Hemos recibido este correo:
Soy profesor de enseñanza secundaria, llevo muchos años en el oficio metido en las aulas, incluso al otro lado del mostrador, tanto que se me han curtido las carnes como tabernero y como parroquiano. Pero, esto de la pandemia me pilló por sorpresa, supongo que como a todos, excepto a aquellos adivinos de lo pasado que ahora reclaman para sí el mérito de la predicción a posteriori. En fin, con el paso cambiado, me reciclé confinado en artes ignotas. Con mi amigo google abrí tutoriales y de manera autodidacta aprendí programas de los que desconocía incluso su existencia, me volví experto en videoconferencias, en exámenes telemáticos, en procesos de evaluación a distancia que nunca me habían atraído lo más mínimo, manejaba términos anglosajones como si hubiese sido abducido por un alienígena, que si Jitsi, Meet, Zoom, Edmodo, Clasroom, mi dominio del medio se ganó con horas y horas bajo el flexo chamuscándome las retinas y quitándole horas al sueño.
Sabía que mi voluntarismo podría contra la pereza, que la falta de regulación específica del teletrabajo, -algo sé de derecho laboral y administrativo-, pone en cuestión la obligación del trabajador o del funcionario a prestar sus servicios desde su domicilio sin pacto previo, máxime utilizando sus propios medios técnicos, poniendo de su bolsillo los gastos de suministros, incluso la potencial vulneración de su propia imagen, renunciando al pudor de enseñarse en su propio habitat, con sus muebles y a sabiendas, -se conocían casos- de que algún indeseable subiese a Instagram parte de las videoconferencias con música de rap. Las Consejerías no ayudan, la de Madrid, menos, nunca ha sido proclive a la solidaridad con sus funcionarios ni a tenderles una mano en la necesidad, lo sabía, pero la vocación puede más, mejor dicho, la integridad del individuo, su dignidad y el respeto a los demás se antepone al propio interés. En general, salvo contadas excepciones, los profesores, el personal sanitario, los cajeros del hipermercado, los conductores de autobuses, los trabajadores honestos, somos así, nos gusta ganarnos el salario con el servicio prestado, no me echo flores que no se merezcan otros.
Lo que acaba con mi paciencia, lo que realmente me sume en el desconcierto y me revuelve la tripa grande es que se tomen medidas arbitrarias precisamente por aquellos que deben velar por el buen funcionamiento del engranaje. Cuento brevemente la historia y que cada uno juzgue y obtenga su conclusión, que ese acto es íntimo y no quiero pecar de convertir el escrito en una diatriba gratuita.
Un compañero lanza un examen virtual, complejo, porque hablamos de una Formación Profesional de grado superior, módulos que como se conoce, son convalidados parcialmente en los estudios universitarios cuando se accede al título de Grado. Realizado el examen que versa sobre un remix de contabilidad y matemática financiera, el profesor se percata de que dos alumnos con antecedentes académicos sospechosos, ambos repetidores, que realizaron la prueba en sus domicilios respectivos, tienen una coincidencia máxima en los problemas planteados, prácticamente son obra de un copista. Además, uno de ellos la entrega tarde, pasado el plazo de recepción. En todos los ejercicios desarrollados, se perciben indicios que hacen deducir con total seguridad que ha habido apaño. Errores idénticos, operativa extraña no utilizada en el aula, equívocos en las mismas operaciones, todo un rififí. Aún así corrige los ejercicios, naturalmente, puntuación idéntica: 4,2. Pero como estima que ha habido engaño, reparte sendos roscos.
Uno de los alumnos acepta la calificación, dobla la cerviz y asume, el otro plantea una reclamación, dudosa porque está fuera de plazo, no obstante, se admite. Nos reunimos telemáticamente todos los profesores de la especialidad del departamento y el Jefe de Estudios de Ciclos, en total, 11 almas. Analizamos uno por uno los ejercicios, sopesamos la exposición del profesor implicado, observamos la técnica del desarrollo en cada uno de los problemas, los símiles, las coincidencias, labor de trabajo intensa dedicándole mitad de una tarde. Llegamos a una conclusión irrefutable: el examen ha sido copiado, con seguridad, ninguno de los dos alumnos -conocidos por la mayoría- lo ha hecho, intuimos que un tercero confeccionó el examen y se lo pasó, es fácil, en wallapop pueden encontrarse mercenarios, lo sabemos, ellos también, tienen más interés. Nos reafirmamos en la calificación, sin ningún atisbo de la más mínima duda, repetimos el 0.
El alumno reclama a Inspección, se revisan las actuaciones y se entrega el examen a un corrector independiente experto en la materia, que no es otro que un compañero de especialidad con destino en otro centro, que corrige sólo la prueba del alumno protestón. Calificación: 4,7 suspenso. No se tienen en cuenta las actuaciones previas, de nada sirvió la opinión del profesor, la investigación por parte del departamento, los antecedentes de los alumnos, las pruebas indiciarias de la copia, la media tarde de los 11 bobos. La desacreditación es constante y continua, en la mayor parte de las reclamaciones. No es razonable que la opinión de los docentes que conocen al alumno, gestionan su calificación, se reúnen y adoptan por consenso un criterio determinado, quede desacreditada con posterioridad cuando Inspección acuerda la revocación de ese argumentario para dictaminar otra valoración distinta a la adoptada.
Esta reiteración en el fallo a favor de las reclamaciones de los alumnos genera, no solo la proliferación de esas revisiones o la normalización de conductas deshonestas, -como en el caso que nos ocupa- que no son sancionadas con un criterio de justicia, sino el cuestionamiento por parte de la sociedad en general del buen hacer del docente, la pérdida de su reputación y la controversia de su integridad como autoridad.
