Artículo de Sheyla Verdú para eldiariodelaeducacion
- La Lomloe ya es una realidad. Publicada el 30 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado, la nueva ley educativa nos trae diversos cambios, algunos muy importantes para la etapa de educación infantil.
Uno de los aspectos más relevantes que la ley destaca en su texto es el impulso al primer ciclo de la etapa así como algunos aspectos relativos a este. Después de años reclamando contra la situación en la cual se encontraba este ciclo, por fin, tendremos un marco legislativo en el que, por primera vez tras la LOE (2006), el Estado y las comunidades autónomas establecerán unos requisitos mínimos comunes. Requisitos mínimos relativos al currículo, las ratios, las titulaciones y los espacios los que deberán cumplir los centros.
Precisamente en lo relativo a los centros, se introduce una gran novedad pues todos los que acogen a niñas y a niños, de manera regular, deberán tener autorización por parte de las administraciones educativas. Este punto resulta de gran relevancia. Los centros que acogen a criaturas de estas edades, con diferentes características a las de aquellos catalogados como educativo, pero que no tienen ninguna obligación de realizar una propuesta pedagógica, no podrán seguir haciéndolo sin obtener la autorización educativa, aunque dispondrán de un amplio plazo para su ajuste a las exigencias que requieran esa autorización. Por tanto, la hasta ahora doble red educativa y asistencial desaparece, abriendo el camino a una única red, la educativa que reconoce así este carácter educativo del primer ciclo. Y todo ello, poniendo a este, en manos solo de las Administraciones educativas, no en otro tipo de administraciones (asuntos sociales, familia…) como estaba a día de hoy, dependiendo de la comunidad autónoma.
Pero esta apuesta por la edad 0-3 no queda aquí, la intención de esta ley es trazar un plan, en un plazo de 8 años, para la extensión de este ciclo educativo procurando un avance en la oferta de plazas públicas, cuya implantación tienda hacia la gratuidad, priorizando a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad (riesgo de pobreza o exclusión social).
También se incluyen mejoras para la etapa en general. Desde aspectos como establecer la necesidad de la coordinación entre los dos ciclos de la etapa de Infantil, como con la etapa de Educación Primaria para poder así garantizar el proceso de formación. La inclusión del desarrollo artístico y de educación en valores y cívicos para la convivencia se suma a la de promover la igualdad de género.
Indudablemente todos estos cambios y avances, en lo que respecta a Educación Infantil, suponen otorgar parte de los derechos que tienen el resto de etapas, una parte de lo que la Plataforma de Educación Infantil de Madrid y Estatal ha estado pidiendo desde 2007. No obstante, toda ley tiene sus luces y sombras, y pese a los pasos dados y la apuesta por esta etapa, tan importante en la vida de quienes forman parte de ella, se han quedado otros elementos fuera de un texto que como mínimo estará en vigor durante 4 años. A pesar de que estos detalles no aparecen en los artículos de la etapa de Infantil, afectan directamente a la misma. Uno de esos aspectos que tal vez no solo fuese esperado para quienes formamos esta etapa, sino también para quienes están en etapas como la Educación Primaria y Secundaria, es la ansiada bajada de ratios. Como docentes, siempre hemos apostado por una menor ratio que actualmente se baraja en todas y cada una de las etapas educativas, que proporcionaría una mejora en la calidad educativa, puesto que se invertiría mayor tiempo y dedicación en cada alumno y cada alumna. De hecho, esto se ha podido apreciar en la reducción por clase obligada por la situación de la pandemia.
Somos muchas personas las que queremos llegar progresivamente a las ratios establecidas por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea o, al menos, en lo que respecta a la Educación Infantil. La diferencia de los 5 puestos escolares proporcionales que existe entre la etapa de Educación Primaria y Secundaria, debe contemplarse también para el segundo ciclo de Infantil, así como una reducción proporcional y progresiva para el primero, incluso establecer la pareja educativa. Sin olvidar a los niños y niñas que presentan necesidades educativas con quienes esta ley no se moja, dejando la puerta abierta a la elección de cada Administración educativa, la posibilidad de reducir la ratio con respecto a lo establecido de forma general en las aulas donde estos alumnos cursen. El planteamiento no es firme al no decretar automáticamente la bajada de ratio en estas aulas para poder ofrecer las mejores condiciones de inclusión y desarrollo de estos niños y niñas, esencia que recoge la Declaración de los Derechos del Niño y sus Observaciones Generales, documentos en los que, sin embargo, dice apoyarse esta ley a lo largo de sus párrafos.
Tampoco olvidamos que se ha quedado en el cajón la posibilidad de crear una Mesa de Infancia como un instrumento de equidad, para analizar, estudiar, regular y supervisar el adecuado desarrollo del derecho a la Educación Infantil, lo que permitiría integrar e implementar las distintas políticas públicas necesarias para que todos los niños y todas las niñas puedan realizar su derecho a la educación completo y desde el nacimiento.
La andadura de esta ley acaba de comenzar, solo nos queda esperar a ver su desarrollo en los diferentes Reales Decretos, donde también haremos aportaciones que desarrollen el sentido original de nuestras alegaciones a la Ley. Reales Decretos que, después, las diferentes Comunidades Autónomas ajustarán a sus territorios, donde seguiremos reivindicando.
