Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
Esta Campaña unitaria, propiciada en los años noventa del siglo XX, se consolidó en el año 2002 como una iniciativa y un compromiso en torno al objetivo democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo.
DECLARACIÓN ABRIL DE 2023:
A los medios de comunicación.
Al Poder Ejecutivo y Legislativo.
Al Ministerio de Educación y a las Consejerías de Educación.
A los partidos y coaliciones que concurran a los procesos electorales de 2023.
A la comunidad educativa y a la sociedad en general.
ANTE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS, MUNICIPALES Y GENERALES DE 2023
Las organizaciones sociales, políticas y sindicales que suscriben esta declaración hacen un llamamiento a todos los partidos políticos, a la comunidad educativa y a la sociedad en general en orden a hacer efectivo el objetivo democrático de lograr la plena implantación del principio de laicidad en el sistema educativo español, a fin de preservar la libertad de conciencia del alumnado y la no segregación por motivos ideológicos o culturales en el ámbito escolar.
En el marco de esta campaña, que tiene ya más de 20 años, se han llevado a cabo múltiples iniciativas, interpelaciones políticas y propuestas legislativas ante cada uno de los gobiernos de turno y ante el propio Congreso de los Diputados, sin que las coincidencias de planteamiento hayan culminado –hasta ahora- en Normas legales de obligado cumplimiento general capaces de garantizar la plena laicidad del sistema educativo.
En ese contexto reafirmamos hoy de nuevo la vigencia de la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Educación del Congreso el 22 de febrero de 2018, como consecuencia de una iniciativa de esta Campaña unitaria, instando al Gobierno a:
A-Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar.
B-Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.
Lamentablemente, esta Moción no fue tenida en cuenta por el Gobierno, ni reclamada por parte de ninguno de los Grupos parlamentarios que en su día, -estando en la oposición- la aprobaron en la Comisión de Educación. Tampoco en los Acuerdos de Gobierno de la actual coalición gubernamental se hizo mención a ello, ni en la tramitación y aprobación de la LOMLOE.
Una vez aprobada y puesta en funcionamiento la LOMLOE, tenemos dudas acerca de los contenidos y la aplicación en los centros privados concertados de ideario propio (mayoría católicos) de la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que se impartirá en un curso de Primaria y en otro curso de Secundaria. También nos preocupa la aplicación de la alternativa que se está dando por parte de las diferentes Comunidades Autónomas y de los centros (en su autonomía), a quienes no solicitan religión. Las primeras noticias son que, salvo excepciones, muy generalizadamente hay un cierto fiasco y gran desconcierto sobre esta cuestión.
Las carencias de la política educativa del Estado, agravadas por la presencia e influencia de la extrema derecha en parlamentos autonómicos e incluso su irrupción en algunos Gobiernos, dibuja un panorama poco esperanzador: Por una parte, se acentúan procesos de mercantilización y privatización de la Enseñanza, tanto por la vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica. Y por otra parte, se siguen manteniendo en los centros escolares públicos a personas designadas por los obispos, con la misión de, además de impartir clases de religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso. A todo ello habría que añadir la entrada, cada vez mayor, en los centros públicos, de representantes de religiones minoritarias, también con el propósito de hacer proselitismo.
Todo ello conlleva un doble grave perjuicio para el alumnado que, por un lado, es segregado por motivos ideológicos desde edades muy tempranas (nada más y nada menos que desde los tres años), vulnerando diversos convenios de la Infancia, a lo que se añade la segregación por motivos económicos y sociales consecuencia de las políticas de privatización.
Una vez aprobada y puesta en funcionamiento esta última reforma educativa, que no aborda la cuestión de la laicidad del Sistema Educativo en toda su dimensión, las entidades que más abajo se relacionan, mantenemos, con mayor fuerza si cabe, nuestra lucha por:
A- Garantizar la plena laicidad de la enseñanza, para lo cual es preciso:
1-Hay que sacar la religión confesional de la Enseñanza, de forma inmediata.
2-NO financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar.
3.-Potenciar la Red Pública de Enseñanza, como fundamental para vertebrar el Derecho a la Educación de todos y todas, evitando -de forma progresiva la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo.
