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lunes, 12 de junio de 2023

Ayuso abre la puerta a privatizar la gestión de las becas comedor (Sara Plaza Casares para El Salto)

 Artículo de Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com

Este jueves se abría el plazo para la concesión de becas comedor que incluyen novedades como la posible contratación de una empresa privada para gestionar las cuantías de las becas para las familias perceptoras.

9 JUN 2023

El comedor escolar en la Comunidad de Madrid para el curso 2023-2024 viene cargado de novedades. Si el pasado 30 de mayo transcendía que el precio del menú subirá un 12,7%, este jueves, cuando comenzaba el plazo para solicitar la ayuda al comedor, se conocía que el gobierno de Ayuso abre la puerta a que se externalice la gestión de estas becas en manos de empresas privadas.

EDUCACIÓN EN MADRID 
SARA PLAZA CASARES

Así se recoge en las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de becas de comedor escolar, publicado en el BOCM el pasado lunes 29 de mayo. En su artículo 17.2 se puede leer que la Consejería de Educación podrá contratar con una empresa los trabajos necesarios para colaborar en la gestión de los pagos a las familias adjudicatarias de estas ayudas. Una “empresa colaboradora” que deberá de acreditar su “solvencia económica y financiera”, así como “técnica y profesional” y con la que se establecerá un contrato administrativo.

“La Comunidad de Madrid procederá a transferir los fondos a dicha entidad con el carácter de anticipos trimestrales a cuenta, sin exigencias de garantías”

“La Comunidad de Madrid procederá a transferir los fondos a dicha entidad con el carácter de anticipos trimestrales a cuenta, sin exigencias de garantías”, se lee en las normas. Siempre según esta orden, la empresa colaboradora estará obligada a presentar un informe final, en el plazo de tres meses tras finalizar el curso, “con la cuenta justificativa detallada del destino de los fondos”, “el importe total de los pagos realizados a cada uno de ellos, los no realizados, su justificación y la liquidación final”.
Perceptores de las becas

Estas becas en la Comunidad de Madrid, que extienden su plazo de solicitud hasta el próximo 28 de junio, en su mayoría no cubren la totalidad del precio del comedor y, atendiendo a los datos recopilados por Save The Children en 2022, solo alcanzan al 8% del alumnado, cuando la tasa de pobreza infantil alcanza al 15% en esta comunidad.

Según las cifras de Comunidad de Madrid este año se destinarán 39,2 millones para beneficiar a más de 86.000 familias de la región. 9 millones más que el curso anterior, aseguran. Tal y como demuestran los datos de CC OO en cuanto al número de becas, entre 2018 y 2020 se han reducido un 10% mientras que la cantidad destinada ha mermado un 21,3%.

Con respecto a los destinatarios de estas ayudas, deben de cumplir requisitos como ser familia beneficiaria de la Renta Mínima de Inserción, o haber visto extinguida esta prestación por ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como las familias con una renta per cápita inferior a 4.260 euros del ejercicio económico 2021.

Más allá de los requisitos económicos se encuentran otras posibles beneficiarias como las familia con algún miembro de la unidad familiar perteneciente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Más allá de los requisitos económicos se encuentran otras posibles beneficiarias como las familia con algún miembro de la unidad familiar perteneciente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, familias con algún familiar víctima del terrorismo o víctima de violencia de género, así como alumnado en situación de acogimiento familiar o familias con protección internacional, añadiéndose un epígrafe especial para las familias que huyen de Ucrania.

Las cuantías de las ayudas van desde los 800 euros al año, con los que se paga 1 euro al día por el comedor, a los 445 euros anuales, que hacen que las familias paguen 3 euros al día. Exclusivamente están exentas del pago las familias con algún miembro que cuente con protección internacional y las llegadas desde Ucrania.

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jueves, 1 de junio de 2023

Ayuso sube casi un 13% las tasas del comedor escolar (Sara Plaza Casares para El Salto)

 Artículo de Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com

Las familias deberán invertir 1.000 al año por cada alumno o alumna, cantidad “inasumible para muchas familias”, según denuncian desde CC OO.

30 MAY 2023

Frente a las propuestas electorales de algunas fuerzas de izquierdas que prometían la gratuicidad del comedor para todas las familias, el gobierno de Díaz Ayuso, que revalidaba este domingo su mandato en las urnas, no parece seguir ese sendero. Lejos de eso, la Comunidad de Madrid habría acordado una subida en las tasas de este servicio, que supondrá un desembolso de hasta 1.000 euros por alumno o alumna.

Así lo denuncian desde CC OO, quienes remarcan que el precio diario pasará de los 4,88 a 5,50 euros. “Nada menos que un 12,7% de incremento”, destacan desde este sindicato.

“Este aumento se traduce en un fuerte gasto extra mensual por parte de las familias de unos 12,40 por hijo o hija, lo que supone 110 euros de gasto de comedor al mes y, por tanto, un total de 1.000 euros al año, un precio inasumible para miles de familias, y menos si tienen más de un hijo”, ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

El gobierno de Díaz Ayuso habría pedido a las empresas discreción para no revelar el aumento de precios antes de las elecciones, según denuncia CC OO

Según denuncia este sindicato, el gobierno de Díaz Ayuso habría pedido a las empresas discreción para no revelar el aumento de precios antes de las elecciones. De hecho, desde este sindicato han tenido acceso a esta información porque algunas empresas han filtrado las negociaciones a las direcciones de los colegios, tal y como explican.

En la Comunidad de Madrid la tasa de pobreza infantil supera el 15%. Sin embargo, las becas comedor no alcanzan al 8% del alumnado

Ayudas que no llegan a todas

Mientras, las ayudas al comedor no llegan a todas las familias vulnerables en riesgo de pobreza. En la Comunidad de Madrid la tasa de pobreza infantil supera el 15%. Sin embargo, las becas comedor no alcanzan al 8% del alumnado de educación infantil y obligatoria, según los datos recopilados por Save the Children.

Así, las ayudas al pago se circunscribe a las familias receptoras del RMI, las familias víctima del terrorismo, las familias donde ha habido violencia de género o los alumnos y alumnas que se encuentre en situación de acogimiento familiar o que acrediten la condición de refugiado. Según los datos que maneja CC OO las ayudas para el comedor han bajado un 10,1% desde antes de la pandemia.

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lunes, 20 de septiembre de 2021

La FP y el techo de cristal de los chicos de la clase obrera (Agustín Moreno para eldiario.es)

 Artículo de Agustín Moreno para eldiario.es

  • Una comunidad como Madrid, que tiene un 35% de tasa de paro juvenil y una alta precariedad laboral, no puede cometer el disparate de dejar sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes
17 de septiembre de 2021 

Alba acabó bachillerato en un instituto público del sur de Madrid y quería matricularse en un ciclo de grado superior de Laboratorio Clínico. Pertenece a una familia trabajadora y cree que tiene capacidad para cursar una carrera, pero no puede permitirse la Universidad por las tasas universitarias y, sobre todo, porque necesita trabajar lo antes posible. Pero cuando miró las listas de admitidos en julio comprobó que no tenía plaza y que estaba en una lista de espera de 1.684 personas, ya que el 90% habían sido excluidos. Estos primeros días de septiembre va a tener que hacer guardia de noche en la puerta de un centro público, a ver si tiene mucha suerte y puede acceder a una posibilidad para seguir formándose. Alba es una más de las casi 25.000 personas que se han quedado sin una plaza pública para poder estudiar Formación Profesional (FP) en Madrid.

