lunes, 31 de julio de 2017

Información destacada de la Marea Verde

¡Mucha suerte y ánimo a tod@s l@s que os presentáis a las oposiciones! ¡#InterinosAlasAulas!



#SOSEducaciónPública 2017



300 niñ@s de Villa de Vallecas sin cole

Firma Contra la masificación de los colegios públicos en Montecarmelo (Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo)

Recogida de firmas de apoyo a la Denuncia y 





  

Cronología de una mentira. El PP quiere mantener la LOMCE: no hay que dejarse engañar (Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid)


        

domingo, 23 de julio de 2017

¡Sí se puede! Nueva victoria vecinal: el Ayuntamiento y ADIF se comprometen a destinar los terrenos baldíos de Delicias a dotaciones públicas

Artículo publicado en aavvmadrid.org

El acuerdo ha tardado en llegar, pero por fin el movimiento ciudadano de Arganzuela puede cantar victoria. En una reunión mantenida ayer, martes 18 de julio, con representantes de los colectivos vecinales de la zona y de la FRAVM, José Manuel Calvo, delegado de Urbanismo y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, aseguró que el Consistorio y ADIF firmarán próximamente un convenio para dedicar los terrenos en desuso de Delicias a dotaciones culturales y equipamientos básicos para la zona.

Se espera que el primer borrador de este convenio, cuya redacción corresponde al Ayuntamiento, esté listo tras el verano, para el próximo mes de septiembre.

El Consistorio se ha comprometido también a iniciar las tareas de limpieza de los terrenos, tanto de aquellos que son de su propiedad como de los de ADIF. El vecindario de la zona llevaba tiempo demandando esta actuación con el fin de evitar incendios y acumulación de residuos.

Las asociaciones vecinales Nudo Sur, Nuevo Legazpi, Vecinos Delicias y la Plataforma para la Defensa de la Educación Pública de Arganzuela y Lavapiés se muestran muy satisfechas con una solución que llevan años reivindicando, para la cual han recogido más de 3.000 firmas de apoyo. En este tiempo han conseguido el sostén de la Junta de Distrito de Arganzuela y de la FRAVM y han organizado diferentes concentraciones, a las que han asistido cientos de personas y todos los grupos políticos presentes en el Consistorio. Los colectivos vecinales dan la enhorabuena “a todo el mundo que ha contribuido a lograr esta importante mejora para la zona”.

Estas entidades pidieron ayer a José Manuel Calvo que se aceleren los plazos para firmar el acuerdo entre las administraciones y que mientras se construyen las nuevas dotaciones, se busquen soluciones temporales que permitan al barrio hacer uso de los terrenos y evitar nuevos asentamientos.

La representación vecinal insistió en la urgencia de contar con nuevos equipamientos educativos, deportivos, sanitarios y culturales. Dotaciones que han de cubrir las necesidades de las miles de personas que se han trasladado a vivir a la zona en los últimos veinte años y las de aquellas que van a hacerlo en un futuro próximo, cuando finalicen las cientos de viviendas que actualmente se encuentran en construcción.

Por último, las entidades vecinales se comprometieron a seguir de cerca el proceso que ahora se abre y a buscar los cauces para que la vecindad pueda seguir participando.

sábado, 22 de julio de 2017

La libertad de elección de centro (M. Luz Martínez Seijo, eldiario.es)

Artículo de M. Luz Martínez Seijo - Secretaria de Educación de la Ejecutiva del PSOE publicado en eldiario.es/tribunaabierta
  • El modelo educativo de libre elección de centro que propone el PP pretende que el sistema de escolarización en nuestros centros se base en un proceso de selección de alumnado, lejos del modelo de escuela inclusiva
Posiblemente muchos ciudadanos y ciudadanas se pregunten a qué se ha dedicado estos últimos meses la Subcomisión de Educación creada en el Congreso de los Diputados para trabajar en un acuerdo educativo. Más de 80 comparecientes, representantes de la Comunidad educativa, colectivos relevantes y expertos en diversas áreas de innovación y educación han compartido su visión y propuestas para la mejora de nuestro sistema educativo. Han sido muchos los retos planteados en la Subcomisión que no ha llegado todavía a su fin.

Estos meses, el debate político educativo se ha centrado en el futuro, en diagnosticar para mejorar, y en este objetivo hemos trabajado los distintos grupos parlamentarios. Y lo hemos hecho desde la búsqueda de los mejores diagnósticos y las propuestas fundamentadas en apreciaciones sólidas y rigurosas.

Sin embargo, el PP ha roto la imprescindible lealtad política e institucional con el registro de una Proposición no de Ley en el Congreso que viene a denunciar las decisiones de varios Gobiernos Autonómicos socialistas que han decidido cerrar líneas o unidades concertadas. La proposición llega aún más lejos dejando entrever una causalidad ideológica que busca deliberadamente poner en riesgo la viabilidad de dichos centros concertados, vulnerando la libertad de enseñanza y como consecuencia la libertad de elección de centro.

