Si quieres enviar convocatorias, propuestas concretas o noticias, pedir información, contarnos qué has hecho en tu centro..., escríbenos a accionesmareaverde@gmail.com
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ahorrará 40 millones de euros en plazas de profesorado, según las estimaciones de CC OO, mientras gasta 43,5 millones de euros en las ayudas para estudiar Bachillerato en centros privados.
26 JUL 2022
Los alumnos y alumnas que cursarán Secundaria en el curso 2022/2023 en la Comunidad de Madrid pasarán de 294.703, a unos 299.418, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el número de profesores descenderá en 1.000 plazas. Esta cifra, sumada al descenso en especialidades menores, puede llegar a las 1.200 plazas menos. Los datos, recopilados centro a centro por CC OO, y extraídos de las asignaciones de cupos de profesorado publicados el jueves 21 de julio, dibujan nuevos recortes en enseñanza Secundaria.
Según las cifras recopiladas por este sindicato, los mayores recortes se darán en la asignatura de Matemáticas, que perderá 262 plazas de profesorado, seguida de Lengua (260 menos), Física y Química (163 menos) y Filosofía (115 menos). Por zonas, el área más castigada será la Dirección de Área Territorial (DAT) Sur, por delante de la de Centro y la de Este. Sólo dos DAT permanecerán con las mismas cifras que el curso pasado: la Norte y la Oeste.
La supresión de plazas de profesorado supone un ahorro de 40 millones de euros, mientras que las becas para estudiar en centros privados de Bachillerato cuestan 43 millones a las arcas públicas
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, calcula un ahorro de 40 millones de euro para la Consejería de Educación con este movimiento, mientras que las polémicas becas concedidas para estudiar Bachillerato en centros privados suman un total de 43,5 millones de euros. “¿Casualidad o programa? ¿Estamos financiando acaso los cheques regalos para los centros elitistas, donde estudia el 5% de la población madrileña, con los recortes de la enseñanza pública?”, se pregunta Galvín.
Para Galvín esta medida va en contra de la reducción en las ratios prometida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y supondrá un aumento en la masificación de las aulas. “Esta reducción hará imposible que todo el alumnado tenga toda la atención educativa que necesita porque cada profesor tendrá que atender a mayor número de alumnos”, explica mientras añade que estos recortes suponen despidos de profesorado. Unos despidos que se unen a la eliminación de los 5.000 refuerzos contratados durante la pandemia que ya se perdieron en el curso 2021/2022; año lectivo que arrancaba con ratios prepandémicas.
Las becas de la polémica
De fondo, el aumento de un 100% en las becas otorgadas para estudiar Bachillerato, FP y Educación Infantil en centros privados. Según los cálculos realizados por El Salto, las ayudas para cursar en aulas privadas pasarán de los 64,6 millones a 127 millones durante el curso que viene. Un aumento que responde al incremento de las cuantías, que pasan de los 3.000 a los 3.700 euros en Bachillerato, de 1.770 a 2.212 en FP y de 1.146 a 1.524 en Infantil. Pero, sobre todo, a la polémica flexibilización en las condiciones para acceder a ellas.
Para el próximo curso escolar, el gobierno regional decidía aumentar el margen en los ingresos de las familias que pueden acceder a una ayuda para estudiar en centros privados: de 10.000 euros de renta per cápita al año a 35.913 en el caso de Bachillerato, de 25.000 a 35.913 en el caso de Infantil y de 20.000 a 35.913 en el caso de FP. Así, el curso que viene, familias compuestas por dos progenitores y un hijo que ganen hasta 107.739 euros podrán acceder a este pack de ayudas.
Un transvase de dinero público hacia la privada que levantaba ampollas y que empujaba a la Comunidad de Madrid a salir en su defensa. Según publicaban el pasado 20 de julio, el 94,2% de sus becas de Bachillerato habrían ido a parar a familias con rentas inferiores a los 20.000 euros y “apenas 100.000 euros han recaído en las ganancias más altas”.
Unos cheques que no suponen el pago total de la matrícula. “Estamos hablando de centros de Bachillerato de excelencia que cuentan con matrículas que pueden alcanzar más de 6.000 euros al año y de ayudas que no cubren ni la mitad de la matrícula”, explicaba Galvín a El Salto.
Mientras tanto, los centros públicos capearán contra un nuevo recorte. Desde CC OO calculan que para cubrir el aumento del 1,6% del alumnado en Secundaria serían necesarios 5.000 plazas nuevas de profesorado. Sin embargo, y según las cifras que han recopilado, la Comunidad de Madrid navega hacia el sentido contrario.
“Con los impuestos de todos financiamos los privilegios de unos pocos”. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CC OO Madrid, resume así el proceso de escolarización para el curso que viene. Un curso en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha multiplicado por diez el dinero en becas que se dará a los alumnas y alumnos que se salgan de la escuela pública en Bachillerato. Al mismo tiempo, y según los datos recabados por CC OO, en todas las zonas educativas se recortarán 233 aulas en la pública, lo que supone la supresión de 3.600 plazas en Primaria y más de 2.600 en Secundaria. Un total de 6.200 plazas menos, lo que acarrea además una pérdida de 395 docentes: 144 en Primaria y 89,5 en Secundaria.
“A la vez que se suprimen unidades en todas las enseñanzas, pocos días antes del proceso de escolarización, se difunde la ampliación de las mal llamadas becas en centros privados para cursar Bachillerato. Son políticas educativas claras. Manipulan la oferta de la enseñanza pública antes del proceso de escolarización, hacen actuaciones que promueven e incentiva a las familias el uso de escuelas privadas. Estamos en una comunidad donde el gobierno de Díaz Ayuso ha decidido que quiere minimizar la oferta pública y aumentar la privada”, asegura Galvín en rueda de prensa, en la que han presentado el resultado de sus indagaciones sobre el total de aulas públicas que desaparecerán, después de recabar el 92% de datos de todos los colegios de la red pública madrileña.
