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jueves, 16 de abril de 2026

La Comunidad de Madrid recibió dinero para crear más de 5.300 plazas de Infantil y solo ha creado 3.928 (Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com)

 Artículo de Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com

  • El Gobierno de Ayuso ha recibido más de 54 millones de euros para aumentar las plazas gratuitas en el ciclo 0-3 gracias a los fondos Next Generation canalizados por el Gobierno, pero no ha creado todas las plazas a las que se comprometió.
14-4-2026

A través de los fondos Next Generation diseñados por la Unión Europea, durante la pasada legislatura, el Gobierno de coalición decidió ampliar las plazas gratuitas de Escuelas Infantiles en el ciclo cero a tres. Así estableció un sistema para crear más de 65.000 plazas nuevas en todo el Estado mediante la transferencia a las Comunidades Autónomas de cerca de 670, 1 millones de euros para tal fin. Un plan, que comenzaba a ejecutarse en 2022 y que cinco años después algunas comunidades no han llevado a término en función de las plazas a las que se comprometieron. Este es el caso de la Comunidad de Madrid.

Tal y como este martes denuncia la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO Madrid, el gobierno regional, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, solo ha creado 3.928 plazas de las 5.304 a las que se comprometió, para lo que recibió un total de 54,1 millones de euros. Así, habría dejado sin ejecutar 1.774 plazas.

Ayuso solo ha creado 3.928 plazas de las 5.304 a las que se comprometió, para lo que recibió un total de 54,1 millones de euros

Con la información de las plazas creadas, que desde CCOO explican que se recoge en la Resolución de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria de marzo de 2026, este sindicato ha formalizado una denuncia ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Educación.

Comunidades que no cumplen

Mientras las educadoras infantiles cumplen una semana de huelga con la que piden una mejora en sus condiciones laborales y una bajada de ratio del alumnado. Una huelga que será respaldada el próximo 7 de mayo por educadoras de otras comunidades.

Andalucía tenía que crear más de 12.000 plazas pero renunció a los 112 millones de fondos ofrecidos para ello. El argumento: la creación de plazas públicas iría en detrimento de la enorme red de escuelas infantiles privadas

Y es que, pese al incremento presupuestario para el ciclo 0-3, la situación del sector sigue siendo de precariedad y privatizaciones en el sector, tal y como denuncian las educadoras. Como la Comunidad de Madrid, otras son las regiones no han ampliado la red de plazas públicas en la medida de lo comprometido. Así, Andalucía tenía que crear más de 12.000 plazas pero renunció a los 112 millones de fondos ofrecidos para ello. El argumento: la creación de plazas públicas iría en detrimento de la enorme red de escuelas infantiles privadas existentes en la región.

Otras comunidades que no han llegado a cubrir objetivos en la creación del número de plazas públicas comprometidas alegan problemas burocráticos, como Catalunya, que solo ha conseguido crear el 20% de las plazas públicas comprometidas, esto es 2.302 de 10.884. Desde la Xunta de Galicia, que devolvió 22 millones, alegan que los fondos no se podían emplear “ni para mejorar las escuelas ni para financiar nuevas plazas” en guarderías municipales o de titularidad privada.

En este contexto, desde el Ministerio de Educación explican a El Salto que han logrado la ampliación del plazo de varios programas europeos, entre ellos, el Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, que contempla la creación de 45.611 plazas. Con esa ampliación de plaza, las comunidades disponen de más tiempo para seguir ejecutando el programa, aseguran desde Educación.

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domingo, 20 de octubre de 2024

Nota informativa de la visita del Consejero al CIFP José Luis Garci

La Asamblea de docentes del CIFP José Luis Garci informa de que el viernes 18 de octubre el Consejero de Educación visitó nuestro instituto y medios de comunicación como Telemadrid y la Cadena Ser cubrieron esta noticia.

En ninguno de los artículos publicados se recoge mediante los textos o imágenes el hecho de que la mayoría del profesorado vestíamos la camiseta verde en defensa de la Escuela Pública ni los carteles en los que recogemos nuestras reivindicaciones: bajada de ratio, vuelta a las 18 horas lectivas, equiparación salarial, políticas que eviten la segregación social, reducción de la carga burocrática, etc.

Tampoco se informa de que las actualizaciones tecnológicas que se han podido acometer en este centro se han financiado gracias a los fondos europeos y a nuestra inclusión dentro de la Red Estatal de Centros de Excelencia y no a inversiones de la Comunidad de Madrid.

miércoles, 1 de marzo de 2023

Ayuso reparte 1,9 millones de euros entre centros de enseñanza concertada de los fondos Next Generation (Sara Plaza Casares para El Salto)

 Artículo de Sara Plaza Casares para elsaltodiario.com

Las ayudas están enmarcadas en el programa PROA+, pensado para garantizar el éxito escolar del alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entre los 46 centros seleccionados, 23 pertenecen a entidades religiosas.

