sábado, 30 de junio de 2018

Información destacada de la Marea Verde

¡¡Firma la petición para derogar la LOMCE ya!!

(Redes por una nueva política educativa) 


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¡Mucha suerte y ánimo a tod@s l@s que os presentáis a las oposiciones!



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Calendario de acciones para la semana del 18 al 24 de junio de 2018 y próximas convocatorias



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El máster de Cifuentes, la investigación sobre Casado y la reprobación de Van Grieken


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viernes, 22 de junio de 2018

27-6-2018: Comparecencia en el Ayuntamiento de Madrid para defender el Instituto en Rejas ¡YA! (12:00 h)

Nos confirman que la comparecencia será el Miércoles 27 de junio a las 12:00.

Tod@s al ayuntamiento de MADRID a defender el instituto en Rejas ¡YA! y aprovechemos para denunciar la política de la Consejería de Educación en la Comunidad de MADRID en infraestructuras educativas.

Acude con tu AMPA, Plataforma, AV, etc. y aprovecha para visibilizar la problemática de tu zona.

Por favor acudir con pancartas y camisetas verdes. Llenemos los balcones con nuestras demandas para que de una vez por todas la Consejeria de Educación ponga remedios.

Facilítanos tus datos. Nombre, apellidos, Dni en el email: Comunicacion@institutoenrejasya.com

Los menores acudirán con libro de familia.

Instituto en Rejas ¡YA!
Centros Públicos de Calidad ¡YA!
Escuela Pública de Tod@s para Tod@s!


Entrada relacionada:

27-6-2018: La Asamblea permanente del CEIP República del Uruguay sale al barrio (20:00 h, en el "Kiosko Almodóvar")

Alfredo nos envía esta convocatoria:


Entrada relacionada:

Comunicado sobre evaluación del programa bilingüe de Comunidad Madrid 2018 (MRP)

Soraya nos envía este correo:

Hola

En el archivo adjunto encontrarás el comunicado con el que la Federación de MRP de Madrid quiere contestar el informe sobre el programa bilingüe presentado por el Consejero de Educación en al asamblea . Agradecemos máxima difusión.

Federación MRP Madrid

Puedes leer el comunicado en este enlace.

¡Mucha suerte y ánimo a tod@s l@s que os presentáis a las oposiciones!


El coste de estudiar una carrera se triplica según la comunidad: 2.011 euros en Catalunya frente a los 713 euros de Galicia (Laura Galaup / Raúl Sánchez para EL DIARIO)

ELDIARIO.ES publica esta información


Estudiar un grado universitario en Catalunya llega a costar casi tres veces más que en Galicia. En la primera comunidad autónoma el crédito supone 33,52 euros y en la segunda, 11,89 euros. Teniendo en cuenta que cada curso consta de 60 créditos, de media el alumno que cursa una especialidad en un campus catalán paga 2.011 euros frente a los 713 euros que abona el estudiante de una universidad gallega.
Madrid (24,6 euros por crédito) y Castilla y León (23,3 euros) son las regiones que siguen a los catalanes en la lista de los precios más elevados en el curso 2017/2018. Por su parte, Canarias (14 euros), Cantabria (13 euros) y Andalucía (12,6 euros) son las regiones que acompañan a Galicia entre los grados más económicos.
"La decisión de estudiar en una universidad o en otra no debería estar marcada por el coste económico de la matrícula, solo se deberían tener cuenta motivos académicos", apunta Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), sobre la influencia de estos precios en la selección del centro educativo.
Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE) consideran que "no hay justificación para que esa disparidad sea tan elevada". A nivel internacional, y analizando datos del curso 2016/2017, solo Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia tienen precios públicos más elevados que España, según el informe La Universidad Española en Cifras.
Uno de los autores de este análisis, José Antonio Pérez, explica que esta diferencia de precios "afecta a la igualdad de oportunidades". "Hay comunidades, como en Valencia o Castilla La Mancha, en las que el esfuerzo de las familias es de un 6% en su renta familiar. Por su parte en el País Vasco, que es una comunidad rica, el esfuerzo es inferior al 3%", responde Pérez.
Según los datos incorporados a una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, de media el crédito universitario en el curso 2017/2018 es más caro en la Comunidad Valenciana (18,96) que en Castilla-La Mancha (15,81) y que en el País Vasco (16,88). De acuerdo a estas cifras, el precio medio del crédito es de 18,02 euros. Por encima de la media nacional, además de Catalunya, Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana se sitúan La Rioja (19,77), Navarra (19,66) y Aragón (18,74).

Real Decreto promovido por el PP

Tanto los gobiernos autonómicos como el Ejecutivo central tienen responsabilidad en estos precios. El  Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, promovido por el exministro José Ignacio Wert, permitió a las comunidades que subieran los precios de las tasas universitarias hasta el máximo del 25% del coste real de los estudios para compensar, en parte, la caída de la financiación pública de los centros.
"Cuando llegó la crisis los gobiernos regionales sustituyeron subvención por precio, como querían recortar en universidades subieron los precios públicos, ha sido el caso de Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana", subraya Pérez.
Este portavoz de la CRUE coincide con el presidente de CANAE al concluir que "gran parte de la responsabilidad [de determinar los precios] es de las comunidades autónomas". Aún así, le recuerdan al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que todavía tiene la capacidad de limitar la horquilla el curso que viene llevando una propuesta a la Conferencia General de Política Universitaria, formada por universidades y comunidades autónomas. eldiario.es ha preguntado sobre este tema al recién creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero desde su departamento de prensa aseguran que todavía no han tenido tiempo para valorar este asunto.

