lunes, 31 de diciembre de 2018

Información destacada de la Marea Verde

¡Atent@s a la "reforma" de la LOMCE!​


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Presupuestos 2019 en la Comunidad de Madrid

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Campaña NO al TTIP (Tratado Trasantlántico de Comercio e Inversión UE-EEUU)

¡Importante!

martes, 18 de diciembre de 2018

La Universidad Carlos III de Madrid ofrece plazas de profesor que incumplen el convenio (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es (13-12-2018)
  • El centro tiene un programa de Consolidación del Profesorado por el que convoca una plaza de Profesor Titular Visitante (4+2 años) en el Departamento de Electrónica
  • El convenio colectivo de la Comunidad de Madrid especifica que los contratos de profesor visitante en ningún momento pueden ser superiores a dos años
  • La UC3M tiene 256 profesores visitantes, casi un 13% de su plantilla, cuando lo habitual es que las universidades no tengan más de una decena
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ofrece plazas de profesor contrarias a la normativa. Lo hace dentro de su programa de Consolidación de Profesorado no funcionario (4+2), que lleva vigente desde al menos 2016.

El centro convocó en julio de este año una plaza de "Profesor Titular Visitante 4+2", según se lee en la convocatoria. Esto es, se va a incorporar un docente (el proceso aún está abierto, según fuentes del campus) con un contrato bajo la modalidad de "profesor visitante" con una duración inicial de cuatro años prorrogable por otros dos años más.

Pero la figura de los profesores visitantes está bien definida por ley y desarrollada por el Convenio Colectivo de Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para Personal Docente e Investigador (PDI), donde se especifica que la duración de estos contratos no puede ser superior a los dos años.

La universidad no ha respondido a las preguntas de este diario. También se ha intentado recabar la opinión del Comité de Empresa del PDI Laboral, sin éxito.

La UC3M destaca por el uso que realiza de la figura del profesor visitante. En 2017, de los 2.020 PDIs que tenía, 256 estaban contratados bajo esta figura laboral, pensada para atraer talento de fuera a las universidades y que en las públicas españolas, excepto la UC3M, la Rey Juan Carlos y la Pompeu Fabra, es residual y no supera la decena de contratos por centro.

Lo explica una profesora experta en contratación en la universidad: "Es raro. Algo pasa, porque lo normal cuando viene alguien de otra universidad es que lo haga de año sabático o algo similar, y no lo tengas que contratar. La fórmula del visitante no es el procedimiento por el cual solemos ir a otra universidad, ni aquí ni en el resto del mundo. Las cifras de un dígito [de profesores visitantes en una universidad] me las creo. Las de dos por debajo de 20 ó 30, según el tamaño de la universidad, también. Por encima...", deja el final de la frase a interpretación del lector.
Claridad normativa

La normativa no es que sea muy ambigua con la figura del profesor visitante, regulada tanto en la Ley Orgánica de Universidades (LOU, artículo 54) y el convenio colectivo de personal docente e investigador con vinculación laboral de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 10, punto 6 y artículo 11, punto 5).

Dice el articulado: "[Este tipo de contrato] se podrá celebrar con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros".

Y remata el convenio específico madrileño: "La duración máxima del contrato de Profesor Visitante (sic) será de un año ampliable a dos en los supuestos razonados..."

Es evidente la incongruencia en la convocatoria de la UC3M desde la primera línea: "Esta convocatoria se enmarca dentro del desarrollo del programa de Consolidación de Profesorado no funcionario (4+2) en el Departamento de Tecnología Electrónica a través de la convocatoria de una plaza de Profesor Titular Visitante 4+2 [años]".

La oferta se enmarca dentro del plan de consolidación del centro, que ya desde el preámbulo admite que "el tipo de plazas que se ha usado para contratar (fundamentalmente la figura del Profesor Visitante)" en los últimos años "no han sido las más idóneas, ya que al consistir en la concatenación de contratos anuales no permite una planificación de la carrera profesional correcta".

Con estas líneas, el centro admite implícitamente que está utilizando esta figura legal para contratar a sus docentes, cuando está pensada como algo excepcional y para talento que venga de fuera (la ley habla de "profesores de reconocido prestigio") y que muchos de sus muy numerosos profesores visitantes están superando los dos años de contrato que permite la norma ("concatenación de contratos anuales", admite la UC3M).