26 de enero de 2023

La apuesta de la administración de Isabel Díaz Ayuso por la escuela concertada suma enteros. Si, según las cifras del Ministerio de Educación, Madrid destina 1.040 millones al año a este tipo de centros, y ya es la segunda Comunidad en porcentaje de gasto— un 20%— solo superada por Euskadi, un nuevo movimiento, fondos Next Generation mediante, viene a aportar más pruebas de esta apuesta.

Según las convocatorias que se reflejan en la web del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de España, base de datos que recoge el destino que le están dando las diferentes administraciones a los fondos Next Generation de la UE, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha asignado ya un total de 1.937.021,69 euros para 46 centros concertados entre el 30 de diciembre de 2022 y el 18 de enero de 2023, en ayudas enmarcadas en el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA+), pensado para garantizar el éxito escolar del alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Ni rastro de las ayudas suministradas a centros públicos para estos menesteres.

El plan PROA es un programa de cooperación territorial, renovado gracias al apoyo económico procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Un histórico programa que en esta comunidad cuenta con tres convocatorias diferenciadas: una para colegios públicos, otra para centros de Secundaria y una última para centros concertados. Las convocatorias para 2021-2023 acabaron su plazo en octubre de 2021.

“Lo que este año hemos observado es que el dinero no ha llegado a los centros públicos y hay una falta de transparencia en cómo se han asignado”

Desde CC OO confirman a El Salto que han recibido quejas por parte de la directiva de algunos colegios públicos por no haber recibido estos fondos aún. Unos fondos con los que antaño se sufragaba un programa de acompañamiento escolar, que se desplegaba a través de monitores y monitoras o profesores y profesoras del propio centro que daban apoyo en pequeños grupos y en horas extraescolares a alumnos y alumnas que presentaban dificultades y problemas en el aprendizaje, así como un programa de apoyo y refuerzo.

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“Lo que este año hemos observado es que el dinero no ha llegado a los centros públicos y hay una falta de transparencia en cómo se han asignado”, expresa a El Salto Isabel Galvín, Secretaria General de Enseñanza de CC OO Madrid, para quien esta decisión responde a la línea que lleva el Gobierno de Ayuso en Educación de “dar más al que más tiene”.

“En términos globales, en la red pública se escolariza el alumnado más vulnerable y las familias con más nivel adquisitivo son las que escolarizan a sus hijos en los concertados”, expresa Galvín, para quien no tiene sentido que las ayudas del Plan PROA, pensado para compensar desigualdades, se prioricen en este tipo de centros.

Galvín hace alusión al reciente estudio de ESADE, Educación en la Sombra, que muestra la desigualdad existente en el acceso a las clases particulares y de refuerzo entre las familias de clase baja y las de clase alta, y mecanismos como el PROA venían a reequilibrar esta balanza. Según se refleja en el estudio de ESADE, solo un 30% de los hogares con menos recursos albergan a estudiantes que reciben clases particulares, mientras más del 60% de hogares ricos lo hacen.

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Para Galvín, la ausencia de estos fondos en los centros públicos va a tener efectos “devastadores”. “Vas a los centros públicos y te dicen que ya no tienen las clases de refuerzo que tenían antes. Esto es gravísimo”, zanja.

Colegios religiosos

Las ayudas recogidas en estas concesiones directas para colegios concertados son en su mayoría de aproximadamente 40.000 euros por colegio y, según indica la Comunidad de Madrid en sus bases, estos deben contar con, al menos, un 30% de alumnado educativamente vulnerable.

El Arzobispado de Madrid recibe 85.830 euros de los fondos Next Generation por dos centros: Nuestra Señora de Moratalaz y Nuestra Señora de Delicias

Entre las entidades receptoras de estas ayudas hay colegios laicos, algunos en zonas de alta renta per cápita como el colegio Kolbe de Villanueva de la Cañada y otros en zonas con menos renta como el Colegio Central en Usera. Además de centros laicos, 23 son centros católicos pertenecientes a entidades religiosas como la congregación del Amor de Dios (colegio Amor de Dios), las Hermanas Trinitarias, (Colegio Virgen del Remedio, Trinitarias de Alcorcón), las Hermanas Carmelitas Teresianas de San José, (Colegio Carmelo Teresiano) o el Arzobispado de Madrid, que recibe 85.830 euros por dos centros: Nuestra Señora de Moratalaz y Nuestra Señora de Delicias.