Así subió el precio de los créditos universitarios desde 2011

Evolución del precio de los créditos en primera matrícula por comunidad autónoma en estudios de 1º y 2º Ciclo en el curso 2011-12 y en Grado en 2017-18

La Formación Profesional no se toca (CC.OO.)

Publicamos este comunicado de la FREM CC.OO.


  • CCOO contra la supresión de un ciclo de Artes Gráficas en el IES La Paloma
La supresión de un ciclo de Artes Gráficas en el IES la Paloma es una muestra elocuente de la insuficiente oferta pública de FP en la Comunidad de Madrid para el próximo curso 2018-19.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denunciamos la actuación unilateral de la Dirección General de FP cuando ha decidido cerrar, antes de abrirse el periodo de admisión, un ciclo de “Impresión Gráfica” de grado medio en el IES La Paloma.
Este es un ciclo que ha venido contando todos los cursos con alumnado para cubrir matrícula (31 alumnos y alumnas a inicio de curso 2017-2018), que cuenta con alta valoración por parte de las empresas en que el alumnado hace las prácticas y que tiene previsión de matriculación para completar el grupo.
De forma añadida, por los propios datos que se han presentado en el Consejo Regional de FP con un estudio realizado por el Servicio Regional de Empleo, los titulados de la Familia Profesional de Artes Gráficas tienen una buena tasa de inserción laboral con algo más del 50 por ciento y lo hacen con contrataciones que tienen una calidad de entre las mejores, con cerca de un 38 por ciento de titulados empleados con contrato indefinido o mayor a doce meses (todo ello tras pasar un año de finalización de sus estudios).
Hay que tener en cuenta que la demanda de escolarización y las ratios de las unidades son muy similares en todos los centros que ofertan este ciclo. También en los centros concertados según la información que ha podido recabar CCOO.
Por otra parte, desde la dirección del centro se nos ha informado de que la Consejería argumenta que al ampliar la oferta de nuevos ciclos en el centro con la incorporación de tres nuevos profesores, es preciso recortar tres cupos de los existentes. Este argumento no se sustenta porque se firmó, el 9 de enero de este mismo año, un Acuerdo Sectorial que recoge la incorporación de 2.800 cupos en el periodo de vigencia del Acuerdo.
Entonces, ¿qué puede justificar el cierre de este grupo? Los datos de este ciclo son incontestables y muestran que se trata de una decisión política que lo que busca es derivar alumnado a la enseñanza concertada que ofrece este ciclo. Esta decisión, además, incumple los acuerdos tomados por el Consejo General de la FP.
CCOO exige que se mantenga el ciclo de FP mencionado en IES La Paloma y anuncia una próxima reunión con los empresarios del sector para presentar una propuesta justificada al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

jueves, 21 de junio de 2018

Sin prisas ni pausas, veremos qué afán es posible cada día

Manuel Menor nos envía este artículo de opinión



De los límites y ambiciones del nuevo Gobierno –entre lo posible y lo deseable- habló Isabel Celáa en una entrevista a Eldiario.es.

 Pueden estar ahí no pocas de las pautas que, con realismo, pretende su proyecto educativo, la otra competencia de la portavoz gubernamental. Ante todo, qué hacer con la LOMCE. Desmontarla “por partes”, dando prioridad a los aspectos que, desde 2013, han acentuado la desigualdad, parece un buen objetivo siempre que “a medio y largo plazo” –cuestión aleatoria en este momento- culmine en una más justa estructura educativa que resulte difícil de remover a la primera de cambio. El pasado ha sido pródigo en enconadas  alternancias estériles.

Lo demás es aclaratorio de lo principal. Y es que la LOMCE sintetizó gran parte de las aspiraciones de los sectores más reacios a que el sistema educativo se modernizara en profundidad y fuera capaz de adoptar las mejores prácticas en beneficio igualitario de todos los españoles. La libertad y la universalidad del derecho a la educación que reconoce el artículo 27 de la CE han tenido en esta ley su interpretación más parcial. Deseable, por tanto, es que se revise a fondo ese articulado, de modo que se compatibilicen ambos derechos y se blinde su ejercicio sin demérito para la enseñanza pública; y posible es ir dando pasos significativos en esa dirección “sin prisa pero sin pausa”, con fórmulas concretas que frenen el deterioro sufrido. Lo intolerable es que la educación siga siendo el primer escalón para privilegiar modélicamente a grupos que aumenten, con dinero público, la brecha social a medida que crece como negocio y forma demostrativa de la diferencia. Solo será excelente si cumple como sistema de cohesión social y unidad moral de convivencia.

En las palabras de la ministra se trasluce, además, una relevante atención a la Formación profesional. Su experiencia en el País Vasco podrá serle de gran utilidad para que esa vía educativa alcance, al fin, en el imaginario colectivo reconocimiento suficiente. Más allá del ampliado nombre de su Ministerio, será crucial una mejor redefinición de la segunda etapa de ESO de modo que no resulte tan tempranamente discriminatoria como está siendo. Desde la reforma primera en la LOGSE –y desde las precedentes en los años sesenta y setenta de Lora Tamayo y Villar Palasí-, la definición polivalente de ese final de la Secundaria Obligatoria se ha convertido en clave para la calidad del sistema educativo. En todo este tiempo, el discurso –social y político- acerca de la educación, siempre ha estado viciado por razones más o menos relacionadas con esa etapa. Recuérdense aquellos estigmas de “bajada del nivel” o de “egebeización del sistema” que tanto sirvieron de excusa para frenar los intentos democratizadores. Pero como exponente de fallos y progresos, ahí siguen los tercos  datos del muy azacaneado “fracaso y abandono escolar” existente, el gran reto a superar sin puertas falsas más allá de los compromisos con EUROPA-2020.