En esta proposición se demuestra una incoherencia manifiesta por parte del Partido Popular. Existe un derecho a la libertad de enseñanza, por supuesto, tanto como está limitada (y garantizada) por la necesaria planificación escolar. En todas las decisiones que enumera dicha proposición, la reducción de unidades concertadas está claramente vinculada a una necesaria racionalización de los recursos educativos y a unos criterios perfectamente objetivos que respetan el derecho existente de centros y familias. Este es el marco de un binomio de derechos y deberes, en el que se han tomado decisiones comprensibles desde el punto de vista escolar. En cambio, de la lectura de dicha proposición solo se puede deducir lo contrario de las pretensiones del Partido Popular, puesto que sí está dispuesto a alterar los criterios objetivos de planificación educativa, a tomar decisiones de manera discrecional y aumentar la oferta de unidades concertadas frente a la educación pública, aun vulnerando dicho derecho a elegir de las familias. Es curioso que el PP no ponga como ejemplo de dicha vulneración las decisiones de final de curso por sorpresa y de manera absolutamente discrecional de “reordenación de centros” que lleva al cierre de varios colegios públicos en Galicia, con la consiguiente y justificada alarma social. Poco más que decir de la irracionalidad de decisiones de eliminar unidades en centro públicos en la Comunidad de Madrid a pesar de que las necesidades de escolarización son evidentes.

Lo más grave del planteamiento del Partido Popular es que ha pretendido presentar como evidencia de la vulneración del derecho a elegir centro por las familias, lo que son decisiones dentro del margen de planificación o de las normas que lo deben articular. Inexplicablemente el PP parece buscar un desacuerdo más que un acuerdo, actúan de manera desleal con la Subcomisión política del Congreso y sitúan el principio de una negociación en unos términos condicionantes muy perniciosos y sobre premisas no correctas para cualquier inicio de acercamiento a una posición de consenso.

Para entender en qué se sustenta el “debate” sobre la libertad de elección de centro debemos remontarnos a 1978 y al artículo 27 de la Constitución española. El artículo 27 garantizó tanto la libertad de elección de centro escolar como la facultad de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la educación en condiciones de igualdad por medio de la planificación y regulación de las plazas escolares, sin que ello signifique vulneración del derecho a la elección de centro. Son dos caras de la misma moneda. Pretender desvirtuar un principio con el otro, es un error del que hace gala la proposición del PP. Los padres, obviamente, pueden ejercitar su derecho, aunque distinto es que la elección pueda ser satisfecha en función de que existan o no existan plazas por la necesidad de observar la "ratio”.

Leyes posteriores como la LODE traducen estos principios constitucionales en una regulación que permite la libertad de elección de escuela por parte de las familias, pero la matizan y limitan en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos en aquellas situaciones de exceso de demanda, es decir, en los casos en que el número de solicitudes para obtener plaza en un centro escolar supere las plazas disponibles. Es precisamente la versión ideológica más radical del Partido Popular la que desborda este necesario equilibrio constitucional, mediante la introducción de la demanda social en la LOMCE.

En este caso, se ordena el proceso de admisión de alumnos a partir de los criterios de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio, del lugar de trabajo, nivel de renta de la unidad familiar y concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos. Del mismo modo, también es necesario que la planificación educativa tenga en cuenta una distribución equilibrada de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Hasta aquí parece razonable que los poderes públicos establezcan los criterios sobre los que ordenar la demanda y las necesidades de escolarización, en condiciones de igualdad para todos los centros sostenidos con fondos públicos y no dejar al albur de cada uno de ellos mecanismos de selección desde el propio centro. Esto es lo que el PP no se atreve a reconocer abiertamente como su auténtica voluntad. No es el derecho a elegir, sino la posibilidad de los centros de seleccionar los alumnos.

Las medidas que introdujo la LODE para regular el proceso de admisión de alumnos delimitaron la libertad absoluta de elección de centro, basándose en la consideración de que, sin la intervención pública, se producirían situaciones de distribución de alumnos que repercutirían en las oportunidades educativas de los colectivos más desfavorecidos.

La LODE permitió de esta manera el acceso a la educación de colectivos tradicionalmente excluidos de ella. Sin embargo, hoy en día, la realidad indica que el alumnado más desfavorecido se concentra en determinados centros, escuelas que reúnen la nueva inmigración y alumnado autóctono en situación de riesgo y exclusión social, mientras que otros centros, en su mayoría concertados pero también algunos públicos, presentan una homogeneidad social que les facilita implementar los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tener que buscar recursos para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado que escolarizan procedente de otros países, con diversidad funcional, absentistas, disruptivos, etc.