José Díaz González
Profesor de Enseñanza Secundaria en Alcorcón
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
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martes, 16 de junio de 2020
jueves, 21 de mayo de 2020
CCOO denuncia a la Consejería de Educación ante la Inspección de Trabajo por su falta de criterio a la hora de distribuir el insuficiente material sanitario en los centros educativos (20-5-2020. Federación de Enseñanza CCOO-Madrid)
Los equipos directivos deben adquirir el material sanitario para sus centros a cargo de sus propios gastos de funcionamiento.
20/05/2020.
CCOO ha denunciado a la Consejería de Educación de Madrid ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por infringir la Normativa de prevención de riesgos laborales y no respetar las medidas reguladas para la fase 0 de desescalada en la que se encuentra Madrid.
CCOO ha sabido que las Direcciones de Área Territorial de la Comunidad de Madrid han enviado a los centros públicos de la Comunidad unas instrucciones para que retiren los equipos de protección para que el personal de los centros pueda regresar en condiciones sanitarias seguras. Sin embargo, estas instrucciones no aluden al preceptivo informe de evaluación de riesgos del Servicio de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, ni a las medidas preventivas ante el riesgo de contagio.
Los equipos directivos de los centros han recogido entre una y cuatro cajas de 50 mascarillas, así como hasta un máximo de tres botellas de medio litro de gel hidroalcohólico, pero no han recibido información sobre si se va a tratar de una única entrega de material o de varias, ni de las cantidades que percibirán ni de la periodicidad con que se harán las entregas; tampoco de si se va a entregar otro tipo de material, tal como guantes o pantallas protectoras. La Consejería no ha trazado un plan previo ni tiene criterios claros de reparto, lo que está provocando que algunos centros hayan recibido material y otros no.
La única certeza apunta a todo lo contrario, esto es, que deberán ser los centros educativos los que corran con los gastos del material que necesiten a cuenta de sus gastos de funcionamiento, lo cual, en una situación de recorte de un 40% en la asignación a los centros que se lleva arrastrando desde hace años, va a dificultar en gran medida que puedan financiar el material sanitario necesario. Baste decir que los centros acaban de recibir el 25% de su asignación hace muy poco tiempo, lo que puede dar una idea del escaso margen de maniobra con el que van a contar los centros para adquirir el material sanitario.
CCOO lleva semanas alertando de la necesidad de convocar a los Comités de seguridad y salud de las distintas Direcciones de Área Territorial y a los delegados de prevención de CCOO para realizar una evaluación de riesgos con carácter de urgencia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de la Administración.
Asimismo, ha denunciado que ni los equipos directivos ni el personal docente ni el de administración y servicios han recibido la formación para utilizar estos equipos, lo que podría ocasionar graves problemas de salud pública.
CCOO denuncia una vez más la errática política sanitaria de la Consejería de Educación y advierte de que seguirá acudiendo a la Inspección de Trabajo seguir denunciando ante la Inspección de Trabajo las infracciones contra la salud pública en los centros educativos.
20/05/2020.
CCOO ha denunciado a la Consejería de Educación de Madrid ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por infringir la Normativa de prevención de riesgos laborales y no respetar las medidas reguladas para la fase 0 de desescalada en la que se encuentra Madrid.
CCOO ha sabido que las Direcciones de Área Territorial de la Comunidad de Madrid han enviado a los centros públicos de la Comunidad unas instrucciones para que retiren los equipos de protección para que el personal de los centros pueda regresar en condiciones sanitarias seguras. Sin embargo, estas instrucciones no aluden al preceptivo informe de evaluación de riesgos del Servicio de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, ni a las medidas preventivas ante el riesgo de contagio.
Los equipos directivos de los centros han recogido entre una y cuatro cajas de 50 mascarillas, así como hasta un máximo de tres botellas de medio litro de gel hidroalcohólico, pero no han recibido información sobre si se va a tratar de una única entrega de material o de varias, ni de las cantidades que percibirán ni de la periodicidad con que se harán las entregas; tampoco de si se va a entregar otro tipo de material, tal como guantes o pantallas protectoras. La Consejería no ha trazado un plan previo ni tiene criterios claros de reparto, lo que está provocando que algunos centros hayan recibido material y otros no.
La única certeza apunta a todo lo contrario, esto es, que deberán ser los centros educativos los que corran con los gastos del material que necesiten a cuenta de sus gastos de funcionamiento, lo cual, en una situación de recorte de un 40% en la asignación a los centros que se lleva arrastrando desde hace años, va a dificultar en gran medida que puedan financiar el material sanitario necesario. Baste decir que los centros acaban de recibir el 25% de su asignación hace muy poco tiempo, lo que puede dar una idea del escaso margen de maniobra con el que van a contar los centros para adquirir el material sanitario.
CCOO lleva semanas alertando de la necesidad de convocar a los Comités de seguridad y salud de las distintas Direcciones de Área Territorial y a los delegados de prevención de CCOO para realizar una evaluación de riesgos con carácter de urgencia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de la Administración.
Asimismo, ha denunciado que ni los equipos directivos ni el personal docente ni el de administración y servicios han recibido la formación para utilizar estos equipos, lo que podría ocasionar graves problemas de salud pública.
CCOO denuncia una vez más la errática política sanitaria de la Consejería de Educación y advierte de que seguirá acudiendo a la Inspección de Trabajo seguir denunciando ante la Inspección de Trabajo las infracciones contra la salud pública en los centros educativos.