¿Qué eje vertebrador?
Sin desmerecer de tan principales asuntos, en las respuestas de Celáa aparecen conexos otros de gran valor. Veremos si una vez más, y hasta dónde, son instrumentados para vender lo posible como sustituto de lo necesario, esa historia cansina que, desde 1812, en la Constitución de Cádiz, no cesa. En ella entran la Religión o las religiones y la ideologización –cuestión bastante más amplia que la que pretende ceñirse a su presencia en el currículum-;  el papel de la privada y de los colegios concertados en el sistema, que tanto alienta una de las libertades menos libres: la de la elección de centro; y, con un alcance mayor del que cabe intuir en la entrevista, la formación del profesorado, ese intangible tan manoseado como desatendido, y la participación democrática en la gestión modernizadora de las aulas, uno de los mejores signos del valor que se les asigna.

Si en medio de tanto avatar impredecible como el de la política actual –“de urgencia”-, la ministra y su equipo pueden mantenerse consecuentes  con que “la enseñanza pública es el eje vertebrador del sistema” y no la criada de servicio, ya será positivo.  Será digno y justo, equitativo y saludable. 



Manuel Menor Currás
Madrid, 21.06.2018
 






Encierro indefinido de CCOO hasta que el Gobierno de Garrido aumente como firmó el cupo de profesores (EL DIARIO)

Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES

Fachada de la Escuela de Marginación de Entrevías. / CCOO
Encierro indefinido. Los delegados sindicales de CCOO de Madrid permanecen desde este mediodía en la Escuela de Marginación de Entrevías. Son más de 30 y prometen no salir hasta que el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, se reúna con ellos con un compromiso firme de aumentar el cupo de profesores, como estaba comprometido en el acuerdo sectorial firmado hace ahora un año.
Según CCOO, "solo se ha cumplido lo que no implica un aumento del presupuesto". "No estamos dispuestos a que empiece este curso que viene y sigamos igual", apunta Silvia Casado, presidenta de la Junta de Personal de Madrid Capital de CCOO. Con ella están los cuatro presidentes de las Direcciones de Área Territorial, de las que dependen el funcionamiento de todos los colegios e institutos públicos de la región.
"La Comunidad tiene una situación económica aceptable y se puede cumplir el acuerdo. El problema es que el modelo de escuela del PP no es este. Con este acuerdo íbamos a empezar a recuperar algo de lo que se empezó a destruir con la consejera Lucía Figar (de la etapa de Esperanza Aguirre), pero ni eso", añade. 
Algunos de los miembros de CCOO encerrados en la Escuela de Entrevías. / CCOO
Algunos de los miembros de CCOO encerrados en la Escuela de Entrevías. / CCOO
El acuerdo sectorial incluye un incremento del cupo de 1.200 docentes para recuperar los apoyos y refuerzos, la atención a la diversidad y las 18 horas en Secundaria. A esto hay que sumar un plan de empleo para los próximos años que siga aumentando el cupo hasta un total de 2800 en tres años. Este documento se firmó en junio de 2017 pero su ratificación se demoró hasta enero para, a juicio de CCOO, "no tener que aplicarlo a este curso". Todo ello bajo el liderazgo aún de la expresidenta Cristina Cifuentes. 
Ahora las protestas se dirigen a su sucesor en el cargo, Ángel Garrido. "Solo con el aumento de plantilla bajaremos el número de alumnos por clase", argumentan desde CCOO, que denuncian también el cierre de aulas en algunos colegios, especialmente de zonas desfavorecidas. Como lo ocurrido con el aula de tres años del CEIP República de Uruguay. "Hemos conocido casos de institutos con listas de espera de más de una decena de alumnos a los que no quieren abrirse más clases", apunta Casado.
CCOO ha convocado una rueda de prensa este viernes a las 11 frente a la Escuela de Marginación.
 

La Rey Juan Carlos informa a la jueza de que no hay rastro del tribunal ni del acta de convalidaciones de Pablo Casado (Pedro Águeda / Marcos Pinheiro para EL DIARIO)

