Libertad de elección de centro y segregación escolar (Julio Rogero en eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Julio Rogero en eldiariodelaeducacion.com

Cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión.

21/1/2020

Estamos en plena cruzada de la derecha, la iglesia, la clase media y el empresariado con intereses en el negocio educativo, de defensa de la enseñanza concertada con la bandera del derecho a la libertad de elección de centro y de la demanda social. Este tema es de vital importancia en las políticas educativas que se pueden estar diseñando para el futuro en nuestro país y por las consecuencias que tiene en la construcción de una sociedad democrática más justa y equitativa. Los dos polos que quiero analizar brevemente son “la libre elección de centro” y “la segregación” que produce.

Para poder realizar este análisis creo que es necesario tener en cuenta el contexto en que se desarrollan, para poder explicarnos y comprender mejor lo que está pasando. Considero que “la libertad de elección” es uno de los mecanismos básicos que sustentan este modelo dominante de segregación y exclusión en nuestras sociedades. Estos son algunos aspectos que podemos tener en cuenta para saber en qué mundo estamos: el dominio del modelo de sociedad y de educación neoliberal; el poder del mercado de producción y consumo; el ataque a los derechos humanos, íntimamente ligados al desprestigio de lo común, lo colectivo y lo público; el aumento de la desigualdad; la valoración de que la educación es un nicho de negocio nada despreciable; por eso el bien de la educación, que no el derecho, se vende en el mercado y lo compra quien lo puede pagar. Se trata de convertir los centros educativos en empresas que obtengan el máximo rendimiento en el mercado de la educación. Toda esta dinámica se desarrolla mediante determinados mecanismos: la demostración de que es necesario el desarrollo de un mercado de la educación eficaz, eficiente y competitivo, porque la educación pública no es nada de esto; la nueva gestión empresarial (NGE) concretada en el espacio público a través de la nueva gestión Pública (NGP); la alianza público-privado que haga posible la penetración de lo privado en lo público por diversos mecanismos: privatización de determinados aspecto de la vida escolar, la presencia programada por la propia administración de diferentes empresas de servicios, tecnológicas, de IA…; presencia y apoyo a la innovación educativa promocionada en el espacio público por la filantropía empresarial a través de sus fundaciones (BBVA, Telefónica, COTEC, Apple…). Todo lo anterior está en el trasfondo de los argumentos de quienes defienden la falacia de la libertad de enseñanza identificada con libertad de elección de centro.

Los defensores de la libertad de enseñanza, identificada con la libre elección de centro, alegan diferentes justificaciones de su posición: es un derecho constitucional; corresponde a las familias la educación de sus hijos; es necesario que estas pueden elegir el centro que quieran sin ninguna cortapisa, por eso defienden la zona única de escolarización; entienden que en la escuela pública se adoctrina a sus hijos y en la concertada no; exigen, en nombre de esa libertad de elección, que se financien y se sigan financiando sus escuelas con dinero público. Dicen que los resultados son mejores que en la escuela de titularidad pública.

Podemos partir de la idea y la realidad de que “la libertad de elección de centro” no es un derecho y no está contemplado en la constitución en el art 27 (Lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de junio). Sí lo son la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros. Pero no hemos de olvidar que esto no implica que se deba financiar con fondos públicos dicha libertad, como desde hace mucho tiempo nos quieren hacer creer los que defienden los intereses de las empresas de la enseñanza privada.

La libertad de elección de centro la justifican y defienden quienes tienen intereses económicos, sobre todo, e ideológicos. Además es una libertad que solo la pueden practicar unos pocos: los que la pueden pagar, los que se pueden desplazar, los que quieren que sus hijos se mezclen con los de su clase y no con todos, los que quieren preservar un capital cultural que les sitúe en condiciones favorables para competir en el mercado de trabajo y de consumo, los que quieren que sus hijos se relacionen con quien les pueda garantizar éxito en el futuro, los que quieren situar a sus hijos en un estatus superior de dominio social.

Las familias creen que son ellas las que eligen los centros para sus hijos. En la realidad son los centros los que seleccionan a su alumnado de diversas maneras: ubicando sus centros en los barrios y zonas de clase media, media-alta y clase alta; seleccionando por capacidad intelectual que garantice al centro el éxito en la competitividad por los resultados; expulsando a los que ponen en riesgo el éxito del centro por su bajo rendimiento; aceptando a los que tienen recursos que les garanticen el negocio y la estabilidad económica; acogiéndose a proyectos que convierten en oportunidades para segregar y seleccionar a sus clientes (bilingüismo, innovaciones que cuestan dinero, servicios especiales…).

El diccionario de la RAE nos dice que segregar es: “Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”. Así pues “segregación” es separación y afecta a todos como segregadores-marginadores (incluye a todos los que son-somos conniventes con la realidad de la segregación) o segregados-marginados. Así se crean centros de enseñanza para ricos (privados, concertados, y algún centro de titularidad pública que se mimetiza con la escuela privada) y uno de sus efectos más perniciosos es que éstos no sabrán convivir con los demás y no aprenderán los valores humanos más elementales (solidaridad, respeto, compasión, empatía…), porque nunca se relacionarán con los otros; los hijos de los estratos sociales bajos serán segregados en centros para ellos en sus propios barrios-gueto (el llamado “efecto barrio” en las actuales ciudades globales) y serán ignorados en las políticas socioeducativas, con frecuencia será en centros gueto de titularidad pública; son las escuelas para pobres. No olvidemos que la segregación se puede dar por diferentes motivos, pero el factor más importante es el económico, que se suele ocultar, siendo clave como mecanismo de segregación encubierta, como nos muestra el informe de Save the Children sobre este tema “Mézclate conmigo” de abril de 2019.

La segregación escolar es una realidad constatable en los datos y en la cotidianeidad de la vida de los centros educativos (ver Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido). Estos procesos de exclusión responden a un modelo educativo que estructuralmente se concreta en un sistema educativo que es segregador por la propia naturaleza del sistema socioeconómico en que se desarrolla.

Está demostrado que hay una relación directa entre libertad de elección de centro y segregación escolar. La libertad de elección de centro es una realidad para los que la pueden pagar y eligen la red privada no concertada, cueste lo que cueste. La red privada concertada es la que, financiada con dinero de todos, suele jugar sucio seleccionando a su alumnado, ataca de todas las formas posibles cualquier política educativa que quiera poner límites a su próspero negocio. Ahí tenemos dos hechos que últimamente han mostrado con mayor evidencia esta realidad: la declaración de la ministra de Educación en el último congreso de las escuelas católicas de noviembre de 2019. Éstas pusieron el grito en el cielo cuando la ministra diferenció “libertad de enseñanza” de “libertad de elección de centro”, porque entendían que esta diferenciación implicaba un cuestionamiento de los conciertos educativos. Otro hecho fue la propuesta del Ministerio de Educación de escolarizar en centros ordinarios al alumnado de centros de educación especial susceptibles de ser atendidos adecuadamente en los centros ordinarios. Entonces los centros privados concertados de educación especial denunciaron y se organizaron para defender la segregación de ese alumnado y mantenerlos en sus centros para seguir manteniendo su negocio sin tener en cuenta la realidad de ese alumnado. Todos ellos anuncian movilizaciones, contra las posibles decisiones en política educativa del nuevo Gobierno, para defender tanto la libertad de elección como la concertación de los centros de educación especial tal y como están hoy. No voy a entrar en cómo se está dando ahora un paso más, con la disculpa de la libertad de elección y la propiedad de los hijos en la destrucción y el control de la escuela pública, la eliminación del pluralismo y la aniquilación de los derechos de la infancia. Este análisis lo hace Jaume Carbonell en otro artículo en este mismo número del Diario de la Educación.