Independientemente del tipo de centro, Galvín remarca que estamos ante un tipo de educación excluyente. Así lo demuestra un estudio realizado por la consultora Garlic B2B, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, FAPA Giner de los Ríos, y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE presentado en noviembre de 2022. En él se recoge que el 100% de los centros concertados de la Comunidad de Madrid analizados—115 centros que suponen un 20% del total— cobra cuotas a las familias (119,5 € de media mensual), en el 82% de los casos son obligatorias y la tasa de exclusión ante la imposibilidad de pago es la más alta de España (31%).

“Al Gobierno de España le pedimos fondos finalistas y con control, y no lo hay. Esto es una estafa, nos están robando el dinero de todos para dárselo a unos pocos, a unas empresas, y es dinero que viene de Europa”

Mientras, desde CC OO insisten en la necesaria y ausente actuación de fiscalización de los fondos Next Generation por parte del Gobierno central. “Ante esto, ¿dónde está el Ministerio de Educación?”, se pregunta Galvín. “Al Gobierno de España le pedimos fondos finalistas y con control, y no lo hay. Esto es una estafa, nos están robando el dinero de todos para dárselo a unos pocos, a unas empresas, y es dinero que viene de Europa”, sentencia.

viernes, 26 de noviembre de 2021

El Gobierno se abre ahora a financiar con fondos europeos plazas de Educación Infantil en centros privados (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

Catalunya, Euskadi y Madrid votan contra el plan de Educación porque rechazan que haya que destinar el dinero obligatoriamente a crear nuevas plazas públicas; Andalucía, que había rechazado los fondos en un principio, se abstiene y los pedirá finalmente

25 de noviembre de 2021 

El Ministerio de Educación abre ahora la puerta a que los fondos europeos que se iban a destinar a la creación de plazas públicas de Educación Infantil se utilicen para otras cuestiones, como concertar plazas privadas, hacerlas públicas o financiar otros servicios como el comedor, tal y como le han pedido varias comunidades en la Conferencia Sectorial que se ha celebrado este jueves.


La cartera que dirige Pilar Alegría había diseñado y pactado con Bruselas un plan de tres años para avanzar hacia la universalización y gratuidad del primer ciclo de Infantil, el del alumnado de 0 a 3 años, que aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros. Pero el proyecto de Educación, que establece que los fondos han de destinarse exclusivamente a crear nuevas plazas gratuitas, se ha topado con varias comunidades, que apuestan por otros modelos para el 0-3 y que no acaban de aceptar que tras la financiación del plan durante tres años les toque a ellas seguir poniendo el dinero. España cuenta con una tasa de escolarización media en esta etapa del 36% y una fuerte presencia de centros privados, casi la mitad del total, lo que deja fuera de de los centros a las familias con menos recursos.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional  Creado con Datawrapper

Finalmente, como el plan está dividido en tres años y ha de aplicarse gradualmente, las comunidades han votado a favor de la ejecución de esta primera partida, que sí deberá estar destinada a crear las plazas públicas porque los fondos son europeos y así se pactó con Bruselas, según han explicado fuentes de Educación. Solo Madrid, Catalunya y Euskadi han votado en contra, cada una por sus motivos. Andalucía, que es la única región que había rechazado explícitamente los fondos a través de una carta que envió al ministerio, se ha abstenido finalmente porque Educación se ha comprometido a negociar con Bruselas que la partida del año siguiente pueda utilizarse para otra cosa distinta a crear plazas.

El sentido del voto emitido este jueves en la Conferencia Sectorial no presupone ni la aceptación de los fondos ni el rechazo de los mismos. Una vez se formalice la aprobación del plan de Educación, las comunidades deberán solicitar una a una su parte (aquí está el reparto completo), por lo que Madrid, Andalucía, Catalunya y Euskadi aún estarán a tiempo de participar del plan. El reparto de fondos debe realizarse antes del 31 de diciembre.

Andalucía acepta los fondos
El cambio de criterio de Educación al aceptar los cambios que han propuesto algunas comunidades ha convencido a Andalucía, que tras anunciar que iba a rechazar el dinero en primera instancia, lo ha aceptado, condicionado el primer año a la creación de plazas públicas, porque tiene el compromiso del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, de que se flexibilizara a partir del segundo, informa Daniel Cela. Con esta postura, la Junta da marcha atrás a su decisión, expresada por carta a la ministra, de "no participar" en el programa de gratuidad del Gobierno hasta que no cambiasen los criterios, extremo que aún no se ha producido, según fuentes de la Consejería de Educación.

Preguntada por si Andalucía va a crear las 4.023 plaza públicas el primer año, tras aceptar los 37 millones, Educación rehusó ser clara al respecto: "Vamos a esperar a que el ministerio responda a la solicitud de Andalucía", han explicado las fuentes.