Fuente: feccoo-madrid.org
lunes, 3 de febrero de 2020
La Carlos III de Madrid ofrece créditos a sus estudiantes a cambio de labores por las que antes pagaban a becarios (Daniel Sánchez Caballero y Nando Ochando en eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero y Nando Ochando publicado en eldiario.es
Serían trabajadores, como asegura la Inspección de Trabajo, o no, según defiende la Universidad Carlos III, pero la UC3M está notando el cierre del programa de becas extracurriculares (las que no están relacionadas con los estudios). Reducción de horarios de atención a la comunidad universitaria, ralentización de los servicios e incluso la supresión de alguna prestación menor son algunas de las consecuencias que ya están sufriendo los campus.
A principios de año y tras varias visitas a los diferentes campus del centro, la Inspección de Trabajo dictaminó que la UC3M lleva al menos cuatro años utilizando las becas extracurriculares que da a estudiantes para hacer labores estructurales que, según la inspección, debería realizar personal laboral. El organismo impuso un pago de 1,5 millones de euros a la universidad y cambió motu proprio el grupo de cotización a la Seguridad Social de los (supuestos) becarios y becarias. La demanda afecta a casi 600 estudiantes, cerca de 300 estaban en activo en el momento de las visitas de la inspección.
La universidad se afana en buscar soluciones a esta ausencia sobrevenida de 270 personas en labores sobre todo administrativas (los becarios ejercían junto a los funcionarios en servicios de atención a estudiantes, profesores, bibliotecas, el servicio informático, etc.). La última ocurrencia de la universidad ha sorprendido a empleados y estudiantes. Esta semana, el departamento de Centro de Orientación de Estudiantes de la UC3M –el mismo que gestionaba las (¿falsas?) becas– ha enviado un email a todos los estudiantes en el que busca voluntarios y voluntarias para hacer la labor que hasta ahora hacían cobrando por horas los becarios en eventos como la Feria de Educación Aula o a las jornadas de puertas abiertas de la universidad.
- El cierre del sistema de becas tras recibir un acta de la Inspección de Trabajo por utilizar a becarios como trabajadores empieza a afectar al campus
Serían trabajadores, como asegura la Inspección de Trabajo, o no, según defiende la Universidad Carlos III, pero la UC3M está notando el cierre del programa de becas extracurriculares (las que no están relacionadas con los estudios). Reducción de horarios de atención a la comunidad universitaria, ralentización de los servicios e incluso la supresión de alguna prestación menor son algunas de las consecuencias que ya están sufriendo los campus.
A principios de año y tras varias visitas a los diferentes campus del centro, la Inspección de Trabajo dictaminó que la UC3M lleva al menos cuatro años utilizando las becas extracurriculares que da a estudiantes para hacer labores estructurales que, según la inspección, debería realizar personal laboral. El organismo impuso un pago de 1,5 millones de euros a la universidad y cambió motu proprio el grupo de cotización a la Seguridad Social de los (supuestos) becarios y becarias. La demanda afecta a casi 600 estudiantes, cerca de 300 estaban en activo en el momento de las visitas de la inspección.
La universidad se afana en buscar soluciones a esta ausencia sobrevenida de 270 personas en labores sobre todo administrativas (los becarios ejercían junto a los funcionarios en servicios de atención a estudiantes, profesores, bibliotecas, el servicio informático, etc.). La última ocurrencia de la universidad ha sorprendido a empleados y estudiantes. Esta semana, el departamento de Centro de Orientación de Estudiantes de la UC3M –el mismo que gestionaba las (¿falsas?) becas– ha enviado un email a todos los estudiantes en el que busca voluntarios y voluntarias para hacer la labor que hasta ahora hacían cobrando por horas los becarios en eventos como la Feria de Educación Aula o a las jornadas de puertas abiertas de la universidad.
¿Trabajar por tres créditos?
A cambio de esta labor, la universidad ofrece tres créditos optativos. Los créditos ECTS son el estándar con el que se mide el trabajo en la Universidad. Cada uno equivale a entre 25 y 30 de trabajo. Una asignatura estándar otorga seis créditos y un grado de cuatro años tiene 240 créditos. Por si los tres créditos parecen insuficientes, la universidad añade que "esta experiencia puede mejorar tus habilidades transversales".
"Es una oferta rara", comentan fuentes sindicales del centro, dado que los créditos optativos deberían provenir de una asignatura, no de pasar un día enseñando las virtudes de estudiar en la UC3M a estudiantes de Secundaria. Este diario ha preguntado a la universidad por esta oferta y por cómo está afectando la ausencia de estudiantes en las tareas administrativas, pero no ha obtenido respuesta.
"A los que estáis pensando en ser voluntarios, os recomiendo que no vayáis a Aula", escribía en Twitter Ricardo Ruiz, exbecario de la universidad y con experiencia en ese evento. "Hay momentos en los que no das abasto de la cantidad de gente que hay. Solo merece la pena ir si se cobra, porque es un trabajo", asegura.
La reacción de la universidad ante el varapalo de la Inspección fue cerrar el programa de becas extracurriculares con carácter inmediato. Se acabaron los becarios. Y para no ser trabajadores su ausencia se está notando por todo el campus, según explican empleados del centro y los propios estudiantes.
Ha sido ahora, al dar comienzo el segundo cuatrimestre académico hace apenas una semana, cuando los servicios que antes disponían de becarios se han visto afectados. Las plazas ocupadas anteriormente por estudiantes no han sido sustituidas desde inicio de año por empleados regulares después de la resolución de Inspección de Trabajo.