Se apela a la demanda social de educación privada concertada. Es verdad que hay una demanda social creciente a medida que las propias políticas públicas de las administraciones, ocupadas para poner lo público al servicio de los intereses privados, se están encargando de deteriorar la calidad de la escuela de titularidad pública. Así la desprestigian haciendo creer que la escuela privada es de superior calidad. Algo que no es real. El propio Informe PISA de 2018 (publicado el 3 de diciembre de 2019) nos dice que la escuela pública obtiene resultados similares (un poco mejores) que los centros privados cuando se dan condiciones semejantes. Con los conciertos educativos las clases populares financian la educación de las clases medias y altas y se reproduce con dinero público la segregación escolar y la desigualdad social.

Es necesario tratar temas que se suelen eludir al defender el derecho absoluto de las familias a la libre de elección de centro. Son cuestiones centrales que están siempre en el trasfondo de este tema. Entre otros están: la relación derecho a la educación mercado de la educación, sociedad de clases y escuela segregadora, la relación de la escuela pública con la privada, la subsidiaridad entre ellas, relación inclusión-exclusión, relación equidad escolar y desigualdad económica y social, libertad de educación y adoctrinamiento, modelo de escuela pública-modelo de escuela selectiva y segregadora, educación crítica para la emancipación y educación adoctrinadora para la sumisión…

Algunos optamos claramente por defender una escuela pública que haga innecesaria la falacia de la libertad de elección de centros porque entendemos que cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión. Sencillamente porque creemos que ese modelo de escuela pública es el de una sociedad justa basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad humanas. Es una escuela que respeta y practica la libertad de enseñanza para todos, la justicia social y escolar, la equidad y el respeto a lo que cada uno quiere ser, la pluralidad, la diversidad, el cuidado mutuo y el derecho a la fraternidad. Esto solo es posible en la escuela de titularidad pública si logramos que responda al referente utópico de la escuela pública que desde el movimiento de transformación de la educación defendemos desde hace mucho tiempo.

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En el siglo XIX, ya hubo liberales muy poco liberales

Doctrinarios y demócratas compartieron poco. Los hubo, además, caciques,  sin pensamiento propio para decir lo que piensan y pensar lo que dicen.

La presidenta madrileña acaba de repetir su hipótesis de que muy pronto será posible un ministro etarra en Hacienda. También, barbaridades para exorcizar a sus oponentes de las gamas de comunismo con que, aconsejada por sus expertos, adorna sus peroratas. No se corta, sin embargo, al asignar en los Presupuestos 300.000 euros para el sostenimiento de servicios religiosos en residencias públicas de la región que gobierna, como parte de las subvenciones que van a las mismas manos entre otras partidas que ascienden a 4.100.473 euros anuales.  Más allá del adolescente truco sofista de crear adversarios para dogmatizar a gusto, este gesto de Isabel Díaz Ayuso demuestra la amplitud de “aconfesionalidad” -¿católica?- que exhibe con el dinero publico. Contrasta con los 196.788 euros que reciben conjuntamente, por similares motivos, la Comunidad Judía, las Comunidades Islámicas y los Evangélicos.

¿Neutralidad?

La supuesta neutralidad confesional que exhibe esta parcela autonómica  ilumina bien, además, lo nula que es en otras del gasto estatal continuado desde 185 y confirmado desde los Acuerdos de 1977-79. No solo por las proporciones del reparto económico que merezcan unos u otros creyentes, sino además por lo colonizado que  aparece el propio Estado en la gestión de estos recursos al no haber garantía de que sean empleados por sus receptores sin interferir con el bien común.  La Iglesia y las otras confesiones -en menor medida, por recibir menos- los administran como si les correspondieran per se, indefinida y crecientemente, sin responsabilidad pública, compitiendo por el poder simbólico entre sí, no por la pax religiosa. Esa parte de los Presupuestos públicos sigue siendo empleada, sin mencionar su origen, sobre todo en provecho propio, a la búsqueda de que su ideología o credo particular destaque sobre sus competidoras. Al publicitarse en las ondas, en medios impresos, redes sociales y programas televisivos –amén de lo que pregonen en sus lugares de culto-, persiguen la misma parcialidad de las antiguas guerras de religión: imponer en exclusiva -como cualquier monopolio capitalista- su presencia en los espacios y tiempos sociales.  Y como cualquier otro lobby empresarial, tratan de lograr más recursos y oportunidades para posicionarse en el mercado simbólico de bienes culturales.

Especialmente publicitarias son las prestaciones que estas instituciones hacen en  atención social, el aspecto supuestamente más volcado en la gente común. Los pobres siempre han sido fuente de prestigio –y de recursos-  ante los demás, como estudió Robert Castel, pero también reflejan la calidad de toda política social.  Desde el Bajo Imperio Romano el evergetismo que todo rico debía practicar si quería tener éxito –como ha estudiado Peter Brown- acompañó el triunfo de la Iglesia en el siglo IV. Transmutado en “caridad”, el prestigio que confería a quienes detraían parte de sus recursos para ayudar al “pueblo” pasó a servir de propaganda a los eclesiásticos. Y al democratizarse los derechos políticos, sociales y laborales, las confesiones religiosas –también la católica- han preferido sostener estilos de ese pasado, poco o nada coincidentes con las reivindicaciones obreristas que, en el siglo XIX, hicieron de la pobreza fuera la “cuestión social”. La intermediación a la que la Iglesia se apuntó entonces –como dejó bien claro León XIII en la Rerum novarum, en 1891- fue la de la caridad -y no la del derecho en justicia-  como paternalista alianza para aliviar algunos excesos.

Esa doctrina contribuyó más a confirmar que había problemas que a reclamar sus soluciones. En los 30 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, mientras el Estado de Bienestar se desarrollaba en los países de la UE, en España esa doctrina de la Iglesia tuvo como referente, entre otros,  el Centro de Estudios Sociales de la abadía del Valle de los Caídos, creado en 1958 “como plasmación de la idea de reconciliación y de superación de la guerra”. En la Web de este todavía se puede leer cómo nació para estudiarla y difundirla  “como garante de la paz y de la justicia social en España”, y cómo se ocupó “del análisis de los problemas sociales que habían sido la causa más frecuente de las alteraciones registradas en la convivencia dentro de la sociedad española y que habrían tenido su último reflejo en la contienda civil. Al mismo tiempo, el Centro debería contribuir a la elaboración de los criterios inspiradores de las nuevas estructuras socio-económicas que impulsaran la participación y la justicia sociales”. A nadie se le escapa que ese importante aparato sociológico nunca analizó seriamente, ni menos trató de cambiar, el régimen político. Como mucho, dibujó algunos problemas nuevos que traía la relativa liberalización desarrollista de los años sesenta.

