SPANISHREVOLUTION.ORG difunde esta información
La escuela pública acaba de sufrir un duro revés en lo que era un apoyo incondicional a su figura. Los 2.000 millones de euros que España invertirá en educación para paliar los efectos del confinamiento y crisis del covid-19 no solo se destinarán a la escuela pública, también irán a la concertada.
El PSOE, Unidas Podemos y ERC han dado este martes un volantazo respecto a la escuela concertada con una enmienda para eliminar la exclusión que inicialmente habían planteado respecto a este tipo de enseñanza, de forma que también pueda acceder a los fondos extra que van a aprobarse para adaptar los centros educativos a la epidemia del coronavirus.
Si este dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica decía en su punto 18.1 que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa», excluyendo por tanto la educación concertada, en la enmienda transaccional se retira la mención a la educación pública de gestión directa. El documento queda así: «La inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad».
La enmienda fue votada electrónicamente el martes y finalizará el miércoles. El resultado de este martes por la noche es incierto: 168 representantes de los tres partidos (de un total de 350 representantes en la Cámara) necesitan el apoyo o la abstención de otras formaciones, lo que no está garantizado.
La escuela concertada y los obispos, “preocupados” por la nueva ley de educación y por el reparto de fondos contra el efecto de la pandemia en las aulas, habían reclamado igualdad de trato respecto a la red pública. PP, Ciudadanos y el PNV también presionaron en contra. La enmienda pactada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC pone el acento en que los fondos adicionales que el Gobierno entregará a las comunidades autónomas deben destinarse a los centros que matriculen a alumnos con más necesidades.
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
jueves, 23 de julio de 2020
miércoles, 22 de julio de 2020
CCOO recurre las medidas de protección e higiene y las instrucciones de inicio de curso 2020 2021
La FREM CC.OO, publica esta información
El sindicato considera que estas resoluciones son claramente ilegales, además de suponer una dejación de funciones y un abandono a su suerte, en un momento de grave crisis sanitaria sin precedentes, a toda la comunidad educativa con lo que se pone en grave riesgo tanto la salud y la seguridad de profesorado y alumnado como la salud pública del conjunto de la ciudadanía madrileña.
CCOO anuncia la presentación de Recurso Contencioso-Administrativo frente a la Resolución conjunta de las Viceconsejerías por las que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, de fecha 9 de julio de 2020, por ser claramente ilegales, así como contra la Instrucciones de Inicio del Curso 2020/2021 para los centros públicos.
En primer lugar, esta Consejería nos ha acostumbrado a dictar normas mediante instrucciones y órdenes de servicio. Sin embargo, estas instrucciones no se limitan a concretar cómo aplicar una disposición general ya existente, sino que innovan el ordenamiento jurídico. Es decir, son normas de alcance general en sí aunque ninguna ha seguido los trámites preceptivos para su elaboración, tramitación y aprobación. Así, ambas instrucciones no se han publicado en el BOCM, no observan el principio de transparencia ni el de la obligada participación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al suponer una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado de los centros públicos. En definitiva, esta forma de regular el principio jurídico de curso contraviene el ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, las Viceconsejerías no tienen potestad para dictar disposiciones generales. Aunque traten de revestir estas instrucciones de apariencia de órdenes de servicio, entre otras cuestiones, tienen trascendencia no sólo para los empleados y empleadas públicas, sino para todos los trabadoras y trabajadores de los centros privados (el caso de la Resolución sobre prevención e higiene), para el alumnado, e incluso para las familias.
Además, se arrogan la competencia de decidir el alcance o categorización de la situación sanitaria, incluso de determinar el “confinamiento”. Sin embargo, encontramos que, por contraste con estos excesos, no se establecen medidas concretas ni eficaces para la protección de la salud, incurriendo en una alarmante dejación de funciones que pone en riesgo la salud del alumnado y del profesorado así como la salud publica en su conjunto.
Enormemente llamativo, en concreto, es el establecimiento de los “grupos estables de convivencia” en Educación Infantil, Primaria y Especial, que no son otra cosa que los grupos completos con las ratios al máximo (25 alumnos/as más la Maestra/o) en los que se puede “socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de un metro y medio, ya que conforman grupos de convivencia estable (…), asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes”. Tal analogía es un absoluto disparate, puesto que, según este silogismo, cualquier grupo que coincida en un espacio cerrado durante un tiempo es un grupo familiar o de convivientes a estos efectos sanitarios, lo que conduciría a la supresión total tanto de la distancia interpersonal como de las mascarillas; llevaría, en suma, a la práctica abolición de las medidas sanitarias de prevención.
El artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece la responsabilidad de la Consejería de Educación, en tanto que titular de los centros públicos de la Comunidad de Madrid, del cumplimiento de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros. Sin embargo, lo único que hace esta consejería, y de forma subrepticia, es transferir a las direcciones de los centros tal responsabilidad sin instrucción concreta ni medio alguno, previendo un escenario como si realmente no sucediera nada extraordinario, e incluso prohibiendo, de facto, la adaptación de los centros mediante obra o reforma alguna.
Incurriendo en otro auténtico disparate, también las Viceconsejeras se arrogan la competencia de otorgar responsabilidades sanitarias a los equipos directivos en ausencia de personal sanitario en los centros olvidando que existe una Ley Orgánica en vigor (LOE-LOMCE) que determina de forma taxativa las funciones de la dirección de los centros educativos.
Por su parte y como consecuencia, las Instrucciones de Inicio de Curso para los centros públicos tienen el mismo contenido que en años precedentes y no contemplan ni permiten rebaja de ratio alguna ni medidas de flexibilización organizativas ni organización del trabajo diferentes a las ya conocidas y establecidas de forma recurrente mediante lo que es una orden de servicio que no tiene el rango necesario ni sigue el procedimiento debido para ordenar las condiciones de trabajo. Por estos motivos, CC OO va a recurrir estas instrucciones al igual que las de Instrucciones de Inicio de Curso de Conservatorios de Música, de Danza y Centros integrados dictadas por el Director General de Secundaria, FP y Régimen Especial que carece de rango para dictar este tipo de reglamentos.