Este año las becas para Bachillerato serán para el alumnado que entre en la privada y se invertirá un total de 43,5 millones de euros
Las becas para Bachillerato, que arrancaron durante el curso 2019/2020, supusieron la concesión de 4,5 millones para alumnos y alumnas de Bachillerato que decidieran irse a la concertada durante el curso pasado. Este año serán para el alumnado que entre en la privada y se invertirán un total de 43,5 millones de euros. “La concertada se les queda corta y dan un salto a la escuela privada. Esto rompe el consenso constitucional, que se desarrolló en la primera ley orgánica de educación tras la Constitución. El gobierno de España debería reflexionar, porque si en Madrid se está haciendo esto es que algo falla”, avisa Galvín.
Dinero para familias pudientes
Así las cosas, el pasado 19 de abril, dos días antes del inicio del proceso de escolarización, la Consejería de Educación anunciaba que las becas de Bachillerato para el alumnado que acude a centros privados pasarán de los 2.861 beneficiarios actuales a 15.130 y su cuantía, ahora de hasta 3.000 euros, también crecerá un 25% durante la próxima convocatoria.
Esto significa que una familia de cuatro miembros tiene que ganar menos de 143.652 euros al año, es decir, familias que ganan más de 100.000 euros pueden optar a estas ayudas
Para poder solicitar estas becas, la Consejería pone un límite máximo de renta per cápita de 35.913 euros para cada familia. Esto significa que una familia de cuatro miembros tiene que ganar menos de 143.652 euros al año, es decir, familias que ganan más de 100.000 euros pueden optar a estas ayudas.
Para Galvín, además de constituirse como un método para transvasar dinero público a la privada, más que ayudas a la educación son ayudas fiscales para las clases pudientes. “Estas ayudas, que se dan en centros cuyas matrículas rondan los 6.000 y hasta 10.000 euros anuales, son un incentivo fiscal. En Madrid hay una preocupación porque los que más tengan paguen menos y esto ayuda. Las familias se pueden desgravar las matriculas realizadas en la privada y además les damos una compensación“, se queja la portavoz de CC OO.
Y todo esto en una comunidad en la que la financiación a la educación está a la cola de España, siendo del 2,7% del PIB. “Y también a la cola de Europa, donde países de nuestro entorno están en el 7%. Con los impuestos de todos financiamos los privilegios de unos pocos”, insiste Galvín, quien espera que la situación se reconduzca.
¿Libertad de elección?
“La libertad de elección es uno de los buques insignias del PP desde Esperanza Aguirre, la que promovió la libertad de centro”, añade Eugenia Alcántara Miralles, inspectora de Educación. Sin embargo, y tal y como se constata con estas medidas, estamos ante una libertad “muy sui géneris”. Desde luego, no para las familias que eligen la pública, tal y como denuncia Alcántara, quien avisa de que CC OO ha judicializado la situación.
“Hay unos 60 centros en los que estimamos que hacía falta abrir una unidad más y en junio no se abrieron. Se está incumpliendo el decreto de libre elección de centro porque no se están teniendo en cuenta las preferencias de las familias”
Tal y como explica esta inspectora de Educación, el decreto de libertad de elección de centro 29/2013 obliga a la consejería a tener en cuenta para reorganizar la oferta educativa las preferencias manifestadas por las familias en los procesos anteriores. “Tenemos judicializado la rectificación con respecto a lo elegido por las familias en Madrid capital en el curso pasado. Hay unos 60 centros en los que estimamos que hacía falta abrir una unidad más y en junio no se abrieron. Se está incumpliendo el decreto porque no se están teniendo en cuenta las preferencias de las familias. No solo no se han ofertado esas unidades sino que se han cerrado más”, se queja.
Y desde este sindicato estarán vigilantes durante el curso 2022/2023 para ver como evoluciona la situación. “En este curso, cuando salgan las resoluciones de cada centro educativo, iremos contrastando y viendo donde ya en el curso pasado no se abrieron pese a la demanda e impugnaremos. Se vulnera el derecho a las familias a elegir centro y estaremos tras ello”, concluye.
Publicamos este artículo del compañero Manuel Menor
La inestabilidad preside
muchas revisiones que se están haciendo a la baja en las diversas Comunidades
autonómicas para el nuevo curso.
Desde hace unos mil días nos movemos por un túnel que, mientras
parece dar señales de su final, no deja de indicar que vaya usted a saber lo
que queda por delante en medio de pretensiones tranquilizadoras. En nuestras
neuronas se debaten sensaciones contrarias, de prevención y cierto miedo
todavía, mientras quieren predominar las maneras normalizadoras de la situación
vital.
“Normalidad”
La cuestión está volviendo a situarse en lo que cada cual
entiende, una vez más, por “normalidad”, hábito que, oscilante e incluso
demente, puede que vaya a ser el núcleo del gran debate del curso que inicia
ahora su andadura. Es evidente, por ejemplo, que, con la Covid-19 presente, no
es lo mismo una distancia que otra entre los alumnos de un aula, la variable proporción
de cuantos puedan convivir razonablemente en ellas y en los recreos, y, por tanto, el número de
profesores de apoyo y los recursos que se incrementan o disminuyen, según
alguien con poder de decidir juzgue pertinente. Con unas u otras decisiones
–casi siempre adoptadas de modo oscuro-, establece una u otra “normalidad
escolar”, que se añade, además, a otras supuestas normalidades que arrastraban
los centros educativos sobre todo en los últimos diez años de recortes, preferencias
por redes educativas particulares y aparentando siempre dar cumplimiento al
precepto constitucional de la universalidad educativa. Del conjunto resultante
de la normativa que atañe aeste
comienzo de curso, ya se puede advertir, de entrada, que la “normalidad” a que
parece aspirarse en tres o cuatro Comunidades autonómicas de acendrada
tradición erosionadora de lo público, es la de antes de marzo de 2020.