ELDIARIO.ES publica esta información

Captura Casado 1

La documentación que la jueza Carmen Rodríguez-Medel solicitó a la Rey Juan Carlos sobre el máster de Pablo Casado sitúa al aspirante a presidir el Partido Popular en una delicada situación judicial. La Universidad ha remitido un informe a la magistrada, al que ha tenido acceso elidario.es, en el que asegura que no hay rastro del supuesto tribunal ni del acta de convalidaciones de 18 asignaturas al político del PP.
Tras el análisis de la documentación remitida desde la Universidad, la jueza Rodríguez-Medel  se dirigió el pasado viernes al Congreso de los Diputados para que le confirme por escrito la situación de aforado de Pablo Casado. Dicha condición impide que la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid pueda imputar al político aun teniendo indicios contra él. La magistrada deberá por tanto elevar exposición razonada al Supremo y que sea el Alto Tribunal el que se haga cargo de la investigación en lo referente a Casado.
Esos indicios que valora la jueza aparecen nítidos en la documentación de la Universidad Rey Juan Carlos. Al requerimiento de la magistrada de que le informe sobre “personas que conformaban la comisión de adaptaciones y convalidaciones de la Universidad Rey Juan Carlos el día 3 de febrero de 2009 y, si existiere, acta de dicha reunión”, el centro responde: “No hay constancia documental de la composición de dicho Tribunal”.
Pablo Casado obtuvo el máster de Derecho Autonómico que impartía el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el curso 2008-2009. Se trata de la misma Universidad y el mismo centro que sirvieron a Cristina Cifuentes para conseguir su máster con notas falsificadas, aunque la especialización del curso de la expresidenta era en derecho comunitario. La Universidad le convalidó 18 de las 22 asignaturas del máster por su licenciatura en Derecho en una universidad privada.
De las cuatro asignaturas restantes, tres se las aprobó el director del Instituto de Derecho Público de la universidad, Enrique Álvarez Conde. La otra se la calificó la profesora Alicia López de los Mozos. Ambos están imputados en la investigación del máster de Casado y también en el de Cristina Cifuentes.
El propio Casado reconoció, en un encuentro con eldiario.es, que él se limitó a entregar su título a la universidad y que fue el centro el que se encargó de todo, en contra de las instrucciones del propio centro educativo, que establece todo un proceso tasado de solicitud de las convalidaciones por el propio alumno. La Universidad lo confirma ahora por escrito en documentación que ya ha sido incorporada a esta pieza separada del caso Cifuentes. A la pregunta de la jueza por la “solicitud del sr. Casado pidiendo la convalidación de asignaturas”, la Universidad contesta: “No consta en este Vicerrectorado ninguna solicitud por parte del interesado”.
El Real Decreto de 56/2005 regula las titulaciones oficiales de postgrado a nivel estatal. A partir de este Real Decreto, la Universidad Rey Juan Carlos se dotó de unas instrucciones que incluyen en su punto primero que sea una Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), creada por acuerdo del Consejo de Gobierno, quien examine las convalidaciones a través una subcomisión compuesta por el responsable del máster, que actuará como secretario, y que figuren como vocales “representantes de las áreas de conocimiento que imparten la docencia en el Máster”.
La norma reclama igualmente que sea el alumno quien solicite esa convalidación para cada asignatura que pretenda no cursar. También tiene que aportar en virtud de qué titulación de origen pueden conmutarse esas asignaturas, así como el programa de estudios y el contenido de las materias para que la universidad compruebe que pueden darse por superadas. La normativa indica que se respetará la calificación de origen y que para realizar la nota media también se tomará la calificación numérica de la asignatura de origen. El propio Casado recurrió al Real Decreto y a la normativa vigente en el año de su máster a eldiario.es durante la citada reunión con sus periodistas. Nada de lo que recoge el Real Decreto se cumplió en su caso.
Captura Casado 3
Documentación de la Rey Juan Carlos remitida al juzgado
El Vicerrectorado aprovecha la pregunta sobre la consolidación de las asignaturas para aportar a la jueza otro dato clave. “En la aplicación informática de la universidad aparece como fecha de solicitud el 3/02/09, fecha en la que se graban en la aplicación los reconocimientos de las asignaturas”. O lo que es lo mismo, las convalidaciones de las asignaturas no pasaron ningún trámite ni análisis. Alguien solicitó las mismas el 3 de febrero de 2009 y ese mismo día quedaron superadas esas 18 asignaturas para el entonces secretario general de Nuevas Generaciones, diputado en la Asamblea de Madrid y protegido de Esperanza Aguirre y José María Aznar.
Las 18 convalidaciones a Casado por el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos pretenden justificarse con el título de Derecho que el vicesecretario de Comunicación del PP obtuvo en el Cardenal Cisneros, objeto en este momento de una investigación interna de la Universidad Complutense, a la que está adscrita dicho centro. Casado procedía de una doble licenciatura en Derecho y ADE que comenzó a cursar en ICADE. El político obtuvo el título de Derecho aprobando el 70% de las asignaturas  en dos años mientras ejercía de asesor en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. El Cardenal Cisneros le convalidó siete asignaturas. Casado obtuvo así el título de Derecho en dos años, en los que aprobó las asignaturas más duras. 
Con todos los indicios sobre las irregularidades del máster, la jueza Rodríguez-Medel redactará previsiblemente una exposición razonada que elevará al Tribunal Supremo. Una sala de admisión decidirá si son suficientes para abrir una investigación al político, previo informe de la Fiscalía del Alto Tribunal. En caso de que acepte que hay indicios para abrir una causa, el Supremo nombrará a un magistrado instructor que tomará declaración a Casado en calidad de investigado.
Pablo Casado anunció el pasado lunes que aspira a liderar el Partido Popular tras la renuncia de Mariano Rajoy. A las pocas horas de su anunció trascendió que la jueza aprecia indicios contra él en la pieza separada que investiga su máster y que había preguntado al Congreso por su condición de aforado. La providencia que recoge esto último había sido dictada por la magistrada Rodríguez-Medel el viernes anterior.
En la misma, la magistrada  acuerda citar en calidad de investigados a tres personas. Entre ellas, el vicerrector de la época, Fernando Suárez, quien después se convirtió en rector y abandonó por el escándalo de los plagios. Suárez está imputado porque su firma aparece en las supuestas convalidaciones, según fuentes jurídicas. El segundo imputado es  el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, uno de los hombres del PP en la Universidad Rey Juan Carlos e investigado en el caso Cifuentes. Casado reconoce que fue la persona con la que se entrevistó para cursar su máster.
La jueza también ha descubierto la posible implicación de la profesora Alicia López de los Mozos, presunta colaboradora en el engaño del máster de Cifuentes e imputada junto a su mentor. López de los Mozos ha pasado a estar imputada igualmente en la pieza separada del máster de Casado.