Por ello, ante tamaña irresponsabilidad y temeridad, CCOO anuncia la impugnación de estas Resoluciones frente a los tribunales, así como las denuncias a que haya lugar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si no se observan las normas sobre prevención de riesgos laborales al inicio de las clases, como, lamentablemente y de forma más que previsible, va a suceder. Sin descartar, tampoco, la vía penal.
El sindicato considera que estas resoluciones son claramente ilegales, además de suponer una dejación de funciones y un abandono a su suerte, en un momento de grave crisis sanitaria sin precedentes, a toda la comunidad educativa con lo que se pone en grave riesgo tanto la salud y la seguridad de profesorado y alumnado como la salud pública del conjunto de la ciudadanía madrileña.
CCOO anuncia la presentación de Recurso Contencioso-Administrativo frente a la Resolución conjunta de las Viceconsejerías por las que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, de fecha 9 de julio de 2020, por ser claramente ilegales, así como contra la Instrucciones de Inicio del Curso 2020/2021 para los centros públicos.
En primer lugar, esta Consejería nos ha acostumbrado a dictar normas mediante instrucciones y órdenes de servicio. Sin embargo, estas instrucciones no se limitan a concretar cómo aplicar una disposición general ya existente, sino que innovan el ordenamiento jurídico. Es decir, son normas de alcance general en sí aunque ninguna ha seguido los trámites preceptivos para su elaboración, tramitación y aprobación. Así, ambas instrucciones no se han publicado en el BOCM, no observan el principio de transparencia ni el de la obligada participación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al suponer una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado de los centros públicos. En definitiva, esta forma de regular el principio jurídico de curso contraviene el ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, las Viceconsejerías no tienen potestad para dictar disposiciones generales. Aunque traten de revestir estas instrucciones de apariencia de órdenes de servicio, entre otras cuestiones, tienen trascendencia no sólo para los empleados y empleadas públicas, sino para todos los trabadoras y trabajadores de los centros privados (el caso de la Resolución sobre prevención e higiene), para el alumnado, e incluso para las familias.
Además, se arrogan la competencia de decidir el alcance o categorización de la situación sanitaria, incluso de determinar el “confinamiento”. Sin embargo, encontramos que, por contraste con estos excesos, no se establecen medidas concretas ni eficaces para la protección de la salud, incurriendo en una alarmante dejación de funciones que pone en riesgo la salud del alumnado y del profesorado así como la salud publica en su conjunto.
Enormemente llamativo, en concreto, es el establecimiento de los “grupos estables de convivencia” en Educación Infantil, Primaria y Especial, que no son otra cosa que los grupos completos con las ratios al máximo (25 alumnos/as más la Maestra/o) en los que se puede “socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de un metro y medio, ya que conforman grupos de convivencia estable (…), asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes”. Tal analogía es un absoluto disparate, puesto que, según este silogismo, cualquier grupo que coincida en un espacio cerrado durante un tiempo es un grupo familiar o de convivientes a estos efectos sanitarios, lo que conduciría a la supresión total tanto de la distancia interpersonal como de las mascarillas; llevaría, en suma, a la práctica abolición de las medidas sanitarias de prevención.
El artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece la responsabilidad de la Consejería de Educación, en tanto que titular de los centros públicos de la Comunidad de Madrid, del cumplimiento de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros. Sin embargo, lo único que hace esta consejería, y de forma subrepticia, es transferir a las direcciones de los centros tal responsabilidad sin instrucción concreta ni medio alguno, previendo un escenario como si realmente no sucediera nada extraordinario, e incluso prohibiendo, de facto, la adaptación de los centros mediante obra o reforma alguna.
Incurriendo en otro auténtico disparate, también las Viceconsejeras se arrogan la competencia de otorgar responsabilidades sanitarias a los equipos directivos en ausencia de personal sanitario en los centros olvidando que existe una Ley Orgánica en vigor (LOE-LOMCE) que determina de forma taxativa las funciones de la dirección de los centros educativos.
Por su parte y como consecuencia, las Instrucciones de Inicio de Curso para los centros públicos tienen el mismo contenido que en años precedentes y no contemplan ni permiten rebaja de ratio alguna ni medidas de flexibilización organizativas ni organización del trabajo diferentes a las ya conocidas y establecidas de forma recurrente mediante lo que es una orden de servicio que no tiene el rango necesario ni sigue el procedimiento debido para ordenar las condiciones de trabajo. Por estos motivos, CC OO va a recurrir estas instrucciones al igual que las de Instrucciones de Inicio de Curso de Conservatorios de Música, de Danza y Centros integrados dictadas por el Director General de Secundaria, FP y Régimen Especial que carece de rango para dictar este tipo de reglamentos.
Por ello, ante tamaña irresponsabilidad y temeridad, CCOO anuncia la impugnación de estas Resoluciones frente a los tribunales, así como las denuncias a que haya lugar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si no se observan las normas sobre prevención de riesgos laborales al inicio de las clases, como, lamentablemente y de forma más que previsible, va a suceder. Sin descartar, tampoco, la vía penal.
Entradas relacionadas:
¿Desaparece el Latín del sistema educativo español? (Manuel Menor)
Publicamos este artículo del compañero Manuel Menor
Su
posible final podría significar el término de una época; si llega a acontecer
será muy dispar su valoración.
Con motivo del inicio del debate en el Congreso de la nueva Ley
Orgánica de Educación –la LOMLOE-, vuelven a entonarse premonitorios Requiem por la presencia del Latín y del
Griego como asignaturas con carácter troncal en el sistema escolar. De ser
cierto lo que se sospecha puede suceder, con él desaparecería la leve
diferencia que existía en estos años últimos entre los itinerarios de Humanidades
y Ciencias Sociales, por la presencia que en el primero tenía en Bachillerato la
lengua del Imperio Romano. Se entonan ya, asimismo -igual que sucediera en
otras reformas educativas-, cantos defensivos de la Cultura Clásica, que entraría
en fase terminal.