De un tiempo a esta parte, y especialmente desde final del curso pasado, se pudo advertir el ansia de algunos consejeros de educación
por ir revirtiendo supuestos excesos que pudieran haber traído consigo las
variaciones de dotaciones y recursos que, sobre todo en el curso 2020-21, se
habían establecido. En este momento, parece que se esté queriendo volver a
aquella “normalidad” anterior, la que desde 2007 se había construido a costa de
desidias, disminución de medios y personal. Como si de algo físico se tratara, y
que el principio de Arquímedes de los flujos que conlleva la práctica del
derecho de todos a la educación se encargara de reequilibrar el sistema a su
posición óptima, su ley está siendo invocada estos días para encauzar ese afán
de regreso melancólico al pasado; cuantos siguen los avatares de la educación
conocen momentos históricos en que lo que bien orientado parecía fue
considerado excesivo y se recondujo a la rancia posición tradicional. No
importa que quienes paguen el pato con esta regresión de ahora sean los que
siempre han sufrido la desigualdad escolar desde antes de haber nacido: también
esta es tradición “normal”.
Va a ser difícil, sin embargo, convencer al personal docente de
que siga arriesgando su voluntariedad una vez más en pro de un supuesto bien
común como el de la educación pública, del que sus verdaderos beneficiarios son
quienes no necesitan que el Estado proteja y defienda este su derecho principal
de ciudadanos. De hecho, les da igual que se arruine y privatice cada vez un
poco más el sistema de la educación pública, dentro de la gloriosa “libertad de
mercado” con que está siendo concebida y desarrollada por instancias
privilegiadas de nuestra vida social, cultural y política; ya tienen lo que
anhelan para sus hijos o fieles seguidores, y a sostenerlo va esta animosidad
por recobrar “la normalidad” de antes restableciendo al máximo “la competencia”,
la “calidad educativa”, “la excelencia” y cuanto encierra de mercantilismo
económico su bandera de la “libre elección de centro”.
Desangelamiento
Algunos sindicatos han emitido comunicados de protesta: CCOO lo acaba de hacer estos días, y los socios de la Mareaverde en la
Plataforma por la Educación Pública lo reivindicaron este pasado sábado en la
calle…. Pudo comprobarse, de todos modos, que estos signos de disconformidad,
un poco desangelados, han dejado la sensación de que los asuntos de educación
siguen siendo, incluso en un contexto de cambio profundo como el actual, una
cuestión menor, muy alejada de la movilización que suscitan las precariedades
laborales, las vueltas y revueltas que esté dando el paro, la curva de la
evolución económica, urgencias de sectores económicos como el Turismo y otras
mil historias capaces de conmovernos y motivar críticas airadas… La educación
parece que, como siempre, haya de seguir siendo algo a lo que a algunos les
viene dado por clase social, mientras que
a otros les sobrara con atender un poco a su escolarización para que no
estorben demasiado en la calle y en las casas.
Con los recortes que muchos responsables de las Comunidades
autonómicas están prefiriendo de nuevo –e, indirectamente, también la LOMLOE
por lo que no modifica-,es fácil deducir
que la educación como clave del Estado social de bienestar y de la justicia
distributiva, tratando de conciliar libertad y universalidad educadoras,
seguirá en el limbo que ha estado en los años de las crisis anteriores. Nadie
parece creer en serio en que lo que se predica sobre su importancia para
modernizar el país de modo acorde con las urgencias del presente, fortalecer la
convivencia democrática y erradicar los vicios y problemas que subyacen en
nuestras relaciones sociopolíticas, pueda subsanarse con algo decididamente
mejor.
Se prefiere el castizo que “inventen ellos”. Coherente parece,
pues, que, incluso ahora que hay recursos y créditos europeos para apoyar
consistentes medidas de cambio, haya tantos responsables en estas materias
aplicados, antes que nada, a que su función primordial consista en recortar de nuevo
lo que debe ser inversión de futuro. Tales gestos evidencian, una vez más, que
el sueño de toda servilleta por ser mantel no se cumplirá impunemente; y que el
modelo a seguir tampoco puede ser como el que ha operado, también en los
últimos más de mil días, respecto a la renovación del Consejo General del Poder
Judicial; eldesapego y descolo demostrado
permite aventurar queel curso que acaba de iniciarse no puede sino ver estancada la necesaria
renovación estructural de la Justicia en España. Atentos.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
Una revisión de las cuentas de 32 centros, la mayoría de la denominada "nueva concertada", la que aparece tras el año 2000, muestra un sector económicamente asentado, en el que la mayoría de los ingresos provienen de los fondos públicos y que reparte beneficios
Entramados de empresas, grandes grupos, sociedades mercantiles, reparto de dividendos, altos salarios, inversiones en fondos o carteras... La conocida como nueva escuela concertada madrileña, que vive principalmente de las subvenciones públicas y las cuotas voluntarias que cobra a las familias (las primeras están consignadas en sus cuentas públicas, las segundas no), presenta unos balances saneados y en general beneficios, según un análisis de las cuentas de una muestra de 32 centros con un único requisito a cumplir (aparte de tener un concierto educativo): tener las cuentas depositadas en el registro.
Uno de los ejemplos más claros de esta nueva concertada es el grupo Educare Inversión en Centros Educativos, S.L. Educare es propietaria de seis centros privados con concierto construidos sobre parcelas públicas cedidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (Colegio Peñalvento, Colegios Peñalar, Colegio Valdefuentes, Colegio Torrevilano, Colegio Montesclaros y Colegio Atanes School) y tiene el 78,34% del Colegio Antamira, también sobre suelo público. Este gigante, creado como Educare Torrevilano, S.L., en 2008, manejaba en 2019 un saldo contable de 30,2 millones de euros para el largo plazo y otros 8,8 para "inversiones en empresas del grupo", clasificadas como corto plazo, además de otros 4,9 millones de euros para "inversiones financieras a corto plazo". Este grupo declaró en 2018 un resultado del ejercicio de 11,5 millones de euros tras impuestos.