En la mayoría de los casos es el Personal de Administración y Servicios (PAS) quien está asumiendo las labores de las que antes se hacían cargo los estudiantes acogidos a las becas extracurriculares en cuestión. A pesar del mayor volumen de trabajo "se intenta no dejar de dar servicio", comenta una de las funcionarias consultadas, "para no perjudicar al usuario".
Gran cantidad de departamentos en la UC3M han estado echando mano de este tipo de becas durante los últimos años y ahora han tenido que redistribuir tareas entre los miembros del equipo contratado. Es el caso de la biblioteca, donde se originó este conflicto laboral con una estudiante. Las funcionarias han asumido las tareas de las que se ocupaban los becarios y han tenido que suprimir algunos servicios de apoyo a la investigación. El escaneo de documentos y la edición de material audiovisual de la biblioteca se ha convertido en "autoservicio" y ahora los investigadores tienen dos opciones: o lo hacen ellos o esperan a que alguien tenga un rato. "No dicen que ya no lo hagan, pero tampoco cuándo lo harán", explica un profesor.
El servicio de audiovisuales, encargado de instalar micrófonos y de la asistencia en las salas multimedia, ha suprimido su servicio por la tarde. En informática, que tenía más becarios que funcionarios, eran los estudiantes quienes acudían en primera instancia a arreglar problemas técnicos, labor que ya no podrán hacer.
La Delegación de Estudiantes ha tenido que interrumpir su atención al estudiante, que dependía de un alumno becado. A raíz de esto, el alquiler de taquillas gestionado por los representantes del alumnado se ha suspendido temporalmente, igual que otras gestiones, como resolución de dudas académicas y administrativas, de las que antes dependía el alumno con beca. "Estas tareas se repartirán entre los y las delegadas como buenamente podamos hasta que la universidad ofrezca una solución", aseguran desde la Delegación de Estudiantes.
De momento, y dado que la UC3M está en opacidad informativa (este diario ha escrito tres veces pidiendo información, ninguna de ellas ha obtenido respuesta), todo son incógnitas de cara al futuro. La actuación del centro, cerrando el programa de becas extracurriculares, apunta a la no conformidad con el acta de Trabajo, por lo que lo más probable es que la situación acabe en un juzgado.
La UC3M no está sola en esta situación. La Inspección de Trabajo ha detectado que los campus son terreno sembrado para los falsos becarios –según su interpretación– y ha aumentado las visitas a las universidades. La Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), la Politècnica de Barcelona (UPC) o la Autónoma de Madrid (UAM) han sufrido la visita de los inspectores.
La UAM fue denunciada antes del pasado verano y emprendió la vía judicial. En aquel caso, una juez de primera instancia dio la razón a la universidad: sus becarios no son trabajadores y el programa cumple con la normativa vigente. El caso está a la espera de que Trabajo y las defensas de los becarios presenten sus anunciados recursos. De la resolución de este caso y del de la UC3M puede depender todo el sistema de becas extracurriculares de la universidad. En 2013, último año del que hay datos completos en el Ministerio de Universidades, había 7.000 estudiantes ocupando una de estas becas en toda España.
A cambio de esta labor, la universidad ofrece tres créditos optativos. Los créditos ECTS son el estándar con el que se mide el trabajo en la Universidad. Cada uno equivale a entre 25 y 30 de trabajo. Una asignatura estándar otorga seis créditos y un grado de cuatro años tiene 240 créditos. Por si los tres créditos parecen insuficientes, la universidad añade que "esta experiencia puede mejorar tus habilidades transversales".
"Es una oferta rara", comentan fuentes sindicales del centro, dado que los créditos optativos deberían provenir de una asignatura, no de pasar un día enseñando las virtudes de estudiar en la UC3M a estudiantes de Secundaria. Este diario ha preguntado a la universidad por esta oferta y por cómo está afectando la ausencia de estudiantes en las tareas administrativas, pero no ha obtenido respuesta.
"A los que estáis pensando en ser voluntarios, os recomiendo que no vayáis a Aula", escribía en Twitter Ricardo Ruiz, exbecario de la universidad y con experiencia en ese evento. "Hay momentos en los que no das abasto de la cantidad de gente que hay. Solo merece la pena ir si se cobra, porque es un trabajo", asegura.
La reacción de la universidad ante el varapalo de la Inspección fue cerrar el programa de becas extracurriculares con carácter inmediato. Se acabaron los becarios. Y para no ser trabajadores su ausencia se está notando por todo el campus, según explican empleados del centro y los propios estudiantes.
Ha sido ahora, al dar comienzo el segundo cuatrimestre académico hace apenas una semana, cuando los servicios que antes disponían de becarios se han visto afectados. Las plazas ocupadas anteriormente por estudiantes no han sido sustituidas desde inicio de año por empleados regulares después de la resolución de Inspección de Trabajo.
En la mayoría de los casos es el Personal de Administración y Servicios (PAS) quien está asumiendo las labores de las que antes se hacían cargo los estudiantes acogidos a las becas extracurriculares en cuestión. A pesar del mayor volumen de trabajo "se intenta no dejar de dar servicio", comenta una de las funcionarias consultadas, "para no perjudicar al usuario".
Gran cantidad de departamentos en la UC3M han estado echando mano de este tipo de becas durante los últimos años y ahora han tenido que redistribuir tareas entre los miembros del equipo contratado. Es el caso de la biblioteca, donde se originó este conflicto laboral con una estudiante. Las funcionarias han asumido las tareas de las que se ocupaban los becarios y han tenido que suprimir algunos servicios de apoyo a la investigación. El escaneo de documentos y la edición de material audiovisual de la biblioteca se ha convertido en "autoservicio" y ahora los investigadores tienen dos opciones: o lo hacen ellos o esperan a que alguien tenga un rato. "No dicen que ya no lo hagan, pero tampoco cuándo lo harán", explica un profesor.