Elitismo clásico
No faltan, incluso, voces reivindicativas indicando que en algunos
países de nuestro entorno, como Francia e Italia, se camina en sentido
contrario, potenciando más lo que había. Olvidados del Rosa –rosae, quienes hayan estudiado latín por alguno de los planes
de estudios ya finiquitados hace muchos años, con estas noticias habrán tenido múltiples
reacciones y no necesariamente coincidentes. Es verdad que, desde la Ley Moyano,
en 1857, su presencia en el sistema
escolar español ha sido continua, pero no constante: no ha sido del mismo modo ni
con el mismo carácter; no ha sido
universal la obligatoriedad del sistema escolar –ni hasta la misma edad-, ni el
acceso al Bachillerato ha sido tan amplio como es desde los años noventa.
Cuanto más atrás miremos, más limitado fue el alcance del sistema
y, por tanto, mayor la diferente presencia del Latín. Por algo de la Ley de
20.09.1938, de Sainz Rodríguez, se dice que tuvo un carácter estrictamente
elitista; no porque los estudiantes proviniesen del Gotha social para hacer
estudios superiores, sino porque la complejidad del estudio de los idiomas clásicos
en un plan que hacía obligatorio su estudio cíclico durante todo el
Bachillerato –al adentrarse en la sintaxis, sobre todo- era habitualmente
difícil para la mayoría. Tan elitista era,
que –en plena hambruna de la postguerra- no habiendo suficientes
profesores, se constituyeron apresuradamente las especialidades: el Centro de Estudios Clásicos en la Universidad de
Barcelona y una Escuela de Filología Clásica en la de Salamanca (BOE del 5 y
16.02.1939), con el propósito expreso de nutrir de
docentes las aulas de Bachillerato y que la lectura de
los autores clásicos fuera provechosa para la prefijada formación del alumnado.
Las “clases directoras”
La reforma de Sainz Rodríguez estableció una nueva “Enseñanza
Media”, como se empezó a llamar esta etapa educativa en 1938, y no de Segunda
Enseñanza; simbolizaba, en su propio cambio de nombre, el destino a que se
orientaba ahora el Bachillerato: ser “instrumento
más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de la sociedad y en
la formación intelectual y moral de sus futuras clases directoras”. Era toda una declaración de intenciones sobre
cómo querían enfocar desde el Estado Nuevo el sistema educativo, teniendo en
cuenta que era el primer nivel que cambiaban –antes incluso que Primaria-,
determinados a que el Bachillerato universitario fuera la “norma y módulo de
toda la reforma” global que harían a todo el sistema educativo de la brevísima
etapa republicana, porque -según el
Preámbulo de dicha ley- lo consideraban muy
relevante.
La clave en que cifraba la elevación educativa de las
“clases directoras” –o clase media, que diríamos hoy- era un bachillerato de
“cultura clásica y humanística”, con un
contenido eminentemente católico y patriótico. Lo primero, por el
crédito que, según los redactores de la norma, le da al “poder formativo
inigualado del estudio metódico de las lenguas clásicas; el desarrollo
lógico y conceptual extraordinario que
producen su análisis y comprensión en las inteligencias juveniles, dotándolas
de una potencialidad fecundísima para todos los órdenes del saber”[1]; lo segundo, porque, según decían, “el
Catolicismo es la médula de la Historia de España”, lo que hace imprescindible
“una sólida instrucción religiosa que comprenda desde el Catecismo, el
Evangelio y la Moral, hasta la Liturgia, la Historia de la Iglesia y una adecuada Apologética, completándose
esta formación espiritual con nociones de Filosofía e Historia de la
Filosofía”.
La Base IV de esta ley establecía las asignaturas fundamentales.
De las siete, “Religión y Filosofía” conformaba un núcleo que, junto a
“Cosmología” y “Geografía e Historia” –y en parte también la “Lengua y Literatura”-,
propiciaba el pleno adoctrinamiento. En lo que atañe específicamente a “Lenguas
Clásicas”, decía: “Un ciclo sistemático de Lengua Latina durante los siete
cursos, acompañados en los tres últimos del estudio de su literatura. Y cuatro
años de lengua Griega, con el estudio de sus clásicos en los dos últimos años”;
solo Matemáticas permitía cierta asepsia o neutralidad no dirigista.
Para no equivocarse de perspectiva, entiéndase que esta reforma de
Sainz Rodríguez vino acompañada de la depuración de profesorado y del
desmantelamiento de los centros públicos. Redujeron los 132 institutos
nacionales que había en julio de 1936, a 30; los 68 elementales pasaron a ser
47; y los 7 institutos-escuela se suprimieron como tales: a muchos hasta les
cambiaron el nombre y les pusieron el que todavía llevan. Suprimieron la
coeducación e impusieron una serie de determinaciones simbólicas que empezaron
a campear en las aulas, todo lo cual vino acompañado de la preeminencia de los colegios –en su mayoría religiosos- en
la etapa de Enseñanza Media, dificultando a las
familias modestas que promovieran la educación de sus hijos; mientras en 1931
los bachilleres de la enseñanza privada ascendían al 28,9%, en 1943 serán el 70,7%; hasta 1959, apenas se crearon 10
nuevos institutos, mientras se sextuplicó el número de centros privados
respecto a los que había en 1939.