Los socialistas entendemos las posiciones de defensa de la libertad de elección de centro desde una perspectiva de defensa de un derecho que solo adquiere pleno sentido desde la necesaria planificación escolar y los criterios de escolarización. Solo así es un derecho para todas las familias y solo desde esta premisa, la educación concertada puede ser responsable también del servicio público educativo. De lo contrario sería una vía alternativa y excluyente pero no parte del sistema. Si lo que el Partido Popular pretende es que bajo este derecho se deslice otro tipo de intereses, que lo diga abiertamente: bien porque tiene una perspectiva mercantilista de la educación que lo entronca con el cheque escolar o bien porque está dispuesto a sacrificar la equidad y la igualdad de oportunidades educativas mediante mecanismos formales e informales que permiten la selección de alumnos y las familias.

En resumen, la realidad y el fondo del modelo educativo derivado de la libre elección de centro que propone el PP se basa en un planteamiento fuertemente ideológico que distorsiona el sentido del artículo 27 de la Constitución Española para lograr que el sistema de escolarización en nuestros centros se base en un proceso de selección de alumnado, muy lejos del modelo de escuela inclusiva y no segregadora que defiende la mayoría de nuestra sociedad, como reproducción de ella misma y que es el modelo escolar que prima en los países de nuestro entorno europeo.

Para los socialistas es primordial que se avance por la senda del acuerdo, el modelo educativo es una prioridad para nuestra sociedad y también para los poderes públicos. Por eso, cabe recordar que en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero en el Senado se aprobó el compromiso por parte del Gobierno y las CC.AA de plantear las bases de un “Pacto de Estado por la Educación”. Han pasado seis meses y una vez más el Gobierno del Rajoy no ha planteado nada, salvo crear malestar, reforzar la LOMCE y mantener su política de recortes, mala combinación para poner las bases de un Pacto.

viernes, 21 de julio de 2017

El Gobierno aprueba el decreto de becas sin cambios pese al rechazo político y estudiantil (Sofía Pérez Mendoza. eldiario.es)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza publicado en eldiario.es 

  • El Ministerio de Educación da luz verde a seguir aplicando el sistema implantado por el exministro Wert, rechazado por el Congreso y los estudiantes
  • Los umbrales de renta y las cuantías, congeladas desde 2012, pasan por el filtro del Consejo de Ministros sin considerarse las peticiones del encierro estudiantil
  • La protesta que tuvo lugar el viernes y el sábado sí ha obligado al ministro a comprometerse a negociar estos parámetros para el curso que viene

El Ministerio de Educación amplía sin margen a la negociación al menos un año más el sistema de becas que diseñó el exministro José Ignacio Wert. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto de becas que se redacta anualmente y que recoge los umbrales económicos para acceder a las ayudas y las cuantías.
El encierro de parte del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado no ha impedido al Gobierno seguir adelante con su decreto, pero sí le ha obligado a comprometerse a crear una comisión mixta –compuesta por CRUE y Ceune– para analizar los umbrales, que no se tocan, como ha reconocido Íñigo Méndez de Vigo, desde 2012.

Estos máximos fijados un año más por el Ministerio y sin cambios desde 2013 son tres: el primero (incluye matrícula gratuita. beca de renta y residencia y cuantía variable) es de 14.613 para una familia de cuatro miembros; el segundo (que exime del pago de tasas y contempla la ayuda de residencia y la parte variable) está fijado en un techo de 36.421 euros para el mismo número de miembros; y el tercero (solo matriculación gratuita), accesible para unidades de cuatro personas que ingresen un tope de 40.796 euros.

No está sobre la mesa de ninguna manera, confirmaba el Ministerio de Educación tras disolverse el encierro de estudiantes, el cambio del sistema de becas en dos partes –fija y variable– y las notas exigidas para acceder a las ayudas: un 6,5 para las becas y un 5,5, para la exención de matrícula. El criterio, enducerido por Wert, "estimula la mejora del rendimiento académico de los estudiantes", ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su sucesor Méndez de Vigo, quien ha insistido en "el esfuerzo y la responsabilidad" de los becarios.

El también portavoz del Gobierno ha presumido delante de los periodistas de dedicar "la cifra más alta de la historia" en el presupuesto de becas: 1.420,3 millones, lo que supone solo un 0,28% más que en 2016. Las ayudas llegan, según cifras del Ministerio, a 674.000 becarios de convocatoria general y 95.000 con necesidades educativas especiales. "Cumplimos con la dimensión social de la educación, que nadie deje de estudiar por motivos económicos", ha señalado el ministro.

Los importes de las ayudas continúan como en 2013 y son 1.500 euros de la parte fija ligada a la renta familiar y un mínimo de 60 euros correspondiente a la cuantía variable, la que se ingresa en función de una fórmula muy compleja de calcular que tiene en cuenta el dinero restante una vez entregada la primera parte.