Los datos de la campaña de matriculación en Formación Profesional en Madrid para el curso 2021-2022 son escandalosos. En julio se quedaron 6.938 personas sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio. A ellos hay que sumar otros 17.976 (el 54%) que se quedaron sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior. Son un total de 24.914 solicitudes rechazadas de personas, obligados ahora a ir centros privados y concertados o a quedarse en su casa por no poder pagar tasas de 7.000 a 10.000 euros. Este desastre de la FP en Madrid pone de manifiesto que no estudia quien quiere sino quien puede.

El déficit estructural de plazas públicas en la FP es un grave problema educativo por la falta de inversión y de planificación. Está afectando a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo y destroza la equidad del sistema. Porque si lo unimos a la segregación escolar que produce la apuesta de la derecha por la red de centros privados y concertados, al distrito único y al bilingüismo, en la práctica supone un irrompible techo de cristal para los jóvenes de familias modestas. Algo que ya documentó Paul Willis en su “Aprendiendo a trabajar” (NOTA 1), desmontando el mito neoliberal de que cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza independientemente de su origen social: los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. No hay que olvidar que la naturaleza de toda segregación consiste en dejar a gente por el camino, convirtiéndose en un poderoso mecanismo que convierte la igualdad de oportunidades en un espejismo.

Lo sucedido no es imprevisión ni simple incompetencia. Es recurrente, ya que algo parecido sucede todos los años (NOTA 2). Las causas hay que buscarlas en la descarada estrategia de privatización de la FP. Privatización que no consiste en vender centros públicos, pero sí en cerrar aulas o ir vaciándolas de su alumnado. Es una decisión política que apuesta por un modelo educativo neoliberal que reproduce fielmente un modelo social injusto por desigual.

Su política contra lo público les hace mantener un déficit crónico de plazas en la FP pública para achicar el espacio de la educación pública. Al negar plazas públicas a muchos miles de alumnos, se les deja en la calle o se les arroja en brazos del sector privado, que ha proliferado bajo la forma de academias que difícilmente reúnen condiciones mínimas de calidad. Miles de alumnos reciben el “cheque escolar” exclusivo para el alumnado de la FP privada. Así, una orden de la Consejería de Educación de mayo de 2021 destina 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las secretarias de los centros privados. El resultado del proceso de privatización de la FP en la Comunidad de Madrid es demoledor: en solo diez años el alumnado que estudia FP en centros concertados y privados ha pasado del 27% al 44%, gracias a esta política deliberada.

Una comunidad como Madrid, que tiene un 35% de tasa de paro juvenil y una alta precariedad laboral, no puede cometer el disparate de dejar sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes. No es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros. Para corregir y mejorar la situación, desde Unidas Podemos exigimos la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. Hay que asegurar su carácter finalista y que no sean desviados a la privatización y a otros capítulos.

Es urgente negociar un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente y atender la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar con la comunidad educativa y los agentes sociales un Plan Estratégico de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado y del mercado de trabajo, y no del negocio de los centros de FP privados. Hay que reforzar la FP reglada pública, más aún, cuando conocemos que se produce una disminución de la FP continua (dirigida a trabajadores en activo), porque las empresas han recortado a la mitad en una década el dinero en formación a sus trabajadores (NOTA 3).

Los efectos sociales y laborales del debilitamiento de la FP que hacen comunidades como Madrid, convierten el mercado de trabajo en el reino de la desregulación y la precariedad. Negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes es abocarles al paro, a la precariedad y a los bajos salarios. Es la hora de apostar por empleos de calidad. Ello pasa, además, por la derogación de la reforma laboral a la máxima urgencia y por otro modelo productivo que nos saque del círculo vicioso de la dependencia cuasi absoluta de la hostelería y del turismo. Desde Biden a Macron han abierto el melón de algo obvio: es absolutamente necesario pagar bien a trabajadores debidamente formados. El modelo de precariedad, bajos salarios, trabajo sin derechos que conduce a la generación de trabajadores pobres no debe tener cabida en una economía avanzada y en una sociedad civilizada. Hay que poner una FP pública de calidad al servicio de la formación de los buenos profesionales que el país necesita.

martes, 11 de mayo de 2021

Dificultades económicas de algunas familias para el pago de tasas EVAU (Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda)

Os informamos de que el día 29 de abril se remitió al Sr. Alcalde la carta certificada (copia que os adjuntamos) indicando la dificultad que sufren algunas familias majariegas para hacerse cargo de las tasas que corresponden al examen de EVAU por el que tendrían que pasar los alumnos que superen 2º de bachiller, pidiéndole que el Ayuntamiento asumiera su coste, al igual que han hecho algunos otros consistorios.

A fecha de hoy no tenemos ninguna noticias de su posible resolución, siendo el plazo para ello entre el 17 y 24 de Mayo y su coste aproximado de 50€.

Un saludo
Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda


sábado, 1 de agosto de 2020

"Las universidades empezarán el curso con el 50% del alumnado por videoconferencia; el sueño sería tener un segundo trimestre presencial"

Daniel Sánchez Caballero entrevista a José Carlos Gómez Villamando, presidente de la CRUE, para eldiario.es

El representante de los rectores admite que las universidades no estaban preparadas para la evaluación 'online', defiende que el objetivo es volver a la presencialidad directa en cuanto se pueda aunque no será así al inicio del curso y se pregunta por qué si hay 300 millones para inyectar en ciencia con carácter urgente no se hace de manera estructural
30 de julio de 2020 

Como rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamando ha tenido que lidiar por partida doble con la situación insólita de tener que acabar el curso con todas las universidades cerradas. Cree que ha ido razonablemente bien, dadas las circunstancias. Pero también admite que ni los centros, ni los profesores ni los alumnos estaban preparados para esta circunstancia y que hay aspectos a mejorar, sobre todo en la evaluación. Quizá por eso, admite sin decirlo abiertamente, se ha levantado la mano: la Ebau (o Evau, la antigua Selectividad) ha tenido más aprobados que nunca y las matriculaciones de nuevos estudiantes han subido alrededor del 5%. Este catedrático de Histología y Anatomía Patológica Veterinarias explica que, de cara al próximo curso, las universidades empezarán con entre un 30% y un 50% del alumnado siguiendo las clases desde casa, pero con el deseo ("sería un sueño") de pasar a la presencialidad en el segundo cuatrimestre. Hablamos con el representante de las universidades sobre el año académico que viene y cuestiones de más largo alcance, como la reforma de los precios públicos, la negociación del nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) o la precariedad docente en la Universidad.

Las universidades ya van presentando sus planes para el curso que viene. ¿La docencia online ha llegado para quedarse?