El modelo de gratuidad andaluza, basado en bonificar a las familias con menos recursos pero escolarizadas en centros privados conveniados, lo diseñó, desarrolló y perpetuó el PSOE durante sus años de gobierno, y el volumen de escuelas –más de 2.000, el 66,4% privadas– y de personal laboral –15.000 trabajadores– hacía "inviable" cambiar a un modelo 100% público en tres años, sostiene la Consejería.

Madrid, que ha votado en contra, lo ha hecho por los criterios utilizados por el Ministerio para repartir los fondos, "especialmente lesivos con la Comunidad de Madrid. Con el 14,8% del alumnado, nos dan un 10% de los fondos, mientras que a Cataluña, con solo 1,9 puntos más de alumnos, reciben un 44,7% más", ha explicado un portavoz, sin aclarar si pese a todo solicitará la partida. El ministerio replica que los criterios de reparto (el nivel de estudios de la población de 25 a 64 años, que correlaciona con el trabajo y por tanto los ingresos que se tienen; la tasa de escolaridad en esa etapa y la dispersión de la población) se basan en datos objetivos y están destinados a buscar un mayor equilibrio entre autonomías.

Catalunya también ha rechazado el plan porque la Generalitat quiere flexibilidad de criterios y que los fondos no solo se puedan destinar a la creación de nuevas plazas. Aduce Educació que el voto negativo tiene un componente de protesta porque el ministerio diseñase el plan con Bruselas sin consultar a las comunidades y que hace años que está haciendo un esfuerzo para crear estas plazas, un esfuerzo que no se verá reconocido, informa Pau Rodríguez. En una postura similar está Euskadi, que tiene la red 0-2 "muy adelantada" y no cree que este plan resuelva sus necesidades, según un portavoz de Educación.

Otras comunidades que sí han votado a favor, como La Rioja, han valorado "muy positivamente" el plan, que en su caso se concretará en la creación de 154 plazas el primer año, una reacción muy similar a la de Castilla-La Mancha.

Con este acuerdo se cierra esta primera convocatoria, que tendrá continuidad en 2022 y en 2023 en unas condiciones aún por determinar, solo pendiente de que las comunidades soliciten formalmente su parte de los fondos (aquí está el reparto entero). Tras las numerosas quejas recibidas en la Sectorial de este jueves por la obligatoriedad de destinar el dinero a plazas públicas, Educación se ha avenido a negociar que las comunidades puedan básicamente dedicar el dinero a lo que consideren, siempre dentro de la etapa de 0-3. Convertir plazas privadas en públicas, concertarlas o dedicar los fondos a asegurar al pago de servicios como el comedor, como propone Andalucía, por ejemplo, son algunas de las cuestiones que piden las comunidades, pero que tendrá que aceptar Bruselas, que es quien pone los fondos.

Una etapa desigual
El primer ciclo de la Educación Infantil es una etapa particular y muy desigual, independientemente del indicador que se elija para evaluarla. Es desigual entre las comunidades, con grandes diferencias en las tasas de escolarización; es desigual entre las familias, con realidades muy distintas en función de la renta, del nivel de estudios de los progenitores o incluso si la madre está ocupada o no, y es desigual entre los municipios en función de su tamaño.



Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional  Creado con Datawrapper

De media, en España uno de cada tres menores de tres años está escolarizado (un 36% el curso pasado), aunque este es uno de esos datos que apenas es representativo de ninguna situación. Solo la Comunidad Valenciana y Catalunya se encuentran en este parámetro, con un 35,3% y un 34,1%, respectivamente. Después, la escolarización va desde el 17,8% de Murcia o el 18,5% de Castilla y León hasta el 50,3% del País Vasco o el 45,9% de Madrid.

En esta etapa, no obligatoria ni universalizada de facto como sí lo está el 3-6, la presencia del sector privado es más alta: el 46,3% del alumnado está matriculado en centros de iniciativa particular, también con grandes diferencias entre comunidades. Las hay, como Asturias o Extremadura, que rozan el 90% de plazas públicas, o, en el otro extremo, Andalucía solo tiene uno de cada tres alumnos en una escuela de la administración.

Y este factor, la alta presencia de la escuela privada, se traduce en diferencias entre las familias según sea su nivel adquisitivo, uno de los argumentos que utiliza el Ministerio de Educación para defender su apuesta por las plazas públicas: el 52% de las familias que sostiene no tener cubiertas sus necesidades educativas infantiles no recurre a las escuelas por no poder permitírselo, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

En este apartado, argumenta Educación, es donde se dan grandes diferencias entre las familias, que pretende reducir avanzando hacia la gratuidad mediante la creación de plazas públicas. La estadística refleja que las familias con menos recursos presentan tasas de escolarización hasta tres veces inferiores a las más adineradas: uno de cada cuatro hogares en el primer quintil de renta (el 20% que menos gana) lleva a sus hijos a centros de educación infantil, mientras en el quinto quintil (el 20% que más gana) son un 62,5%.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE  Creado con Datawrapper

Alrededor de este dato orbitan otros dos, que ahondan en las desigualdades entre familias en el acceso a las escuelas infantiles: las familias cuyos progenitores tienen estudios superiores presentan una tasa de escolarización del 49,6%; las que no pasan de los estudios obligatorios se quedan en un 31,3%. Una diferencia similar se da en función de que la madre trabaje o no: las familias en las que tienen un empleo duplican el uso de escuelas infantiles de las que no lo tienen.