El resultado es que los becarios no conocen cuál será el total de su beca hasta muchos meses después del inicio del curso, lo que hace muy difícil la planificación, como ha denunciado año tras año desde 2013 el Consejo Escolar del Estado y ahora también el Congreso. La cámara baja aprobó en junio una Proposición No de Ley del PSOE para "modificar la normativa reguladora para recuperar el verdadero sentido como derecho subjetivo". El Consejo Escolar también ha instado al Gobierno a revisar los umbrales de renta y las cuantías de las ayudas.

El real decreto del Gobierno solo ha introducido un cambio menor que permitirá que los estudiantes que han hecho ciclos de Grado Medio que después convalidan en enseñanzas de Grado Superior no vean reducidas sus ayudas al hacerlo, como ocurría hasta ahora por la interpretación que se hacía de la norma. En estos casos, para el Ministerio el estudiante no estaba matriculado del curso completo por lo que no podía recibir el importe íntegro de la beca.

Entradas relacionadas:

Entrevista a Ignacio Calderón: "Hay que pensar en las escuelas como lugares de participación democrática"

Hay que pensar las escuelas como lugares de participación democrática

Léelo en PDF aquí

"¿A quién beneficia dar Science en inglés?" (Jordi Martí)

Reproducimos este artículo publicado en XARXATIC



Hace tiempo que me pregunto a quién está beneficiando realmente que, en algunos centros educativos y, especialmente aquellos dependientes de algunas Comunidades Autónomas, se esté procediendo a sustituir las clases en la lengua de Cervantes o cualquiera de las cooficiales, por inglés. Ya, estamos en un mundo global y sin el inglés da la sensación que no nos podremos mover de nuestro país, estaremos limitados a trabajos miserables y, por qué no decirlo, seremos incapaces de entender la información técnica que, a lo largo de las redes, se distribuye de forma masiva en la lengua de Shakespeare. Eso es lo que se nos vende. Eso es lo que justifica, a nivel político y por parte de, cada vez más, docentes, padres y medios, la cada vez más hilarante introducción del inglés como lengua vehicular en nuestro país. La verdad es que salvo que seamos una colonia inglesa no lo entiendo. No entiendo que los aprendizajes básicos deban posponerse al aprendizaje del inglés. Bueno, debo ser de lo pocos porque, por lo visto, lo que no puede ser es que el docente y el alumno se comuniquen en su lengua materna o de uso habitual. La verdad es que, por el camino que vamos, ya me veo sustituyendo la Ikurriña o la Senyera por las banderas de los condados de Essex y Kent y, en poco tiempo ver ondear la Union Flag en el Parlamento y el Senado mientras, en el desfile de las fuerzas armadas, se canta el God Save de King (sí, aquí tenemos King, no Queen).



Fuente: Flickr CC

Pero seamos sinceros… si los que tenemos un poco de sentido común en el asunto (cada vez los menos, lo reconozco) vemos que lo de dar asignaturas en lenguas que no dominan ni docentes, ni alumnos y, por qué no poner también en la ecuación, familias, ¿a quién interesa lo anterior? Porque, vamos a ser brutalmente claros, ¿qué sentido tiene reducir aprendizajes con la finalidad que nuestros alumnos aprenden inglés? ¿A quién beneficia? ¿A los alumnos? Pues va a ser que no. Bueno, algunos van a aprender inglés con independencia de estos inventos del TBO porque, por suerte, han nacido en una familia con posibles que hace posible complementar ese inglés macarrónico con el que se imparte Science con algo más serio. Y seamos sinceros, ¿alguien cree que a un alumno brillante, sin problemas socieconómicos, le va a importar realmente que se den las clases en inglés o en mandarín? Pues va a ser que no. Algunos aprenden a pesar de. No son muchos pero sí que existen alumnos así. Les puedes poner un globo con ojos en la mesa del profesor y enchufarles un vídeo y van a aprender. Pueden venir a clase en días alternos y también aprenderían. El problema no son este tipo de alumnos (entre un 2-5% del alumnado). El problema es qué hacemos con el noventa y mucho por ciento restante. Bueno, ¿quién se está beneficiando con lo que les está pasando a este inmenso porcentaje de alumnado?

En primer lugar el beneficio directo es para aquellos docentes que se han certificado en inglés (dependiendo de las Comunidades con un triste B2 o con un maravilloso C1). Sí, tener inglés te garantiza que puedas dar clase de, por ejemplo, Matemáticas en inglés, por delante de uno que no tenga dicha certificación. ¿Serás mejor docente, sabrás más de matemáticas o estarás actualizado en tus prácticas docentes? No importa. Lo que importa es que sepas inglés y, más que qué sepas, que tengas la certificación que te piden. Incluso podrás, en caso de ser interino, pasar por delante de funcionarios. No importa lo bueno que seas en tu asignatura. Importa el título de inglés que tengas.