Las fechas de la investigación judicial desmontan la teoría de la conspiración de Pablo Casado (Marcos Pinheiro / Pedro Águeda para EL DIARIO)

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El PP ya tiene su lista de siete aspirantes para suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del partido. Pablo Casado plantará cara a las que por ahora son las dos grandes favoritas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Casado ha entregado este martes los avales de su candidatura en mitad de la investigación sobre su máster, el mismo día en que eldiario.es ha revelado que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no encuentra su solicitud para convalidar asignaturas ni la composición del tribunal que aprobó ese trámite.
Poco antes de presentar esos avales, Casado ha usado esa información para presentarse como una víctima de un supuesto juego sucio. Sin embargo, las fechas de la investigación judicial desmontan esas teoría de los "ataques" contra él por haber decidido presentarse para dirigir el PP. Todos los documentos son previos a que diese el paso para diputar la presidencia del partido.
El diputado del PP, que ya ha abandonado la Vicesecretaría de Comunicación del partido, no figuraba en las quinielas para suceder a Rajoy. Sonaban Alberto Núñez Feijóo -que finalmente ha decidido no presentarse-, Santamaría o Cospedal, pero el nombre de Casado, sin experiencia de gobierno en comunidades o en el Estado como sus competidoras, no estaba en las apuestas. El lunes se plantó en la puerta de Génova 13 para confirmar una candidatura que ya había adelantado por sorpresa a través de su cuenta de Twitter.
Apenas unas horas después trascendía la noticia de que la jueza que investiga el falso máster de Cristina Cifuentes había pedido al Congreso que confirmase la condición de aforado de Casado. Se trata de un trámite necesario cuando el titular de un juzgado de instrucción quiere investigar a un aforado. Cuando la cámara baja confirme que Casado goza de esa protección jurídica, la jueza podrá elevar el caso al Tribunal Supremo si ve indicios para ello.
Este martes, el día en que se acababa el plazo para entregar los avales, eldiario.es ha revelado que la Universidad Rey Juan Carlos no encuentra rastro del tribunal que convalidó las asignaturas de Casado, ni tampoco el acta que le sirvió para aprobar de golpe 18 de las 22 materias. Él ha tuiteado unos documentos para "aclarar cualquier duda", y en ese mismo mensaje ha deslizado que la información es una respuesta por su candidatura. "Casualmente vuelven los ataques cuando presento mi candidatura al Congreso del PP", ha escrito junto al hashtag #juegolimpio.
Sin embargo, la sucesión de los hechos de la investigación judicial descartan cualquier teoría que apunte a un jugo sucio contra su candidatura. La investigación que afecta a Pablo Casado se abrió el pasado 14 de mayo, cuando ni se atisbaba una moción de censura para desalojar al PP del Gobierno, ni mucho menos un proceso de primarias en el partido. Ese día la jueza Carmen Rodríguez Medel requirió documentación a la Universidad Rey Juan Carlos sobre el máster de Casado.
La jueza recibió parte de la documentación que solicitaba y unos días más tarde, el 28 de mayo, dictó una nueva providencia en la que reclamaba más información a la Universidad sobre el máster de Casado. Por ejemplo, la solicitud de Casado para que le convalidasen las 18 asignaturas o quien integraba la Comisión que validó esas convalidaciones.
Ocho días más tarde, el 6 de junio, Mariano Rajoy anunció al Comité de Dirección del PP que dejaba la presidencia del partido sin designar un sucesor, como había hecho José María Aznar. Se abría entonces el periodo para presentar candidaturas.
La respuesta de la URJC a la última petición de la jueza tiene fecha de 11 de junio. En un escrito, el vicerrector de Posgrado, José María Álvarez Monzoncillo, asegura que "no consta en el Vicerrectorado ninguna solicitud por parte del interesado" y que "no hay constancia documental de la composición de dicho tribunal", en alusión a la Comisión de convalidaciones.
Con ese documentos en sus manos, la magistrada tomó la decisión el pasado viernes día 15 de junio de remitir un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en el que pedía que "se certifique la condición de diputado de don Pablo Casado Blanco". Es decir, para comprobar si está aforado ante el Tribunal Supremo, el órgano encargado de investigarle en caso de que la jueza crea que hay suficientes indicios contra él.
Además, la jueza también decidió imputar a Fernando Suárez, exrector de la URCJ, a Enrique Álvarez Conde, tutor de Casado en el máster y a una de las profesoras, Alicia López de los Mozos.
Dos días después, el lunes 18 de junio, Casado anunció por Twitter que se presentaba como candidato para dirigir el PP. Todos los papeles que firmó la jueza y que entregó la Universidad son previos a que el aspirante a suceder a Rajoy, que no estaba en ninguna quiniela, formalizase su candidatura a las puertas de la sede del partido.