B- La derogación de los Acuerdos con el Vaticano, por constituir la base “legal” de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia Católica, especialmente dentro del sistema educativo, a pesar de haberse producido un progresivo rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos. De igual forma deberá procederse a la anulación de Acuerdos con otras confesiones en los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela.
Por todo esto, exigimos a los partidos y coaliciones que se presentarán a los próximos comicios electorales COMPROMISOS para salvaguardar principios constitucionales basados en los Derechos de la Infancia más elementales, como es preservar la libertad de conciencia y la no segregación por motivos ideológicos y sociales en el ámbito escolar. Para ello deben comprometerse a sacar la religión del sistema educativo, lo cual requiere de actuaciones políticas y medidas legislativas.
Entidades que respaldan (expresamente) la DECLARACIÓN de 2023, (hasta el 1 de abril de 2023)
EUROPA LAICA
STEs-i – Confederación de Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza
FE-CCOO – Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Enseñanza
UGT Servicios Públicos
FECGT – Federación de enseñanza de CGT
STEM – Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Madrid
STE–CLM – Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Castilla – la Mancha
STECyL – Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Castilla y León
STERM Intersindical Región Murciana – Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana
USTEA – Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía (Educación)
SUATEA – Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Asturias STEG – Sindicato de Traballadoras y Traballadores do Ensino de Galiza
STEILAS – Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Euskal Herria
FE-CCOO Madrid
CGT – Sindicato de Enseñanza de Madrid
REDES CRISTIANAS
CCBM – Cristianas y Cristianos de Base de Madrid Católicas por el Derecho a Decidir
UAL – Unión de Ateos y Librepensadores
AMAL – Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores
FAL – Fundación Acción Laica (Aragón)
Laikotasuna / Colectivo por la laicidad (Gipuzkoa)
HL – Hezkuntza Laikoa Elkartea / Asociación por una Educación Laica (Bizkaia)
Fundación Ferrer i Guardia
MRP – Movimientos de Renovación Pedagógica (Madrid)
Movimiento Social por la Escuela Pública de Asturias
Asamblea Marea Verde Madrid
CIDESPU – Ciudadanas en Defensa de la Escuela Pública de Móstoles
Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez
Plataforma por la Escuela Pública de Móstoles
FAPAR “Juan de Lanuza” – Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón
FAPA “Miguel Virgós” – Federación Asturiana de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Enseñanza Pública del Principado de Asturias
EHIGE – Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Konfederazioa / Confederación de Madres y Padres de Euskal Herria
CODAPA – Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública
FAPA María Moliner – Albacete
Frente de Estudiantes Estudiantes en Movimiento
FADEA – Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón
Estudiantes en Defensa de la Universidad (Aragón)
Fundación Democracia Activa
AFA – Asociación Feminista de Asturias
Colectivo Escuela No-sexista de Asturias
Club de Amigos de la UNESCO de Madrid
Izquierda Republicana
Izquierda Castellana
Asamblea Local de Móstoles
Difundimos esta nota de prensa de Europa Laica, dentro de su Campaña por una Escuela Pública y Laica
El número de personas que se declaran creyentes cae cada año en España. Las personas que se declaran no creyentes superan en número, con creces, a aquellas que se declaran practicantes de alguna religión.
Allá donde las familias se ven menos condicionadas o coaccionadas a la hora de elegir (es decir, en los centros públicos), el número de alumnas y alumnos no matriculados en Religión ya es mayoría. Resulta muy significativo que este porcentaje se reduzca al 10% en lo que conocemos como escuela concertada, aún teniendo en cuenta que el 70% de estos centros pertenecen a la iglesia católica.
Las distintas leyes educativas (y la recientemente aprobada LOMLOE no es una excepción), llevan décadas apuntalando los privilegios de la jerarquía católica a través de la pervivencia de la catequesis en todos los centros educativos en horario lectivo y de la no menos grave extensión sin límites de la escuela privada subvencionada.
Las más de 40 organizaciones adheridas a la "Campaña por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela", denunciamos la sumisión del Gobierno a los intereses de la jerarquía católica, que en su ansia por mantener una influencia que no se corresponde con el sentir mayoritario de la sociedad, se ha convertido en el principal obstáculo para que la escuela pública sea el eje vertebrador de nuestro sistema educativo, alejándonos de los países de nuestro entorno que apostando claramente por la escuela pública presentan mejores resultados académicos y menores tasas de segregación escolar.