También tenemos como beneficiarios del bilingüismo cañi (perdonadme la expresión pero, es lo más cercano que se me ocurre) a todas esas academias de inglés que están preparando a los docentes para sacarse esos títulos que necesitan, a las Universidades privadas -y públicas- que expiden capacitaciones en esa lengua y, vamos a decirlo de una vez, a todos aquellos entramados empresariales que emiten certificaciones (léase Cambridge, Trinity o las que se os puedan ocurrir). Por cierto, ¿sabéis que hay muchas Consejerías que pagan a esos entramados empresariales por pasarles y certificar la prueba a sus alumnos? Claro que sí… el negocio.

¿A quién más beneficia lo anterior? Bueno, en este caso, más que beneficiar se trata de vender que va a beneficiar. Sí, a los padres que no pueden pagar para sus hijos academias privadas o pagarles un viaje para que aprendan inglés. Padres que compran que sus hijos van a aprender inglés y se solazan al ver como pronuncian hello con acento prístimo londinense. Da igual que no sepan de nada más -ni tan sólo inglés-. Lo importante es que llevan a sus hijos a un centro bilingüe donde, después de besar la bandera, les imprimen a fuego el Sun y la Moon para explicar la rotación y la traslación.

Bueno, ya sé que hay más actores beneficiados indirectamente del asunto pero me vais a permitir que, como es verano y algunos tenéis un poco más de tiempo, intentéis averiguar quiénes son. Y sí, es muy fácil 🙂

FAPA Giner de los Ríos traslada a la Asamblea de Madrid una Proposición no de Ley relativa a la mejora de las instalaciones de los centros educativos

FAPA Giner de los Ríos nos envía esta información:

Remitimos información sobre la petición que hemos trasladado a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid para que presenten a la Mesa de la Asamblea una Proposición no de Ley relativa a la necesaria mejora de las instalaciones de los centros educativos.
Enlace a la información:
www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1796
Recibir un cordial saludo
FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
twitter.com/FAPA_Giner_Rios
www.facebook.com/fapaginerdelosrios
www.youtube.com/user/FAPAGinerdelosRios

CCOO exige la construcción inmediata de un instituto en el Barrio de la Garena

Reproducimos esta nota de prensa de la FREM CC.OO.


CCOO denuncia que La Garena no cuenta con los suficientes recursos humanos y materiales para dar cobertura a todas las familias de la zona. Se necesita urgentemente la construcción de un IES y que, mientras esto se produce, se subvencione el transporte escolar a todo el alumnado de la ESO
CCOO denuncia que en el Barrio de la GARENA, de Alcalá de Henares, hace ya más de una década que toda la población reclama un nuevo instituto de educación secundaria y bachillerato, ubicado cerca de los dos únicos colegios del barrio: el CEIP "LA GARENA" Y el CEIP "MINGOTE" ya que la población no cuenta con los suficientes recursos educativos.
 
 Ahora, cuando ya son más de dos las Resoluciones de la Junta de Personal Docente Madrid-Este aprobadas por unanimidad reclamando dicha construcción y también el Pleno Municipal de la Corporación Complutense se ha manifestado unánimemente a favor de dicha obra, la Consejería ofrece el pago de una ruta escolar solamente a 94 alumnos de 1º de ESO que han acabado recientemente la Primaria, excluyendo los demás cursos de la ESO que tienen que desplazarse igualmente - incluso combinando dos líneas diferentes de autobuses urbanos -y que, en algunos casos, son hermanos mayores de los alumnos subvencionados. Las familias manifiestan su estupefacción y su indignación por esta injusticia cometida así como por los excesivos costes que esto les supone.
 
CCOO denuncia que para el próximo curso, sólo se dispone de una insuficiente partida menor de 50.000 € para estudiar la construcción, por lo que parece improbable que ésta se produzca. Por otro lado, CCOO considera que las razones que la Administración da para su retraso reiterado, como la falta de espacio, son meras excusas, ya que el Ayuntamiento Complutense está en condiciones de autorizar la ampliación de la parcela en 3000 metros cuadrados así como de construir aparcamientos subterráneos o de utilizar instalaciones deportivas anexas como sucede en otras ciudades de Madrid.
 
Teniendo en cuenta que el rango de edades del alumnado que atiende abarca las edades del futuro IES (12 a 18 años), y las necesidades de respetar la libre elección de las familias de recibir educación pública en su barrio, CCOO exige a la Consejería de Educación la inmediata y urgente construcción de dicho centro y, en tanto no se haga, que no se cometa la injusticia y el agravio comparativo de subvencionar el transporte al alumnado de 1º de ESO y excluir al resto de los cursos de la ESO.
 