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martes, 14 de septiembre de 2021

Se inicia un tercer curso condicionado por la pandemia (Manuel Menor)

Publicamos este artículo del compañero Manuel Menor

La inestabilidad preside muchas revisiones que se están haciendo a la baja en las diversas Comunidades autonómicas para el nuevo curso. 

Desde hace unos mil días nos movemos por un túnel que, mientras parece dar señales de su final, no deja de indicar que vaya usted a saber lo que queda por delante en medio de pretensiones tranquilizadoras. En nuestras neuronas se debaten sensaciones contrarias, de prevención y cierto miedo todavía, mientras quieren predominar las maneras normalizadoras de la situación vital. 

“Normalidad” 

La cuestión está volviendo a situarse en lo que cada cual entiende, una vez más, por “normalidad”, hábito que, oscilante e incluso demente, puede que vaya a ser el núcleo del gran debate del curso que inicia ahora su andadura. Es evidente, por ejemplo, que, con la Covid-19 presente, no es lo mismo una distancia que otra entre los alumnos de un aula, la variable proporción de cuantos puedan convivir razonablemente en ellas y  en los recreos, y, por tanto, el número de profesores de apoyo y los recursos que se incrementan o disminuyen, según alguien con poder de decidir juzgue pertinente. Con unas u otras decisiones –casi siempre adoptadas de modo oscuro-, establece una u otra “normalidad escolar”, que se añade, además, a otras supuestas normalidades que arrastraban los centros educativos sobre todo en los últimos diez años de recortes, preferencias por redes educativas particulares y aparentando siempre dar cumplimiento al precepto constitucional de la universalidad educativa. Del conjunto resultante de la normativa que atañe a  este comienzo de curso, ya se puede advertir, de entrada, que la “normalidad” a que parece aspirarse en tres o cuatro Comunidades autonómicas de acendrada tradición erosionadora de lo público, es la de antes de marzo de 2020. 

De un tiempo a esta parte, y especialmente desde final del curso pasado, se pudo advertir el ansia de algunos consejeros de educación por ir revirtiendo supuestos excesos que pudieran haber traído consigo las variaciones de dotaciones y recursos que, sobre todo en el curso 2020-21, se habían establecido. En este momento, parece que se esté queriendo volver a aquella “normalidad” anterior, la que desde 2007 se había construido a costa de desidias, disminución de medios y personal. Como si de algo físico se tratara, y que el principio de Arquímedes de los flujos que conlleva la práctica del derecho de todos a la educación se encargara de reequilibrar el sistema a su posición óptima, su ley está siendo invocada estos días para encauzar ese afán de regreso melancólico al pasado; cuantos siguen los avatares de la educación conocen momentos históricos en que lo que bien orientado parecía fue considerado excesivo y se recondujo a la rancia posición tradicional. No importa que quienes paguen el pato con esta regresión de ahora sean los que siempre han sufrido la desigualdad escolar desde antes de haber nacido: también esta es tradición “normal”. 

Va a ser difícil, sin embargo, convencer al personal docente de que siga arriesgando su voluntariedad una vez más en pro de un supuesto bien común como el de la educación pública, del que sus verdaderos beneficiarios son quienes no necesitan que el Estado proteja y defienda este su derecho principal de ciudadanos. De hecho, les da igual que se arruine y privatice cada vez un poco más el sistema de la educación pública, dentro de la gloriosa “libertad de mercado” con que está siendo concebida y desarrollada por instancias privilegiadas de nuestra vida social, cultural y política; ya tienen lo que anhelan para sus hijos o fieles seguidores, y a sostenerlo va esta animosidad por recobrar “la normalidad” de antes restableciendo al máximo “la competencia”, la “calidad educativa”, “la excelencia” y cuanto encierra de mercantilismo económico su bandera de la “libre elección de centro”. 