Desde la exclusiva doctrinal que tuvieron, es significativo que la Conferencia Episcopal solo emplee en el sostenimiento operativo de Cáritas el 2,12%  de lo que percibe del Estado a través del IRPF (21 millones de Euros), una cantidad bastante menor que los 82 millones que asigna, por ejemplo, a 13TV y  COPE, sus medios publicitarios por excelencia. Lo es igualmente, que sus limosnas, estipendios de culto y este dinero no pasen ninguna auditoría –y solo muy de puntillas por el Tribunal de Cuentas- pese a ser en buena medida dinero público, mientras publicita una repercusión “muy rentable” de sus actividades en la vida pública. Todo concuerda, sin embargo, con  la sempiterna  obsesión eclesiástica que, a diferencia del primer cristianismo, muestra por tener amplio patrimonio. Ese fervor capitalista, tan  visible en el celo último de clérigos y obispos en registrar propiedades, hará que los fautores de la desamortización decimonónica se inquieten en sus sepulcros. Menos lo entienden quienes, para visitar  edificios emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, museos y catedrales, han de pagar entrada y aguantar a determinados guías como si de una catequesis se tratara. El visitante  suele salir demasiadas veces de estas visitas con la impresión de que ese patrimonio no es de quienes con sus impuestos han pagado su restauración y conservación, pero además enseñado de que Iglesia S.A. siempre aspira a gestionar más recursos:  nunca le es suficiente.

El esquema

A muchos resultará asombroso todo esto y, como en lo sucedido con la compañía bananera que colonizaba el Macondo de García Márquez, “radicalmente contrario a lo que los historiadores hayan admitido y consagrado en los libros de texto”. Pero, en el fondo y en la forma, lo presupuestado para atención religiosa en residencias públicas por Isabel Díaz Ayuso, reitera ese esquema de actuación inter pares, que se refleja igualmente en capítulos más sustantivos como Sanidad o Educación. Cuando creó la “Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas” tenía que saber que había en la Inspección educativa reiteradas quejas de diversas organizaciones respecto al trato privilegiado que se venía proporcionando a los Colegios concertados, incluidos pagos extras que exigían por sus servicios. Tampoco pudo ignorar que la gran mayoría de esos colegios pertenecen a la caritativa Iglesia S.A,  gestionados por sus congregaciones o comunidades pastorales. En continuidad con otros anteriores, un informe de  mayo de 2019 (de CICAE y de la FAPA Giner de los Ríos) muestra las prácticas comerciales del 90% de estos colegios: "Esto no es una fundación ni una orden católica, es una SL (Sociedad Limitada)"; "es el proyecto educativo de este colegio; si no, hay colegios públicos a los que se puede ir” que no ofrecen complementos escolares. Los precios que exigen contradicen las normas reglamentarias de los conciertos, y las razones que alegan contravienen lo que predican cuando hablan de caridad o cuando –en el plano propiamente empresarial- dicen que la enseñanza privada es más barata que la pública. Sí explican las quejas de madres y padres cuando advierten que “la libertad de elección de centro” está al alcance de muy pocos y que segrega. Este informe está completo en este enlace.

 A la señora Díaz-Ayuso puede que todo le dé igual, porque lo único que la satisfaga sea que hablen lo que sea, pero que hablen. De todos modos, antes de meterse en más jardines, debiera aclararse con su “liberalismo”, la doctrina bajo la que pretende guarecerse contra sus propias alucinaciones. Si en vez de hablar de oídas leyera a Adam Smith o a John Rawls, entendería que no es liberal quien no rige sus actos por la igualdad de normas para todos, con idéntico conjunto de derechos y deberes. Si no se compromete con esa igualdad, por mucho que perore –y los medios repitan sus fantasías-, su parcialidad en el cargo seguirá siendo  antiliberal. La cooperación a que debe animar –para solucionar problemas y no para crearlos-  será imposible mientras excluya a bastante más de la mitad de sus gobernados. Por mucho que se escude en un supuesto liberalismo, habrá de admitir que ha sido puesta ahí para administrar favores y privilegios, como cualquier cacique de los que pululaban entre Los amigos políticos en la Restauración decimonónica. Hace 2055 años, Cicerón denunció a un personaje eminente como Catilina por abusar de la paciencia de sus conciudadanos. Las sentencias de esta presidenta, ridículas hojas de parra incapaces de ocultar maneras vergonzantes, están llevando a los madrileños a similar fase de hartazgo.

Manuel Menor Currás

Madrid, 26.12.2019

El PP y la Iglesia usan la educación concertada para inaugurar la oposición al nuevo Gobierno antes de que eche a andar (Iñigo Aduriz / Jesús Bastante / Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

Reproducimosesta información que publica ELDIARIO.ES

La derecha ya ha desplegado su primer campo de batalla antes incluso de que arranque la legislatura. El partido de Pablo Casado ha convertido las declaraciones de Isabel Celaá sobre la libertad de elección de centro educativo en la primera gran ofensiva contra el preacuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno.

En tromba, todos los dirigentes populares han salido en público en los últimos días a defender sin ambages las subvenciones públicas que reciben los colegios concertados, sobre todo los católicos, bajo el argumento de que la ministra, con sus palabras, puso en cuestión "la libertad" de los padres para educar a sus hijos. La misma bandera enarbolan la patronal Escuelas Católicas –propietaria de la mayoría de los centros concertados de España–, la Iglesia católica y la prensa conservadora.

De momento, se prepara el terreno para agitar una causa que ya utilizó el PP en la oposición: durante aquellas multitudinarias manifestaciones que mezclaban banderas españolas y sotanas en defensa de la familia y la educación religiosa durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Como entonces, un sector de la Iglesia ha decidido implicarse activamente. Este lunes la Conferencia Episcopal se ha referido de forma indirecta al tema, dado que para el presidente de los obispos españoles todavía Pedro Sánchez no es presidente y por lo tanto ni se le puede felicitar, ni valorar un futuro gobierno con Pablo Iglesias. 

Por su parte, la principal patronal de enseñanza concertada, Escuelas Católicas, aporta elementos a la "preocupación" por lo que pudiera pasar si se forma un gobierno progresista. Su secretario general, José María Alvira, cree que "las palabras de la ministra son una especie de advertencia de lo que puede ser una ley de Educación", a pesar de que la misma Celaá intentó el viernes, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, rebajar una controversia que considera "exagerada y alimentada a nivel artificial". "Las familias pueden estar tranquilas", aseguró. 

Pero ese mismo día el PP anunció "una ofensiva parlamentaria", presentando "mociones en el Congreso, Senado, ayuntamientos y comunidades autónomas en defensa de la libertad educativa". "El compromiso del PP en la defensa de la libertad educativa es total. Es absolutamente intolerable que una ministra de España ataque a la educación concertada", afirmó entonces el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, en rueda de prensa. Pablo Casado no solo ha decidido implicar al grupo parlamentario en un asunto sensible para su electorado, ahora en disputa con Vox. También desde las instituciones en manos del PP se pretende dar esa batalla contra el Gobierno central. 

"Nos tendrán en contra. En la calle si hace falta", escenificó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el Gobierno con más presupuesto de todos los que controla el PP y donde la financiación de la concertada se ha disparado en la última década en detrimento de la inversión en la educación pública.

Mientras, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aseguraba a la prensa que esperaba que las palabras de la ministra hubieran sido "un lapsus". Y fuentes de la cúpula del clero español reconocían que les preocupa que estas palabras anticipen una ofensiva de un futuro Gobierno de PSOE y UP para laminar parte de los privilegios económicos, tributarios y educativos de la Iglesia. 