Además, continúa la universidad, "el acceso a este programa se hará de forma competitiva entre los potenciales candidatos que al menos hayan completado dos cursos completos de actividad docente e investigadora en el DTE" (el Departamento de Tecnología Electrónica que convoca las plazas).

En este punto habría, de nuevo, un incumplimiento de la normativa, en este caso la Ley Orgánica de Universidades, que especifica en su artículo 54 punto que "el contrato [de profesor visitante] podrá realizarse a profesores o investigadores (...) de otras universidades y centros de investigación".
Plazas sin concurso

Docentes de la UC3M explican algunas consecuencias de tener tantos profesores visitantes. En primer lugar, y con carácter general, el hecho de que la ley permite adjudicar estas plazas sin concurso público, básicamente a dedo. Uniendo esto a que los contratos normales se renuevan año a año, esto convierte al profesor visitante en dependiente de su director de departamento o del rector, que cada año tienen la potestad de finiquitar el contrato. "Trabajadores cautivos", explican.

Por otro, hecho que afecta directamente a sus compañeros, creen que esta figura y cómo se está utilizando desvirtúa el famoso triunvirato de "igualdad, mérito y capacidad" que rige los procesos de selección en la administración pública. Esto se debe, explican, a que un profesor visitante (que no ha pasado por un concurso público para obtener su plaza) se pasa los años que esté trabajando acumulando méritos docentes o experiencia que luego cuenta para acudir a un concurso público por una plaza de funcionario, lo que supone un agravio comparativo para los demás. "Tienen un contrato ilegal que les habilita para competir conmigo, que tengo uno legal", explica un profesor afectado.

domingo, 16 de diciembre de 2018

Noticias, reportajes y entrevistas de El diario de la Educación

¡Hola!

Ya hace tiempo que empezamos este curso. Es, para El Diario de la Educación, el tercero. Como cada semana os traemos algunas de las noticias, reportajes y entrevistas más interesantes de los últimos días...


Sigue leyendo en EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN.



sábado, 15 de diciembre de 2018

Vídeo del Acto "Soluciones oficiales a los problemas actuales de las Universidades Públicas" (26-11-2018)



Publicado por Educacion Publica el 1 de diciembre de 2018

Soluciones oficiales (Propuestas por el ministerio, las Comunidades Autónomas y la CRUE) a los problemas actuales de las Universidades Públicas

17-1-2019: Proyección de la película "Sanfelices" (20:00 h, en el Palacio de la Prensa Sala 1. Plaza Callao, 4)





Información, sinopsis y compra de entradas AQUÍ.

Más información en sanfeliceslapelicula.com

Nota de la Comisión de información y acciones

¡Orgullos@s de nuestra compa Tania!

¡Enhorabuena, Tania, Roberto y alumn@s del 
CIFP José Luis Garci y del IES Pradolongo!

EntradaS relacionadaS:

18-12-2018: Reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda (17:30 h, en el IES Saramago)

La Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda nos envía esta convocatoria:
Amigas/os,

Con el fin de rematar este trimestre, la Plataforma os convoca a una reunión en el IES Saramago el martes 18 a las 17,30h con el siguiente orden del día:

  • Valoración de la última actividad : Semana de la ciencia.
  • Valoración de la forma de participar en la confluencia.
  • Estado del estudio sobre la situación de los centros escolares públicos y escuelas infantiles, acordado en reuniones anteriores.
  • Organización del taller propuesto para el segundo trimestre.
  • Otras propuestas de interés.
Finalizada la reunión, nos veremos a tomar un vino de despedida del año.

La Plataforma comparte con todos vosotros el deseo de una Educación Pública de Calidad en el nuevo año. Felicidades a todos y todas.

Saludos

Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda

8, 9, 10 y 11-1-2019: Jornadas por la inclusión. Forum Europeo de administradores de la Educación de Madrid (de 17:30 a 21 h, en el Auditorio Caja de Música. Palacio de Cibeles)


 

AFORO LIMITADO. Información e inscripción aquí.

16-12-2018: 75 Marea Blanca. "Por los Derechos Humanos, los inmigrantes delante" (12:00 h, Sevilla-Cibeles-Ministerio de Sanidad)


viernes, 14 de diciembre de 2018

¡No nos moverán! (Manuel Menor)

El Artículo 27CE y las políticas nocivas para la escuela pública

¡No nos callarán!, de José Luis Pazos, es un minucioso dietario de las decisiones adoptadas por la Comunidad de Madrid en estos 15 últimos años.