Desangelamiento

Algunos sindicatos han emitido comunicados de protesta: CCOO lo acaba de hacer estos días, y los socios de la Mareaverde en la Plataforma por la Educación Pública lo reivindicaron este pasado sábado en la calle…. Pudo comprobarse, de todos modos, que estos signos de disconformidad, un poco desangelados, han dejado la sensación de que los asuntos de educación siguen siendo, incluso en un contexto de cambio profundo como el actual, una cuestión menor, muy alejada de la movilización que suscitan las precariedades laborales, las vueltas y revueltas que esté dando el paro, la curva de la evolución económica, urgencias de sectores económicos como el Turismo y otras mil historias capaces de conmovernos y motivar críticas airadas… La educación parece que, como siempre, haya de seguir siendo algo a lo que a algunos les viene dado por  clase social, mientras que a otros les sobrara con atender un poco a su escolarización para que no estorben demasiado en la calle y en las casas. 

Con los recortes que muchos responsables de las Comunidades autonómicas están prefiriendo de nuevo –e, indirectamente, también la LOMLOE por lo que no modifica-,  es fácil deducir que la educación como clave del Estado social de bienestar y de la justicia distributiva, tratando de conciliar libertad y universalidad educadoras, seguirá en el limbo que ha estado en los años de las crisis anteriores. Nadie parece creer en serio en que lo que se predica sobre su importancia para modernizar el país de modo acorde con las urgencias del presente, fortalecer la convivencia democrática y erradicar los vicios y problemas que subyacen en nuestras relaciones sociopolíticas, pueda subsanarse con algo decididamente mejor. 

Se prefiere el castizo que “inventen ellos”. Coherente parece, pues, que, incluso ahora que hay recursos y créditos europeos para apoyar consistentes medidas de cambio, haya tantos responsables en estas materias aplicados, antes que nada, a que su función primordial consista en recortar de nuevo lo que debe ser inversión de futuro. Tales gestos evidencian, una vez más, que el sueño de toda servilleta por ser mantel no se cumplirá impunemente; y que el modelo a seguir tampoco puede ser como el que ha operado, también en los últimos más de mil días, respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial; el  desapego y descolo demostrado permite aventurar que  el curso que acaba de iniciarse no puede sino ver estancada la necesaria renovación estructural de la Justicia en España. Atentos. 

Manuel Menor Currás

Madrid, 06.09.2021.

domingo, 5 de septiembre de 2021

Madrid, Andalucía y Murcia vuelven al cole sin ratios “seguras” (Sara Plaza Casares para ELSALTODIARIO.COM)

 ELSALTODIARIO.COM publicó este reportaje:



Laura tuvo el año pasado a 16 alumnos en clase de manera presencial. Esta maestra de Primaria de un colegio del sur de Madrid ejercerá este curso en una clase con 26 estudiantes. Para Laura, lo mejor que trajo la pandemia a las aulas se perderá ahora. “Lo que hemos podido observar es que puedes dedicar mucho más tiempo individual a cada alumno y cada alumna. Y no solo es un tiempo de mayor duración, sino de más calidad. Tienes más tiempo para sentarte al lado de ellos y de ellas, descubrir que necesidades tienen y que virtudes tienen para potenciárselas con mayor acierto; así como preparar las clases muchísimo más adaptadas a cada niño y cada niña”, expresa.

En algunas comunidades este curso no empezará como el anterior y por ello protestaba ayer la comunidad educativa en las calles de Madrid, convocada por Asamblea Marea Verde para pedir un retorno más seguro. Y es que las 'Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022', fijadas por el Ministerio de Educación y pactadas con el resto de comunidades, no han blindado las ratios en las aulas, dejando a conciencia de cada territorio mantener los desdobles con 20 alumnos por clase o volver a los números prepandémicos. Además, han introducido la posibilidad de reducir la distancia de seguridad entre alumnos de 1,5 metros a 1,2 metros a partir de quinto. Del otro lado, lo que no decae es la obligación del uso de mascarilla para mayores de seis años.

En Madrid se pasará de 10.000 profesionales de refuerzo contratados para el curso pasado a 3.000 nuevos docentes para este año. En Andalucía las cifras pasan de 8.000 a 5.300 profesionales y en Murcia se eliminarán todos los refuerzos


Desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública denuncian la desigualdad que va a suponer entre territorios la vuelta o no a clases masificadas, destacando Madrid, Andalucía y Murcia como las comunidades que mayor recorte de profesores van a acometer y, por tanto, las que borrarán los desdobles de un plumazo. En Madrid se pasará de 10.000 profesionales de refuerzo contratados para el curso pasado a 3.000 nuevos docentes para este año y habrá 7.500 aulas menos. En Andalucía las cifras pasan de 8.000 a 5.300 profesionales, y en Murcia se eliminarán todos los refuerzos, esto es, 1.500 profesores, además de recortar a la plantilla prepandémica en 400 plazas. Y todo ello a pesar de que durante este curso en Secundaria y Bachillerato se fomentará la vuelta a situaciones de presencialidad, lo que requeriría de más profesores aún.