Por todo ello, exigimos al Gobierno que cumpla sus compromisos y proceda a la revisión de los acuerdos con el Vaticano, como única forma de avanzar hacia una escuela laica propia de la sociedad avanzada que queremos.
ADEMÁS, PUEDES DESCARGAR EL MANIFIESTO AQUÍ
Publicamos este nuevo artículo de Manuel Menor
La nueva embajadora en el Vaticano pronto podrá certificar si el sistema educativo ha de seguir como se acordó en 1979.
El nombramiento de Isabel Celáa como embajadora en el Vaticano, entre los muchos comentarios que suscita, tanto respecto a su preparación para el cargo, como a si se trata o no de un premio a su trayectoria, sin duda traerá a colación la octava ley orgánica sobre educación escolar que promovió desde el Ministerio de Educación. Son notorias en esa ley, cuyo desarrollo curricular está en marcha, determinadas limitaciones, de las cuales una de las más notorias es la de la relación entre Enseñanza Pública y Enseñanza Privada y, detrás, los Acuerdos del Estado Español con el Vaticano.
Desde 1851… y antes
Se mencionarán los problemas de comunicación que le generó el haber pretendido poner en claro los límites de la “libertad de elección de centro” y, sobre todo, el reparto de recursos presupuestarios que prescriba el entendimiento del art. 27 de la Constitución de 1978. Según se haga, la universalidad y la libertad educativas tendrán un ajuste o desajuste más apropiados y, por consiguiente, una equidad democrática propia o impropia.
Con este nombramiento vienen al recuerdo, también, no solo las personalidades de algunos de embajadores anteriores en el mismo destino, con disparidades como las que representan Gonzalo Puente Ojea y Francisco Vázquez, entre los nombrados por el PSOE, y sobre todo Marcelino Oreja, el muñidor de los Acuerdos de 1979, en la etapa de UCD, que reiteraron a los eclesiásticos una función “fundamental” -la palabra sale varias veces en el documento- en el sistema educativo español. Y de más atrás, se agolpan, asimismo, los ministros de Educación que anteriormente hubo en la etapa preconstitucional y de la Transición, casi todos ligados a organizaciones eclesiásticas en que el confesionalismo católico tuvo total hegemonía en ese departamento ministerial. Después de que Sainz Rodríguez le diera un vuelco a la “Segunda Enseñanza” en 1938, mudando incluso el nombre de la etapa a “Enseñanza Media, Joaquín Ruiz Giménez, que trató de reorganizarla en febrero de 1953 después de acordarla con los obispos, haber negociado desde dos años antes el Concordato que se rubricaría en agosto; la lista de estos ministros hasta la el gobierno de Suárez es larga y, después, todavía ha habido otros significados en la misma onda, uno de ello incluso ex-profeso en una de las congregaciones dedicadas a la enseñanza.
Quiere decirse que, en no pocos aspectos, el nombramiento de Isabel Celáa, además de seguir a la inversa el camino de Dn. Joaquín, prosigue una marcada tradición en que la educación española está íntimamente relacionada con los objetivos de la Iglesia en España. Si se repasa el siglo XIX, cuando en 1857 el ministro Moyano sacó adelante la primera ley general del sistema educativo español, ya nació condicionada por lo que decía el Concordato de 1851. Su art. 1, reconocía a la Iglesia católica la exclusividad confesional de la nación, y el art. 2 establecía que “la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la religión católica, y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud aún en las escuelas públicas”. En compensación, el Vaticano, en plena segunda Guerra carlista, ya había reconocido en 1848 a la reina Isabel II como legítima y, por otro lado, aceptaba la situación que se había creado con la desamortización de muchos bienes eclesiásticos. Pronto la Ley Moyano reconoció que las órdenes religiosas establecidas legalmente en España podrían abrir colegios de enseñanza (art. 153); aquel Concordato estuvo vigente hasta 1953 -en que se restauraron las relaciones anteriores a la Constitución de 1931- y, de entonces acá, venimos debatiendo sobre “libertad de elección de centro”, cuestiones dubitativas del currículo y otras perplejidades que sigue teniendo el sistema educativo español.