El 40º aniversario de la Constitución (CE78) ha solemnizado todo tipo de opiniones, lógicas en un proceso cuyo inicio no fue bonancible y en que, después, no ha brillado una idílica sintonía. Lo acontecido con la Educación en este transcurso de casi dos generaciones es un buen espejo para observar lo realmente acontecido. Indiscutible es que los desacuerdos se produjeron desde antes de la primera redacción del actual artículo 27, como han contado los propios redactores del texto y expresaron sus votaciones. También, que quedaron abiertas las dos posibilidades de desarrollo que venían compitiendo desde antes del Concordato de 1851, de modo que la alternancia de leyes orgánicas hasta el presente ha sido una constante. Ahí sigue, en fin, la LOMCE como última interpretación del art. 27CE, con el equipo de Celáa viendo qué deba derogar más y sin que su anteproyecto reformista –en un Gobierno provisional- suscite entusiasmos generalizados.

La gerencia del Artículo 27CE
Justo ahora aparece el libro de José Luis Pazos: ¡No nos callarán!,  que analiza el desarrollo del art.27CE partiendo de que la limitada concreción de la igualdad del derecho de todos los ciudadanos a una buena educación ha dependido de las decisiones adoptadas en cada Comunidad. Desde la FAPA Giner de los Ríos, el autor estuvo en las instituciones en que se informaron las políticas educativas antes de ser normativas en la de Madrid. Lo que ha escrito obedece a lo vivido en contacto inmediato con lo acontecido, sobre todo en los centros escolares públicos, como testigo durante los últimos 15 años. El resultado es un minucioso dietario de la poca aceptación que han tenido las propuestas de las familias durante ese tiempo, atentas a las necesidades educativas de sus hijos e hijas. Refleja cómo cuanto en esa dura etapa  se proyectó y ejecutó desde la Consejería de Educación madrileña cómo –pese a la vigencia de la LOE hasta 2013- sirvió, más bien, de ensayo experimental para las directrices de la LOMCE vigentes hoy en todo el Estado. En una secuencia implacable, el lector verá cuanto aconteció y, sobre todo,  lo que, en interés de las familias mayoritarias, nunca debió haber  acontecido: que las decisiones más relevantes privilegiaran al tercio más escogido de la población.

Este modo de actuar, promovido sucesivamente bajo Gallardón, Aguirre, González, Cifuentes y, ahora mismo, Garrido,  configuró una traducción del artículo 27CE muy favorable a las redes privada y concertada y muy contraria a la red pública de centros. En el libro de Pazos aparece esa complicidad con la educación como oportunidad de negocio, revestida de los formalismos administrativos oportunos y una abrumadora cobertura propagandística. Entre los diversos instrumentos con que la sistematizaron, los conciertos y exenciones aventajadas –gestionadas al lado de ayudas y becas-, se complementan con un amplio catálogo de actuaciones. El libro presta especial atención a cómo, en perjuicio de la escuela pública, se repitieron, año tras año, recortes de presupuestos,  disminución de profesorado, elección a dedo de sus directores, el incremento de las ratios de alumnado por aula o la desatención al más necesitado de tutoría, además de desatención prolongada a los propios edificios. De paso, en perjuicio de un ambiente escolar propicio, reducción de las becas de libros de texto y  comedor, eliminación de rutas escolares, cierre de bachilleratos nocturnos y múltiples especialidades de FP, y supresión del ciclo 0-6 en escuelas infantiles públicas, al tiempo que introdujeron en esa red escolar un programa de bilingüismo disgregador y algún circuito de “excelencia” que, en contradicción con las ratios y dotaciones del resto de institutos, discrimina más a unos pocos “selectos” del otro alumnado: todo un símbolo de segregación educativa, incapaz de ocultar múltiples déficits programados con apoyo de exprofesores de la red pública. 