Hay quien habla de cambio de modelo. Yo creo que todo esto va a servir para mejorar mucho. La inmensa mayoría de universidades ha optado por una presencialidad al 100% en dos modalidades: presencialidad en aula compaginada con la modalidad de videoconferencia, que sigue siendo una docencia presencial. No es presencial directa, pero sí es presencial porque se puede interactuar. Junto a eso está la enseñanza online habitual de herramientas, plataformas, etc. Todas las universidades hemos puesto en marcha cursos para que el profesorado perfeccione esa metodología, pero como metodología complementaria a esa presencialidad que reclamamos como seña de identidad.

Pero entonces la mayoría de universidades sí va a introducir enseñanza a distancia, aunque la llamemos presencial no directa.
La videoconferencia no es enseñanza online, es presencial y así se considera. Pierde parte de las ventajas que tiene la presencialidad física, evidentemente. Pero es presencialidad e interacción directa en el momento.

Pero parte de la docencia se va a hacer a través de videoconferencias.

La mayoría tienen la idea –dependiendo también del tamaño del aula y otras variables– de que un 30% o 50% de los alumnos estén en el aula, el otro 50% por videoconferencia y que vayan rotando cada semana o mes, según cada una. Se trata de que el profesor y el estudiante puedan tener un lugar de contacto físico. Ojalá podamos hacer eso, porque la alternativa sería volver al confinamiento.

Este es el escenario bueno, entonces.
No el ideal, pero sí bueno dada la situación actual. Si empezáramos así el cuatrimestre y pudiéramos ir en el segundo hacia la presencialidad habitual sería lo ideal. Esto es lo que soñamos: acabar el primer cuatrimestre en esta bimodalidad y que el segundo sea presencial en aula al 100%.

¿Volver a la presencialidad en febrero no es excesivamente optimista?

Es más un deseo que otra cosa. Los cursos están diseñados para que sea todo el curso en esa enseñanza bimodal.

Entonces, que es donde quería llegar al principio, se va a quedar.

Estamos en el objetivo de volver a la presencialidad directa en cuanto se pueda. Somos universidades presenciales y el proceso de enseñanza–aprendizaje requiere mucho de ejemplo y de contacto. La vida universitaria no se entiende sin la vida en los campus, en las aulas...

Igual que este año se ha levantado un poco la mano con las notas, ¿se le va a dar continuidad el próximo curso o se acabó el, digamos, periodo de carencia?

Uno de los problemas que tenía el sistema online es que no estábamos preparados ni el alumno ni los profesores para evaluar online. De hecho, gran parte de los cursos que tenemos es sobre cómo evaluar online, qué herramientas se tienen que utilizar y desde luego ir a la evaluación continua. Esta evaluación continua sí podría ser una mejora para quedarse en el sistema. Si somos capaces de ir interiorizando la evaluación continua como algo normal y natural ganaríamos muchísimo estudiantes y profesores en todo el proceso de formación. De las muchas cosas donde Bolonia no ha terminado de cuajar ha sido en esto de la evaluación continua. Esta podría ser una de las grandes ventajas de esta situación.

¿Va a haber alguna medida especial para los estudiantes de primer curso, que van a tener el doble salto de aterrizar en la universidad y además hacerlo en esta bimodalidad educativa?

Nos preocupa muchísimo, y de hecho la tónica general es intentar que la presencialidad en aula de los chicos de 1º sea la máxima posible. Es lo que decía del contexto. Que acaben el Bachillerato y vuelvan a la universidad por vía online no creemos que sea adecuado. Por eso las aulas más grandes se están adecuando para que el alumno de 1º pueda tener si no el 100%, sí casi toda la docencia de forma presencial directa, en el aula, para esa convivencia que forma parte de cualquier formación.

¿Se va a compensar finalmente a los estudiantes de este curso que no han recibido el servicio por el que pagaron?

Pero es que el servicio lo han recibido. Han recibido su docencia, se han evaluado. La parte que más resentida se ha visto han podido ser las prácticas curriculares, cosa que han podido hacer en junio, julio, agosto o septiembre. La mayoría de las universidades hemos ampliado el periodo entrando en el segundo cuatrimestre para que puedan terminar sus prácticas, y en cualquier caso para aquellos alumnos que de forma justificada no han podido recibir aquello por lo que pagaron, hemos abierto periodos extraordinarios de anulación de matrículas en el cuatrimestre que acaba ahora. Ya no hay un escenario de compensar nada porque algo se ha hecho.

Voy a cambiar de tercio hacia cosas de más largo recorrido. El Ministerio de Universidades ha cambiado los precios públicos con un complejo sistema que se traducirá en que la mayoría de las comunidades tendrán que bajarlos, lo que significa menos dinero para las universidades. ¿Cómo lo ven? ¿Les van a compensar esta caída de fondos?

Nosotros siempre hemos dicho que había que disminuirlas (las tasas), sobre todo para que el sistema sea equitativo. No tenía sentido que el estudiante de una comunidad pagara el triple o el cuádruple que el de otra. Queríamos volver al sistema anterior de pequeñas variaciones de precios, pero nos preocupaba que las comunidades no compensaran esta pérdida de financiación. Por eso pedimos siempre que las comunidades se pronuncien. Se ha llegado a un acuerdo entre comunidades y ministerio sobre cómo hacer esta reducción de tasas (este año solo entra en la primera matrícula). Esperamos que las comunidades cumplan con esta financiación –no tenemos por qué dudar de ellas tampoco–.

El Ministerio trabaja también en un Estatuto del Personal Docente Universitario, una cuestión de la que están pendientes muchos docentes y aspirantes a serlo. ¿Qué les parece el borrador que se ha filtrado, aunque sea un estadio bastante inicial? ¿Va en la buena dirección para la CRUE?

España necesita un marco normativo nuevo. Necesitamos un nuevo estatuto del PDI que sea un marco normativo que nos dé flexibilidad, que respete la autonomía universitaria y que sea un estatuto no pensado para resolver los problemas de ahora, que podemos hacerlo por otra vía, sino pensado para proyectar la universidad hacia 10 o 15 años. Una ley orgánica de esta envergadura, como se quiere sacar, lo normal en el ámbito universitario es que dure años, entonces tiene que tener visión de futuro, flexibilidad para permitirnos desarrollar nuestro potencial (con toda la rendición de cuentas que se quiera). Hay otros agentes en el sistema, pero la visión de conjunto y de querer mejorar todo el conjunto del sistema probablemente nos toque tanto al ministerio como a CRUE.

Pregunto específicamente por la carrera laboral que propone el ministerio en la Universidad, paralela a la funcionarial.
Tiene una serie de dificultades técnicas. Hay un mínimo de personal funcionario que se debe respetar (un 51%), vamos a ver cómo evoluciona. Estamos en el minuto cero, empezando.

Recientemente, el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya publicó un informe que decía que la Universidad en su conjunto incumple la ley respecto a la relación de profesores temporales y a tiempo completo. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Uno de los perjuicios que tuvo la crisis de 2008 fue alterar mucho la estructura de las universidades. Hasta que la tasa de reposición no ha llegado a una situación que no es la que queremos, pero al menos podemos vivir con ella, no ha permitido ir recuperando tasa de funcionariado, aunque es verdad que en algunas universidades no se alcanza la tasa de funcionariado y es algo que hay que cambiar. También hay que tener en cuenta que cuando se analizan estos datos no hay que contabilizar el número de efectivos como trabajadores a tiempo completo.

