencia en la gestión pública”, pero no a costa de suprimir otros como la relación entre “riqueza y pobreza”. Con la excusa de evitar controversias, se eliminan o edulcoran contenidos que tienen que ver con las desigualdades o los conflictos sociales, pero se introducen otros como “el terrorismo”, “el fanatismo religioso” o “los nacionalismos excluyentes” igualmente controvertidos, de modo que lo que en realidad hace el PP es sustituir unas cuestiones controvertidas por otras más gratas a su ideología.
Pero la pretensión misma de justificar los cambios en aras a evitar “controversias”, aunque en realidad no sea eso lo que hace, supone toda una declaración de intenciones sobre cómo se concibe la asignatura. Pretender que cuestiones como la desigualdad o la homosexualidad deben salir del aula significa impedir la función educadora de la escuela. Educar es preparar para la vida y, aunque se ignore en el aula, en la vida hay pobreza y desigualdad, y los escolares tropezarán con ella y algún día se relacionarán con personas homosexuales, o lo serán ellos mismos. Abordar estas cuestiones “controvertidas” les ayudará a hacerse un criterio, a madurar y a respetar la diferencia. A ser, si quieren, ciudadanos comprometidos. Aceptar la controversia es educar para ejercer una ciudadanía crítica. Evitarla es educar para el asentimiento.
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