Un miniimperio privado
En el relato del expresidente de la FAPA también se puede ver cómo, para que el objetivo central de estas políticas se cumpliera, la Consejería madrileña frenó la demanda de plazas en institutos, regaló más de 100 grandes solares municipales a empresas privadas o utilizó el mecanismo de los “cheques escolares” para potenciar las redes privadas. Y cómo, para disimular que el favor a las élites se hacía a cuenta de los otros ciudadanos, se sincronizó una constante hostilidad polifacética hacia  las personas, asociaciones y sindicatos discrepantes de sus políticas educativas. Es decir, que en el libro de Pazos aparecen las claves de  cómo estos gestores de la Comunidad de Madrid utilizaron “la crisis” para desmantelar mejor un meditizado estado de bienestar en lo educativo y crear un miniimperio independiente, colonizador de clientelas cautivas a cuenta del erario público.  En síntesis narrativa, los algoritmos que Naomí Klein explicó en La doctrina del shock.

La guinda de esa frenética obsesión fue que, con dinero de todos, pagaron para que se favoreciera su narcisista imagen en los medios, otra muestra de una sistémica prepotencia interpretativa del artículo 27CE, de que todavía nos quedan rubores a sufrir según se resuelvan investigaciones judiciales en curso. Más duradero será el daño que ha causado a las familias cuyos niños y niñas no han podido tener la educación que debieron haber tenido.  Sin contar las carencias de diverso orden que deparará a la sociedad una gestión neoliberal tan desvergonzada.

¿Una guía social?
Este alegato de Pazos  deconstruye los caminos que ha impuesto ese mantra de “la  calidad” con que la LOMCE rige el sistema educativo español –el escolar y el universitario-, obediente a ficciones para “mejorarlo”. Quienes quieran caminar hacia una escuela de todos y para todos tienen en No nos callarán –recién publicado por Ediciones ACC, de Madrid- un atractivo instrumento de valor múltiple. Documenta el alcance actual del art. 27CE: restrictivo para una mayoría social y privilegiado para unos pocos. Testimonia la resistencia de los ciudadanos, en este caso desde las asociaciones de padres y madres de alumnos, en defensa de los derechos de los menores en un campo tan principal como el de su educación. Y  muestra, además, el contraste entre responsabilidad e irresponsabilidad cívica: cuando algunos políticos y gerentes desaparecen de la escena, los administrados se sienten muy aliviados, mientras los resistentes de este libro hacen verdad que los derechos de todos solo se sostienen con el esfuerzo de todos. Adicionalmente, después de esta lectura, se puede concluir con más fundamento si el artículo 27CE –e indirectamente la Constitución- debe ser revisado, cambiado del todo o continuar como está cuando cumple 40 años.

Manuel Menor Currás,
Madrid, 07.12.2018

El Congreso aprueba el proyecto de ley que revertirá los recortes educativos (13-12-2018)

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que revertirá los recortes educativos introducidos por el Gobierno del PP mediante el Real Decreto Ley 14/2012.

Se ha aprobado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y se ha aprobado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

La nueva norma, desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 en Secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

El proyecto de la ley -denominado 'de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria'- fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre. Se trata de una ley ordinaria con artículo único. El 15 de noviembre el Congreso aprobó por mayoría su tramitación directa y en lectura única.

"El Gobierno pretende devolver al sistema, de forma gradual, la normalidad y los recursos recortados durante la crisis económica. Por eso, presento ahora este proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria", ha explicado la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en el Pleno del Congreso.

El proyecto de ley expone que, puesto que las medidas del Real Decreto Ley se tomaron por la coyuntura económica del momento, la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión.

El texto aprobado por el Congreso establece que las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en centros públicos, recomendándose, con carácter ordinario, un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE.

En cuanto al mantenimiento de las ratios que estipulaba el Real Decreto Ley 14/2012, la norma revierte esa medida, puesto que tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula, según recoge el proyecto de ley.

Respecto a la tercera medida que contempla revertir la norma, la referida al periodo de sustitución transitoria de los docentes, pasará de 10 días a ser una sustitución inmediata desde el momento de la baja del titular.

La derogación de este plazo de 10 días entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Las otras dos medidas entrarán en vigor para el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar.
Tramitación en los órganos consultivos

El siguiente paso de su tramitación parlamentaria será su votación en el Senado. El borrador del anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio y recibió su apoyo, exceptuando a los del PP.

El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza, el 26 de julio, y recibió el informe preceptivo del Consejo Escolar del Estado.

La ministra y portavoz del Gobierno ha explicado que el proyecto de ley va acompañado de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo, que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis jurídico, el de impactos competenciales, económico y presupuestario, de género, en la infancia y familia, entre otros.