Uno de los problemas de la universidad es la alta tasa de asociados, profesores en ocasiones muy precarios que están sosteniendo la docencia. ¿Cómo resolvería la CRUE esta situación si dependiera de ella?

Hemos planteado varias cuestiones, pero hay que entender alguna cosa antes: no hablamos de un colectivo homogéneo, es tremendamente heterogéneo. Hay personas de grandes carreras profesionales independientes y muy sólidas aparte de la universidad; tenemos otro perfil, que por desgracia no son la mayoría y ojalá lo fuera, que son doctores acreditados, para los que hemos planteado en varias ocasiones que vía Presupuestos Generales del Estado se nos permita darles la opción de estabilización mediante un concurso oposición y que no cuentan en la tasa de reposición. Le podríamos abrir la puerta del proceso de estabilización a estas personas sin que eso repercutiera negativamente en el resto de personas de la carrera académica. Y luego tenemos otro colectivo de personas que llevan muchos años en la docencia que no tienen el título de doctor o una acreditación, que necesitan otra solución. Habría que facilitarles que adquieran los méritos para que en un tiempo razonable puedan acceder a un concurso como los demás. Esto creemos que debe hacerse de urgencia y fuera del estatuto del PDI.

Otro tema recurrente es la endogamia universitaria, estos profesores que estudian la carrera en una universidad y se quedan ya toda la vida. El estatuto propone estancias obligatorias fuera para combatirla. ¿Cómo lo ve?

Creo que es fundamental que la gente salga fuera, vea otros sistemas, otra universidad y otra forma de hacer las cosas. Pero hay que ver cómo se financia y cómo se gestiona y se controla para que luego sea real. Pero volviendo al tema de la endogamia, siempre hago la misma pregunta: una persona que se forma en una universidad, saca el doctorado en esa universidad, se va 4-5 años fuera y luego vuelve a la universidad, ¿es endogamia? Porque eso es lo que se está contabilizando como endogamia, y eso es lo que se está haciendo. Eso no es endogamia, al menos yo no lo entiendo así, pero computa como tal por el análisis simple de dónde hizo la tesis y dónde está contratado, que deja en medio la trayectoria vital de ese personal. Y la mayoría de ese personal ha estado un año fuera como mínimo. Aparte de que la endogamia no es buena ni mala. Es decir, es mala si la universidad no está siendo competitiva, pero si esa endogamia hace que cojas a alguien, lo formes, vaya a otros centros, vea mundo, y luego lo reincorpores y eso hace que tu grupo o universidad mejore, no veo el problema.

Diría que buena parte de la crítica también está en esos concursos a los que a veces prácticamente le falta poner el DNI del candidato al que se le quiere dar la plaza.
Eso es una mala práctica que ha habido en el sistema, pero que se va diluyendo cada vez más. No digo que no exista, pero cada vez se hace menos. Más que la estancia fuera, creo que un gran acierto del estatuto del PDI es que los tribunales que han de evaluar cada plaza sean de una persona de la universidad y dos de fuera. Es igual que el sistema de habilitación que tuvimos, lo que pasa es que era muy complejo de realizar y muy caro. Pero este sistema de uno de la casa y dos de fuera me parece buena propuesta para combatir esto. Incluso deberíamos ir a más: ver de qué forma se podría intentar casi por ley incluso evitar ese perfilar tanto las plazas.

Hablemos de ciencia, que también es universidad. El sistema científico universitario está por los suelos. Grupos de investigación que desaparecen, laboratorios cerrados... ¿Es recuperable?

Nos preocupa enormemente. Aparte del dinero que necesitamos para las investigaciones que tanta gente de valía que tenemos no pueda incorporarse al sistema como predoctoral o como postdoctoral. España exporta talento e importa patentes. Si no exportáramos tanto talento y le diéramos oportunidades, posiblemente no tendríamos que importar luego tantas patentes que podríamos desarrollar aquí. Esto no es un problema de las universidades, es un problema de país. Siempre hemos creído que universidades y ciencia debían estar en el mismo ministerio, lo creemos fundamental, creemos que son caminos que deben ir juntos y nos preocupa que siendo dos ministerios sean divergentes y nunca convergentes. Que haya por ejemplo un estatuto del PDI y por otro lado se esté hablando de un estatuto de la ciencia para incorporar personal son dos estrategias que creemos que debería ser una, con una visión más global. Con un solo ministerio sería más fácil. Habría que tener un enfoque global de cómo queremos formar a nuestro personal investigador y cómo queremos formar a nuestro personal docente investigador, porque se dan la mano. Pero es la situación en la que estamos y CRUE insistirá en que cualquier estrategia de ciencia de este país tiene que contar con las universidades.

Ya que lo comenta, el presidente del Gobierno presentó hace dos semanas su plan de choque para la ciencia, dotado con 300 millones el primer año y 700 el segundo. ¿Es suficiente?

Cualquier dinero es bienvenido. Lo que uno se plantea es que si hay 300 millones que están disponibles para el sistema, ¿por qué no los dejamos de forma estructural y no que sea algo puntual? Nos parece estupendo, y también con una visión: no todo es COVID, hay muchas más cosas cercanas al COVID, desde las sociales, las humanidades, la ciencia o la tecnología, que es necesario atender para la COVID, pero también para otras cuestiones que suponen un desarrollo de país. Vemos importante que no se desatienda esta visión.

jueves, 21 de mayo de 2020

Señor Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, EVAU: por la exención de tasas para quienes no puedan pagarlas

Proyecto del Menor de Leganes nos envía el enlace a esta petición:

Ayúdame para que nuestros chicos y chicas no tengan que dejar sus estudios por falta de recursos económicos.

En las próximas semanas, el alumnado de segundo de bachillerato se enfrentará a la EVAU (antigua selectividad), prueba con la que se decide buena parte de su futuro. Pagar los derechos del título de bachiller más las tasas de EVAU supone un desembolso de cerca de 200 euros.

Segundo de bachillerato es un curso difícil que requiere una preparación académica exigente. Además, este año ha sido especialmente complicado debido al confinamiento que hemos tenido que sufrir. Muchas familias se han visto afectadas por la brusca interrupción de los ingresos que les permitían hasta ese momento hacer frente a los gastos de vivienda, alimentación y, también, a los derivados de los estudios de sus hijos e hijas. Gracias al esfuerzo de profesorado y estudiantes, y a pesar de las dificultades emocionales y económicas que han estado viviendo en numerosas ocasiones, chicos y chicas han conseguido prepararse para pasar una prueba tan importante para su futuro como es la EVAU.

La sociedad debe responder ahora reconociendo este esfuerzo y evitando poner otro obstáculo más en el proceso educativo de sus estudiantes: el pago de las tasas. Un pago que puede ser imposible para muchas familias en el contexto de crisis que estamos viviendo; unas tasas que no deben constituir un problema a la hora de que cualquier joven pueda continuar su vida académica. Pedimos que se establezca la exención del pago tanto de las tasas para la realización de la EVAU del curso 2019/20 como de los derechos del título de bachiller a las familias que lo soliciten. Sería suficiente para ello con la presentación de una declaración responsable de falta de recursos que permita un trámite rápido, dando un plazo razonable para la justificación a posteriori de la situación de dificultad.