29-6-18: Concentración por una calle para la Institución Libre de Enseñanza


Entrevista a Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y Ministra de Educación (Aitor Guenaga / Eduardo Azumendi / Irene Castro para EL DIARIO)

Reproducimos esta entrevista publicada en ELDIARIO.ES

"No tenemos ninguna razón para no fiarnos de Pablo Iglesias"

Isabel Celaá (Bilbao, 1949) se define como un "soldado" cuando se le pregunta si tuvo que darle vueltas al ofrecimiento de Pedro Sánchez de incorporarse a su gabinete como ministra de Educación y Formación Profesional. De la segunda parte del nombre del departamento hace especial gala por su etapa como consejera de Educación en Euskadi. Ahora es consciente de que trabaja en un Ejecutivo de urgencias, que, sobre todo, precisa de actuaciones rápidas y del que no solo se encarga del ministerio sino también de la portavocía del Consejo de Ministras. 
El presidente dice que quiere agotar la legislatura. ¿Sin presupuestos se puede agotar?
Claro que se puede agotar la legislatura, pero nosotros aspiramos a aprobar los presupuestos.
Pero la pregunta es que si en 2019 no hay nuevos presupuestos, si no son capaces de armar esa mayoría, ¿van a dar la palabra a los españoles?
No vamos a especular. Cada día tiene su afán.
En la oposición han utilizado mucho el verbo derogar, pero ahora usted usa revisar con la LOMCE, retocar la reforma laboral... ¿En el caso de la ley mordaza también van a estar en territorio medio o van a derogarla?
Si tuviéramos una mayoría en el Congreso para hacerlo, lo haríamos. Lo que pasa es que vamos a efectos prácticos y urgentes. No somos un gabinete de aprendices, sino de personas muy curtidas cada una en nuestra materia y vamos a resolver. En algunas de las leyes que menciona, la eliminación de los aspectos más controvertidos da un resultado aceptable.
¿Por ejemplo, la ultraactividad en el caso laboral?
Por ejemplo la ultraactividad. Lo ideal sería tener mayoría suficiente para aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores; pero para esto necesitamos acuerdo. Para eso vamos a trabajar. Aquí se trabaja a corto plazo y a medio plazo. Además, si queremos trabajar acompañándonos no solo de diálogo sino también de acuerdos es preciso mantener los asuntos que ciertamente no perjudican al resultado. Si removemos, retiramos, vaciamos, por ejemplo, los aspectos más controvertidos de la LOMCE que afectan a la igualdad, entonces el conjunto será aceptable, válido. Eso no quita para que sigamos trabajando en la consecución de un acuerdo educativo, ya veremos por dónde, para conseguir una ley actualizada.
Si no hay mayoría para derogar leyes como la reforma laboral o la ley mordaza, ¿confía en que la haya para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado?
Ya veremos. Cada día tiene su afán.
Y sus aliados.
Y sus aliados.
¿Qué le ha contado el presidente de su reunión secreta con Pablo Iglesias?
Que hay materias en las que hay posiciones que coinciden y en las que podremos acordar. Y esas materias las vamos a aprovechar.
¿Se fían ustedes de Pablo Iglesias?
No tenemos ninguna razón para no fiarnos. Nos fiamos de casi todos los partidos políticos y sus representantes. Ya iremos viendo en el camino cómo van asistiendo a sus compromisos.
¿Llegaron a algún acuerdo?
Ya digo que hay algunos asuntos en los que hay bases en las que coincidimos y hay que aprovecharlas.
Una de las materias en las que coinciden es en impulsar los permisos por paternidad y maternidad. ¿Este será un anuncio del presidente en los próximos días?
Él es dueño de su agenda y de sus declaraciones. Yo no se lo puedo adelantar. Eso tiene un coste económico.
Pero como ya está en el Congreso, ¿se puede hacer a través de esa vía?
Vamos a ver. Voy a ir al Senado por primera vez esta tarde (por el martes). La sesión la empieza el presidente.
El miércoles le pregunta Pablo Iglesias por esa cuestión.
Entonces estaremos muy atentos a la respuesta (ríe).
El desafío soberanista es el principal reto al que se enfrenta Sánchez. ¿Cree que con incorporar a la legalidad catalana la parte del Estatut que fue declarada inconstitucional va a ser suficiente para el presidente Quim Torra?
Se trata de abrir un nuevo ambiente. Esa ruta que plantea es muy interesante y hay que explorarla. Eso sin menoscabo de que durante el procedimiento emerjan otros nuevos factores que también se pueden explorar. Pero se trata de eso, de normalizar, de crear un nuevo ambiente que debe estar basado en confianza y diálogo y no ha habido ni diálogo ni confianza en las últimas fechas. La política es buscar un territorio común para poder avanzar y eso no significa que busquemos lo mismo, sino que busquemos un territorio para poder avanzar. Eso es lo que estamos viendo. En próximas fechas el presidente se reunirá con el president Torra.
¿Está cerrada la fecha ya?
No.
¿Ve factible la reforma de la Constitución en esta legislatura?
Siempre hemos dicho, en la oposición desde hace mucho tiempo, que queremos una reforma constitucional en clave federal. No queremos un proceso constituyente. Nos parece que la Constitución es una norma suprema de gran valor y queremos hacer determinadas reformas, pero con el acuerdo mayoritario.
¿Cabe la propuesta del PNV de relación confederal? ¿La bilateralidad pactada?
No estamos siquiera iniciando la reforma. La confederación no existe en estados confederales, existe en estados confederados. Existen estados federales, pero no confederales. Por tanto, valoramos las federaciones. Y la bilateralidad pactada es una confederación. Nosotros tenemos una bilateralidad en el concierto económico entre Euskadi y España.
¿Un gesto en esa distensión que busca el Gobierno puede ser la renuncia de Pedro Sánchez al cambio de la tipificación del delito de rebelión para adaptarlo a lo que pasó en Catalunya?