“Si ahora vuelven todos los alumnos a clase hará falta contratar a más. El año pasado se contrataron 35.000 profesores. Para garantizar la presencialidad con máximo de 20 alumnos haría falta contratar a 71.700 más. Si sumamos los datos de todas las Comunidades Autónomas en total son 25.000 nuevas contrataciones, pero ahí están añadiendo a profesores de apoyo y de refuerzo que no son para desdobles covid. Si hacen falta 71.700 todavía faltan 44.700 profes para estar en una situación óptima. Estamos en una situación mala”, expresa Paco García, secretario general de Enseñanza de CC OO.

 “Gracias a medidas como las ratios bajas y los grupos burbuja, España fue uno de los dos países de Europa donde la educación no estuvo confinada”, explica García quien señala que lo aconsejable sería no cambiar las reglas de juego porque la pandemia aún no ha acabado, los menores de 12 años no están vacunados y, tal y como dicen los epidemiólogos, la variante delta es más contagiosa.

Desigualdad y fondos covid

La flexibilidad introducida por el gobierno central dibuja un panorama desigual en todo el Estado. Mientras Andalucía, Madrid y Murcia volverán a una imagen prepandémica en sus aulas, en algunas comunidades se contratarán más refuerzos aún, como en la Comunidad Valenciana que destaca por incorporar 5.042 profesores de refuerzo, esto es 668 más. Otras mantienen sus cifras para hacer efectivos los desdobles como Castilla-La Mancha con 3.000 docentes, Castilla y León con 1.300 y Euskadi con 1.064. Al menos “de boquilla”. Fuentes sindicales de la CAV confirman a El Salto que este excedente “no aparece en las adjudicaciones de inicio de curso por lo que a efectos prácticos no hay”.

“Entendemos que algunos aspectos del ámbito educativo necesitan un liderazgo por parte del ministerio. Entendemos que las competencias son de las comunidades pero luego se crean 17 desarrollos diferentes y las necesidades del alumnado son las mismas”, expresa Mari Carmen Morillas, portavoz de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, quien señala la desigualdad territorial en materia educativa con un ejemplo: cuando bajó la incidencia y las comunidades pudieron volver a la presencialidad en Secundaria y Bachillerato, regiones como Madrid nunca volvieron a las aulas de manera uniforme. “Murcia ha estado hasta Educación Infantil en semipresencialidad”, destaca. “En Madrid —prosigue— se decidió que la vuelta a la presencialidad la decidiera cada instituto. Hubo adolescentes que volvieron a las aulas y otros que no y esto ha supuesto una mochila muy dura que están arrastrando y ha propiciado que se descuelguen del sistema educativo muchos de ellos”.

“Nos oponemos a que estos fondos no sean finalistas y que cada comunidad decida; que la inversión en educación dependa de las prioridades y del color político de cada comunidad”


También, añade Morillas, sería necesaria una coordinación de los fondos covid que van a recibir las diferentes Comunidades Autónomas para que una parte se destine a Educación. El Gobierno aprobaba a principios de agosto destinar 13.486 millones de euros —el 70% en septiembre y el resto en noviembre— para hacer frente a la pandemia. Andalucía recibirá 2.357,50 millones de euros, Madrid 1.863,76, la Comunidad Valenciana 1.400,02 y Murcia recibirá más de 400 millones. “Nos oponemos a que estos fondos no sean finalistas y que cada comunidad decida; que la inversión en educación dependa de las prioridades y del color político de cada comunidad”, reclama Morillas.

¿Dónde está el dinero en Madrid?

“¿Dónde se va a invertir el dinero en Madrid?”, se pregunta, por su parte, Sandra Villa, portavoz de la Asamblea Marea Verde, que caminaba este sábado por las calles de Madrid para exigir que esos fondos se reflejen en mejoras en las aulas. “Pedimos una vuelta segura, el año pasado trabajamos con muchísimo frío, y este año el agradecimiento es que nos dan más ratio de alumnos y menos seguridad”, se queja.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometía la ampliación de ratio en su discurso inaugural de legislatura pero no para este curso, sino empezando en el periodo 2022-2023 y solo para Infantil, ampliando la propuesta de manera escalonada. Para la portavoz de Marea Verde, este es un anuncio “propagandístico”. “Que la empiece a disminuir ya, que ahora tiene dinero y que luego lo mantenga. Necesitamos que se reduzca la ratio en todas las etapas y ya”, insiste.