Aconfesionalismo y LOMLOE
El problema es que, con tales implicaciones, a cuantos aspiran a vivir en un país democrático, se les hace difícil no ver en el “aconfesionalismo” estatal con que se ha arropado la presencia constitucional de los intereses eclesiásticos, una intromisión inadecuada en el sistema educativo posterior a 1978. Sin contar la del PP, heredero de la antigua AP y sus connotaciones, la historia de las políticas del PSOE en este terreno ha sido ambigua y dependiente siempre de que, según haya estado en la oposición o en el gobierno, es tornadiza y oportunista; él dio carta de naturaleza a los colegios concertados en la LODE (1985) y al aumento del donativo a la Iglesia en la casilla del IRPF y, en virtud de su gestión política, desde la Transición política hasta el presente, si se quitan de en medio los debates en torno a la Religión y a las implicaciones del confesionalismo católico en las discusiones y debates, poca modernización real tiene el sistema educativo; las faltas de acuerdos en los tan demandados “acuerdos” suenan cada vez más a una historia decimonónica.
A pesar de que los creyentes católicos practicantes están en mínimos históricos, el partido socialdemócrata gobernante, después de haberse apuntado en febrero de 2018 a suscribir, en la Comisión de Educación del Congreso, una proposición no de ley en que se iban a “denunciar y derogar” los Acuerdos, en su reciente 40º Congreso acordó tan solo “actualizarlos“. Esta parece que vaya a ser, al menos en parte, la gestión encomendada a Isabel Celáa en el Vaticano.
De momento, si la LOMLOE vale para interpretar el alcance de su nueva actividad, las restricciones que propone esta ley a un exagerado modo de ejecutar las políticas educativas de la LOMCE no han tenido en cuenta que, en el segundo nivel de decisiones, las autonomías de tipo conservador en la gestión controlan un 70% del alumnado, y tienen ahora –como todas- un 10% más de competencias curriculares. La cuestión principal con que se encontrará Celáa ante el Vaticano seguirá siendo la de la medida en que podrá defender el crecimiento real de la equidad en el sistema educativo y, por tanto, la fortaleza de una educación pública para todos. Puede enrocarse en su no defensa y, prosiguiendo su subordinación a la privada, haya de facilitar el trabajo a los conservadores cuando vuelvan al poder en el Ministerio de la madrileña calle de Alcalá.
MMC (Madrid: 09.12.2021)
https://www.mundiario.com/articulo/politica/actualizar-acuerdos-vaticano/20211208202622232295.html
El rechazo de la derecha en el Congreso de los Diputados la nueva LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación) ha ido acompañado de una intensa campaña en su contra. Entre los aspectos que más han trascendido estos días contra la conocida como 'ley Celaá', se encuentra la supresión del concepto del castellano como lengua vehicular, algo que introdujo por primera vez el PP con la LOMCE o ley Wert. También se ha disparado la alarma porque la norma conllevaría supuestamente el cierre de los centros de educación especial, a pesar de que la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, haya salido a desmentirlo.
Las Mareas por la Educación Pública de todo el país han expresado su “absoluta disconformidad” con “los ataques realizados por los sectores representantes de la enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de la LOMLOE o Ley Celáa”. Les parece especialmente lesivo que se utilice el concepto de “libertad” para la promoción de estos intereses. “La libertad es que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre una educación privada o pública, pero no que su elección sea subvencionada por el Estado”, manifiesta Chus Martín, profesora e integrante de la Marea Verde de Madrid.
Además, con estos “falsos debates” quedan relegados algunas críticas a la nueva norma que para la comunidad educativa en defensa de la Pública sí son importantes. “En general la ley es decepcionante. Es una reforma de la reforma. Utiliza la LOMCE, que era una reforma de la LOE (la ley socialista de 2006)”, explica Ignacio Casado, integrante de la Marea Verde de Cádiz. Estos son algunos de los aspectos relevantes que, en opinión del movimiento por la Educación Pública flaquean o no aparecen en la nueva ley.
Esta es una demanda de todo el profesorado, aunque la realidad haya sido modificada por la pandemia. La bajada de ratios no aparece mencionada en la Ley Celáa. Ha quedado fuera de las enmiendas la intención de Unidas Podemos de disminuir la ratios actualmente vigentes en ley Wert: 25 alumnos por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.