Entramados societarios
La segunda derivada de este análisis es que los colegios concertados no son un adalid de la transparencia. A pesar de tener la obligación legal de hacerlo por su forma empresarial, muchos centros no presentan sus cuentas o la última vez que lo hicieron fue antes de 2015. Aún así, casi la mitad de las empresas analizadas (44%) presentan estructuras societarias complejas con las que explotan varios centros educativos, pero también invierten en distintas sociedades, carteras de valores o inmobiliarias.
Un ejemplo de estas prácticas es la empresa Escuela para el Futuro, S.A., que gestiona el colegio Greenwich School, de Alcobendas. Esta empresa posee además el 50% de otras dos, Centros Docentes Asturianos S.A. y LMJ, S.A., además de participaciones en Sociedades Anónimas de Inversión o Sicavs. El accionista mayoritario de esta empresa es un habitual del sector. Jesús Núñez Velázquez vendió hace unos meses la Universidad Privada Alfonso X el Sabio por varios cientos de millones de euros y posee colegios privados en Asturias y Madrid. Escuela para el Futuro consigna que recibió 4,1 millones de euros en 2019 en concepto de subvenciones y su centro está levantado sobre una parcela pública cedida a 75 años.Otro ejemplo es San Jaime, S.L., que explota un colegio del mismo nombre. Esta empresa pertenece en un 99,99% a otra mercantil, Centro Cultural Liceo Sorolla, S.A. y tiene a su vez participaciones mayoritarias en dos inmobiliarias, una compañía de urbanización y otra cinegética.
De inversiones y dividendos
La Fundación Arenales también tiene registradas algunas inversiones inmobiliarias. En este caso es por parcelas adquiridas cuando se fundió con la Fundación Cristo de la Paz y presentan un valor contable de 2,3 millones de euros.
Beneficios y sueldos
De los 32 analizados, solo cuatro presentaron pérdidas en el año analizado (los colegios Mengual, Agora y Minerva, de menos de 10.000 euros; el Humanitas Bilingual School de Torrejón perdió más de 100.000). Otros, como el Greenwich School, tuvieron un resultado del ejercicio de 4,5 millones de euros positivos tras haber ingresado 4,1 en concepto de subvenciones y otros ingresos de explotación.
Otro elemento que se detecta analizando las cuentas son las retribuciones de las direcciones de algunos centros. El Colegio Punta Galea, que percibe 1,7 millones de euros en subvenciones en el ejercicio analizado, pagó a los miembros del Consejo de Administración 200.000 euros de sueldo. Un poco más percibió el Consejo Rector del Colegio El Catón: 235.000 euros anuales tras una subvención de 2,1 millones de euros. En el Estudiantes Las Tablas, la alta dirección ganó 147.000 euros y los miembros del órgano de administración, 171.000. La palma en este apartado se la llevan los miembros de la alta dirección de la Cooperativa Gredos San Diego, que percibieron 338.000 euros de salario en 2017, mientras los del Consejo Rector alcanzaron los 649.000 euros en un año.
Este es el modelo que el PP ha impulsado en los últimos 20 años, los que han pasado desde que Madrid adquiriera las competencias en Educación. El sector que se manifestó contra la Lomloe en torno a la plataforma Más Plurales porque se ponía en riesgo casi su propia existencia y la "libertad de elección" de las familias. El modelo que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quiere blindar con una ley educativa ad hoc, la Ley Maestra, que va directamente contra los postulados en la materia de la Lomloe y que será de las primeras, si no la primera, que apruebe el nuevo Gobierno.
Y esto es una de las primeras cuestiones que saltan a la vista: la alta presencia de sociedades mercantiles en el sector educativo concertado. De los 32 centros estudiados, 14 son sociedades de responsabilidad limitada, dos tienen la forma de sociedad limitada laboral, cuatro son sociedades anónimas, tres son fundaciones y dos son sociedades cooperativas. En total suman 25 porque entre los 32 centros hay algunos que pertenecen al mismo grupo, con lo cual tienen la misma forma societaria.
Los últimos datos del Ministerio de Educación cifran en 4.727 euros el gasto por alumno en centros públicos de la Comunidad de Madrid, mil euros por debajo de la media nacional
En 2019, la región destinó a conciertos y subvenciones a centros privados 1.104 millones de euros, la segunda cifra más alta solo por detrás de Cataluña
Mientras que el desembolso en conciertos aumentó desde 2009 un 26,6%, el gasto educativo total solo experimentó un crecimiento en esa década del 1,3%
Durante esta legislatura, el Ejecutivo de Díaz Ayuso solo ha aprobado un proyecto de ley en materia educativa: el que daba luz verde a una nueva universidad privada, una iniciativa del Grupo Planeta
Vallecas, 13 de agosto de 2019. Isabel Díaz Ayuso toma la palabra en la sesión del Pleno de la Cámara autonómica convocada para su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. La candidata conservadora articula un discurso sostenido sobre una decena de retos para la región. El primero, el empleo y la bajada de impuestos. El segundo, la educación. "Si queremos dotar de oportunidades a los madrileños para construir su propio futuro, debemos apostar por una educación de calidad", apunta Ayuso. Tras más de dos décadas de dominio conservador, la región presenta la menor inversión por alumno de toda España, un número de estudiantes por grupo superior a la media nacional en prácticamente todos los ciclos de enseñanza, el mayor gasto por familia, el segundo mayor desembolso para la concertada o los precios públicos universitarios más altos.
Madrid es la comunidad autónoma con mayor músculo económico del país, tras el sorpasso a Cataluña. La región acumula nada menos que el 60% de las grandes empresas. Y cuenta con la mayor renta por habitante de España, con 35.913 euros, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de ello, y como ocurre en materia sanitaria, está muy lejos de ocupar los primeros puestos del podio en algunos indicadores clave en educación. infoLibre repasa, a continuación, la fotografía de la región más rica en materia educativa.