Eso no tiene nada que ver con Pedro Sánchez. Cambiar la tipificación es una cosa que corresponde al legislativo y al judicial en lo que significa hacer cumplir la ley y la interpretación. Otra cosa es que haya un impulso en el legislativo, que, de momento, no lo hay.
Pero Sánchez  anunció que llevaría al Congreso la reforma justo antes de presentar la moción de censura...
Ya lo veremos.
¿El traslado de los políticos presos a Catalunya sería otro gesto de distensión?
Es un gesto de normalidad. Si los políticos presos han estado a expensas del juez instructor, ha sido por una razón práctica. Una vez culminen las diligencias y el instructor no los requiera, la competencia pasa a Instituciones Penitenciarias y se procederá al traslado para que puedan estar junto a sus familias y abogados.
Y en cuanto a la instrucción del procés, ¿habrá un cambio en la posición de la Abogacía del Estado o la Fiscalía, que dependen del Gobierno?
Lo ignoro. Todavía no dispongo de esa información.
¿Pero podría suceder?
No diré nada al respecto.
Con el acercamiento de los presos, ¿temen una campaña de PP y Ciudadanos en contra?
Nosotros no tememos. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible para todos. Entonces, lo natural es que una vez concluyan las diligencias, los presos puedan ser trasladados a su lugar de origen. Es lo natural, es lo normal y es lo que vamos a hacer.
El presidente ha anunciado una política penitenciaria distinta, individualizada, para los presos de ETA. ¿En qué términos estamos hablando?
De esto no podemos hablar porque depende de muchos factores. Lo primero es que ETA ha desparecido y, por tanto, nuevas circunstancias requieren nuevas políticas. Y la política penitenciaria es una, pero nos moveremos con acuerdo. Igual que hemos tenido acuerdo en la forma en la que hemos terminado con ETA, porque ha sido el estado de derecho el que lo ha logrado, queremos mantener también el acuerdo para poder trabajar con lo resultante de los espantosos crímenes de ETA. España no merece que se vulneren los acuerdos. A través de los acuerdos el Estado ha terminado con ETA y vamos a seguir buscando el acuerdo para concluir una política penitenciaria que se ajuste a las nuevas circunstancias.
¿Todo esto no sería más factible hacerlo con un Gobierno de coalición con Unidos Podemos que con solo 84 diputados del PSOE?
El diseño fue un gobierno socialista, de urgencia, y que quiere llevar a cabo el programa socialista. Se puede acordar en la Cámara.
¿Va a ser posible conseguir el apoyo de Unidos Podemos para los presupuestos cuando requerirían también el respaldo de fuerzas de derechas para salir adelante?
Es irrelevante lo que yo crea. No dejaría de ser más que una opinión subjetiva. Lo importante es lo que vaya a ocurrir y fíjense lo que ha cambiado la política en ocho días. ¿La semana anterior habría corrido la misma suerte el pasaje del Aquarius que la que corrió con un Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Dónde estarían ahora? ¿Habría corrido la misma suerte el real decreto que se prepara para dar protección universal a la salud de no haber existido el gobierno de Pedro Sánchez?
Hay un Gobierno que adopta decisiones con rapidez, se tiene una crisis que se resuelve en horas, no en meses. Por tanto, se ha abierto una ventana de oportunidad y nosotros los percibimos. ¿Que sería más fácil o más difícil? No lo sabemos, pero nosotros hemos aportado esta fórmula, este Gobierno con personas preparadas, emocionadas y lo que observamos es que hay emoción ciudadana. 
Sobre esa crisis de horas, ¿qué diferencia hay entre Màxim Huerta y Luis Planas?
Muchísima. No tienen nada que ver los casos. El señor Planas no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Era un cargo público cuando algo ocurrió, pero no porque estuviera en el incidente, pero es que ya lo dijo el fiscal en 2017. Luis Planas es una persona que toda la vida se ha dedicado al servicio público; no tiene ningún problema, ninguna cuenta pendiente con la justicia.
¿Pero en este momento está imputado o no?
En este momento está imputado, pero es un caso que no le afecta personalmente a él. Hay imputaciones que se producen por causas penales y otras que son casos administrativos que se van revisando.
¿Ha sido un error nombrarle en el momento en que aún está imputado?
No ha sido ningún error. El señor Planas es un servidor público y ustedes han visto perfectamente cuál es el nivel de exigencia ética de este Gobierno. Y si ustedes ven que se ha actuado de una manera en un caso y de otra en otro, tienen la propia experiencia de que son casos distintos.
Respecto a su cartera de Educación y Formación Profesional, ¿cómo está el sistema educativo español?
La cuestión no es fácil, pero con el discurso pesimista no se va a ningún sitio ni se puede mejorar nada. El índice de abandono escolar alcanza el 18,5% y eso tiene muchas implicaciones. Es preciso que ese índice no se dispare ahora que mejora el mercado de trabajo y puede atraer a muchos jóvenes. El objetivo es alcanzar el 15% en 2020. La LOMCE ha supuesto un desvío en el camino para alcanzar los objetivos europeos. Ha introducido algunos elementos que suponen una vulneración de la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, en lo que estamos inmersos es en revisar y corregir determinados aspectos de la LOMCE. No podemos derogarla toda de golpe porque nos quedaríamos sin legislación. Por eso tenemos que ir desactivándola por partes.
¿A qué partes se refiere?
Por ejemplo, la ESO incorpora en tercer curso una doble línea para unas matemáticas orientadas a unas enseñanzas académicas y otras matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Y en cuarto de la ESO hay una doble titulación: enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas. Esta segregación resulta improcedente y no estamos de acuerdo con ella. Estamos analizando cómo modificarla. Tiene que ser de una forma segura jurídicamente y rápida. Hoy en día hay evidencias contrastadas de que la equidad mejora la excelencia y la excelencia la equidad.