Desde 1953
Todo esto recuerda la presencia masiva que tuvo el Latín en el
sistema educativo general, sin contar la preeminencia selectiva que ejerció en
las carreras eclesiásticas, de seminarios y conventos. Para el año 1953, cuando
Ruiz Giménez modificó la ley de 1938, la presencia del Latín en el Bachillerato
cambió y, de entonces acá, ha cedido
terreno en competencia con otras materias. Es discutible si es este el momento
oportuno para que, cuando ya es mortecina su presencia, acontezca lo que muchas
voces temen que puede suceder. No está mal recordar, de todos modos, el que fue
momento crucial de su presencia en el sistema educativo español, a fin de
centrar mejor los argumentos cuando, por otra parte, tantos cambios urgentes
necesita el currículo existente si se quiere una enseñanza consistente y que
merezca la pena. ¡Ave Caesar…!
Manuel Menor Currás
Madrid, 20.07.2020
martes, 21 de julio de 2020
CCOO denuncia recorte de profesorado en los centros públicos para el próximo curso
Reproducimos esta noticia de la FREM CC.OO.
El afán del gobierno de la Comunidad de Madrid de recortar la Escuela Pública no tiene límites, ni siquiera en una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Es absolutamente inaceptable lejos de incrementar los recursos para un inicio de curso seguro, incluso recorte los existentes. CCOO, que alarma sobre el impacto que este nuevo recorte va a tener en el alumnado ya que anticipa el aumento de las brechas y las desigualdades, anuncia actuaciones para revertir esta planificación.
La información a la que está teniendo acceso CCOO, en contacto permanente con los centros educativos, es muy alarmante. Los primeros cupos de plantilla para el próximo curso que están llegando a los equipos directivos de los Institutos de Educación Secundaria suponen recortes de profesorado en relación a las plantillas del curso que acaba de terminar. Este recorte se concentra especialmente en el personal especialista en atención a la diversidad. En particular, se suprime cupo de profesionales de Pedagogía Terapéutica, Compensación Educativa, Audición y Lenguaje así como Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC). Una vez más, el más perjudicado vuelve a ser el alumnado más vulnerable por razones de necesidades educativas especiales o desventaja socioeconómica. No obstante, los recortes alcanzan a todos los perfiles al haberse suprimido grupos previamente al inicio del proceso de escolarización.
Como ya ha denunciado anteriormente CCOO, la Consejería de Educación está reduciendo también el número de grupos y aumentando las ratios de alumnado por aula, llegando a 33 en la ESO y a 38 en Bachillerato. Con estas ratios es imposible respetar el distanciamiento social y las medidas de prevención y seguridad imprescindibles, en un inicio de curso marcado por la pandemia de COVID19.
Con las plantillas asignadas no es posible organizar los refuerzos educativos anunciados por el Consejero de Educación, cuando son más necesarios que nunca después de la situación de confinamiento sufrida por el alumnado. En esta situación, el profesorado deberá asumir más carga de trabajo ya que, además de tener un número mayor de alumnado por grupo, aproximadamente un 15% de la plantilla de Educación Secundaria y Bachillerato verá aumentadas sus horas lectivas. Con el cupo de profesorado asignado a los centros ni siquiera es posible cumplir las ya restrictivas instrucciones de inicio de curso publicadas por la propia Consejería.
En plena pandemia se cierran aulas, se recorta profesorado y muchos grupos empezarán por encima de la ratio legal. Se está planificando la vuelta al cole en septiembre masificando aún más las aulas, sin respetar la distancia de seguridad y sin recursos para garantizar la tan necesaria presencialidad. Las plantillas que se autorizan a los centros públicos evidencian que se mantiene la agenda de recortes, que se ha decidido no aportar recursos ante la emergencia sanitaria y, lo más grave, que los fondos destinados a que el sistema educativo madrileño vea mitigadas las consecuencias de la pandemia no serán destinados a garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado madrileño. De no revertir esta planificación que se está realizando, las consecuencias, en términos de aumento de las desigualdades en el presente y limitación de las oportunidades en el futuro, serán catastróficas.
Por tanto, la situación es gravísima. Incluso, en algunas zonas y centros es desesperada. Por ello, CCOO que ha recurrido las Instrucciones de medidas sanitarias y de Inicio del curso 2020/2021, llevará a cabo todas las acciones a su alcance contra esta planificación absolutamente sectaria, irresponsable e injusta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El afán del gobierno de la Comunidad de Madrid de recortar la Escuela Pública no tiene límites, ni siquiera en una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Es absolutamente inaceptable lejos de incrementar los recursos para un inicio de curso seguro, incluso recorte los existentes. CCOO, que alarma sobre el impacto que este nuevo recorte va a tener en el alumnado ya que anticipa el aumento de las brechas y las desigualdades, anuncia actuaciones para revertir esta planificación.
La información a la que está teniendo acceso CCOO, en contacto permanente con los centros educativos, es muy alarmante. Los primeros cupos de plantilla para el próximo curso que están llegando a los equipos directivos de los Institutos de Educación Secundaria suponen recortes de profesorado en relación a las plantillas del curso que acaba de terminar. Este recorte se concentra especialmente en el personal especialista en atención a la diversidad. En particular, se suprime cupo de profesionales de Pedagogía Terapéutica, Compensación Educativa, Audición y Lenguaje así como Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC). Una vez más, el más perjudicado vuelve a ser el alumnado más vulnerable por razones de necesidades educativas especiales o desventaja socioeconómica. No obstante, los recortes alcanzan a todos los perfiles al haberse suprimido grupos previamente al inicio del proceso de escolarización.
Como ya ha denunciado anteriormente CCOO, la Consejería de Educación está reduciendo también el número de grupos y aumentando las ratios de alumnado por aula, llegando a 33 en la ESO y a 38 en Bachillerato. Con estas ratios es imposible respetar el distanciamiento social y las medidas de prevención y seguridad imprescindibles, en un inicio de curso marcado por la pandemia de COVID19.