Desde CCOO exigimos respuesta a esta petición actuando como representantes legales de los trabajadores y de los ciudadanos y nos plantearemos además las medidas legales o la movilización social necesaria para resolverla, en tiempo y forma, lo antes posible.

La DAT Este no asiste a la reunión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Plataforma para la construcción del Instituto de La Garena, ralentizando así la búsqueda de soluciones para los alumn@s de La Garena

La Plataforma para la construcción del Instituto de La Garena nos envía esta información

Reunión con el Alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la Concejal de Educación, Diana Díaz del Pozo,  Francisco-Sócrates Quintanar García, Delegado de CCOO de Enseñanza en la zona ESTE y miembros de la Plataforma Instituto La Garena 
Con fecha 17 de julio de 2.017, La Plataforma para la construcción del Instituto de La Garena (Asociación de Vecinos de La Garena, las AMPA del Colegio de La Garena y del Colegio Antonio Mingote, la FAPA, con el apoyo de Marea Verde, Asociación de Profesores y de la Plataforma por la Escuela Pública de Alcalá, Plataforma Centros Públicos), ha mantenido la reunión con el Alcalde de Alcalá de Henares y la Concejal de Educación,  que fue solicitada por esta plataforma, con fecha 4 de julio de 2.017, tanto a este Ayuntamiento como al Director de Área Territorial Este, D. Jorge Elías de la Peña Montes de Oca, no recibiendo notificación alguna de este segundo.
La intención de esta reunión, viene fundamentada por la solicitud de información relativa al estudio pendiente de realizar, sobre el terreno de la parcela cedida por el Ayuntamiento a la CAM en la que se prevé la edificación del Instituto La Garena. En la reunión mantenida el pasado 28 de junio entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid  (Viceconsejera de Organización Educativa, la Directora General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y el Director del Área Territorial de la Comunidad de Madrid), habían acordado iniciar este estudio, en el mes de julio realizando las reuniones entre técnicos de ambas Instituciones. 
La situación real es que ante la falta de asistencia de la DAT a la reunión, y el hecho de que el Ayuntamiento, no tiene constancia del comienzo de dicho estudio, este último, ha reclamado nuevamente, con fecha 13 de julio a la Directora General de Infraestructura de la Comunidad de Madrid, este asunto, con la intención de comenzar a desarrollar el proyecto que sirva de base a la posterior licitación de la obra.
En relación al tema también candente de la ruta que desplaza a los escolares de La Garena a los institutos del centro de Alcalá, no se ha podido aclarar dicha situación, ante la no comparecencia de la DAT a dicha reunión; siendo la única información al respecto, el documento de inscripción a la ruta del Instituto Antonio Machado, en el cual figura textualmente el siguiente contenido:

Más de 80 colegios conservan nombres de figuras del franquismo (por Sofía Pérez para ELDIARIO.ES)

Reproducimos este artículo de EL DIARIO.ES

Al menos 84 centros educativos, el 90% públicos, mantienen nombres que les homenajean pese a que ya se están borrando de los callejeros
Entre ellos hay militares como el general Yagüe, apodado el carnicero de Badajoz, exministros perseguidos por la justicia argentina o el jefe de la represión en 1939
La ley avala que los gobiernos regionales inicien el proceso para modificar la denominación aunque el procedimiento habitual es que lo pida cada colegio

Mientras varias ciudades analizan sus callejeros para borrar de ellos el rastro de la dictadura, perviven en España más 80 centros escolares con nombres relacionados con figuras del franquismo o del régimen anterior de Miguel Primo de Rivera, según un estudio realizado por eldiario.es sobre la base de datos de las 33.000 escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y privados del Ministerio de Educación.
El 90% de los centros que homenajean a altos cargos, militares o personas muy ligadas a las dictaduras son públicos. Solo hay seis privados. Por provincias, las que concentran más colegios e institutos que mantienen estas denominaciones son Madrid (15), Valencia (6), Alicante (6), Toledo (6), Málaga (5) y Sevilla (5).