El servicio de audiovisuales, encargado de instalar micrófonos y de la asistencia en las salas multimedia, ha suprimido su servicio por la tarde. En informática, que tenía más becarios que funcionarios, eran los estudiantes quienes acudían en primera instancia a arreglar problemas técnicos, labor que ya no podrán hacer.
La Delegación de Estudiantes ha tenido que interrumpir su atención al estudiante, que dependía de un alumno becado. A raíz de esto, el alquiler de taquillas gestionado por los representantes del alumnado se ha suspendido temporalmente, igual que otras gestiones, como resolución de dudas académicas y administrativas, de las que antes dependía el alumno con beca. "Estas tareas se repartirán entre los y las delegadas como buenamente podamos hasta que la universidad ofrezca una solución", aseguran desde la Delegación de Estudiantes.
De momento, y dado que la UC3M está en opacidad informativa (este diario ha escrito tres veces pidiendo información, ninguna de ellas ha obtenido respuesta), todo son incógnitas de cara al futuro. La actuación del centro, cerrando el programa de becas extracurriculares, apunta a la no conformidad con el acta de Trabajo, por lo que lo más probable es que la situación acabe en un juzgado.
La UC3M no está sola en esta situación. La Inspección de Trabajo ha detectado que los campus son terreno sembrado para los falsos becarios –según su interpretación– y ha aumentado las visitas a las universidades. La Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), la Politècnica de Barcelona (UPC) o la Autónoma de Madrid (UAM) han sufrido la visita de los inspectores.
La UAM fue denunciada antes del pasado verano y emprendió la vía judicial. En aquel caso, una juez de primera instancia dio la razón a la universidad: sus becarios no son trabajadores y el programa cumple con la normativa vigente. El caso está a la espera de que Trabajo y las defensas de los becarios presenten sus anunciados recursos. De la resolución de este caso y del de la UC3M puede depender todo el sistema de becas extracurriculares de la universidad. En 2013, último año del que hay datos completos en el Ministerio de Universidades, había 7.000 estudiantes ocupando una de estas becas en toda España.
domingo, 10 de febrero de 2019
Comunicado del Ministerio de Hacienda sobre donativos en colegios concertados (05-02-19)
Deducciones de las cuotas de los colegios concertados: ¿son ilegales? (Diego G. Moreno en 20minutos.es)
Artículo de Diego G. Moreno en 20minutos.es
- La ministra de Hacienda avisa del fraude que supone desgravarse estas cuotas como donaciones.
- El importe total de las deducciones podría superar los 1.000 millones de euros, según el Gobierno.
La educación concertada se encuentra en el punto de mira del nuevo Ejecutivo. Si el pasado mes de octubre la ministra de Educación Isabel Celaá avisaba de que el Gobierno iba a analizar los pagos que las familias realizan a los colegios concertados al considerar "altísimas" las cuotas, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, avisó el martes de que es ilegal que estos pagos se deduzcan como donaciones. La oposición lo considera un mazazo a este tipo de educación.
¿Cómo funcionan las deducciones de donaciones?
Según la Ley 49/2002 del 23 de diciembre sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, los contribuyentes tienen derecho a desgravarse los donativos "a las fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas de utilidad pública".
¿Y en los colegios concertados?
Una gran parte de colegios concertados utilizan el modelo de las donaciones a fundaciones para las cuotas que los padres pagan porque sus hijos estén en el centro. Según datos de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), en España se exigen a cada alumno, de media, 159 euros al mes "de manera obligatoria", a pesar de que por ley no pueden hacerlo.
¿Cuánto dinero se podía desgravar de estas cuotas?
Tomando estas cuotas como donaciones, la ley permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros y un 30% para el resto de la donación. Si una familia hubiera pagado 1.000 euros al año (100 euros por los diez meses que dura el curso desde septiembre hasta junio), podría deducirse 367 euros.
¿Por qué Hacienda ve un posible fraude?
Según destacó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en televisión, la Agencia Tributaria no considera un donativo a estas cuotas porque es el dinero que pagan las familias de los alumnos de la concertada "se entrega a cambio de una prestación".
¿Cuantas familias podrían haberse desgravado?
Según el Estudio de Precios de Colegios Concertados Nacional, publicado por Ceapa el pasado mes de junio, la educación concertada supone el 28% del total de centros escolares, uno de los porcentajes más altos de los países de nuestro entorno. La organización destaca que el 96,36% de los colegios obliga a las familias a pagar una cuota. En regiones como Madrid y Cataluña, esta cifra ronda el 100%.
¿Hasta que año se podría exigir esta devolución?
La Agencia Tributaria podría realizar los trámites para exigir estas cantidades a los contribuyentes desde los considerados años fiscales no prescritos, es decir, hasta 2014. De esta manera un familiar que se hubiera deducido estos 367 durante cuatro años le debería a las arcas públicas 1.468 euros.
¿En cuánto dinero cifra el gobierno la devolución?
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, destacó el martes en el Congreso de los Diputados –sin dar muchos datos porque pasaba la pelota de las competencias a Hacienda– que "el cómputo de estas deducciones supera los 1.000 millones de euros".
¿Además de la devolución podría haber sanción?
El expresidente de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz Jarabo apuntó en declaraciones recogidas por Europa Press a que habría sanción y podría llegar al 50% de la cantidad a devolver además de los intereses de demora. En el ejemplo anterior, a los 1.468 euros de devolución a la Agencia Tributaria se sumarían 734, con lo que el total de deuda superaría los 2.200 euros.