Te animo a que firmes y difundas esta iniciativa en defensa de la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación.

Puedes firmar en este enlace.

viernes, 6 de septiembre de 2019

La incertidumbre política marca el inicio de otro curso educativo con una ley del PP en vigor (Miguel Muñoz en cuartopoder.es))

Artículo de Miguel Muñoz  publicado en cuartopoder.es

  • La situación política afecta a la educación. Así lo denuncian diferentes agentes sociales de la comunidad educativa que recuerdan que la LOMCE sigue vigente
  • Entre las reivindicaciones principales, más allá de derogar la actual ley, se encuentran revertir los recortes, aumentar las ratios de alumnos o bajar las tasas universitarias
En los próximos días comenzará un nuevo curso educativo en todas las etapas. Septiembre es el mes de “la vuelta al cole”. Una gran mayoría de profesores empieza hoy su trabajo, con preparaciones de cursos, exámenes, etc. El curso 2019-2020 se inicia en medio de una fuerte incertidumbre política. Con un Gobierno en funciones, unos presupuestos prorrogados y el horizonte cada vez más factible de unas nuevas elecciones generales. La situación política afecta y mucho a la educación. Así lo denuncian desde diferentes agentes sociales de la comunidad educativa que recuerdan que la LOMCE, ley del PP, sigue en vigor.
Las reivindicaciones principales no han variado demasiado en los últimos tiempos. Sindicatos o movimientos sociales piden derogar la actual ley educativa, que fue impulsada por el ministro del PP Jose Ignacio Wert y tuvo desde sus inicios una contestación fuerte en las calles. Y por supuesto, los recortes presupuestarios sufridos años atrás y de los cuales la enseñanza pública todavía no se ha recuperado. El PSOE aprobó en Consejo de Ministros, durante el mes de febrero, su reforma de ley educativa. Pero el adelanto electoral echó por tierra su tramitación.
Para Francisco Garcia, secretario general de Educación en CCOO, existe una “incertidumbre” evidente por la falta de Gobierno. "No podemos seguir trabajando en educación con unos presupuestos ya prorrogados de hace dos años, y hace falta tomar medidas como derogar la LOMCE, recuperar los profesores perdidos o mejorar las políticas de becas y ayudas", resume a cuartopoder.es. El sindicalista recuerda que la educación ha sufrido muchísimos recortes y que “hay que empezar a recuperar el dinero que se fue por el sumidero en los gobiernos del PP”.
CCOO urge a que se conforme un Gobierno que retome la agenda con todos los asuntos pendientes y compromisos adquiridos en defensa de la educación pública.  “Estábamos trabajando con el anterior gobierno, pero ahora el principal problema es que no hay interlocución. Lo que queremos es que haya un gobierno que haga políticas sociales y favorezca una educación pública de calidad”, sentencia.
Y no oculta su preocupación por los problemas que se pueden generar en algunas comunidades autónomas en concreto como Madrid. “Donde gobierna el tripartito de la derecha se puede profundizar en una educación privatizadora o segregadora y por tanto se puede poner en riesgo una educación de calidad para todos y todas”, afirma García.
Además, apuestan desde CCOO porque ésta sea la “legislatura del profesorado”. En este sentido, señalan la necesidad de “activar un estatuto para el profesorado con la necesaria, y tantas veces reivindicada, carrera profesional”. “La carrera docente tiene que ser atractiva a nivel salarial e intelectual. Y fortalecer la autonomía profesional y una cultura no solo colaborativa sino de cooperación”, indican.
Durante los últimos años, la Marea Verde ha teñido las calles de ese color en lucha contra la LOMCE. Sandra Villa, portavoz de portavoz de Mareas por la Educación Pública, alerta de que en diferentes territorios la situación se ha ido agravando. Un ejemplo es Andalucía. “Se ha empezado a desregular la legislación, como se ha hecho en Madrid o Murcia, a través de las instrucciones de principio de curso”, señala.
La apuesta de estos colectivos pasa por derogar la LOMCE pero sin volver a la anterior legislación, la LOE, o pasar por una reforma de la actual. “Lo que queremos es que este gobierno se siente con todos los agentes sociales relacionados con la educación y poner encima de la mesa una nueva ley y un avance educativo global”, afirma. Para Villa, aunque el gobierno en funciones está abriendo unas mesas para escuchar, “a efectos prácticos no sirve para nada porque se inicia el curso con lo mismo de junio”.
La reducción de periodos lectivos es otro de los puntos importantes para el profesorado, recuerda Villa.  Además, varía mucho según la comunidad autónoma. “Pedimos lo que teníamos con anterioridad: 18 horas en secundaria y ahora pedimos 23 horas en primaria. Es decir, que como mínimo volvemos a pedir estos periodos lectivos, pero deberíamos estar avanzando en la reducción de los mismos". Además, se siguen exigiendo la disminución de las ratios de alumnos por aula.
Otros problemas señalados por Villa son la aparición de los cheques escolares, la construcción por fases en colegios, que genera que existan alumnos en barracones. Además alerta del aumento de 
plazas en la educación privada y concertada, “donde se invierte cada vez más dinero”.
Rechazo a la inversión en educación concertada
Respecto a la Comunidad de Madrid, critican la reciente aparición en la región de una Dirección General que agrupa la educación concertada y el bilingüismo, “modelos segregadores”. En este sentido, desde el sindicato CGT destacan que los problemas en Madrid se pueden agravar. “Tenemos una situación de ratios muy elevada, plantillas muy ajustadas que se quedan en cuadro sobre todo en colegios pequeños o escuelas rurales. Los equipos de atención a la diversidad vienen siendo menos cada curso”, resume Enrique Díaz, delegado en la junta de personal docente del área territorial Norte de Madrid.
En Madrid, apunta Díaz, hay un “contexto especial” que se va a agravar, a su juicio, por el “descaradísimo apoyo a la enseñanza concertada” del nuevo Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso. Sobre el panorama a nivel estatal, Díaz comenta que su sindicato tiene “poca confianza” en lo que pueda hacer el PSOE. “Ha tenido oportunidades para acabar con la LOMCE y no se ha hecho”, afirma.
Respecto a sus líneas de acción, apunta a dos líneas principales. Una, unitaria con otros sindicatos como CCOO y STEM. “Tenemos planteada una primera asamblea estatal el 17 de septiembre para analizar posibles alternativas de movilización”, afirma. Además, anuncia que CGT apoyará las movilizaciones que se den en aquellos colegios o institutos que vean que su situación sea insostenible.
Por su parte, Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), también muestra la preocupación de las familias porque siga en vigor la LOMCE“Queremos que se reviertan los recortes y de una vez por todas se apueste por la educación pública. En definitiva, apostar por la educación gratuita que eduque en equidad e igualdad de oportunidades”, señala. Otra preocupación es el desembolso económico de las familias al inicio del curso. “Nos preocupa que en algunos casos sea demasiado excesivo”, señala.
Sobre la conformación de Gobierno, resuena otra vez la misma palabra: “Vamos a empezar un curso con incertidumbre porque no sabemos qué pasará. Si a mitad de curso tendremos gobierno y se podrán llevar a cabo algunas de las propuestas que se incluyeron en el borrador de ley del PSOE. No sabemos si habrá que ir a las elecciones. Todo esto crea incertidumbre tanto a docentes como a familias”, apunta.
Tasas universitarias, becas, 3+2...