El tema de la semana para el PP

Tras la campaña que inundó las redes populares a lo largo del fin de semana, en la que prácticamente todos los cargos de responsabilidad del PP publicaron mensajes en sus cuentas de Twitter apelando a esa "libertad educativa", el propio Pablo Casado reservaba toda su agenda de este lunes a avivar la polémica.

El líder del partido ha reunido en Génova a todos los consejeros de Educación de los gobiernos en manos de los conservadores por la mañana, y ha dedicado parte de la tarde a un encuentro con entidades de la educación concertada. "Sánchez lleva años cuestionando la enseñanza concertada, pero nosotros vamos a defenderla como pilar esencial para millones de familias españolas", apuntaba después Casado en un tuit.

El presidente del PP, Pablo Casado, con ocho entidades de educación concertada. FLICKR PP

Fuentes de la dirección del partido prefieren no entrar a valorar si esas apelaciones a la "libertad" se refieren a que el PP reivindica las ayudas públicas a los colegios religiosos. Se limitan a asegurar a eldiario.es que lo que defienden es "la libertad de educación contemplada en el artículo 27 de la Constitución". El mismo artículo que Celaá aseguró el jueves que no amparaba la libre elección de centro educativo, uno de los mantras de la derecha. En cuanto al régimen de concierto, añaden en el PP, "está contemplado en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) aprobada por un gobierno socialista".

La preocupación de la patronal

José María Alvira es una de las personas que se reunieron con Casado en Génova. El secretario general de Escuelas Católicas explica que la reunión es parte de una serie de encuentros que quieren tener con todos los partidos de cara a la próxima tramitación de una nueva ley educativa. También con el Gobierno. Todavía le da un mínimo voto de confianza a Celaá: "Me fío de que haya dicho que las familias no deben temer nada y podrán elegir, pero vamos a ver en qué se concreta", explica a eldiario.es.

Con "concretar", Alvira se refiere a qué pasa finalmente con la nueva ley de Educación, que será probablemente una de las primeras que intentará tramitar el próximo gobierno, si se acaba materializando. A Escuelas Católicas le preocupa que ya en el anterior proyecto –que se aprobó en el Consejo de Ministros el mismo día que se disolvían las Cortes– se eliminara el concepto "demanda social" de la programación de construcción de nuevas escuelas que realiza la administración.

Esto podría afectar al crecimiento del tejido de escuelas de corte religioso, que se ha multiplicado en los últimos años: solo las de Escuelas Católicas –sin contar con las de otros grupos religiosos como los kikos– son más del 60% de las escuelas concertadas, en las que se educan 1,2 millones de alumnos, y que recibe por su labor 4.866 millones de euros cada año, según sus propios datos.

Entre las reivindicaciones de Escuelas Católicas destacan, precisamente, que se respete la libertad de creación de centros –"Esto no se va a tocar", confía Alvira– o que la ampliación de la oferta de plazas en Infantil no se realice solo mediante la red pública, sino también con centros privados con ayudas. "En la anterior legislatura hubo predisposición al diálogo, aunque no nos entendiéramos del todo", explica Alvira, que prefiere no romper todos los puentes.

Las "oscuras opiniones" que denuncian los obispos

Escuelas Católicas agradece la defensa del PP, pero también pasa sus facturas a los populares: le ha pedido a Casado que traslade a hechos allí donde gobiernan las promesas electorales que realizaron en su momento. Por ejemplo, concertar el Bachillerato o las ayudas para la etapa de Infantil, sea en forma de subvenciones o mediante el concierto –en un principio solo se conciertan las etapas obligatorias, aunque hay comunidades autónomas que ya tienen el Bachillerato concertado, como Catalunya o Murcia–.

En una comparecencia ante los medios, la vicesecretaria de Política Social de los populares, Cuca Gamarra, no descartaba ninguna acción por parte del PP para garantizar esa "libertad educativa" que se traduce en mantener los conciertos con los colegios religiosos. Sin embargo, más que de acciones, la batalla de momento es más bien discursiva. 

Ricardo Blázquez, a la cabeza de los obispos españoles, ha hablado este lunes en el discurso inaugural de la Plenaria de "oscuras opiniones" que dejan "perplejidad", y reivindicaciones "que crean sobresaltos" por parte de "personas con responsabilidades políticas". El tema de seguro formará parte de las discusiones de la reunión más importante del clero, que acaba el día 22, y no se descarta que se pronuncien más abiertamente en contra del Gobierno. 

De momento, Blázquez ha dejado clara la posición del clero frente a la discusión sobre la libertad de elección de centro educativo: "A los padres corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones". Y agregó: "El poder civil debe respetar este derecho y los educadores deben cumplirlo con dedicación y calidad". 

"La libertad religiosa no equivale a la tolerancia o a la evitación de persecuciones o exclusiones". La fe no se puede imponer ni impedir", zanjó Blázquez este lunes. Una afirmación que recuerda a las pancartas que levantaban en Cibeles contra la LOE el mismo Blázquez, Rouco Varela y los máximos exponentes de aquel PP de 2005: Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana o Ángel Acebes.

Los obispos temen que un futuro Gobierno de izquierdas lamine sus privilegios fiscales y educativos (Jesús Bastante para ELDIARIO.ES)

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"Hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos". Un obispo español resume de este modo la preocupación que se respira en la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante el anuncio del preacuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para formar un Gobierno progresista. Un Ejecutivo que, de llevarse a cabo la investidura, querrá imponer una agenda social y en las antípodas de una ultraderecha en ascenso. "Y en ese juego, la Iglesia tiene todas las de perder", apunta el prelado.

La Asamblea Plenaria del Episcopado que arranca este lunes estará copada por el análisis del resultado electoral y las repercusiones que este podría tener para la Iglesia. Tanto es el miedo que, por primera vez en décadas, el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, no ha enviado la preceptiva felicitación al vencedor en las urnas, Pedro Sánchez.

Se espera que el lunes, durante el discurso inaugural, Blázquez sí felicite al líder del PSOE y apunte algunas de las claves de las relaciones entre la Iglesia y el futuro Gobierno que los expertos consultados resumen en dos: "Sana independencia y mutua colaboración".

Otro prelado, esta vez de la línea moderada, calcula que en pocos meses, el nuevo Gobierno podría abordar algunos de los privilegios de la Iglesia. Desde las inmatriculaciones al pago del IBI, pasando por el futuro de la clase de Religión o la regulación de los conciertos educativos. E incluso la famosa casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.

De hecho, en la sesión reservada del próximo miércoles, los obispos debatirán, a puerta cerrada, la estrategia que seguirán. De momento, continúan siendo mayoría los que apuestan por oponerse al Ejecutivo, frente a la línea francisquista que aboga por tender la mano, esperar acontecimientos y no mezclarse en política. Algo difícil de pensar en el caso de la Iglesia española.

Curiosamente, esto sucede tras una campaña electoral en la que no se habló para nada de la Iglesia –tan sólo el PSOE recuperó su histórica denuncia de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, y las inmatriculaciones–, ni de las cuestiones más polémicas: aborto, fiscalidad, educación, eutanasia... La asistencia en el fin de la vida ha sido el único punto, junto al de la Memoria Histórica, del preacuerdo PSOE-Unidas Podemos que afecta directamente a los "valores irrenunciables" de los que habla la ultraderecha eclesial.

Después de varias décadas de amagar sin dar, parece que en esta ocasión los socialistas sí parecen dispuestos a denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado (negociados a la par que la Constitución), y cambiarlos por un convenio internacional con el Estado Vaticano, que regule las relaciones con la Iglesia católica, pero sin los privilegios actuales, siguiendo las pautas de una sociedad laica.