¿Es la primera vez que hacienda apunta al fraude?
Lo cierto es que la Agencia Tributaria lleva "años" advirtiendo de que la desgravación de las cuotas era ilegal.En un comunicado remitido el martes, el ministerio de Hacienda destacaba que "no se ha producido ningún cambio legal ni de criterio".
¿Se ha iniciado una campaña de inspección al respecto?
En el mismo comunicado, Hacienda reitera que "no existe una campaña general de inspección de la Agencia Tributaria" sobre estos donativos. "Simplemente se vienen realizando controles puntuales desde hace tiempo". Eso sí, el ministerio avisa de que "se exigirá la regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como donación lo que en realidad es el pago por un servicio".
Preguntas y respuestas sobre la polémica de las deducciones en el IRPF de las donaciones a colegios concertados (Rodrigo Ponce de León y Carmen Moraga en eldiario.es)
Artículo de Rodrigo Ponce de León y Carmen Moraga en eldiario.es
- Ciudadanos acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar una campaña para que Hacienda fiscalice las deducciones del IRPF que los padres de niños en colegios concertados se aplican a partir de donaciones
- Las donaciones a fundaciones de los colegios concertados permiten una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros y un 30% para el resto de la donación
- Las asociaciones de padres tienen posiciones divergentes. Ceapa señala que "casi la totalidad de concertados infringen la gratuidad de la educación obligatoria" y en Concapa apuntan que "las donaciones son totalmente legales y altruistas"
Damos algunas respuestas para despejar dudas sobre donaciones y colegios concertados.
¿Qué se puede deducir en los donativos a los colegios concertados?
Las donaciones a fundaciones de los colegios concertados permiten una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros y un 30% para el resto de la donación.
¿Cuáles son las condiciones que exige la Agencia Tributaria para aplicar las deducciones a estas donaciones?
La Ley de IRPF establece que, excluyendo las aportaciones a partidos políticos, para tener derecho a la deducción por donativos, deben estar dirigidos a "una fundación legalmente reconocida que rinda cuentas al órgano del protectorado correspondiente, o bien una asociación declarada de utilidad pública".
La Ley Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo establece que "darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples" siempre y cuando "no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o futura".
Además, la Dirección General de Tributos añade que “como regla general, las cuotas satisfechas por los socios a las asociaciones de las que son miembros no tienen carácter deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por cuanto que las aportaciones realizadas por este concepto no resultan asimilables a las aportaciones que se realizan a título de donación al no concurrir en aquéllas las notas que caracterizan a éstas: Su carácter voluntario y el ánimo de liberalidad con que se realizan".
¿Cuál es la denuncia de Ciudadanos?
Ciudadanos acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar una campaña para que los padres no puedan deducir en el IRPF las donaciones a estos centros. Según el calculo realizado por Ciudadanos, "para el pago anual de 1.000 euros, el aumento a pagar por IRPF sería de 367 euros por hijo a causa de la pérdida de la deducción".
La eliminación de la deducción provocaría que los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. "Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado pero pondría en riesgo las cuentas del colegio, que podrían verse obligados a subir las cuotas a las familias", según el escrito presentado por Ciudadanos en el Congreso.
También considera "alarmante" que el ministerio de Hacienda haya "dejado abierta la puerta” a la devolución de los últimos tres años de las deducciones de las cuotas pagadas por las familias que han optado por la escuela concertada. "Nos parece mal utilizar los impuestos como algo ideológico, gravar aquello que al Gobierno no le gusta. Encima es retroactivo y afecta contra la seguridad jurídica", según ha afirmado en el Congreso el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
¿Hay una campaña de Hacienda para investigar los donativos a los colegios concertados?
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que no. "Se vienen realizando controles puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio. La regularización se produce cuando la Agencia Tributaria detecta una contraprestación por ese pago; es decir, cuando el supuesto donativo financia una actividad ordinaria del colegio que repercute en el alumno. En ese caso no es un donativo y se regulariza: se elimina la deducción en el IRPF".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que algunas familias se han desgravado estas cuotas al considerarlas como una donación, cuando en realidad se trata de "un dinero que se entrega a cambio de una prestación" y, por tanto, "no puede seguir estos parámetros".
La ministra ha apuntado que la "mayoría de las familias" han consignado estas cuotas "adecuadamente" y no ha habido "ningún problema", y añadió que en el caso de los padres que han declarado las cantidades como donación, le corresponderá a la Agencia Tributaria decidir si ha habido una "clara interpretación de la norma" y si no es así, se le pedirá a la familia que haga una declaración complementaria para devolver lo desgravado.
¿Cuáles son los elementos que se ponen en duda por la Agencia Tributaria?
La Agencia Tributaria considera que las entregas que realizan los padres de los alumnos tienen causa directa en los servicios de enseñanza recibidos, por lo que cree que "poca duda cabe que de no darse esta condición no existirían dichas entregas".
El carácter periódico mensual de los pagos (solo de septiembre a junio), junto con el cese en el momento en que los alumnos finalizan sus estudios y el importe fijo en función del número de hijos que son alumnos del centro lleva a la Administración Tributaria a rechazar la existencia de una donación.