INVERSIÓN EDUCATIVA POR ALUMNO
El Ministerio de Educación publica anualmente desde el año 2000 su informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. La última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros–.
De las 17 comunidades autónomas, Euskadi es la que sale mejor parada en este indicador, que se centra en enseñanzas no universitarias del sistema educativo –se excluye, por tanto, la formación ocupacional–. En esta región, el desembolso es de 9.298 euros, casi el doble que Madrid. Le siguen Navarra, Galicia y Asturias, con una inversión por alumno en centros públicos de 7.456, 6.932 y 6.927 euros, respectivamente.
En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.
En los últimos cinco años, Madrid es la región que menos ha incrementado su gasto. Si desde 2012 la subida media en España fue de 349 euros, en la comunidad más rica sólo ha repuntado en 45 euros. Junto a ella, en la parte baja de la tabla, se sitúa Murcia, con una subida de apenas 52 euros por estudiante. En ese lustro, la región que más esfuerzos ha hecho ha sido Canarias: 887 euros más por alumno en cinco años. Le siguen Extremadura y Baleares, con un repunte por encima de los 600 euros.
Si se presta atención al gasto por habitante, una de las variables en las que pone el foco la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el resultado es exactamente el mismo. Madrid sigue a la cola, con 723,8 euros per cápita, seguida por Cataluña, con 756,84 euros, y Canarias, con 771,67 euros. En el extremo contrario, tres comunidades: Euskadi, Navarra y Extremadura, con una inversión por habitante de 1.274, 1.061 y 1.006 euros, respectivamente.
LOS HOGARES QUE MÁS GASTAN EN ENSEÑANZA
Los madrileños son también los que más dinero desembolsan anualmente en enseñanza. Según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el gasto medio por hogar en esta materia en la comunidad autónoma se situó en los 827 euros, un 72% más que la media nacional. Junto con Madrid, destacan Cataluña, Euskadi y Navarra, donde ese dato se coloca en los 700, 616 y 540 euros.
En el resto de regiones, estas cifras están por debajo de la media de todo el país –480,59 euros–. Dos son las comunidades autónomas que destacan en la parte baja de la tabla. En Extremadura, el gasto por hogar en enseñanza en 2019 fue de apenas 242 euros, mientras que en Galicia alcanzó los 267,71 euros, tres veces menos que en el centro del país.
De nuevo, Madrid es la región en la que más se ha incrementado este desembolso en la última década. En 2019, los hogares gastaron 367 euros más que en 2009. El aumento se ha producido en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Sólo dos se salen de la tónica general. En Asturias, el gasto es ahora mismo 26 euros menor que hace diez años. En Baleares, por su parte, se encuentra casi 35 euros por debajo.
ALUMNOS POR GRUPO EDUCATIVO
La comunidad autónoma también es una de las que cuenta con mayor número de alumnos por clase en las enseñanzas no universitarias. Da igual el ciclo educativo. En todos, con la única excepción de "otros programas formativos", se encuentra por encima de la media nacional. Según los últimos datos definitivos recopilados por el Ministerio de Educación en su Sistema Estatal de Indicadores, en el curso 2017-2018 el número medio de estudiantes por grupo educativo en Educación Infantil en la región se situó en 18,4, solo por delante de Murcia –19,7–, frente a los 17,6 de media a nivel nacional.
Madrid es también la segunda región en el caso de la ESO: 27,1 alumnos por grupo, uno menos que en Cataluña (28,2). Y la quinta, igualada con Comunitat Valenciana, si nos fijamos en Bachillerato: 26,4, frente a los 28,4 de Andalucía, 28,2 de Cataluña, 27,9 de Canarias y 27,3 de Navarra. Lidera la clasificación, sin embargo, en Educación Primaria y FP Básica. En la primera, la media de estudiantes se encuentra en la región en los 24, frente al 21,9 de media a nivel nacional. En la segunda, se sitúa en 17,6, frente a los 12,3 de media en España.
LA SEGUNDA QUE MÁS DINERO PONE EN CONCERTADA
Desde hace décadas, los respectivos Gobiernos conservadores en suelo madrileño han apostado con firmeza por la enseñanza concertada. Y esto se ve claramente en las cifras oficiales. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes al año 2019, Madrid fue la segunda que más dinero invirtió en los conciertos y subvenciones a la educación privada. En concreto, puso sobre la mesa 1.104 millones de euros. Por delante de ella, solo Cataluña, con un desembolso de 1.248 millones de euros en ese mismo ejercicio. Por encima de los 500 millones, otras tres: Andalucía (843 millones), Comunitat Valenciana (733 millones) y Euskadi (729 millones de euros).
En la parte baja de la tabla se encuentran La Rioja, Extremadura, Asturias y Cantabria, cuyas administraciones dedicaron en 2019 a esta partida menos de 100 millones de euros.
La Comunidad de Madrid también se encuentra en el podio de territorios que más han incrementado porcentualmente los desembolsos en esta materia en la última década. En concreto, ocupa la tercera posición. Por delante de ella se encuentra, en primer lugar, Murcia, que ha pasado de gastar 176 millones en 2009 a poner sobre la mesa para la concertada 248 millones en 2019, una subida del 41%. Le sigue La Rioja, con un incremento del 34,4% –ha pasado de 41 millones a 55 millones–.
En el territorio que preside Isabel Díaz Ayuso, la subida ha sido del 26,6%: de 872 a 1.104 millones. Es un incremento mucho mayor que el que ha experimentado, por su parte, el gasto educativo total en su conjunto, que ha pasado, según las cifras que facilita el Ministerio de Educación, de 5.473 millones en 2009 a 5.545 millones de euros en 2019, lo que equivale a un aumento durante esa década de apenas el 1,3%.