Con las plantillas asignadas no es posible organizar los refuerzos educativos anunciados por el Consejero de Educación, cuando son más necesarios que nunca después de la situación de confinamiento sufrida por el alumnado. En esta situación, el profesorado deberá asumir más carga de trabajo ya que, además de tener un número mayor de alumnado por grupo, aproximadamente un 15% de la plantilla de Educación Secundaria y Bachillerato verá aumentadas sus horas lectivas. Con el cupo de profesorado asignado a los centros ni siquiera es posible cumplir las ya restrictivas instrucciones de inicio de curso publicadas por la propia Consejería.
En plena pandemia se cierran aulas, se recorta profesorado y muchos grupos empezarán por encima de la ratio legal. Se está planificando la vuelta al cole en septiembre masificando aún más las aulas, sin respetar la distancia de seguridad y sin recursos para garantizar la tan necesaria presencialidad. Las plantillas que se autorizan a los centros públicos evidencian que se mantiene la agenda de recortes, que se ha decidido no aportar recursos ante la emergencia sanitaria y, lo más grave, que los fondos destinados a que el sistema educativo madrileño vea mitigadas las consecuencias de la pandemia no serán destinados a garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado madrileño. De no revertir esta planificación que se está realizando, las consecuencias, en términos de aumento de las desigualdades en el presente y limitación de las oportunidades en el futuro, serán catastróficas.
Por tanto, la situación es gravísima. Incluso, en algunas zonas y centros es desesperada. Por ello, CCOO que ha recurrido las Instrucciones de medidas sanitarias y de Inicio del curso 2020/2021, llevará a cabo todas las acciones a su alcance contra esta planificación absolutamente sectaria, irresponsable e injusta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Firma para exigir una bajada en la ratio en Educación YA
CHANGE.ORG: Por una bajada de la ratio en Educación YA
Hechos objetivos científicamente comprobados desde un punto de vista sanitario: el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados donde además no se mantiene una distancia física de seguridad.
Hechos objetivos científicamente comprobados desde un punto de vista educativo: cualquier docente atiende mejor un grupo de alumnos/as más cercano a 20 que a 30 y el alumnado consecuentemente aprende más.
Medidas tomadas en cualquier negocio (bar, restaurante, peluquería, taller mecánico, supermercado, teatro, etc): reducir el aforo.
Medidas tomadas en centros educativos: mismo aforo (o sea, misma ratio o mismo número de alumnos/as por aula).
Por qué este trato diferencial? Si la excusa es que no hay dinero para invertir en Educación no es creíble porque se recortó y no se han revertido los recortes, pero si la excusa es que priman otros intereses por encima del bienestar de los niños/as y adolescentes no es presentable.
A la Educación no se le puede aplicar la lógica de los negocios y la mercantilización porque sus objetivos son distintos, pero es que se está aplicando una lógica peor, que embrutece e idiotiza.
La Educación es la mejor inversión que una sociedad puede hacer desde una lógica vitalista (su propósito fundamental), pero es que además también es la mejor inversión para cualquier negocio que pretenda perdurar a medio y largo plazo.
Si toleramos el maltrato a la Educación, siguiendo además una lógica mercantilista errónea y cortoplacista, estaremos vendidos y vendiendo el futuro de nuestros/as hijos/as.
La comunidad educativa al completo (profesorado, alumnado y Familias) y el resto de la sociedad (sin importar la opción por una educación pública, concertada o privada) debe movilizarse para concienciar a políticos de toda orientación.
Exigimos que se legisle una bajada definitiva de la ratio (como por otra parte se viene reivindicando desde hace años y como ocurre en los mejores sistemas educativos de otros países):
- En Educación Infantil 16 (máximo 18 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).
- En Educación Primaria 20 (máximo 22 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).
- En Educación Secundaria Obligatoria 24 (máximo 26 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).
Hechos objetivos científicamente comprobados desde un punto de vista sanitario: el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados donde además no se mantiene una distancia física de seguridad.
Hechos objetivos científicamente comprobados desde un punto de vista educativo: cualquier docente atiende mejor un grupo de alumnos/as más cercano a 20 que a 30 y el alumnado consecuentemente aprende más.
Medidas tomadas en cualquier negocio (bar, restaurante, peluquería, taller mecánico, supermercado, teatro, etc): reducir el aforo.
Medidas tomadas en centros educativos: mismo aforo (o sea, misma ratio o mismo número de alumnos/as por aula).
Por qué este trato diferencial? Si la excusa es que no hay dinero para invertir en Educación no es creíble porque se recortó y no se han revertido los recortes, pero si la excusa es que priman otros intereses por encima del bienestar de los niños/as y adolescentes no es presentable.
A la Educación no se le puede aplicar la lógica de los negocios y la mercantilización porque sus objetivos son distintos, pero es que se está aplicando una lógica peor, que embrutece e idiotiza.
La Educación es la mejor inversión que una sociedad puede hacer desde una lógica vitalista (su propósito fundamental), pero es que además también es la mejor inversión para cualquier negocio que pretenda perdurar a medio y largo plazo.
Si toleramos el maltrato a la Educación, siguiendo además una lógica mercantilista errónea y cortoplacista, estaremos vendidos y vendiendo el futuro de nuestros/as hijos/as.
La comunidad educativa al completo (profesorado, alumnado y Familias) y el resto de la sociedad (sin importar la opción por una educación pública, concertada o privada) debe movilizarse para concienciar a políticos de toda orientación.
Exigimos que se legisle una bajada definitiva de la ratio (como por otra parte se viene reivindicando desde hace años y como ocurre en los mejores sistemas educativos de otros países):
- En Educación Infantil 16 (máximo 18 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).
- En Educación Primaria 20 (máximo 22 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).
- En Educación Secundaria Obligatoria 24 (máximo 26 y si se supera esta cifra obligación de desdoblar).