Somos Profes / #SomosProfes (vídeo de Yo estudié en la Pública)




Fecha de estreno: 11 dic. 2018

#SomosProfes recoge las voces de quienes pisan a diario el aula: su compromiso, su ilusión y también su preocupación y su rabia por el rumbo que en los últimos años ha tomado la política educativa en España.

Ideología (Manuel Menor)

Pretextar “la ideología” del otro para sostener el inmovilismo

La nostalgia de “poder fáctico” en democracia se aviene mal con la ejemplaridad que los obispos han de desarrollar para ser coherentes.

Poco se sabe de lo que hayan dialogado y concluido la ministra Pilar Celáa y el obispo Argüello a propósito del confesionalismo católico en diversos aspectos del sistema educativo. Al término del encuentro, ha habido buenas palabras acerca de lo fluido y fructífero que pueda haber sido, pero no faltó tiempo para que, desde La Razón, un profesor de Teología Moral  esgrimiera   el pretexto de “la ideología” de los demás como impedimento de un “pacto educativo” por parte de la CEE.

Antimodernismo
Por la edad,  es probable que haya obispos que se sientan obligados por  el Juramento antimodernista que, para ser sacerdotes, debieron hacer antes de 1967, en que fue suprimido. Esa generación tal vez no vea como “ideológicas” sus posturas sobre relaciones de la Iglesia con su entorno, y es fácil que coincidan con ellos muchos de los elevados al episcopado después de 1978. En general, desde Juan Pablo II la selección y cooptación de  candidatos siguió baremos en los que el curriculum vitae acreditaba seguridades apropiadas a lo que se quería promocionar; nada que ver con las que habían prevalecido con Juan XXIII o Pablo VI. Esto facilita entender que, incluso desde 2013 y del Papa Francisco, observadores atentos puedan apreciar diversidad de juicios de valor que, cuando son doctrinales, han de ser considerados al menos como corriente ideológica.

En todo sistema de conocimiento son normales las variaciones interpretativas. El catolicismo también está sometido a esa condición. No obstante, fue en tiempos  de cristiandad dominante cuando el cuerpo doctrinal que debía ser entendido por los fieles fue denominado “Doctrina cristiana”. Reducida a breve sinopsis como “Catecismo” podía parecer más unitaria, y su “vigilancia” fue constante durante casi toda la historia del sistema educativo español, siempre más como obligado recitado memorístico que como entendimiento. El propio Catecismo de la Doctrina cristiana, del que el del  P. Gaspar Astete (1537-1601)  fue todavía preceptivo para muchos, imponía un criterio cognitivo tan corto en torno a qué creer, que no se aventuraba más allá de que se supiera mecánicamente el Credo. Acerca de “otras cosas”, debía responderse: “Eso no me lo preguntéis a mi que soy ignorante. Doctores tiene la santa madre Iglesia que lo sabrán responder”, y concluía: “Bien decís que a los Doctores conviene, y no a vosotros, dar cuenta por extenso de las cosas de la Fe; a vosotros bástaos darla de los Artículos como se contiene en el Credo” (Madrid: Imprenta Real, 1832, pág. 18).

Doctrinarismo apologético
A los clérigos, por su parte, la Filosofía y Teología que se les enseñaba siempre estuvo estructurada a la defensiva, contra los adversarii. Era el reflejo de una historia apologética con multitud de prácticas no menos ideologizadas. Por ejemplo, el trato con “los paganos” desde Teodosio a finales del s.IV d.C., en que pronto se empezó a juzgar civilmente –y eliminar-  a herejes y heterodoxos o a destruir su patrimonio artístico y cultiral. Tampoco tienen desperdicio las largas guerras de religión, y cómo desde finales del XVIII la Iglesia, a medida que perdió poder temporal, se especializó en alianzas con que retenerlo en alguna medida. Hitos de gran interés para ver cómo se decantó después la posición política de la Iglesia son la reacción restauradora desde 1815 en Viena, la pérdida de los Estados Pontificios en 1870, o que se erigiera desde 1891 en mediadora “caritativa” de “la cuestión social” cuando los obreros urbanos ya llevaban décadas exigiendo justicia. Más cerca, cuando el 09.12.1905 se independizaron el Estado francés y el Vaticano, el ideologizado abanico de argumentos vaticanistas fue bien explícito frente a los de quienes pugnaron en pro de los intereses de la República francesa.