El modelo es Francia, aun siendo conscientes de que los vecinos galos llevan más de un siglo con una ley (1905) que consagra la laicidad, hasta el punto de que las iglesias son propiedad del Estado, como se ha comprobado en el reciente incendio de Notre Dame.

Privilegios en cuestión

Por el momento, y sin que se hayan formado las Cortes, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, ya prendió la mecha de los convenios de la enseñanza concertada y sus declaraciones sobre que la libre elección de centro, uno de los mantras de la concertada católica, no está amparado por la Constitución. También está pendiente de resolver el tema de la asignatura de Religión, que la LOMCE elevó a evaluable y cuya nota cuenta para el promedio, algo que podría cambiar con la anunciada modificación de la ley de José Ignacio Wert.

La publicación del esperado informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia durante la vigencia de la Ley Aznar (1998-2015) podría ser otra de las medidas de los primeros meses de Gobierno. Otra cuestión pendiente, y no menor, es la casilla de la Iglesia en la Renta, que podría ponerse en cuestión.

En un último término aparece la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, aunque en este punto el PSOE quiere hilar fino, pues el Vaticano es un Estado legítimo, uno de los más antiguos del mundo, con convenios diplomáticos con casi todos los países. Además, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias reconocen la capacidad de liderazgo internacional del Papa Francisco. El líder de Podemos incluso estuvo a punto de materializar una audiencia con Bergoglio hace un par de años, frustrada solo en el último momento.

Con la mirada puesta en la incertidumbre económica y en los ataques de Vox a los inmigrantes, el nuevo Ejecutivo quiere mantener los lazos con el tercer sector y las grandes organizaciones, muchas de ellas católicas, que lideran el trabajo de promoción social y la acogida a los refugiados y migrantes. La relación con la cúpula del clero es otra cosa, y también dependerá de qué mirada política acabe pesando más en el centro de poder de la iglesia española.

Más información en www.religiondigital.com

"Pese a Franco y Cataluña, los asuntos importantes siguen ahí" (Manuel Menor)

Publicamos este artículo del compañero Manuel Menor

Los partidos están en campaña electoral, momento más propicio para quedarse en la superficie de los problemas que para tratarlos en serio.

El pasado día 24, la exhumación de Franco en Cuelgamuros, 44 años después de su muerte, fue, según el actual presidente en funciones del Gobierno, “una gran victoria de la democracia española”. Muestra también, sin embargo, la lentitud de la historia reciente en recuperar y normalizar derechos, mientras “el franquismo -como dice Preston- ha sobrevivido”. Según reflexionaba hace poco Nicolás Sánchez Albornoz desde su propia experiencia en Cuelgamuros antes de 1948 –cuando logró fugarse en un rocambolesco viaje que sería contado a varias voces-, “durante 40 años hemos pasado una vergüenza tremenda”. Nadie entre sus amigos extranjeros entendía “que en España un dictador de la calaña de Hitler o Mussolini tuviera un monumento donde se le rendía homenaje”.

Es perceptible, además, un “anticlericalismo de derechas”, alentado por obispos y declaraciones del exnuncio Fratini en Madrid, capaces de distinguir entre “apoyar y “no oponerse” a la exhumación, ajenos a que quienes llevan tantos años reclamando justicia “miren el futuro –en expresión del Papa Francisco- teniendo a sus muertos escondidos”. El gran nominalismo de que hace gala una parte importante de la Iglesia oficial española para hablar de lo acontecido en Cuelgamuros, adelanta las pegas que opondrán al Gobierno que trate de reducir los privilegios que el franquismo les acrecentó (desde antes de 1953). Una razón más para no perder de vista que todavía queda un amplio recorrido para resignificar aquel espacio, dada la complejidad del entramado tejido por el dictador para que cumpliera su aspiración a desafiar tras su muerte “el tiempo y el olvido”, según  rezaba su Decreto de 01.04.1940, al declarar de urgente ejecución las obras que perpetuaran “la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada”.

Lo posible

En un orden de cosas bien distinto, ese mismo día 24  proyectaron en la 2 de TVE, un documental sobre Marcelino Camacho, que llevaba el título mención a punto neurálgico de su vida: Lo posible y lo necesario. Quienes lo trataron, como Agustín Moreno, han explicado que lo que, según contaba, lo posible es lo que nos permiten hacer, y lo necesario lo que debemos hacer. Los cuerdos y satisfechos son los de lo posible, y los que luchan por un mundo mas justo los de lo necesario: son estos  “quienes cambian el mundo”. Pasadas las pugnas de los años sesenta y setenta, y crecientemente aburguesados todos desde los años 90 para acá, da la impresión de que el país y sus organizaciones –incluida la que ayudó a fundar Marcelino- han virado más hacia lo posible que hacia lo necesario.

Hoy, en vísperas de otras elecciones, “lo posible” es el gran objetivo de todos los partidos con aspiración a gobernar; moderan y maquillan sus mensajes para captar el favor sentimental de los posibles votantes. Cuantos más entren por ese circuito tranquiizante de oportunidades, más aumentarán su particular recuento de votos y de poder político. Todo es bueno para cada conventículo. Con el recuerdo particular de Franco incluido, el control  del discurso sobre cómo afrontar los problemas pendientes –y el recuerdo de los pasados-  ha empezado ya. También las acusaciones mutuas, para distinguirse claramente dentro de “lo posible”, aunque no sea fácil, cuando se prevé la vuelta a un bipartidismo en que PP y PSOE se repartan de nuevo las posiciones de abril-18.

De eso va el continuismo de “lo posible”. La cuestión es qué pasa con “lo necesario”, cuando es mucho lo que queda por hacer en tantos frentes por razones muy variadas. No falta de nada: lentitud atrasada, dejación, miedo y coyunturas internacionales nuevas, que han ido haciendo que lo importante y coyuntural se coma la valentía necesaria para no pararse y afrontar con inteligencia los retos.

Lo necesario

 A la espera del 10-N, ponerse en la dinámica de “lo necesario” supone, sin perder la memoria,  voluntad para actuar con prudencia y decisión. Un propósito nada fácil al que podrían ayudar estos criterios:

1.- En primer lugar, como manifestaba Joan Garcés el pasado día 18 -cuando arreciaban las manifestaciones en Cataluña y miles de pensionistas lo hacían  ante el Congreso-, “distinguir entre efectos y causas”.  Dicho de otro modo, es importante no seguir amagando sin decidir. En estos dos casos, por ejemplo, el fondo real de razones en que intervenir es la precariedad, el desempleo y el limitado horizonte vital que, tanto jóvenes como personas de la tercera edad, tienen garantizado, y más desde la crisis de 2008.

2.- En segundo lugar, complementario, no afrontar los problemas con simplismos reduccionistas. Muchos asuntos están viciados y delimitar bien lo importante es crucial. Por ejemplo, que lo de Catalunya no es solo cuestión de independentismo sí o independentismo no, o que la atención a una buena educación no consiste en la “libertad de elección de centro”. El reflejo accidental de un problema no es el núcleo del problema a tratar.