FIRMA EN CHANGE.ORG
Pura doctrina del shock en educación (Agustín Moreno para CUARTOPODER.ES)
Reproducimos este articulo del compañero Agustín Moreno publicado en CUARTOPODER.ES
- "El Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza la pandemia como la coartada para aplicar la doctrina del shock en educación, sanidad y suelo"
- "La educación es un servicio público esencial que debería cuidarse al máximo en la llamada “nueva normalidad” con un doble objetivo: mejorar la calidad y la seguridad"
- "Mantener la agenda de recortes no garantiza la menor seguridad frente a la covid-19. ¿Se imaginan grupos de 38 alumnos durante 7 horas hacinados en minúsculas aulas?"
El término “doctrina del shock” lo utilizó Naomi Klein para referirse a la aplicación de brutales medidas económicas neoliberales con el uso de técnicas de choque. Estas recuerdan las terapias psiquiátricas del electroshock sobre los pacientes para que no puedan reaccionar y reciban de forma sumisa la sucesión de agresivas descargas. En economía buscan atacar el bien común para privatizarlo y proceder a lo que se conoce como la acumulación por desposesión. A veces se utiliza la fuerza militar de forma directa, como fue el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Otras veces, se aprovecha el impacto en la psicología social de acontecimientos catastróficos para imponer reformas antisociales. Así, tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, se avanzó en el desmantelamiento de lo público, en un urbanismo de tabla rasa para reemplazar a los pobres por turistas y en las privatizaciones de la red de escuelas.
Aquí y ahora, estamos ante un escenario del segundo tipo: el aprovechamiento de la crisis sanitaria del coronavirus para aplicar duras medidas privatizadoras. Tendría que ser al revés, ya que si hay alguna lección clara de esta crisis es el valor esencial de lo público. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza la pandemia como la coartada para aplicar la doctrina del shock en educación, sanidad y suelo. Liberalizar el suelo para volver a la fracasada fórmula del ladrillo. Seguir con los recortes en sanidad, negar condiciones dignas a los MIR actualmente en huelga, o privatizar parte del Hospital del Niño Jesús y las limpiezas del Gregorio Marañón, son algunas de las medidas. Aunque la lista de deseos de Díaz Ayuso y la ultraderecha neoliberal en Madrid es crecedera.
Veamos en educación. En este campo hay dos tendencias muy enfrentadas. Una progresista que defiende el fortalecimiento de la educación pública, como única garantía del derecho a la educación y de una mayor equidad, igualdad de oportunidades y cohesión social; y otra conservadora que defiende una privatización cada vez mayor a través de la segregadora educación privada sostenida con fondos públicos (“concertada”), como negocio económico e ideológico. En este contexto se produce el debate sobre las medidas a tomar para la vuelta a las aulas tras la pandemia.
La educación es un servicio público esencial que debería cuidarse al máximo en la llamada “nueva normalidad” con un doble objetivo: mejorar la calidad y la seguridad. Con este fin el Gobierno central aprobó destinar 2.000 millones de euros, porque la vuelta al colegio no puede ser con el mismo paisaje de aulas abarrotadas, escasez de recursos y profesorado. Con esta inversión no se revierten todos los recortes que realizó el Gobierno Rajoy y que llegaron a los 9.000 millones de euros. Pero dan juego para mejorar las cosas. Por ejemplo, en Asturias se ha fijado un número máximo de 20 alumnos por clase en primaria y se van a contratar 400 profesores más.
Pero la derecha sigue impertérrita y va a volcarse en las privatizaciones en educación en aquellas comunidades autónomas donde gobierna. La Comunidad de Madrid marca el modelo y el Gobierno Ayuso ha preparado para el curso 2020-21 una reducción de 14.121 plazas en la educación pública. Se pretende así derivar a este alumnado hacia la red privada-concertada, negando de hecho la llamada “libre elección de centro”, porque se obliga a las familias a llevar a sus hijos a los concertados al no haber plazas en los públicos. Estos datos se han recogido por el sindicato CCOO, tras la publicación de las plazas disponibles en el proceso de admisión de alumnado abierto para el curso próximo. Supone la reducción de 466 grupos, lo que paradójicamente lleva a aumentar las ratios en las aulas en tiempos de crisis sanitaria.
Estas cifras se han empezado a concretar estos días en los centros al recibir los cupos de profesorado para el curso 2020-21 y la reducción de grupos y de profesores es escandalosa. Ello dará como resultado la organización de grupos con más de 30 alumnos en ESO y 38 en bachillerato, la ausencia de desdobles y un aumento de las horas a parte del profesorado. A estos recortes hay que añadir el golpe a la inclusión educativa con la supresión del cupo de profesores de atención a la diversidad, compensatoria y PTSC; con ello se está perjudicando al alumnado, al que se tenía que reforzar después del confinamiento, por estar en desventaja socioeconómica y ser más vulnerable por tener necesidades educativas especiales.
Estos recortes en la pública no son algo excepcional, se producen año tras año, al tiempo que se regalan descaradamente decenas parcelas a la concertada, saltándose incluso la ley. Ello ha hecho que en la Comunidad de Madrid, gestionada por Esperanza Aguirre y otros presidentes imputados, el alumnado en la educación pública sea del 54%, frente al 67% en el resto del Estado. Es el resultado del achique del espacio de la educación pública, junto a un fuerte proceso de segregación escolar que nos hace estar a la cabeza de Europa en inequidad educativa.
Mantener la agenda de recortes no garantiza la menor seguridad frente a la covid-19. ¿Se imaginan grupos de 38 alumnos en bachillerato durante 7 horas hacinados en minúsculas aulas? Ignorar la pandemia y planificar el curso como si el virus hubiera desaparecido va a dar lugar a un previsible escenario de brotes, de estrés en el profesorado y de alarma social entre las familias. Piénsese en el estudio de la Universidad de Granada que calcula que una clase de Infantil de 20 niños se convierte en una burbuja que contacta con más de 800 personas en sólo dos días. Podemos estar abocados al cierre de muchas aulas en otoño por tamaña chapuza y a consecuencias de salud pública.