Como consecuencia de esta apuesta decidida, Madrid es también la segunda región que menos alumnado tiene en centros públicos. En el curso 2018-2019, últimas cifras disponibles consolidadas, un 53,8% de los estudiantes apostaba por este tipo de enseñanza –la media nacional se sitúa en el 67,1%–, frente a un 46,2% que se distribuía entre la privada concertada y la privada: 30,1% y 16,1%, respectivamente. Sólo le superó Euskadi, donde en aquel curso solo un 50,7% del alumnado cursaba sus estudios en colegios o institutos públicos y un 49,3% en concertados y privados.
LOS PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS MÁS ELEVADOS
Cuatro de cada diez universidades en España se encuentran ubicadas en Andalucía, Cataluña y Madrid. Sin embargo, es en esta última región donde los precios públicos son más elevados. Según la última Estadística de Precios Públicos Universitarios, elaborada por el Ministerio de Universidades, el precio medio del crédito en primera matrícula de estudios de grado en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se situó en el curso 2020-2021 en los 23,17 euros, seguido por los 22,69 euros en suelo catalán y los 18,85 euros en Navarra. En el extremo contrario, Galicia, Canarias y Andalucía, donde el coste se movió entre los 11,78 euros de la primera y los 12,62 euros de la última.
La presente legislatura no se ha caracterizado por una gran producción normativa. Y menos en materia educativa. Durante este año y medio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solo ha puesto sobre la mesa de la Asamblea de Madrid cinco proyectos de ley, según consta en el portal de la Cámara regional. Y únicamente uno de ellos tenía que ver con la enseñanza. Y, más concretamente, con la privada. A mediados de noviembre, el Gobierno madrileño consiguió sacar adelante, en lectura única y gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox, una propuesta para la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), un centro vinculado al Grupo Planeta de Agostini. "Contribuye a potenciar el sistema madrileño de enseñanza superior, con los beneficios que supone en cuanto a una mayor competitividad y posible aumento de la calidad de la enseñanza que derivan de una mayor oferta de plazas", argumentaba el proyecto de ley.
Ayuso siguió así la senda marcada por el Ejecutivo conservador que la precedió. En marzo de 2019, de nuevo con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la Cámara regional dio luz verde a la creación de otros tres centros privados. Dos de ellos, el de Villanueva y ESIC, estaban vinculados al Opus y a la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. El tercero, Cunef, a la Fundación Española de Banca para Estudios Financieros. En cuanto echen a andar todos, la Comunidad de Madrid contará con una docena de universidades privadas, un número que equivale a un tercio de las que habrá entonces en España –37– y que duplica la cantidad de centros públicos. Actualmente, la región cuenta con cinco de estos últimos: Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos. La última es la más reciente de todas. Y abrió en 1996.
La Comunidad de Madrid, por tanto, ha continuado desarrollando este modelo en los últimos años. Y lo ha hecho a pesar de que los datos oficiales muestran que solo dos de cada diez alumnos universitarios estudian en la privada. Según las cifras del Ministerio de Universidades, en el curso 2019-2020 había matriculados en la región 307.889 alumnos, entre los de grado, los de máster y los de doctorado. De ellos, 230.701 estaban en centros públicos, el 75%.
2) 827 euros. Es el gasto medio que los hogares madrileños destinaron a la enseñanza en 2019. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística.
3) 1.104 millones de euros. Es el dinero que la Comunidad de Madrid dedicó a conciertos y subvenciones a la educación privada en 2019. Fuente: Estadística de Gasto Público en Educación, Ministerio de Educación.
4) 46,2%. Es el porcentaje del alumnado que en el curso 2018-2019 estaba en centros privados concertados y privados sin conciertos. Fuente: Las cifras de la educación en España, Ministerio de Educación.
5) 23,17 euros. Es el precio medio de crédito en primera matrícula de estudios de grado en la Comunidad de Madrid en el curso 2020-2021. Fuente: Estadística de Precios Públicos Universitarios, Ministerio de Universidades.
Ha tenido que desatarse una pandemia para que quedara al descubierto lo que algunos ya venían advirtiendo desde hace tiempo: España es un país de grandes desigualdades socioeconómicas. Y, en el campo de la Educación, ha tenido que ser la escuela pública la que diera la voz de alarma: nuestro sistema educativo, la mejor herramienta –en teoría– de compensación social, no está llegando a todos.
El cierre de los centros educativos en marzo llevó a los periódicos y telediarios casos como el de la familia de Fali, vecina de un barrio humilde del sur de Madrid: cinco miembros conviviendo en 30 metros cuadrados y con un solo punto de acceso al mundo virtual; un móvil que padre e hijo usan por turnos para cumplir con sus respectivas obligaciones. En el caso del pequeño, este dispositivo se convirtió durante el estado de alarma en su única ventana a la educación.
Esta brecha digital no es anecdótica, sino un síntoma más de la brecha social que sigue dejando atrás a los estudiantes que más recursos y atención merecen. La familia de Fali, además, pertenece a la etnia gitana, una minoría especialmente vulnerable en el que el 79% de los hogares no tiene ordenador en casa y el 89% sufre pobreza infantil, según el Secretariado Gitano. Para Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en un instituto de la sierra oeste de Madrid, es precisamente esta brecha social contra la que la escuela pública debería ser el más potente mecanismo corrector.
"Cuando hablamos de escuela pública, hablamos principalmente de justicia social y de cohesión social. Entendemos la justicia social como el mecanismo fundamental de reparación de desigualdades. La escuela pública debe favorecer las políticas de equidad, dar más a quien menos tiene. Cuando nos referimos a la cohesión social, hablamos de que cada aula debería ser un reflejo de la heterogeneidad social. Del origen geográfico y cultural, de las creencias religiosas o no... Y eso, hoy, no se da", argumenta.