3.- En tercer lugar, es importante igualmente clarificar el sentido de la acción política bastante más allá de lo que da de sí el proceso electoral que está en marcha. Todos los grupos principales pugnan por el mismo centro, pero todos saben que hay acuerdos contra natura por razones varias, históricas algunas. Si todos pugnaran por avanzar en la ampliación de los derechos y libertades de todos,  contra las formas culturalmente dominantes de autoritarismos y microfascismos, otra cosa sería. Despistarse en esto es perder el tiempo y, cuando también dan muestra de ello los grupos de izquierda, es más grave.

4.- En cuarto lugar, sea cual sea la forma de Estado, si se simultanea la atención a lo logrado en  la democracia del 78 con lo que los manifestantes estén pidiendo por distintas causas, se percibe cómo la referencia a los logros y perspectivas que sostuvo el republicanismo históricamente no puede ser un tabú después de ochenta años. Trataban de que el Estado tuviera una configuración sólida, capaz de afrontar una solución justa y en igualdad para los problemas principales de la vida ciudadana. Y ese es el hilo de continuidad de las soluciones democráticas también hoy, su razón de ser si no se quiere un Estado que haga dejación de funciones en múltiples asuntos plegándose a los intereses del mercado. Las privatizaciones de servicios como la Sanidad o la Educación –amén de otras, ajenas al interés común- han hecho perder fuerza a la cohesión que como país debiéramos tener, mientras engordan instancias que parasitan su posible fortaleza.

Y 5.- Hay, por tanto, tradiciones a revisar en profundidad. Por ejemplo, la que alimenta el desmantelamiento creciente que, a cuenta de los Acuerdos con el Vaticano de 1979 –continuadores de los Concordatos de 1851 y 1953- se ha desarrollado dificultando siempre un acuerdo en el ámbito educativo. Aprovechando que hay poca voluntad de separación de intereses de la Iglesia y el Estado, los obispos reclaman más recursos para sus colegios concertados. Mientras, los logros de la escolarización universal tienen déficits, que sufren especialmente los grupos sociales más débiles, a causa de problemas de recursos indispensables en la escuela pública a que acuden. Es de notar, en paralelo,  el crecimiento del sector privado que alientan algunas Consejerías de Educación, animadas por empresarios del sector, con una  metodología atenta al negocio que representa la “selección de riesgos”, como dicen quienes  siguen de cerca lo que acontece en Sanidad. En Madrid, ya tienen una Dirección General, especializada en lo que sus consejeros venían haciendo desde antes de 2003.

¿Se inclinarán los votantes por quienes Marcelino decía que trabajaban por la utopía de “lo necesario”? ¿Preferirán las burocracias retardatarias de “lo posible”? Este es el dilema central en este momento de confusas promesas antes del 10-N.

Manuel Menor Currás

Madrid, 27.10.2019

"Escuelas de segunda oportunidad" (Julio Rogero para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este artículo de Julio Rogero



Es nuestra responsabilidad que se conozca todo lo bueno que tiene la escuela de titularidad pública, difundiendo sus éxitos y no solo mostrando sus carencias, que reconocemos que son muchas, así como reivindicar más recursos y los mejores profesionales para este alumnado.

“La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimentan una corrupción impune que envilece a las sociedades y pervierte la política en su papel de insustituible instrumento de acción ciudadana y de organización y funcionamiento de la sociedad en función de las necesidades de las personas” (Manifiesto de ATTAC-ESPAÑA (2013)

Hace unos días apareció en el Diari de la Educació la sorprendente noticia de que “Barcelona pone en marcha una escuela de segunda oportunidad. La primera de estas características de titularidad pública de todo el Estado. La gestión se ha adjudicado a Salesianos San Jordi y la Fundación El Llindar”. La noticias señala que las “escuelas de segunda oportunidad son escuela situadas en los márgenes, como sus alumnos, normalmente adolescentes que han dejado colgado sus estudios prematuramente y a los que algunas entidades sociales intentan dar una alternativa”.


Esas son algunas de las características de esas escuelas que recogen alumnado de fracaso y abandono escolar en riesgo de exclusión social. A raíz de la lectura de esta noticia, surgen muchas preguntas desde le asombro. La primera es: ¿Cuál es la novedad? ¿No había y hay en Cataluña centros públicos que han intentado e intentan dar respuestas de nuevas o segundas oportunidades al alumnado que ha abandonado o estaba a punto de abandonar el sistema educativo?, ¿por qué se ignora y silencia que hay muchas escuelas de segunda oportunidad que son públicas y que desde hace mucho tiempo, cuando empezaron los programas de “garantía social” (de desafortunado nombre), dan una magnífica respuesta alternativa a la que les dio de forma inadecuada la escuela ordinaria?

La segunda pregunta que surge es: ¿Cómo denominamos “de titularidad pública” a lo que es gestionado y puesto en manos privadas? ¿Es una confusión intencionada? ¿Dónde queda lo público, en facilitar el negocio de las entidades privadas? ¿Por qué no se ponen en manos de profesionales públicos bien preparados y comprometidos con este alumnado que, sin ninguna duda, hay muchos en Cataluña? No acabo de entender esta iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, que creía que tenía una opción clara por la educación pública y el derecho de todos a la educación, y no por poner en manos del mercado a personas en situaciones tan sensibles. Si es la escuela de titularidad pública la que ha segregado a este alumnado, es la escuela pública la que debe darles respuestas de segunda oportunidad para que lleguen al éxito educativo y profesional.


Tenemos escuelas de titularidad pública de segunda oportunidad, aunque no se llamen así, que son modélicas en muchos sitios. Conozco directamente estas escuelas de la Comunidad de Madrid, las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL), en las que trabajé mis últimos diez años de docencia, y los resultados de su labor inclusiva son sobradamente conocidos desde hace ya 30 años. Es verdad que son escuelas silenciadas porque están en los márgenes y en las afueras del sistema educativo, como lo está su alumnado, y uno tiene la sensación de que son “no-lugares” vergonzantes de un sistema que sigue expulsando a muchas personas del derecho a la educación.

Dice la noticia que: “En España se creó hace tres años la Red Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, de la cual forman parte 39 centros, todos ellos nacidos de la iniciativa privada, de las cuales 7 están situadas en Cataluña. Las administraciones han reconocido el valor de esta escuela, las han reconocido y subvencionado, pero por primera vez una administración pública ha decidido crear una”. Lo que no dice la noticia es que las UFIL, como centros públicos, formaron parte de la red europea de escuelas de segunda oportunidad, donde fueron un referente importante de las acciones de inclusión social que se estaban llevando a cabo con este colectivo.

Es peligroso publicitar como positiva la penetración de lo privado en lo público, con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona. No es este el papel que deben jugar las administraciones públicas que, como en este caso, parecen no fiarse de sus profesionales de la educación y ponen un programa tan importante en manos de entidades sociales privadas de las que podemos dudar que puedan dar mejor respuesta que los servidores públicos. La noticia nos llena de sonrojo a muchas personas que luchamos por una escuela pública de todos, para todos y con todos.


Me parece bien que la Administración reconozca a estas escuelas. Lo que no es comprensible es magnificar un hecho, sin duda importante, como el de la noticia, cuando se silencian las realidades positivas, consolidadas y esperanzadoras de la escuela pública. Quizás sea que no somos capaces de hacer visibles los valores y éxitos de nuestra escuela. Quizá es que la escuela privada sabe vender, en el mercado educativo y propagandístico, como buenas sus virtudes e, incluso, sus defectos y errores. Es nuestra responsabilidad que se conozca todo lo bueno que tiene la escuela de titularidad pública, difundiendo sus éxitos y no solo mostrando sus carencias, que reconocemos que son muchas, así como reivindicar más recursos y los mejores profesionales para este alumnado.