La recuperación de la asignatura de Ética en 4º de la ESO había sido consensuada en la Comisión de Educación del Congreso. Sin embargo, no está dentro de la 'ley Celaá', algo que ya advirtió la Red Española de Filosofía en septiembre. La ley prevé una asignatura de valores cívicos y éticos que se impartirá en un curso de primaria y en otro de secundaria, aunque debe ser transversal en todas las materias.
En cuanto a la educación concertada, la ley prioriza la educación pública al eliminar el concepto de “demanda social” de la ley Wert, que escondía que había que financiar la escuela concertada a las familias, si así lo decidían. Ahora se establece por ley que corresponde a las administraciones crear las suficientes plazas públicas para los alumnos. Esta modificación tan criticada por la privada-concertada, no es suficiente para los defensores de la Pública. “No acaban de concretar cómo lo van a hacer. La impresión que nos da es que no toca el mantenimiento esencial de las concertadas. En ningún momento se plantea romper el status quo. En el mejor de los casos se quedaría tal y como está”, señala Casado. “Deberíamos estar hablando de la progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de titularidad y gestión pública”, han señalado desde las Mareas.
Otro aspecto que se queda fuera es la Formación Profesional, que en comunidades como la de Madrid se ha privatizado tras los recortes educativos de la anterior crisis. “El alumno que más sufre el fracaso escolar y con más problemas socioeconómicos se encuentra con la formación privatizada”, ha denunciado Martín.
A pesar de la polémica, la religión se mantiene en el currículo. Aunque desde el sector educativo celebran que con la LOMLOE deje de contar para nota y se suspenda la asignatura alternativa, los cambios no son suficientes para los sectores laicistas. “La propuesta, de no rectificar, seguirá siendo confesional y segregará, por motivos de conciencia, porque mantiene la religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio", consideran desde Europa Laica. Así atropellaría "los derechos más elementales de la infancia, al segregar al alumnado en función de las creencias e ideologías particulares de sus familias, incluso desde los tres años”, añaden.
La ley Celáa que el equipo docente es el que finalmente deberá decidir en cada centro si el alumnado pasa de curso, incluso si ha suspendido alguna asignatura. Esta iniciativa que ha sido defendida como una metodología alternativa a la repetición, tiene oposición también entre los profesores de la Pública. “Elimina la importancia de los contenidos. Va en la línea neoliberal de que se formen estudiantes que puedan ser trabajadores flexibles que puedan ir cambiando según las necesidades del mercado. Sin embargo, esto es peligroso para la mayor parte de los estudiantes de clase obrera porque el único sitio donde pueden acceder a los contenidos educativos es en la escuela”, reflexiona Casado.
Para el movimiento por la Educación Pública la ley no hace una gran apuesta por el aumento de financiación que llevan años demandando. Esta es una de las reivindicaciones principales desde la etapa de los recortes de la crisis anterior. Únicamente, al final, en la disposición octava de la 'ley Celaá' se recoge que se contemplará el incremento del gasto público hasta un mínimo del 5% del P.I.B. Actualmente es del 4,3%, mientras la media europea se encuentra en el 6%.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
CUARTOPODER.ES publica este artículo
El territorio del reino de España dispone de una larga tradición en defensa del laicismo. Esto es así por varias razones, pero una de ellas es por la existencia de una iglesia católica especialmente potente, reaccionaria y nefasta en nuestra historia y en nuestro presente.
Lo que significa laicismo no debería suponer ninguna ambigüedad.
"Un sistema político caracterizado por la exclusión de la influencia y control eclesiástico" (Diccionario Merriam Webster).
"La doctrina según la cual la moralidad debe basarse únicamente en el bienestar de la humanidad en la vida presente, con exclusión de todas las consideraciones derivadas de la creencia en Dios o en un estado futuro" (Diccionario Oxford).
"La creencia de que la religión no debería estar implicada en las actividades políticas y sociales habituales de un país" (Diccionario Cambridge).
"La laicidad implica la separación de las organizaciones religiosas y estatales. El orden político se basa en la única soberanía del pueblo de los ciudadanos y el Estado -que no reconoce ni paga ninguna religión- no regula el funcionamiento interno de las organizaciones religiosas. De esta separación se deduce la neutralidad del Estado, las autoridades locales y los servicios públicos, no de sus usuarios. La República laica impone así la igualdad de los ciudadanos en la administración y el servicio público, sean cuales sean sus convicciones o creencias” (De una página de la república francesa).