¿Qué puede salir mal? Pues todo, cuando se actúa con tanta irresponsabilidad en una situación sanitaria excepcional. En el colmo de la inconsciencia y del fanatismo para seguir agrediendo a la educación, Díaz Ayuso se ha manifestado a favor “de reducir la distancia de seguridad en los colegios”, cuando tendría que estar pensando en reforzar la prevención con la reducción de la ratio, la contratación de más profesorado y la inversión en infraestructuras. Y los ataques no acaban aquí: también ha anunciado que quieren aprobar una cuarta universidad privada contra el criterio de todo el mundo académico. Esta política anti educación pública también se repite en otras CCAA gestionadas por las derechas (Andalucía, Murcia, Galicia…)
Todo lo anterior ha hecho que se empiecen a agitar las aguas en la educación madrileña, creciendo el malestar y la preocupación. Se han realizado asambleas virtuales, una importante manifestación en defensa de los servicios públicos en Vallecas el 9 de julio frente a la Asamblea de Madrid, Asamblea Marea Verde ha convocado una manifestación para el 5 de septiembre , la Plataforma Regional por la Escuela Pública anuncia movilizaciones…
El rechazo a la política educativa de Díaz Ayuso es rotundo. Pero, más allá de la denuncia, la clave está en cómo se organiza la movilización para impedir esta nueva estocada a la educación pública. El profesorado, los sindicatos y los equipos directivos tienen mucho que decir, las familias y el alumnado también, junto a la ciudadanía madrileña y a los partidos políticos de la oposición. Quizá haya que conjurarse convocando unos Estados Generales de la Educación Pública de todas las fuerzas que la defienden para frenar esta brutal agresión. El curso no debería arrancar de esta manera tan irresponsable.
Entradas relacionadas:
Un elefante en el aula (Antonio Maestre para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica este artículo
La realidad de la educación pública es que es completamente imposible aportar unos criterios mínimos de seguridad sanitaria sin realizar una aportación de recursos y fondos que ninguna administración está dispuesta a hacer
Cataluña y Aragón están empezando a perder el control de una segunda ola de la pandemia cuando solo se atisban los efectos de la desescalada. Madrid es posible que esté igual, pero como Isabel Díaz Ayuso ha desistido de contratar a rastreadores que hagan seguimiento de los casos no lo podemos saber. Ayuso con la pandemia es el mono que se tapa los ojos, lo fue con las residencias y lo está siendo ahora. Mientras, Quim Torra se sigue peleando con la ley. Se sorprende cuando un juez le niega que pueda ordenar a los ciudadanos quedarse en casa y, con tal de no pedir ayuda al Gobierno de España, se le ocurre recomendar a la gente que no salga, mostrando la incapacidad argumental de los que negaban el estado de alarma como única herramienta legal posible. Los del estado de alarma como 155 encubierto se han dado de bruces contra el virus. Contra esta enfermedad no sirve la política procesista efectista, inútil y de confrontación que es norma en Cataluña, quién lo iba a decir.
Pero no nos perdamos en disquisiciones irrelevantes. Lo que está ocurriendo no será nada comparado con los riesgos que se correrán en septiembre y sus previsibles consecuencias. El curso escolar comenzará sin que se haya tomado ninguna decisión que no sea abjurar de la propia responsabilidad y asumir que no son capaces de garantizar la seguridad en las aulas para estudiantes y docentes. Las familias tienen que saber que cuando lleven a su hijo a la escuela o al instituto lo harán sin ningún tipo de garantías sanitarias más allá de la profilaxis que todos estamos siguiendo estos días pero en entornos mucho menos higiénicos que el aire libre, la playa o una terraza. El Ministerio de Educación de Isabel Celáa y las consejerías de educación de distinto signo político han tirado la toalla, no son capaces de aportar soluciones efectivas para que el curso se reanude en septiembre con unas mínimas condiciones sanitarias exigibles.
La realidad de la educación pública es que es completamente imposible aportar unos criterios mínimos de seguridad sanitaria sin realizar una aportación de recursos y fondos que ninguna administración está dispuesta a hacer. La legislación estatal en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, establece que las aulas deben disponer de un espacio de 1,5 metros cuadrados por persona, esto en una situación normal, sin necesidad de distanciamiento social. Es decir, en condiciones normales una clase de Bachillerato con sus 36 alumnos tendría que disponer de un aula de 54 m2. Para mantener la distancia que marcan las pautas sanitarias de dos metros entre alumnos no cabrían en las aulas tipo de un centro público más de 12 alumnos, lo que supondría reducir la capacidad hasta un tercio. La única manera de que los alumnos y profesores no estén en riesgo es duplicar o triplicar recursos humanos y materiales.
¿Cómo se va a mantener la distancia de seguridad con ratios de 30 a 38 alumnos por clase? En la EVAU se han realizado las pruebas con unos aforos de sala del 30%. Ese porcentaje supondría meter en un aula solo a 12 estudiantes en una clase de Bachillerato de 38 alumnos, el máximo permitido por la CAM. Esa es la ratio de seguridad que las administraciones públicas han fijado para la EVAU pero han desistido de hacerlo al comienzo del curso porque eso supondría tener que aumentar los recursos por tres. En profesores y en espacio. Si no son capaces de hacerlo porque no hay dinero, que lo digan. Que sean claros, no pueden garantizar la seguridad de los menores ni de sus trabajadores.
La Comunidad de Madrid ha establecido unos escenarios tan ambiciosos para reanudar las clases en septiembre que van de llevar mascarilla a que no exista el virus. El consejero de Educación se ha lavado las manos dejando a los centros toda la responsabilidad en la gestión y dejando a los profesores la decisión de controlar los síntomas de los alumnos: tendrán que sacarlos del aula cada vez que uno muestre síntomas. Convierte a los profesores en personal sanitario y tendrán que llamar al 112 cada vez que un alumno tosa. Un plan sin fisuras.