"El presente educativo reformista es volátil" (Manuel Menor)

Reproducimos este artículo que nos envía nuestro compañero Manuel Menor

Antes de las elecciones, la LOMCE puede quedar intacta en lo sustancial; los otros proyectos de Celáa tendrán corto alcance.

A partir del capitalismo industrial, el presente-futuro se empezó a objetivar más: el tiempo era oro, contabilizable por reloj a cuenta del trabajo asalariado. Desde los años ochenta, el “tiempo universal coordinado” (UTC) delimitó mejor los 24 husos horarios que controlan las actividades de todos los humanos.  En cuanto a la percepción subjetiva de lo que acontece entre el nacer y el morir, la construcción cambiante del sentido de la existencia, según pasan los años, se agudiza y afianza en torno al “ser aquí y ahora” como principal razón que orienta todo intento de narratividad.

El gran carnaval

 En la cultura occidental actual, de todos modos, la mayoría de las actividades –especialmente las sociopolíticas- vienen urgidas por un presentismo que, incluso, pretende ser ajeno al pasado. Es la razón de los Museos de Arte Contemporáneo, en cuyas salas suelen exhibirse testimonios de la creatividad concomitante a los visitantes, reafirmada por múltiples actividades tendentes a implicar al espectador en directo. Es muy urgente, igualmente, para Casado,  quien, al asumir el liderazgo del PP, ha marcado distancias respecto a la corrupción de muchos de lo suyos diciendo que no tenía que pedir perdón por el pasado. En el ejercicio de la actividad política –marcada por la rueda electoral- lo habitual es que el presente sea lo que cuenta; práctica que suele incrementarse con la manipulación constante del lenguaje y el oportunismo para mellar las tácticas del contrario.

Para la prensa, también el presente es la razón de ser. Depende de cómo contarlo con provecho y, a veces, lo hace con criterios de coherencia y rigor. Otras, no tanto: el periodismo es camaleónico en sus formas, servidumbres y tecnologías, y más con la ductilidad que le prestan las redes sociales. En 1951, Billy Wilder ya dejó en El gran carnaval un despiadado retrato de la degradación moral que los medios son capaces de alcanzar en la construcción de relatos y “casos”. Y presentismo puro y duro, de dudoso carácter, es el que se ha podido vivir en el centro de Madrid el domingo día diez.  Las urgencias presentistas de quienes movieron esa convocatoria –o desde la prensa se aprestaron a que pareciera “independiente” su manifiesto- invocaron una España esencialista arrogándose la exclusiva de la interpretación de la Historia. Son los modos habituales de algunos medios, cuya línea editorial –como puede verse en una obra de Alberto Corazón para la Bienal de Venecia de 1976- es siempre idéntica: el abuso de la sintaxis, los gestos y las palabras por ver si controlan mejor el patio común.

¿Rerum novarum?

Otro ejemplo de presentismo social, importante para muchos, lo proporcionan los jerarcas eclesiásticos. Hoy, tienden a pedir perdón de algunos episodios, otros se los callan pero no abandonan su colonización peculiar del presente. Su tiempo eterno –al que suelen remitirse de continuo- no limita su avidez para plantear a las administraciones públicas constantes reclamaciones de ayudas, limosnas, óvolos, exenciones, subvenciones y conciertos para hacerse más accesibles a posibles interesados. Tan reiterado recurso tiene, sin embargo, crecientes problemas para sustentarse según avanza la secularización social. Desde que a finales del XVIII empezaron a perder privilegios, la calidad de su presente terrenal solo ha sido posible a cuenta de alianzas de conveniencia mediante instrumentos diplomáticos más o menos elaborados. En España, desde 1851 hasta hoy, los Concordatos y Acuerdos han tratado de dar la vuelta a las desamortizaciones. La declaración del IRPF pronto hará ver el presentismo más vital para los eclesiásticos al reverdecer la publicidad de la crucecita para la Iglesia. También el de quienes se pregunten,  si su situación económica ha sido disminuida por efecto de la crisis, cómo es posible que, en ninguno de esos años duros, haya bajado la aportación del Estado –aumentada con Zapatero al 0,7%-, mientras una parte significativa de los servicios sociales,  en Sanidad, Educación y Dependencia, se han ido privatizando dentro de la órbita de instituciones vinculadas a la Iglesia Católica. ¿La caridad de los obispos hacia  los pobres es mejor desde sus organizaciones privadas?

¡Lástima de presentismo eclesiástico! Hasta que a finales del siglo XIX se inició la institucionalización del Estado social, ni la caridad ni la beneficencia habían remediado los duros problemas de “la cuestión social”: hasta Cánovas del Castillo lo dijo públicamente. Por otro lado, lo que en este momento les es más acuciante no es Cáritas, cuyos principales recursos no proceden de los Obispos, aunque les valga como motivo publicitario. Su problema más grave procede del escándalo que los abusos de poder de su clero fiel ha producido, también en España. El paso por diversos tipos de internados y el autoritarismo de ciertos obispos han dejado huellas en muchas personas. Y en cuanto a la pederastia, ya se habla del 7%, proporción variable también según la fecha que se tome como referencia, pues la jerarquía católica tiene hoy mucho menos clero que en los años 50 y 60. Las peticiones de perdón probablemente se intensifiquen después de la cumbre pontificia del 21 al 24 de febrero, pero no arreglarán ansiedades y desesperación de quienes  han sufrido un descontrol tan vergonzante.

Enjalbegando

Tener delante estos presentismos –entre un sinfín de muchos otros- ayuda a entender las políticas educativas de este débil momento en que ha imperado un repetitivismo al que fuera suficiente con recuperar parte de lo perdido en el más reciente pasado sin mover las fuertes excrecencias del sistema. Tras ocho meses y medio, esta mitología reformista deja más palabras que hechos concretos. Trufada con alguna insatisfacción, no pasa de enjalbegado si no dispone de algún plan alternativo para erradicar, al menos, algunas de las sucesivas capas de barniz con que ha llegado al presente. Entre otras muchas, por lo no votado en el Congreso el día 13 tiene más actualidad la que se repetirá en la declaración de IRPF a presentar entre abril y junio de 2019. Entre las deducciones que se revisaron el 16.02. 2018, para la cuota íntegra figuran “por gastos educativos”: el 15% de los gastos de escolaridad, el 10% de los de enseñanza de idiomas y el 5% de lo adquirido en vestuario de uso exclusivo escolar. Como mínimo, unos 400 € por cada hijo/a, que puede ascender a 900 si hay “gastos de escolaridad”, sin que se especifique si corresponden a prestación de servicios o a donación, obligatoria o encubierta.

Cuantos sepan que la mayor parte de estas subvenciones  -unos 90 millones solo por este concepto- van a parar a clientes de colegios religiosos, se preguntarán  por qué, mientras los practicantes católicos disminuyen, estos escolares aumentan: ¿Qué servicio “pastoral” les presta su Iglesia, y a quién, con este instrumento?   Este gesto, contrario a toda distribución progresiva de las cargas impositivas, y similar en la práctica al de los incrementos de las privatizaciones y las ampliaciones de conciertos que se anuncian en Madrid y Andalucía, parece que vayan a quedar a expensas de las elecciones que se avecinan. Como buena parte de la LOMCE

 En definitiva, las crispadas urgencias del presentismo político ya están fagocitando, una vez más, las que necesita atender el sistema educativo; el capcioso debate de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) ha mostrado lo endeble del  momento para demostrar, más allá de la retórica, el valor de la educación. Por si entre los proyectos de Celáa no hubiera un plan para utilizar los pocos días que queden hasta las elecciones en erradicar al menos algunas de las discriminaciones que, por colonización de intereses particulares, sufre el derecho a la igualdad educativa, al menos debería repensar –como los artistas del Barroco en sus vanitas- la fugacidad del tiempo perdido de este presente.