Son definiciones y aclaraciones suficientemente nítidas para cualquier persona que intelectualmente pretenda luz y no oscuridad. Ahora bien, algunas polémicas están mezcladas de enredos como "laicismo positivo o laicismo negativo” o “laicismo agresivo y laicismo sano o tranquilo". Creo que todo esto es pura palabrería. Como distinguir entre religiones fundamentalistas y no fundamentalistas. O entre religiones dogmáticas y no dogmáticas: entendiendo dogmatismo por su acepción de mantenimiento de las ideas como verdades indudables sin la menor evidencia empírica. ¿Hay alguna religión que no sea dogmática en un sentido preciso: que esté dispuesta a discutir sus ideas fundamentales a la luz de la razón y de la evidencia empírica? No conozco a ninguna.
Pero me gustaría centrarme en esta breve intervención en un punto que forma parte de la definición de laicismo: "Ninguna religión debe tener un tratamiento superior a otras por parte del Estado. Y que, como instituciones privadas que son, las iglesias no deben recibir en ningún caso y para nada recursos del Estado".
Vivimos en un Estado donde este principio laico está pisado de forma continuada, en realidad se trata de una violación permanente.
Pondré la cuestión de una manera que puede mostrarlo de forma hasta divertida. Se debe a un artículo de hace más de 15 años que he leído estos días para preparar esta intervención.
Se trataba de un supuesto grupo de docentes que estaba preocupado por el nivel de la enseñanza en el reino de España. Y proponían:
"Queremos llegar a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para que nos cedan un diez por ciento del tiempo de las misas con el fin de que profesores especialistas en las distintas disciplinas puedan llegar más fácilmente a los creyentes mediante breves intervenciones didácticas.
Estamos estudiando cuál sería el momento idóneo para insertar en las misas contenidos científicos y culturales, tal vez inmediatamente después de la consagración o justo antes del padre nuestro.
Está claro que algunos feligreses podrían, con razón, objetar que ellos no tienen porqué aumentar sus conocimientos ni su cultura, ya que acuden a misa con el sólo fin de orar y escuchar la palabra de Dios.
Para solucionar este problema, y aunque pudiera parecer inconstitucional, a la entrada a la iglesia les haríamos rellenar un formulario para que manifestaran su preferencia por la religión o la cultura.
(...)
Los obispos nos han adelantado que no habría problema en computar el tiempo de cualquiera de estas actividades como tiempo equiparable al dedicado a escuchar la palabra de Dios, a la oración, a la contemplación, la penitencia o a la caridad y en ningún caso podrá discriminarse el acceso a la salvación eterna a los fieles en razón de sus preferencias religiosas o educativas.
Tampoco han puesto la más mínima objeción a la aparente contradicción derivada de que el contenido de las misas esté basado en la fe y las creencias, en contraste con la naturaleza científica y académica de los contenidos que habitualmente impartimos en las aulas.
En un primer momento, las clases se impartirían sólo durante las misas obligatorias de los domingos y fiestas de guardar, para más adelante extenderse a otros actos religiosos de asistencia no obligatoria como bautizos, bodas, comuniones, funerales, ejercicios espirituales, ordenaciones sacerdotales e incluso ceremonias de canonización o beatificación.
Pero, ¿de dónde saldría el dinero para pagar al profesorado que trabaje los domingos? Sin duda alguna de los donativos que los fieles depositan en los cepillos, del porcentaje de impuestos destinados al sostenimiento de la Iglesia Católica o, en general, de los presupuestos de la Iglesia.
Para garantizar la calidad de las enseñanzas impartidas, nuestra asociación gestionaría directamente el dinero aportado por la Iglesia y con él contrataría a profesores de sólida formación pedagógica y científica que se encargarían de impartir las clases durante las misas.
Naturalmente, dado el carácter eminentemente laico de las clases, no dudaríamos en despedir fulminantemente a aquellos profesores que no mantuvieran una coherencia laica entre su vida profesional y personal haciendo cosas como casarse por la iglesia, acudir a misa semanalmente o participar en cualquier tipo de actos religiosos."