Con esta historia detrás –y sin mentar las posturas inspiradas desde el Vaticano en la etapa de entreguerras-, el pretexto de “la ideología”  no es  inocente. Entre las argucias reunidas en el Arte de tener siempre razón, de Schopenhauer, figuran las que, para salir exitosos de cualquier debate tratan de anular al otro con  argumentos ad hominem.  Al personalizar al adversario con “la ideología”, fabrica un espantajo contra el que dirigir todos los ataques mostrándole como “insultante, maligno, ofensivo y grosero. Es –dice el filósofo alemán- una apelación de las facultades del intelecto a las del cuerpo, o a la animalidad”.

¿Neutralidad desideologizada?
Debiera dar qué pensar que, sin que nadie lo legislara, este país se ha secularizado, en un proceso que prosigue a contrapelo de quienes atribuyen a “ideología” que se reclame una revisión del art. 27CE y, también, de los  Acuerdos. Pretender denigrar esto como “ideología” –peligrosa y deleznable-, cuando el nacionalcatolicismo ha educado de modo tan exclusivo como parcial a varias generaciones, es pereza burocrática. La referencia del artículo 27CE a la libertad educadora de las familias, por encima de los derechos del menor, solo es explicable desde la herencia de los 40 años anteriores. Y Marcelino Oreja podría explicar, mejor que nadie, si sus Acuerdos son fruto de neutralidad.  El artificioso ardid de “lo ideológico” no logra ocultar la aspiración eclesiástica de  retener la exclusividad doctrinal, lo que en democracia es retardataria “ideología” contradictoria. Olvida, además, que, sin “diálogo” serio,  añade razones para que les corten lo productiva que esté siendo económicamente una supuesta asepsia ideológica que, por diversos capítulos, percibe del Estado una cantidad anual que ronda los 11.000 millones de euros, que, además, pretenden seguir administrando independientemente.

El unitarismo doctrinario facilita la vida a las gerontocracias, a las que resulta tentador dejarse encandilar por la gama más conservadora del espectro ideológico, y estigmatizar a las demás, pero acentúa su desconexión social. Además, este itinerario, añorante de  los tiempos de “poder fáctico” en cuestiones tan temporales como la estructura que el Estado deba dar al sistema educativo de sus ciudadanos, nunca ha sido el del Evangelio. A comienzos del siglo XII, Pedro Abelardo, ya escribió que “el apego de cada uno a su propia secta hace a los hombres presuntuosos y tan arrogantes que cualquiera de quien piensen que se aleja de su fe les parecerá, por lo tanto, ajeno a la misericordia divina. Mientras aplican a los demás la condena eterna, se prometen solo para sí mismos la beatitud” (Diálogo entre un Filósofo, un Judío y un Cristiano).

Manuel Menor Currás
Madrid, 09.12.2018

martes, 11 de diciembre de 2018

La gamificación de la sociedad (Agustín Moreno)