Para entender la situación actual, hay que remontarse al menos a 2009 y, sobre todo, al 2012, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto 14/2012 que imponía unos recortes sin precedentes en nuestra democracia. Ese año, al calor de la crisis que empezó en 2008, la escuela pública recibió un golpe del que todavía no se ha repuesto. En 2020, cuando por fin estaba el sistema empezando a reparar aquel estropicio diez años después, asumiendo una larga década perdida, ha llegado el coronavirus y se ha hecho evidente para la población en general –quienes trabajan dentro del campo de la Educación ya lo tenían claro– que los recortes no salen gratis.
"La caída de las becas, las ratios, el desmantelamiento de las plantillas y los departamentos de orientación, que proveen de orientación psicológica, pero también median entre niños, han dejado a los más vulnerables desatendidos", explica la profesora Jover. "Se ha ido procediendo a la voladura de todo lo relacionado con las políticas de equidad".
Educación pública en España / Fuentes: Ministerio de Educación y Eurostat
Historia de un tijeretazo
España, a diferencia de otros países de su entorno, decidió afrontar la gran recesión de la década de 2010 recortando en servicios públicos. Se quitaron fondos a la sanidad y a la educación pública en toda su extensión, desde Infantil hasta la Universidad. El gasto total en Educación todavía no se ha recuperado: pasó de un máximo histórico en 2009 de 53.895 millones de euros a 44.789 millones en 2014, una caída del 16,9%. El pasado curso, la partida fue de 50.807 millones, aún por debajo de la que había en 2008, según datos oficiales del Ministerio de Educación.
El descenso en los fondos se tradujo, entre otras cosas, en un empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes. Los profesores, esos privilegiados, pagaron su parte de la crisis. Como colectivo, se calcula que desaparecieron unas 30.000 plazas. Los profesionales de refuerzo y apoyo educativo se llevaron el peor golpe: Pedagogos Terapeutas (PT) y especialistas en Audición y Lenguaje (AL) desaparecieron de los centros. A nivel individual, todos los docentes sufrieron recortes salariales (desapareció la paga extra y se congelaron los salarios) y hubo un empeoramiento generalizado de sus condiciones laborales. Los interinos perdieron derechos adquiridos, como que se les pagaran las vacaciones de verano. Los trabajadores con medias jornadas –con sus medios salarios– casi se duplicaron, pasando del 5% al 9%. Además, puesto que había menos profesores para el mismo alumnado, a los docentes se les aumentaron las horas lectivas.
La peculiaridad de la respuesta española a la crisis es que mientras el sistema público sufría los recortes, las escuelas concertadas apenas los notaron. Si entre 2008 y 2018 el sistema público ha perdido un 5,8% de financiación, los centros de "iniciativa social" –ese término amable que engloba a empresarios e Iglesia, dueña de dos tercios de los colegios de gestión privada que reciben fondos del Estado– rebotaron tras un pequeño descenso inicial, para acabar ganado un 11,6% de fondos.
Escuela de ricos, escuela de pobres
Si la escuela pública es –debería ser– equidad y justicia social, la concertada y la privada representan, en la mayoría de los casos y con nobles excepciones, la segregación. Los estudios más recientes sobre esta cuestión apuntan todos una tendencia inequívoca. De acuerdo con el informe Diferencias Educativas Regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie de investigaciones educativas, el reparto de alumnos sigue en España una lógica muy clara en función de la titularidad de los centros. Hay una escuela para ricos y otra para pobres: los públicos asumen "casi en exclusiva" la formación de estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables; mientras que los privados, tengan o no concierto, apenas reciben al alumnado de extracción humilde. En cifras: la escuela pública tiene un 60% de estudiantes de entornos medios y un 33% con pocos recursos. En la privada estos datos son el 27,1% y el 7,5%, respectivamente, con un 65,4% de alumnado privilegiado.
Frente a este escenario general donde se repiten ciertos patrones en la distribución de los estudiantes según su origen socioeconómico, cabe también apuntar que, en la España de las autonomías, las realidades educativas difieren por comunidades. Así, cuanto más rica es una región, más escuela concertada tiene: País Vasco, Madrid, Navarra y Catalunya son, por ese orden, las que más porcentaje de alumnos tienen en la concertada y más porcentaje de su gasto educativo público dedican a estos centros.
¿Por qué es esta una cuestión crucial en lo tocante a las desigualdades educativas? Porque los entornos influyen de manera decisiva en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. "Son claramente relevantes para sus resultados educativos, tanto en término de competencias alcanzadas como del ritmo de avance de los estudios", escriben los investigadores de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie. Los círculos viciosos.
FUENTES: Ministerio de Educación y Formación Profesional y Eurostat.
"Libertad" vs. "beneficio"
En Orcasitas, al sur de Madrid, Fali y su familia son el reflejo de las consecuencias de estas dinámicas. Al cerrar los colegios por la pandemia, la falta de recursos de la familia mostró su lado más implacable. Cuando la tarea empezó a llegar en forma de enlaces y adjuntos en correos electrónicos, el niño, que comparte el único móvil familiar con el padre, se empezó a quedar atrás; la situación se ha visto subsanada, en parte, por la dedicación y compromiso del cuerpo docente que lo atiende este curso. Los profesores han realizado jornadas interminables, con disponibilidad 24/7 para llegar a todos sus alumnos y tratar de minimizar el impacto del confinamiento entre los más vulnerables.
"No tenemos internet en casa y no me llegaban los emails. Conseguí contactar con la maestra para que me los mandara por Whatsapp, utilizando el móvil con los datos de prepago", cuenta la madre de la familia. "Y así hemos estado. Todos los otros chicos tenían tabletas o impresoras, según contaban las madres en el grupo. Y da mucha impotencia ver que tu hijo no cuenta con esos medios, que no está al nivel de los demás, y te preguntas por qué la vida te ha golpeado así".
El de la familia de Fali puede parecer quizá un caso extremo en el que se junta todo: una familia con muy pocos recursos, perteneciente a una minoría étnica cuya plena inclusión en el sistema educativo nacional sigue pendiente, y vecina de la Comunidad de Madrid, una de las regiones que más ha apostado y ha favorecido a la escuela concertada de toda España. (Esperanza Aguirre, la presidenta regional que puso en marcha el sistema que hoy rige en la comunidad, argumentaría para defender su apuesta por la concertada que el artículo 27 de la Constitución ampara la libre elección de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos).
