En una carta a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la oficina que dirige Soledad Becerril atiende la queja planteada por CEAPA y CONCAPA, las dos principales organizaciones de padres de alumnos de la escuela pública y la privada concertada y anuncia que trasladará al ministerio sus demandas para garantizar el sostenimiento económico de ambas asociaciones. Los padres aseguran que los recortes ponen en peligro la participación de las familias en el sistema educativo
La partida ministerial para las organizaciones de padres de alumnos ha caído de 438.000 euros en 2011 a 163.000 en 2013. Un tijeretazo que ha puesto contra las cuerdas a unas entidades que representan a más de tres millones de familias y cuyo trabajo -voluntario y no retribuido- resulta esencial en miles de escuelas, colegios e institutos. Unidas por esa preocupación, CEAPA y CONCAPA se dirigieron el pasado mes de abril al Defensor del Pueblo denunciando una situación que, según denuncian, lesiona el derecho a la participación de los sectores sociales en la programación de la enseñanza.
Ahora, el Defensor del Pueblo les ha respondido atendiendo su petición de amparo y considerando "oportuno trasladar al Ministerio de Educación la argumentación expresada y la pretensión de que, en atención a la misma, se adopten iniciativas dirigidas a contribuir al sostenimiento económico de su organización".
Según Jesús Sánchez, presidente de CEAPA, "estos recortes amenazan muchos de los programas y actividades extraescolares en las que colaboran las asociaciones de padres, y pone en peligro la propia participación de las familias que, a partir de ahora, se limitarán a llevar a los niños al colegio y dejarlos en la puerta pero sin participar para nada en la vida del centro. Los padres y madres, por así decirlo, pasarán a ser considerados como meros convidados de piedra, clientes de un modelo educativo que se pretende imponer que no está basado ni en el consenso ni en la participación en la escuela".
Las organizaciones de padres recuerdan que la ley orgánica que regula el derecho a la educación reconoce el derecho de asociación de los padres en el ámbito educativo, además de la obligación de los poderes públicos de favorecer el ejercicio de este derecho, así como la constitución de federaciones y confederaciones. También argumentan que para ejercer adecuadamente las labores de representación de las familias en los órganos correspondientes (Consejo Escolar del Estado y Consejos Autonómicos) es necesario contar con una mínima estructura ya que esa función conlleva obligaciones como el análisis de documentos oficiales o propuestas de normas legales además de asistencia para emitir dictámenes y realizar las votaciones pertinentes.
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