Artículo de Agustín Moreno publicado en cuartopoder.es
  • La crisis estimula que se juegue por la ilusión de obtener premios que permita salir del agujero o al menos aliviar las dificultades
 “Una cosa es cierta: que de cada ciento gana uno. Pero eso ¿a mí que me importa?”
Históricamente se constata que en las épocas de crisis económica crece el juego y se expanden las religiones. La razón es simple: las dificultades alimentan las ilusiones, la religión ofrece soluciones mágicas y el juego produce expectativas de éxito. Tiene su lógica. La desesperanza, los apuros económicos, la falta de una perspectiva positiva… producen un efecto de búsqueda de resultados rápidos, de golpes de suerte para abandonar las situaciones difíciles, de encontrar algo en lo que creer cuando se pierde la confianza en sí mismo. Lo dicen los sociólogos y los psicólogos: los sectores más vulnerables se aferran a sus creencias y a tercas e infundadas esperanzas.
Si nos centramos en el juego, vienen a la memoria la proliferación de las apuestas durante la Gran Recesión de los años treinta o incluso series como Peaky Blinders. Muchas veces está asociado a actividades ilegales, pero otras son loterías y juegos que organizan los propios Estados. Ahora adopta muchas formas. Están las clásicas lotería, quiniela, bonoloto, casinos, cupón ONCE… Desde el proceso de legalización de las casas de apuestas y casinos online en España que se inició con la Ley 13/2011, está incluido el juego online (las apuestas deportivas, el póker, la ruleta y el bingo online), una modalidad hasta entonces poco asentada en España y que se ha convertido en la modalidad preferida de los jugadores más jóvenes. Pero el fondo de la motivación es la misma: la crisis estimula que se juegue por la ilusión de obtener premios que permita salir del agujero o al menos aliviar las dificultades
En los últimos años hemos asistido a la proliferación en España de locales de juego y apuestas. Es muy sintomático que los lugares donde más crecen son los barrios humildes. Ya me lo venían contando los alumnos en Vallecas, con brillo en los ojos, una impulsividad a flor de piel y la excusa de que controlaban. Se junta la necesidad de hacer algo de dinero, la creencia de que pueden ganarlo aprovechando, por ejemplo, los conocimientos del futbol, y que las empresas regalan cantidades para empezar a jugar (y para enganchar) como si fuera droga gratis hasta que se genera la adicción. Se facilita el juego al poderse apostar en los salones o a través del móvil, algo que resulta más adictivo incluso que el juego presencial. El resultado del juego es fabricar ludópatas y entonces, esta adicción que ha surgido de manera invisible, se convierte en un grave problema social.
El tema no es ninguna broma si vemos las cifras. El crecimiento del volumen de juego por Internet en España ha sido meteórico y se han multiplicado por cuatro con la ley del Juego de 2011. En 2018, existen 812.000 jugadores activos de media mensual, lo que supone un aumento del 30,71% respecto al año anterior. Hay 3.130 casas de juego. En 2017 los clientes de juegos de azar invirtieron 41.827,6 millones de euros, la cifra más alta jamás registrada. El juego real en apuestas deportivas se ha multiplicado por casi un 2,5 en seis años. En 2012 las cantidades jugadas a través de Internet suponían 2.726 millones y en 2016 ascendían a 10.885 millones. Según la Dirección General de Ordenación del Juego solo en el segundo trimestre de 2018 se han realizado apuestas online por un valor de 4.165 millones de euros, un 27% más que el mismo trimestre del año anterior, y de 4.251 millones en el tercer trimestre.
Es tremenda la agresividad de la publicidad, el gasto y la utilización de referentes sociales especialmente de cara a los jóvenes. En el tercer trimestre de 2018 la inversión en publicidad fue de 75,86 millones. En cuanto a famosos que participan en la venta del juego, destacan deportistas como Casillas y Cristiano Ronaldo, presentadores de TV como Carlos Sobera y otros actores conocidos. Ya les vale. El mercado y la supuesta libertad no pueden amparar todo. Es muy difícil pedir ética a empresas sin escrúpulos que solo quieren ganar dinero. Pero es muy fuerte lo de estos personajes afamados haciendo de gancho. Y cuando falta la ética, tiene que aparecer la norma que regule y proteja a la ciudadanía. No se entiende que haya limitación para la publicidad del tabaco o el alcohol y exista barra libre para la publicidad del juego que, aunque teóricamente está prohibido a menores, en la práctica están muy expuestos y consiguen jugar.
Por ello, es importante que en el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019 se incluya el punto 13 dirigido a proteger a la sociedad de los juegos de azar, las apuestas en línea y de la ludopatía. Se acuerda la aprobación de una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco.
También, hace pocas semanas, el Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por Unidos Podemos (con la sola abstención del PNV) sobre los juegos de azar y las apuestas. En ella se llama al Gobierno a actuar de forma urgente para prohibir la publicidad en los medios de comunicación y por personajes famosos, las casas de apuestas cerca de institutos y colegios, las promociones o regalo de crédito como enganche, así como la mejora de la oferta de ocio dirigida a los jóvenes.
Lo cierto es que estamos ante un serio problema social y ya han empezado a movilizarse los barrios. Un ejemplo, el pasado octubre lo hicieron los vecinos de Tetuán en Madrid. No es para menos. La proliferación de las casas de apuestas y los problemas sociales y familiares que producen se reflejan en esta denuncia que hace el sacerdote Javier Baeza de la parroquia de San Carlos Borromeo de Vallecas: “Estamos atendiendo a familias de chavales que se buscan la vida con pequeños hurtos para poder apostar. Lo que hicieron sus padres y madres para poder sobrevivir, pero ahora para apostar”Urge abordar los peligros del juego en una sociedad en descomposición y en sectores importantes de una juventud sin causa.