La Dirección General de Tributos especifica que "la existencia de este ánimo de liberalidad resulta una cuestión de difícil determinación, puesto que dependerá de las concretas circunstancias que concurran en cada caso. Con carácter general, puede afirmarse que para la determinación de la existencia o no de este ánimo de liberalidad deberá acudirse a criterios de carácter objetivo, de forma que no se tendrán en cuenta las motivaciones subjetivas de las personas que satisfacen tales cuotas, debiéndose atender, en particular, a los derechos que, a cambio del pago de tales cuotas, otorguen a quienes las satisfacen los estatutos de la correspondiente asociación".
En definitiva, las aportaciones serán deducibles en la medida que se trate de entidades beneficiarias contempladas en la Ley 49/2002, en que concurran las notas que caracterizan a las donaciones: su carácter voluntario y el ánimo de liberalidad con que se realiza.
¿Qué se puede deducir en los donativos a los colegios concertados?
Las donaciones a fundaciones de los colegios concertados permiten una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros y un 30% para el resto de la donación.
¿Cuáles son las condiciones que exige la Agencia Tributaria para aplicar las deducciones a estas donaciones?
La Ley de IRPF establece que, excluyendo las aportaciones a partidos políticos, para tener derecho a la deducción por donativos, deben estar dirigidos a "una fundación legalmente reconocida que rinda cuentas al órgano del protectorado correspondiente, o bien una asociación declarada de utilidad pública".
La Ley Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo establece que "darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples" siempre y cuando "no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o futura".
Además, la Dirección General de Tributos añade que “como regla general, las cuotas satisfechas por los socios a las asociaciones de las que son miembros no tienen carácter deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por cuanto que las aportaciones realizadas por este concepto no resultan asimilables a las aportaciones que se realizan a título de donación al no concurrir en aquéllas las notas que caracterizan a éstas: Su carácter voluntario y el ánimo de liberalidad con que se realizan".
¿Cuál es la denuncia de Ciudadanos?
Ciudadanos acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar una campaña para que los padres no puedan deducir en el IRPF las donaciones a estos centros. Según el calculo realizado por Ciudadanos, "para el pago anual de 1.000 euros, el aumento a pagar por IRPF sería de 367 euros por hijo a causa de la pérdida de la deducción".
La eliminación de la deducción provocaría que los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. "Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado pero pondría en riesgo las cuentas del colegio, que podrían verse obligados a subir las cuotas a las familias", según el escrito presentado por Ciudadanos en el Congreso.
También considera "alarmante" que el ministerio de Hacienda haya "dejado abierta la puerta” a la devolución de los últimos tres años de las deducciones de las cuotas pagadas por las familias que han optado por la escuela concertada. "Nos parece mal utilizar los impuestos como algo ideológico, gravar aquello que al Gobierno no le gusta. Encima es retroactivo y afecta contra la seguridad jurídica", según ha afirmado en el Congreso el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
¿Hay una campaña de Hacienda para investigar los donativos a los colegios concertados?
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que no. "Se vienen realizando controles puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio. La regularización se produce cuando la Agencia Tributaria detecta una contraprestación por ese pago; es decir, cuando el supuesto donativo financia una actividad ordinaria del colegio que repercute en el alumno. En ese caso no es un donativo y se regulariza: se elimina la deducción en el IRPF".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que algunas familias se han desgravado estas cuotas al considerarlas como una donación, cuando en realidad se trata de "un dinero que se entrega a cambio de una prestación" y, por tanto, "no puede seguir estos parámetros".
La ministra ha apuntado que la "mayoría de las familias" han consignado estas cuotas "adecuadamente" y no ha habido "ningún problema", y añadió que en el caso de los padres que han declarado las cantidades como donación, le corresponderá a la Agencia Tributaria decidir si ha habido una "clara interpretación de la norma" y si no es así, se le pedirá a la familia que haga una declaración complementaria para devolver lo desgravado.
¿Cuáles son los elementos que se ponen en duda por la Agencia Tributaria?
La Agencia Tributaria considera que las entregas que realizan los padres de los alumnos tienen causa directa en los servicios de enseñanza recibidos, por lo que cree que "poca duda cabe que de no darse esta condición no existirían dichas entregas".
El carácter periódico mensual de los pagos (solo de septiembre a junio), junto con el cese en el momento en que los alumnos finalizan sus estudios y el importe fijo en función del número de hijos que son alumnos del centro lleva a la Administración Tributaria a rechazar la existencia de una donación.
La Dirección General de Tributos especifica que "la existencia de este ánimo de liberalidad resulta una cuestión de difícil determinación, puesto que dependerá de las concretas circunstancias que concurran en cada caso. Con carácter general, puede afirmarse que para la determinación de la existencia o no de este ánimo de liberalidad deberá acudirse a criterios de carácter objetivo, de forma que no se tendrán en cuenta las motivaciones subjetivas de las personas que satisfacen tales cuotas, debiéndose atender, en particular, a los derechos que, a cambio del pago de tales cuotas, otorguen a quienes las satisfacen los estatutos de la correspondiente asociación".
En definitiva, las aportaciones serán deducibles en la medida que se trate de entidades beneficiarias contempladas en la Ley 49/2002, en que concurran las notas que caracterizan a las donaciones: su carácter voluntario y el ánimo de liberalidad con que se realiza.
¿Qué dicen las asociaciones de padres?
La Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa) hizo público un informe en 2018 en el que señalaba que "casi la totalidad de concertados infringen la gratuidad de la educación obligatoria". El 96,4 % de los centros concertados cobran "cuotas elevadas" a las familias a pesar de que la educación obligatoria -hasta los 16 años- es gratuita por ley y por la Constitución, y de media se exigen 159 euros al mes, siendo Cataluña y Madrid las comunidades autónomas donde los pagos son más altos.