“Hay colegios planeados que no se han construido ni se han empezado a construir, hay otros que están construyéndose por fases y otros, masificados. El año pasado trajeron barracones para cumplir con la bajada de ratio”


“Llevamos sufriendo al PP mucho tiempo y todo lo que hacen es en detrimento de la Educación Pública”, añade Villa. “Hay colegios planeados que no se han construido ni se han empezado a construir, hay otros que están construyéndose por fases y otros, masificados. El año pasado trajeron barracones para cumplir con la bajada de ratio. Es necesario que se construyan los nuevos centros y que se mejoren los existentes”.

Andalucía con más dinero y 4.000 aulas menos

Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, no es casualidad que las tres comunidades que van a subir ratios estén gobernadas por el mismo color político. “Son comunidades gobernadas por las posturas más reaccionarias que están decididas a hacer de la educación un negocio”, explica a El Salto. “En Andalucía van a cerrar 4.000 aulas y vamos a tener 2.700 profesores menos porque no quieren invertir los fondos extraordinarios en educación”, destaca.

“Andalucía ha sido la comunidad que más ha recibido para educación. Al mismo tiempo somos la comunidad con mayor tasa de abandono escolar. ¿Por qué no ponen esos recursos a disposición de los que lo necesitan?”

Durante septiembre de 2020, el gobierno repartió entre las comunidades unos fondos extras finalistas que debían ir destinados a la educación. Andalucía y Madrid fueron las más recompensadas, con 383.856 millones y 291.696 respectivamente. “Hemos sido la comunidad que más dinero va a recibir y que más ha recibido para educación. Moreno Bonilla ha tomado la peor decisión y, siguiendo la estela de Ayuso, no va a invertir en mantener las ratios del año pasado. Al mismo tiempo somos la comunidad con mayor tasa de abandono escolar. ¿Por qué no ponen esos recursos a disposición de los que lo necesitan?”, se pregunta Naranjo.

En detrimento de la pública, explica la diputada de Unidas Podemos, el gobierno autonómico está apostando por la enseñanza privada. “Han atendido demandas suyas históricas. Por ejemplo, han modificado los criterios de acceso a los colegios para acercarnos al distrito único de Madrid”, explica. El día 1 de septiembre una concentración, convocada por los sindicatos minoritarios y Marea Verde frente al parlamento andaluz, inauguraba lo que se prevé un otoño caliente en esta comunidad.

Ratios más allá de lo sanitario

La legislación vigente indica que las ratios deben ser de 25 en Primaria y de 30 en Secundaria. Pero, gracias al Real Decreto 14/2012 que el PP sacó adelante con medidas extraordinarias, las comunidades pudieron aumentarlas un 10%. “Este real decreto, que ha sido anulado posteriormente por una ley, ha permitido inflar las ratios en muchas comunidades. La ley va más rápido que la realidad y en muchos sitios las clases están por encima de 25 alumnos, de tal manera que la vuelta a la normalidad supondrá volver a clases de 25, 26 o 27 alumnos en Primaria”, explica el secretario general de CC OO Madrid, Paco García.

“Una dificultad bastante asumible, como puede ser el desconocimiento del idioma de algún alumno o alumna, no puedes abordarla igual. Volver a ratios prepandémicas es dar pasos para atrás en lo que la individualización de la enseñanza se refiere”

“Estamos hablando de la ratio por raciones coyunturales pero hay que hablar de ella por razones de fondo”, añade el portavoz de CC OO. “Las exigencias de un sistema educativo moderno, la nueva ley educativa que habla de currículums por competencias y no por contenidos con mayor atención a la diversidad, exigen que se reduzca la ratio en el tiempo. Menos es más, menos ratios es más calidad”, sentencia.

“Durante este curso hemos visto que niños y niñas con necesidades especiales que llegaban hasta determinado punto y pensábamos que igual no podían dar más de sí, con más ayuda y más apoyo pueden llegar mucho más lejos”, explica Laura, maestra de Primaria. “Además, el resto del alumnado en cualquier momento puede tener una necesidad que si hay muchos niños y niñas se diluye en el aula y si son pocos la descubres con mayor facilidad y le puedes ayudar”, añade. “Todo esto también influye en que la convivencia en el aula sea mucho más positiva ya que no solo tú conoces más a cada alumno y cada alumna, sino que se conocen mucho más entre ellos y ellas y eso hace que haya menos conflictos o que si los hay sea más fácil resolverlos”, detalla.

Para esta maestra, que este año deberá regresar al pasado, “invertir en docentes es fundamental ya que hemos visto como de positivo puede ser en la enseñanza en general, y más en la educación pública, ya que la educación pública está llena de clases con alumnado heterogéneo. Una dificultad bastante asumible, como puede ser el desconocimiento del idioma de algún alumno o alumna, no puedes abordarla con 25 o 27 alumnos de la misma manera que lo puedes hacer con 18 o 20. Volver a ratios prepandémicas es dar pasos para atrás en lo que la individualización de la enseñanza se refiere”, sentencia.