El mapa de los colegios franquistas

En España más de 50 colegios y centros educativos con personajes que están relacionados o con la Guerra Civil o con el franquismo. Desliza el cursor para obtener más información sobre los centros educativos
*Canarias se encuentra en su posición original

En los carteles de los centros hay numerosos exministros franquistas, como José Luis Villar Palasí (ministro de Comercio, de Educación y presidente del CSIC), sus antecesores Manuel Lora-Tamayo y José Ibañez Martín, Juan Antonio Suanzes (además General Inspector de Ingenieros Navales de la Armada y fundador del Instituto de la Industria), Joaquín Benjumea (también alcalde de Sevilla entre 1938 y 1939 y Gobernador del Banco de España), Fernando Suárez de Tangil (homenajeado con su título de conde de Vallelano), José Luis de Arrese (ministro de Vivienda 1957-1960), Adolfo Díaz-Ambrona (ministro de Agricultura), Julio Rodríguez Martínez (ministro de Educación entre 1973 y 1974) Licinio de la Fuente (responsable de Trabajo).
Este último, ministro entre 1964 y 1975, prolongó su actividad política en los primeros años de democracia. Fallecido en 2015, es uno de los altos cargos del franquismo sobre los que pesa  una orden de detención de la jueza argentina María Servini por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich. Dos colegios públicos, uno en Alia (Cáceres) y otro en Coín (Málaga), mantienen su nombre. La Junta de Extremadura asegura, preguntada por este asunto, que "está estudiando" renombrar el centro de Cáceres para eliminar esta referencia.
"José Antonio", en alusión al fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, identifica a cuatro colegios de Ciudad Real, Albacete, Jaén y Murcia . Su apellido a secas aparece en la placa de dos escuelas de Alicante. En honor a Miguel Primo de Rivera hay un centro público en Ampuero (Cantabria) y otro en Alcántara (Cáceres). Un tercero en Laredo (también en Cantabria) respondía al mismo nombre, pero el Consejo Escolar del centro consiguió sustituirlo en 2013.

Las figuras franquistas con más centros educativos con su nombre

Las figuras vinculadas a la Dictadura de Francisco Franco con más de tres centros educativos que todavía mantienen su nombre