Otro aspecto a modificar es el de la participación. La LOMCE introduce un procedimiento para elegir directores de los colegios, miembros de los consejos escolares…Y lo que queremos es avanzar en democracia, que las escuelas tengan una amplísima participación de la comunidad educativa, ya sean profesores, ya sean familias, alumnos… Y otra cuestión son los conciertos con centros educativos. La educación pública es el eje vertebrador del sistema, mientras que la concertada debe ser complementaria.
¿Será el Gobierno exigente con los compromisos adquiridos por los centros privados en la aceptación de la concertación?
Se trata de una exigencia soportada sobre la justicia. En general se puede decir que la educación pública está haciendo mayor esfuerzo con las personas con necesidades educativas especiales como con los alumnos con menos recursos. Pero es necesario contar con el talento de todos. El desafío está en que cada alumno y alumna aprenda lo más posible. A veces, algunos alumnos avanzan más lentamente en un momento determinado, pero se recuperan después. Lo que no podemos consentir es que mientras avanzan lentamente, se les separe y se les dirija a otro itinerario.
Respecto a los aspectos que quieren revisar de la LOMCE, ¿se van a modificar independientemente de que haya pacto educativo?
En el tema de la LOMCE se puede actuar de dos maneras. Por una parte, sentarse y empezar a hablar para lograr un pacto que termine en ley. Se trata de un proceso largo. Pero como tenemos que trabajar con urgencia iniciaré un diálogo con las comunidades educativas, con los agentes sociales para abordar la cuestión muy rápidamente.
¿Qué papel tiene que jugar la religión en el sistema educativo?
Prefiero hablar de las religiones más que de la religión en singular. Las religiones no deben tener valor académico si es que persisten en el currículo escolar. No deben tener nunca una asignatura alternativa como los valores éticos. Estos valores son universales y, por lo tanto, todos los alumnos y alumnas tienen que acercarse a la materia de los valores éticos.
¿Eso significa que el Gobierno va a recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía?
Es lo que estoy diciendo cuando me refiero a valores éticos. La ideologización se debe quedar a las puertas de la escuela. Todos tenemos legítimas ideologías, pero la educación tiene que estar por encima de eso porque de lo contrario jamás seremos capaces de llegar a acuerdos. Y la educación española necesita acordar para estabilizarse y dignificar en profundidad la profesión docente. Al igual que los mejores cirujanos deben operar los casos más difíciles, los mejores profesores tienen que estar en los colegios con más problemas.
¿Qué le parece la propuesta de un MIR para los docentes similar al proceso de especialización que siguen los médicos cuando terminan su carrera?
Hay que estudiarlo. Lo importante es que sirva para activar la carrera profesional.
Ver a los profesores en la calle reivindicando sus derechos habla muy poco en favor de la apuesta de un Gobierno por la educación.
Dignificar la labor docente es una obligación de todos. Durante la crisis se produjo un recorte del gasto público en educación. Vamos a trabajar con los Presupuestos del anterior Ejecutivo.
Pero no garantizan que el gasto público en educación se oriente hacia un 5% para 2020, tal y como el PSOE exigía cuando estaba en la oposición.
Lo que tenemos que hacer es trabajar con el Presupuesto que tenemos por una cuestión de responsabilidad. Ahora empezaremos con el proyecto de 2019. Nuestro objetivo en educación es homologar el gasto público en España en términos de PIB con el resto de los países europeos. De momento vamos a trabajar con lo que tenemos y en las prioridades que nos hemos marcado: una escuela inclusiva y de calidad. Muchas veces no hay que fijarse tanto en el monto como en el reparto. En política siempre hay que distinguir entre los objetivos deseables y los posibles.
¿Las becas relativas a las universidades dependen del Ministerio de Educación o corresponden el departamento de Pedro Duque?
Las becas están aquí. Tanto las universitarias como las no universitarias penden del Ministerio de Educación.
¿Va a llevar al próximo Consejo de Ministras un nuevo decreto sobre becas?
Para las becas hay una cantidad fija y tenemos que ver cómo hacerla más rentable. Estamos trabajando en ello hoy mismo y se verá el resultado en los próximos días. Primero tendrá que pasar por el Consejo Escolar.
¿Para usted es más importante darle más peso a la renta a la hora de conceder las becas?
Si empezamos a modificar todo el decreto de becas no llegamos a tiempo. Habrá cambios de importancia, pero tengo que conocer el impacto de las modificaciones. Nuestro objetivo es que cada alumno llegue a su máximo, que la escuela siga como ascensor social y transformadora de las circunstancias socioeconómicas de las familias.
En cuanto a la Formación Profesional, ¿está pensando en exportar el modelo de Euskadi?
Para empezar es una buena noticia que el Ministerio la incluya en su nombre. Hay que analizar cómo está funcionando en el conjunto del Estado. En Euskadi arrancamos con 124 alumnos y la llevamos a otro nivel para lo cual contamos con empresas que se prestaron a abrir sus puertas y a hacer una formación dual. Pensamos que era interesante que tuvieran un contrato de formación y aprendizaje con el que los alumnos reciben un salario, un seguro, Seguridad Social…
Aquí tengo que analizar en profundidad algunos de los proyectos a los que están llamando formación dual y abriré una ronda con los sectores afectados. Es imprescindible que haya también un acuerdo con Empleo porque el alumno tiene que tener un contrato de trabajo. Esto cuesta que arranque, pero es muy deseable. La Formación Profesional no puede ser el caladero de los que no van a bachiller porque se les dicen que no pueden. Hay que hacer FP marca España
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