Queda poco más de un mes para que se reanuden las clases y el cuidado plan de contingencia contra el COVID es embadurnarse de gel. Hay un elefante en el medio del aula y nadie parece prestarle atención. Lo único cierto y concreto de las previsiones es que cuando lleven a sus hijos al colegio estarán comprando un billete para una truculenta lotería.
La realidad de la educación pública es que es completamente imposible aportar unos criterios mínimos de seguridad sanitaria sin realizar una aportación de recursos y fondos que ninguna administración está dispuesta a hacer
Cataluña y Aragón están empezando a perder el control de una segunda ola de la pandemia cuando solo se atisban los efectos de la desescalada. Madrid es posible que esté igual, pero como Isabel Díaz Ayuso ha desistido de contratar a rastreadores que hagan seguimiento de los casos no lo podemos saber. Ayuso con la pandemia es el mono que se tapa los ojos, lo fue con las residencias y lo está siendo ahora. Mientras, Quim Torra se sigue peleando con la ley. Se sorprende cuando un juez le niega que pueda ordenar a los ciudadanos quedarse en casa y, con tal de no pedir ayuda al Gobierno de España, se le ocurre recomendar a la gente que no salga, mostrando la incapacidad argumental de los que negaban el estado de alarma como única herramienta legal posible. Los del estado de alarma como 155 encubierto se han dado de bruces contra el virus. Contra esta enfermedad no sirve la política procesista efectista, inútil y de confrontación que es norma en Cataluña, quién lo iba a decir.
Pero no nos perdamos en disquisiciones irrelevantes. Lo que está ocurriendo no será nada comparado con los riesgos que se correrán en septiembre y sus previsibles consecuencias. El curso escolar comenzará sin que se haya tomado ninguna decisión que no sea abjurar de la propia responsabilidad y asumir que no son capaces de garantizar la seguridad en las aulas para estudiantes y docentes. Las familias tienen que saber que cuando lleven a su hijo a la escuela o al instituto lo harán sin ningún tipo de garantías sanitarias más allá de la profilaxis que todos estamos siguiendo estos días pero en entornos mucho menos higiénicos que el aire libre, la playa o una terraza. El Ministerio de Educación de Isabel Celáa y las consejerías de educación de distinto signo político han tirado la toalla, no son capaces de aportar soluciones efectivas para que el curso se reanude en septiembre con unas mínimas condiciones sanitarias exigibles.
La realidad de la educación pública es que es completamente imposible aportar unos criterios mínimos de seguridad sanitaria sin realizar una aportación de recursos y fondos que ninguna administración está dispuesta a hacer. La legislación estatal en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, establece que las aulas deben disponer de un espacio de 1,5 metros cuadrados por persona, esto en una situación normal, sin necesidad de distanciamiento social. Es decir, en condiciones normales una clase de Bachillerato con sus 36 alumnos tendría que disponer de un aula de 54 m2. Para mantener la distancia que marcan las pautas sanitarias de dos metros entre alumnos no cabrían en las aulas tipo de un centro público más de 12 alumnos, lo que supondría reducir la capacidad hasta un tercio. La única manera de que los alumnos y profesores no estén en riesgo es duplicar o triplicar recursos humanos y materiales.
¿Cómo se va a mantener la distancia de seguridad con ratios de 30 a 38 alumnos por clase? En la EVAU se han realizado las pruebas con unos aforos de sala del 30%. Ese porcentaje supondría meter en un aula solo a 12 estudiantes en una clase de Bachillerato de 38 alumnos, el máximo permitido por la CAM. Esa es la ratio de seguridad que las administraciones públicas han fijado para la EVAU pero han desistido de hacerlo al comienzo del curso porque eso supondría tener que aumentar los recursos por tres. En profesores y en espacio. Si no son capaces de hacerlo porque no hay dinero, que lo digan. Que sean claros, no pueden garantizar la seguridad de los menores ni de sus trabajadores.
La Comunidad de Madrid ha establecido unos escenarios tan ambiciosos para reanudar las clases en septiembre que van de llevar mascarilla a que no exista el virus. El consejero de Educación se ha lavado las manos dejando a los centros toda la responsabilidad en la gestión y dejando a los profesores la decisión de controlar los síntomas de los alumnos: tendrán que sacarlos del aula cada vez que uno muestre síntomas. Convierte a los profesores en personal sanitario y tendrán que llamar al 112 cada vez que un alumno tosa. Un plan sin fisuras.
Queda poco más de un mes para que se reanuden las clases y el cuidado plan de contingencia contra el COVID es embadurnarse de gel. Hay un elefante en el medio del aula y nadie parece prestarle atención. Lo único cierto y concreto de las previsiones es que cuando lleven a sus hijos al colegio estarán comprando un billete para una truculenta lotería.
Entradas relacionadas:
Celaá anuncia un programa de FP con una inversión de 316 millones de euros
En este ámbito, la ministra ha dado a conocer a los consejeros autonómicos el presupuesto total para actuaciones en Formación Profesional durante 2020, que supone 316,4 millones de euros. De este presupuesto se asignan a las CCAA, a través de un Programa de Cooperación Territorial Extraordinario, 265.572.000 euros. El resto se destinará a diversas actuaciones del MEFP. Esta cantidad se distribuye entre las CCAA de acuerdo a diversos criterios relacionados con la población activa, la dispersión geográfica, el número de empresas o el perfil demográfico, entre otros.
Puedes leer la información completa en la web del Ministerio de Educación y FP:
El Ministerio de Educación y FP presenta a las Comunidades Autónomas un programa de Formación Profesional con una inversión de más de 316 millones de euros para 2020
Informe sobre las necesidades para el inicio de curso en Moratalaz
La Plataforma por la Escuela Pública en Moratalaz nos envía este documento, que puedes descargar completo AQUÍ
lunes, 20 de julio de 2020
Suscribirse a:
Entradas (Atom)