¿Da risa? Esta es exactamente la situación que, permutando adecuadamente los términos, hace desde muchos años la Iglesia católica en las escuelas públicas. Los profesores y profesoras de religión los pagan todos los contribuyentes, pero son elegidos y autorizados por los obispos católicos; la vida que deben llevar es acorde con los principios de esta Iglesia y no con los derechos democráticos reconocidos (homosexuales, divorciados y divorciadas… son apartados de sus puestos de trabajo). Hoy en el reino de España casi el 28% de la enseñanza es concertada. La pública representa el 67,5%, lo que representa más de 13 puntos por debajo de la media europea. La Iglesia controla más del 60% de los centros concertados. Una vergüenza de la realidad de un estado supuestamente aconfesional.
La escuela concertada es sólo una parte, importante sin duda, de esta vergüenza. No sé si el más importante de la injerencia de la iglesia en la vida pública y de su mantenimiento por parte del Estado. No hay manera de que la iglesia explique sus cuentas, no hay manera de que explique en qué se gasta el dinero público, no hay manera de conocer la menor transparencia en sus actividades comerciales y económicas. Y se le permite. Como al rey Borbón y a la Casa real. Es la primera interesada que cuanta más opacidad haya mejor. Números tenemos, porque hay organizaciones que intentan hacer evidente la barbaridad que significa la cantidad de caudales públicos para uso privado. La Iglesia es una asociación privada, que debería incumbir a sus fieles y solamente a ellos, no a los que pagamos siendo ateos o de cualquier otra religión para su mantenimiento. Que crean lo que quieran, en Dios o en la tetera orbitante de Russell. Pero que paguemos sus creencias todas las personas que debemos declarar el IRPF no es en absoluto racional ni, por supuesto, propio de un Estado que fuera laico.
En 1972, un almirante franquista católico fanático y que ETA hizo volar por los aires un año después, Carrero Blanco, declaró al diario Pueblo: "Desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etc." ¡300.000 millones de pesetas! Era una cantidad impresionante, si nos situamos en el poder adquisitivo de la época referida. Pero son cálculos lejanos. Mucho más recientemente, una asociación (Europa laica) que lleva años denunciando los privilegios de la Iglesia, hizo público un estudio del 2016 según el cual el estado aporta 11.000 millones de euros en la iglesia. El estudio estaba basado a partir de datos de organismos oficiales: "A lo largo del año 2015 el Estado (central, autonómico y local) cedió a la Iglesia católica oficial, de manera directa o por la vía de dejar de ingresar impuestos, una cifra superior a los 11.000 millones de euros, lo que supone más del 1% del PIB". Ese cálculo incluye las exenciones fiscales como en el caso del IBI valoradas en 3.000 millones al año; 4.600 millones para pagar a los 35.000 profesores de religión y los conciertos con los centros religiosos; 3.200 millones para dispensarios, hospitales y centros de salud, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia, entre otros.
¿Cómo es posible? IRPF (que lo pagamos todos, no sólo los que ponen la casilla), propiedades inmobiliarias inmensas que no pagan IBI (que incluye pisos, parkings, incluso alquilados a terceros), propiedad del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y de porcentajes muy considerables en más de 8.000 municipios del reino, obras de arte, medios de comunicación... Todos lo pagamos porque la Iglesia no paga. Recordemos la política de la Iglesia: cuando menor sea el Estado, más justificada está en su intervención. Cuando menos política social, más Cáritas; cuando más pobreza, más negocio de la caridad.
Los jueces siempre fallan a favor de la Iglesia católica. Siempre. Sólo hay que ver las sentencias del Tribunal Constitucional a las denuncias de ayuntamientos que se atreven a plantar cara al expolio por un poco de dignidad y de decencia. Siempre al lado de la iglesia. Y la parcialidad es vergonzosa. Como la filiación de muchos de sus miembros hace difícil que sea de otra forma. Un ejemplo, sólo uno de los cientos que se podrían poner. Es sobre la educación separada por sexos. Nos situamos en abril de 2018, hace poco más de dos años. No sólo el Tribunal manifestó que la segregación es respetuosa y no causa discriminación, sino que los centros deben recibir fondos "del sistema de financiación pública en condiciones de igualdad". Habitual, ellos ponen el adoctrinamiento y la ciudadanía paga los impuestos. Uno de los firmantes de la sentencia judicial era Andrés Ollero miembro del Opus y diputado del PP durante 5 legislaturas. No hubo objeciones a su imparcialidad (sic). ¿Se acuerdan cuando el magistrado Pablo Pérez Tremps fue apartado del Tribunal en las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña por haber participado en un informe encargado por la Generalitat para la redacción del texto? Un ejemplo solamente. Parece ser que el señor Ollero era imparcial o que su pertenencia al Opus era un dato insignificante.