Enrique Díez, profesor de la Universidad de Castilla y León y responsable de Educación de IU, cree que donde dicen "libertad" se refieren a "beneficio". "Lo privado siempre introduce un elemento fundamental: piensa en el beneficio de quien invierte. Nadie invierte en un centro educativo si no quiere un beneficio. La Iglesia, que tiene el 63% de lo concertado, dice que no hace negocio. Yo digo: no hace negocio económico, hace negocio ideológico".
La Universidad no es ajena
Si alguien sabe de beneficio económico en la educación son las universidades privadas. Solo entre 23 de ellas, de las 37 existentes actualmente, ganaron 1.700 millones de euros en el curso 2018-2019, con una rentabilidad media del 9,4%. La educación superior no ha sido ajena al proceso privatizador del sector vivido en España, que se ha dado casi en paralelo al de las etapas obligatorias.
En los últimos meses, el sector universitario privado español ha vivido el desembarco de fondos de inversión internacionales, que han adquirido los campus madrileños de la Universidad Europea o la Alfonso X El Sabio por 1.100 y 770 millones de euros, respetivamente. La educación obligatoria también ha vivido este proceso con la compra de algunos privados, ejemplificados en el caso de los colegios Laude: adquiridos entre 2006 y 2014 por los fondos Dinamia y N+1, fueron revendidos a International School Partnership ese año por entre 35 y 45 millones de euros, según se publicó en prensa. A día de hoy, Colegios Laude S. L. Tiene una facturación anual de 46,8 millones de euros y un resultado de explotación de 3,6 millones.
Históricamente, en el país habían existido cuatro centros privados universitarios: Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontifica de Salamanca y la Universidad de Navarra. Hasta que llegó la LOU del PP en 2001 y empezaron a multiplicarse. A principios de los 90, apenas surgieron unos pocos nuevos. En 1995 eran siete; para 2004, habían aumentado hasta 22. Diez años más tarde, pasaron a ser 33. La aprobación por parte del Gobierno de Aznar de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) incluyó dos decretos que regulaban, por primera vez, los requisitos que debían tener los centros privados de nueva creación. Con un marco legal que los igualaba a las universidades públicas en su capacidad de expedir títulos superiores, estos empezaron a proliferar.
Paso a paso, el sistema fue impulsando a la privada. La reforma del espacio europeo de educación superior (el plan Bolonia), que se implantó en España en 2007, dotó a los másteres de una importancia casi similar a los grados. Además, entre 2008 y 2015 la crisis se llevó por delante el 20% de los ingresos totales de las universidades, según el Observatorio del Sistema Universitario catalán. Para compensar esta caída de la financiación estatal, se subieron las tasas públicas un 31% de media, de modo que los precios, al menos para las familias, se acercaron a los de las universidades privadas.
En paralelo a este proceso, el ministro José Ignacio Wert cambió el sistema de becas: introdujo los requisitos académicos a la hora de obtener una ayuda, rebajó la cuantía de los importes que se concedían y estableció un umbral máximo de renta para obtener una beca íntegra tan bajo (una familia de cuatro miembros con ingresos superiores a 13.909 euros anuales quedaría fuera) que muchos estudiantes se quedaron sin ayuda o, habiéndola conseguido, tuvieron que devolverla porque no conseguían cumplir con las notas mínimas exigidas. El resultado fue que decenas de miles de jóvenes (los rectores calcularon que unos 40.000) tuvieron que dejar sus estudios.
De aquellas apuestas, estas pérdidas
Muchos expertos explican estos movimientos rebobinando hasta 1989. A finales del siglo pasado, tras ocho años de Ronald Reagan y diez de Margaret Thatcher, el mundo vivió un cambio de paradigma. El lobby empresarial europeo publicó entonces el informe Educación y Competencia en Europa, que incluía la siguiente afirmación: "La educación y la formación (…) se consideran inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro empresarial".
Los grandes grupos de presión recogieron el guante y se pusieron en marcha. En 1998, Glenn R. Jones, presidente de Coca-Cola, comentaría tras un encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education: "Desde el punto de vista del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y de mayor crecimiento".
Los docentes pagaron su parte de la crisis: menos salarios y peores condiciones laborales. Olmo Calvo
Especialmente clarificador resulta un escrito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), un ente hoy convertido en referente sobre políticas educativas para los Gobiernos gracias a su examen PISA. En 1996 la OCDE ya era consciente de la dualidad del nuevo mercado laboral que estaba gestándose: las empresas no iban a necesitar tantos trabajadores con formación. Pero entendió también que esta no era una idea fácil de vender, así que uno de sus analistas, Chistian Morrison, sugirió: "Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje (…). Sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población".
Justamente debido a la implantación del estado de alarma para atajar la primera ola de la pandemia, la presencia de grandes multinacionales en el sector educativo a todos los niveles se ha acelerado y se ha hecho aún más tangible. Google, Microsoft o HP han entrado en casi todas las aulas al hacerse virtuales como un remedio urgente al cierre de los centros educativos sobrevenido en marzo. Llamativo es, de nuevo, el caso de Madrid. La plataforma de la Consejería que debía articular la enseñanza a distancia, EducaMadrid, se colapsó prácticamente el primer día del confinamiento en primavera, dejando a los centros sin alternativas reales: o acudían al mercado (Google Suite ha estado entre las favoritas) o no había manera de dar clase a distancia. Esta cuestión trae aparejada un debate sobre la privacidad y la gestión de datos aún incipiente. Hasta ahora, las plataformas de las grandes tecnológicas se han utilizado como herramienta complementaria para la docencia, el uso masivo quizá obligue a prestar más atención a lo que se está haciendo.