Manuel Menor Currás

Madrid, 14.02.2019

Ideología (Manuel Menor)

Pretextar “la ideología” del otro para sostener el inmovilismo

La nostalgia de “poder fáctico” en democracia se aviene mal con la ejemplaridad que los obispos han de desarrollar para ser coherentes.

Poco se sabe de lo que hayan dialogado y concluido la ministra Pilar Celáa y el obispo Argüello a propósito del confesionalismo católico en diversos aspectos del sistema educativo. Al término del encuentro, ha habido buenas palabras acerca de lo fluido y fructífero que pueda haber sido, pero no faltó tiempo para que, desde La Razón, un profesor de Teología Moral  esgrimiera   el pretexto de “la ideología” de los demás como impedimento de un “pacto educativo” por parte de la CEE.

Antimodernismo

Por la edad,  es probable que haya obispos que se sientan obligados por  el Juramento antimodernista que, para ser sacerdotes, debieron hacer antes de 1967, en que fue suprimido. Esa generación tal vez no vea como “ideológicas” sus posturas sobre relaciones de la Iglesia con su entorno, y es fácil que coincidan con ellos muchos de los elevados al episcopado después de 1978. En general, desde Juan Pablo II la selección y cooptación de  candidatos siguió baremos en los que el curriculum vitae acreditaba seguridades apropiadas a lo que se quería promocionar; nada que ver con las que habían prevalecido con Juan XXIII o Pablo VI. Esto facilita entender que, incluso desde 2013 y del Papa Francisco, observadores atentos puedan apreciar diversidad de juicios de valor que, cuando son doctrinales, han de ser considerados al menos como corriente ideológica.

En todo sistema de conocimiento son normales las variaciones interpretativas. El catolicismo también está sometido a esa condición. No obstante, fue en tiempos  de cristiandad dominante cuando el cuerpo doctrinal que debía ser entendido por los fieles fue denominado “Doctrina cristiana”. Reducida a breve sinopsis como “Catecismo” podía parecer más unitaria, y su “vigilancia” fue constante durante casi toda la historia del sistema educativo español, siempre más como obligado recitado memorístico que como entendimiento. El propio Catecismo de la Doctrina cristiana, del que el del  P. Gaspar Astete (1537-1601)  fue todavía preceptivo para muchos, imponía un criterio cognitivo tan corto en torno a qué creer, que no se aventuraba más allá de que se supiera mecánicamente el Credo. Acerca de “otras cosas”, debía responderse: “Eso no me lo preguntéis a mi que soy ignorante. Doctores tiene la santa madre Iglesia que lo sabrán responder”, y concluía: “Bien decís que a los Doctores conviene, y no a vosotros, dar cuenta por extenso de las cosas de la Fe; a vosotros bástaos darla de los Artículos como se contiene en el Credo” (Madrid: Imprenta Real, 1832, pág. 18).

Doctrinarismo apologético

A los clérigos, por su parte, la Filosofía y Teología que se les enseñaba siempre estuvo estructurada a la defensiva, contra los adversarii. Era el reflejo de una historia apologética con multitud de prácticas no menos ideologizadas. Por ejemplo, el trato con “los paganos” desde Teodosio a finales del s.IV d.C., en que pronto se empezó a juzgar civilmente –y eliminar-  a herejes y heterodoxos o a destruir su patrimonio artístico y cultiral. Tampoco tienen desperdicio las largas guerras de religión, y cómo desde finales del XVIII la Iglesia, a medida que perdió poder temporal, se especializó en alianzas con que retenerlo en alguna medida. Hitos de gran interés para ver cómo se decantó después la posición política de la Iglesia son la reacción restauradora desde 1815 en Viena, la pérdida de los Estados Pontificios en 1870, o que se erigiera desde 1891 en mediadora “caritativa” de “la cuestión social” cuando los obreros urbanos ya llevaban décadas exigiendo justicia. Más cerca, cuando el 09.12.1905 se independizaron el Estado francés y el Vaticano, el ideologizado abanico de argumentos vaticanistas fue bien explícito frente a los de quienes pugnaron en pro de los intereses de la República francesa.

Con esta historia detrás –y sin mentar las posturas inspiradas desde el Vaticano en la etapa de entreguerras-, el pretexto de “la ideología”  no es  inocente. Entre las argucias reunidas en el Arte de tener siempre razón, de Schopenhauer, figuran las que, para salir exitosos de cualquier debate tratan de anular al otro con  argumentos ad hominem.  Al personalizar al adversario con “la ideología”, fabrica un espantajo contra el que dirigir todos los ataques mostrándole como “insultante, maligno, ofensivo y grosero. Es –dice el filósofo alemán- una apelación de las facultades del intelecto a las del cuerpo, o a la animalidad”.

¿Neutralidad desideologizada?

Debiera dar qué pensar que, sin que nadie lo legislara, este país se ha secularizado, en un proceso que prosigue a contrapelo de quienes atribuyen a “ideología” que se reclame una revisión del art. 27CE y, también, de los  Acuerdos. Pretender denigrar esto como “ideología” –peligrosa y deleznable-, cuando el nacionalcatolicismo ha educado de modo tan exclusivo como parcial a varias generaciones, es pereza burocrática. La referencia del artículo 27CE a la libertad educadora de las familias, por encima de los derechos del menor, solo es explicable desde la herencia de los 40 años anteriores. Y Marcelino Oreja podría explicar, mejor que nadie, si sus Acuerdos son fruto de neutralidad.  El artificioso ardid de “lo ideológico” no logra ocultar la aspiración eclesiástica de  retener la exclusividad doctrinal, lo que en democracia es retardataria “ideología” contradictoria. Olvida, además, que, sin “diálogo” serio,  añade razones para que les corten lo productiva que esté siendo económicamente una supuesta asepsia ideológica que, por diversos capítulos, percibe del Estado una cantidad anual que ronda los 11.000 millones de euros, que, además, pretenden seguir administrando independientemente.

El unitarismo doctrinario facilita la vida a las gerontocracias, a las que resulta tentador dejarse encandilar por la gama más conservadora del espectro ideológico, y estigmatizar a las demás, pero acentúa su desconexión social. Además, este itinerario, añorante de  los tiempos de “poder fáctico” en cuestiones tan temporales como la estructura que el Estado deba dar al sistema educativo de sus ciudadanos, nunca ha sido el del Evangelio. A comienzos del siglo XII, Pedro Abelardo, ya escribió que “el apego de cada uno a su propia secta hace a los hombres presuntuosos y tan arrogantes que cualquiera de quien piensen que se aleja de su fe les parecerá, por lo tanto, ajeno a la misericordia divina. Mientras aplican a los demás la condena eterna, se prometen solo para sí mismos la beatitud” (Diálogo entre un Filósofo, un Judío y un Cristiano).

Manuel Menor Currás

Madrid, 09.12.2018