Mirando hacia la Universidad, que empieza sus clases más tarde, las reivindicaciones son también conocidas. Coral Latorre, Secretaria general del Sindicato de Estudiantes (SE), las sintetiza, más allá de la derogación de la actual ley educativa. “Queremos la derogación del 3+2 y una rebaja inmediata de las tasas universitarias”. En este sentido señala los “datos salvajes” de multiplicación de los precios de accesos.
“Queremos que esos jóvenes que han sido expulsados de la Universidad por motivos económicos puedan volver a acceder”, añade Latorre. También apunta a la necesidad de “lanzar un plan de urgencia en defensa de la educación pública con la cuestión de las becas”. Recuerda que éstas “han sido recortadas de forma dramática y es uno de los motivos por los que miles de jóvenes no han podido acceder a estudios superiores”.
Latorre tiene críticas a la gestión del PSOE. Considera que se han olvidado de derogar la LOMCE pese a que en campaña electoral utilizaron mucho esa consigna. “Para derogarla hay que confrontar con los poderes económicos y no parece que haya intención”, afirma. “Desde el SE votamos para expulsar a la derecha. Pero si el gobierno que se conforma quisiera realmente llevar a la práctica 
aquellas cuestiones por las que fuimos a votar, debería ponerse manos a la obra en serio. Es cuestión de voluntad política”, afirma.

Próximas acciones
Aún es pronto para precisar acciones concretas de movilización. Pero los colectivos ya se están empezando a organizar. Las mareas por la educación pública celebran el 7 de septiembre un encuentro estatal en Madrid. Ese día se tratarán las primeras movilizaciones conjuntas. Además, cada territorio convocará sus propias asambleas. Estos colectivos además apoyarán dos citas importantes fijadas ya en un “otoño caliente”. De este modo, las Mareas por la Educación Pública estarán presentes el 27 de septiembre en la Huelga Mundial por el Clima y el 26 de Octubre en la manifestación en defensa de las pensiones.
El 27-S también, según señala Latorre, tendrá lugar una huelga general estudiantil coincidiendo con la citada convocatoria contra el cambio climático. “Consideramos necesario que un mismo día salgamos a las calles no solamente a denunciar la barbarie ecológica sino poner encima de la mesa quienes son los responsables”, señala. En este sentido, desde el SE recuerdan la “responsabilidad de las grandes multinacionales el propio sistema y los gobiernos cómplices” ante el cambio climático.
Villa reconoce que el movimiento de las mareas “tiene una parte de desilusión” por “haber luchado mucho y estar viendo que las cosas cambian poco o retroceden”. “Pero no tenemos otra opción que seguir organizadas y luchando, nos estamos dando cuenta de que es una lucha muy larga en el tiempo”, apunta.  “No solo es una cuestión de España, es mundial. El modelo político social es lo que está en juego. No podemos hablar de educación sin hacerlo de feminismo, ecología o modelo productivo”, afirma.

sábado, 27 de julio de 2019

El coste de estudiar en la universidad pública ha subido 12 veces más que los salarios (Daniel Sánchez Caballero para EL DIARIO)

Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES

El precio de la universidad pública ha subido 12 veces más de lo que lo han hecho los salarios desde que empezó la crisis. En concreto, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy abrió la puerta a la subida de las tasas universitarias en 2012, que hasta ese momento se habían mantenido ajenas a los recortes.
Desde ese fatídica —para la universidad— primavera de 2012, el precio de estudiar un grado ha subido un 29,2% de media en España, con grandes diferencias regionales. Rajoy permitió a los gobiernos de las comunidades autónomas subir los precios dentro de una horquilla (hasta un máximo teórico del 25% del coste real de los estudios) y las comunidades abrazaron con más o menos entusiasmo la posibilidad que les brindó el Gobierno.


En un extremo, Catalunya y Madrid más que duplicaron los precios (ver gráfico). En otro, ejecutivos como el popular de Galicia o el socialista de Andalucía decidieron no tocarlos. El resultado: en un solo curso, el coste de estudiar un grado en Catalunya pasó a triplicar al de hacerlo en Galicia, cuando hasta entonces era relativamente similar (un 15%, la de 13,1 euros el crédito a 11,3). La situación se mantiene prácticamente igual. Hoy en día, la Generalitat catalana cobra (vía universidades, pero los precios los pone el Govern) 2.010 euros por un curso completo, mientras en Galicia el mismo curso costaría 760 euros.


A partir del curso 2015-2016, algunas regiones bajaron un poco los precios. Todavía hoy siguen en ello (Castilla y León ha anunciado una rebaja del 20%, por ejemplo). Pero todas las que los subieron siguen con costes superiores a los que tenían antes de la crisis. En cifras absolutas, eso significa que estudiar un curso completo de una carrera en España pasó de costar, de media, 816 euros en el curso 2011-12 a 1.050 euros este 2018-19, aunque ha habido cursos anteriores más caros.
La maniobra de la subida de precios tenía una explicación. Las comunidades autónomas necesitaban ingresos para sus universidades porque ellas mismas habían recortado sensiblemente su financiación, proveniente de los presupuestos de las comunidades autónomas.
En 2011, los presupuestos de los campus de los 50 centros públicos que existen en España sumaban 9.900 millones de euros, según datos del ministerio. Solo un año después se habían perdido casi 700 de esos millones de euros (y teniendo en cuenta el incremento de la recaudación por tasas de matrículas) para dejar el gasto universitario en 9.230 millones de euros, una caída del 6,8%. Hoy está en 8.939 millones de euros anuales, una caída del 9,8%. Y llegó a estar peor, con caídas de hasta el 13%.
En el mismo periodo en el que las universidades han subido su coste un 30%, los salarios se incrementaron un 2,5%. Las nóminas se mantuvieron básicamente planas en ese periodo: de 1.841 euros mensuales han pasado a 1.888 euros. Todas las cifras son medias estatales y provienen de fuentes oficiales: las de la Universidad del Ministerio de Educación y las salariales de la EPA (Encuenta de Población Activa) que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística).

De los 9,85 de Galicia a los 124,2 de Catalunya

Galicia es la comunidad autónoma en la que más barato es ir a la universidad y donde se encuentra el crédito más barato: por 9,85 euros el crédito se puede cursar un grado de mínima experimentalidad, como Humanidades o Ciencias Sociales, de manera que una asignatura habitual de seis créditos costaría 59,1 euros y un curso estándar de 60 créditos no llega a los 600 euros. La media gallega está en 11,9 euros.


En el otro extremo, el crédito más caro de todo el territorio lo tiene que pagar quien se tenga que matricular por cuarta vez en Catalunya en una carrera de experimentalidad máxima (Biotecnología, por ejemplo). El precio del crédito en este caso serán 124,2 euros, con lo que esa asignatura sola de seis créditos costaría 745,2, más que un curso entero —en primera matrícula, eso sí— en Galicia.
Sin embargo, no es Catalunya la comunidad que más penaliza la repetición de asignatura. Ese máximo recargo corresponde a las Islas Baleares. Porcentualmente, la universidad insular es la que más sube el precio de los créditos a la hora de volver a matricularse en asignaturas suspensas: aplica una subida del 122% en la segunda, un 381% en la tercera y  un 566,6% en la cuarta matrícula respecto a la primera.