Una "tendencia creciente" es la creación de fundaciones ligadas a la actividad de los coles y a las familias se les pide el pago de la cuota "supuestamente voluntaria" como si fuera una donación, ha enfatizado la Ceapa.
Según el informe "la estructura de precios no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario". Así, en el 63% de los casos es una cuota obligatoria, en el 9% se dice que es voluntaria, en el 6% es una opción flexible y en el 21 % se excluye de algunas actividades a los alumnos de familias que no pagan. A esta cuota habría que añadirle, según centros, el comedor, la ruta, material escolar y otros que pueden sumar cerca de 500 euros al mes.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, ha defendido la legalidad de las donaciones realizadas por algunos padres en colegios concertados y ha asegurado que ponerlas en cuestión "es una vuelta de tuerca a todo lo que huele a religión o a religioso".
"Las donaciones están dentro de todo lo que marca la Ley. Son donaciones libres, voluntarias y no obligatorias", ha explicado Caballero a Europa Press. Pedro Caballero ha defendido que las donaciones se dirige "normalmente" a Fundaciones y ha añadido que mientras éstas cumplan los requisitos de la Ley de Fundaciones y Mecenazgo "son totalmente legales y altruistas". "No recibimos ninguna contraprestación por hacerlas. Es una apuesta por proyectos educativos que las familias creen que pueden salir adelante", ha remachado.
¿Es un conflicto nuevo?
No, es una polémica que aparece periódicamente desde hace años. Por ejemplo, en 2015 el Tribunal Supremo confirmó la multa impuesta por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía al Instituto de las Escuelas Cristianas La Salle de Almería por el incumplimiento grave del concierto educativo al pedir a las familias 20 euros trimestrales tras tras la denuncia anónima realizada por un padre que recibió una carta de la dirección del instituto sancionado que indicaba la conveniencia de efectuar una aportación voluntaria de 20 euros para "paliar el déficit que venimos sufriendo en la enseñanza concertada".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de fecha 23 de junio de 2004 califica a las aportaciones voluntarias como cuotas de usuarios y afiliados porque "las aportaciones realizadas para el sostenimiento económico de un centro concertado... son percibidas de los usuarios en concepto de participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Y teniendo en cuenta que los ingresos en cuestión tienen como destino la financiación de las necesidades y gastos de la actividad de la Fundación y siendo ésta la docente y los destinatarios de la misma los alumnos, es claro que los importes efectuados por los padres de ellos, ya sean voluntarios o de carácter obligatorio, redunda en la calidad de los servicios prestados, percibiéndose, por tanto una contraprestación, ya sea de manera directa o indirecta".
La Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa) hizo público un informe en 2018 en el que señalaba que "casi la totalidad de concertados infringen la gratuidad de la educación obligatoria". El 96,4 % de los centros concertados cobran "cuotas elevadas" a las familias a pesar de que la educación obligatoria -hasta los 16 años- es gratuita por ley y por la Constitución, y de media se exigen 159 euros al mes, siendo Cataluña y Madrid las comunidades autónomas donde los pagos son más altos.
Una "tendencia creciente" es la creación de fundaciones ligadas a la actividad de los coles y a las familias se les pide el pago de la cuota "supuestamente voluntaria" como si fuera una donación, ha enfatizado la Ceapa.
Según el informe "la estructura de precios no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario". Así, en el 63% de los casos es una cuota obligatoria, en el 9% se dice que es voluntaria, en el 6% es una opción flexible y en el 21 % se excluye de algunas actividades a los alumnos de familias que no pagan. A esta cuota habría que añadirle, según centros, el comedor, la ruta, material escolar y otros que pueden sumar cerca de 500 euros al mes.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, ha defendido la legalidad de las donaciones realizadas por algunos padres en colegios concertados y ha asegurado que ponerlas en cuestión "es una vuelta de tuerca a todo lo que huele a religión o a religioso".
"Las donaciones están dentro de todo lo que marca la Ley. Son donaciones libres, voluntarias y no obligatorias", ha explicado Caballero a Europa Press. Pedro Caballero ha defendido que las donaciones se dirige "normalmente" a Fundaciones y ha añadido que mientras éstas cumplan los requisitos de la Ley de Fundaciones y Mecenazgo "son totalmente legales y altruistas". "No recibimos ninguna contraprestación por hacerlas. Es una apuesta por proyectos educativos que las familias creen que pueden salir adelante", ha remachado.
¿Es un conflicto nuevo?
No, es una polémica que aparece periódicamente desde hace años. Por ejemplo, en 2015 el Tribunal Supremo confirmó la multa impuesta por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía al Instituto de las Escuelas Cristianas La Salle de Almería por el incumplimiento grave del concierto educativo al pedir a las familias 20 euros trimestrales tras tras la denuncia anónima realizada por un padre que recibió una carta de la dirección del instituto sancionado que indicaba la conveniencia de efectuar una aportación voluntaria de 20 euros para "paliar el déficit que venimos sufriendo en la enseñanza concertada".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de fecha 23 de junio de 2004 califica a las aportaciones voluntarias como cuotas de usuarios y afiliados porque "las aportaciones realizadas para el sostenimiento económico de un centro concertado... son percibidas de los usuarios en concepto de participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Y teniendo en cuenta que los ingresos en cuestión tienen como destino la financiación de las necesidades y gastos de la actividad de la Fundación y siendo ésta la docente y los destinatarios de la misma los alumnos, es claro que los importes efectuados por los padres de ellos, ya sean voluntarios o de carácter obligatorio, redunda en la calidad de los servicios prestados, percibiéndose, por tanto una contraprestación, ya sea de manera directa o indirecta".
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