He mencionado las casillas del IRPF. Corresponde a un partido que a veces dice ser laico (sic) una de las mayores concesiones a la depredadora Iglesia católica realizadas después del franquismo. Efectivamente, fue un Gobierno del PSOE, el de Zapatero, en 2006 que subió al 0,7% la aportación del IRPF a la iglesia. Un supuesto laico, el señor Zapatero, que subió el 33% la aportación vía IRPF de dinero público a la Iglesia católica. Como explica Ángel Munárriz en Iglesia, SA, el PSOE es más laico cuando está en la oposición. Más laico y más tantas cosas cuando está en la oposición… Como también se dice en este mismo libro, tanto con PP como con PSOE “el Estado no confesional ha acabado siendo al Estado laico lo que el Estado de las autonomías al federal: una aproximación, un remedo, una imitación sin sustancia".
Se trata de no marcar ninguna casilla. Pero marquemos la que marquemos, pagamos todos a la Iglesia. Supongo que no hace falta explicarlo mucho, ni hace falta ser hacendista. Del total de los impuestos de IRPF recibidos, una parte va a la Iglesia en función del número de crucecitas. En vez de dedicarse a otras cosas van a la Iglesia. Yo pago a pesar de ser un ateo militante a la Iglesia. Y usted y el otro, cualquier declarante del IRPF. Una posibilidad diferente: la alemana. Otra mejor es la laica: ni un euro público a la iglesia. Que se la paguen los fieles, como toda asociación privada. Están en su derecho pagar por sus creencias, pero no tienen ninguno a un solo euro de los 11.000 millones que chupan anualmente. Cuanta menos clientela tienen, más dependen del Estado. Y este Estado se lo da.
Termino con un recordatorio a Antoni Domènech, un laico sin concesiones. Al fin y al cabo, esta mesa se organizó en homenaje a este gigante del pensamiento republicano-socialista. Y lo haré recordando un fragmento de discurso de uno de los políticos españoles que más en consideración tenía, Manuel Azaña. Parte de esta consideración era por su castellano maravilloso. Este discurso de Manuel Azaña es del año 1930 y gustaba especialmente a Toni y por eso lo quiso publicar en Sin Permiso:
"No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como éste, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libro examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progreso social!"
Y más adelante:
"No nos bastará barrer de un escobazo el infecto clericalismo del Estado, ni acabar con la demagogia frailuna que a los liberales moderados de hace un siglo ya les parecía repugnante."
Joaquín Maurín, otro de los políticos muy queridos por Toni, escribió casi en los mismos momentos:
“España necesita llevar a cabo todavía su revolución democrática, es decir, la abolición definitiva de la monarquía, el exterminio del poder de la Iglesia, el reparto de la tierra, la liberación de las nacionalidades, la emancipación política y moral de la mujer, la destrucción del armatoste secular del Estado semifeudal”.1
90 años después de haber sido dichas estas palabras de Azaña y Maurín, podemos decir con mucha evidencia que estamos todavía en un estado de facto confesional, que la alianza monarquía-iglesia-ejército sigue imperando con mucho vigor. Y que los gobiernos UCD-PSOE-PP habidos hasta ahora a lo largo de más de 40 años, siguen dando todo tipo de privilegios a la Iglesia católica. El “infecto clericalismo” campa por las suyas con toda la complicidad de la monarquía, del ejército y de los tribunales de justicia. Y de los gobiernos.2 El laicismo y la razón tienen un largo y duro camino que recorrer.
Muchas gracias.
Este texto es una versión traducida y adaptada de la intervención en la mesa sobre “postmodernidad y razón” de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya -UPEC- en homenaje a Antoni Domènech, el 5 de noviembre de 2020. El vídeo completo de la mesa con las preguntas del público, a continuación.