Estas cifras no son del todo anómalas (ver gráfico) respecto a las demás comunidades, pero sí destacan ligeramente. Entre las regiones que menos penalizan repetir destacan Canarias, Castilla y León, Cataluña (aunque estas dos últimas están entre las más caras de España en términos absolutos), Aragón, Asturias, Galicia y Euskadi, que incrementan el precio del crédito repetido sensiblemente menos que las demás.

Algunas consecuencias

Las consecuencias de la caída de la financiación se han dejado notar en las universidades. Sin fondos y con tremendas limitaciones para contratar por la prohibición sucesiva de Zapatero primero y Rajoy después de sustituir las bajas, sus plantillas docentes se han ido precarizando.
La única posibilidad que tenían para contratar era básicamente la figura del profesor asociado, que ya suponen un cuarto de los docentes (son tantos como los titulares, el núcleo de profesores de las universidades) y que imparten habitualmente tres o seis horas semanales de clase más otras tantas de tutoría por 300 ó 600 euros al mes. Para contextualizar: una hora de docencia equivale, entre preparar las clases y corregir trabajos y exámenes, a cinco de trabajo.
Otra consecuencia muy señalada en su momento fue una supuesta pérdida de alumnado en las universidades por la imposibilidad de pagar las matrículas. Las cifras respaldarían este argumento... pero no del todo.
En 2011, el año anterior a los recortes, había 1.572.617 universitarios en España. Y la cifra venía subiendo de años anteriores. El año siguiente se invirtió la tendencia y pasó a haber 1.548.534 (un 1,5% menos). Pero el principal grupo de personas en edad de ir a la matrícula, los que tienen entre 18 y 24 años, también eran menos (un 2,8%, en este caso), por lo que la causalidad no es obvia.
También es cierto, sin embargo, que ya el año anterior a las subidas de precios la cohorte de población universitaria estaba en retroceso (había perdido un 2,3% de población), pero el número de universitarios subía (un 2,8%).
En conjunto, la universidad empezó a perder estudiantes el verano que se aplicaron las subidas de tasas y la tendencia continuó, en paralelo a un menor grupo de posibles 'clientes', hasta el curso 2015-16. Ese año, en el que algunas regiones empezaron a deshacer tímidamente las subidas de precios, el número de universitarios dejó de caer (hubo mil más) hasta hoy, cuando ha recuperado el nivel que tenía el año anterior a los recortes. Y la población de 18 a 24 años sigue en caída.

Fe de errores

El coste de estudiar en la universidad pública ha subido 12 veces más que los salarios y no 15 veces, como por error figuraba en esta información.

martes, 2 de octubre de 2018

Comunicado de Inicio de Curso 2018-19 (Asamblea Marea Verde)



Comunicado de Inicio de Curso 2018-19 
(Asamblea Marea Verde)


El pasado agosto aseguraba el consejero reprobado Van Grieken que el inicio de curso iba a ser tranquilo. 

Sin embargo, nos encontramos con la mayor ofensiva por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid contra la Educación Pública de toda la legislatura.

La Consejería de Educación ha pasado, en cuestión de pocos meses, de buscar el mal llamado Acuerdo Educativo a asestar una importante andanada de ataques a la Educación Pública, lo que nos da la razón a las personas que pensábamos que este no era el fin perseguido, sino simplemente ganar tiempo. 

El Partido Popular definitivamente se quita la careta y promueve una campaña a favor de la privada-concertada; es decir, de las empresas privadas y negocios educativos, bajo el falso epígrafe de la “Libertad de elección”. 

Pero la realidad es que la privada-concertada goza de muy buena salud (en algunos distritos de Madrid capital alcanza ya unos porcentajes escandalosos del 70% de matriculaciones). 

Y han conseguido sus objetivos recortando los recursos a la Educación Pública, no construyendo centros públicos o construyéndolos por fases interminables, incrementando las ayudas para que se imponga entre las familias la elección de privada-concertada y abriendo 190 aulas para este curso. Si esto fuera libre mercado, señores neoliberales del PP, ustedes están empleando el mayor de los intervencionismos para crear situaciones de monopolio. Ustedes dopan a la privada-concertada.

Si en el mes de agosto nos sorprendía la noticia de que la Comunidad de Madrid había otorgado el privilegio a centros privados y privados-concertados de saltarse el calendario escolar y convocar exámenes extraordinarios en la convocatoria de septiembre, a lo largo de este inicio de curso hemos ido conociendo otras acciones encaminadas a dopar esa “libertad de elección” de la que tanto hacen bandera. 

“Libertad de elección” cuando se conceden ayudas exclusivamente a Escuelas Infantiles y Ciclos Formativos impartidos en centros privados o privados-concertados y que ahora también quieren ampliar al Bachillerato.

“Libertad de elección” cuando se retrasa la finalización de las fases en la construcción de centros educativos en zonas que carecen de suficientes plazas públicas para cubrir su demanda demográfica. La construcción por fases se está utilizando como excusa burocrática, cuando tiene el trasfondo ideológico de mercantilizar el Derecho a la Educación para desviar a las familias a la privada-concertada, en la que tienen que pagar el impuesto revolucionario neoliberal, ya que además, la Consejería archiva casi todos los expedientes de esta práctica ilegal. ¿Libertad de Elección?

Y además tienen la poca vergüenza de indicar que el problema de los espacios no construidos en los centros (que vulnera el RD 132/2010) se soluciona con una “redistribución de espacios” por lo que, en algunos centros, no hay gimnasio o se imparten las clases en un comedor. Eso cuando el alumnado no comienza el curso en barracones, que sí existen en la Comunidad de Madrid.

¿Libertad de elección cuando intentan desmantelar los centros públicos con la inestabilidad de las plantillas, que cambian año tras año, lo que dificulta la formación de equipos estables y la continuidad de proyectos de centro?

¿Libertad de Elección cuando ustedes precarizan el empleo docente y dejan vacantes el 20% de la plazas ofertadas, con una alta tasa de temporalidad e interinidad, que ni siquiera incorporan al inicio de curso, dejando centenares de aulas sin docentes? ¿Dónde está el incremento de plantillas de profesores correspondiente al curso pasado y al actual? En los centros públicos nos lo preguntamos y nadie sabe dónde están. Eso sí, tenemos 6000 aulas masificadas en los centros públicos y con ratios por encima de los establecidos en su propia ley. 

¿Libertad de elección cuando tienen a la Universidad Pública en entredicho por su red clientelar que se desarrollaba a través de la compra de máster por parte de determinada clase política?

¿Libertad de elección cuando los tasazos de la Universidad, de las Escuelas Oficiales de Idiomas, de los Ciclos Formativos de Formación Profesional y de las Escuelas Infantiles públicas siguen imposibilitando el acceso de muchos estudiantes a estas enseñanzas?

¿Libertad de elección cuando en algunos barrios y municipios solo hay centros privados-concertados o centros públicos bilingües? 