Entre los militares cuya labor se reconoció dándoles el nombre de un colegio están el general Navarro –cuya denominación se modificó en la II República y volvió tras la Guerra Civil–  y el general Fresneda, ambos vinculados a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El general Urrutia, un sublevado en Zaragoza que participó en la toma de Madrid, tiene los días contados en el callejero de Valencia pero permanece en la placa de una escuela infantil de la ciudad. Un colegio de Sevilla responde al nombre de un militar, el capitán general Julio Coloma Gallegos, condecorado por su participación en el bando franquista.
Juan Yagüe se llama un colegio público de Logroño en honor al militar responsable de la masacre de Badajoz en la Guerra Civil, perpetrada después de que la columna que él dirigía atacara la ciudad. La Consejería de Educación de La Rioja justifica que "ni el centro ni el Consejo Escolar ha pedido el cambio de nombre hasta la fecha", aunque se compromete a que el Consejo Asesor de la Memoria História –que se creará próximamente– revise el caso.
El aviador del bando franquista Joaquín García-Morato, responsable de los ataques aéreos de varias ciudades andaluzas, sigue dando nombre a un instituto de Madrid. Su figura ha sido  homenajeada este año por el Ejército del Aire en un acto en el que participó la ministra María Dolores de Cospedal. El CEIP Ángel del Alcázar (Toledo) se llama así por Antonio Rivera Ramírez, militante católico que se unió a los sublevados en Alcázar de Toledo y héroe de guerra del bando franquista tras su muerte en la Guerra Civil.
Otros militares y héroes condecorados de guerra que lucharon con el bando franquista en la Guerra Civil tienen centros educativos con su nombre. Salvador Moreno, militar que se incorporó inmediatamente a los sublevados tras el golpe y se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando, o José María Paternina, capitán militar que se unió al ejército franquista durante la guerra y que llegó a ser gobernador civil de Alicante. Tres colegios en la provincia llevan su nombre.
Entre otros altos cargos se conservan los nombres del conde de Mayalde, José Finat y Escrivá de Romaní, puesto por Ramón Serrano Suñer al frente de la Dirección General de Seguridad en 1939. El también militar sublevado fue uno de los principales responsables de la represión del primer franquismo y pese a ello es el identificativo de un colegio público de la localidad de Añover de Tajo, en Toledo.
También han dejado su huella en las aulas religiosos vinculados al régimen como Leopoldo Eijo y Garay, designado Consejero Nacional de FET y de las JONS por Franco y promotor desde su posición de obispo de Madrid de que el dictador fuera a los actos religiosos bajo palio. Hasta tres centros públicos rinden homenaje al cardenal Herrera Oria, afín al franquismo: fue obispo de Málaga y enviado del Gobierno a sondear la postura de la Santa Sede respecto al régimen dictatorial. Cuando fue nombrado obispo en 1965, dijo sobre Franco: "yo le he servido y le sirvo con fidelidad porque es el ministro de Dios". Existen tres colegios que homenajean a Fray Albino, obispo de Córdoba durante el régimen (1946-1958) y creador junto a su hermano de la obra "El Catecismo Patriótico Español" de obligada lectura en los colegios.
Entre los más de 33.000 centros registrados por el Ministerio de Educación también se pueden encontrar centros privados que homenajean a figuras franquistas en su nombre, como al doctor Vallejo-Nájera –el coronel que dirigió los servicios psiquiátricos del ejército franquista y autor de la tesis de que las personas de ideología marxista tenían menos capacidad intelectual– o al conde de Casal –llamado Manuel Escrivá de Romaní y concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1946 y 1949–. En ambos casos se trata de guarderías privadas y la segunda pertenece a la empresa Chiquitín. El nombre de Alberto Alcocer, alcalde de Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera y después también con Franco, continúa impreso en el cartel de la entrada de un centro público de Madrid. Ángel Cruz Rueda, alcalde de Cabra en Córdoba (1936-1940), el cual participó activamente en la depuración de los maestros también cuenta con un colegio a su nombre en dicha localidad. 
Los hermanos García Noblejas, sumados al golpe de Estado y parte de la División Azul, permanecen en la fachada de un colegio del municipio madrileño de Villaviciosa de Odón que lleva su nombre. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid echa balones fuera con los nueve centros públicos con nombre franquista que están bajo su jurisdicción justificando que "no consta ninguna solicitud de ninguno de ellos" para efectuar el cambio. "El proceso lo tiene que aprobar el Consejo Escolar del centro, tiene que haber informe favorable del ayuntamiento correspondiente y nos lo tienen que remitir", dicen fuentes del departamento de Rafael Van Grieken.
La calle que llevaba su nombre en la ciudad de Madrid, sin embargo, ya ha sido cambiada por el gobierno de Ahora Madrid por Avenida de la Institución Libre de Enseñanza. Entre otras modificaciones, el equipo de Manuela Carmena ha instado a la Comunidad, presidida por Cristina Cifuentes (PP), a borrar todas las referencias al alto cargo del franquismo Suanzes de un colegio y un instituto del distrito San Blas-Canillejas, donde la parada de metro también tiene este nombre.
Algunos centros escolares, mantienen, además, denominaciones homónimas a pueblos renombrados por el régimen franquista, como Villafranco del Guadalquivir incluso después de que  la localidad –ahora Isla Mayor, en Sevilla– haya cambiado de nombre pero no el colegio. También ha sobrevivido un colegio en Córdoba con el nombre de José María Pemán, un literato afín y reconocido por el franquismo ("por dura que sea, yo os digo que [la Guerra Civil era necesaria y conveniente"). Otro que se llamaba igual en Jerez de la Frontera  ahora es el CEIP Gloria Fuertes tras la denuncia de la Plataforma de Memoria Democrática. 
Esta información se realiza a partir de los datos obtenidos del Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios. Para ello, eldiario.es ha recopilado la información de todos los centros que aparecen (33.722) y ha listado unas 200 palabras clave referidas a personalidades (así como los seudónimos que pudieron adoptar), lugares y fechas relacionados con el bando franquista de la Guerra Civil (1936-1939) y con la Dictadura (1939-1975). Tras los resultados, se limpió la base de datos verificando la existencia de cada centro educativo.
En estos 51 colegios no están incluidos centros que homenajean a Manuel Fraga Iribarne (uno en A Coruña y otro en Madrid) y a Pío Cabanillas, ambos altos cargos con Franco y posteriormente ministros en los primeros años de democracia. La lista crecería aún más si se incluyeran referentes intelectuales del totalitarismo franquista comprometidos con el régimen o sus antecedentes.

Quién puede cambiar los nombres

La última palabra para modificar los nombres de los centros escolares la tienen las comunidades autónomas aunque hay regiones en las que los colegios públicos dependen directamente de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Extremadura los centros de Primaria se gestionan a nivel municipal mientras los institutos dependen de la Junta.
En todo caso, la decisión debe ratificarla un gobierno regional y el procedimiento habitual es que se haga de abajo a arriba: es decir, que sea el Consejo Escolar del centro –el órgano de participación de la comunidad educativa– el que vote la propuesta y después se eleve la petición a la concejalía o consejería de Educación correspondiente. La ley de Memoria Histórica avala también que la propuesta venga directamente de arriba "en cumplimiento de un mandato legal", explica Rafael Escudero, abogado y profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
La norma dice en su artículo 15.1 que las "administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". Este punto se puede aplicar, dicen fuentes jurídicas, en los nombres de centros públicos pero también en los privados "siempre que el nombre esté en el espacio público".
La ley contempla, además, la colaboración del Gobierno con las comunidades autónomas y las entidades locales "en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura", aunque el traslado de este mandato a la realidad no es tal porque las iniciativas surgen directamente de los gobiernos municipales (como los callejeros de Madrid o Valencia) o autonómicos.

4-9-17: Asamblea de inicio de curso de la Plataforma Arganzuela y Lavapiés (18:00 h, Mercado de la Fruta, Plaza de Legazpi, 7. Madrid)