Otra de sus banderas es la implantación de un bilingüismo impensable en países de nuestro entorno. Para aprender inglés no es necesario disminuir los conocimientos de materias como Biología, Historia,... Han implantado el bilingüismo en Formación Profesional y en la segunda etapa de Educación Infantil, a pesar de que su modelo bilingüe no ha sido evaluado; lo que sí sabemos es que es un modelo segregador.

Una vez más, el inicio de curso está siendo caótico gracias a la gestión de la Consejería de Educación del Partido Popular. 

No tendrá su inicio de curso tranquilo, Sr. Van Grieken…, pero tampoco lo que queda de él.

Ya vamos Caminando hacia el 24 y el 27 de octubre y estaremos en las calles porque 

“Si nos movemos, cambiamos todo”.

Las familias, docentes, alumnado, plataformas, organizaciones... de Marea Verde seguiremos defendiendo y movilizándonos por el Derecho de la ciudadanía a la Educación Pública de calidad, de tod@s, para tod@s y con tod@s.

1 de octubre de 2018

Asamblea Marea Verde Madrid

Puedes descargar el Comunicado de Inicio de Curso en este enlace.

lunes, 6 de agosto de 2018

La Comunidad de Madrid se enfrenta a una grave crisis de escolarización en Formación Profesional (FP). FE CCOO Madrid

Según los propios datos de la Consejería de Educación, en el curso que acaba de concluir ha habido más solicitudes que plazas disponibles para el alumnado. La previsión de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid es que este déficit de oferta de FP crezca en el próximo curso 2018-2019.

30/07/2018

Los datos de la Consejería atestiguan que para el curso 2017-2018, en Ciclos de FP Básica hubo 6.280 solicitudes para 5.372 vacantes (16,9% de sobredemanda); en Grado Medio (GM) 20.590 solicitudes para 17.001 plazas (un 21,1% de sobredemanda); y en Grado Superior (GS) 23.584 solicitudes para 12.472 plazas (un 89% de sobredemanda). Es decir, que por cada plaza adjudicada, prácticamente hay otra que se rechaza.
A juicio de CCOO la tendencia estadística evidencia que la situación empeorará el próximo curso “ante la indiferencia del Gobierno regional por la salud de la FP Pública”. Una indiferencia que se convierte en complicidad con el sector privado a la hora de convertir la cualificación profesional de miles de jóvenes en un negocio.
Para el sindicato, la pérdida de matrículas asciende a 7.000 en la FP de Grado Superior, y a 1.000 en Grado Medio. Esto se debe a un perverso sistema ideado por el PP, que supone la subida de tasas en ciclos de Grado Superior públicos, mientras que a través del “cheque escolar”, exclusivo para el alumnado de FP privada, se fomenta la matriculación y el negocio en centros privados.
Este aliento de la FP privada se ejecuta con 22 millones de euros dedicados exclusivamente a fomentar que el alumnado se matricule en centros privados. De hecho, para el curso 2018-2019 sigue habiendo ciclos de FP que no se ofrecen en ningún centro público y sí en los privados (como el Ciclo de “Emergencias Sanitarias”). Según los propios datos de la Consejería, el número de centros públicos que ofrecen FP es ya, un año más, menor al de los centros privados: hay 134 centros públicos que ofrecen alguna modalidad de FP y 173 privados.
CCOO denuncia este perverso modelo que deja sin formación cualificada a miles de jóvenes y augura una grave crisis de escolarización en la FP madrileña. En este sentido, para Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, “se hace urgente un Plan de Formación Profesional que haga frente a los significativos problemas de la Formación Profesional en la región”.
Publicado en feccoo-madrid.org

viernes, 22 de junio de 2018

El coste de estudiar una carrera se triplica según la comunidad: 2.011 euros en Catalunya frente a los 713 euros de Galicia (Laura Galaup / Raúl Sánchez para EL DIARIO)

ELDIARIO.ES publica esta información


Estudiar un grado universitario en Catalunya llega a costar casi tres veces más que en Galicia. En la primera comunidad autónoma el crédito supone 33,52 euros y en la segunda, 11,89 euros. Teniendo en cuenta que cada curso consta de 60 créditos, de media el alumno que cursa una especialidad en un campus catalán paga 2.011 euros frente a los 713 euros que abona el estudiante de una universidad gallega.
Madrid (24,6 euros por crédito) y Castilla y León (23,3 euros) son las regiones que siguen a los catalanes en la lista de los precios más elevados en el curso 2017/2018. Por su parte, Canarias (14 euros), Cantabria (13 euros) y Andalucía (12,6 euros) son las regiones que acompañan a Galicia entre los grados más económicos.
"La decisión de estudiar en una universidad o en otra no debería estar marcada por el coste económico de la matrícula, solo se deberían tener cuenta motivos académicos", apunta Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), sobre la influencia de estos precios en la selección del centro educativo.
Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE) consideran que "no hay justificación para que esa disparidad sea tan elevada". A nivel internacional, y analizando datos del curso 2016/2017, solo Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia tienen precios públicos más elevados que España, según el informe La Universidad Española en Cifras.
Uno de los autores de este análisis, José Antonio Pérez, explica que esta diferencia de precios "afecta a la igualdad de oportunidades". "Hay comunidades, como en Valencia o Castilla La Mancha, en las que el esfuerzo de las familias es de un 6% en su renta familiar. Por su parte en el País Vasco, que es una comunidad rica, el esfuerzo es inferior al 3%", responde Pérez.
Según los datos incorporados a una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, de media el crédito universitario en el curso 2017/2018 es más caro en la Comunidad Valenciana (18,96) que en Castilla-La Mancha (15,81) y que en el País Vasco (16,88). De acuerdo a estas cifras, el precio medio del crédito es de 18,02 euros. Por encima de la media nacional, además de Catalunya, Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana se sitúan La Rioja (19,77), Navarra (19,66) y Aragón (18,74).

Real Decreto promovido por el PP

Tanto los gobiernos autonómicos como el Ejecutivo central tienen responsabilidad en estos precios. El  Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, promovido por el exministro José Ignacio Wert, permitió a las comunidades que subieran los precios de las tasas universitarias hasta el máximo del 25% del coste real de los estudios para compensar, en parte, la caída de la financiación pública de los centros.
"Cuando llegó la crisis los gobiernos regionales sustituyeron subvención por precio, como querían recortar en universidades subieron los precios públicos, ha sido el caso de Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana", subraya Pérez.
Este portavoz de la CRUE coincide con el presidente de CANAE al concluir que "gran parte de la responsabilidad [de determinar los precios] es de las comunidades autónomas". Aún así, le recuerdan al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que todavía tiene la capacidad de limitar la horquilla el curso que viene llevando una propuesta a la Conferencia General de Política Universitaria, formada por universidades y comunidades autónomas. eldiario.es ha preguntado sobre este tema al recién creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero desde su departamento de prensa aseguran que todavía no han tenido tiempo para valorar este asunto.

Así subió el precio de los créditos universitarios desde 2011

Evolución del precio de los créditos en primera matrícula por comunidad autónoma en estudios de 1º y 2º Ciclo en el curso 2011-12 y en Grado en 2017-18